martes, 6 de octubre de 2009

Deudos de niños muertos en guardería ABC cuestionan actuaciones judiciales


Angélica Enciso y Ulises Gutiérrez Ruelas
Reportera y corresponsal
A cuatro meses del incendio en la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, que provocó la muerte de 49 niños, unas 60 personas realizaron ayer una marcha de las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al Zócalo, la cual fue encabezada por Julio César Márquez y Abraham Fraijo, padres de dos de los menores que fallecieron.

Abraham Fraijo, padre de Emilia Fraijo Navarro, de tres años, afirmó que tienen confianza en que habrá apoyo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura “para la reclasificación del crimen, que cambie de culposo a doloso”.

Añadió que los 30 padres que no han aceptado el fideicomiso están en contra de la actuación de los jueces en Hermosillo, quienes impusieron una fianza de 2 mil pesos a los dueños de la guardería para salir en libertad, una vez que fueron detenidos.

“Si no es grave la muerte de 49 niños, entonces no entiendo. Es como una patada en el estómago cada vez que (...) jueces en Hermosillo” emiten resoluciones como ésa, agregó en entrevista.
En Hermosillo, ocho padres de víctimas de la guardería, integrantes del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, acudieron al juzgado primero de distrito para presenciar la comparecencia del arzobispo Ulises Macías Salcedo, la cual no se realizó debido a la ausencia de los abogados de los dueños de la estancia. Los afectados consideraron que se trata de una “práctica dilatoria”.

El prelado –quien sí acudió– fue requerido por el juez Raúl Martínez Martínez para corroborar si fue autor de una carta para avalar la “calidad moral” de los dueños de la estancia infantil; Sandra Lucía Téllez, Antonio Salido Suárez, Gildardo Urquídez, Marcia Matilde Gómez del Campo Tonella y Alfonso Escalante Hoeffer.

Los padres de víctimas informaron que tramitan una audiencia con el papa Benedicto XVI, para agradecer una carta de condolencia que envió hace tres meses y denunciar la defensa que los arzobispos de Hermosillo, el emérito Carlos Quintero Arce y el que está en funciones, Macías Salcedo, hacen de los propietarios de la guardería ABC.

Criminalización del aborto aproxima a México a un Estado totalitario: Valadés

Elizabeth Velasco C.






La criminalización del aborto en 16 entidades federativas acerca a México a lo que se conoce como Estado totalitario, advirtió ayer el académico Diego Valadés, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).



El especialista en derecho constitucional estimó que la penalización del aborto es “poco responsable y respetuosa, y puede generar en el futuro tensiones imprevisibles e impredecibles en cuanto a su magnitud”.




En entrevista con La Jornada, en la Facultad de Derecho de la UNAM poco antes de comentar el libro La despenalización del aborto en la ciudad de México: argumentos para la reflexión, hizo un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que, con motivo del recurso de inconstitucionalidad promovido por el procurador de derechos humanos en Baja California, “se pronuncie y resuelva, como es razonable que lo haga, acerca de la inconstitucionalidad de las reformas que se han llevado a cabo en los estados”.



Después, durante su conferencia, propuso reformar el artículo cuarto de la Constitución, para que su contenido “no sea controvertible por cualquier persona razonablemente liberal, y diga: ‘Toda persona tiene derecho a la libertad sexual y reproductiva, y a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos’”.

Tras señalar que así se podría dar marcha atrás a la criminalización del aborto, indicó que es falso que si 18 entidades lo penalizan, se pueda imponer en el país ese criterio: “eso no les quita la inconstitucionalidad”.



Añadió que la penalización del aborto refleja que hay una tendencia fuerte a imponer criterios de un Estado confesional.



“En términos literales se puede afirmar que esas acciones son una contrarreforma en México: no sólo responden a la reforma que en 2007 se aprobó en el Distrito Federal. También van en contra del Estado secular mexicano y en contra de la democracia consensual que nuestra Constitución ha establecido.”



Recordó que la democracia contemporánea mexicana se basa en el respeto por las decisiones de las mayorías, al igual que garantiza los derechos de las minorías.



Aseveró que las reformas para penalizar el aborto, compartidas e impulsadas conjuntamente por el PAN y el PRI, son “muy imprudentes y tienen dos aspectos altamente negativos: representan el desconocimiento de los derechos de la mujer y desnaturalizan la función de los órganos de representación política.



“El resultado de esa reforma se puede considerar totalitarista, porque el Estado mexicano en 16 entidades del país está disponiendo del cuerpo de las mujeres. Ésa es una medida totalitaria.”


Nava diseñó y financió la campaña opositora en el SME: Martín Esparza



Aseguró tener pruebas de que el gobierno federal intervino para que se le negara la toma de nota.

La Jornada En Línea
Publicado: 06/10/2009 10:45

México, DF. Martín Esparza, a quien la Secretaría del Trabajo le negó ayer lunes la toma de nota como secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, acusó al actual líder nacional del PAN, César Nava, de haber diseñado y financiado, cuando éste era secretario particular del presidente Felipe Calderón, una campaña en su contra a través de su contrincante en el proceso de renovación sindical, Alejandro Muñoz.

En declaraciones para W Radio, Esparza también dijo que detrás de la decisión anunciada ayer por Javier Lozano está la intervención del gobierno federal. Incluso, dijo tener pruebas de sus dichos.

Con relación a las inconsistencias en la elección sindical que el secretario del Trabajo señaló la víspera, el líder del gremio aclaró que 66 mil 370 trabajadores tienen derecho al voto y que sólo 55 mil 500 de ellos ejercieron este derecho.
Loinzano alnarcon-Fisgón



Tras el SME-Hernández



Astillero



Los de arriba
Oaxaca, nomás tantito
¿Limosneros sin garrote?
CalNerón baja el pulgar
Julio Hernández López




Zzzzzzz. Silencio, que la Suprema Corta duerme (o ha sido dormida). Mariano ¡ah, suela!, el ministro de los servicios jurídicos pizzeros (cuando era presidente de la SC se entregaba a Los Pinos en menos de media hora o la sentencia era gratis) supuró 923 páginas de sesudo estudio jurídico para determinar que en Oaxaca no había pasado nada demasiado grave durante la represión de 2006 a 2007. Bella pieza de labradas exculpaciones (Los de arriba) que habrá de ser sometida a discusión y votación del resto de los ministros durmientes en esta semana. ¿Dictamen, dicen que se llama oficialmente lo que ha emitido el empresario socialmente responsable apellidado Azuela (es presidente honorario de la derechista Unión Social de Empresarios Mexicanos)? Bah: ejemplo escandaloso de evasión social, de estupefacción mediante el uso de las drogas de la legalidad, pérdida de tiempo y de recursos económicos para desembocar en un platillo ligero que en realidad es simplemente una confirmación más de que en esta Patria nuestra tan agraviada no hay esperanza real de justicia.
Golpizas, secuestros, tortura, muerte y violaciones diarias, sistemáticas, de los derechos humanos, pero el ministro dictaminador nomás propone a sus colegas que se castigue a algunas piezas menores, la más alta de ellas quien era jefe policiaco federal de la plaza, Ardelio Vargas Fosado, quien oportunamente fue “blindado” para que las “indagaciones” y “propuestas de castigo” de la antedicha Corte Corta no le alcanzaran, pues ya es diputado federal (por el PRI y por un distrito poblano) y ni más ni menos que presidente de la comisión de la defensa nacional de esa cámara. Chente Box puede seguir disfrutando su riqueza sexenal en la máxima tranquilidad conyugal y Uh! Lises Ruiz puede seguir hinchando sus cuentas personales y desviando el dinero oaxaqueño para proyectos electorales en toda la República. Los policías sí se mandaron solos en aquella represión histórica, y la culpa toditita es de quienes no atendieron los discursos de buena voluntad de los jefes políticos (bueno, al gobernador sí se le reprocha que no haya tenido un cuerpo de agentes especializados en atender sin tanta violencia los desbordamientos sociales). Zzzzz. Silencio, que la justicia duerme.
De puntitas también hay que caminar mientras al licenciado CaldeDos% se le pasa el coraje porque los desconsiderados mexicanos no quieren cooperar para que tenga dinero para combatir la pobreza que él mismo ha agravado durante su catastrófico trienio recortado. Un esfuercito, por el amor de Dios, pide el deshauciado fiscal. Pero, al ver que el sombrero extendido sigue vacío, y que el poder real lo tienen los gobernadores priístas a través de sus bancadas legislativas, se irrita y les advierte que no se vale andar luego con que quieren más dinero para sus estados o para obras si antes no hicieron aprobar nuevas formas de recaudación mediante impuestos: coopelen en San Lázaro para que Carstens no les dé cuello. Felipe está que truena (es decir, por tronar) porque sabe que su paquetazo de ilusión económica no pasará tal como él lo había pensado y que una vez más en tan poco tiempo quedará exhibido como el despojado de poder que ya es. Pero, por lo pronto, la magna campaña de chantaje nacional tuvo una resonancia vergonzosa a través de un gobernador presuntamente llegado al poder con los “ideales” del PRD, el chiapaneco Juan Sabines, que nuevamente se ha puesto de tapete, más negro que amarillo, para apoyar al emberrinchado Felipillo en su asunto ése del 2 por ciento general.
En las alturas llameantes (oh, cuán lindo es tocar la lira y disfrutar una cálida vista), el licenciado CalNerón ha bajado el pulgar laboral para condenar al Sindicato Mexicano de Electricistas a acompañar al de los trabajadores mineros napoleónicos en el circo romano donde los gladiadores institucionales usan las tomas de nota de representación sindical como instrumentos de agresión y donde todos los recursos legaloides a la mano de las autoridades serán usados para doblegar a los sentenciados a muerte política y económica. Muchos son los móviles: la búsqueda de desarticular una fuerza organizada que normalmente camina hacia la izquierda, sobre todo en comicios; la creación de más problemas a la capital del país, que está en la mira de la derecha, y la siembra de presuntas razones que abonen el camino a futuros intentos privatizadores. En ese contexto, el mini césar está dando un paso peligroso hacia la conversión de los problemas económicos en crisis social y su correspondiente resistencia organizada, pero tales prodigios de visión no se les dan a los imperiales funcionarios de apellidos Calderón y Lozano. El dedo ha ordenado el arrojo a los leones. Silencio y a cumplir (al menos, eso creen ellos, o creerán por algunos días u horas, mientras se dan cuenta de que lo que ellos habían considerado fanfarrias –el quinazo del sexenio, anuncian los periodistas e intelectuales oficialistas– en realidad eran los tambores, que ellos tensaron, de la movilización y la protesta que puede extenderse). Zzzzzzz.
Y, mientras se han reunido en la capital del país los gobernadores y los coordinadores legislativos del PRI, para decidir ya en serio qué hacer con la economía mexicana, más allá de ocurrencias y berrinches del Solitario de Los Pinos, y mientras la empresa española Befesa trata de cobrar 270 millones de dólares al ayuntamiento de Zimapán, Hidalgo, como indemnización porque una larga lucha popular le ha impedido a esa firma instalar un confinamiento de desechos tóxicos que era un atentado contra la salud pública de ese lugar, ¡hasta mañana, en esta columna que ve la entrega de la medalla Belisario Domínguez a quien fue secretario de hacienda, Antonio Ortiz Mena, como parte de la campaña de “sensibilización” nacional de que los tiempos priístas del “desarrollo estabilizador” eran mejores y, por tanto, deben volver!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx

¡ No a la disminución del presupuesto a la Educación Superior !


¿ Medición o publicidad a favor del negocio ? . "Se desploma calidad en escuelas públicas"


Nurit Martínez
El Universal
Martes 06 de octubre de 2009
nurit.martinez@eluniversal.com.mx
La brecha cualitativa entre la educación pública y privada en México creció. Según los resultados de la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE), los estudiantes de primaria y secundaria en escuelas particulares tienen un nivel de aprendizaje en las materias de Español, Matemáticas, Formación Cívica y Ética, superior en más de 100 puntos en promedio, a los de planteles públicos.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) reveló que los datos disponibles indican que, en el caso de las primarias, el avance en el desempeño de los estudiantes de todo el país se advierte, en mayor medida, en el sistema particular, no así en los llamados planteles de educación para los indígenas o para los que están ubicados en las zonas de alta marginación, rezago y pobreza.

Los cuadros estadísticos de la propia secretaría refieren que el desempeño de los alumnos de las primarias particulares fue superior en 145 puntos en promedio a los de las escuelas públicas en las materias de Matemáticas y Español. En el caso de secundaria, la diferencia en el desempeño fue de alrededor de 85 puntos en ambas materias, también a favor de escuelas privadas.

Al evaluar por primera vez en el país la Formación Cívica y Ética, la SEP encontró que los estudiantes de escuelas privadas lograron mejor aprendizaje, que en la prueba se traduce en 59 puntos de diferencia.

Después de aplicar un filtro cualitativo en todas las escuelas donde se aplicó la prueba ENLACE, la SEP elaboró un ranking para ubicar la mejor escuela primaria del país, que resultó el colegio privado Niños de México, del Distrito Federal, con 775.9 puntos en promedio; mientras que la telesecundaria pública (941) 20 de Noviembre de Chiapas fue la mejor de su nivel al alcanzar 746.8 puntos.

El secretario de Educación, Alonso Lujambio, informó que 90.6% de los estudiantes de secundaria tiene un nivel insuficiente y elemental en la materia de Matemáticas.

Columna Asimetrías ¿Qué Pensamos los Mexicanos?

Por Fausto Fernández Ponte

05 octubre 2009
ffponte@gmail.com
“El 94 por ciento de la ciudadanía piensa que los políticos corruptos son el problema más grave de México; y el 68 por ciento que los políticos son el mayor obstáculo a nuestro desarrollo”.

Pew Research Center.

I

Uno de los obstáculos metodológicos mayores en la práctica de medir o sondar el sentir y el parecer colectivos es la de establecer el grado de fidelidad del atributo principal de la muestra demográfica que es su representatividad. Si ésta no es fiel, el escandallo arroja resultado falso.

Para aquellos caros leyentes no familiarizados con la jerga marítima, el escandallo es un enser de pilotaje. Es la parte final de una sondaleza –o cabo-- que sirve para recoger partículas del lecho marino que indicarían si las condiciones son favorables o desfavorables para fondear o anclar.

Por añadidura, en el caso de quienes acometen, como personas físicas o morales, la empresa de sondar sentires y pareceres públicos, esa práctica arroja resultados que son, a no dudarlo, consecuencia de la formulación y sentido de las preguntas.

En el periodismo, los profesionales del oficio –por lo menos los de la generación de éste escribidor, por concluir ya seis décadas de versátil y polifacético ejercicio en México y Estados Unidos-- ronda la estantigua siempre elusiva de las fuerzas de la subjetividad.

Cierto. Esa subjetividad es evidente en las entrevistas –esencial para cualquiera de los géneros periodísticos-- y, desde luego, también en el acopio mismo para discernir el qué, el cuándo, dónde, quién, cómo y hasta el por qué de los sucedidos y su desarrollo.

En el periodismo es axiomático el aforismo de que “el entrevistado le dirá al entrevistador lo que éste quiera dependiendo de cómo se formulen las preguntas”, al cual sumaríase otro: “En periodismo no hay malas preguntas, sino malas respuestas”.

Por supuesto, en el ejercicio del periodismo esas tentaciones de las fuerzas de la subjetividad están afortunadamente constreñidos por los códigos de ética a los que, es lamentable reconocerlo, no todos los periódicos impresos, de radio, televisión e Internet se ciñen.

Algunos sondadores del sentir y el parecer de la gente incurren incluso en prácticas que, añadidas a las deficiencias propias de ciertas metodologías aplicadas, someten sus empeños profesionales al gusto del cliente. Ello produce sondeos favorables al interés del cliente.

II

Casos en punto: algunas empresas sondadoras informan que lo que sus escandallos recogen del fondo de los sentires y pareceres de la ciudadanía indican que las propuestas del llamado “paquete económico” –aumento de impuestos al consumo-- ha sido bien recibidas por el pueblo.

Otros sondeos arrojan resultados que antojaríanse increíbles: que Felipe Calderón, considerado desde 2006 un mandatario espurio por millones de sus compatriotas, goza de alta popularidad. Ésta se discierne con arreglo a las preguntas y las condicionales gramaticales.

No huelga mencionar que esos sondeos son contratados por el cliente, en el caso el propio don Felipe (o el Poder Ejecutivo o alguna dependencia de éste) o interesados afines empeñados en halagar al Presidente espurio o en engañarse a sí mismos o contrarrestar tendencias.

Esto último –contrarrestar tendencias-- es parte diríase que intrínseca de otra práctica muy común en la vida política conocida como desinformar, gemela de otra Gorgona igualmente deleznable: sobreinformar, abrumando al destinatario de noticias. Para anestesiar conciencias.

Y es que anestesiar conciencias es, a su vez, otra práctica utilizada extensamente por el poder político del Estado –cualquier Estado-- o algunas facciones o incluso ciertos personeros movidos por un fin individual o personal, de índole ideológico-política o crematística (por corrupción).

El bombardeo constante –sistemático y, a la vez, sistémico-- de hechos y sucedidos reales y/o supuestos, trascendentes y/o intrascendentes y pueriles, confundidos y sin una taxonomía lógica, le impide al consumidor de contenidos identificar los mensajes reales; absorbe y asume éstos.

Así es. Le impide al destinatario –lector, escuchante o mirante— distinguir e identificar los componentes del contexto dentro de los cuales se registran los hechos y ocurren los sucedidos; impide también discernir relaciones y concatenaciones entre éstos ni sus efectos y consecuencias.
III

Sondar las profundidades de los sentimientos y las emociones de un grupo societal es hoy práctica muy generalizada no solamente en la política, sino en principalmente en el comercio para discernir inclinaciones, preferencias y vocaciones e incluso creencias y convicciones públicas.

Mas el hecho mero de sondar implica inducir conductas, lo cual constituye una manipulación aviesa –intencional— y/o simplemente por omisión y como secuela imprevista. La práctica de inducir conductas y manipularlas es para vender ora un bien, ora un servicio, ora un candidato.

O vender una idea. Ello enuncia que sondar es, insoslayablemente, un medio de control social con fines políticos, independientemente de cómo lo describan y entiendan sus propios practicantes, los profesionales en el uso del escandallo social u otras herramientas.

Dicho de otro jaez, caro leyente: la filosofía y la racionalidad del ejercicio de sondar los fondos abisales y laberínticos del pensamiento del mexicano es tarea dificilísima. Tendría, tal vez, más suerte en ese empeño un aurúspice o en experto en quiromancia o, quizá, un filósofo avisado.

Sondar, empero, no es un oficio estéril. No lo es para los intereses creados que inducen la manipulación de lo que en el fondo recoja un escandallo, interpretando sofisteramente lo recogido. Tampoco lo es para los exégetas imparciales. No es vano, mas no es “la verdad”.

Sondar no es una acción conclusiva en la dialéctica de lo definitivo. Los resultados son sólo indicadores de algo prospectivamente posible y en no pocos casos probable. Son tendencias en el desarrollo de eslabonanientos de causas y vectores concurrentes a un desenlace en formación.

Pero volvamos al punto de partida: la clave subyace en las preguntas; éstas, por lo general, carecen de contexto: ningún sondador inquiere, v.gr., si el entrevistado tiene conciencia de que el statu quo de opresión o cómo definiría ésta. Por ello, las respuestas como las del epígrafe.

Los políticos corruptos son un problema grave, pero no el más grave; éste es en realidad la ausencia, por motivos que fueren (inconsciencia/negligencia), de voluntad política ciudadana para resolverlo. Los políticos corruptos, desde Carlos Salinas hasta don Felipe, se ríen de nosotros.

Saber qué pensamos los mexicanos acerca de nuestra realidad es muy importante, pero lo es más que los 78 millones de ciudadanos (en un universo de 110 millones de habitantes) convirtamos nuestros pensamientos en acciones para romper el cerco del statu quo opresor.

ffponte@gmail.com

www.faustofernandezponte.com

Exime dictamen de la Corte a Vicente Fox y Ulises Ruiz de represión en Oaxaca

JORGE CARRASCO ARAIZAGA
MÉXICO, D.F., 5 de octubre (apro).- En Oaxaca sí hubo violaciones graves a los derechos humanos durante el conflicto de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO), en 2006 y 2007, pero ni el expresidente Vicente Fox ni el gobernador Ulises Ruiz son responsables.

Esa fue la conclusión a la que llegó el ministro Mariano Azuela Güitrón en el proyecto de resolución del "caso Oaxaca", que entregó al pleno de ministros y que será discutido a partir del próximo martes 13.

El proyecto fue colocado este lunes en el portal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y en él Azuela mantiene la línea que ha seguido el máximo tribunal en estos casos: ubicar las responsabilidades en los mandos medios operativos y deslindar por completo a las autoridades políticas federal y estatal, tal como sucedió en el "caso Atenco".

Según Azuela, "ni el gobernador del estado ni los servidores de la Federación que intervinieron resultan responsables de la violación generalizada de garantías, toda vez que no fue producida por ellos de manera directa ni tampoco incurrieron en una omisión absoluta, sino que se trató de resultados indeseados".

Las máximas autoridades federales a las que llegó Azuela, como "participantes presumiblemente" en la deficiente planeación y supervisión de los operativos, son Ardelio Vargas Fosado y el general Héctor Sánchez Gutiérrez.

Vargas Fosado es ahora diputado del PRI y flamante presidente de la Comisión de Defensa Nacional. En Oaxaca estuvo a cargo de los operativos como jefe de Estado Mayor de la entonces Policía Federal Preventiva (PFP).

El general Sánchez Gutiérrez, quien entonces era coordinador de Fuerzas Federales de Apoyo de la PFP, acaba de ser designado titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Campeche, en el nuevo gobierno del estado.

Ambos funcionarios dependían del entonces secretario de Seguridad Pública y hasta el mes pasado procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, quien en el proyecto de Azuela queda libre de cualquier responsabilidad. En cambio, identifica a 12 elementos de la PFP como "presuntos partícipes" en los operativos.

Respecto del gobierno de Oaxaca, el proyecto –de 923 páginas– deslinda por completo al secretario de Seguridad Pública y al procurador General de Justicia, a pesar de que elementos a su cargo participaron en los operativos. Identifica a 28 de ellos.

Sin mencionar responsabilidades, señala que en el operativo del 14 de junio de 2006 participaron el director general de Seguridad Pública, José Manuel Vera Salinas; el director de la Policía Ministerial, teniente de navío José Moreno Rivas, y el director de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial, Joaquín Darío Berges y Dorantes.

También identifica a los mandos Juan Benigno Villalobos, Felipe Gómez Julián, Ednorberto Juan Zacarías, Pedro Cruz Francisco, Manuel Rodríguez Sotero, Gonzalo Ríos López y Armando Cruz Sánchez.

Azuela, quien el 30 de noviembre se jubila como ministro, acota todavía más: "Corresponderá a las autoridades competentes realizar la imputación concreta según las responsabilidades que puedan resultar (civil, penal, administrativa o política)", pues establece que hubo "violación grave de garantías" por el "proceder activo o pasivo de las autoridades".

El ministro que de último momento desechó participar en la contienda por la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sólo encuentra en Ulises Ruiz la responsabilidad de no contar con una policía eficaz y profesional capaz de controlar un conflicto como el ocurrido entre mayo de 2006 y enero de 2007.

Precisa que Ruiz sí fue una autoridad participante, pero su actuación "debe estimarse atenuada", debido a que carecía de recursos presupuestales para satisfacer las demandas de la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, origen del conflicto.

Además de destacar la intención de las autoridades federales y estatales de dar una "solución efectiva a las demandas o conflictos sociales", dice que cuando éstas "determinaron hacer uso de la fuerza pública para solucionar el conflicto social… en la ejecución correspondiente se incurrió en actos que además de denotar falta de eficiencia y profesionalismo de los cuerpos policíacos, provocaron la violación de garantías… y que por sí mismas constituyen una grave infracción al texto constitucional".

Precisa: "En el operativo del 26 de noviembre de 2006 algunas personas fueron objeto de tratos crueles e inhumanos durante su detención y traslado a los penales correspondientes".

Igualmente, añade, que "se advierten excesos en la represión a los inconformes, ya que se hizo uso de instrumentos tales como piedras, resorteras y bazucas…

"Se acreditó que hubo personas que presentaron lesiones graves que no guardaron proporción con el objetivo que se pretendía alcanzar mediante los operativos, además de que uno de estos fue fallido y lejos de contribuir a la solución del conflicto ocasionó más violencia y represión", generando "una situación de mayor desorden generalizado a la que existía antes del operativo".

Sin embargo, responsabiliza también a la APPO de haber suprimido derechos de la población: "Prácticamente se paralizó el estado de Derecho y se suprimió el goce de garantías, se afectó la vida de una comunidad sin que las autoridades impidieran que este estado de cosas continuara prevaleciendo".

Azuela dice que "no debe olvidarse la beligerancia" de la APPO, "incluso con matices de rebelión no únicamente en contra del gobierno del estado de Oaxaca, sino del gobierno federal, pues no debe pasarse por alto la intención de los inconformes de constituir una 'Asamblea Popular de los Pueblos de México'".

Según el ministro ponente, su objetivo era "extender el movimiento por todo el territorio nacional" y crear una nueva Constitución, pues "el movimiento tuvo por objetivo derrocar poderes constituidos".

Manipular información se hace costumbre panista

Ciudad perdida
El nuevo mensaje del miedo: contaminación del agua en el DF

Miguel Ángel Velázquez
La semana que pasó empezamos a vivir otro capítulo de la serie que desde todos los ámbitos del poder panista se ha desatado contra la ciudad de México y sus habitantes, y que busca, más que cualquier otra cosa, atemorizar a la gente que habita la capital del país.

Se trata, como quiera que se vea, de una nueva campaña de terror cuyo guión se escribió en los sótanos del poder azul, donde aún se concentra todo el odio político resultado de los fracasos de esa derecha por imponerse y dominar en el DF.

Se acabó Juanito, no se puede volver a amenazar con la influenza pues los resultados fueron económicamente nefastos; no es posible seguir con el asunto del sistema de distribución de agua potable, pues ya quedó demostrado que mientras se encendían las alarmas en la ciudad por parte de las autoridades federales, el sistema se reventaba en el estado de México... en fin, si no hubiera sido por el cártel del trife, listo a avalar las ilegalidades electorales del PAN, la derrota hubiera sido descomunal.

Ante la falta de argumentos, ahora, como el conejo del mago, de lo más oscuro de la chistera salta asustado Miguel Ángel Toscano para urdir el nuevo mensaje del miedo: el agua de al menos tres delegaciones está contaminada con caca.

Se hizo el escándalo, de eso se trataba –hubo quienes incluso de otras delegaciones diferentes a las que señaló el panista acusaron daños en su salud por beber agua proveniente de tinacos–, pero parece que nadie recuerda quién es Toscano, y principalmente a qué intereses obedece.

Por eso es necesario hacer memoria. Toscano fue diputado local hace ya dos legislaturas. Su paso por esa instancia fue algo menos que gris, aunque trató de montarse en todo lo que significara un escándalo que redituara en favor de quienes lo mandan.

Así, un día se lanzó con todo, contra todos, para denunciar que los diputados había recibido favores de las empresas tabacaleras con tal de que no impidieran que los anuncios de cigarrillos siguieran en la televisión. Contó en tribuna que con dinero de las empresas del tabaco los legisladores, incluyendo los de su partido, habían hecho viajes de ensueño y por ello peligraba la ley que prohibiría los anuncios de cigarros.
El escándalo fue mayor; allí mismo, en tribuna, se le exigió dar nombres, presentar pruebas. La acusación, por grave, planteaba una descomposición dentro de la asamblea que a todas luces era imperdonable. Toscano dio algunos nombres, pero aún con la presión encima, no pudo presentar las pruebas de su dicho. Cayó en el descrédito.

Es costumbre panista, ya se sabe, manipular verdades, chantajear, como se hace ahora con el tema de la pobreza, o mentir con impunidad –dirán que para eso es el poder–, pero ante la poca eficacia de la falacia, cada vez se inventa una nueva, más dañina, más terrorífica.

Esta vez más vale que Toscano haya mentido y enfrente las consecuencias de su dicho, pues de lo contrario no podrá explicar por qué ocultó la información sobre el agua casi tres meses, por qué no avisó de inmediato si tenía todos los datos. ¿Qué esperaba el funcionario de Calderón: que se diera una epidemia de enfermedades gastrointestinales, que hubiera muertos para culpar al gobierno de Marcelo Ebrard?

Si además de la irresponsabilidad en el manejo de la información, como es costumbre panista, ahora hay dolo, no bastará con la renuncia de Toscano. Las leyes tendrían que mirar su caso, aunque los jueces, como ya hemos visto, en esta administración estén por la ya establecida impunidad azul. Qué barbaridad.

De Pasadita

Hace algunos años, no muchos, la policía perseguía a los jóvenes de cabellos largos, o vestimenta fuera de lo común. Eran los tiempos anteriores al 68, y la policía preguntaba, antes de encerrar a los muchachos, si estudiaban o trabajaban, pues la vagancia era delito. Pasó el tiempo y ahora los encierran sin hacer aquella pregunta, por una razón sencilla: si no se les puede dar empleo ni escuela, el gobierno provoca la vagancia, el enojo, la violencia. Frente a esto las autoridades deberían ser más tolerantes, y cuando menos brindarles la ayuda necesaria para hacerles comprender, de alguna manera, cuáles son los tiempos que les ha tocado vivir, y no meterlos a la cárcel como han hecho las autoridades del DF. Ojo con eso.

ciudadperdida_2000@yahoo.com.mx • ciudadangel@hotmail.com

fuente : La Jornada.

Consuma Lozano embate contra el SME y desconoce a Esparza



En breve, la JFCA declarará nulas las elecciones

Patricia Muñoz Ríos

Como había anticipado el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, la dependencia a su cargo determinó negar la toma de nota a Martín Esparza Flores como secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y alertó, incluso, que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) “probablemente” en unas semanas más declarará nulas las elecciones de esta organización.

En una conferencia de prensa en la que Lozano sostuvo que la resolución que tomó la dependencia se debió a las “inconsistencias y deficiencias” en la información entregada, aseguró además que le tiene “totalmente sin cuidado la demanda de juicio político” presentada en su contra por el comité central encabezado por Martín Esparza pues, dice, no ha violado la autonomía sindical.

Al preguntarle por qué la dependencia ha entregado tomas de nota –incluso en forma anticipada– a líderes como el del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, el funcionario retó a que se le presente un solo caso en el que la STPS no haya hecho un examen minucioso para entregar este documento.

Señaló que luego de la negativa de la toma de nota, Esparza y su comité pueden recurrir al amparo directo, y que incluso “el 33 por ciento de los agremiados pueden convocar a una asamblea para solucionar todos los asuntos”. Dijo que falta por ver lo que resuelve la JFCA sobre el juicio entablado por Alejandro Muñoz para demandar la nulidad de las elecciones, y adelantó que “es posible y probable” que esta instancia ordene, hacia finales de octubre o principios de noviembre, que se reponga el proceso electoral en el SME.
En opinión del secretario del Trabajo, en este momento “Martín Esparza ya no es secretario general en funciones”, y en cambio “sí tienen la toma de nota otros funcionarios, como el tesorero Alejandro Muñoz”, quien es precisamente quien contendió contra Esparza en las elecciones por la secretaría general de la organización.

Alertó que el que no haya secretario general paraliza la situación financiera del sindicato, la canalización de recursos a las cuentas bancarias, así como la entrega de las cuentas sindicales a la organización, que significan una entrega mensual de 35 millones de pesos.

En cuanto a los organismos sindicales y políticas que apoyan al sindicato de electricistas, indicó: “El SME no equivale a Martín Esparza”, ya que “al menos la mitad de los agremiados están apoyando a otra corriente”. Recomendó además que todas las acciones y expresiones que decida realizar este grupo para defender sus posturas se hagan dentro del marco de la ley.

La Dirección General de Registro de Asociaciones halló que “hubo más votos emitidos que votantes válidamente adscritos en 9 de las 11 divisiones foráneas del SME, pues la suma de trabajadores activos y jubilados en estas divisiones es de 8 mil 572 agremiados… mientras se registraron 12 mil 399 votos”.

Además se presentaron tres listas de electores, en las cuales hay discrepancias; el acta de la comisión de escrutinio sólo contiene la firma de dos de los cuatro funcionarios sindicales, y hubo duplicidad de actas de las asambleas electoral y de toma de posesión, afirmó.