Esa entidad vive como en la época de Figueroa Alcocer, que asesinaba campesinos, dice
Por el bien de todos, urge cambiar este régimen caduco, corrupto e inhumano, señala
La PGR revisa en el Servicio Médico Forense de Iguala los cuerpos hallados en fosas clandestinasFoto Rubicela Morelos
Ulises Gutiérrez, Alma Muñoz y Georgina Saldierna
Corresponsal y reporteras
Periódico La Jornada
Lunes 6 de octubre de 2014, p. 8
Lunes 6 de octubre de 2014, p. 8
Hermosillo, Son., 5 de octubre.
Al culminar una gira de cuatro días por la entidad, Andrés Manuel López Obrador exigió castigo para los autores intelectuales y materiales de los crímenes contra los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, pero especialmente
para las autoridades que participaron, porque Guerrero
vive como en la época de Rubén Figueroa Alcocer, que asesinaba a campesinos.
Apuntó que es
un crimen terrible, una tragedia que debe ser castigada, porque es
inhumano, inaceptableun acto de barbarie como el asesinato de jóvenes. Lo ocurrido en Guerrero, junto con el
fusilamientode Tlatlaya, hace al país retroceder a la época de Porfirio Díaz, cuando la orden era
mátalos en caliente, para asesinar a los opositores, señaló el presidente del Consejo Nacional del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
En el municipio de Moctezuma habló de una situación de
decadencia que padece el país, y que Morena quiere una transformación sin violencia y con la participación consciente, organizada, del pueblo:
tenemos que luchar por que las cosas cambien y mejoren.
Por la mañana, en su cuenta de Facebook, publicó que lamentaba la muerte de los estudiantes y expresó:
Por ninguna circunstancia debe haber impunidad ante esta vergonzosa tragedia. Por el bien de todos, urge cambiar este régimen caduco, corrupto e inhumano.
En Ures, municipio más poblado y afectado por el derrame de más 40 mil litros de ácido sulfúrico que realizó el Grupo México en el río Sonora, López Obrador informó que Morena y el diputado federal Alfonso Durazo Montaño darán seguimiento a la demanda de los pobladores de la región, para que haya respuesta del gobierno, se castigue y sancione a los responsables de la tragedia ecológica.
Manifestó que
no hay un gobierno que represente y se preocupe por el pueblo. El gobierno está convertido en un comité al servicio de una minoría rapaz. Carlos Salinas entrega las minas Cananea y Nacozari a la familia Larrea.
Sostuvo que no puede ser que un consorcio empresarial tan fuerte como Grupo México, que se ha llenado los bolsillos de millones de dólares explotando la riqueza de Nacozari y Cananea, sea tan mezquino de no compartir ni siquiera migajas con la población y no se preocupa por mejorar las calles, el centro de salud, las escuelas y la vida de los trabajadores del municipio.
Indicó que seguramente Salinas es socio del Grupo México, porque aparece como miembro del consejo de administración de la empresa el salinista Claudio X González, y el actual vicepresidente de la minera, Juan Rebolledo Gout, fue secretario particular de Salinas de Gortari.
Que se aclare contubernio
Martí Batres Guadarrama, presidente nacional de Morena, demandó una investigación inmediata y a fondo de los crímenes cometidos contra estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, y consideró que las indagatorias
deben conducir a determinar las redes que unen a las autoridades y el crimen organizado.
En un pronunciamiento, señaló que también urge un deslinde de responsabilidades de autoridades municipales, estatales y federales.
Se debe encontrar y castigar a los responsables materiales, intelectuales y políticos de la matanza, así como brindar protección a los familiares de las víctimas, afirmó.
Batres Guadarrama aseguró que los hechos forman parte de un contexto nacional marcado por la violencia y la represión.
Destacó los asesinatos cometidos en Iguala, Guerrero; en Tlatlaya, estado de México; el impulso a la llamada ley bala en Puebla; la violencia en Michoacán, así como la existencia de presos políticos en Sonora, Nayarit y Quintana Roo, entre otros.
El dirigente partidista apuntó que la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República deben
dejarse de politiquerías y asumir su responsabilidad ante la situación de violencia que aqueja al país.