La noche del 26 de septiembre policías de Iguala y Cocula, obedeciendo órdenes del alcalde igualteco, atacaron a los normalistas de Ayotzinapa, mataron a tres y a otros 43 se los entregaron a Guerreros Unidos, grupo que presuntamente los asesinó e incineró. Esa es la versión oficial. Pero una investigación periodística, basada en documentos, audiovideos y testimonios, cuenta otra historia: El ataque fue orquestado y ejecutado por la Policía Federal, con la complicidad o franca colaboración del Ejército.
Fuerzas federales participaron en el ataque contra los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa la noche del pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, durante el cual murieron tres normalistas y 43 fueron desaparecidos en una sucesión de hechos conocida en tiempo real por el gobierno federal.
Un trabajo realizado con el apoyo del Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley con base en testimonios, audiovideos, informes inéditos y declaraciones judiciales muestra que la Policía Federal (PF) participó activa y directamente en el atentado.
Aún más, de acuerdo con la información obtenida por Proceso en la Normal de Ayotzinapa, el ataque y desaparición de los estudiantes fue dirigido específicamente a la estructura ideológica y de gobierno de la institución, pues de los 43 desaparecidos uno formaba parte del Comité de Lucha Estudiantil, máximo órgano de gobierno de la escuela, y 10 eran “activistas políticos en formación” del Comité de Orientación Política e Ideológica (COPI).
Hasta ahora la versión oficial es que el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, ordenó la agresión, preocupado por la posibilidad de que los estudiantes interrumpieran el informe de actividades de su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, titular del DIF municipal.
Según esta versión, policías municipales de Iguala y del vecino ayuntamiento de Cocula atacaron y capturaron a los estudiantes, mientras Guerreros Unidos los asesinó y quemó, con el desconocimiento de los agentes federales y los soldados destacados en la zona. Sin embargo, los documentos y testimonios obtenidos revelan una historia diferente.
Un informe inédito del gobierno de Guerrero, fechado en octubre, entregado a la Secretaría de Gobernación (Segob) hace más de un mes y obtenido por Proceso en torno a los hechos del 26 y 27 de septiembre, señala que desde su salida de las instalaciones de la Normal de Ayotzinapa los estudiantes eran monitoreados por agentes de las administraciones estatal y federal.
El documento reporta que a las 17:59 horas el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) de Chilpancingo informó que los normalistas partían de Ayotzinapa rumbo a Iguala. A las 20:00 horas la PF y la Policía Estatal llegaron a la autopista federal Chilpancingo-Iguala, donde los estudiantes empezaban a hacer una colecta. A las 21:22 horas el jefe de la base de la PF, Luis Antonio Dorantes, fue informado de la entrada de los jóvenes a la central camionera y a las 21:40 el C4 de Iguala reportó el primer tiroteo.
El informe añade que desde el pasado 28 de septiembre la Fiscalía General de Guerrero ordenó a la PF informar si sus agentes participaron en los hechos del 26 de septiembre; pidió el registro de entrada y salida del personal de su base de operaciones y exigió el número de patrullas y el registro del armamento usado del 24 al 28 de septiembre.
De acuerdo con la averiguación previa HID/SC/02/0993/2014, la PF no entregó esa documentación. El 4 de octubre, ante la presión política el gobierno de Guerrero declinó su competencia y desde entonces la administración de Enrique Peña Nieto tiene el control de la investigación.
Los videos
Este semanario pudo ver 12 videos grabados por los estudiantes con sus teléfonos celulares durante el ataque. En uno de ellos las víctimas identifican claramente la presencia de la PF. “¡Ya se están yendo los policías… se quedan los federales y nos van a querer fastidiar!”, es la advertencia de un estudiante que se escucha en una de las grabaciones.
En la historia reciente los normalistas de Ayotzinapa ya habían sido atacados por la PF.
El 11 de diciembre de 2011, durante una manifestación en la autopista México-Acapulco los federales dispararon contra ellos y mataron a los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús. El expediente CNDH/1/2011/1/VG consigna que varios normalistas fueron detenidos y golpeados por la Policía Ministerial de Guerrero y por la PF.
Hasta ahora el gobierno de Peña Nieto ha ocultado la información que tiene acerca de la participación de la PF y el Ejército en los acontecimientos.
La tarjeta informativa número 02370, firmada por el coordinador operativo de la región Norte de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil de Guerrero, José Adame Bautista, fechada el 26 de septiembre, afirma que a las 17:59 horas “reportaron vía telefónica desde el C4 Chilpancingo sobre la salida de dos autobuses de la línea Estrella de Oro con números económicos 1568 y 1531 con estudiantes de la escuela rural Ayotzinapa con dirección a la ciudad de Iguala”.
La Normal Rural Raúl Isidro Burgos está en el municipio de Tixtla, a una hora por carretera de Chilpancingo y dos de Iguala. Se reportó a los tres niveles de gobierno la salida de los estudiantes en tiempo real; esto indica que había vigilancia sobre ellos antes del ataque.
La tarjeta informativa de Adame agrega que los dos camiones llegaron a las 20:00 horas a la caseta de cobro número tres de Iguala. Un camión se quedó ahí y el otro, frente al restaurante La Palma en la carretera federal Iguala-Chilpancingo, a donde llegaron las policías Estatal y Federal.
“Por lo antes narrado el suscrito (Adame Bautista), con tres elementos más, se trasladó a la caseta en mención, lugar donde se coordinó con personal de la Policía Federal sector Caminos al mando del oficial Víctor Colmenares Campos con cinco elementos más en tres unidades procediendo a monitorear las actividades de dichos estudiantes”, señala el documento.
El informe de la esposa de Abarca como presidenta del DIF municipal concluyó a las ocho de la noche –dos horas antes de que los estudiantes entraran a la ciudad–, según declaraciones judiciales de la averiguación previa HID/SC/02/0993/2014 abierta por el gobierno guerrerense –de la cual se tiene copia– y testimonios obtenidos por este semanario.
Omar García, líder del COPI de Ayotzinapa, entrevistado por Proceso en las instalaciones de la Normal, explica que este año a su escuela le tocó “recolectar” 20 camiones para que ésta y otras normales rurales fueran a la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México. Antes de ir a Iguala ya habían “capturado” ocho camiones e iban por más. Contra la versión de la Procuraduría General de la República (PGR), afirma que no tenían intención de protestar contra el alcalde o su esposa.
Sostiene que en la carretera federal Iguala-Chilpancingo los normalistas tomaron un autobús, pero el chofer no quiso bajar al pasaje y dijo que les daría la unidad al llegar a la central. Pero cuando llegó a la estación, encerró en el vehículo a 10 estudiantes, quienes llamaron a sus compañeros para pedir ayuda.
Los refuerzos llegaron y rompieron la puerta del camión para sacar a sus compañeros. “Se armó el jaleo y llamaron a la policía”, apunta Omar. De la central tomaron otros camiones. Dos se fueron hacia Periférico Sur y otros tres debían tomar hacia Periférico Norte, pero equivocaron la ruta.
Testigos afirman que cerca de las 22:00 horas vieron circular tres autobuses de pasajeros por la calle Juan N. Álvarez y a la altura de la catedral los estudiantes comenzaron a bajar. El chofer que manejaba el primer camión, Hugo Benigno Castro, asentó en su declaración judicial que los jóvenes bajaron para preguntar a la gente por la salida a Chilpancingo.
Se escucharon entonces los primeros disparos y la gente corrió. El policía municipal Raúl Cisneros declaró que tras ser informado de un posible asalto acudió a la zona. Dijo que en el lugar forcejeó con dos estudiantes que supuestamente lo quisieron desarmar, y su supervisor de turno, Alejandro Temescalco, y él dispararon al aire. Ahí no hubo heridos.
Los estudiantes ahuyentaron a las patrullas a pedradas. Los tres vehículos siguieron por la Juan N. Álvarez rumbo al Periférico.
Federales
El ahora exsecretario de Seguridad Pública municipal de Iguala, Felipe Flores Velázquez, en su declaración judicial el 27 de septiembre dijo que a las 21:22 horas recibió un reporte telefónico de que los estudiantes estaban tomando camiones. Aseguró que inmediatamente llamó a Luis Antonio Dorantes, jefe de la base de la PF, quien le dijo que estaría alerta.
“A las 21:30 horas los radioperadores de la Policía Estatal del C4 Iguala y del Cuartel Regional me hacen del conocimiento que las operadoras del servicio de emergencias 066 han recibido llamadas telefónicas donde advierten que estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa están haciendo desmanes en las centrales de autobuses Estrella Blanca y Estrella de Oro”, indicó Adame Bautista en su tarjeta informativa.
Al mismo tiempo que la Policía Estatal recibía el reporte, también lo recibieron la PF, el Ejército y la Policía Municipal de Iguala, instancias a las cuales el C4 les reporta. Desde ahí se controla la red de cámaras de vigilancia, algunas de ellas instaladas en el centro de la ciudad. Pero aun cuando la Fiscalía General del Estado pidió las imágenes, nunca le fueron entregadas.
En el documento citado se afirma que a las 21:40 horas el C4 de Iguala recibió el reporte de “detonaciones de arma de fuego”. Según Adame Bautista su policía no atendió la contingencia por órdenes del subsecretario de Prevención y Operación de la Policial Estatal, Juan José Gatica Martínez.
Natividad Elías Moreno, operador de radio de la policía de Iguala y quien trabajaba en el Palacio Municipal la noche del 26 de septiembre, explica en entrevista que el C4 del municipio está conectado al Sistema Nacional de Seguridad Pública, controlado por la Segob. Afirma categórico que todos los reportes que llegan al C4 van simultáneamente a la PF, al Ejército y a las instancias federales de seguridad.
El pasado 7 de noviembre el procurador general Jesús Murillo Karam afirmó que el “operador de radio de la central de policía de Iguala, David Hernández Cruz”, declaró que fue Abarca quien ordenó el ataque a los estudiantes. De acuerdo con la copia obtenida por este semanario de la “orden de los Servicios Operativos de Vigilancia, así como de los Servicios Administrativos”, ningún empleado de dicha corporación tiene ese nombre.
Los documentos obtenidos indican que desde el 28 de octubre la Segob y el senador priista Omar Fayad –cabeza del grupo de trabajo encargado de indagar lo ocurrido en Iguala– recibieron el informe pormenorizado del gobierno de Guerrero.
El segundo ataque
El segundo ataque tuvo lugar unas cuadras antes de llegar al Periférico de Iguala. Las balas impactaron los vidrios de los vehículos, poncharon las llantas y una patrulla municipal le cerró el paso a la caravana de tres autobuses. En una acción coordinada y táctica los estudiantes quedaron atrapados entre dos fuegos, sin posibilidad de escapar.
Algunos estudiantes intentaron mover la patrulla municipal, pero les dispararon. El normalista Cornelio Copeño dijo que ese fue el momento en el cual su compañero Aldo Gutiérrez recibió el disparo en la cabeza.
Los 12 videos obtenidos captaron la agresión. En un audio sin imagen se escuchan las ráfagas. En otro se ve a Aldo tirado al lado de una patrulla agitando los brazos. Y en una grabación más se escucha que los estudiantes reclaman a los policías por qué recogen los casquillos percutidos.
El tercer autobús fue el más dañado. Asientos y pasillos quedaron manchados de sangre, como se ve en las fotografías tomadas por los estudiantes. Fue de ahí de donde se llevaron a algunos de los 43 desaparecidos.
El estudiante Francisco Trinidad Chalma declara que durante el segundo ataque “policías municipales” bajaron a sus compañeros y en el costado izquierdo del camión los tenían sometidos. “Eran como 17 o 18 y policías eran alrededor de 60. Al parecer había compañeros heridos porque los tuvieron un rato en el suelo”.
Otros testimonios de los mismos estudiantes hablan de “patrullas municipales” y “más patrullas”, y afirman que algunos atacantes estaban equipados con pecheras, rodilleras, cascos, coderas y pasamontañas, y una patrulla traía un soporte para ametralladora desde donde un uniformado los encañonó. Otros agregan que los policías adoptaron posición de tiro. Se investigó que la Policía Municipal de Iguala no usa ese equipo ni éste forma parte de los objetos asegurados por la fiscalía.
“Pregunté quiénes habían sido los que les habían disparado, manifestándome los compañeros que habían estado en el lugar de los hechos que primeramente fueron los policías municipales, quienes con un vehículo tipo patrulla les obstaculizaron la circulación, y unos compañeros se bajaron a hacer la patrulla a un lado para que los dejaran pasar, y que al momento de que intentaron mover la patrulla (…) llegaron elementos de la Policía Federal y ellos fueron los que dispararon en contra de mis compañeros, hiriendo a varios de éstos, y resultó muerto uno de ellos, sin saber el nombre de éste, por lo que los demás compañeros se bajan de los autobuses y salen corriendo para protegerse de las balas de los federales, por lo que se pusieron atrás de los autobuses y otros se tiraron al piso, y que uno de los federales se puso a fumar un cigarro en una esquina, y haciendo ademanes de que se arrimaran, ya de ahí los federales empezaron a recoger los casquillos para no dejar evidencias de los hechos”, declaró a la fiscalía el estudiante Luis Pérez Martínez.
Un testigo entrevistado por Proceso señala que fue a ver qué pasaba. Cuando llegó, la calle estaba cerrada por policías encapuchados, con armas largas, uniformes oscuros y se fijó en el detalle de que no usaban pantalones como los de los policías municipales. Uno de los videos revisados por los reporteros demuestra que entre los atacantes sí había agentes de la PF.
Se buscó en la Normal de Ayotzinapa a los estudiantes que estuvieron durante los tres ataques ocurridos en la calle Juan N. Álvarez, pero no fue posible localizarlos pues a la mayoría de ellos sus padres los sacaron de la escuela poco después de que los jóvenes declararon ante las autoridades, la mañana del 27 de septiembre, a las cuales, por temor, les dieron nombres falsos.
Vidulfo Rosales, abogado de los normalistas y de los padres de los desaparecidos, dice a Proceso que tras el ataque hubo confusión y miedo, pero que desde un inicio los estudiantes declararon que la PF participo en el ataque. En los últimos días de noviembre los jóvenes ampliaron sus declaraciones ante la PGR para dar más detalles de la participación en los hechos de la PF y el Ejército.
Municipales y Ejército
La base de la policía de Iguala está en el número 109 de Rayón, un callejón. La PGR sostuvo que esa noche los 43 estudiantes fueron trasladados ahí en patrullas y después fueron entregados a Guerreros Unidos.
La base tiene una sola entrada y por su portón no caben las camionetas con roll bar que usa la Policía Municipal. Esto se verificó pues la PF, que ahora resguarda esas instalaciones, usa el mismo tipo de unidades y éstas no pueden pasar. Los detenidos son bajados en la calle y entran caminando.
Por dentro las oficinas de una sola planta forman una especie de escuadra y todas tienen vista a un patio abierto con forma triangular al cual también tienen vista las casas aledañas. Los vecinos afirman a este semanario no haber visto ni escuchado nada fuera de lo común esa noche.
Ante diputados federales, el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, afirmó el 13 de noviembre que el 27 Batallón de Infantería supo del ataque dos horas después de ocurrido. Pero según esta investigación, los militares sí fueron informados a través del C4 y comandos del batallón estaban en la zona cuando todo pasó.
Luego del segundo ataque, entre las 23:00 y las 24:00 horas, un capitán del que sólo se conoce el apellido, Crespo, del 27 Batallón de Infantería, llegó a la base de la Policía Municipal de Iguala junto con otros 12 militares.
Crespo habló con el juez de barandilla Ulises Bernabé García y con el pretexto de buscar “una motoneta blanca” se metió a inspeccionar las celdas, oficinas y el patio. Testigos de la visita del capitán dijeron que después de que se supo de la desaparición de los estudiantes, les pareció más sospechosa.
El 21 de noviembre Bernabé García fue citado a declarar por primera vez por una autoridad desde que ocurrieron los hechos. Dijo a la PGR lo ocurrido con el capitán Crespo y afirmó que los estudiantes de Ayotzinapa nunca fueron llevados a la base de la Policía Municipal.
El 30 de octubre a las afueras de Iguala fue colocada una manta dirigida a Peña Nieto supuestamente firmada por un narcotraficante apodado El Gil. En ésta se responsabilizó de la muerte y desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, entre otros, al “capitán Crespo”, a quien se acusó de trabajar para el crimen organizado.
A las 23:00 horas Omar García y otros estudiantes de Ayotzinapa llegaron a Iguala luego de recibir llamadas de auxilio de sus compañeros. Hubo una hora sin disparos y ya no se veía a ningún policía. Los normalistas llamaron a la prensa y mientras daban una conferencia en la esquina del Periférico y Juan N. Álvarez, un comando abrió fuego contra ellos a distancia. Cuando echaron a correr hubo varios heridos y dos estudiantes cayeron muertos: Daniel Solís y Yosivani Guerrero.
El cuerpo de Julio César Mondragón, el tercer estudiante asesinado, apareció al día siguiente en las inmediaciones del C4 con el rostro desollado y con un globo ocular desprendido. No tenía ningún disparo y según la necropsia murió por fractura de cráneo.
García dice a este semanario que quienes dispararon era gente entrenada: “Es obvio que era gente muy capacitada; he sido testigo de muchas balaceras en muchos lugares”, afirma.
“El Ejército llegó rápidamente. Entró. Cortaron cartucho a modo de que iban, no sé, contra delincuentes, nos acusó de que estábamos allanando morada, que nos iban a llevar a todos, pues que éramos delincuentes”. Señala que los obligaron a quitarse la camisa, revisaron si traían armas, les tomaron fotografías y les pidieron sus nombres reales.
“‘No quiero que me den nombres falsos porque si me dan un nombre falso, nunca los van a encontrar’. Eso lo dijo así, textualmente”, afirma Omar. “Nos estaban insinuando que nos iban a desaparecer o que nos iban a tener en algún lugar”.
Simultáneamente al tercer ataque hubo una cuarta agresión contra uno de los camiones de normalistas que tomó hacia Periférico Sur. De acuerdo con el informe de la Fiscalía de Guerrero, el camión Estrella de Oro fue atacado en el tramo Iguala-Mezcala, tenía vidrios rotos y llantas ponchadas. Se localizaron piedras, un suéter, un pañuelo y ocho playeras, una de ellas con sangre y residuos de gas lacrimógeno, el cual tampoco usa la policía de Iguala.
Tras los hechos del 26 y 27 de septiembre, el jefe de la base de la PF en Iguala, Luis Antonio Dorantes y el oficial Víctor Colmenares fueron removidos de sus cargos, se informó a Proceso en la base policiaca.
Se solicitó a la PGR y a la Segob un comentario sobre la participación de la Policía Federal y el Ejército en el ataque a los normalistas. En nombre de la procuraduría, un funcionario aceptó fijar una postura “institucional” y exigió su anonimato personal.
Dijo que el procurador Jesús Murillo Karam ya había señalado que “las investigaciones continúan y que van a llegar hasta sus últimas consecuencias”. La respuesta a las preguntas planteadas forma parte de esa investigación, agregó la fuente, y “por tanto nada podemos decir”. l
