Trastornos del sueño =Pedro Miguel=

n las narices de César Duarte, gobernador de Chihuahua; a cien metros del fiscal del estado, Jorge Enrique Nicolás; junto al escritorio de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública; frente a la silla del sedicente constitucional Felipe Calderón; bajo el brazo armado del general secretario Galván Galván, y al filo del agua que domina el almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza, Marisela Escobedo fue muerta de un balazo.

No era gobernadora, ni procuradora ni secretaria de nada, ni presidenta usurpadora; no tenía hombres armados bajo su mando; no era uno de esos periodistas que buscan culpables alternativos de la tragedia que se llama México, ni artista contratada para el Bicentenario: Marisela era solamente la mamá de Rubí Marisol Frayre Escobedo, una chava que se casó, apenas adolescente, con Sergio Rafael Barraza Bocanegra. El tipo la golpeaba y, tras dos años de matrimonio, el 28 de agosto de 2008, la asesinó, prendió fuego a su cadáver y lo tiró en un basurero.

Barraza aceptó su culpabilidad en varias ocasiones, pero la presidenta del tribunal que lo juzgó, Catalina Ochoa Contreras, el redactor Netzahualcóyotl Zúñiga y Rafael Boudid, tercer integrante del tribunal, no hallaron elementos para condenarlo, dijeron que la Procuraduría de Chihuahua había armado mal la acusación y dejaron en libertad al homicida.

El entonces gobernador, José Reyes Baeza, se lavó las manos; en el DF, todo mundo se lavó las manos, y mientras más se las lavaban, más fuerte era la pestilencia.

Tras quedarse huérfana de su hija, ayuna de justicia, desnuda de patria que le respondiera, Marisela hizo una manta con el retrato de la muchacha muerta, se la puso de vestido y marchó, acompañada o sola, en demanda de castigo para el asesino y en protesta por tanta mierda.

El 30 de julio de 2010, Marisela tocó a la puerta de la residencia oficial de Los Pinos en demanda de justicia. Iba acompañada por Bertha Alicia García, mamá de Brenda Berenice Castillo García, una chava con un hijo de meses que desapareció el 6 de enero de 2009 en la ciudad de Chihuahua cuando salió a buscar trabajo; nadie ha vuelto a verla desde entonces, pero su desaparición no causó el ruido ni el revuelo que ha provocado el secuestro y la presunta liberación de Fernández de Cevallos. Por esos días, Calderón desarrollaba una agenda privada (¿estaría preparando sus fiestas del Bicentenario o armando el futuro político de su hermana en Michoacán, o bien planeando ofensivas contra los electricistas, o revisando sus negocios inmobiliarios particulares en la colonia Las Águilas?) y las dos madres dolientes fueron recibidas por el asistente del secretario particular de un funcionario de medio pelo. O algo así.

Durante muchos meses, Marisela y Bertha Alicia acudieron a todas las instancias, pegaron retratos de sus hijas en los postes de medio país, marcharon vestidas sólo con los retratos de sus hijas ausentes y con la dignidad que no les quedaba grande, a diferencia de las casacas militares que se pone Calderón.

Marisela recibió amenazas de muerte. Lo supieron en las oficinas municipales, estatales y federales, pero ya saben cuán ocupados viven los funcionarios de todos los niveles. A nadie se le ocurrió ponerle escolta, nadie se interesó por la mamá anónima de una muerta anónima, salvo un puñado de ciudadanos también anónimos que le dieron una palmada en la espalda, le regalaron una sonrisa triste o le ofrecieron una lágrima.

Y ya saben lo que pasó después: tras recibir unos abrazos, unas sonrisas y unas lágrimas solidarias, lo siguiente que Marisela recibió fue un balazo en la cabeza.

Los funcionarios citados, más otros, están satisfechos consigo mismos y en paz con sus conciencias respectivas porque cumplen con su deber: velan por la seguridad, se aseguran de la aplicación de las leyes y garantizan que los ciudadanos puedan ejercer sin cortapisas sus derechos y garantías.

Son los costos de la guerra. Ésta será larga y cruenta, pero treinta mil y pico de vidas, más las que se acumulen esta semana, son un precio bajo para recibir una palmada en la espalda por parte de Obama.

Los funcionarios podrán dormir tranquilos. Pero unos cuantos ciudadanos –neuróticos que somos– sabemos que le hemos fallado a Marisela; que debimos clamar, patear la puerta, arrebatar micrófonos en actos oficiales y en fiestas infantiles y gritar: ¡Con una chingada, háganle caso a esta mujer!

Y como no lo hicimos, desde el asesinato de Marisela imaginamos que sigue caminando, evidente, desnuda, necesaria, y no logramos conciliar el sueño.

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Su especialidad-Rocha

Al olvido-Helguera

Involucrar a AMLO Julio Hernández López

Astillero

Montajes y rollos

Felipe y Diego disienten

Sonar de yunques

Felipe ha saltado para arrebatarle al ChupaBarbas el estandarte hechizo con que éste pretende asentarse como opción de derecha compasiva pero firme frente a un izquierdismo rudimentario que según eso practican los propicios Desaparecedores cada vez más misteriosos. Pero éstos no serían sino delincuentes puros y duros, echadores de rollo, hipócritas usuarios de palabrería de justicia social a los que mueven crudas ambiciones económicas, según la rauda descalificación felipista asestada a lo que el litigante dorado había calificado antes como “marcadísima” connotación política e ideológica en su contra.

Choque en las alturas, con tintineos que algunos creen identificar con el sonido de los yunques de la discordia. Ayer mismo, para fortalecer esa hipótesis metálica, un Movimiento Blanco, que no es más que otra de las elaboraciones de membrete con que suelen presentarse los yunquistas clásicos (Guillermo Velasco Arzac y José Antonio Ortega Sánchez, en este caso) se asomó a escena para defender la autenticidad digna de leña verde de los comunicados de los Misteriosos Redactores Bajo Pedido que estarían llevando el terrorismo a escalas mayores.

Yunque insurrecto que asegura que la crisis de la delincuencia organizada sin control y los actos de violencia política como el secuestro de Diego han hecho que el país entre “en una ruta que puede conducirnos a la condición de Estado fallido”. Yunque ansioso de impedir que Felipe acabe de desgraciar a la derecha, de tal manera que ha avanzado en el control del comité nacional panista, con la heroína migrante Cecilia Romero como secretaria general y con batallas en curso en Guanajuato por la sucesión gubernamental. Y he allí que Felipe y Diego han sostenido ácidas confrontaciones durante años y ahora parece que la casa michoacana no está dispuesta a que con un montaje salino le sea arrebatado el derecho sexenal de imponer candidato a la sucesión. Guerras internas sin ramos de rosas rojas para nadie. Comunicados y motivaciones del presunto secuestro que parecen haber sido mandados hacer para fortalecer la figura futurista del abogado de cuello blanco y para dañar a un destinatario muy enunciado, el incómodo denunciante de las mafias del poder. Frente a ese izquierdismo básico, simplificador e inocuo, la figura de El Quijote de Punta Diamante podría crecer de manera desmesurada, convertido así el precandidato en gigante ideológico por contraste.

Además, el prodigiosamente recuperado litigante queretano ha revelado que sostuvo con sus captores intensas sesiones de discusión que no terminaron cambiando el parecer de ninguna de las partes concurrentes a esas tertulias en algún lugar desconocido, pero que sí fortalecieron (complementando la propia visión derechista e integrando lo rescatable del abecé izquierdista) el ánimo de lucha política, a tal grado que en lugar de sufrir choques traumáticos posteriores a la dura experiencia sietemesina, el declamatorio político desbordadamente barbado se permite anunciar que luchará donde sea necesario, que seguirá sirviendo a México y que no buscará ser candidato presidencial en 2012 (aunque, claro, no cierra la puerta a la posibilidad de que la parte blanquiazul del pueblo se lo pida y él pudiera aceptarlo, aunque no lo hubiera buscado) y que apoyará a quienes sí sean aspirantes de su partido, recorriendo pueblos, haciendo campaña, caballero andante que siempre ha ido contra calderas de viento...

El proyecto armado, es decir, montado, para impedir que el calderonismo siga dañando a la derecha, arrebatándole con artes escenográficas extremas la posibilidad de imponer alguna mediocridad perteneciente a su circulito íntimo como candidato a una derrota anunciada, tiene, sin embargo, fallas evidentes. En primer lugar, la presentación en público del nuevo producto viejo tuvo claros errores de utilería, sobre todo en términos pilosos, e incluso de sobreactuación, excediéndose el veterano actor en la representación de valentías y vitalidad cuando los parlamentos deberían mostrar abatimiento, debilidad y confusión producto de siete largos meses de secuestro a manos de lo que voces oficialistas del salinismo rector han descrito como uno de los grupos guerrilleros más violentos.

Por otra parte, ese mismo órgano informativo oficial del salinismo ha hecho saber en un editorial que los presuntos secuestradores fueron animados por el discurso y las acusaciones constantemente hechas por... Andrés Manuel López Obrador, a quien así se pretende involucrar con el “terrorismo” –como bien lo preparaban los textos misteriosos de los supuestos desaparecedores–, a tal grado que esa sinrazón periodística salada advierte que la polarización adjudicada a AMLO podría generar consecuencias como las que el discurso de Marcos provocó en Mario Aburto. El salinismo asienta en su boletín diario que el dinero cobrado por el caso Diego acabará financiando más secuestros, más terrorismo e incluso el sostenimiento de la “doble vida” de dirigentes. ¡Vaya manera de tender la cama para futuras acometidas mediáticas y eventuales actos de represión! Del montaje de intentos de candidaturas (la caballada está flaca, y barbona) al montaje de provocaciones. Del montaje de comunicados con redacción dedicada a opositores al montaje de las “justificaciones” para desafueros judiciales. La política como testigo protegido. Los Misteriosos Desaparecedores como denunciantes anónimos que activen allanamientos políticos y encarcelamiento de opciones. El comando ChupaBarbas ataca.

Astillas

Pemex y sus comisionistas gerenciales en turno sufren para sostener la tesis del robo de ductos cuando saltan las evidencias de que hay descuido criminal en las redes nacionales... Y, mientras el cártel de Sinaloa anuncia que tomará cartas en el asunto del asesinato de Marisela Escobedo, la madre asesinada por exigir justicia, y que ejecutará al responsable de ese ataque, como para demostrar que el Estado fallido está siendo sustituido por la narcojusticia, ¡hasta mañana, con un capitán del Ejército asesinado en Uruapan!

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx

Predicando. Hernández.

Marisela Escobedo: indignación e indolencia - EDITORIAL - La Jornada

a Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó ayer la muerte de la activista Marisela Escobedo Ortiz, asesinada el pasado jueves afuera del palacio de gobierno de Chihuahua, donde protestaba por la liberación del asesino confeso de su hija, Rubí Frayre Escobedo. La entidad demandó el esclarecimiento del caso para llevar a la justicia y sancionar a los responsables materiales e intelectuales del crimen.

Estos señalamientos se inscriben en un contexto de indignación y repudio generalizados por el crimen referido y por las violentas agresiones cometidas contra los familiares de Escobedo Ortiz. Pero la condena unánime de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, de legisladores federales y locales, de representantes eclesiásticos y del sector empresarial, de la ONU y de millones de ciudadanos, contrasta con la indolencia con que se han desempeñado hasta ahora las autoridades de los distintos niveles de gobierno, consagradas, según puede verse, a la tarea de culparse unas a otras por este crimen.

Como botón de muestra, baste mencionar el empeño del gobernador de Chihuahua, César Duarte, en responsabilizar por este asesinato a los integrantes del Poder Judicial que liberaron –por supuestos errores de técnica jurídica– a Sergio Barraza, asesino confeso de Rubí Frayre y uno de los sospechosos de la muerte de la activista. Si bien es cierto que los jueces referidos no pudieron o no quisieron ver el despropósito que cometían al liberar a un delincuente confeso, y que esa consideración hace pertinente y necesaria la investigación de esos funcionarios, otro tanto puede decirse de los fiscales que no integraron bien expedientes acusatorios, y en quienes recayó buena parte de responsabilidad por la liberación del ex yerno de Marisela Escobedo. Independientemente de lo anterior, el gobierno estatal tendría que rendir cuentas por el hecho de que la activista –quien, por añadidura, venía siendo objeto de amenazas de muerte– haya sido asesinada a unos metros del palacio de gobierno y de la procuraduría estatales, y sin contar con protección alguna.

Un juicio semejante amerita lo expresado el lunes por titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, en el sentido de que la ejecución de Marisela Escobedo fue un acto derivado de la debilidad institucional en Chihuahua. Preferible a esas declaraciones extemporáneas e insuficientes habría sido una respuesta oportuna y favorable a la audiencia que solicitó, sin éxito, a las puertas de la residencia oficial de Los Pinos en julio pasado, y el otorgamiento de un trato similar al que el gobierno federal ha dispensado a empresarios y personajes de la vida pública que vivieron una situación trágica no muy distinta a la de la activista chihuahuense, y que tuvieron en todo momento la atención de las autoridades federales.

En ese sentido, el diagnóstico formulado por Calderón Hinojosa se queda corto: la debilidad institucional no se circunscribe al ámbito estatal; se extiende, en cambio, por los tres niveles de gobierno; se expresa en las omisiones, los vicios, el doble rasero y la insensibilidad con que operan las instancias estatales y federales de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, y redunda en desprotección y en la negación de garantías fundamentales –empezando por la vida– para millones de ciudadanos, empezando por aquellos que, como Marisela Escobedo, luchan contra injusticias y atropellos cometidos por los infractores de la ley y por la propia autoridad, y carecen de recursos económicos y de reflectores mediáticos

En lo inmediato, las autoridades federales, estatales y municipales deberán atender la solicitud de la CIDH, esclarecer el caso y brindar la debida protección a los deudos de la activista, a efecto de que cesen los ataques en su contra. La sociedad, por su parte, deberá presionar a las autoridades para que el asunto no se diluya y se haga justicia.

Cevallos el delincuente, aplaudido por los medios de información; pero, ¿hubo secuestro o fue estrategia electoral?

Por : Pedro Echeverria

1. Diego Fernández de Cevallos ha sido aplaudido por políticos, empresarios y medios como héroe; a tal grado que pretenden hacerlo candidato panista a la Presidencia de la República. Esto demuestra que en el capitalismo es maravilloso ser delincuente, tener mucho dinero para repartir y poseer gran fuerza para proteger a los amigos y clientes; lo contrario, es ser un tonto e ingenuo. Ya lo decía la cacique magisterial del SNTE: “me pueden calificar como quieran (ladrona, puta, asesina, cacique), pero nunca de ingenua en política”. Por el contrario, de los “secuestradores”, que en un largo e interesante estudio denuncian toda la corrupción del “secuestrado”, sus plenas ligas con el narcotráfico, su enorme enriquecimiento, y al mismo tiempo desnudan a la sociedad explotadora y opresora mexicana, se silencia lo que ellos han analizado profundamente y denunciado; sólo se les perseguirá con la misma saña que se sigue contra Assange de Wikileaks.

2. Denuncian los “secuestradores”: El Jefe Diego es otro nudo por donde atraviesan múltiples historias turbias. Ahora conocemos de cierto los modos de los trabajos y oficios con los que se maneja, las personas con las que trata y algunas de las que han sido sus más logradas empresas. Con nada que ocultar la mafia ha sido enumerada en las cartas elaboradas y dirigidas por el propio Diego a sus benefactores, reclamándoles apoyo económico en correspondencia a su lealtad y a sus servicios: Carlos Salinas de Gortari, Carlos Slim, Roberto Hernández, Alfredo Harp, Alberto Bailleres, Claudio X González, Lorenzo Servitje, Lorenzo Zambrano, Emilio Azcárraga, Ricardo Salinas Pliego, Bernardo Quintana, Ignacio Loyola, Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa, Juan Sandoval, Onésimo Cepeda, Norberto Rivera, Roberto Madrazo, Jorge Hank Ronh, Santiago Creel, Enrique Peña Nieto, Carlos Romero Dechamps, Elba Esther Gordillo.

3. ¿Cómo no homenajear “al Jefe”, y hasta rendirle pleitesía, si durante años su “bufete” y equipo de abogados del PAN ha sido el más poderoso defensor de empresarios, políticos corruptos y narcotraficantes? Con esa denuncia hecha por los “secuestradores” a personajes se observan “diversas relaciones entre empresarios, políticos, la Iglesia, el narcotráfico, las redes de crimen organizado, el ejército, los grupos paramilitares, las televisoras, etc. Estas relaciones están regidas por entendidos más allá de la legalidad, por dentro y fuera de toda apariencia de normatividad; son feudos de una maraña de poderes en pugna y con el control del país”. Pero una gran pregunta: ¿Qué tal si “Los misteriosos desaparecedores” no existen, si el documento fue redactado por inteligentes exizquierdistas y si el “secuestro” sólo fue una maravillosa estrategia política de Calderón para hacer al “Jefe Diego” candidato presidencial?

4. La historia del capitalismo está llena de engaños, trampas, golpes bajos y demás abusos contra los trabajadores, los pobres y miserables. Y quienes mejor se han desenvuelto entre toda esa suciedad han sido los políticos y los empresarios. Para triunfar hay que estar dotado de todas las mañas que ha creado el sistema, sin pensar en ningún instante en la justicia y la igualdad. No es cierta la divisa cristiana de “que al final siempre triunfa la justicia”, porque habría que preguntar si el final llegará cuando todos estemos muertos y si la justicia es que todo continúe igual. Por eso, a pesar del importante documento publicado ayer, han surgido muchas dudas acerca de la existencia real de sus autores. ¿Con qué argumentos que no sean inventados y urdidos podrá demostrar el gobierno y sus asesores que Cevallos fue secuestrado y no fue un “secuestro” del mismo gobierno?

5. Yo pensé que el delincuente Fernández de Cevallos aparecería todo madreado, enfermo, arrepentido de realizar tantos robos y engaños y silencioso; pero es todo lo contrario: aparece manejando su lujoso coche último modelo, muy bien alineado el cabello y las barbas, soltando declaraciones como ametralladora, diciendo que no ha pasado nada y que continuará por el mismo camino, es decir, robando, defraudando y dando gracias a dios y a la virgen. El documento que tanto me entusiasmó ayer por las concepciones ideológicas y políticas que usa, hoy me ha hecho repensar poniendo en duda la existencia de “Los misteriosos desaparecedores” porque un documento como el que presentan lo pudo haber escrito un inteligente izquierdista al servicio del Estado. Y dado que en México la burguesía del PRI y del PAN ha demostrado a través de la historia su enorme capacidad para engañar y mediatizar, pudo haber sido el “secuestro” un gran invento.

6. Aunque extremadamente difícil por todo el bloqueo de los medios de información y por el cuasi Estado de sitio que se vive en México desde que se inició el sexenio calderonista, son “los misteriosos desaparecedores” quienes ahora tienen que dar muestras de su existencia como luchadores sociales que han hecho un llamado a la rebelión. ¿Pero cómo? El gobierno, apoyado totalmente por los medios, lo puede hacer fácilmente presentado como aprehendidos a falsos personajes –que sirvan de “chivos expiatorios” bien pagados- para continuar con la farsa. Puede el gobierno inventar lo que quiera y lo que haga será difundido para engañar a la población y ésta, sin la capacidad suficiente para discernir, creer lo que la burguesía quiere. ¿Cómo sabemos que existen el EZLN, el EPR y decenas de grupos armados que hay en el país? Los conocemos a través del tiempo.

7. En tanto los “misteriosos” no den señal de vida realizando otras acciones contundentes y obligando a los medios a publicarles más manifiestos, la duda sobre su existencia seguirá y la convicción de los analistas serios, pensando en que fue un autosecuestro, se fortalecerá. Y si son auténticos revolucionarios “los misteriosos” quizá deberían de reconocer que en lugar de fortalecer las luchas sociales de los trabajadores con el secuestro del político corrupto Cevallos, su liberación en este momento y en estas condiciones, fue contraproducente a pesar de los millones de dólares. Pero en estas semanas -si el secuestro fue real- lo mejor para los “misteriosos” es desaparecer porque policías y ejército –mexicano y yanqui- se movilizarán para asesinarlos. Esperemos los próximos días para saber lo que sucedió: secuestro revolucionario o autosecuestro planeado por la clase gobernante con fines políticos inconfesables.

http://pedroecheverriav.wordpress.com

Se enreda desafuero -De Los Reporteros dEl Diario Ciudad Juárez,

Aunque todo parecía que iba miel sobre hojuelas en el caso del desafuero de los jueces que absolvieron a Sergio Rafael Barraza Bocanegra, asesino de su pareja sentimental Rubí Marisol Frayre Escobedo, lo cierto es que en Palacio de Gobierno se libra una auténtica lucha jurídico-política desde el lunes pasado para poder sustentar en las leyes esa acción.

El anuncio que hizo la secretaria general de Gobierno, Graciela Ortiz González, de que “este mismo día”, es decir, el lunes, enviaría la solicitud al Congreso del Estado para que iniciara el juicio de procedencia en contra de los jueces, desató un auténtico debate en el que la funcionaria y el fiscal general, Carlos Manuel Salas, no encontraron, aparentemente, argumentos.

Hasta ayer la intención de desaforar a los tres jueces de la causa de Rubí Marisol no tenía sustento legal. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que no existe ninguna causa penal en contra de los juzgadores. Ni siquiera hay una denuncia ante el Ministerio Público, ni una carpeta de investigación. No hay delito que perseguir, según pudo confirmar la misma Fiscalía General del Estado cuando trataba de darle forma a la solicitud de desafuero.

¿Cómo hacerle, entonces, si ya se había anunciado que iban a desaforar a los tres jueces? No podían pedir el juicio de procedencia porque, aseguran quienes saben de leyes, en el más humilde de los tribunales federales se caería el procedimiento.

A los reporteros les explicaron que la solución la puso en la mesa el consejero jurídico del gobierno estatal, Mario Trevizo, ya bien entrada la noche del lunes, cuando los diputados aún sesionaban en las últimas horas de vida del Período Ordinario de Sesiones.

Según entendidos que vivieron de cerca el enfrasque, Trevizo pudo convencer al gobernador Duarte de que la aventura del desafuero vía el juicio de procedencia iría al fracaso, por lo que se sacó de la manga una carta: el juicio político, que es algo muy distinto.

Cualquier ciudadano puede pedirlo, sin necesidad de armar una carpeta de investigación penal y, en caso de que proceda, los jueces quedarían separados del cargo de forma definitiva y, por tanto, sin fuero; y, una vez desaforados, se podrá actuar jurídicamente como convenga en el caso, de acuerdo a los interesados en que ello ocurra.

Para colaborar con el Ejecutivo a salir del embrollo, ayer martes, a eso de las dos de la tarde, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Luis Armendáriz, se presentó como ciudadano garante de los derechos humanos, a pedir que el Congreso del Estado enderece baterías contra esos tres jueces. Pero fue más allá: pidió que también investiguen la incompetencia de los agentes del Ministerio Público y hasta a los policías municipales de Juárez que intervinieron en el caso de Rubí, lo cual, a decir de muchos, es de justicia, ya que no debe centrarse el caso en las fallas en que pudieron incurrir los jueces al administrar justicia, sino también quienes incurrieron en fallas en materia de procuración.

Diego: primer acercamiento Miguel Ángel Granados Chapa Periodista

Distrito Federal— Veinticuatro horas después de reaparecer en público, tras 220 días de secuestro, Diego Fernández de Cevallos pidió a los medios que no se ocupen más de su suerte. Es una solicitud imposible de satisfacer. De aceptar su postura, nos asemejaríamos a la Procuraduría general de la república que omitió, y aun omite cumplir sus deberes en atención al reclamo de un particular. La prensa dejaría de ejercer sus responsabilidades si diera por concluida esta privación ilegal de la libertad, pues por la personalidad del agraviado el delito cometido en su contra nos concierne a todos, pues la generalidad de los ciudadanos esta expuesta a sufrir secuestros. Y si no se investiga este en particular, tan conspicuo, se avanzará poco en la contención de esa práctica delictiva. La investigación, a su vez, sólo será posible si hay una atención y una presión pública que compela a las autoridades a realizarla.

Aunque Fernández de Cevallos, tras decir que como hombre de fe perdonó ya a su captores, como ciudadano considera que la autoridad tiene una tarea que realizar, no ha actuado como le corresponde para que esa labor se cumpla. No acudió al ministerio público a denunciar el hecho de que fue víctima. Ni siquiera solicitó servicio a domicilio como le fue prestado cuando en la trama que conduciría al desafuero de Andrés Manuel López Obrador logró que un representante de la PGR recibiera en un salón del hotel Presidente Intercontinental la ratificación de la denuncia o presentada por Carlos Ahumada contra autoridades capitalinas por presunta extorsión.

Se dirá que las condiciones físicas de Diego lo excusan de acudir al ministerio público, y aun de recibir a un agente suyo en sus oficinas o en su domicilio. Pero, hasta donde se sabe, la Procuraduría sigue inactiva en el asunto.

Anunció, inmediatamente después de atraer el secuestro a la esfera federal, que se abstendría de actuar, a pedido de la familia. Es de entenderse que al reaparecer la víctima la PGR mudara su actitud. Pero el caso sigue sin merecer su atención. Al anochecer del martes, cuarenta horas después de llegado Diego a su casa, el ministerio público federal ha guardado silencio.

La reaparición no ha sido hecha constar ya no digamos en una actuación ministerial sino ni siquiera en un comunicado de prensa, como los dos que el lunes mismo emitió la Presidencia de la república. En uno se relata que Calderón telefoneó a Diego y en el otro se anuncia la aplazadaza indagación.

Ante la falta de información oficial sobre la llegada de Fernández de Cevallos al seno familiar, abundan las conjeturas. Como ocurrió en los días inmediatamente posteriores al 14 de mayo, un sector de la población manifiesta su escepticismo sobre el hecho mismo.

Es una actitud insana dudar de todo, y suponer que todo puede ser reducido a un montaje mediático. Pero explica esa actitud de un cierto ánimo social (el del segmento incrédulo de la sociedad) el peso de la experiencia. Quienes sistemáticamente rehúsan avenirse a las versiones formales de los hechos, lo hacen para no caer inocentemente en celadas que creen que se les han tendido más de una vez.

Fernández de Cevallos contribuye a ese escepticismo regateando información precisa sobre su regreso. Es muy probable que al dejársele libre se condicionara mediante algún amago su presencia ante los medios y a ello obedezcan su parquedad y aun sus contradicciones.

Algunas de ellas, sobre la hora, el día y el lugar en que fue liberado dan lugar a una observación detallada de su aspecto, que a su vez suscita presuntos dictámenes sobre su peso, el disparejo crecimiento de su capilosidad (como si no fuera posible que se le recortara el pelo pero no la barba), el brillo de sus ojos, como indicadores de una verdad que debería abrirse paso por sí misma, si dicho sector incrédulo no hubiera transitado, en amplia medida, de una opinión ingenua que todo los admite a una desconfiada que todo lo cuestiona.

Sometido a muchas entrevistas –que seguramente no guardan parecido con los hostigantes interrogatorios a que probablemente se le sujetó durante su cautiverio—, en algunas de ellas El Jefe muestra un talante más suave, menos altanero del que lo ha identificado por décadas.

Pide que sus captores sean perseguidos en el marco de la ley, sin abusos, sin atropellos, ni flagelamientos (¿?), y que la actividad gubernamental en torno a su caso sea semejante a la que desarrolle a causa de otras desapariciones forzadas y otros delitos.

Ha deplorado el asesinato de la señora Marisela Escobedo.

Si su cautiverio lo transformó radicalmente, como no ha sido infrecuente que ocurra, esperaríamos no la conversión de El Jefe en un apóstol de los derechos humanos pero si el que ponga sus influencias y sus relaciones al servicio de causas humanitarias para que víctimas de la privación ilegal de la libertad en sus varias modalidades, y sus familiares no padezcan los estragos que él mismo y los suyos han sufrido.

Independientemente de la credibilidad de Fernández de Cevallos, contamos con una pieza importante para el análisis de su situación, que son las cinco cuartillas del Boletín epílogo con que los ex misteriosos desaparecedores dieron cuenta de la liberación del ex candidato presidencial. Su contenido cuadra con la percepción que el propio Diego se formó sobre la naturaleza de su infortunio ya concluido.

Se trata de un secuestro al mismo tiempo destinado a obtener recursos en abundancia que a formular una denuncia, un enjuiciamiento y un programa de acción.