Jesusa Cervantes
MÉXICO, D.F. (apro).- Demasiadas pruebas, indicios, documentos y registro de eventos tienen en su poder el IFE, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Secretaría de Hacienda (SHCP) y Procuraduría General de la República (PGR) que confirman la existencia de “lavado” de dinero en la campaña presidencial del priista Enrique Peña Nieto.
La operación, planeada con sumo cuidado por lo menos desde hace cinco años, hoy empieza a brotar por doquier. Personajes, como por ejemplo, “respetados” empresarios nacionales o de ascendencia extranjera, políticos, banqueros, exgobernadores y ejecutivos estatales en activo aparecen en la obtención, triangulación y distribución de recursos de procedencia ilícita. Es decir, lavado de dinero.
Hay que entender que el “lavado” de dinero no es sólo el que proviene del narcotráfico, pues existen 21 delitos más que se enmarcan en esta ilegalidad.
Para llevar a cabo esa actividad ilegal se requieren expertos financieros, contactos en bancos, amigos que estén dispuestos a prestar o constituir sus empresas para triangular el dinero. Y eso fue lo que sucedió en la campaña de Peña Nieto, según documentos expuestos ante la opinión pública.
De la compra y coacción del voto todos los mexicanos hemos tenido noticias y pruebas. Algunos lo creen, otros no. Para clarificar el caso están las autoridades: PGR, Hacienda e Instituto Federal Electoral (IFE), quienes son los primeros en tener conocimiento o al menos indicios de que en algún momento se empieza a gestar el “lavado” de dinero.
Sin embargo, para que las autoridades en México hagan su trabajo primero deben tener amor por su país, convicciones, la búsqueda del servicio a la sociedad y hacer a un lado intereses personales.
Pero la verdad es que eso no ocurre en su totalidad y en México no hay respeto a la ley.
La afirmación se hace porque se vive a diario. Porque desde que arrancó la campaña presidencial, y aun desde antes, se ha palpado y visto el abuso y la corrupción en que se incurrió para ubicar a Peña Nieto como el candidato del PRI y luego como el “candidato ganador”.
El IFE no cumplió su tarea durante la campaña y tampoco la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales (Fepade) lo hizo durante la jornada electoral; aún hoy, los funcionarios de ambas instituciones no han mostrado entereza, honradez y respeto por la ley.
No han hecho nada que valga la pena, nada que avale lo que la gente vio y vivió: una elección comprada, un rebase de topes de campaña, una complicidad de los medios de información, un desdén hacia su país.
Incluso los políticos de “oposición” al viejo régimen terminaron sumándose por unos cuantos pesos a Peña Nieto. Los políticos comprados y las instituciones miopes, que operan con una lentitud cómplice.
Hay datos que revelan el porqué, a pesar de todas las pruebas expuestas, el IFE no actúa. Uno: el encargado de fiscalizar a los partidos políticos, de investigar las denuncias contra Peña Nieto, es el joven Alfredo Cristalinas Kaulitz, quien viene del Sistema de Administración Tributaria (SAT) de Hacienda, y laboró ahí desde 1999 hasta 2009, año en que arribó al IFE.
Pues bien, su jefe en el SAT fue nada menos que Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, actual titular del SAT y quien desde el 5 de julio de 2008 está en el cargo.
Sólo hay que recordar que Gutiérrez Ortiz Mena es sobrino nieto del exsecretario de Hacienda priista, Antonio Ortiz Mena; no por ello debiera ser proclive a ese partido, sin embargo, hace un año dio muestras de que gusta de la cercanía de ellos y de ofrecerles información.
Para sustentar lo anterior, basta recordar la reunión que mandatarios y legisladores del PRI sostuvieron en la Hacienda Los Morales el 13 de junio de 2011 para discutir los embates del panismo y la existencia de “expedientes negros contra gobernadores y exgobernadores priistas”.
Para aclarar el tema, servicialmente el titular del SAT, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, acudió al encuentro para darles santo y seña de los ya famosos expedientes.
Se esperaba la llegada de la procuradora general de la República, Marisela Morales, pero ésta se disculpó, pues otro afán la traía preocupada: la cercana liberación del también priista Jorge Hank Rhon.
La celeridad con que algunas autoridades actúan a petición de los priistas es hoy más que evidente. Un dato más, en la SHCP, que es la responsable de la Unidad de Investigación Financiera y especializada en detectar lavado de dinero, no ha actuado en este caso.
Cierto es que en un inicio, cuando apareció el mexicano-estadunidense José Luis Ponce de Aquino y denunció que el PRI le quedó mal al incumplir un contrato por 56 millones de dólares para promocionar la figura de Peña Nieto, abrió una indagatoria.
Después del 15 de junio pasado, Hacienda detectó la ruta del dinero ilegal, de dónde salió y cómo se distribuyó; sin embargo, así como la inició así determinó darle carpetazo.
La orden no se sabe de dónde llegó pero se presupone su origen.
Del TEPJF, pues ya hasta da pena, al igual que de los consejeros del IFE por su predisposición a justificar todo acto priista y no sancionar. De ello dio cuenta el reportero de Proceso Jorge Carrasco.
La evidencias de cómo se obtuvo el dinero para la campaña de Peña Nieto, de cómo se rebasó el tope de campaña y de cómo actuaron reconocidos empresarios están a la vista de todos. Sólo las autoridades no las ven.
El poder contra el que luchan quienes buscan la invalidez de una elección sucia es más grande, pero podría convertirse en mucho más imponente la indignación, el coraje y la defensa del país de quienes salen a las calles y se pronuncian por el antipeñismo.
Los poderes le apuestan al desgaste, los indignados, los que no votaron por Peña Nieto, a la lucha. Y son muchos, no sólo son los llamados trasnochados izquierdistas o simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador, o aquellos que están decepcionados del PAN, son muchos más, son los jóvenes que están saliendo a las calles.
En esa generación está la esperanza, son ellos quienes tienen más fuerza para aguantar el desgaste a los que los está sometiendo la autoridad, las instituciones y sus funcionarios.
Así, mientras muchos “de izquierda” hoy se suman a Peña Nieto porque ya no tienen fuerza para luchar, los jóvenes están haciendo su trabajo y exigiendo que se limpie esta porquería de elección que vivimos. Bien lo dijo Andrés Manuel López Obrador, que a ellos les pasaba ya la estafeta.
La única solución, pacífica por supuesto, es que mientras el movimiento actúa por su lado e interpone los recursos legales necesarios, del otro está quien lo refuerza, los jóvenes que sólo “rodeando las instituciones” pueden darle un giro a lo que por momentos parece inminente: la llegada de Peña Nieto al poder y con él todos los que aportaron para la compra de la Presidencia de la República.
Si la vergüenza de este país son muchos de sus políticos, el aliento es esta nueva generación que está en su derecho y obligación de “presionar” al límite a las instituciones y evitar con ello la obscena imposición. Y por supuesto, a su lado, los reporteros, las organizaciones sociales, de asalariados, indígenas, activistas, gente sin partido, empresarios honestos… mexicanos hartos de tanto abuso y descaro, tratados como ignorantes por la gente del poder mal habido.
Si de aquí al 6 de septiembre las autoridades no aceptan todas las evidencias que por la vía institucional se presentan, sin duda la inconformidad irá en aumento…
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