“Volveremos, no se confundan, y estas personas verán lo que han hecho", dijo a periodistas.
Reuters
Publicado: 14/09/2009 14:01
Ginebra. El embajador de Honduras en Naciones Unidas dijo este lunes que fue echado de una sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, después de que otros países latinoamericanos señalaron que representaba a un régimen "ilegal".
Luego de un día de confusión que demoró el comienzo de la reunión de tres semanas del cuerpo de 47 naciones, el enviado Delmer Urbizo dejó la sala gritando en inglés y español: "We will be back! Volveremos!".
Las dramáticas escenas se produjeron después de que Argentina, Brasil, México y Cuba insistieron en que Delmer Urbizo, que ocupa el puesto de embajador en Ginebra desde hace tres años, no podía quedarse a menos que fuera aprobado por el derrocado presidente Manuel Zelaya.
El presidente del Consejo de Derechos Humanos, el belga Alex Van Meuwen, dijo al enviado que no podía hablar en respuesta porque Honduras es sólo observador del foro y le pidió que se fuera mientras se evaluaban sus credenciales.
"Fui echado. Me han colocado guardias de seguridad para asegurarse de que me fuera", dijo Delmer Urbizo a periodistas rodeado de policías de la ONU. "Pero volveremos, no se confundan, y estas personas verán lo que han hecho".
El enviado dijo que él y otros diplomáticos de la misión hondureña en Ginebra -donde ha declarado su apoyo al presidente de facto Roberto Micheletti- volverán luego de las elecciones programadas para noviembre.
En la sala no hubo una delegación rival del Gobierno de Zelaya en el exilio, pero ningún país habló en defensa de Delmer Urbizo. La Asamblea General de la ONU pidió a sus miembros que no reconozcan al Gobierno de Micheletti, que tomó el poder con un golpe militar en junio.
lunes, 14 de septiembre de 2009
Que se Acabe el País, pero NO el Gobierno Ni los Negocios
El paquete fiscal de Felipe Calderón para 2010, presentado por Agustín Carstens --quien sí puede pasar hambres y no morirse, dadas las voluminosas reservas físicas que tiene en su humanidad--, es una auténtica guadaña contra los ciudadanos, en contraste con la navaja de pluma aplicada al recorte de dependencias inútiles para el país, pero importantes para el CCC (club de cuates de Calderón).
Evidentemente, los economistas neoliberales adueñados del gobierno, como Carstens, manejan fríos números inanimados, abstrayéndose de la realidad cotidiana vivida y sufrida por seres humanos con necesidades y urgencias. La reducida visión monetarista de quienes tienen resuelta su vida, a costa de los demás, para sus siguientes 3 generaciones, por lo menos, les impide apreciar la perspectiva real objetivamente, confiando en que una fuerza metafísica y metaeconómica pueda compensarles su cortedad.
Propone Carstens, según lo apenas conocido, un nuevo impuesto (dizque "antipobreza") del 2% aplicable a TODO, para supuestamente "salvar" las finanzas del gobierno... NO DEL PAÍS, DEL GOBIERNO.
Según la línea filosófica de Carlos Salinas de Gortari, inducida por su gurú y alter ego Joseph Marie Córdoba Montoya, "si le va bien al gobierno, le va bien al país", lo que se ha comprobado como una colosal mentira, porque al gobierno le va de maravilla siendo despilfarrador en viajes, spots y apariciones en televisión y radio, pero el país va de mal en peor.
Algo es definitivo: EL GOBIERNO NO ES EL PAÍS. EL GOBIERNO ES SECUNDARIO AL PAÍS, no al revés como sucede en México.
El gobierno es una mera expresión y consecuencia del pacto o contrato social. Fue concebido como encargado (NO DUEÑO) de los bienes y riquezas de la nación entera y para actuar en beneficio y defensa de TODOS los ciudadanos sin distinciones, no sólo para una minoría pretendidamente aristocrática y de los favoritos del momento, ni para lucrar con los bienes que le fueron encargados.
Con su nueva propuesta fiscal (que para los cortesanos del PAN es "un avance histórico"), Carstens pretende salvar y prolongar el estilo derrochador y "bon vivant" de la pandilla en el gobierno arruinando al país.
Para "taparle el ojo al macho" Carstens y Calderón despedirán burócratas de bajos niveles y algunos mandos medios, pero los verdaderos succionadores de presupuesto, los depredadores de los altos niveles, encontrarán inmediato acomodo en otros puestos o abrirán despachos de "consultoría" para seguir chupando dinero público sin hacer nada.
México es lo que sus ciudadanos, no su gobierno, y lo vemos todos los días.
El gobierno es próspero --sus funcionarios en los tres poderes ganan mucho y gastan más hasta el dispendio, pues el dinero que derrochan no les cuesta nada--, abre fideicomisos privados con dinero público para atender minucias colaterales que el Presupuesto no le permite pagar, como contratos y concesiones para amigos y parientes, por mencionar lo más ilustrativo y visible. Por eso se dan los casos de los briboncitos Bribiesca Sahagún y su mami Martita; la nueva riqueza de la parentela y cómplices de Fox; el contratismo desbordado de cuñados, cómplices y parentela de Calderón; los "triunfos" legales de Diego Fernández de Cevallos; las "asesorías" a trasnacionales extranjeras de Pedro Aspe, Jaime Serra Puche (hacedor del "error de diciembre" de1994) y Joseph Marie Córdoba Montoya; los contratos ilícitos sin investigar del nuevo Director de Pemex; los manejos en Pemex del hoy senador Juan Bueno Torio, a quien el fuero libró de ser investigado; y unos etcétera interminables.
Los ciudadanos mexicanos, por contraste, no sólo tienen que lidiar con las condiciones adversas con que se despiertan todos los días, sino que deben cargar con un gobierno que además de torpe e ineficaz, es sumamente insensible, ajeno a la realidad del país.
Para colmo de males, ellos (los ciudadanos) NO ELIGIERON ese gobierno, sino que les fue impuesto por un grupo de corruptos, que buscaban proteger sus intereses particulares.
Pero en vez de que ese gobierno tratara de justificar su robo con la atención a las necesidades ciudadanas más urgentes, lo primero que hizo fue menospreciarlas y autorizar más lucro y prebendas para los corruptos que lo impusieron, a costa del padecer ciudadano.
Hoy alega el gobierno que se ha desplomado su recaudación fiscal, y no tiene dinero para "invertir" (algo que no ha hecho desde la época de Miguel de la Madrid, sino sólo gastar en lujos y autocomplacencias).
¿Y cómo no habría de caerse la recaudación si el mismo gobierno propicia el desplome, autorizando trampas evasoras a los grandes contribuyentes, devolviéndoles impuestos por miles de millones y permitiendo que paguen por "resultados consolidados" ¡sólo 74 pesos al año!? Una verdadera burla. Y todavía se queja el gobierno de que cayó la recaudación de impuestos. El ciudadano más jodido paga por lo menos 5 veces más que esos ultramillonarios que viven y gastan en Houston, Miami, Dublín o Madrid, y sólo lucran en México.
Con sus medidas tecnocráticas, el gobierno no sólo ha deteriorado los ingresos de los ciudadanos que lo sostiene, sino que les viene cortando sus fuentes de trabajo, de donde saca para vivir y hacer que viva el gobierno, que insiste en mantener una política económica neoliberal depredadora y empobrecedora, que los mismos países que la impusieron ya la han abandonado ante su fracaso evidente, pero que en México sigue vigente porque beneficia a unos cuantos pseudo aristócratas que imponen políticos para que los protejan y quienes prefieren que se acabe el país, pero no sus descomunales ganancias y fabulosas canonjías.
A ver qué explotan cuando se les acabe el país.
Las encerronas de Carstens
JESUSA CERVANTES
MÉXICO, D.F., 11 de septiembre (apro).- Sabedor del rechazo generalizado que le esperaba al paquete económico de 2010, el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, intentó convencer a los generales del PRI en la Cámara de Diputados, aun antes de presentar la propuesta ante el Congreso.
El pasado jueves 3, reunidos en el Centro Libanés, la presidenta nacional del PRI, Beatriz Paredes, además de Francisco Rojas, Oscar Levin Coppel, David Penchyna, Alberto Cano Vélez y Luis Videgaray, todos diputados federales y encargados de elaborar la propuesta económica del PRI, escucharon por más de tres horas al secretario y su equipo de trabajo.
De nada sirvió la encerrona. Una semana después, la fracción del PRI, fuerza política de la que depende Felipe Calderón y su partido para lograr el visto bueno a su "impuesto a la pobreza", dio a conocer un documento demoledor, en el que no sólo rechaza el nuevo gravamen --que de pasar, todos los mexicanos deberán pagar, incluso los 60 millones de pobres que hay en el país, pero que gracias a Dios y a los panistas se les regresará "multiplicadito"--, sino que acusa a los autores de incapaces, corruptos y de tratar de engañar al pueblo a través de efectos mediáticos.
Sin embargo, las críticas parecieron no importarle a Carstens y sus secretarios. Apenas un día después de los cuestionamientos, hubo otra encerrona con los priistas, pero aquellos rectificaron su estrategia. En lugar de convocar a los "generales" de la bancada del PRI, los funcionarios decidieron hablar con los 237 diputados.
Tarde, pero finalmente se dieron cuenta que quienes tienen poder sobre sus legisladores son los gobernadores y no los tres grupos que se pelean la candidatura del Revolucionario Institucional para el 2012.
Así, el secretario de Hacienda reunió en un hotel, al poniente de la ciudad, a toda la bancada priista. Especial atención le merecieron aquellos diputados de los diez estados donde habrá elecciones para gobernador el próximo año: Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Durango, Aguascalientes, Chihuahua, Tlaxcala, Sinaloa y Zacatecas. La zanahoria para todos es la nada despreciable bolsa de cuando menos 120 mil millones de pesos del presupuesto federal para distribuir entre todos los estados.
La propuesta de más dinero a sus estados, a cambio de nuevos impuestos a la población, es la apuesta del secretario de Hacienda, quien no acaba de entender que son estos diputados y no Beatriz Paredes, Manlio Fabio Beltrones, Francisco Rojas o Enrique Peña Nieto, quienes tomarán las últimas decisiones en función de sus intereses locales.
Aunque, al final, quien abre y cierra la llave para que los recursos negociados con los gobernadores y sus diputados en la Cámara --a cambio de nuevos impuestos— fluyan, no es precisamente Agustín Carstens, pues detrás de él se encuentra el expresidente Carlos Salinas de Gortari, quien hábilmente colocó a José Antón o González Anaya en la oficina de los dineros que se reparten a las entidades federativas.
González Anaya es cuñado de Ana Paula Gerard, actual esposa de Salinas de Gortari, y durante el sexenio salinista trabajó bajo las órdenes del "súper asesor" José Cordoba Montoya.
Del otro lado de la banca a convencer están los 71 diputados del PRD. Y aunque su coordinador, Alejandro Encinas, ya ha dicho no al nuevo impuesto, todavía falta que los diputados de Nueva Izquierda acepten este rechazo. Pero ya se sabe que esta corriente se ostenta como el "ala negociadora" de la izquierda.
Como se sabe, es la fracción del PT la representante de Andrés Manuel López Obrador, y tan sólo Encinas y unos 20 legisladores del PRD comulgan con su proyecto político. De ahí que no es seguro que el resto, aproximadamente 50 diputados, algunos integrantes de la corriente Nueva Izquierda, vayan a votar por el NO a nuevos gravámenes.
Un dato curioso: el pasado miércoles 9, el presidente nacional del PRD y cabeza de la corriente Nueva Izquierda, Jesús Ortega, se reunió con la priista Beatriz Paredez, afecta a los acuerdos con Felipe Calderón, y con el dirigente del PT, Alberto Anaya. De manera sorpresiva, el jueves 10, el otrora dirigente del PT, Gonzalo Yañez, dijo a los diputados pejistas del PT que había que acercarse a la fracción del PRD, ya que había toda la confianza de AMLO hacia Encinas.
¿Incluyendo a la de Nueva Izquierda? --se le preguntó.
Y el silencio se hizo.
A quienes no hace falta convencer o explicar de qué se tratan los nuevos impuestos es a los 143 legisladores del PAN, quienes hoy hacen lo que tanto cuestionaron a los priistas: decir sí a todo lo que venga de su presidente.
Para poder negociar los impuestos, el PAN ya planea colocar en la presidencia de la Comisión de Hacienda al guerrerense Mario Alberto Becerra Pocoroba, quien, por cierto, encabeza un despacho fiscal que tiene el mismo tinte de Diego Fernández de Cevallos: defender a empresarios para sacarle el mayor jugo posible al gobierno a través de amparos o regreso de impuestos, o… defender a priistas caídos en desgracia.
Becerra Pocoroba, el encargado de convencer a priistas y perredistas de las bondades de los nuevos impuestos, fue el responsable de la defensa del exdirector de Pemex, el priista Rogelio Montemayor, a quien se acusó de haber desviado mil 500 millones de pesos a través del sindicato de trabajadores de la paraestatal y cuyo destino se pretendía fuera la campaña presidencial de Francisco Labastida…
Como se ve, si Cartens y sus hombres, con Salinas de Gortari a la cabeza, no convencen a los priistas de apoyar los nuevos impuestos en la Cámara, existe una segunda opción: la operación política de Becerra Pocoroba.
¡Ya ba$ta…!
A Puerta Cerrada
Marcela Gómez Zalce
2009-09-14•Política
.• El botón sonorense
• Legislativo, Judicial y el ife
En un acto criminal, mi estimado, debe atenderse al propósito, no al resultado. Comienzan las semanas de simulación sobre el paquetón fiscal que ha desatado a los protagónicos demonios, donde aparecen ya diversas propuestas, todas ellas, contrarias a lo desarrollado por el presumido equipo económico que juega con el fuego de un IVA generalizado, que incluye alimentos y medicinas del 2%, disfrazado de Impuesto para la Pobreza que ha generado un sinnúmero de reclamos que se suman a los de la cúpula empresarial en donde no hay, tampoco, consenso y anuencia alrededor del sugestivo bodrio fiscal propuesto por el (des)gobierno de Calderón.
Y así, mientras estos disfuncionales en el poder (del no poder) avientan su resto para vender los beneficios y la receta para tapar su hoyo negro de más de 300 mmdp, my friend, emergen las cínicas linduras (of all the stupid squad) de rechazar en los hechos apretarse el cinturón y, faltaba más… hay estupendas maniobras para darle más billete al Congreso, y por qué no… al desacreditado ife (con minúsculas) que prevé en sus numeritos dar a pago de sueldos cerca de 4 mil 300 millones de pesos.
Chingón.
Los pasados encabezados por Leonardo —que desde el año pasado andaban bastante animados con subirse sueldos, recuerda— estiman gastar en su presidencia, nueve consejeros, secretario general, áreas de comunicación social y de asuntos internacionales, en oficinas de representantes de partidos y del Poder Legislativo más de 333 millones de pesos y el 70 % de lo solicitado para su bolsillo y prestaciones de sus funcionarios. El mal chiste, además, lo solicitan en plena crisis que deja, literalmente, en shock al mordaz respetable.
Este ife que transitó en estos aciagos meses electorales en medio del escándalo, del dispendio, de la corrupción no aclarada sobre una licitación de un monitoreo electoral entregado de manera controvertida y sospechosa a Grupo de Tecnología Cibernética SA de CV que costó (de nuestros impuestos) 25 millones 745 mil 560 dólares y que en los hechos no sirvió… porque no se instalaron los 150 centros para la espotiza, ahora salen con su mal chiste de solicitar más recursos para su operación en el 2010.
Y antes de que llegara la oleada de reclamos salió… medio atajando la bola rápida, el diputado Roberto Gil a anunciar que su PANdilla legislativa realizará los ajustes necesarios al paquetón con el fin de asegurar que los órganos electorales se incorporen a la falsedad, perdón, al ejercicio de austeridad al que ha convocado emocionado Felipe & his useless squad.
Gil comunicó que en México la democracia electoral cuesta 20 mil millones de pesos al año. ¡¿Leyó bien la cifra…?!
Lo que origina una serie de atractivos cuestionamientos por parte de la cáustica concurrencia poniendo un clarísimo ejemplo, resumido, para evitar el juego del Tío Lolo.
Sonora.
El ife pautó con dolo para beneficiar al PAN con la espotiza electoral. El TEPJF le dio la razón al PRI, dado que en su fallo instruyó al ife a pautarle esos 75 mil espots que se le debían lo cual, of course, no sucedió. El PRI impugnó la elección con base a lo establecido en el Frankenstein de Cofipe, y que el TEPJF avaló en su fallo de la espotiza, argumentando iniquidad electoral. Los chicuelos de María del Carmen Alanís, en otra de sus oscuras maniobras (¿qué, conocen de otras?) y de maravillosas presiones, emitieron su fallo el pasado viernes ratificando que Sonora es para el PAN, no hubo iniquidad y que no se encontraron elementos para su anulación…
Y como la ley electoral sirvió para ser violada sistemáticamente, mi estimado, para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo. Para qué tanto billete en la cacareada democracia electoral. Para qué pagar esos sueldos, esos monitoreos, ese financiamiento a los partidos, a los institutos electorales locales, a los magistrados y a tanta mega lacra que vive de nuestros impuestos…
Ahora con argumentos embusteros, frívolos, cínicos y mentirosos pretenden incrementar. No, my friend, no se vale ser cochinos ni trompudos. La debacle azul, el voto de castigo y/o nulo sumado a la decepción ciudadana con su abstencionismo no fueron entendidos. Llegó la hora de gritarles y exigirles un ya basta...
No un tibio si no pueden, renuncien. No un no tienen madre. Un ya basta.
Ya ba$ta de privilegios para unos cuántos. Ya ba$ta de despilfarros y malversaciónes. Ya ba$ta de más impuestos. Pero sobre todo, ya basta de la claudicación de este (des)gobierno…
¡Ya basta!
El síndrome Santa Anna
Bernardo Bátiz V.
En estos tiempos turbulentos y angustiosos la nación mexicana parece que se hunde en un mar agitado en el que no puede encontrar puerto; todo pareciera que está mal, y muy mal algunos aspectos de la vida social y económica. No podemos llegar a la democracia, seguimos empantanados en las viejas prácticas de triquiñuelas, fraudes y gastos excesivos que aturden y apabullan a los votantes. En materia económica la situación es peor, porque toca lo más sensible de los ciudadanos, que es el bienestar de sus familias; el hambre llama a las puertas y quienes están al frente de esta sociedad parece que no pueden por su cuenta imaginar salidas y soluciones y no hacen otra cosa que voltear sus ojos angustiados hacia el exterior; todo nos tiene que venir de fuera: dinero, tecnología, organización, y hasta el lenguaje; esto evidencia su complejo de inferioridad.
En lo social tampoco estamos muy bien; los valores que han sostenido a la sociedad mexicana y que son la reserva moral con la que contamos se cuartean y amenazan con la ruina; la educación es deficiente, el campo está abandonado, la industria es improductiva y la corrupción campea a lo largo y ancho de nuestro territorio.
En un país democrático se buscarían las soluciones mediante la participación ciudadana en los procesos electorales, escogiendo candidatos, programas y líneas políticas para favorecerlos con el sufragio; aquí, parece que esta solución no tiene espacios adecuados para este momento. Ante el cierre de caminos y salidas, una parte importante de la gente, entre ellos las clases medias altas, vuelven los ojos al pasado y añoran los tiempos antes repudiados del régimen priísta.
El síndrome Santa Anna se nos aparece como una sombra que nos señala el camino. No aprendimos las lecciones de la historia.
Antonio López de Santa Anna fue 11 veces presidente de México, entre 1833 y 1855: cometía barbaridades, perdía las batallas, huía frente al enemigo, imponía altísimos impuestos, hasta por el número de ventanas de las casas y por los perros que tuvieran los ciudadanos, y así y todo, una y otra vez ante la primera crisis que se le presentara al país, los notables, la clase política de entonces, de todas las tendencias y convicciones, clérigos y militares, yorquinos y escoceses, corrían a llamarlo, ahí donde estuviera: en Manga de Clavo o en Venezuela, en el Caribe o en El Lencero.
Volvía a cometer errores y al poco tiempo los que tomaban las decisiones se olvidaban de lo hecho por el general veracruzano y corrían a rogarle que salvara al país.
Pareciera que empezamos un camino parecido al que se vivió en aquella primera mitad del siglo XIX; ellos, nuestros bisabuelos, llamaban asustados a Santa Anna cada vez que había crisis política, económica o social; nosotros, olvidando aquellas lecciones, volvemos los ojos al PRI, que ya demostró con décadas de mal gobierno, que no es lo mejor para este país.
En el año 2000 el cambio de estafeta política que tuvo dos expresiones, una a nivel nacional y otra local en la ciudad de México, parecía el inicio de una nueva era; lamentablemente, el gobierno federal cayó en manos ineptas e irresponsables que no pudieron dar el paso siguiente para consolidar la democracia y entrar por el camino de la justicia social. En la ciudad de México las cosas fueron distintas y se demostró que es posible gobernar con honradez y eficacia simultáneamente; sin embargo, como fuera, se impidió que esa línea de cambio se consolidara y ante las dificultades y las de malas, hoy muchos sólo piensan en correr a buscar al Revolucionario Institucional, como antes corría a buscar al general de los entorchados y del apodo significativo, El Quince Uñas.
El PRI sigue siendo el mismo; su discurso no ha variado, su ambigüedad ideológica es la de siempre: hace gala del mismo sistema de control, del hermetismo de sus dirigentes y del control rígido de sus militantes que siempre esperan la oportunidad de ser ellos los que desde arriba dominen las cosas. Sus lemas siguen siendo los mismos: “no me den, pónganme donde hay”, “vivir fuera del presupuesto es vivir en el error” y “un político pobre es un pobre político”.
Hacia ese partido vuelven los ojos los asustados clasemedieros mexicanos, olvidan los gobiernos voraces, la falta de democracia, el centralismo y la corrupción sindical, los negocios desde el poder y la persecución a los opositores, y sin pensar, sin repasar la historia y aprender sus lecciones, se aferran a lo que les parece el último clavo ardiendo para salvarse.
Afortunadamente, hay un movimiento que ha mantenido la esperanza en un cambio desde abajo, que señala las fallas y las debilidades de los actuales gobiernos panistas tan iguales a los viejos gobiernos priístas, y a su alrededor podemos tratar de romper este destino que parece llevarnos a la repetición del esquema de Santa Anna, ahora no con un personaje, sino con un grupo político; es el momento de recordar las lecciones y de buscar otras formas de salir adelante. Si me tropiezo con una piedra, mal haya la piedra; si me vuelvo a tropezar con la misma piedra, mal haya sea yo.
jusbbv@hotmail.com
Mentir para salvarse. Lydia Cacho.
Un grupo del 20 regimiento de caballería motorizada del Ejército se llevó a tres personas ante la mirada de los vecinos, sin orden de aprehensión o policía presente. Sin una sola evidencia se les acusó de secuestro. Los militares los llevaron a la quinta zona, les torturaron para que se declararan culpables de un delito que no cometieron y cinco días más tarde los soltaron a media carretera. Si esto fuera Irak, casi nadie se atrevería a preguntar qué sucedió, pero es Ciudad Juárez, Chihuahua. La estrategia de desapariciones forzadas va en aumento.
El “estado de excepción” en la práctica significa que no hay ley que valga más que la impuesta por la guerra, en la que se parte de la idea de que todas y todos los ciudadanos son sospechosos y deben comprobar su inocencia por el simple hecho de pertenecer a una población en la que un cártel se insertó en la economía, en los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo.
Felipe Calderón, desde su creciente enojo ante las críticas ciudadanas niega la realidad de las y los chihuahuenses. Niega que mil 170 personas hayan sido levantadas ilegalmente, con testigos y familiares de por medio, por un Ejército capacitado para la guerra con el enemigo y no para la investigación policiaca. Basta viajar a Juárez y hablar con la gente en el mercado, en las calles, en las escuelas para entender el fenómeno. Las historias son miles, pero la mayoría elige callar y “no meterse en líos”. Un ama de casa asegura que son los delincuentes quienes denuncian a la gente ante los militares. A un pediatra que fue levantado por el Ejército lo retuvieron tres días y lo botaron a 15 kilómetros de su casa bajo amenaza para que no denunciara el hecho. El pediatra dice que él le creyó a Calderón, que pensaba que sólo a los delincuentes los levantaban, hasta que le sucedió a él. ¿Por qué la gente tiene miedo de defenderse de estas arbitrariedades?, ¿y por qué otros las descalifican?
El doctor Solomon Asch de la Universidad Carnegie-Mellon llevó a cabo un experimento en que un grupo debía responder un examen; antes filtró los resultados de siete estudiantes que estaban intencionalmente equivocados. Tres cuartas partes del estudiantado copiaron las respuestas falsas. Luego un doctor Berns escaneó el cerebro de quienes hicieron los exámenes: quienes a pesar de saber que la respuesta era incorrecta decidieron sumarse a la opinión de la mayoría, normalizaron la mentira al grado de creerla para estar tranquilos. Quienes eligieron contestar el examen acertadamente se percataron de que la mayoría había elegido las respuestas falsas, y en su cerebro se activó la emoción del miedo; el miedo a ir contra corriente de la mayoría. Los estudios han demostrado que una parte de la sociedad elige autoengañarse para evitar asumir la responsabilidad de defenderse y defender a su prójimo ante las injusticias. El doctor David Servan-Schreiber de la revista Psychologies, asegura que se necesita valor e integridad para defender la verdad y erradicar lo injusto. ¿Cuántas desapariciones forzadas se necesitan para que la sociedad reaccione? Estar contra la injusticia no significa estar a favor de los delincuentes, como algunos quieren hacernos creer. Sentir miedo es inevitable, someterse a él no lo es.
El “estado de excepción” en la práctica significa que no hay ley que valga más que la impuesta por la guerra, en la que se parte de la idea de que todas y todos los ciudadanos son sospechosos y deben comprobar su inocencia por el simple hecho de pertenecer a una población en la que un cártel se insertó en la economía, en los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo.
Felipe Calderón, desde su creciente enojo ante las críticas ciudadanas niega la realidad de las y los chihuahuenses. Niega que mil 170 personas hayan sido levantadas ilegalmente, con testigos y familiares de por medio, por un Ejército capacitado para la guerra con el enemigo y no para la investigación policiaca. Basta viajar a Juárez y hablar con la gente en el mercado, en las calles, en las escuelas para entender el fenómeno. Las historias son miles, pero la mayoría elige callar y “no meterse en líos”. Un ama de casa asegura que son los delincuentes quienes denuncian a la gente ante los militares. A un pediatra que fue levantado por el Ejército lo retuvieron tres días y lo botaron a 15 kilómetros de su casa bajo amenaza para que no denunciara el hecho. El pediatra dice que él le creyó a Calderón, que pensaba que sólo a los delincuentes los levantaban, hasta que le sucedió a él. ¿Por qué la gente tiene miedo de defenderse de estas arbitrariedades?, ¿y por qué otros las descalifican?
El doctor Solomon Asch de la Universidad Carnegie-Mellon llevó a cabo un experimento en que un grupo debía responder un examen; antes filtró los resultados de siete estudiantes que estaban intencionalmente equivocados. Tres cuartas partes del estudiantado copiaron las respuestas falsas. Luego un doctor Berns escaneó el cerebro de quienes hicieron los exámenes: quienes a pesar de saber que la respuesta era incorrecta decidieron sumarse a la opinión de la mayoría, normalizaron la mentira al grado de creerla para estar tranquilos. Quienes eligieron contestar el examen acertadamente se percataron de que la mayoría había elegido las respuestas falsas, y en su cerebro se activó la emoción del miedo; el miedo a ir contra corriente de la mayoría. Los estudios han demostrado que una parte de la sociedad elige autoengañarse para evitar asumir la responsabilidad de defenderse y defender a su prójimo ante las injusticias. El doctor David Servan-Schreiber de la revista Psychologies, asegura que se necesita valor e integridad para defender la verdad y erradicar lo injusto. ¿Cuántas desapariciones forzadas se necesitan para que la sociedad reaccione? Estar contra la injusticia no significa estar a favor de los delincuentes, como algunos quieren hacernos creer. Sentir miedo es inevitable, someterse a él no lo es.
El PRI: un partido de derecha
Denise Maerker
Atando cabos
14 de septiembre de 2009
Los partidos se definen en los hechos y no en sus programas de acción y declaración de principios. En esos documentos está plasmada la imagen que un partido pretende dar de sí mismo pero la realidad se descubre por la forma en que se definen sus militantes a la hora de votar y por las políticas públicas que promueven cuando gobiernan. El PRI es parte de la internacional socialista y se pretende un partido comprometido con temas progresistas y modernos. Nada más falso.
En los últimos meses los priístas han demostrado en los hechos una gran congruencia ideológica. De 187 legisladores priístas que han sido invitados a pronunciarse sobre iniciativas que implican la penalización de las mujeres por interrumpir sus embarazos: 172 han votado a favor, 15 en contra y 3 se han ausentado. En el 60% de los 15 estados en los que se ha modificado recientemente la constitución para “garantizar la protección de la vida desde la fecundación” el PRI gobierna y tiene mayoría en el Congreso local. Los priístas han votado junto con el PAN iniciativas que incluyen cárcel de hasta 10 años para las mujeres que aborten y la penalización de la interrupción del embarazo incluso cuando es producto de una violación o cuando la salud de la madre está en peligro. En algunos estados su celo los llevó a dejar fuera de la ley la anticoncepción y hasta la fecundación in vitro.
La iniciativa es del PAN y la han defendido y anunciado públicamente. Su objetivo: proteger la vida desde la concepción y castigar el aborto. El origen: el revés que sufrieron cuando la Suprema Corte de Justicia convalidó en agosto del 2008 la ley votada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que despenaliza el aborto en las primeras doce semanas de gestación. Los panistas y las organizaciones católicas y de ultraderecha habían intentado paralelamente que la Corte declarara inconstitucional esa ley y detener la publicación de la norma oficial 046 --norma que define los criterios que deben ser aplicados por las autoridades de salud en la atención a víctimas de violencia sexual ofreciéndoles las opciones de anticoncepción de emergencia e interrupción legal del embarazo--. Fracasaron, la Corte convalidó la ley y la norma, después de varios retrasos, se publicó en el mes de abril. Sin embargo, ahora pueden decir que van ganando y es gracias al apoyo de los priístas.
Beatriz Paredes dice que sobre este tema existe un debate al interior del PRI: ¿Qué debate? El 72% de los priístas que han tenido que pronunciarse lo han hecho inequívocamente a favor de penalizar a las mujeres y de reducir los márgenes de control sobre su vida sexual y reproductiva.
Los priístas votan como conservadores y son conservadores. Parecería innecesario decirlo pero siempre es útil recordarlo.
Aumenta en 100 mil mdp el costo de la alta burocracia con panistas
México.- Los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón encarecieron 100 mil millones de pesos el costo de la alta burocracia entre 2001 y 2009, al pasar de 89 a mil 11 plazas de subsecretario o de nivel salarial equivalente; de 69 a mil 212 las de jefe de unidad o titular de entidad; de mil 396 a 6 mil 845 las de director general adjunto, y de 4 mil 446 a 38 mil 427 las de director de área.
Según los análisis del grupo del PRI en la Cámara de Diputados, “tan solo con regresar al nivel de gasto corriente de la alta burocracia que se tenía en 2000, habría más de 100 mil millones de pesos para canalizarlos al gasto de inversión”.
“No es un asunto de debate entre los partidos, sino un hecho comprobable con cifras oficiales: hoy tenemos un gobierno caro y malo”, puntualizó el legislador priista Sebastián Lerdo de Tejada.
Precisó que la ampliación de las plazas de subsecretario o de nivel salarial equivalente representó un incremento de mil 36 por ciento durante el sexenio de Fox y los primeros tres años del gobierno encabezado por Calderón.
El incremento de las jefaturas de unidad o titulares de entidad (de 69 en 2001, a mil 212 en
2009) fue de mil 656 por ciento.
En cuanto a las direcciones generales adjuntas, hoy existen 390 por ciento más plazas
que hace nueve años, mientras que
el aumento de direcciones de área alcanzó 764 por ciento.
Lerdo de Tejada advirtió, además, que las dos administraciones panistas adelgazaron la estructura de base y ampliaron las plazas de mandos medios y superiores.
Así, dijo, “hoy tenemos muchos burócratas de angora y pocos y maltratados servidores públicos de base”.
El también legislador priista Baltazar Hinojosa anticipó la determinación de “revisar a profundidad” el crecimiento de la alta burocracia en las secretarías de Estado y entidades públicas del gobierno federal, “y ahí nos vamos a encontrar muchas sorpresas”.
Detalló, sin embargo, que de lo ya revisado se desprende un crecimiento de cien mil millones de pesos en el gasto corriente desde 2001 hasta 2009, lo que a su vez ha generado una estructura “muy obesa” del gobierno federal, pero con resultados muy pobres.
El diputado David Penchyna consideró a su vez como “intolerable” el crecimiento de 300, 700 y hasta mil por ciento en las plazas de la alta burocracia, en contraste con la caída en el gasto de inversión durante los últimos nueve años.
Puso, además, en entredicho la supresión de las secretarías de Turismo, Función Pública y Reforma Agraria.
“El ahorro que generaría la desaparición de la propuesta presidencial en términos netos sería de 6 mil 500 millones de pesos el próximo año, pero esta cifra ensombrece ante los más de 100 mil millones que ha crecido la burocracia”, puntualizó.
La exigencia priista de revisar la ampliación de las plazas burocráticas es compartida por las fracciones legislativas de PRD y PT en la Cámara de Diputados.
Por ello, las bancadas del Frente Amplio Progresista afinan su propuesta conjunta para demandar un plan de austeridad equivalente a por lo menos 100 mil millones de pesos para el año entrante.
Dicha propuesta prevé la reducción de las plazas de mandos medios y superiores, así como la supresión de gastos en seguros médicos, de separación y de retiro, bonos, compensaciones, alimentos, pasajes, viáticos y telefonía, entre otros.
El proyecto económico 2010 enviado por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados prevé medidas de austeridad por cerca de 72 mil 900 millones de pesos, producto del recorte al gasto de operación y a la estructura burocrática del gobierno.
- Claves
Cero ahorro
• Más de 4 mil 200 mandos medios y superiores del gobierno federal obtendrán remuneraciones anuales superiores a un millón de pesos, según lo revela el Analítico de Plazas del Proyecto de Egresos 2010.
• Las prestaciones para la burocracia costarán al país 2 mil 495 millones de pesos el año entrante, de acuerdo con la propuesta económica puesta a consideración del Poder Legislativo el pasado 8 de septiembre.
• Las Secretarías de Gobernación y de Hacienda prevén la ampliación de sus plantillas burocráticas en 18.8 y 16.9 por ciento, respectivamente, según el comparativo publicado ayer en MILENIO.
Ofensiva contra el DF
En semanas y meses recientes, las autoridades federales han impuesto recortes presupuestales por varios miles de millones de pesos al gobierno de la capital de la República. Especialmente grave resulta la retención unilateral, por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de partidas que fueron aprobadas el año pasado por la Cámara de Diputados para la construcción de la línea 12 del Metro, pues esa obra reviste importancia estratégica para la ciudad y su paralización implica rezago, desempleo y elevación de costos. Por si fuera poco, la fracción priísta en la Asamblea Legislativa del Distrito federal (ALDF) pretende, con justificaciones variopintas, impulsar la desaparición de programas y de secretarías enteras del gobierno capitalino, lo que generaría también una grave pérdida de puestos de trabajo y la reducción del poder público local en áreas en las que la acción gubernamental resulta irrenunciable: la cultura y el deporte, por ejemplo.
El acoso presupuestal que el gobierno federal realiza contra la ciudad de México y los empeños priístas de reducir el tamaño y, sobre todo, la obra social del Gobierno del Distrito Federal (GDF) poco tienen que ver con la crisis económica en que se encuentra sumido el país. Esa crisis es, en todo caso, el pretexto para reforzar una ofensiva política que empezó a mediados del sexenio foxista, cuando el jefe del gobierno capitalino era Andrés Manuel López Obrador, y que se ha mantenido en la administración calderonista contra Marcelo Ebrard. Una de las vertientes más irresponsables de tal hostilidad está conformada por el alarmismo y la dudosa voluntad con que las autoridades federales han manejado el tema del agua, tanto el abasto de agua potable como el desalojo de aguas negras, en la ciudad capital.
Si en las acciones contra el DF emprendidas por la administración federal, emanada del PAN, es inevitable percibir la animadversión contra una serie de gobiernos locales surgidos del PRD, en el caso de los priístas de la ALDF resulta clara su intención de obstaculizar el funcionamiento del poder local con el propósito de provocarle un desgaste político que permita al PRI forjarse expectativas de retorno a una posición que perdió en 1997, en cuanto ésta fue puesta a votación entre la ciudadanía. Pero el tricolor va por todo y, previsiblemente, hará cuanto le sea posible para recuperar dentro de tres años tal posición.
Mediante las determinaciones referidas no sólo se busca la asfixia financiera del GDF, sino también la inducción de un descontento popular ante un gobierno citadino paralizado por la falta de recursos y orillado a incrementar los impuestos ya existentes y a establecer gravámenes nuevos. Todo, con tal de derrotar a la izquierda en el Distrito Federal en las próximas elecciones.
Al parecer, priístas y panistas no alcanzan a entender que el afán por dejar sin recursos a la ciudad capital afectara, en primer lugar, a los sectores populares de la urbe y a la mayor parte de los que habitan en el estado de México.
En tal circunstancia, resulta por demás pertinente la exhortación formulada ayer en Dolores Hidalgo por el gobernante capitalino para que todos los legisladores defeños, independientemente de ideología y postura política, rechacen sin ambigüedad medidas presupuestales que no aspiran a reducir el déficit público ni a paliar los efectos de la crisis, sino a destruir cualquier posibilidad de que el Distrito Federal siga siendo gobernado por una autoridad surgida de la izquierda e impedir que se convierta, pese a sus fallas y errores –que los tiene–, en punto de referencia para ciudadanos de otras regiones del país que hoy son gobernados por autoridades surgidas de Acción Nacional o del Revolucionario Institucional.
Sería deseable que el conjunto de la población del DF, independientemente de su ideología y de sus preferencias partidistas, cerrara filas en defensa de su ciudad y de sus instituciones y exigiera un alto al golpeteo presupuestal, discursivo y legislativo.
Situaciones como la referida ponen de manifiesto también la urgencia de avanzar en la plena constitución del Distrito Federal como un estado más y de poner fin a la excepción y a la injusticia que conlleva el estatuto constitucional discriminatorio, en términos de potestades y de tutelas legislativas federales, contra la ciudad capital.
El acoso presupuestal que el gobierno federal realiza contra la ciudad de México y los empeños priístas de reducir el tamaño y, sobre todo, la obra social del Gobierno del Distrito Federal (GDF) poco tienen que ver con la crisis económica en que se encuentra sumido el país. Esa crisis es, en todo caso, el pretexto para reforzar una ofensiva política que empezó a mediados del sexenio foxista, cuando el jefe del gobierno capitalino era Andrés Manuel López Obrador, y que se ha mantenido en la administración calderonista contra Marcelo Ebrard. Una de las vertientes más irresponsables de tal hostilidad está conformada por el alarmismo y la dudosa voluntad con que las autoridades federales han manejado el tema del agua, tanto el abasto de agua potable como el desalojo de aguas negras, en la ciudad capital.
Si en las acciones contra el DF emprendidas por la administración federal, emanada del PAN, es inevitable percibir la animadversión contra una serie de gobiernos locales surgidos del PRD, en el caso de los priístas de la ALDF resulta clara su intención de obstaculizar el funcionamiento del poder local con el propósito de provocarle un desgaste político que permita al PRI forjarse expectativas de retorno a una posición que perdió en 1997, en cuanto ésta fue puesta a votación entre la ciudadanía. Pero el tricolor va por todo y, previsiblemente, hará cuanto le sea posible para recuperar dentro de tres años tal posición.
Mediante las determinaciones referidas no sólo se busca la asfixia financiera del GDF, sino también la inducción de un descontento popular ante un gobierno citadino paralizado por la falta de recursos y orillado a incrementar los impuestos ya existentes y a establecer gravámenes nuevos. Todo, con tal de derrotar a la izquierda en el Distrito Federal en las próximas elecciones.
Al parecer, priístas y panistas no alcanzan a entender que el afán por dejar sin recursos a la ciudad capital afectara, en primer lugar, a los sectores populares de la urbe y a la mayor parte de los que habitan en el estado de México.
En tal circunstancia, resulta por demás pertinente la exhortación formulada ayer en Dolores Hidalgo por el gobernante capitalino para que todos los legisladores defeños, independientemente de ideología y postura política, rechacen sin ambigüedad medidas presupuestales que no aspiran a reducir el déficit público ni a paliar los efectos de la crisis, sino a destruir cualquier posibilidad de que el Distrito Federal siga siendo gobernado por una autoridad surgida de la izquierda e impedir que se convierta, pese a sus fallas y errores –que los tiene–, en punto de referencia para ciudadanos de otras regiones del país que hoy son gobernados por autoridades surgidas de Acción Nacional o del Revolucionario Institucional.
Sería deseable que el conjunto de la población del DF, independientemente de su ideología y de sus preferencias partidistas, cerrara filas en defensa de su ciudad y de sus instituciones y exigiera un alto al golpeteo presupuestal, discursivo y legislativo.
Situaciones como la referida ponen de manifiesto también la urgencia de avanzar en la plena constitución del Distrito Federal como un estado más y de poner fin a la excepción y a la injusticia que conlleva el estatuto constitucional discriminatorio, en términos de potestades y de tutelas legislativas federales, contra la ciudad capital.
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