Fe panazi: hipocresía y cinismo

Lo que a continuación cito bien pudo haber sido un discurso de la Primera Asamblea de la Convención Nacional Democrática el 20 de Noviembre del 2006:

" No te engañes, el problema de México...es organizar a una ciudadanía viril, capaz de hacerse valer en la vida de la nación, apta para hacerse respetar. Tanto se gobierna desde el poder como enfrente del poder, cuando hay un grupo ciudadano dispuesto a hacer valer su convicción".

Manuel Gómez Morín, fundador del pan ( Delgado, Alvaro. El Engaño. Práctica y prédica del pan. p: 25, edit. Grijalbo, 2007).

Justo a esta ciudadanía "capaz de hacerse valer en la vida de la nación", representan las Adelitas que están dispuestas a luchar por defender el patrimonio y la dignidad de todos los mexicanos.

¿ Habrán leído el energúmeno de germán martínez o el "guanajuatizado" de federico döring a Manuel Gómez Morín ? No creo que tampoco hayan leido a este autor.

Se les va el único que valía la pena y medio les lavaba la cara a los panazis

Arremete Corral contra el líder panista Germán Martínez

Asegura el ex miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PAN que la remoción de Santiago Creel en el Senado fue 'un sacrificio humano para agradar a los dioses de los medios'

El ex senador y ex miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Javier
Corral Jurado, hizo una dura critica a la gestión de Germán Martínez al frente
del blanquiazul y principalmente a la remoción del senador Santiago Creel
Miranda de la coordinación del Senado.
En una carta dirigida a los medios de
comunicación donde explica los motivos de su dimisión de CEN panista, Corral
Jurado aseguró que la remoción de Creel Miranda en el Senado fue: "un sacrificio
humano para agradar a los dioses, no del Olimpo, sino de los medios".
Explicó en la misiva que "el presidente del partido -Germán Martínez-, debe
honrar la historia de Acción Nacional respetando la disidencia interna y tratar
a los coordinadores parlamentarios como pares y no como sirvientes de épocas
pasadas".
Lamentó que hoy asistamos a una lamentable subordinación
política de una buena parte de la clase política en el gobierno y en el partido
al poder de las televisoras, lo que explica la forma, pero sobre todo el fondo
de la remoción del senador Santiago Creel como coordinador panista en el Senado.
Agregó que la remoción del senador fue una "decisión autodestructiva porque
se prefirió coexistir con la censura de la TV a Santiago Creel, antes que como
partido y gobierno exigirle a las televisoras respeto a su líder parlamentario y
por el presidente del Senado.
Incluso aseguró que el presidente de partido o
de la República debe respetar la dignidad de la persona humana cualesquiera que
sea el origen político de ella, menos aún considerar si les simpatiza o no. Es
deber moral hacerlo.
Dijo que comenzó a tener diferendos desde muy temprana
hora en el CEN del Partido Acción Nacional y al PAN "no hay que cerrarlo, hay
que rescatarlo".

¿ podrá más el miedo que la dignidad ?

Esta es una imagen de las marchas convocadas por Andrés Manuel López Obrador.

Sin campañas de miedo ni de odio.

Acudimos en defensa de la Dignidad del Pueblo pisoteada por la oligarquía cínica y abusiva.

Farsantes: dizque combaten la delincuencia y son unos pillos

Mouriño y Nava: los brazos de impunidad de Calderón
Álvaro Cepeda Neri

Ya los panistas y neopanistas, a medida que fueron escalando los diferentes grados del poder del Estado –en los órganos de los poderes Legislativo (Congreso federal y congresos locales) y Ejecutivo (en las presidencias municipales, gubernaturas y la Presidencia de la República)–, rompieron con el mito de que, temerosos de sus dioses, serían honrados y manejarían el dinero público como si fuera sagrado.
Arriaron la bandera de la honradez; asaltaron la nave estatal como piratas. Los foxistas se fueron sobre los caudales públicos como si fueran suyos. Vicente Fox vendía cocacolas; Mart(h)a, quesos. Los hermanos Bribiesca llegaron con una mano atrás y otra adelante. Usabiaga, desde la Secretaría de Agricultura, protegió su monopolio del ajo y metió mano negra en la expropiación de los 27 ingenios azucareros.
Los foxistas, pues, con el payaso de Fox y el poder depredador tras el trono de Mart(h)a y su larga cola, echaron por tierra que el Partido Acción Nacional (PAN) era el que, al asumir el poder presidencial a consecuencia de una oposición creciente y sistemática desde 1939 (como reacción contra la expropiación petrolera, contra el Estado laico y la versión cristera electoral) no sólo produciría la alternancia del autoritarismo priista a la democracia, sino que con su ética católica desterraría la corrupción, implantaría el bien común, y el santo y seña del buen gobierno sería la honradez.
Fueron seis años de todo lo contrario: mal gobierno, ineptitud, ladrones y, en lugar de delitos, pecados que les fueron perdonados en la confesión, por la complicidad del clero político y su brazo cristero con la entrega de cargos a los juramentados de El Yunque. Los integrantes de esta secta-pandilla-mafia y sus fines han sido investigados y documentados por el periodista Álvaro Delgado: El Yunque. La ultraderecha en el poder y El ejército de Dios. Nuevas revelaciones sobre la extrema derecha en México, de Plaza & Janés; y del mismo autor: El engaño. Prédica y práctica del PAN, de Grijalbo.Y en unas elecciones tramposas, la sucesión presidencial abortó la imposición de Calderón, como continuismo del foxismo, principalmente, en cuanto a seguir abriendo espacios a la ultraderecha, ahora ya no en manos de Manuel Espino (el borrachito de Hermosillo donde fue jefe de policía).
Ahora los nuevos jefes de El Yunque son César Nava y Calderón. Otros juramentados yunquistas son Germán Martínez, presidente nacional del PAN y aspirante a la sucesión calderonista; Juan Camilo Mouriño Terrazo, español naturalizado mexicano, y Antonio Solá, enviado a España para el viaje de Calderón (La Jornada, 30 de mayo de 2008).
Se ha documentando –tras la investigación de Contralínea, en sus seis números de marzo, abril y mayo– la más que presunta corrupción, ejercicio indebido del servicio público, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito de Juan Camilo Mouriño Terrazo y José César Nava Vázquez.
Especialmente los número 98 y 102, de marzo y mayo de este año, respectivamente, publican información veraz de cómo los dos más cercanos y confiables colaboradores de Calderón estarían involucrados en actos gravísimos en grado –además de los delitos antes mencionados– de coalición de servidores públicos, cuando ambos ya habían sido cooptados por Calderón y éste era secretario de Energía.
El viernes 6 de junio, Calderón llevaba de acarreados a la mediana y alta burocracia, para su “mitin” del discurso moralista sobre la honradez, ineficiencia administrativa y la convocatoria para “transformar a México”. Una perorata panista de los buenos contra los malos. No se entusiasma ni él. Su audiencia lo mira y lo escucha... sin mirarlo ni escucharlo. ¿Y cómo?A su lado están Mouriño y Nava: los ejemplos de la corrupción y la impunidad. Calderón, zurdo para escribir, piensa y actúa como derechista, mientras deja hacer a los de la mafia cristera de El Yunque. El clero, cada vez más altanero, mina las instituciones laicas (ver Carlos Monsiváis, El Estado laico y sus malquerientes, coedición UNAM-Debate, 2008).
Las empresas de Mouriño se expanden a la sombra del poder en Gobernación y la posibilidad de que sea el sucesor para la tercera alternancia. Calderón habla a los burócratas de legalidad, mientras Mouriño y su asesor español Antonio Solá han pisoteado toda legalidad.
Y el mismo Calderón intenta, con leyes reglamentarias, poner por encima de la Constitución su contrarreforma energética, para lograr con una Constitución democrática una ejecución autocrática (ver el ensayo de Hans Kelsen: “Democracia de la ejecución. Legislación democrática y ejecución autocrática”, en su obra magna: Teoría del Estado).
Mientras los brazos de la corrupción e impunidad sigan siendo Nava y Mouriño, no sólo es la continuidad del foxismo, sino que esos males aumentarán. Los calderonistas se preparan para salir con las bolsas llenas. La demagógica llamada de atención –regaño, cabecearon algunos periódicos– para la honradez es la tradicional pose presidencial para, en el caso de Calderón y su mentirosa divisa de “las manos limpias”, tratar de lavarse las manos y las de Mouriño-Nava, sus dos colaboradores ya más que dudosos corruptos.
Nava colabora con Calderón desde Pemex y luego desde la Secretaría de Energía; Mouriño, colabora para favorecer a sus empresas e inversiones en España y México, cuando, hijo de españoles, con esa ilegalidad lo hicieron diputado en el Congreso de Campeche, después diputado federal y paso seguido funcionario en la Secretaría de Energía.
La “regañada” calderonista, para pedirles “por favor” que sean honrados, ha sido la tradicional llamada de atención moralista del “pórtense bien” o aquello de que “el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones”.
Calderón es un presidente débil: chantajeado por los partidos de oposición, condicionado por los (des)gobernadores, incluso los del PAN; atacado por El Yunque de Manuel Espino y su mafia. Sin operadores políticos (Mouriño, Nava y Germán Martínez son un trío de inútiles) y él mismo, definido por Espino como “el chaparrito, de lentes y calvo” sin valor político para soltarse del “mecate corto” que le puso López Obrador, quien lleva ya dos años dictando e imponiendo la agenda política. Calderón es un presidente débil (entrevista a Soledad Loaeza, La Jornada, 8 de junio de 2008).
Lo peor que le ha pasado a Calderón y el calderonismo es haber llegado al poder “de una manera muy apretada”, dice Loaeza, escoltado por dos corruptos: César Nava (Contralínea 102) y de Juan Camilo Mouriño Terrazo, alias Iván, son sus brazos depredadores en el botín de Pemex, (Contralínea 98).
Calderón empezó como terminó Fox. Y estos dos son la continuidad de Ernesto Zedillo y Carlos Salinas. La alternancia –que pudo ser el jalón final para la transición a “resolver con más democracia los problemas de la democracia” (Al Smith)– se frustró. Y sobrevivimos a lo que Gramsci definió como la crisis: cuando lo viejo no ha muerto y lo nuevo no ha nacido todavía.

En Defensa del Petróleo

Posteado por Conny en el Foro del Sendero:

DEFENSA DEL PETRÓLEOCon la participación de destacados expertos en materia constitucional y del petróleo -Dr. Raúl Jiménez Vázquez, Dr. Raúl Carrancá y Rivas, Dr. Jaime Cárdenas Gracia, Lic. Rodrigo Olvera Briseño y el Ing. Rafael Decelis Contreras- el pasado 10 de julio, en el Salón Legisladores de la República de la Cámara de Diputados se llevo a cabo el Foro: "El Debate Constitucional sobre la reforma de Pemex: Conclusiones y Propuestas"

.Por la importancia fundamental que el tema constitucional tiene en la discusión nacional, generada a partir de las iniciativas de ley para una reforma de PEMEX presentadas por el Ejecutivo Federal, reproducimos los aspectos relevantes de las conclusiones y propuestas presentadas en torno al contenido inconstitucional, privatizador y entreguista de las Iniciativas de Ley de Felipe Calderón.

CONCLUSIONES

a) Los argumentos vertidos en el Foro Senatorial a fin de apuntalar la constitucionalidad de las iniciativas privatizadoras carecen de validez jurídica, además de que no tienen arraigo ni precedente alguno dentro de la doctrina nacional y están totalmente divorciados de la historia de las luchas del Pueblo Mexicano cristalizadas en los cuatro principios rectores de los derechos de la Nación sobre los hidrocarburos.}

b) Las iniciativas en cuestión no pueden, ni deben, ser aprobadas por el Poder Legislativo Federal.

c) Serían inconstitucionales las reformas legislativas que llegaran a aprobarse por su contradicción, principalmente, con los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

d) El poder revisor de la Constitución previsto en el artículo 135 de la Constitución es un poder subordinado a la Constitución y al constituyente originario. Se trata de un órgano constituido y limitado por decisiones políticas fundamentales cuyos actos deben estar sujetos al control de constitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

e) El fraude a la Constitución o golpe de Estado constitucional se produciría al utilizar la formalidad constitucional y legal para trastocar la legitimidad constitucional representada en los principios constitucionales que establecen los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, que son decisiones políticas fundamentales del pueblo de México.

f) En su defecto, es preciso promover y dar curso legislativo a una verdadera reforma energética:

1. Que esté a la altura de las luchas históricas del Pueblo de México.

2. Que sea rigurosamente apegada a los mandatos constitucionales.

3. Que tenga un carácter acendradamente nacionalista.

4. Que esté imbuida de una visión de Estado.

5. Que no esté alimentada de un espíritu privatizador.

6. Que se oriente hacia el genuino fortalecimiento de la industria petrolera nacionalizada y de las cadenas productivas nacionales que giran a su alrededor.

7. Que le permita a Pemex desarrollar el potencial que le ha llevado a ser la segunda empresa a nivel mundial en materia de captación de ingresos brutos.

8. Que preserve la propiedad, el control y el usufructo de la renta petrolera a favor de los mexicanos.

9. Que auspicie la construcción del andamiaje que se requiere para que las mayorías populares puedan ejercer el derecho humano al desarrollo, el derecho humano al futuro.

10. Que sea fruto de una consulta popular cuyos resultados sean atendidos por el Congreso de la Unión.

La pretensión de Calderón de abrir áreas estratégicas, reservadas en exclusividad a la Nación a la participación del capital privado, específicamente extranjero, atendiendo a la ejecución del mandato constitucional; siendo un desatino mayúsculo suponer siquiera que "las disposiciones constitucionales vigentes en materia de petróleo admiten diversas variantes en la reglamentación secundaria, que derivan del margen de interpretación que corresponde al legislador", confundiendo lamentablemente la interpretación auténtica (propia de legislador) con la interpretación constitucional (propia del órgano de control de la Carta Magna).

El artículo 71 de la Constitución concede al Presidente de la República" el derecho de iniciar leyes o decretos". Al respecto una cosa es tener un derecho y otra ejercerlo. Al ejercerlo el Presidente ha llevado a cabo, un acto de autoridad, el que como todo acto de autoridad o de particular se puede realizar en una de dos vertientes: ser conforme a la Constitución y a la ley o no serlo, violando una, otra, o ambas. Y el Ejecutivo Federal ha violado el artículo 27 constitucional en su párrafo sexto.

El artículo 87 de la Constitución obliga al Presidente a prestar la protesta de "guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen", manifestando inmediatamente: "y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande".¿Cómo demandárselo?El Título Cuarto de la Constitución, denominado De las Responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial del Estado, es un maremágnum lleno de contradicciones.

El Presidente sin duda es un servidor público y un representante de elección popular (artículo 108), pero protegido por una inmunidad e impunidad odiosas ya que "durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común" (artículo 108 en su párrafo segundo). La contradicción, que no excepción, reviste suma gravedad habida cuenta de que otros servidores públicos e incluso representantes de elección popular, de menor jerarquía jurídica y política que el Presidente, "serán responsables por violaciones a la Constitución y a las leyes federales (artículo 108 en su párrafo tercero y artículo 110).En otras palabras, se les impondrán mediante juicio político las sanciones procedentes "cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho (artículo 109 en su fracción I).Acoto que desde mi punto de vista tales actos u omisiones pueden ser equivalentes a violaciones a la Constitución y a las leyes federales, a lo cual se refiere el artículo 108 en su párrafo tercero.

¿Qué hacer?La Constitución es un órgano jurídico vivo, dinámico, sujeto siempre al desentrañamiento de su ratio legis, de su espíritu. La Constitución se puede y debe interpretar con base en la hermenéutica jurídica. Son varias las interpretaciones que se utilizan en la ciencia constitucional: la gramatical, la auténtica, la declarativa o estricta, la restrictiva, la extensiva, la histórica, la lógica, la sistemática, la progresiva, la teleológica o finalista, entre otras.

Y es precisamente ésta última la que ofrece una perspectiva mayor partiendo de la pregunta "¿cuál es el telos o fin de la Constitución? Entonces preguntémonos: ¿habrá querido el constituyente (el juicio político se introdujo en el cuerpo constitucional en 1982) que el Presidente de la República goce de inmunidad e impunidad en los casos de la especie? Si la respuesta es afirmativa geopolítica mundial del petróleo, sería devastadora en términos de soberanía y seguridad nacional.Los problemas que enfrenta PEMEX son el resultado del saqueo criminal al que ha sido sometido durante décadas de neoliberalismo en México.

La solución a la problemática de PEMEX no requiere de la privatización del petróleo y de PEMEX. Pueden y deben ser resueltas respetando el marco constitucional vigente.Fundamentalmente se requiere un Plan Nacional de Energía. La propuesta del gobierno federal debe rechazarse por inconsistente. No es una reforma energética ya que no incluye la petroquímica, ni el gas y tampoco a la electricidad. Las iniciativas de Calderón responden a los compromisos y acuerdos suscritos con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, particularmente a los compromisos contraídos desde el sexenio de Fox en la llamada Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte. Es decir, para garantizar la seguridad y prosperidad de nuestros vecinos del norte, que conciben a México y a nuestro petróleo como un elemento clave de su seguridad energética y como un apetecible botín de las grandes trasnacionales del petróleo.

PROPUESTAS

Los trabajos de este Foro se orientaron a desarrollar una serie de propuestas que, desde el ángulo de la defensa constitucional, permitan a los Legisladores del Congreso de la Unión y a millones de ciudadanos mexicanos, contar con instrumentos jurídicos necesarios para evitar el quebrantamiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.JUICIO POLITICOEl artículo 27 de la Constitución prescribe en su párrafo sexto que: "Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva".

A su vez el artículo 6º de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional que propone el Presidente dice a la letra en lo conducente: "Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán celebrar con personas físicas o morales los contratos de obras y de prestación de servicios que la mejor realización de sus actividades requiere, manteniendo en todo momento el control sobre las actividades en la exploración y desarrollo de los recursos petroleros".

El citado mandato constitucional prohibitivo es categórico, no admite excepciones ni interpretaciones. Se refiere a concesiones y contratos in extenso, o sea, no es alegable que sí se pueden otorgar contratos de obras y de prestación de servicios.

En lo tocante a que no subsistirán los que se hubiesen otorgado cabe señalar que el artículo 6º de la vigente Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo (Diario Oficial, noviembre 29 de 1958), ordena en lo conducente que: "Petróleos Mexicanos podrá celebrar con personas físicas o morales los contratos de obras y de prestación de servicios que la mejor realización de sus actividades requiere".Ley, la anterior, anticonstitucional y que ha favorecido la subsistencia de concesiones y contratos que expresamente prohíbe el artículo 27 de la Constitución. El texto que rige determina que "la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos" y el que propone el Presidente emplea la palabra exploración. Pero al margen de las disquisiciones gramaticales acerca de una palabra y otra lo claro y evidente es que están prohibidos por la Carta Magna concesiones y contratos. Y eso de "los términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva" obliga a ésta a reglamentar, o sea, a determinar las reglas para dejémoslo allí, concediéndole al "depositario del ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión" (artículo 80) un privilegio antidemocrático y superado ya en la historia junto con el absolutismo.Si la respuesta es negativa no hay más camino que recurrir a la interpretación teleológica o finalista, sin exclusión de las otras, y concluir que un Presidente de la República que viola la Constitución o las leyes federales, o que incurre en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, debe ser sujeto de juicio político para todos los efectos del Título Cuarto constitucional. En el caso de legisladores, los que voten a favor, incurrirían en la hipótesis de procedencia política establecido en el capítulo IV, y reglamentada en la Ley Federal de Responsabilidades de Funcionarios Públicos, "cuando éstos lleven a cabo actos u omisiones que afectan los intereses públicos fundamentales o su buen despacho" o cuando se efectúen violaciones graves a la norma constitucional y este sería el caso.

AMPAROS Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD

Si se llegare a aprobar esta aberrante reforma, los millones de ciudadanos que estamos en contra de tal pretensión interpondremos sendos juicios de amparo indirecto ante el Poder Judicial de la Federación, vía los correspondientes Juzgados de Distrito en Materia Administrativa. Nuestra legitimación procesal activa, nuestro interés jurídico para activar dicho medio de defensa jurisdiccional de la Norma Constitucional, se haría consistir en el hecho de que con la privatización en cita se vulneraría de manera flagrante, directa e inmediata nuestra esfera de intereses jurídicamente tutelados, los cuales emanan de los derechos constitucionales que nos asisten en nuestra condición de integrantes de la Nación en materia del dominio directo, inalienable e imprescriptible sobre el petróleo y los demás carburos de hidrógeno, y de la explotación directa, absoluta, exclusiva y excluyente de dichos recursos estratégicos, en forma de una industria petrolera nacionalizada de carácter integral a cargo de organismos públicos sujetos a la propiedad y el control del Gobierno Federal, mismos en los que no puede tener intervención alguna el sector privado.En su oportunidad procesal, en grado de revisión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que asumir la responsabilidad jurídica, histórica y política de revertir ese magno atropello a una de las decisiones políticas fundamentales consagradas en el Pacto Constitucional de los Mexicanos.

Los principales Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos (como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos) reconocen que toda persona tiene derecho a participar en los asuntos públicos de su país, a través de sus representantes y directamente. De igual manera, la Carta Democrática Interamericana, suscrita por México, reconoce que la participación ciudadana en los asuntos trascendentales de un país, es un derecho de toda persona y es un elemento indispensable para considerar democrático a un Estado.

Otra vía, sobre la que no hay duda en su procedencia, es la acción de inconstitucionalidad que pueden promover los legisladores del Frente Amplio Progresista en contra de la aprobación de las leyes.Los legisladores del Frente en la Cámara de Diputados o en el Senado con el apoyo de legisladores de otras fuerzas políticas podrían tener el 33% necesario para interponer la acción prevista en la fracción II del artículo 105 de la Constitución. En este caso, el reto al que se enfrentarían los legisladores radica en el conservadurismo de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a los vínculos que tienen muchos de ellos con el PAN y con el PRI.México, D. F., a 14 de agosto de 2008

Responsables de la publicación: Diputado Federal José Antonio Almazán González, Grupo Parlamentario del PRD.

Convocatoria

A los integrantes de la brigada 12 en defensa del petróleo y a quienes se quieran integrar a la lucha, los esperamos el domingo 31 de Agosto en el Monumento a la Revolución.

No faltes: Sólo hay esperanza en la acción.

¡ Cuando una mujer avanza, no hay hombre que retroceda !

¿ Libertad de expresión ? ¡ Sólo para los perros de televisa !

Violatorio, el peritaje psicológico contra Granados Chapa y Rivera Flores

jenaro villamil

MEXICO, D.F., 18 de agosto (apro).- Ante decenas de periodistas, directivos de medios, dirigentes de organizaciones civiles, juristas e intelectuales, se realizó la audiencia pública del juicio por daño moral entablado por el diputado federal hidalguense Gerardo Sosa Castelán contra el columnista Miguel Angel Granados Chapa y el reportero Alfredo Rivera Flores, prologuista y autor del libro La Sosa Nostra, porrismo y gobierno coludidos en Hidalgo.

En la audiencia, realizada en el juzgado 29 de lo civil del Distrito Federal, la perito en psicología de la parte acusadora, Olga Leticia Galicia García, afirmó que el peritaje psicológico realizado en contra de Granados Chapa y Rivera Flores se justifica porque la finalidad es determinar “la intención” de los demandados en contra de Sosa Castelán.

La abogada Perla Gómez, defensora de Granados Chapa y Rivera Flores, subrayó ante el juez Miguel Angel Robles Villegas que el peritaje psicológico en contra de los demandados viola el derecho a la privacidad, no constituye prueba idónea para determinar el daño moral y va en contra de la jurisprudencia establecida por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que rechaza la “intencionalidad” y la subjetividad como una causal de prueba para justificar el daño moral.

Gómez afirmó que este peritaje psicológico constituye una de las irregularidades más graves de este juicio por daño moral que se ha prolongado durante cuatro años, con el consentimiento y la dilación del juez Robles Villegas.

En la audiencia pública estuvieron presentes el director de la revista Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda; el director Editorial del periódico Reforma, René Delgado; la periodista Carmen Aristegui; el escritor Carlos Monsiváis; el abogado Javier Quijano; el periodista José Gutiérrez Vivó; la defensora de derechos humanos Clara Jusidman, y decenas de activistas y reporteros que fueron a expresar su solidaridad y apoyo a Granados Chapa y a Robles Villegas, ante la irregularidad de un juicio que, de acuerdo con la abogada Perla Gómez, tiene como objetivo principal mantener “permanentemente demandados” a los periodistas y sentar un precedente “muy negativo” en los casos de daño moral.

La abogada defensora de Sosa Castelán, Rosalía Verónica Castro Abeika, se quejó continuamente ante el juez por la presencia de los representantes de los medios de comunicación y de los especialistas que acompañaron a los acusados.

El juez Robles Villegas, quien llegó 45 minutos después de la hora acordada por él mismo para la audiencia, manifestó su sorpresa ante “el interés sorprendente” que ha adquirido el caso.



¡ Qué vergüenza ! ¿ A poco creen que están "guanajuatizados" ?

Esto es cinismo, no vaciladas...

De Proceso on line de hoy:

Mouriño pide no lucrar con el tema ( ¿ No lucrar con esto? si este es experto en el lucro indebido )

Álvaro delgado

MÉXICO, D.F., 18 de agosto (apro).- A tres días de que se celebre la reunión del Consejo Nacional de Seguridad, convocada por instrucciones del presidente Felipe Calderón, Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación, afirmó hoy que el gobierno no caerá en la provocación de quienes quieren lucrar políticamente con el tema y a quienes se negó a identificar.

“Lo importante en estos días previos al Consejo, y durante la realización del mismo, es no caer en la provocación de quienes quieren lucrar políticamente con este tema”, dijo Mouriño, quien insistió en que “en materia de seguridad no debe existir ideología o militancia partidista que se anteponga al justo reclamo de la sociedad”.

En conferencia de prensa, el funcionario se negó a identificar a quienes buscan lucrar políticamente con le inseguridad –“no voy a personalizar”--, y reiteró la necesidad de poner por encima cualquier diferencia ideológica o partidista por el momento coyuntural que vive el país y ponernos a trabajar en favor de los ciudadanos.

Mouriño, quien confirmó haber asistido el viernes a una fiesta del líder petrolero Carlos Romero Deschamps, reconoció que el linchamiento de un grupo de presuntos secuestradores en Puebla representa un riesgo de que la sociedad haga justicia por su propia mano.

“Es claro que la sociedad está indignada, es claro que la sociedad está molesta y tiene razón en estarlo. Es claro que nos está exigiendo acuerdos y compromisos concretos, y que nos podamos coordinar y trabajar de manera conjunta y a favor, precisamente, de recuperar la seguridad para los ciudadanos”, subrayó Mouriño.

Añadió que si no existe capacidad de ponerse de acuerdo –“con altura de miras y por encima de cualquier consideración ideológica, partidista, electoral”--, entonces “efectivamente la gente podrá tomar otras serie de medidas que no benefician a nadie y que no resuelven el problema”.

Sobre el reclamo del gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, para revisar la estrategia federal después del asesinato de 13 personas en Creel, Mouriño dijo que se trata de un caso “particular” por la complejidad de lo que en ese estado ocurre; “y que está totalmente desproporcionada en relación a otras entidades” donde existen operativos.

“Por ello, habremos de revisar el caso particular de Chihuahua, ya no en el Consejo en sí, sino como hemos ya podido acordar con las autoridades estatales de Chihuahua en una próxima reunión de evaluación con el Gabinete de Seguridad y el Gabinete de Seguridad a nivel estatal”, concluyó.

Julio Hernández pone el dedo en la llaga: ¿ Por qué sólo cuando hay violencia en el D.F. reaccionan los panazis ?

De la Jornada de hoy:

Astillero
Julio Hernández López
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx

■ El gran teatro

■ Libretos lucrativos

■ Marcelo a la foto

Ampliar la imagen

NARCOCENIZAS. Bomberos de la Marina controlan la quema de las más de seis toneladas de cocaína confiscadas durante la captura del minisumergible frente a las costas de Oaxaca
Foto: Marco Peláez
El día del cumpleaños de su jefe complaciente, el secretario afanoso tuvo a bien pronunciar una frase de oro (o de petróleo, para no desentonar con los privilegiados contratos familiares): en materia de seguridad pública no se debe lucrar políticamente. Lo dijo el oneroso titular de Gobernación mientras en Los Pinos el festejado ocupante de ese solar recibía al padre de un adolescente asesinado, cuyo caso ha sido utilizado con intensidad para crear un ambiente social de indignación por asuntos criminales que desplace o atenúe el tema central de la defensa del petróleo como bien público. Retórica sin sustento mientras continúa el montaje de la obra de ilusionismo denominada Consejo Nacional de Seguridad Pública (que de nada servirá, como de nada sirvieron las anteriores) y mientras se avivan las veladoras de Iluminemos México con que se pretende contrastar una movilización nocturna en demanda de verdadera seguridad pública, con las concentraciones dominicales que significarán el inicio de la segunda fase de la resistencia civil contra la maquillada privatización petrolera.

El país arde y decenas de mexicanos mueren diariamente, pero la politización del caso Martí sólo tiene ojos para ese expediente. En Creel han muerto jóvenes estudiantes y un pequeño, pero sus infortunios no son difundidos estremecedoramente por las televisoras nacionales ni hay indignación de voceros de organizaciones utilizables para centrar el enojo social en objetivos específicos. El tema políticamente lucrativo es el del secuestro en el Distrito Federal, no el del resto del país y sus miles de muertes por una discutible guerra contra el narcotráfico, que, según señaló ayer el gobernador priísta de Chihuahua, no ha sido lo eficaz que se había anunciado, a pesar del uso del Ejército y con un saldo oscuro de violaciones a los derechos humanos. El punto es empujar al indeciso Marcelo a la encrucijada que le lleve finalmente a sentarse a la mesa con quien tachaba de ilegítimo (en sus términos, con su agenda, en su Palacio) o atenerse al linchamiento mediático que pretenderá culparle de que no funcionen bien los planes que de cualquier manera no funcionarán porque, en realidad, esas reuniones de fantasmas gobernantes sólo han producido discursos y promesas, intocadas como siguen las causas verdaderas del desbordamiento de la delincuencia.

La campaña de manipulación y engaño es tan fuerte que el jefe del Gobierno capitalino zigzaguea, deseoso de recibir las menores pérdidas políticas que le sea posible. Primero se declaró ampliamente convencido de que debe estar en toda reunión sobre el tema de seguridad pública donde se atendieran las exigencias ciudadanas recientes. Luego reconsideró sus palabras iniciales y dijo que analizará la agenda del día de la fotografía panorámica con Calderón para decidir si asiste o se reserva para cuando se realice la “cumbre” que él planteó. Ebrard sabe que al compartir escenario con el panista al que no reconoce legitimidad como presidente de la República quedará como un político sin palabra (pues nadie le obligó a comprometerse a no hacer tratos públicos con Calderón) y que será breve el periodo de elogios envenenados en los mismos medios que otras veces le atacan por el mismo sistema de consignas.

Pero finalmente el indeciso ha optado por la salida de mejor rentabilidad inmediata. Irá a la sesión del Consejo de Seguridad Pública porque de esa manera ganará imagen de civilizado, dialogador e independiente de pejismo alguno. El secretario federal de seguridad pública le convenció de las bondades de la reunión a la que él, Ebrard, será llevado como pieza exótica de cacería en función de circo de morbo. La sesión de El hijo pródigo ganará espacios y comentarios. La marcha ciudadana que busca iluminar México ha ganado un devoto en busca de luz. Y la suma de factores de distracción u obstrucción tratará de consolidar un clima adverso a las movilizaciones contra la privatización del petróleo. “Eso ya no es tema. Está rebasado. Son obsesiones de unos cuantos fanáticos”, dirán los voceros con lucro. Porque lo importante es la seguridad pública, los rituales del poder, las fotografías panorámicas de los reconciliados a distancia. Lo demás (el petróleo y los negocios privatizados) ha de ser lo de menos.

Los partidos políticos siguen, en tanto, sus rutinas olímpicas. Los perredistas naufragan, unos por creer que asidos al control del membrete tendrán autoridad y fuerza; otros, por aferrarse a la estructura que les ha sido expropiada e incluso por llegar a la desesperación de proponer que un Chucho (Lazarucho) de apellido Cárdenas pudiese ser una solución aceptable. Convergencia y el Partido del Trabajo, sobre todo éste, esperan el desenlace del pleito que dejará a unos lo negro y a otros lo amarillo. En el PRI, los poderes reales (Beltrones y Gamboa) le ceden tribuna y reflectores a la presidenta formal, Beatriz Paredes, que tendrá sus momentos de gloria convenida en la asamblea nacional del partido tricolor que se realizará en Aguascalientes. Y en el PAN se consuma la renuncia prevista de Javier Corral al comité nacional, en tardía protesta por los motivos televisivos que llevaron a Germán Martínez a quitar a Santiago Creel de la coordinación de los senadores panistas.

Astillas

El segmento conservador de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pretende echar abajo las leyes capitalinas que dejaron sin penalidad la interrupción del embarazo en ciertas condiciones. No es un detalle aislado, sino parte del gran mural de intolerancia y regresión que manos enfebrecidas pintan por todo el país (guanajuatizar es la consigna)… Pues sí, Mouriño y Javier Lozano defienden al sindicato petrolero de la misma manera que combaten al minero. Cuestión de negocios (políticos)… Y, mientras la señora Marta es premiada en Baja California por su estilo para pisar uvas destinadas a convertirse en vino (de verdad: ¡qué país!), ¡hasta mañana, en esta columna sin cementos por expropiar!