MÉXICO, D.F. (apro).- Apenas unas horas después de que el corporativo bancario Citigroup reveló en Estados Unidos la implicación de la empresa mexicana Oceanografía en un presunto fraude por 235 millones de pesos, la Procuraduría General de la República (PGR) convocó a una rueda de prensa para anunciar el aseguramiento de la compañía propiedad del empresario Amado Yáñez y la designación como administrador de la misma al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).
La medida legal adoptada por la PGR tiene un carácter preventivo mientras se definen las responsabilidades penales correspondientes de los implicados en dicho fraude, informó el procurador Jesús Murillo Karam.
Según admitió el propio funcionario, la dependencia a su cargo inició una averiguación previa contra Oceanografía el pasado 11 de febrero, después de que la Secretaría de la Función Pública, a solicitud del órgano interno de Control de Petróleos Mexicanos, fue inhabilitada un año nueve meses y multada con 24 millones de pesos por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por “haberse encontrado irregularidades en el otorgamiento de las finanzas previstas en la normatividad en materia de contrataciones públicas”.
Murillo Karam explicó que ante ello el Banco Nacional de México (Banamex), acreedor de la empresa Oceanografía, pidió a Pemex una revisión y cotejo de la información que la empresa de Amado Yáñez presentaba al banco y que acreditaba supuestas cuentas por cobrar a cargo de la paraestatal.
Como resultado de dicha revisión, prosiguió el titular de la PGR, “se advirtieron inconsistencias en la documentación” que constituyen conductas tipificadas como delito.
Por tal motivo, y con el propósito de preservar las fuentes de empleo, los documentos y los activos de la empresa, la PGR decidió asegurar a Oceanografía y designar como administrador de la misma al SAE.
La investigación
La empresa Oceanografía, que durante los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón fue repetidamente favorecida con la asignación de millonarios contratos por parte de Pemex fue inhabilitada un año nueve meses por la Secretaría de la Función Pública (SFP).
La empresa en la que supuestamente están inmiscuidos Jorge Alberto y Manuel Bribiesca Sahagún, hijos de Marta Sahagún, esposa del expresidente Fox, también fue multada con poco más de 24 millones de pesos por “haberse encontrado irregularidades en el otorgamiento de las finanzas previstas en la normatividad en materia de contrataciones públicas”.
Según el acuerdo de la SFP, la inhabilitación es por 21 meses y 12 días, y deriva de nueve procedimientos iniciados el año pasado, en los que el Órgano Interno de Control (OIC) detectó que funcionarios de Pemex Exploración y Producción (PEP) permitieron a Oceanografía aportar fianzas que en realidad no cubrían el porcentaje mínimo requerido de cada uno de los contratos.
Se trata de uno de los primeros casos relevantes de aplicación de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, publicada en junio de 2012.
De 2011 a 2013, la empresa obtuvo al menos 43 contratos de PEP para todo tipo de servicios en altamar, incluidas labores de reparación, mantenimiento y rehabilitación de pozos, transporte e instalación de plataformas, construcción de gasoductos y oleoductos, entre muchos otros.
No obstante, esos 43 contratos –por más de 11 mil 500 millones de pesos y muchos de ellos son de largo plazo–o no se verán afectados por la sanción, dado que no aplica a los convenios previamente celebrados.
En enero pasado Oceanografía promovió por lo menos dos demandas de amparo con la intención de impugnar los procedimientos que ha desahogado el OIC, de acuerdo con registros del Consejo de la Judicatura Federal, pero no logró una suspensión para frenar la imposición de las sanciones.
El pasado 26 de noviembre la revista Proceso publicó un reportaje especial en el que destaca que durante los gobiernos panistas Oceanografía fue favorecida con la asignación de contratos por parte de Pemex, que con “maniobras marrulleras” le dio a ganar miles de millones de pesos.
De acuerdo con documentos y entrevistas realizadas por el corresponsal en Washington, Jesús Esquivel, el asunto es relevante porque –desde hace 11 años– en la paraestatal se menciona que detrás de Oceanografía están Jorge Alberto y Manuel Bribiesca Sahagún.
Sólo en el periodo 2010-2012, a partir de la asignación de cinco contratos, Pemex favoreció a Oceanografía con ingresos brutos por 3 mil 250 millones 455 mil 303 pesos, gracias a la ampliación de convenios cuya legalidad no es clara, según revelan documentos consultados por Proceso.
Con la llegada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia, en Pemex se inició un “proceso de limpia” para presuntamente eliminar todo vestigio de corrupción propiciado y permitido durante los sexenios panistas.
Desde el primer día del actual sexenio, el gobierno abrió una investigación confidencial en contra de Mario Alberto Ávila Lizárraga, quien fuera subdirector de Mantenimiento y Logística en la Coordinación de Servicios Marinos de Pemex Exploración y Producción durante el calderonismo. Ávila Lizárraga, además, había sido apadrinado por Juan Camilo Mouriño, mano derecha de Felipe Calderón (Proceso 1932).
Así, añade la nota, el PAN afronta estas indagatorias semanas después de que condicionara la aprobación de la reforma energética propuesta por el mandatario a que antes se avalara la político-electoral.
“Se están revisando a detalle todos los contratos concedidos a Oceanografía”, confirmó en entrevista con Proceso un importante funcionario de Pemex que aceptó platicar con el semanario bajo estricta condición del anonimato, por tratarse de un caso que está bajo investigación…
“Hay aspectos que revelan claramente actos de corrupción por parte de funcionarios de Pemex para favorecer a esta empresa y en algún momento tendremos que imponer sanciones a quienes los cometieron. Y lo haremos porque se sabe y se habla que Oceanografía podría pertenecer a los hermanos Bribiesca Sahagún”, afirmó.
En todos los documentos revisados por Proceso no se encontró ninguno que oficialmente relacionara a los hermanos Jorge Alberto y Manuel Bribiesca Sahagún con la empresa Oceanografía S.A. de C.V.
Sin embargo, en mayo de 2005, el propio Manuel Bribiesca declaró a Miguel Badillo, director de la revista Contralínea: “Te debo decir que sí; mi hermano (Jorge) y mi tío (Guillermo Sahagún Jiménez) llamaron a Pemex para que le diera un contrato a Oceanografía. Eso sí, siempre con apego a la legalidad, mediante concurso. Esta empresa está dedicada a trabajos petroleros; mi hermano y mi tío conocen bien a los dueños. Así que no tiene nada de malo que soliciten en Pemex que se tome en cuenta a Oceanografía para ese contrato” por 154 millones de dólares (Proceso 1511).
De hecho, en 2005 y 2006 los diputados federales organizaron tres comisiones para investigar tal vínculo. Detectaron que Pemex siguió dando contratos a Oceanografía pese a que le había rescindido dos en 2003 y uno en 2004 por incumplimiento. El ilegal “voto de confianza” no sirvió para que la compañía se enmendara: en octubre de 2007 la lancha de pasaje Seba’an, de Oceanografía, naufragó por su mal estado en la Sonda de Campeche. Llevaba 176 personas a bordo; una murió y dos desaparecieron (Proceso 1854 y 1614).
“También se están analizando los contratos que se le concedieron a Oceanografía durante el sexenio del presidente Fox”, admitió un funcionario de Pemex que también aceptó hablar bajo anonimato.
Esos años son cruciales. Fue durante el sexenio del guanajuatense cuando Oceanografía tuvo su despegue. En abril de 2000 estaba a punto de ser embargada por Hacienda, pero sólo un año después había logrado aumentar su capital de 1.5 millones de pesos a 126 millones y medio. Los contratos con Pemex comenzaron a lloverle en 2002 y en sólo tres años logró 32 (Proceso 1614 y 1617).
La investigación que hoy se lleva a cabo en Pemex sobre los contratos concedidos a Oceanografía es muy amplia. En los documentos referidos, y mediante entrevistas con funcionarios del gobierno de Peña Nieto, Proceso pudo constatar la revisión minuciosa de otros 22 asignados a la misma compañía durante el periodo de Calderón (2006-2012).
A través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el semanario obtuvo la copia de 30 contratos de empresas que prestaron distintos servicios a Pemex de 2010 a 2012. De éstos, cinco son de Oceanografía. Los restantes 25 también exhiben incrementos significativos en la asignación original de recursos por medio de la práctica poco clara de “ampliación de convenios”.
De entre las miles de fojas recopiladas destacan tres páginas donde se resumen los excesos cometidos a partir de este esquema, del que se beneficiaron al menos 22 empresas.
Los documentos titulados “Contratos con Convenios Modificatorios a 100 por Ciento y Asignados por Pemex Exploración y Perforación (PEP)” muestran que Oceanografía fue la más favorecida en términos porcentuales y que la empresa Cotemar S.A. de C.V., fue la más bendecida en términos absolutos: recibió más pesos que nadie gracias a las modificaciones.
Un ejemplo: En 2010, Pemex le concedió a Oceanografía el contrato número 428230840 por un monto original de 250 millones 51 mil 174 pesos. No obstante, de manera casi inmediata y por la “asignación de tres convenios adicionales”, esta empresa privada terminó recibiendo, en total, mil 326 millones 583 mil 791 pesos. Esto significa 430.5% más de lo inicialmente acordado.
En tanto, el contrato 428230832 concedido a Cotemar fue originalmente por 3 mil 300 millones 406 mil 456 pesos. Con la ampliación de cuatro convenios la empresa obtuvo 4 mil 29 millones 237 mil 446 de pesos más.
“La ampliación o modificación de convenios en los contratos es en términos reales y prácticos injustificable”, explicó un funcionario de Pemex. “Los contratos que se firman no hablan de ampliación de convenios ni nada por el estilo, pero tampoco lo prohíben; es un hueco legal que justamente estamos revisando”, añadió.
Cuando se le preguntó si se castigaría a los funcionarios corruptos, subrayó que se aplicarían sanciones cuando concluyan las investigaciones. “Aunque lo dude, ya hemos metido a la cárcel a algunos funcionarios; no de alto nivel porque a los peces gordos cuesta más trabajo demostrarles sus ilícitos, pero ya lo estamos haciendo y vamos a seguir llevando ante la justicia a los corruptos”, dijo.
Las acusaciones están hechas desde 2006. Ese año, un grupo de trabajadores petroleros presentó ante la Secretaría de la Función Pública datos que incriminan a funcionarios de PEP (expediente DE-167/2006) por tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, desvío de recursos y violaciones a las leyes de Obra Pública y Responsabilidades Administrativas de los Funcionarios Públicos, para favorecer a Oceanografía y otras empresas.
Los acusados fueron José Guadalupe de la Garza Saldívar, exabogado de Pemex y entonces secretario particular de Felipe Calderón; Mireya Juanita Miranda Moyar, subgerente del sector Cantarell norte y sur, y la entonces coordinadora de Programación de Mantenimiento, Martha Alicia Castañeda Arrieta (Proceso 1618).
“Qué le cuesta a una empresa que recibe ingresos adicionales por más del 500% del monto original de su contrato darle uno o 20 millones de pesos a un funcionario que le asigna la ampliación de convenios; prácticamente nada”, explicó el funcionario de Pemex entrevistado.
Los funcionarios de Pemex consultados concordaron en que Oceanografía es muy conocida por la larga historia de servicios que ha dado a la paraestatal. Del mismo modo, insistieron, todos los empresarios petroleros conocen el señalamiento de que los hijos de Marta Sahagún de Fox están íntimamente relacionados con esa compañía.
En conformidad con las escrituras de Oceanografía, los dueños de la firma son Amado Omar Yáñez Osuna, RFC YAOA6501053X8, y Amado Yáñez Correa, RFC YACA350706PV7. Cada uno posee 50% de las acciones.
En otro de los documentos obtenidos, que contiene los datos de siete contratos asignados a Oceanografía (dos en 2007 y cinco en 2008), Pemex detalla una serie de pagos multimillonarios a la empresa… siempre gracias a la ampliación de convenios. Los contratos originalmente sumaban 7 mil 245 millones 519 mil 193 pesos. Con la ampliación se agregaron 7 mil 240 millones 773 mil 78 pesos.
En otro pliego, Pemex presenta otros 10 contratos con Oceanografía, sin dar las fechas de expedición.
Ahí se asienta que los acuerdos 410831803, 420832829, 420901809, 428231821, 428231830, 428231832; 428232813, 428232814, 428232818, y el 428232833 sumaban originalmente 6 mil 407 millones 928 mil 664 pesos, pero gracias a las ampliaciones Oceanografía ingresó otros mil 992 millones 868 mil 823 pesos con 50 centavos.
“Lo que descubrimos respecto de la ampliación de convenios para ciertas empresas como Oceanografía no puede ser calificado de otra manera más que como chingaderas. Lo que se hizo es un ejemplo muy claro de la corrupción que privó y existe en muchos de los sectores de Pemex y que, aunque no lo crean, se va a hacer todo lo necesario por combatir y eliminar”, subraya uno de los funcionarios entrevistados.
Amado Yáñez, el operador
Hace muy poco, Amado Yáñez Osuna tenía grandes planes. “Para aprovechar las oportunidades de la reforma energética, vamos a tener que asociarnos con empresas grandes, que tienen tecnologías probadas”, le dijo a El Economista a finales del año pasado.
Pero la inhabilitación de la SFP para participar en cualquier licitación durante un lapso de 21 meses, le cambió sus prioridades y hoy lo que trata es de salvar a sus empresas, entre ellas el equipo de futbol de los Gallos Blancos del Querétaro.
Oceanografía es una de las mayores proveedoras de Pemex y quizá la mayor firma mexicana entre las que venden bienes y servicios a la paraestatal. Cuenta con más de 80 embarcaciones, la más valiosa está cotizada en 160 millones de dólares. Tiene 11 mil trabajadores y fuerte presencia en los estados de Campeche, Veracruz y Tabasco. Desde el 2003 comenzó a operar en Estados Unidos, donde tiene una oficina en Houston.
Pemex le otorgó cinco grandes contratos entre el 2010 y el 2012. El año pasado ganó otras tres licitaciones, aunque es difícil afirmar que el 2013 fue un buen año para esta empresa: parece claro que en el primer año de la administración de Enrique Peña empezaron las investigaciones sobre Oceanografía y su accionista principal.
Amado Yáñez Osuna es hijo del fundador, que también se llamaba Amado Yáñez. Luego de hacer un posgrado en Texas A&M, regresó a México y consiguió convertir una empresa de bajo perfil en un coloso que tiene invertidos 2 mil millones de dólares sólo en embarcaciones.
Su crecimiento más espectacular coincide con la llegada de los panistas al poder, en el 2000. Ésa es una de las razones por las que se le atribuyen relaciones de negocios con los hermanos Bibriesca y con Martha Sahagún, esposa de Vicente Fox. Las otras razones caben en la categoría de leyendas urbanas. En Pemex se decía que Sahagún llamaba a los directores para darles instrucciones que implicaban apoyo y favores a Oceanografía. Estos rumores siempre fueron desmentidos, aunque nunca se han disipado.
La firma de Yáñez cometió serias irregularidades en la contratación y presentación de fianzas a Pemex, se deduce de la inhabilitación que ayer dio a conocer la SFP en el Diario Oficial de la Federación. Las fianzas no cubiertas tienen que ver con contratos que valen alrededor de 250 millones de dólares.
