Inaugura Peña planta de Mazda que ofrece empleos outsourcing y mal pagados

VERÓNICA ESPINOSA
27 DE FEBRERO DE 2014
DESTACADO

Peña firma un automóvil durante la inauguración de la planta japonesa en México. Foto: Presidencia

SALAMANCA, Gto. (apro).- Representantes de la FROC-CTM de Salamanca y Valle de Santiago protestaron por los bajos salarios y las condiciones laborales en que se encuentran cientos de jóvenes profesionistas que se integraron a la planta armadora de la automotriz japonesa Mazda, la cual fue inaugurada este jueves por el presidente Enrique Peña Nieto.

Pese a la inversión de 770 millones de dólares y la creación de cuatro mil 600 empleos directos, según cifras de la Presidencia, los representantes cetemistas protestaron mediante un desplegado por la asignación de los contratos de trabajo relacionados con las actividades de la armadora.

Mazda, denunciaron, contrata compañías outsourcing para la elaboración de sus nóminas y utiliza a cientos de profesionistas jóvenes cuyos sueldos rondarán entre cuatro y cinco mil pesos mensuales.

“Los trabajadores que dejaron General Motors (en Silao) y se incorporaron a Mazda están arrepentidos. Los salarios que perciben en la planta que usted (Peña Nieto) inaugura, están en la cuarta parte de lo que se gana en la industria local”, denuncia la FROC-CTM en el desplegado dirigido a primer mandatario y al secretario general cetemista Joaquín Gamboa Pascoe.

El comité ejecutivo local de la FROC-CTM que encabeza Carlos Muñoz Mosqueda se quejó además de las bajas tarifas que Mazda pretende pagar a transportistas por los fletes de material pétreo utilizado en la construcción del complejo y el retraso en los pagos con el argumento de que la automotriz japonesa “no acepta pagar ningún aumento”.

La armadora quedó asentada en un terreno de 250 hectáreas a un costado de la carretera federal Salamana-Irapuato y es la primera de sus seis plantas mundiales que se construyen en América Latina.

En estas instalaciones se producirán más de 250 mil vehículos para el año 2016, según se publicó hoy en el portal de la Presidencia, así como en la amplia campaña publicitaria desplegada en la entidad.

Apenas la semana anterior, Peña Nieto estuvo en Celaya para la apertura de otro complejo japonés, el de Honda.

Sin embargo, los representantes cetemistas sostienen que estas empresas no están ofreciendo empleos dignos que satisfagan las necesidades del trabajador.

Si los contratos fueran manejados por los organismos cetemistas locales y no por los nacionales como actualmente ocurre, afirman, “terminarían las anomalías”.

En su desplegado los cetemistas advierten al presidente y su líder nacional:

“No estamos dispuestos a tolerar injusticias, vengan de donde vengan”, y mencionan los incrementos registrados en los últimos meses en el combustible, los materiales y refacciones entre otros insumos.

“Sin embargo, los precios nos los siguen sosteniendo invariables, aduciendo los constructores que la empresa no paga ningún aumento”, acusan.

La armadora de vehículos Mazda 2 y Mazda 3 atenderá los mercados de Norte, Centro y Sudamérica, así como Europa.

En la planta se llevarán a cabo los procesos de estampado, ensamble, pintura, así como la vestidura final.

El 80% de su producción se dirigirá al mercado de exportación y el 20% restante se comercializará en México.

IMSS. Outsourcing: evasión patronal y sindicatos de protección

Gustavo Leal F. *

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2007 ya documentaba el crecimiento de los microempresarios informales que no registraban establecimiento propio respecto de los que lo hacían conforme a la ley. Hasta 66 por ciento de ellos eran adultos jóvenes entre 25 y 49 años. Con el argumento de que la competitividad no está por encima del incumplimiento del estado de derecho, en 2008 el IMSS enfrentó la oposición patronal a la regulación del outsourcing.

El crecimiento de la economía informal, la contratación bajo el régimen de honorarios asimilables a salarios –creado por la Secretaría de Hacienda– y la falta de adecuada fiscalización frenaba el registro empresarial al IMSS. Entre 2005 y 2007 sólo una de cada 10 fue dada de alta. El IMSS reconocía que hay un problema muy grande de economía informal y de trabajadores que, cobrando sólo por comisiones y honorarios, no tienen protección.

Bajo la figura de esos honorarios, el alta del trabajador coincide con que el patrón retiene el impuesto y lo entera directamente al fisco. A pesar de disponer de un convenio específico con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para el intercambio de sus bases de datos, la fiscalización del IMSS con miras a evitar la elusión-evasión de cuotas obrero-patronales para este tipo de esquemas ha sido escandalosamente pobre. La disparidad de datos entre el IMSS y el Inegi ha sido también evidente.

La misma Auditoría Superior de la Federación (ASF) sostuvo que el IMSS incumplía su ley (artículo 251) al dejar de afiliar a quienes estarían obligados. En 2008 apenas 19 por ciento del total de éstos lo hacían. De los 4 millones 290 mil obligados a inscribirse, 3 millones 475 (81 por ciento) entre personas físicas y morales estaban fuera del registro. Para la ASF, las herramientas informáticas que simplifican los trámites de afiliación: IMSS desde su empresa, kioscos informáticos y la difusión de cartas de derechos y deberes patronales eran insuficientes. Por tanto, recomendó al IMSS que instruyera a quien corresponda para que se realicen las gestiones necesarias, a fin de implementar programas de aplicación de cobertura, a efecto de garantizar el registro de los patrones y demás sujetos obligados a los que les corresponda afiliarse a la seguridad social y así cumplir con lo dispuesto en la ley.

A los trabajadores afiliables al IMSS y que no lo están, el patrón los esconde en su propia casa. Datos institucionales revelan que, para 2008, del total de asalariados que deberían estar cotizando y no lo hacen, 27 por ciento laboraban en el domicilio de su patrón. Este segmento excluye a los trabajadores domésticos, que de acuerdo con la ley no son de afiliación obligatoria. Influye también el desconocimiento sobre los derechos de los trabajadores. La ley señala que para tener una relación laboral no es necesario el contrato escrito, sólo mantener subordinación (trabajo asalariado) con un patrón. Según estimaciones del IMSS, 90 por ciento de estos empleados que deberían estar afiliados sólo tienen un contrato verbal. Entre los trabajadores que laboran sin local, el IMSS destaca que la proporción de asalariados que están en casa del patrón es más grande que los ambulantes.

A partir de 2008, el SAT, junto con el IMSS, el Infonavit y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) verificarían a las empresas dedicadas a la prestación de servicios profesionales y el suministro de recursos humanos para evitar la evasión y elusión fiscal de cantidades inmensas por medio de subcontratistas. Un grupo especial para realizar auditorías a 445 firmas que ofrecían sus servicios con la oferta de dejar de pagar nómina y prestaciones para reducir los costos laborales hasta en 30 por ciento.

Según Carlos Cárdenas Guzmán, entonces vicepresidente de Asuntos Fiscales del IMCP, las autoridades fiscales ya tenían identificado hasta el automóvil que maneja el principal promotor de este esquema de evasión porque, además, es el único Rolls Royce de su tipo en México. La expansión del mercado de subcontratistas se daba bajo las figuras de sociedades cooperativas, sociedad en nombre colectivo, integradoras e integradas, sociedades de solidaridad social y hasta sindicatos y uniones.

En el caso de una cooperativa, por ejemplo, se afiliaba como socios a los trabajadores de una persona moral para evadir el registro a IMSS, SAR e Infonavit y las respectivas aportaciones. Se eliminaban aguinaldo y vacaciones, así como el impuesto sobre nómina y el reparto de utilidades.

Hay que agregar el severo impacto de los sindicatos fantasmas de protección sobre las finanzas del IMSS. Durante 2008 detentaban cerca de 92 por ciento de los contratos colectivos del país, cobrando altas cuotas y controlando la sindicalización. La masa de dinero en juego corría a través de igualas mensuales a seudolíderes sindicales para mantener en paz a los trabajadores. Dirigentes y despachos de abogados a cargo de la venta de protección sindical para las empresas cobraban cuotas por trabajador y recibían pagos especiales por evento: despidos masivos y recorte de prestaciones, entre otros.

Esa figura de outsourcing pretende ser legalizada en la reforma panista de la Ley Federal del Trabajo presentada al Congreso el 18 de marzo de 2010, publicitada por el secretario del Trabajo de Calderón, Javier Lozano, y que se ha ganado a pulso el más unánime de los repudios.

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco

Subcontratación depredadora. Arturo Alcalde Justiniani

Es usted uno más de los millones de mexicanos en cuya constancia de pago de salarios aparece una razón social distinta a aquella a la cual presta sus servicios? Probablemente se trate de un fraude que utilizan los patrones para cubrirle un salario menor, negarle el pago de reparto de utilidades, impedir que se asocie en un sindicato auténtico, despedirlo fácilmente, evadir seguridad social o simplemente pagar menos impuestos al fisco. Seguramente, todo ello en conjunto.

La práctica de la subcontratación, con sus distintas denominaciones: outsourcing, tercerización, externalización o las llamadas empresas de servicios, crece como hidra en el modelo laboral mexicano, carcomiendo derechos que colocan a numerosos trabajadores en estado de indefensión, ante la mirada cómplice de autoridades temerosas de contradecir la iniciativa empresarial que utiliza este camino para violar la ley. Frente a esta situación, el sindicalismo tradicional no mueve un dedo, pues no es de su interés y preocupación la defensa real de sus afiliados, además de que es incapaz, en razón de su debilidad, de contrarrestar una política en la que el sector empresarial ha encontrado una mina de oro, a costa de los trabajadores que le sirven. Los casos de Pasta de Conchos y el accidente de Petróleos Mexicanos en la plataforma Usumacinta exhiben las consecuencias de una subcontratación depredadora.

No todo está perdido; el 24 de abril pasado la Cámara de Diputados dictaminó y aprobó un conjunto de reformas que adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, iniciativa presentada por el diputado Patricio Flores Sandoval y apoyada por la Comisión de Seguridad Social, integrada por legisladores de los distintos partidos. Mediante esta reforma se prevé que los patrones beneficiados por el trabajo subcontratado y los subcontratistas, ambos tendrán la obligación de proporcionar informes periódicos y documentos que les requiera dicha institución, a fin de garantizar la vigencia de la seguridad social, fijando responsabilidades para el caso de omisión.

Esta reforma de ley aprobada por la Cámara de Diputados es compatible con el marco de nuestra legislación vigente y da un paso adelante para garantizar, al menos, el piso mínimo de protección que otorga la seguridad social a los trabajadores que están bajo este modelo de subcontratación. El dictamen fue turnado a la Cámara de Senadores y se esperaba entonces una ágil aprobación, tomando en cuenta la urgente necesidad de iniciar medidas tendientes a poner orden en este tema de gran impacto social. Pero el sector empresarial movió sus hilos, convocó a sus aliados y ha logrado hasta ahora inhibir la aprobación final de la ley. Han transcurrido ya seis meses sin que culmine el proceso legislativo en el Senado.

Existen experiencias muy valiosas en el campo internacional sobre las soluciones que se han instrumentado para regular el tema de la subcontratación, acotando su uso sólo cuando existan motivos técnicos y de especialidad, cuando la naturaleza del proceso productivo o de mercado así lo exija, inhibiendo a su vez la simulación o los incentivos para su violación. La propia Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha formulado importantes recomendaciones en la materia, entre ellas la 198, del año 2006, referida a las características que deben prevalecer en este tipo de relaciones de trabajo. Esta recomendación señala que los países miembros de la OIT, entre ellos México, deberán incluir en su política nacional medidas tendientes a “luchar contra las relaciones de trabajo encubiertas… que ocultan la verdadera situación jurídica, entendiéndose que existe una relación de trabajo encubierta cuando un empleador considera a un empleado como si no lo fuese, de una manera que oculta su verdadera condición jurídica, y que pueden producirse situaciones en las cuales los acuerdos contractuales dan lugar a que los trabajadores se vean privados de la protección a la que tienen derecho”.

Atendiendo a las legislaciones de otros países, se han admitido principios elementales sobre este tema, tales como la responsabilidad solidaria entre la empresa principal que se beneficia del trabajo y la subcontratista; la improcedencia de subcontratar actividades dirigidas a la finalidad o actividad normal de la empresa, y la prevalencia –como aparece establecido en nuestra legislación nacional– del concepto de “empresa” sustentado en razones objetivas o materiales, y no en simples formas jurídicas o denominaciones, esto es, que para identificar al verdadero patrón responsable de la relación de trabajo no basta que se invente una razón social y se le informe a los trabajadores que ya tienen nuevo patrón sustituto, sino que el auténtico beneficiario del servicio de los trabajadores sea quien responda de la relación de trabajo.

La subcontratación fraudulenta es más frecuente en el área de los servicios y en materia local; en el Distrito Federal, correspondería a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo y a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje tomar iniciativas para fijar criterios compatibles con nuestro marco jurídico laboral y las recomendaciones internacionales. Su ejemplo, sin duda, impactaría favorablemente en el resto del modelo laboral nacional.