lunes, 10 de diciembre de 2018

Ministro de la SCJN gana 600 mil al mes...pero no estudió ni maestría ni doctorado.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, gana 600 mil pesos mensuales y se opone a que la política de austeridad promovida por Andrés Manuel López Obrador se instaure en el Poder Judicial, donde los sueldos de jueces, ministros y personal en general son excesivos y en ocasiones rayan en lo ridiculo. 
Así las cosas, a pesar de que su sueldo es uno de los más altos de nuestro país, sea en el ámbito privado o en el público, el juez Luis Maria Aguilar Morales solo cuenta con licenciatura, no estudio ni maestría ni doctorado. Así lo muestra el currículum que la misma SCJN pone a disposición del público en general desde su sitio web.
Aquí puedes constatarlo:

Luis María Aguilar Morales

Nació en México, Distrito Federal, el 4 de noviembre de 1949. Sus padres Luis María Aguilar y Gómez, jubilado de la Suprema Corte, y María Elena Morales Béjar.
Estudios
Cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, de 1969 a 1973; se tituló el 25 de noviembre de 1974, con la tesis Los Alcances de la Fracción XIV del Artículo 27 Constitucional para Efectos del Amparo. Un estudio analítico y crítico de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la que se otorga legitimación procesal activa, en el juicio de amparo, a los pequeños propietarios que carecían de certificado de inafectabilidad.
Actividad Profesional
1971-1975. Abogado postulante.
1978. Asesor en la Dirección Jurídica de la Universidad Nacional Autónoma de México.
1978. Asesor Jurídico en la Dirección Jurídica de la Secretaría de la Reforma Agraria.

Exhiben a magistrado que contrató a 14 familiares y amigos en el Poder Judicial


En medio de la polémica por su franca oposición a reducir los salarios de los altos funcionarios y la elección para gobernador en Puebla, estalla un nuevo escándalo en torno al Poder Judicial; ya que se hizo público que un magistrado tiene a catorce familiares y allegados trabajando en este mismo sector.
Se trata de Francisco Arconedo Montero, titular del Tribunal Unitario del Trigésimo Primer Circuito, en Campeche. De acuerdo con un reporte periodístico del diario Reformael magistrado consiguió que sus tres hijos, tres sobrinos, su exesposa, dos de sus yernos, un compadre, dos comadres y hasta el esposo y el hijo de una de ellas consiguieran puestos en el Poder Judicial.
A pesar de la evidente influencia del magistrado Arconedo, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) determinó investigar solo dos de las catorce contrataciones sospechosas, argumentando que en algunos casos ya había proscrito la posibilidad de ejercer una sanción y pasando directamente por alto otras.
Solo dos consejeros, Felipe Borrego y José Guadalupe Tafoya, decidieron votar a favor de iniciar proceso contra todas las contrataciones. Este último declaró que esto probaría que el magistrado actuó con falta de profesionalismo, ya que de manera habitual se aprovechó de su cargo para que todos estos allegados trabajaran en el Poder Judicial.
En otras ocasiones en las que se ha acreditado que existieron contrataciones ‘cruzadas’ entre jueces, como en este caso, la sanción que se ejerció en contra de los culpables fue de tres meses de suspensión sin goce de sueldo.

Con información de Reforma y Regeneración.

En el Poder Judicial no sólo jueces y ministros ganan más que el Presidente

Detenida, la austeridad republicana
Resultado de imagen para poder judicial de méxico

 
Periódico La Jornada
Lunes 10 de diciembre de 2018, p. 4
Además de ministros, jueces, magistrados y consejeros de la Judicatura, dentro del Poder Judicial de la Federación hay servidores públicos con plazas que ganan por arriba de los 108 mil pesos que percibirá el Presidente de la República.
El reajuste a las prestaciones de servidores públicos para que no ganen más que el Presidente ha generado algunas molestias dentro del Poder Judicial de la Federación, al considerarse un poder independiente al Ejecutivo.
La magistrada Sonia Rojas Castro, del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de Sinaloa, interpuso un amparo el 15 de noviembre en contra de la Ley Federal de Remuneraciones; días después obtuvo la suspensión provisional, con lo que por el momento percibirá el mismo salario.
Después de ese amparo, se sumaron otras 512 demandas colectivas de amparo tramitadas por casi 3 mil jueces, magistrados, secretarios, actuarios y otros servidores que se verían afectados por dicha ley.
A ello se suma la acción de inconstitucionalidad que presentó el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por considerar que se podrían violar algunos derechos humanos reconocidos en la Constitución.
El viernes pasado el ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de oposición, y el máximo tribunal ordenó suspender la aplicación de la ley.
De acuerdo con el manual que regula las remuneraciones de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, un ministro percibe un sueldo neto mensual de 269 mil pesos, más un pago anual de 444 mil por concepto de aguinaldo y 554 mil por pago de riesgo.
Dentro de la Corte, el secretario general de acuerdos, el oficial mayor y el contralor perciben 152 mil pesos mensuales, y anualmente reciben 302 mil por aguinaldo-prima vacacional, y otros 428 mil por asignaciones adicionales.
El secretario jurídico de la presidencia recibe 149 mil pesos netos mensuales, más 313 mil por aguinaldo y 419 mil por asignaciones adicionales; un subsecretario general de acuerdos recibe 146 mil pesos mensuales, 313 mil por aguinaldo y 409 mil por asignaciones adicionales.
Un director general puede percibir un máximo de 142 mil pesos, 305 mil por aguinaldo y 399 mil por asignaciones adicionales; un secretario de la sección de trámite de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad recibe 129 mil pesos, con un aguinaldo de 257 mil pesos y 361 mil por asignaciones adicionales.
Por otra parte, un secretario de estudio y cuenta coordinador de ponencia tiene un salario mensual máximo de 132 mil pesos, más 278 mil pesos por aguinaldo y 370 mil por asignación adicional; mientras, un secretario de acuerdos de sala tiene una remuneración de 121mil pesos, un aguinaldo-prima vacacional de 252 mil y 338 mil por asignación adicional.
Un consejero de la Judicatura Federal gana 269 mil pesos mensuales, 444 mil de aguinaldo y 554mil por pago de riesgo; un titular de órgano auxiliar tiene un sueldo de152 mil pesos, 288 mil por concepto de aguinaldo-prima vacacional y 477 mil de asignación adicional; un magistrado de circuito recibe 145 mil pesos, más 280 mil de aguinaldo y 472 mil por pago de riesgo; un juez de distrito, 132 mil pesos, más 251 mil de aguinaldo y 422 mil por pago de riesgo.

AFORTUNADAMENTE AÚN HAY CLASES-Hernández

Aplazan pago de impuestos por más de 81 mil mdp

Tuvieron ventas por 2 billones 958 mil millones de pesos el año pasado
Se beneficiaron nueve corporativos
Foto


▲ Bolsa Mexicana de Valores, en la cual cotizan los grupos que se beneficiaron con el diferimiento de contribuciones .Foto Guillermo Sologuren
 
Periódico La Jornada
Lunes 10 de diciembre de 2018, p. 15
Sólo nueve grandes corporativos que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) concentraron el año pasado 81 mil 70 millones 700 mil pesos en impuestos diferidos, facilidad que otorga la ley para postergar el pago de contribuciones, pese a que en conjunto reportaron ventas por 2 billones 958 mil millones de pesos, cifra equivalente a 52 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, que se estima alcanzará 5.6 billones de pesos.
El monto de contribuciones diferidas el año pasado es ligeramente inferior a los recursos destinados a salud hasta el tercer trimestre de este año, cuando alcanzaron 89 mil 471. 5 millones de pesos.
Los informes anuales correspondientes a 2017 entregados a la BMV precisan que Grupo México, la minera más grande del país y la tercera productora de cobre más importante del mundo, reportó impuestos postergados por 31 mil 804 millones de pesos.
Por su parte, Cemex, líder global en producción y venta de cemento, concreto, agregados y otros materiales para la construcción, alcanzó 15 mil 801 millones de pesos en contribuciones diferidas.
En el caso de América Móvil, empresa de telecomunicaciones con presencia en 18 países de América, mantuvo impuestos postergados por 11 mil 997 millones de pesos.
Fomento Económico Mexicano (Femsa), compañía que opera en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Uruguay y Venezuela, con tiendas de proximidad como Oxxo y que comercializa jugos, agua embotellada, bebidas energetizantes y refrescos, entre éstos Coca-Cola, Sprite, Ciel, AdeS, Powerade y el café Andatti, registró 6 mil 133 millones de pesos.
Otras compañías: Walmart acumuló el año pasado 6 mil 87 millones de pesos; Bimbo, 4 mil 682 millones; Grupo Carso, 2 mil 157 millones 700 mil pesos; Maseca, mil 306 millones, y Kimberly Clark, mil 108 millones en impuestos diferidos.
Medidas fallidas
Si bien la reforma fiscal aprobada en 2014 buscó cerrar algunas ventanas en la ley que permitían a las grandes empresas llevar a cabo esas estrategias fiscales, no lo logró en su totalidad, ya que, a la fecha, se siguen registrando por esos grupos empresariales los llamados impuestos diferidos.
Esas nueve grandes empresas registraron en conjunto una utilidad bruta de 766 mil millones de pesos. Su pago de contribuciones fue de apenas 88 mil 661 millones, es decir, apenas 2.99 por ciento de las ventas totales y 11 puntos porcentuales respecto de la utilidad bruta.
En contraste, los impuestos postergados que fueron registrados ascendieron a 81 mil millones de pesos, cifra mayor a la reportada en 2011 (57 mil 908 millones), o sea, antes de la reforma fiscal aprobada en 2014.
Cabe resaltar que el monto de los impuestos diferidos es prácticamente similar al de contribuciones pagadas, lo que en otras palabras significa que por cada peso que pagaron, debido a la existencia de esos tratos especiales, les permitió diferir otro.
Es decir, de no existir dichos tratos especiales la cantidad de dinero entregada al fisco federal habría sido de casi el doble.
Al respecto, Mario di Costanzo, analista financiero, planteó que tiene que apuntarse hacia el incremento de los ingresos públicos, pero sin crear contribuciones ni aumentar las tasas impositivas.
Por ello, subrayó, la alternativa consiste en revisar y derogar algunos regímenes fiscales especiales, los cuales existen en la Ley del Impuesto sobre la Renta y permiten a las grandes empresas y grupos industriales consolidados utilizar esos tratos especiales para pagar menos impuestos de lo que en realidad deberían cubrir.

POESHITOS-Helguera