Alfredo Méndez
Periódico La Jornada
Miércoles 7 de septiembre de 2011, p. 5
Miércoles 7 de septiembre de 2011, p. 5
En respuesta a las críticas que ha hecho el presidente Felipe Calderón a los jueces que contribuyeron a la liberación de Néstor Moreno Díaz, ex funcionario de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acusado de enriquecimiento ilícito por más de 33 millones de pesos, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aseguró que los señalamientos contra los juzgadores atentan contra la estabilidad nacional.
“!>Cuestionar el trabajo de los jueces, sin fundamento, por consigna, y más aún, sin pruebas, atenta contra la estabilidad nacional. Rechazamos enérgicamente que se hagan señalamientos en contra de impartidores de justicia sin que se acompañen de las pruebas que los acrediten debidamente”!>, aseveró Juan Carlos Cruz Razo, consejero de la Judicatura Federal, al dar lectura a un posicionamiento del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Al igual que lo hicieron el pasado lunes los jueces involucrados en el caso de este funcionario acusado de enriquecimiento ilícito, Cruz Razo expuso que no hubo violación a la Ley de Amparo ni a ningún otro ordenamiento por parte de los titulares de los juzgados cuarto y quinto de distrito.
Según la Judicatura, la juez cuarta de distrito de la ciudad de México, Taissa Cruz Parcero, no tenía más que liberar a Moreno Díaz, dado que estaba vigente una suspensión en vías de amparo, pues si se hubiera actuado en otro sentido la juez habría cometido un delito.
El consejero de la Judicatura defendió por igual la actuación de los jueces federales Jesús Salvador Fraustro Macareno (quien concedió el amparo) y Taissa Cruz (quien lo liberó), pues, según Cruz Razo, ambos juzgadores actuaron con apego a la ley.
El funcionario del PJF salió ante los medios un día después de que Calderón criticara la liberación del ex directivo de la CFE por un
“!>tecnicismo legal”!>y de que diputados federales también cuestionaran la resolución que hoy tiene prófugo al inculpado.
Un día antes de la postura del Poder Judicial, Calderón respondió a un ciudadano que preguntó vía Internet, en el ejercicio Pregúntale al Presidente, del portal Youtube, por qué responsables del atentado al casino Royale, de Monterrey, con antecedentes penales, fueron liberados por jueces locales.
Juan Carlos Cruz Razo, consejero de la Judicatura, en conferencia de prensa!>Foto Cristina Rodríguez
“La impunidad se da o porque no atrapamos a los delincuentes, que en este caso sí lo habían agarrado, o porque en el juicio se encontró algún detalle, algún elemento ahí raro y lo sacan. Esa es la impunidad que a mí me molesta. Yo también le preguntaría al juez ‘por qué lo dejaste ir, por qué lo sacaron’, y que se le exija rendición de cuentas. No es que yo la traiga contra los jueces, al contrario, los aprecio y todo, pero ya también empieza uno a cansarse, mano. Uno los agarra y los agarra y los agarra y los sacan y los sacan y los sacan.”Cruz Razo dio lectura ayer al posicionamiento del PJF.
“!>Rechazamos enérgicamente que se hagan señalamientos en contra de impartidores de justicia, sin que se acompañen de las pruebas que los acrediten debidamente”!>.
El consejero aseguró que la Judicatura Federal en todo momento revisa el actuar de los jueces y magistrados federales y sus auxiliares, y atiende todas aquellas quejas, debidamente sustentadas, que se presenten en contra de ellos.
“!>Tal como ha quedado de manifiesto en las últimas semanas, cuando el caso lo amerita, el Consejo juzga e impone las sanciones necesarias, con la energía que corresponde”!>, mencionó.
Relató que Fraustro Macareno, juez quinto de distrito en materia penal de Nuevo León, suspendió el 3 de agosto cualquier captura que se hubiese girado contra Moreno, siempre y cuando no se tratara de un delito grave. Agregó que el 3 de septiembre, la juez Taissa Cruz, quien había emitido previamente una orden de aprehensión, decidió liberar al ex directivo acatando la suspensión que se encontraba vigente.
De acuerdo con Cruz Razo, la juez advirtió y tuvo que tomar en cuenta que el delito de enriquecimiento ilícito por el que mandó aprehenderlo no está considerado grave y por ello no podía privarlo de su libertad en tanto estuviese vigente la suspensión.