El país está indignado por el incendio de una guardería privada en el contexto de corrupción metainstitucional del panismo, que provocó la muerte, hasta ahora, de 44 niños, negocio del cual es codueña Marcia Gómez del Campo, prima de Margarita Zavala Gómez del Campo, esposa de Felipe Calderón, y más aún por las torpes maniobras de la pareja de Los Pinos por zafarse de su responsabilidad en los hechos delictivos.
1. El fuego que acabó la tarde del viernes 5 con la estancia infantil ABC de Hermosillo (Sonora), subrogada por el IMSS a unos influyentes, entre los cuales está una pariente de la esposa de Calderón, provocando la muerte de decenas de niños, ha terminado por evidenciar las consecuencias del desmantelamiento inmoral que en aras de intereses privados se hace de las instituciones del Estado –en este caso el IMSS–, supuestamente al aplicarse los dogmas monetaristas, pero también hasta dónde llegan los actos de perversión política del gobierno panista, y el nivel de corrupción y de cinismo inocultables de Felipe Calderón y de su grupo de allegados.
2. La indignación nacional es aún mayor porque este desastre evidencia que la nueva “clase política” neoliberal, de la cual el PAN es prototipo, lo único que busca al enquistarse en los puestos públicos es lucrar sin cortapisa ética y jurídica, aprovechándose del proceso de privatizaciones que se les han impuesto del exterior y que no les importa prevaricar con el patrimonio de la nación, como hace ahora con las instituciones y programas de salud y de seguridad social, que deberían ser prioritarias para cualquier gobierno.
3. El proyecto neoliberal, que ha fracasado estrepitosamente, ha supuesto en el mundo, como se conoce hasta la saciedad, el desmantelamiento de los estados nacionales al privatizar organismos, empresas y servicios públicos para hacer de éstos pingües negocios privados, en particular de los consorcios multinacionales y de las mafias de políticos que les sirven como instrumento, haciendo nulos los derechos de la sociedad y deteriorando las condiciones de vida de los pueblos, y esto se sigue haciendo de manera impune en México, a pesar de las gravísimas consecuencias que entraña.
4. El desmantelamiento del IMSS y del ISSSTE fue abordado desde los sexenios de Salinas y de Zedillo, y más claramente por el gobierno antinacional y corrupto de Vicente Fox y por la administración espuria de Calderón no sólo por cumplir con las exigencias del exterior, sino para satisfacer los intereses políticos y económicos de las mafias en el poder, y no les ha importado hacer esto en abierta violación al marco legal del país, pues al subrogar las guarderías del IMSS se está trastocando seriamente el orden jurídico del país, y esto no parece nadie estarlo percibiendo.
5. La subrogación de funciones del Estado no tiene cabida en el orden jurídico mexicano, y por eso mismo debería destituirse a Daniel Karam, titular del IMSS, y procederse jurídicamente contra sus predecesores. El mayor escándalo por el desmantelamiento del IMSS por la vía que se está haciendo es que se está procediendo con absoluta burla al orden constitucional con el objetivo de convertir los servicios públicos en negocios privados, actuándose no sólo de manera inmoral, sino ilegal, pues no hay sustento jurídico alguno, pues la subrogación es una figura del derecho privado, pero no tiene cabida en el derecho público.
6. El hecho de que la parentela de Calderón y de su esposa aparezcan cada vez más en casos de corrupción institucional, tal como acontecía con los Fox –la anterior pareja presidencial–, ha agraviado a los mexicanos en un aspecto tan sensible como es el del enriquecimiento ilícito de los funcionarios y de sus parientes en cualquier área, pero sobre todo en las de bienestar social, en especial cuando esto se produce al desmantelar las instituciones públicas, edificadas durante décadas por los gobiernos posrevolucionarios con la contribución y sacrificio de muchas generaciones de mexicanos, pero este caso ha ofendido gravemente al pueblo por las mentiras y actos demagógicos del gobierno de facto de Calderón al pretender soslayar su responsabilidad.
7. La reacción del gobierno ilegítimo panista ha sido la misma de los años del priísmo: interesarse en la impunidad de la clase política y de sus propios parientes antes que en las víctimas y en el desastre de las instituciones. Además de ser cesados algunos funcionarios federales y locales por las múltiples irregularidades con las que funcionaba la guardería subrogada, y de hacerse todos los dolientes, nada ha pasado. Luego de que su esposa Margarita declaró que no conocía a su propia prima (cuando notas periodísticas las evidenciaban haber estado juntas hace unos días en una fiesta familiar), de que la mayor parte de los medios y en particular el duopolio televisivo omitieran hablar de que la codueña del negocio de la guardería es la prima de la esposa de Calderón, y de que los voceros del gobierno federal insistieran en culpar al gobierno de Sonora por la tragedia –a pesar de ser un asunto federal–, la PGR ha concluido el 10 de junio que nadie irá a prisión por este caso.
8. La guardería es, a pesar de todo, un microcosmos que permite ver la realidad de México. Un caso de corrupción en apariencia menor como el que reveló este incendio, evidencia no sólo el proceso de abandono del Estado de sus responsabilidades subrogándolas anticonstitucionalmente, sino también el nivel de corrupción del panismo en el gobierno. Ahí están también, como otros botones mayores de muestra al lado del negocio de la prima de la esposa de Calderón, el de los mil 500 millones de pesos ganados por Diego Fernández de Cevallos a la SCT, ahora a cargo de su ex asesor Juan Molinar Horcasitas, o el de los contratos ilegales otorgados por Jesús Reyes-Heroles (director general de Pemex) a multinacionales con las cuales ha tenido negocios personales, o el de la vinculación de múltiples funcionarios panistas con el narcopoder que Calderón pretende combatir.
9. El incendio de la guardería de la parienta política de Calderón, que ha terminado por convertirse en una tragedia nacional, pues ha causado más víctimas que la epidemia de la influenza porcina (magnificada por el gobierno con aviesos propósitos políticos), evidencia que el país sigue inmerso en un proceso de ilegalidad cada vez mayor, de corrupción desenfrenada y de impunidad, y en el camino hacia una fascistización.
10. Pero lo más grave es que muestra que la estructura y las funciones del Estado están ya completamente trastocadas, dejando inermes a los mexicanos cuyos derechos fundamentales no se están sólo violentando, sino cancelando por el panismo en el poder.
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