A Palacio Nacional arriban integrantes de la clase política mexicana para conmemorar el segundo aniversario del mandato panista
Ricardo Gómez y Horacio Jiménez
El Universal
Ciudad de México Domingo 30 de noviembre de 2008
09:21 Manifestantes afines a Andrés Manuel López Obrador realizan gritos y consignas en contra del gobierno del presidente Felipe Calderón a las afueras del Palacio Nacional.
En este lugar se llevará a cabo un acto para conmemorar los dos años de gobierno del presidente.
Los manifestantes se encuentran exactamente en la plancha del Zócalo capitalino, donde elementos federales colocaron una malla metálica para contenerlos.
Hasta este sitio han comenzado a arribar integrantes de la clase política mexicana como legisladores, gobernadores y funcionarios del gobierno federal.
El presidente Calderón emitirá un mensaje en el patio central del Palacio Nacional, donde encabezará el acto "Dos años de gobierno", en el que está previsto un desayuno y sólo habrá palabras del mandatario.
domingo, 30 de noviembre de 2008
Aún no es tiempo de irme: AMLO ( Algunos pensamos que sí, Andrés Manuel)
Por ahora, dice que centrará sus acciones en el movimiento por la defensa de la economía.
El tabasqueño encabezó un mitin en la población de Dulce Grande; luego de su mensaje, pidió que le hicieran preguntas y la primera fue:
—Los compañeros aquí reunidos quieren saber si usted se va a quedar o se va a ir del PRD
—Ésta es una pregunta muy puesta. Es algo que no quiero abordar ahora porque vienen periodistas de México y hablar de algo así sería tanto como desviar la atención del tema central que es la defensa de la economía popular junto con la defensa del petróleo —afirmó.
Sin embargo, dejó en claro que “cuando vengan los procesos electorales vamos a ver cómo definimos las cosas, pero aún no es la época. Por el momento tenemos el compromiso de conducir este movimiento”.
El tabasqueño sostuvo que en esta etapa de la lucha por la defensa del petróleo y la economía popular “hemos tenido el apoyo de los tres partidos que integran el Frente Amplio Progresista”.
Y enfatizó:“vamos a esperar para decidir qué es lo que se va a hacer. Por lo pronto, el compromiso es mantener la unidad de este movimiento en el que participan integrantes de los tres partidos (PRD, PT y Convergencia), agrupaciones sociales y ciudadanos sin partido”.
En el tercer día de su gira por San Luís Potosí, López Obrador estuvo en municipios de alta marginación, como Santo Domingo, Villa de Ramos, Salinas de Hidalgo, Ahualulco, Mexquitic y Cerro de San Pedro, donde prácticamente no existe transporte público y se generan constantes polvaredas.
El territorio y el clima en esta región potosina, colindante con Zacatecas, es tan hostil que López Obrador calificó de héroes a los pobladores por hacer producir la tierra en condiciones tan difíciles y sin apoyo de los gobiernos estatal y federal.
Da coraje, dijo, que a los campesinos como ustedes los tengan en el abandono y no les llegue ningún tipo de apoyo y que el gobierno usurpador destine una gran cantidad de recursos, que son del pueblo, para rescatar a banqueros y grandes empresarios.
Al tabasqueño le pidieron apoyos para comercializar la producción de maíz, fríjol y chile, a lo que se comprometió a plantear el tema ante las autoridades del gobierno del Distrito Federal, que encabeza Marcelo Ebrard, porque, dijo, la Central de Abastos de la capital del país es de gran importancia y se podrían buscar mejores condiciones de comercialización.
En su recorrido, López Obrador reiteró su disposición a luchar en defensa de la economía popular y reafirmó que “vamos a presionar a la Secretaría de Hacienda del gobierno usurpador hasta que baje los precios de la gasolina y el diésel”.
Claves
Encinas se queda
Alejandro Encinas refrendó su decisión de mantenerse en las filas del PRD y llamó a sus compañeros inconformes con Jesús Ortega a no renunciar y luchar desde adentro para transformarlo el partido.
Sin embargo, advirtió que esperará a que se concrete la conformación de los nuevos órganos de dirección de su partido, como el secretariado general y la Comisión Política Nacional, para tomar las decisiones conducentes.
Agregó que la militancia y el pueblo que simpatizan con el partido no tienen la culpa de que se haya impuesto desde afuera a Ortega. Si los “usurpadores” de la dirigencia deciden deslindarse del FAP, se hará una enérgica crítica al respecto, dijo.
El tabasqueño encabezó un mitin en la población de Dulce Grande; luego de su mensaje, pidió que le hicieran preguntas y la primera fue:
—Los compañeros aquí reunidos quieren saber si usted se va a quedar o se va a ir del PRD
—Ésta es una pregunta muy puesta. Es algo que no quiero abordar ahora porque vienen periodistas de México y hablar de algo así sería tanto como desviar la atención del tema central que es la defensa de la economía popular junto con la defensa del petróleo —afirmó.
Sin embargo, dejó en claro que “cuando vengan los procesos electorales vamos a ver cómo definimos las cosas, pero aún no es la época. Por el momento tenemos el compromiso de conducir este movimiento”.
El tabasqueño sostuvo que en esta etapa de la lucha por la defensa del petróleo y la economía popular “hemos tenido el apoyo de los tres partidos que integran el Frente Amplio Progresista”.
Y enfatizó:“vamos a esperar para decidir qué es lo que se va a hacer. Por lo pronto, el compromiso es mantener la unidad de este movimiento en el que participan integrantes de los tres partidos (PRD, PT y Convergencia), agrupaciones sociales y ciudadanos sin partido”.
En el tercer día de su gira por San Luís Potosí, López Obrador estuvo en municipios de alta marginación, como Santo Domingo, Villa de Ramos, Salinas de Hidalgo, Ahualulco, Mexquitic y Cerro de San Pedro, donde prácticamente no existe transporte público y se generan constantes polvaredas.
El territorio y el clima en esta región potosina, colindante con Zacatecas, es tan hostil que López Obrador calificó de héroes a los pobladores por hacer producir la tierra en condiciones tan difíciles y sin apoyo de los gobiernos estatal y federal.
Da coraje, dijo, que a los campesinos como ustedes los tengan en el abandono y no les llegue ningún tipo de apoyo y que el gobierno usurpador destine una gran cantidad de recursos, que son del pueblo, para rescatar a banqueros y grandes empresarios.
Al tabasqueño le pidieron apoyos para comercializar la producción de maíz, fríjol y chile, a lo que se comprometió a plantear el tema ante las autoridades del gobierno del Distrito Federal, que encabeza Marcelo Ebrard, porque, dijo, la Central de Abastos de la capital del país es de gran importancia y se podrían buscar mejores condiciones de comercialización.
En su recorrido, López Obrador reiteró su disposición a luchar en defensa de la economía popular y reafirmó que “vamos a presionar a la Secretaría de Hacienda del gobierno usurpador hasta que baje los precios de la gasolina y el diésel”.
Claves
Encinas se queda
Alejandro Encinas refrendó su decisión de mantenerse en las filas del PRD y llamó a sus compañeros inconformes con Jesús Ortega a no renunciar y luchar desde adentro para transformarlo el partido.
Sin embargo, advirtió que esperará a que se concrete la conformación de los nuevos órganos de dirección de su partido, como el secretariado general y la Comisión Política Nacional, para tomar las decisiones conducentes.
Agregó que la militancia y el pueblo que simpatizan con el partido no tienen la culpa de que se haya impuesto desde afuera a Ortega. Si los “usurpadores” de la dirigencia deciden deslindarse del FAP, se hará una enérgica crítica al respecto, dijo.
¿ Y cómo permitieron los gobiernos panistas que esto ocurriera ? ; El imperio del secuestro
JOSé ANTONIO ORTEGA
Más allá de las controversias que provoca, el abogado penalista José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, investigó y documentó las razones por las cuales México encabeza la lista mundial en el delito de secuestro. El origen y crecimiento de este flagelo (en el país se cometen 448 plagios al año en promedio), el rol de las autoridades ante el fenómeno, la crisis de inseguridad y la situación de las víctimas, entre otros aspectos, son materia de estudio de Ortega en su libro El secuestro en México, que Planeta pondrá en circulación esta semana. Con autorización de esa editorial, reproducimos las partes sustanciales del epílogo: "¿Hay protección contra el secuestro?"
El problema del secuestro está muy lejos de ser resuelto. Al momento de entregar el manuscrito de esta obra, había signos muy claros de que estamos ante la tercera gran oleada del secuestro en México y de que los plagios están repuntando.
Los grupos subversivos están cometiendo más secuestros, además de atracos contra transportes de valores. Supuestamente, el EPR y otros grupos estarían acumulando grandes cantidades de dinero, ya sea para incursionar en grande en el narcotráfico (como las FARC) o para preparar una campaña terrorista de alto perfil con motivo del bicentenario de la Independencia de México y el centenario de la Revolución mexicana.
En 2007, los secuestros de alto impacto denunciados crecieron 33% con relación al año anterior. En los primeros cinco meses de 2008, los plagios aumentaron en forma acelerada en distintos puntos del país.
En Tabasco, durante el gobierno de Manuel Andrade Díaz, hubo una burda manipulación de datos para simular seguridad y eficacia de la procuración de justicia. Supuestamente no hubo secuestros, aunque sí los hubo, según dieron cuenta numerosas notas periodísticas. Pero en 2007, y sobre todo en 2008, la situación se ha agravado aceleradamente.
En 2007, oficialmente hubo 10 secuestros en Tabasco. Pero hasta el 30 de marzo de 2008, según reportes de prensa, ya se habían cometido 28, y de mantenerse este ritmo el año podría concluir con más de 100 plagios, es decir, 10 veces más que el año anterior.
En la Chontalpa (compuesta por los municipios de Cárdenas, Comalcalco, Cunduacán, Huimanguillo y Paraíso), una de las cinco regiones del estado, entre el 23 de febrero 2007 y el 8 de febrero de 2008 ocurrieron 20 secuestros cuyos autores casi en su totalidad están impunes.
En el Distrito Federal, en el primer cuatrimestre del año habían subido 76% respecto al mismo período del año anterior. De mantenerse la tendencia, al final de 2008 podrían haberse cometido más de 200 plagios de alto impacto.
La capital del país podría entrar así en su peor etapa de plagios. En el Estado de México, de mantenerse las tendencias del primer trimestre de 2008, el año terminará con 46% secuestros más que en 2007.
En Baja California, con 23 denunciados en el primer cuatrimestre, al final del año habría 70, lo cual significaría un incremento de 250% en relación con el año anterior.
Es un hecho que, más allá de las cifras oficiales, en Tijuana los plagios se triplicaron desde 2006 y se cometen más de 100 por año.
Secuestro y subversión
Los plagios se están perpetrando en lugares inesperados. Tal es el caso del municipio de Los Cabos, Baja California Sur, de gran importancia turística y con una población que no supera los 180 mil habitantes. Ahí no ocurrían secuestros, y de pronto en 2007 hubo nueve. Es decir, debe tratarse de la localidad con más plagios en el mundo: 50 por cada millón de habitantes.
Por lo demás, y como se ha insistido por años, el número real de secuestros es superior al de los denunciados. Mientras que el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) registró 435 en 2007, la Policía Federal Preventiva (PFP) contabilizó mil 17, cifra 134% mayor.
Según la PFP, en el Distrito Federal no hubo 112 en 2007, como consta con base en las denuncias ante la procuraduría capitalina, sino 481; en el Estado de México en realidad hubo 347 en total frente a 52 denunciados.
Ante la nueva oleada del secuestro, dos hechos son motivo adicional de alarma. Por un lado está la negociación que mediante intermediarios el EPR mantiene con el gobierno federal, negociación que era secreta hasta que la denunciamos y se tuvo que volver más o menos pública.
Ante la revelación, el EPR negó que negociara con el gobierno y mucho menos "en lo oscurito". La reacción es lógica, pues el capital político del grupo terrorista se finca en la intransigencia y la "pureza" revolucionaria. Pero esa pureza no es tan pura.(...)
El gobierno se equivoca al negociar con terroristas, y peor aún con unos que ni remotamente están dispuestos a deponer las armas. No va a resultar de ello nada bueno para el país, y sí, en cambio, un fortalecimiento del grupo subversivo.
Es falsa la disyuntiva entre negociar o aplastarlos. Se debe aplicar la ley a todo aquel que la transgreda. Punto. Nos oponemos a toda acción ilegal y criminal para combatir el delito. Así como condenamos el secuestro, condenamos las detenciones ilegales, las desapariciones forzosas e involuntarias, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales o la toma de familiares como rehenes.
Se nos dirá que no se puede ni se debe combatir con represión a los problemas sociales y que "la violencia solamente engendra más violencia", pero analicemos cada uno de estos argumentos.
Veamos primero las supuestas raíces sociales del terrorismo y en general de la delincuencia. Existe una cantidad abrumadora de evidencia que demuestra que no hay tal determinación económico-social del crimen. Ni el nivel de desarrollo de un país, ni el índice de desarrollo humano o de marginación, ni el índice Gini o grado de desigualdad en la distribución del ingreso, ni el grado de carestía, ni el ritmo de crecimiento de la economía o el desempleo explican las diferencias en la incidencia criminal entre jurisdicciones o en diferentes momentos.
La pobreza no es la raíz del terrorismo, fenómeno universal que ha alcanzado a las naciones más ricas. Los terroristas en su gran mayoría tampoco son pobres, sino que se encuentran por arriba de la media de ingresos (el "pobre" Osama Bin Laden apenas tiene una fortuna de 300 millones de dólares).
Por lo que hace al trillado y equivocado aforismo de que "violencia solamente engendra violencia", es demasiado obvia la refutación, pero hay que repetirla: si lo contrario -la no violencia- impidiera la violencia, ésta hace mucho que no existiría, pues la inmensa mayoría de quienes la sufren ni siquiera intentan hacer uso de su derecho natural a defenderse.
No. Lo que engendra la violencia, lo que envalentona a los terroristas y a los criminales en general, es la no resistencia, la omisión del Estado en su función y las políticas claudicantes de apaciguamiento y negociación de la ley. Pedir que ante el delito violento el Estado -quien tiene el monopolio de la violencia legítima- no reprima, equivale a instaurar la ley de la selva y garantizar la impunidad de los violentos.
El otro gran hecho ominoso respecto al secuestro es el retorno a la idea de que la mejor manera de combatir este delito es perseguir a sus víctimas.
El 24 de noviembre de 2007, representantes de todas las procuradurías del país que conforman el Grupo de Planeación y Análisis Estratégico para el Combate al Delito de Secuestro acordaron reformas legales a fin de que se congelen las cuentas bancarias y demás bienes de las víctimas de plagio y de sus familiares, para que así, supuestamente, ya no se paguen rescates.
Con esto, aseguraron los representantes de las procuradurías, se lograría la erradicación del secuestro, pues ante la imposibilidad de obtener rescates los plagiarios dejarían de ver un negocio en la privación de la libertad de las personas.
Pero en realidad el objetivo de esta monstruosa medida no es reducir o erradicar el secuestro, sino impedir que los plagios se denuncien para simular así que ese delito baja o quitarse la presión de la opinión pública.
De darse la reforma legal, las procuradurías se enterarían de los secuestros de la manera en que hoy lo hacen en forma mayoritaria: gracias a las denuncias. Así, tendrían conocimiento de muy pocos casos, pues los familiares de las víctimas no presentarían las denuncias ante el temor de poner en mucho mayor riesgo la vida de sus seres queridos, pues las cuentas bancarias quedarían de inmediato congeladas.
Los secuestradores, iracundos, tomarían las mayores represalias. ¿Qué ocurrirá entonces? Los familiares tendrán que negociar con los delincuentes sin intervención de las procuradurías ni la menor posibilidad de que los plagiados puedan ser rescatados y los secuestradores detenidos.
Y esto hará que los secuestradores negocien desde una mayor posición de fuerza y cometan actos de mayor crueldad para obtener rescates más cuantiosos, a sabiendas de que no habrá operativos de rescate y no serán detenidos.
La reforma legal, en suma, tendría tres efectos principales:
Cesaría la presión sobre las procuradurías para que combatan al secuestro.
Se aumentarían los riesgos de mutilación, tortura y asesinato de los secuestrados.
Se garantizaría la impunidad de los secuestradores y, consecuentemente, habría muchos más plagiarios y mucho más secuestros.
De lo que se trata con esta reforma no es en modo alguno de combatir al secuestro, sino de acallar la protesta. El mensaje implícito en la renovada amenaza de castigar a las víctimas es: "cállense o les va a ir peor".
Por tanto, las perspectivas del secuestro en México son muy oscuras. La clase política y las burocracias del sistema de justicia penal, lejos de representar el interés de la sociedad, se han confabulado en contra de los gobernados.
El caso Martí
El secuestro y asesinato de Fernando Martí desencadenó una ola de indignación social en México en contra de los plagios y la inseguridad pública en general. Además, al clima de crispación social ha venido a sumarse una ola de violencia homicida jamás vista, en la cual los protagonistas son bandas de narcotraficantes.
El 30 de agosto de 2008, en más de 40 ciudades del país, marchamos cientos de miles de manifestantes en demanda de que, de una vez por todas, se ponga fin a esta situación intolerable. Durante los actos resonaron las palabras de Alejandro Martí, padre de Fernando, quien en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública del 21 de agosto de 2008 les espetó a nuestros gobernantes el sentir de la inmensa mayoría de mexicanos: "Si no pueden, ¡renuncien!".
En dicha reunión fue aprobado el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, el cual consta de 75 medidas con las que supuestamente la crisis será superada y el país regresará a los niveles de seguridad relativa que imperaban 30 años atrás.
Pero en ese documento no hay nada que mueva al optimismo. Algunas medidas son atinadas, las veníamos proponiendo desde hace tiempo y no entendemos por qué no se habían aplicado. Otras son erróneas y, lejos de ayudar a combatir los plagios, limitarán todavía más las libertades. Los políticos mexicanos nunca entienden la extrema simulación que implica pretender combatir delitos prohibiéndolos (cuando ya están prohibidos en el Código Penal), pues precisamente lo que caracteriza a un delincuente es su propensión a violar la ley. Tal es la intención que se halla detrás del hecho de casi prohibir la telefonía celular de prepago, como si los registros draconianos fueran a detener a los plagiarios.
Algunas medidas como el "observatorio ciudadano" han sido concebidas -muy en el estilo de los políticos autoritarios mexicanos- para la mediatización del descontento social, la cooptación de autonombrados "representantes de la sociedad civil" y la invención de interlocutores cómodos ("constructivos") para los gobernantes.
Los ciudadanos no quieren zanahorias, atole con el dedo, ni simulación. Quieren resultados tangibles. No necesitamos juntas de notables, ni intermediarios, ni tutores.
Los ciudadanos quieren justamente aquello de lo que carece el documento: compromisos concretos de reducción del crimen y la impunidad (en términos de porcentajes, tasas y cifras absolutas), a cumplirse en plazos perentorios, con sanciones para quienes no cumplan.
Lo único que haría viable un verdadero principio de solución ante el secuestro y la inseguridad sería que los gobernantes adoptaran estos seis compromisos mínimos:
1. Reducción de la incidencia de secuestros en 50%, al nivel de 2005, que según la estadística oficial es el más bajo en 15 años.
2. Cumplir la totalidad de las órdenes de aprehensión de secuestradores y confinar a los ya presos en penales de alta seguridad.
3. Reducir la incidencia de delitos en 10%, sobre todo los graves.
4. Aprobar un programa nacional con metas para reducir progresivamente los delitos, y en el caso del secuestro, para erradicarlo a más tardar en 2012.
5. Dar inicio a una radical y completa depuración de las policías, al mismo tiempo que se mejoran en 100% los salarios de los agentes a fin de atraer a las filas de las corporaciones a las mejores y no a las peores personas.
6. Cese inmediato de las violaciones a los derechos a la libertad de tránsito y a la libertad personal. Fin a retenes, redadas y revisiones ilegales de personas y vehículos. No sólo son anticonstitucionales y facilitan los abusos, sino que han probado ser absolutamente ineficaces contra la delincuencia. Al crimen no se le combate cometiendo crímenes.
Ante la casi absoluta carencia de voluntad de las autoridades del Estado mexicano, los ciudadanos debemos redoblar la lucha ciudadana para obligarlas a cumplir con la tarea que les hemos encomendado y por la cual pagamos una parte sustancial de la riqueza que generamos.
La lucha será ardua y difícil. Pero acostumbrarnos a vivir en el terror no es una opción.
Más allá de las controversias que provoca, el abogado penalista José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, investigó y documentó las razones por las cuales México encabeza la lista mundial en el delito de secuestro. El origen y crecimiento de este flagelo (en el país se cometen 448 plagios al año en promedio), el rol de las autoridades ante el fenómeno, la crisis de inseguridad y la situación de las víctimas, entre otros aspectos, son materia de estudio de Ortega en su libro El secuestro en México, que Planeta pondrá en circulación esta semana. Con autorización de esa editorial, reproducimos las partes sustanciales del epílogo: "¿Hay protección contra el secuestro?"
El problema del secuestro está muy lejos de ser resuelto. Al momento de entregar el manuscrito de esta obra, había signos muy claros de que estamos ante la tercera gran oleada del secuestro en México y de que los plagios están repuntando.
Los grupos subversivos están cometiendo más secuestros, además de atracos contra transportes de valores. Supuestamente, el EPR y otros grupos estarían acumulando grandes cantidades de dinero, ya sea para incursionar en grande en el narcotráfico (como las FARC) o para preparar una campaña terrorista de alto perfil con motivo del bicentenario de la Independencia de México y el centenario de la Revolución mexicana.
En 2007, los secuestros de alto impacto denunciados crecieron 33% con relación al año anterior. En los primeros cinco meses de 2008, los plagios aumentaron en forma acelerada en distintos puntos del país.
En Tabasco, durante el gobierno de Manuel Andrade Díaz, hubo una burda manipulación de datos para simular seguridad y eficacia de la procuración de justicia. Supuestamente no hubo secuestros, aunque sí los hubo, según dieron cuenta numerosas notas periodísticas. Pero en 2007, y sobre todo en 2008, la situación se ha agravado aceleradamente.
En 2007, oficialmente hubo 10 secuestros en Tabasco. Pero hasta el 30 de marzo de 2008, según reportes de prensa, ya se habían cometido 28, y de mantenerse este ritmo el año podría concluir con más de 100 plagios, es decir, 10 veces más que el año anterior.
En la Chontalpa (compuesta por los municipios de Cárdenas, Comalcalco, Cunduacán, Huimanguillo y Paraíso), una de las cinco regiones del estado, entre el 23 de febrero 2007 y el 8 de febrero de 2008 ocurrieron 20 secuestros cuyos autores casi en su totalidad están impunes.
En el Distrito Federal, en el primer cuatrimestre del año habían subido 76% respecto al mismo período del año anterior. De mantenerse la tendencia, al final de 2008 podrían haberse cometido más de 200 plagios de alto impacto.
La capital del país podría entrar así en su peor etapa de plagios. En el Estado de México, de mantenerse las tendencias del primer trimestre de 2008, el año terminará con 46% secuestros más que en 2007.
En Baja California, con 23 denunciados en el primer cuatrimestre, al final del año habría 70, lo cual significaría un incremento de 250% en relación con el año anterior.
Es un hecho que, más allá de las cifras oficiales, en Tijuana los plagios se triplicaron desde 2006 y se cometen más de 100 por año.
Secuestro y subversión
Los plagios se están perpetrando en lugares inesperados. Tal es el caso del municipio de Los Cabos, Baja California Sur, de gran importancia turística y con una población que no supera los 180 mil habitantes. Ahí no ocurrían secuestros, y de pronto en 2007 hubo nueve. Es decir, debe tratarse de la localidad con más plagios en el mundo: 50 por cada millón de habitantes.
Por lo demás, y como se ha insistido por años, el número real de secuestros es superior al de los denunciados. Mientras que el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) registró 435 en 2007, la Policía Federal Preventiva (PFP) contabilizó mil 17, cifra 134% mayor.
Según la PFP, en el Distrito Federal no hubo 112 en 2007, como consta con base en las denuncias ante la procuraduría capitalina, sino 481; en el Estado de México en realidad hubo 347 en total frente a 52 denunciados.
Ante la nueva oleada del secuestro, dos hechos son motivo adicional de alarma. Por un lado está la negociación que mediante intermediarios el EPR mantiene con el gobierno federal, negociación que era secreta hasta que la denunciamos y se tuvo que volver más o menos pública.
Ante la revelación, el EPR negó que negociara con el gobierno y mucho menos "en lo oscurito". La reacción es lógica, pues el capital político del grupo terrorista se finca en la intransigencia y la "pureza" revolucionaria. Pero esa pureza no es tan pura.(...)
El gobierno se equivoca al negociar con terroristas, y peor aún con unos que ni remotamente están dispuestos a deponer las armas. No va a resultar de ello nada bueno para el país, y sí, en cambio, un fortalecimiento del grupo subversivo.
Es falsa la disyuntiva entre negociar o aplastarlos. Se debe aplicar la ley a todo aquel que la transgreda. Punto. Nos oponemos a toda acción ilegal y criminal para combatir el delito. Así como condenamos el secuestro, condenamos las detenciones ilegales, las desapariciones forzosas e involuntarias, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales o la toma de familiares como rehenes.
Se nos dirá que no se puede ni se debe combatir con represión a los problemas sociales y que "la violencia solamente engendra más violencia", pero analicemos cada uno de estos argumentos.
Veamos primero las supuestas raíces sociales del terrorismo y en general de la delincuencia. Existe una cantidad abrumadora de evidencia que demuestra que no hay tal determinación económico-social del crimen. Ni el nivel de desarrollo de un país, ni el índice de desarrollo humano o de marginación, ni el índice Gini o grado de desigualdad en la distribución del ingreso, ni el grado de carestía, ni el ritmo de crecimiento de la economía o el desempleo explican las diferencias en la incidencia criminal entre jurisdicciones o en diferentes momentos.
La pobreza no es la raíz del terrorismo, fenómeno universal que ha alcanzado a las naciones más ricas. Los terroristas en su gran mayoría tampoco son pobres, sino que se encuentran por arriba de la media de ingresos (el "pobre" Osama Bin Laden apenas tiene una fortuna de 300 millones de dólares).
Por lo que hace al trillado y equivocado aforismo de que "violencia solamente engendra violencia", es demasiado obvia la refutación, pero hay que repetirla: si lo contrario -la no violencia- impidiera la violencia, ésta hace mucho que no existiría, pues la inmensa mayoría de quienes la sufren ni siquiera intentan hacer uso de su derecho natural a defenderse.
No. Lo que engendra la violencia, lo que envalentona a los terroristas y a los criminales en general, es la no resistencia, la omisión del Estado en su función y las políticas claudicantes de apaciguamiento y negociación de la ley. Pedir que ante el delito violento el Estado -quien tiene el monopolio de la violencia legítima- no reprima, equivale a instaurar la ley de la selva y garantizar la impunidad de los violentos.
El otro gran hecho ominoso respecto al secuestro es el retorno a la idea de que la mejor manera de combatir este delito es perseguir a sus víctimas.
El 24 de noviembre de 2007, representantes de todas las procuradurías del país que conforman el Grupo de Planeación y Análisis Estratégico para el Combate al Delito de Secuestro acordaron reformas legales a fin de que se congelen las cuentas bancarias y demás bienes de las víctimas de plagio y de sus familiares, para que así, supuestamente, ya no se paguen rescates.
Con esto, aseguraron los representantes de las procuradurías, se lograría la erradicación del secuestro, pues ante la imposibilidad de obtener rescates los plagiarios dejarían de ver un negocio en la privación de la libertad de las personas.
Pero en realidad el objetivo de esta monstruosa medida no es reducir o erradicar el secuestro, sino impedir que los plagios se denuncien para simular así que ese delito baja o quitarse la presión de la opinión pública.
De darse la reforma legal, las procuradurías se enterarían de los secuestros de la manera en que hoy lo hacen en forma mayoritaria: gracias a las denuncias. Así, tendrían conocimiento de muy pocos casos, pues los familiares de las víctimas no presentarían las denuncias ante el temor de poner en mucho mayor riesgo la vida de sus seres queridos, pues las cuentas bancarias quedarían de inmediato congeladas.
Los secuestradores, iracundos, tomarían las mayores represalias. ¿Qué ocurrirá entonces? Los familiares tendrán que negociar con los delincuentes sin intervención de las procuradurías ni la menor posibilidad de que los plagiados puedan ser rescatados y los secuestradores detenidos.
Y esto hará que los secuestradores negocien desde una mayor posición de fuerza y cometan actos de mayor crueldad para obtener rescates más cuantiosos, a sabiendas de que no habrá operativos de rescate y no serán detenidos.
La reforma legal, en suma, tendría tres efectos principales:
Cesaría la presión sobre las procuradurías para que combatan al secuestro.
Se aumentarían los riesgos de mutilación, tortura y asesinato de los secuestrados.
Se garantizaría la impunidad de los secuestradores y, consecuentemente, habría muchos más plagiarios y mucho más secuestros.
De lo que se trata con esta reforma no es en modo alguno de combatir al secuestro, sino de acallar la protesta. El mensaje implícito en la renovada amenaza de castigar a las víctimas es: "cállense o les va a ir peor".
Por tanto, las perspectivas del secuestro en México son muy oscuras. La clase política y las burocracias del sistema de justicia penal, lejos de representar el interés de la sociedad, se han confabulado en contra de los gobernados.
El caso Martí
El secuestro y asesinato de Fernando Martí desencadenó una ola de indignación social en México en contra de los plagios y la inseguridad pública en general. Además, al clima de crispación social ha venido a sumarse una ola de violencia homicida jamás vista, en la cual los protagonistas son bandas de narcotraficantes.
El 30 de agosto de 2008, en más de 40 ciudades del país, marchamos cientos de miles de manifestantes en demanda de que, de una vez por todas, se ponga fin a esta situación intolerable. Durante los actos resonaron las palabras de Alejandro Martí, padre de Fernando, quien en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública del 21 de agosto de 2008 les espetó a nuestros gobernantes el sentir de la inmensa mayoría de mexicanos: "Si no pueden, ¡renuncien!".
En dicha reunión fue aprobado el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, el cual consta de 75 medidas con las que supuestamente la crisis será superada y el país regresará a los niveles de seguridad relativa que imperaban 30 años atrás.
Pero en ese documento no hay nada que mueva al optimismo. Algunas medidas son atinadas, las veníamos proponiendo desde hace tiempo y no entendemos por qué no se habían aplicado. Otras son erróneas y, lejos de ayudar a combatir los plagios, limitarán todavía más las libertades. Los políticos mexicanos nunca entienden la extrema simulación que implica pretender combatir delitos prohibiéndolos (cuando ya están prohibidos en el Código Penal), pues precisamente lo que caracteriza a un delincuente es su propensión a violar la ley. Tal es la intención que se halla detrás del hecho de casi prohibir la telefonía celular de prepago, como si los registros draconianos fueran a detener a los plagiarios.
Algunas medidas como el "observatorio ciudadano" han sido concebidas -muy en el estilo de los políticos autoritarios mexicanos- para la mediatización del descontento social, la cooptación de autonombrados "representantes de la sociedad civil" y la invención de interlocutores cómodos ("constructivos") para los gobernantes.
Los ciudadanos no quieren zanahorias, atole con el dedo, ni simulación. Quieren resultados tangibles. No necesitamos juntas de notables, ni intermediarios, ni tutores.
Los ciudadanos quieren justamente aquello de lo que carece el documento: compromisos concretos de reducción del crimen y la impunidad (en términos de porcentajes, tasas y cifras absolutas), a cumplirse en plazos perentorios, con sanciones para quienes no cumplan.
Lo único que haría viable un verdadero principio de solución ante el secuestro y la inseguridad sería que los gobernantes adoptaran estos seis compromisos mínimos:
1. Reducción de la incidencia de secuestros en 50%, al nivel de 2005, que según la estadística oficial es el más bajo en 15 años.
2. Cumplir la totalidad de las órdenes de aprehensión de secuestradores y confinar a los ya presos en penales de alta seguridad.
3. Reducir la incidencia de delitos en 10%, sobre todo los graves.
4. Aprobar un programa nacional con metas para reducir progresivamente los delitos, y en el caso del secuestro, para erradicarlo a más tardar en 2012.
5. Dar inicio a una radical y completa depuración de las policías, al mismo tiempo que se mejoran en 100% los salarios de los agentes a fin de atraer a las filas de las corporaciones a las mejores y no a las peores personas.
6. Cese inmediato de las violaciones a los derechos a la libertad de tránsito y a la libertad personal. Fin a retenes, redadas y revisiones ilegales de personas y vehículos. No sólo son anticonstitucionales y facilitan los abusos, sino que han probado ser absolutamente ineficaces contra la delincuencia. Al crimen no se le combate cometiendo crímenes.
Ante la casi absoluta carencia de voluntad de las autoridades del Estado mexicano, los ciudadanos debemos redoblar la lucha ciudadana para obligarlas a cumplir con la tarea que les hemos encomendado y por la cual pagamos una parte sustancial de la riqueza que generamos.
La lucha será ardua y difícil. Pero acostumbrarnos a vivir en el terror no es una opción.
¿Qué le debe Calderón a García Luna?
JORGE CARRASCO ARAIZAGA
MEXICO, D.F., 28 de noviembre (apro).- Cada vez que Felipe Calderón sale en defensa de su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, se va convirtiendo, él mismo, en parte de la crisis de inseguridad que padecemos los mexicanos.
Con esa defensa tan resuelta, ni cien días, ni los dos mil de su sexenio, serán suficientes para generar credibilidad entre la ciudadanía y las propias elites de poder del país sobre su supuesto combate a la delincuencia.
Pero todavía hay algo peor: Calderón gestiona en el Congreso la creación de la Policía Nacional, integrada por miles de policías para ponerla en manos de García Luna.
En una verdadera rendición de cuentas de cualquier democracia, cuando alguno de los colaboradores del jefe político del país es cuestionado nada más lejos que de ser premiado. De inmediato pone su renuncia en la mesa.
Incluso, por acusaciones mucho menos graves de las que se achacan a García Luna, deja el cargo para dar paso a las investigaciones. Lo hace antes de que se echen a andar los mecanismos legales de su separación.
En contra de García Luna abundan los señalamientos. Fuera y dentro de gabinete, empezando en los círculos militares.
Más allá de los dichos, hay una abrumadora realidad: algunos de sus más cercanos y viejos colaboradores son investigados por su larga protección al narcotráfico.
A nadie se le puede acusar con base en sospechas, pero a partir de las acciones de la Procuraduría General de la República en contra de sus excolaboradores, lo menos que se puede decir de García Luna es que ha sido un ingenuo... si es que en verdad no estaba enterado de nada.
Hombre de sombras, se ha convertido en uno de los principales obstáculos para darle crédito a Calderón en su guerra contra la delincuencia organizada.
¿Por qué Calderón prefiere pagar el costo de defender a García Luna? ¿Hay algo que le deba?
La presencia de García Luna, el pasado viernes, en la XXV sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, instancia creada en el gobierno de Ernesto Zedillo, dio fe de la manera en que evade sus responsabilidades.
Estuvo como un empleado más de Calderón, como si no fuera el principal encargado de elaborar las políticas públicas en materia de seguridad para el país, de acuerdo con las tareas claramente establecidas en sus obligaciones legales de quien despacha al frente de la secretaría de Seguridad Pública.
Se sumó al desfile mediático de los miembros del gabinete calderonista para hablar de sus "logros" en la "evaluación" de los primeros 100 días del Acuerdo Nacional para la Seguridad y la Justicia. Como todos los que participaron por parte del Ejecutivo federal, García Luna fue previsible. Tanto él como su jefe están muy lejos de convocar y generar acciones de Estado.
La muestra es que ni el presidente del Senado ni el presidente de la Suprema Corte de Justicia participaron en la reunión.
Es tal la ausencia de un pacto de Estado que los congresistas no alteraron su agenda legislativa en materia de reformas de justicia y seguridad para sumarse al "compromiso de los 100 días".
El propio presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo Ortiz Mayagoitia, se encargó de decir desde Monterrey, el mismo viernes, que tal compromiso no es un pacto de Estado.
El Poder Judicial, a través de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal, acaso aprobó una resolución para facilitar los cateos y un acuerdo para la creación de la figura de los jueces de control. Figuras que van más allá de tales "compromisos".
Muy lejos de una reunión de Estado, el encuentro devino en un espacio donde los gobernadores adelantaron lo que será uno de los temas de la campaña electoral de 2009: el uso político de la seguridad pública, con la participación incluida de García Luna.
jcarrasco@proceso.com.mx
MEXICO, D.F., 28 de noviembre (apro).- Cada vez que Felipe Calderón sale en defensa de su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, se va convirtiendo, él mismo, en parte de la crisis de inseguridad que padecemos los mexicanos.
Con esa defensa tan resuelta, ni cien días, ni los dos mil de su sexenio, serán suficientes para generar credibilidad entre la ciudadanía y las propias elites de poder del país sobre su supuesto combate a la delincuencia.
Pero todavía hay algo peor: Calderón gestiona en el Congreso la creación de la Policía Nacional, integrada por miles de policías para ponerla en manos de García Luna.
En una verdadera rendición de cuentas de cualquier democracia, cuando alguno de los colaboradores del jefe político del país es cuestionado nada más lejos que de ser premiado. De inmediato pone su renuncia en la mesa.
Incluso, por acusaciones mucho menos graves de las que se achacan a García Luna, deja el cargo para dar paso a las investigaciones. Lo hace antes de que se echen a andar los mecanismos legales de su separación.
En contra de García Luna abundan los señalamientos. Fuera y dentro de gabinete, empezando en los círculos militares.
Más allá de los dichos, hay una abrumadora realidad: algunos de sus más cercanos y viejos colaboradores son investigados por su larga protección al narcotráfico.
A nadie se le puede acusar con base en sospechas, pero a partir de las acciones de la Procuraduría General de la República en contra de sus excolaboradores, lo menos que se puede decir de García Luna es que ha sido un ingenuo... si es que en verdad no estaba enterado de nada.
Hombre de sombras, se ha convertido en uno de los principales obstáculos para darle crédito a Calderón en su guerra contra la delincuencia organizada.
¿Por qué Calderón prefiere pagar el costo de defender a García Luna? ¿Hay algo que le deba?
La presencia de García Luna, el pasado viernes, en la XXV sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, instancia creada en el gobierno de Ernesto Zedillo, dio fe de la manera en que evade sus responsabilidades.
Estuvo como un empleado más de Calderón, como si no fuera el principal encargado de elaborar las políticas públicas en materia de seguridad para el país, de acuerdo con las tareas claramente establecidas en sus obligaciones legales de quien despacha al frente de la secretaría de Seguridad Pública.
Se sumó al desfile mediático de los miembros del gabinete calderonista para hablar de sus "logros" en la "evaluación" de los primeros 100 días del Acuerdo Nacional para la Seguridad y la Justicia. Como todos los que participaron por parte del Ejecutivo federal, García Luna fue previsible. Tanto él como su jefe están muy lejos de convocar y generar acciones de Estado.
La muestra es que ni el presidente del Senado ni el presidente de la Suprema Corte de Justicia participaron en la reunión.
Es tal la ausencia de un pacto de Estado que los congresistas no alteraron su agenda legislativa en materia de reformas de justicia y seguridad para sumarse al "compromiso de los 100 días".
El propio presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo Ortiz Mayagoitia, se encargó de decir desde Monterrey, el mismo viernes, que tal compromiso no es un pacto de Estado.
El Poder Judicial, a través de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal, acaso aprobó una resolución para facilitar los cateos y un acuerdo para la creación de la figura de los jueces de control. Figuras que van más allá de tales "compromisos".
Muy lejos de una reunión de Estado, el encuentro devino en un espacio donde los gobernadores adelantaron lo que será uno de los temas de la campaña electoral de 2009: el uso político de la seguridad pública, con la participación incluida de García Luna.
jcarrasco@proceso.com.mx
Calderón y el modo de perder un bienio
MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA
Apenas el viernes 28, exactamente un mes después de su aprobación en el Congreso, el Ejecutivo publicó la nueva legislación petrolera. La parsimonia presidencial, casi renuencia, mostró en los hechos la insatisfacción del gobierno ante una reforma que imaginó diferente y aprobada en un lapso muy breve, mediante un procedimiento veloz, aunque de dientes para afuera la festejara. El que transcurrieran cuatro semanas para concluir el proceso legislativo correspondiente contrastó con la celeridad mostrada por el propio presidente Calderón en el otro principal lance legislativo de su bienio, la ley del ISSSTE. Después de que la aprobó el Senado el miércoles 28 de marzo del año pasado, el Ejecutivo se dio prisa para hacerla aparecer en el Diario Oficial y hasta, rompiendo la costumbre, se lanzó para ese propósito una edición sabatina, el 31 de marzo.
Esas diferentes actitudes parecerían señal de que en su primer bienio, el proyecto reformista de Calderón se saldó con un empate: un tanto a favor y otro en contra. Pero, si se atiende a las secuelas de la reforma pensionaria de los trabajadores del Estado, quizá no haya que anotarla en el haber presidencial, sino en su debe: nunca una nueva ley como ésta, suscitó una oposición judicialmente manifestada y por lo tanto medible. La reforma fue rechazada por sus destinatarios de dos maneras: la presentación de cientos de miles de demandas de amparo (aun sin resolver en última instancia), y la derrota en los hechos del proyecto privatizador de los fondos de retiro. Cuando la semana pasada concluyó el plazo para que la burocracia eligiera cómo se maneje el ahorro para sus pensiones, más del ochenta y cinco por ciento del personal público prefirió el sistema de reparto, de que se encarga el Pensionissste, y sólo el resto, poco menos de trescientas mil personas, escogió el sistema de cuentas individuales administrado por afores. Es presumible que el grueso de esa cifra esté compuesto por el personal panista de confianza con que el gobierno ha engrosado sus nóminas.
Llegado al gobierno hace dos años, desde siempre Calderón ha necesitado el sostén priista para llevar adelante sus iniciativas. Objetado como ilegítimo por una porción relevante de la sociedad, hubiera sido de todas maneras un presidente en posición precaria, pues instalarse en la silla presidencial por un triunfo formalmente logrado con apenas medio punto de diferencia, y sin mayoría propia en las cámaras, no permite anchos márgenes de acción. Pero la incapacidad ejecutiva de Calderón ha acentuado las dificultades de su gobierno para emprender una tarea correspondiente a las exigencias de la realidad y las necesidades de sus gobernados. El que apenas en el primer año haya tenido que reemplazar a secretarios clave (los de Desarrollo Social, Economía y Gobernación) y, en paradoja, que no lo haya hecho en otros segmentos (el de Seguridad Pública específicamente), enseñó sus dificultades para integrar un equipo más allá de sus allegados de siempre, de cuya cercanía ha tenido que prescindir.
La fragilidad política de Calderón lo condujo a centrar su acción de gobierno en una guerra contra la delincuencia organizada a la que se lanzó con fines mediáticos pero que generó efectos sociales adversos en la realidad. Calderón estaba urgido de legitimidad y calculó ganarla mostrándose activo y resuelto en el combate a la inseguridad, por lo menos ante las cámaras de televisión. Sin una estrategia que fijara metas y tiempos, sacó al Ejército de sus cuarteles para involucrarlo en operaciones conjuntas con las fuerzas policiacas federales, sin calibrar la calidad de sus efectivos. Ordenó fundir en los hechos a la policía investigadora y la preventiva, y puso el proceso de fusión en las manos de un funcionario objetado más de una vez desde dentro mismo del gobierno. Mutilar al Ministerio Público de su brazo investigador ha acrecentado los niveles de impunidad y entregado el mando policiaco pleno al secretario de Seguridad Pública, cuya discutible conducta ha sido avalada de palabra y de obra por un Presidente que se echó en manos de los generales y empeoró su situación cuando se convirtió en protector de alguien que en el menos grave de los casos es ineficaz.
Haber concentrado su esfuerzo político en la lucha contra la inseguridad fue la clave para que Calderón perdiera el primer tercio de su gobierno. Aunque se ufana de logros y triunfos (hasta alardea de que su gobierno posee marcas mundiales en montos de droga decomisada, dinero asegurado y armamento en sendas operaciones), es imposible que el Presidente oculte la magnitud de su derrota en ese campo. En los dos años de su administración han sido ejecutadas más de ocho mil personas, las más de ellas en cruentas reyertas entre mafias. No faltan torpes morales que se alegran de esta suerte de limpieza étnica que liquida a delincuentes al por mayor. Pasan por alto que ese auge de la criminalidad indica un incremento de las capacidades de fuego, de organización y financiera de las bandas que cada vez con mayor arrogancia desafían al Estado y ponen en peligro a toda la sociedad.
La peor cara de esta derrota consiste en que se evidenció la penetración delincuencial en las estructuras encargadas de perseguir a la criminalidad. No hay modo más desalentador de fijar el cumplimiento de dos años de gobierno que pensar en la larga lista de funcionarios policiacos y de procuración de justicia detenidos y llevados a proceso o mantenidos en arraigo. El que se haya tenido que prescindir de dos suprocuradores y que uno de ellos, aplaudido y premiado por su desempeño con una cómoda misión diplomático se convierta de pronto en sujeto de averiguación penal a cargo de sus antiguos subordinados; y que la jefatura de la PFP tenga el mal fario de que quien la ocupe sea asesinado o llevado ante la justicia, ilustra de manera dramática la indefensión en que se encuentra la sociedad, por la incompetencia o más grave aun por las complicidades gubernamentales..
Si, como pretendió el PAN frente a Carlos Salinas, la ilegitimidad de origen que se le señaló fuera curable por un buen desempeño, el bienio perdido de Calderón no le permite gozar de ese beneficio legitimador. l
Apenas el viernes 28, exactamente un mes después de su aprobación en el Congreso, el Ejecutivo publicó la nueva legislación petrolera. La parsimonia presidencial, casi renuencia, mostró en los hechos la insatisfacción del gobierno ante una reforma que imaginó diferente y aprobada en un lapso muy breve, mediante un procedimiento veloz, aunque de dientes para afuera la festejara. El que transcurrieran cuatro semanas para concluir el proceso legislativo correspondiente contrastó con la celeridad mostrada por el propio presidente Calderón en el otro principal lance legislativo de su bienio, la ley del ISSSTE. Después de que la aprobó el Senado el miércoles 28 de marzo del año pasado, el Ejecutivo se dio prisa para hacerla aparecer en el Diario Oficial y hasta, rompiendo la costumbre, se lanzó para ese propósito una edición sabatina, el 31 de marzo.
Esas diferentes actitudes parecerían señal de que en su primer bienio, el proyecto reformista de Calderón se saldó con un empate: un tanto a favor y otro en contra. Pero, si se atiende a las secuelas de la reforma pensionaria de los trabajadores del Estado, quizá no haya que anotarla en el haber presidencial, sino en su debe: nunca una nueva ley como ésta, suscitó una oposición judicialmente manifestada y por lo tanto medible. La reforma fue rechazada por sus destinatarios de dos maneras: la presentación de cientos de miles de demandas de amparo (aun sin resolver en última instancia), y la derrota en los hechos del proyecto privatizador de los fondos de retiro. Cuando la semana pasada concluyó el plazo para que la burocracia eligiera cómo se maneje el ahorro para sus pensiones, más del ochenta y cinco por ciento del personal público prefirió el sistema de reparto, de que se encarga el Pensionissste, y sólo el resto, poco menos de trescientas mil personas, escogió el sistema de cuentas individuales administrado por afores. Es presumible que el grueso de esa cifra esté compuesto por el personal panista de confianza con que el gobierno ha engrosado sus nóminas.
Llegado al gobierno hace dos años, desde siempre Calderón ha necesitado el sostén priista para llevar adelante sus iniciativas. Objetado como ilegítimo por una porción relevante de la sociedad, hubiera sido de todas maneras un presidente en posición precaria, pues instalarse en la silla presidencial por un triunfo formalmente logrado con apenas medio punto de diferencia, y sin mayoría propia en las cámaras, no permite anchos márgenes de acción. Pero la incapacidad ejecutiva de Calderón ha acentuado las dificultades de su gobierno para emprender una tarea correspondiente a las exigencias de la realidad y las necesidades de sus gobernados. El que apenas en el primer año haya tenido que reemplazar a secretarios clave (los de Desarrollo Social, Economía y Gobernación) y, en paradoja, que no lo haya hecho en otros segmentos (el de Seguridad Pública específicamente), enseñó sus dificultades para integrar un equipo más allá de sus allegados de siempre, de cuya cercanía ha tenido que prescindir.
La fragilidad política de Calderón lo condujo a centrar su acción de gobierno en una guerra contra la delincuencia organizada a la que se lanzó con fines mediáticos pero que generó efectos sociales adversos en la realidad. Calderón estaba urgido de legitimidad y calculó ganarla mostrándose activo y resuelto en el combate a la inseguridad, por lo menos ante las cámaras de televisión. Sin una estrategia que fijara metas y tiempos, sacó al Ejército de sus cuarteles para involucrarlo en operaciones conjuntas con las fuerzas policiacas federales, sin calibrar la calidad de sus efectivos. Ordenó fundir en los hechos a la policía investigadora y la preventiva, y puso el proceso de fusión en las manos de un funcionario objetado más de una vez desde dentro mismo del gobierno. Mutilar al Ministerio Público de su brazo investigador ha acrecentado los niveles de impunidad y entregado el mando policiaco pleno al secretario de Seguridad Pública, cuya discutible conducta ha sido avalada de palabra y de obra por un Presidente que se echó en manos de los generales y empeoró su situación cuando se convirtió en protector de alguien que en el menos grave de los casos es ineficaz.
Haber concentrado su esfuerzo político en la lucha contra la inseguridad fue la clave para que Calderón perdiera el primer tercio de su gobierno. Aunque se ufana de logros y triunfos (hasta alardea de que su gobierno posee marcas mundiales en montos de droga decomisada, dinero asegurado y armamento en sendas operaciones), es imposible que el Presidente oculte la magnitud de su derrota en ese campo. En los dos años de su administración han sido ejecutadas más de ocho mil personas, las más de ellas en cruentas reyertas entre mafias. No faltan torpes morales que se alegran de esta suerte de limpieza étnica que liquida a delincuentes al por mayor. Pasan por alto que ese auge de la criminalidad indica un incremento de las capacidades de fuego, de organización y financiera de las bandas que cada vez con mayor arrogancia desafían al Estado y ponen en peligro a toda la sociedad.
La peor cara de esta derrota consiste en que se evidenció la penetración delincuencial en las estructuras encargadas de perseguir a la criminalidad. No hay modo más desalentador de fijar el cumplimiento de dos años de gobierno que pensar en la larga lista de funcionarios policiacos y de procuración de justicia detenidos y llevados a proceso o mantenidos en arraigo. El que se haya tenido que prescindir de dos suprocuradores y que uno de ellos, aplaudido y premiado por su desempeño con una cómoda misión diplomático se convierta de pronto en sujeto de averiguación penal a cargo de sus antiguos subordinados; y que la jefatura de la PFP tenga el mal fario de que quien la ocupe sea asesinado o llevado ante la justicia, ilustra de manera dramática la indefensión en que se encuentra la sociedad, por la incompetencia o más grave aun por las complicidades gubernamentales..
Si, como pretendió el PAN frente a Carlos Salinas, la ilegitimidad de origen que se le señaló fuera curable por un buen desempeño, el bienio perdido de Calderón no le permite gozar de ese beneficio legitimador. l
Esta semana en Proceso : Adiós a los cuates
DANIEL LIZáRRAGA
Prácticamente todos los días, en los actos públicos que encabeza, el presidente de la República busca culpables de la situación crítica que vive el país. Pero el responsable de los errores y fallas que la han provocado tiene nombre y apellido: Felipe Calderón. Por sus acciones, sus omisiones, sus complicidades, el hombre que asumió el Poder Ejecutivo el 1 de diciembre de 2006 tiene al país al borde del desastre. En estos dos años, lo acompañó en esta tarea su pequeño y cerradísimo grupo de colaboradores que, por una u otra razón, quedó desintegrado...
El salón Manuel Ávila Camacho de Los Pinos se convirtió en un sitio emblemático para Felipe Calderón. Ese recinto es testigo de cómo se ha ido desmembrando el estrecho círculo de colaboradores del presidente, quien mueve sus piezas a veces orillado por las circunstancias y otras por estrategia. El segundo de los mandatarios panistas en la historia de México está embarcado en la obsesión por obtener la mayoría de escaños en la Cámara de Diputados durante las elecciones de 2009.
La renuncia de Germán Martínez como titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) para buscar la dirección nacional del PAN fue apenas el principio de ese proyecto. La mañana del 19 de septiembre de 2007 sorpresivamente se anunció su salida del gabinete. El adiós a este personaje de larga trayectoria en el blanquiazul no fue en la sede de la SFP. Los calderonistas optaron por el salón Manuel Ávila Camacho, donde arrancó su campaña partidista.
En las fotografías de ese lunes, Felipe Calderón apareció siempre sonriente. Miró con agrado cómo Germán Martínez estrechó efusivamente la mano de su relevo, Salvador Vega Casillas, a quien la cofradía calderonista apoda El Gallo. Fue un asunto entre paisanos: los tres son de Michoacán.
Él consiguió la primera casa de precampaña, luego de que Calderón fuera destapado en Jalisco como aspirante a suceder a Vicente Fox. El Gallinero, le llamaban a ese inmueble, localizado en la calle de Nueva York, en la colonia Nápoles, al que se le metía el agua por todas partes cuando caía algún chubasco.
El actual presidente del PAN sólo permaneció nueve meses como secretario de la Función Pública. Semanas antes de su salida, en las columnas periodísticas se comentó que Calderón dudó entre elegir a Germán Martínez o a su secretario particular César Nava como delfín para contender por la dirigencia de Acción Nacional.
Poco antes de que terminara la ceremonia, integrantes del equipo de comunicación de Los Pinos informaron que Martínez daría una conferencia de prensa en el salón Ávila Camacho.
-¿Se vale ser candidato de Los Pinos? -preguntó alguno de los reporteros.
-Bueno, yo quiero ser el candidato de las consejeras y de los consejeros. Aquí tenemos en el partido más de medio siglo sometiéndolo a la voluntad y al examen de los consejeros. Y voy a someterme al examen y a la voluntad de las consejeras y de los consejeros del PAN.
Y luego trazó una meta sexenal: "Creo que podemos lograr buenos resultados en 2009 y repetir, cómo no, en la Presidencia de la República en 2012".
-¿Qué tipo de relación llevará con Los Pinos?
-Habrá mucha comunicación; una cercanía que distinga claramente los medios de los fines, para construir el bien común en México.
Ésta fue su segunda oportunidad de buscar la dirigencia panista. En marzo de 2005 tuvo que declinar en favor de Carlos Medina Plascencia, quien finalmente perdió ante Manuel Espino.
Pero en ese momento las condiciones eran ya más favorables: Martínez terminó siendo candidato único. Tiempo después, ya en 2008, el PAN perdió todas las elecciones posibles: Quintana Roo, Baja California Sur, Hidalgo, Coahuila, Guerrero y Nayarit. De 198 ayuntamientos disputados ganó sólo en 18, y de 115 escaños en congresos estatales obtuvo sólo tres diputados de mayoría.
La pieza clave
En diciembre de 2007, Felipe Calderón decidió que Juan Camilo Mouriño sería secretario de Gobernación. El asunto se mantuvo en secreto durante las últimas cuatro semanas del año. En las evaluaciones al gabinete hechas dentro de la Oficina de la Presidencia, el entonces secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, no salió bien librado. La poca comunicación con el Congreso, así como el alza de los índices delictivos en el país, desencadenaron la salida de Bucareli del exgobernador de Jalisco.
Al enterarse del movimiento, Mouriño tuvo algunas cenas con senadores vinculados a los calderonistas para informales de los cambios que vendrían. Se trataba de que él, quien era el hombre de más confianza de Felipe Calderón, dejara de operar a discreción. Ya desde la Oficina de la Presidencia controlaba a todo el gabinete. Según consta en su agenda de trabajo, frecuentemente organizaba reuniones de trabajo privadas en la biblioteca José Vasconcelos.
Un día se reunía con el gabinete de seguridad, otro con el económico y más tarde con el de infraestructura. Así veía pasar Juan Camilo sus días. No obstante, Calderón consideró finalmente sacarlo de Los Pinos para que ejerciera ya, públicamente, el trabajo que hacía desde dentro.
El anuncio oficial de su designación se hizo en el salón Ávila Camacho el 20 de enero de 2008 a las 8:30 horas. Esa mañana, Mouriño habló desde un atril con el escudo nacional estampado al frente. El mismo que usa el presidente en los actos oficiales. Nunca antes había tomado un micrófono como jefe de la Oficina de la Presidencia. Con tono pausado dijo:
"Como mexicano es un orgullo y un honor asumir esta nueva responsabilidad al frente de la Secretaría de Gobernación. Durante los últimos años he participado en diversos ámbitos de la vida pública dentro de nuestro país; esto me ha permitido estar preparado para este nuevo encargo."
Desde que entró al Palacio de Cobián hasta el momento de su muerte, tras la caída del avión en que viajaba la tarde del pasado martes 4 de noviembre, tuvo que responder a constantes cuestionamientos y críticas sobre la forma en que obtuvo la nacionalidad mexicana.
"Los retos que enfrenta la Secretaría de Gobernación -declaró- son distintos a aquellos que se planteaban al inicio de esta administración. De inmediato, señor presidente, estableceré los contactos y mantendré abiertos todos los canales de diálogo para favorecer el entendimiento, la colaboración y la construcción de acuerdos. Así mismo, mantendré una estrecha comunicación con las autoridades estatales y municipales de las 32 entidades federativas a fin de atender de manera eficaz y corresponsable los asuntos que interesan a los mexicanos en todo el territorio nacional."
Los calderonistas que se quedaban dentro de Los Pinos acudieron a despedirlo. Desde las primeras filas acomodadas en el salón, funcionarios de Los Pinos tomaron fotografías para el recuerdo. Abrazos. Gestos de nostalgia...
"En resumen -concluyó-, me he planteado encabezar una Secretaría de Gobernación que subraye el cumplimiento de la ley, la construcción de acuerdos con las diversas fuerzas políticas y sociales y los distintos órdenes de gobierno, que promueva el respeto por los valores de la democracia, que mantenga una relación de corresponsabilidad con los medios de comunicación, que defienda con firmeza los derechos de los migrantes y que impulse los mecanismos de atención y prevención de desastres naturales en beneficio de todos los ciudadanos."
Estos enroques dejaron huecos en el círculo cercano del presidente. Entonces, Calderón decidió nombrar a Gerardo Ruiz Mateos como nuevo jefe de la Oficina de la Presidencia. Antes de que Mouriño partiera a Gobernación, aquél se desempeñaba como coordinador de Gabinetes y Proyectos Especiales.
De acuerdo con el organigrama oficial, en ese puesto tenía la responsabilidad de diseñar la agenda estratégica para alinear las políticas públicas y el Plan Nacional de Desarrollo (PND) a un proyecto de largo alcance con miras a 2030, entre otras tareas. Durante la campaña presidencial, Ruiz fue el encargado de manejar los donativos en especie aportados por los empresarios.
Pero Ruiz Mateos duró menos de siete meses como jefe de la Oficina de la Presidencia. La mañana del 7 de agosto de 2008 salió de Los Pinos transformado en el nuevo secretario de Economía en sustitución de Eduardo Sojo, uno de los pocos funcionarios foxistas de alto nivel que sobrevivió en el servicio público luego del cambio de gobierno.
Como en los casos anteriores, el ungimiento de Gerardo Ruiz se realizó en el salón Manuel Ávila Camacho. Ese día, Calderón explicó que lo eligió porque se trataba de un empresario que vivió y sufrió en carne propia los problemas para invertir y poner en marcha un negocio en México. Pero, sobre todo, porque había estado al otro lado del mostrador.
Sojo fue designado director del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Calderón argumentó entonces que este cambio obedeció a la transición por la que pasó el Inegi después de que se promulgó la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, con la cual se le otorgan mayores facultades y autonomía a esa institución, para transformarse en una entidad autónoma similar al Banco de México.
De esta forma, Calderón colocó a cuatro alfiles en el ajedrez político: Gerardo Ruiz Mateos, al frente de Economía; Mouriño, en Gobernación; Ernesto Cordero Arroyo, en Desarrollo Social, y Germán Martínez, removido de su cargo en la Secretaría de la Función Pública, en la dirigencia nacional del PAN.
El 15 de enero de este año, el presidente designó a Dionisio Pérez-Jácome Friscione como subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda en sustitución de Cordero Arroyo, quien renunció al cargo para incorporarse como secretario de Desarrollo Social.
Este funcionario se desempeñaba como coordinador de asesores de la Oficina de la Presidencia de la República y previamente fue responsable del área de política económica en la Coordinación de Políticas Públicas del equipo de transición.
La sacudida
Las piezas del tablero se movieron abruptamente el martes 4, cuando Mouriño perdió la vida al desplomarse el avión en que viajaba luego de una gira por San Luis Potosí. En el percance, ocurrido en la Ciudad de México, también falleció el secretario técnico de la Comisión para la Implementación de las Reformas en Seguridad Pública y Justicia Penal, José Luis Santiago Vasconcelos, así como otras siete personas que iban en la aeronave y seis más que se encontraban en tierra.
Antes de que Calderón emprendiera su reciente gira por Sudamérica, durante la cual visitó Perú, Chile y Argentina, ya había tomado la decisión de impulsar a su secretario particular, César Nava, como coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados a partir de 2009.
El anuncio oficial iba a efectuarse el lunes 1 de diciembre, después del festejo por el segundo año de gobierno, y luego de la XXV sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, donde las autoridades tenían previsto anunciar resultados una vez concluido el plazo de 100 días impuesto para atender los problemas más urgentes en la materia.
Pero una filtración dio al traste con esos planes. El jueves 27, mientras el avión presidencial TP-01 regresaba a México tras dejar suelo argentino, el portal de El Universal colocó como noticia principal que César Nava renunciaría como secretario particular de Felipe Calderón y su lugar sería ocupado por Luis Felipe Bravo Mena, quien era el representante de México ante el Vaticano.
La información conseguida durante la gira por el reportero Sergio Jiménez provocó el enojo de Max Cortázar.
En pleno vuelo el vocero de Los Pinos se dirigió a la parte trasera de la aeronave, sitio en el cual viajan los reporteros, para decir: "Compañeros, la información que trae El Universal en internet es totalmente falsa. Hasta el momento no hay cambios en Los Pinos".
Quienes lo vieron aseguran que estaba colérico.
Horas más tarde tuvo que desdecirse. Ya en México, aún dentro del Hangar Presidencial, Cortázar se acercó de nuevo a los reporteros de la fuente presidencial para informarles que, efectivamente, Nava salía de Los Pinos y en su lugar quedaría Bravo Mena.
Sin embargo, no era preciso señalar que Nava sería nombrado secretario técnico de la Comisión para la Implementación de las Reformas en Seguridad Pública y Justicia Penal en sustitución de José Luis Santiago Vasconcelos, como lo había informado El Universal.
Al día siguiente, Nava anunció en Los Pinos su decisión de renunciar para contender como candidato a la Cámara de Diputados el año próximo. Al igual que el resto de los integrantes de la cofradía calderonista que han salido de la residencia oficial, ese día usó por vez primera el micrófono para dirigirse a los medios de comunicación desde un atril con el escudo nacional en el frente.
Y aunque, a diferencia de Germán Martínez, no respondió preguntas de reporteros, sí lanzo un mensaje político desde la casa presidencial:
"Tengo la convicción de emprender la búsqueda del apoyo ciudadano para llevar la voz y la representación de las mejores causas de la sociedad al Poder Legislativo. Al hacerlo, lo hago con plena conciencia de que el acceso al parlamento debo hacerlo desde fuera del poder mismo."
Prácticamente todos los días, en los actos públicos que encabeza, el presidente de la República busca culpables de la situación crítica que vive el país. Pero el responsable de los errores y fallas que la han provocado tiene nombre y apellido: Felipe Calderón. Por sus acciones, sus omisiones, sus complicidades, el hombre que asumió el Poder Ejecutivo el 1 de diciembre de 2006 tiene al país al borde del desastre. En estos dos años, lo acompañó en esta tarea su pequeño y cerradísimo grupo de colaboradores que, por una u otra razón, quedó desintegrado...
El salón Manuel Ávila Camacho de Los Pinos se convirtió en un sitio emblemático para Felipe Calderón. Ese recinto es testigo de cómo se ha ido desmembrando el estrecho círculo de colaboradores del presidente, quien mueve sus piezas a veces orillado por las circunstancias y otras por estrategia. El segundo de los mandatarios panistas en la historia de México está embarcado en la obsesión por obtener la mayoría de escaños en la Cámara de Diputados durante las elecciones de 2009.
La renuncia de Germán Martínez como titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) para buscar la dirección nacional del PAN fue apenas el principio de ese proyecto. La mañana del 19 de septiembre de 2007 sorpresivamente se anunció su salida del gabinete. El adiós a este personaje de larga trayectoria en el blanquiazul no fue en la sede de la SFP. Los calderonistas optaron por el salón Manuel Ávila Camacho, donde arrancó su campaña partidista.
En las fotografías de ese lunes, Felipe Calderón apareció siempre sonriente. Miró con agrado cómo Germán Martínez estrechó efusivamente la mano de su relevo, Salvador Vega Casillas, a quien la cofradía calderonista apoda El Gallo. Fue un asunto entre paisanos: los tres son de Michoacán.
Él consiguió la primera casa de precampaña, luego de que Calderón fuera destapado en Jalisco como aspirante a suceder a Vicente Fox. El Gallinero, le llamaban a ese inmueble, localizado en la calle de Nueva York, en la colonia Nápoles, al que se le metía el agua por todas partes cuando caía algún chubasco.
El actual presidente del PAN sólo permaneció nueve meses como secretario de la Función Pública. Semanas antes de su salida, en las columnas periodísticas se comentó que Calderón dudó entre elegir a Germán Martínez o a su secretario particular César Nava como delfín para contender por la dirigencia de Acción Nacional.
Poco antes de que terminara la ceremonia, integrantes del equipo de comunicación de Los Pinos informaron que Martínez daría una conferencia de prensa en el salón Ávila Camacho.
-¿Se vale ser candidato de Los Pinos? -preguntó alguno de los reporteros.
-Bueno, yo quiero ser el candidato de las consejeras y de los consejeros. Aquí tenemos en el partido más de medio siglo sometiéndolo a la voluntad y al examen de los consejeros. Y voy a someterme al examen y a la voluntad de las consejeras y de los consejeros del PAN.
Y luego trazó una meta sexenal: "Creo que podemos lograr buenos resultados en 2009 y repetir, cómo no, en la Presidencia de la República en 2012".
-¿Qué tipo de relación llevará con Los Pinos?
-Habrá mucha comunicación; una cercanía que distinga claramente los medios de los fines, para construir el bien común en México.
Ésta fue su segunda oportunidad de buscar la dirigencia panista. En marzo de 2005 tuvo que declinar en favor de Carlos Medina Plascencia, quien finalmente perdió ante Manuel Espino.
Pero en ese momento las condiciones eran ya más favorables: Martínez terminó siendo candidato único. Tiempo después, ya en 2008, el PAN perdió todas las elecciones posibles: Quintana Roo, Baja California Sur, Hidalgo, Coahuila, Guerrero y Nayarit. De 198 ayuntamientos disputados ganó sólo en 18, y de 115 escaños en congresos estatales obtuvo sólo tres diputados de mayoría.
La pieza clave
En diciembre de 2007, Felipe Calderón decidió que Juan Camilo Mouriño sería secretario de Gobernación. El asunto se mantuvo en secreto durante las últimas cuatro semanas del año. En las evaluaciones al gabinete hechas dentro de la Oficina de la Presidencia, el entonces secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, no salió bien librado. La poca comunicación con el Congreso, así como el alza de los índices delictivos en el país, desencadenaron la salida de Bucareli del exgobernador de Jalisco.
Al enterarse del movimiento, Mouriño tuvo algunas cenas con senadores vinculados a los calderonistas para informales de los cambios que vendrían. Se trataba de que él, quien era el hombre de más confianza de Felipe Calderón, dejara de operar a discreción. Ya desde la Oficina de la Presidencia controlaba a todo el gabinete. Según consta en su agenda de trabajo, frecuentemente organizaba reuniones de trabajo privadas en la biblioteca José Vasconcelos.
Un día se reunía con el gabinete de seguridad, otro con el económico y más tarde con el de infraestructura. Así veía pasar Juan Camilo sus días. No obstante, Calderón consideró finalmente sacarlo de Los Pinos para que ejerciera ya, públicamente, el trabajo que hacía desde dentro.
El anuncio oficial de su designación se hizo en el salón Ávila Camacho el 20 de enero de 2008 a las 8:30 horas. Esa mañana, Mouriño habló desde un atril con el escudo nacional estampado al frente. El mismo que usa el presidente en los actos oficiales. Nunca antes había tomado un micrófono como jefe de la Oficina de la Presidencia. Con tono pausado dijo:
"Como mexicano es un orgullo y un honor asumir esta nueva responsabilidad al frente de la Secretaría de Gobernación. Durante los últimos años he participado en diversos ámbitos de la vida pública dentro de nuestro país; esto me ha permitido estar preparado para este nuevo encargo."
Desde que entró al Palacio de Cobián hasta el momento de su muerte, tras la caída del avión en que viajaba la tarde del pasado martes 4 de noviembre, tuvo que responder a constantes cuestionamientos y críticas sobre la forma en que obtuvo la nacionalidad mexicana.
"Los retos que enfrenta la Secretaría de Gobernación -declaró- son distintos a aquellos que se planteaban al inicio de esta administración. De inmediato, señor presidente, estableceré los contactos y mantendré abiertos todos los canales de diálogo para favorecer el entendimiento, la colaboración y la construcción de acuerdos. Así mismo, mantendré una estrecha comunicación con las autoridades estatales y municipales de las 32 entidades federativas a fin de atender de manera eficaz y corresponsable los asuntos que interesan a los mexicanos en todo el territorio nacional."
Los calderonistas que se quedaban dentro de Los Pinos acudieron a despedirlo. Desde las primeras filas acomodadas en el salón, funcionarios de Los Pinos tomaron fotografías para el recuerdo. Abrazos. Gestos de nostalgia...
"En resumen -concluyó-, me he planteado encabezar una Secretaría de Gobernación que subraye el cumplimiento de la ley, la construcción de acuerdos con las diversas fuerzas políticas y sociales y los distintos órdenes de gobierno, que promueva el respeto por los valores de la democracia, que mantenga una relación de corresponsabilidad con los medios de comunicación, que defienda con firmeza los derechos de los migrantes y que impulse los mecanismos de atención y prevención de desastres naturales en beneficio de todos los ciudadanos."
Estos enroques dejaron huecos en el círculo cercano del presidente. Entonces, Calderón decidió nombrar a Gerardo Ruiz Mateos como nuevo jefe de la Oficina de la Presidencia. Antes de que Mouriño partiera a Gobernación, aquél se desempeñaba como coordinador de Gabinetes y Proyectos Especiales.
De acuerdo con el organigrama oficial, en ese puesto tenía la responsabilidad de diseñar la agenda estratégica para alinear las políticas públicas y el Plan Nacional de Desarrollo (PND) a un proyecto de largo alcance con miras a 2030, entre otras tareas. Durante la campaña presidencial, Ruiz fue el encargado de manejar los donativos en especie aportados por los empresarios.
Pero Ruiz Mateos duró menos de siete meses como jefe de la Oficina de la Presidencia. La mañana del 7 de agosto de 2008 salió de Los Pinos transformado en el nuevo secretario de Economía en sustitución de Eduardo Sojo, uno de los pocos funcionarios foxistas de alto nivel que sobrevivió en el servicio público luego del cambio de gobierno.
Como en los casos anteriores, el ungimiento de Gerardo Ruiz se realizó en el salón Manuel Ávila Camacho. Ese día, Calderón explicó que lo eligió porque se trataba de un empresario que vivió y sufrió en carne propia los problemas para invertir y poner en marcha un negocio en México. Pero, sobre todo, porque había estado al otro lado del mostrador.
Sojo fue designado director del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Calderón argumentó entonces que este cambio obedeció a la transición por la que pasó el Inegi después de que se promulgó la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, con la cual se le otorgan mayores facultades y autonomía a esa institución, para transformarse en una entidad autónoma similar al Banco de México.
De esta forma, Calderón colocó a cuatro alfiles en el ajedrez político: Gerardo Ruiz Mateos, al frente de Economía; Mouriño, en Gobernación; Ernesto Cordero Arroyo, en Desarrollo Social, y Germán Martínez, removido de su cargo en la Secretaría de la Función Pública, en la dirigencia nacional del PAN.
El 15 de enero de este año, el presidente designó a Dionisio Pérez-Jácome Friscione como subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda en sustitución de Cordero Arroyo, quien renunció al cargo para incorporarse como secretario de Desarrollo Social.
Este funcionario se desempeñaba como coordinador de asesores de la Oficina de la Presidencia de la República y previamente fue responsable del área de política económica en la Coordinación de Políticas Públicas del equipo de transición.
La sacudida
Las piezas del tablero se movieron abruptamente el martes 4, cuando Mouriño perdió la vida al desplomarse el avión en que viajaba luego de una gira por San Luis Potosí. En el percance, ocurrido en la Ciudad de México, también falleció el secretario técnico de la Comisión para la Implementación de las Reformas en Seguridad Pública y Justicia Penal, José Luis Santiago Vasconcelos, así como otras siete personas que iban en la aeronave y seis más que se encontraban en tierra.
Antes de que Calderón emprendiera su reciente gira por Sudamérica, durante la cual visitó Perú, Chile y Argentina, ya había tomado la decisión de impulsar a su secretario particular, César Nava, como coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados a partir de 2009.
El anuncio oficial iba a efectuarse el lunes 1 de diciembre, después del festejo por el segundo año de gobierno, y luego de la XXV sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, donde las autoridades tenían previsto anunciar resultados una vez concluido el plazo de 100 días impuesto para atender los problemas más urgentes en la materia.
Pero una filtración dio al traste con esos planes. El jueves 27, mientras el avión presidencial TP-01 regresaba a México tras dejar suelo argentino, el portal de El Universal colocó como noticia principal que César Nava renunciaría como secretario particular de Felipe Calderón y su lugar sería ocupado por Luis Felipe Bravo Mena, quien era el representante de México ante el Vaticano.
La información conseguida durante la gira por el reportero Sergio Jiménez provocó el enojo de Max Cortázar.
En pleno vuelo el vocero de Los Pinos se dirigió a la parte trasera de la aeronave, sitio en el cual viajan los reporteros, para decir: "Compañeros, la información que trae El Universal en internet es totalmente falsa. Hasta el momento no hay cambios en Los Pinos".
Quienes lo vieron aseguran que estaba colérico.
Horas más tarde tuvo que desdecirse. Ya en México, aún dentro del Hangar Presidencial, Cortázar se acercó de nuevo a los reporteros de la fuente presidencial para informarles que, efectivamente, Nava salía de Los Pinos y en su lugar quedaría Bravo Mena.
Sin embargo, no era preciso señalar que Nava sería nombrado secretario técnico de la Comisión para la Implementación de las Reformas en Seguridad Pública y Justicia Penal en sustitución de José Luis Santiago Vasconcelos, como lo había informado El Universal.
Al día siguiente, Nava anunció en Los Pinos su decisión de renunciar para contender como candidato a la Cámara de Diputados el año próximo. Al igual que el resto de los integrantes de la cofradía calderonista que han salido de la residencia oficial, ese día usó por vez primera el micrófono para dirigirse a los medios de comunicación desde un atril con el escudo nacional en el frente.
Y aunque, a diferencia de Germán Martínez, no respondió preguntas de reporteros, sí lanzo un mensaje político desde la casa presidencial:
"Tengo la convicción de emprender la búsqueda del apoyo ciudadano para llevar la voz y la representación de las mejores causas de la sociedad al Poder Legislativo. Al hacerlo, lo hago con plena conciencia de que el acceso al parlamento debo hacerlo desde fuera del poder mismo."
¡Que Diós nos libre!: Buscan católicos recuperar fieles en el DF
La crisis económica y la criminalidad que asuela el tejido social ofrecen a la representación católica en la ciudad de México la oportunidad de recuperar un número importante de la feligresía que ha dejado de participar en ese culto, por lo que promoverá que, en sus ocho vicarías algunos laicos se formen como agentes de evangelización.
Concluida la 14 asamblea diocesana de la arquidiócesis de México, el vocero Hugo Valdemar informó que en el encuentro se asumieron como retos la creciente secularización de los capitalinos y “la problemática de tener un gobierno local que promueve antivalores que destruyen a la familia”.
Sobre el cómo buscan enfrentar a la administración del Gobierno capitalino promovente de supuestos “antivalores”, el religioso sostuvo que esto será con el proceso de evangelización, debido que “cuando formamos a nuestros laicos está claro que esas propuestas son inaceptables, porque van contra la fe y la moral de la Iglesia” católica.
Explicó que la criminalidad y la crisis económica han intensificado en la capital la necesidad de las personas por acercarse al culto católico, “porque (en estas situaciones) se experimenta un desamparo, una necesidad de algo más que la propia capacidad para salir adelante”.
Concluida la 14 asamblea diocesana de la arquidiócesis de México, el vocero Hugo Valdemar informó que en el encuentro se asumieron como retos la creciente secularización de los capitalinos y “la problemática de tener un gobierno local que promueve antivalores que destruyen a la familia”.
Sobre el cómo buscan enfrentar a la administración del Gobierno capitalino promovente de supuestos “antivalores”, el religioso sostuvo que esto será con el proceso de evangelización, debido que “cuando formamos a nuestros laicos está claro que esas propuestas son inaceptables, porque van contra la fe y la moral de la Iglesia” católica.
Explicó que la criminalidad y la crisis económica han intensificado en la capital la necesidad de las personas por acercarse al culto católico, “porque (en estas situaciones) se experimenta un desamparo, una necesidad de algo más que la propia capacidad para salir adelante”.
El despertar : José Agustín Ortiz Pinchetti
José Agustín Ortiz Pinchetti
jaorpin@yahoo.com.mx
■ Cotejo
Hace dos años, dos rivales políticos presentaron sus proyectos a la nación. Felipe Calderón, protegido por un batallón de paracaidistas en un recinto oficial. Andrés Manuel López Obrador, unos días antes, aclamado por una multitud en el Zócalo. Ha corrido ya el suficiente tiempo: hagamos un examen mínimo de los resultados.
Calderón prometió que superaría el estancamiento económico que duraba ya 24 años. Se autoproclamó “el presidente del empleo”. A pesar de dos años de altas remesas y altísimos precios del petróleo, todo ha ido para mal, y hoy está peor que nunca. Inflación de 40 por ciento en los básicos. Los últimos tres meses se han perdido 250 mil empleos. Devaluación de 40 por ciento. Ante la peor crisis global no tiene estrategia congruente.
Por el origen oscuro de su presidencia, se lanzó a una ofensiva militar contra el narco y su violencia. Este año, más de 5 mil muertos, entre ellos centenares de policías y militares. Ante denuncia de la DEA, el aparato de seguridad se desmoronó. En el plano político, han caído las preferencias por el PAN 15 puntos. Al intento del titular del Ejecutivo de reformar la ley de medios para cumplir el dictamen de la Suprema Corte, la televisión respondió sacando al pobre Calderón dos días del aire. Por supuesto, el michoacano se rindió y tuvo la felonía de acusar a Creel de mala relación con los medios y destituirlo.
AMLO se propuso sólo dos cosas: organizar su movimiento y defender la soberanía y la economía de las clases media y popular. Ningún otro personaje ha sufrido un acoso tan brutal: el Estado, la oligarquía y los medios. Sin embargo, logró la hazaña de frenar la privatización de Pemex a pesar del contubernio del PRI y el PAN y las presiones internacionales, convirtiendo a las multitudes en brigadas. Registró a 2 millones 150 mil simpatizantes y formó más de 800 comités municipales.
El obradorismo ha ofrecido un proyecto alternativo vertebrado para responder al derrumbe económico. Ahora su movimiento hará presión para que bajen los precios excesivos de combustibles y alimentos y exigir el respeto al derecho constitucional a la información.
Los medios dan por muerto a AMLO, pero la oligarquía sabe que tiene fuerza inédita. La preocupación de ella es cuándo y cómo la usará. Oligarquía y pueblo saben que Calderón es el presidente más débil desde Ortiz Rubio. Nadie sabe el costo que esta debilidad tendrá para la nación.
jaorpin@yahoo.com.mx
■ Cotejo
Hace dos años, dos rivales políticos presentaron sus proyectos a la nación. Felipe Calderón, protegido por un batallón de paracaidistas en un recinto oficial. Andrés Manuel López Obrador, unos días antes, aclamado por una multitud en el Zócalo. Ha corrido ya el suficiente tiempo: hagamos un examen mínimo de los resultados.
Calderón prometió que superaría el estancamiento económico que duraba ya 24 años. Se autoproclamó “el presidente del empleo”. A pesar de dos años de altas remesas y altísimos precios del petróleo, todo ha ido para mal, y hoy está peor que nunca. Inflación de 40 por ciento en los básicos. Los últimos tres meses se han perdido 250 mil empleos. Devaluación de 40 por ciento. Ante la peor crisis global no tiene estrategia congruente.
Por el origen oscuro de su presidencia, se lanzó a una ofensiva militar contra el narco y su violencia. Este año, más de 5 mil muertos, entre ellos centenares de policías y militares. Ante denuncia de la DEA, el aparato de seguridad se desmoronó. En el plano político, han caído las preferencias por el PAN 15 puntos. Al intento del titular del Ejecutivo de reformar la ley de medios para cumplir el dictamen de la Suprema Corte, la televisión respondió sacando al pobre Calderón dos días del aire. Por supuesto, el michoacano se rindió y tuvo la felonía de acusar a Creel de mala relación con los medios y destituirlo.
AMLO se propuso sólo dos cosas: organizar su movimiento y defender la soberanía y la economía de las clases media y popular. Ningún otro personaje ha sufrido un acoso tan brutal: el Estado, la oligarquía y los medios. Sin embargo, logró la hazaña de frenar la privatización de Pemex a pesar del contubernio del PRI y el PAN y las presiones internacionales, convirtiendo a las multitudes en brigadas. Registró a 2 millones 150 mil simpatizantes y formó más de 800 comités municipales.
El obradorismo ha ofrecido un proyecto alternativo vertebrado para responder al derrumbe económico. Ahora su movimiento hará presión para que bajen los precios excesivos de combustibles y alimentos y exigir el respeto al derecho constitucional a la información.
Los medios dan por muerto a AMLO, pero la oligarquía sabe que tiene fuerza inédita. La preocupación de ella es cuándo y cómo la usará. Oligarquía y pueblo saben que Calderón es el presidente más débil desde Ortiz Rubio. Nadie sabe el costo que esta debilidad tendrá para la nación.
Calderón, dos años cuesta arriba
Una guerra contra el crimen organizado que ha roto récords de muertos, el duro efecto de la crisis económica global, la tragedia de Juan Camilo Mouriño, la debacle electoral del PAN, el malestar social por la inseguridad y el contubernio de policías y funcionarios con los delincuentes, puestos al descubierto, han marcado los últimos 365 días del gobierno de Felipe Calderón
Juan Arvizu y Sergio Javier Jiménez
El Universal
Domingo 30 de noviembre de 2008
juan.arvizu@eluniversal.com.mxsergio.jimenez@eluniversal.com.mx
Una guerra contra el crimen organizado que ha roto récords de muertos, el duro efecto de la crisis económica global, la tragedia de Juan Camilo Mouriño, la debacle electoral del PAN, el malestar social por la inseguridad y el contubernio de policías y funcionarios con los delincuentes, puestos al descubierto, han marcado los últimos 365 días del gobierno de Felipe Calderón.
Además, las que fueron sus fortalezas en un principio, se han convertido en desventajas. Una de ellas era la juventud de su equipo con el que logró ganar la Presidencia, pero que ahora, tras algunos desaciertos, ha tenido que echar mano de panistas experimentados como Luis Felipe Bravo Mena y Fernando Gómez Mont.
La coyuntura y las tragedias han obligado al Presidente a hacer movimientos en su círculo cercano —al momento van siete—, que implican a más de una docena de funcionarios.
Los expertos ven “un país en el caos y sin rumbo” (José Fernández Santillán); un escenario “de crisis de desconfianza” (José Luis Piñeyro), y riesgos de que éste sea “un sexenio perdido” (José Luis Calva).
Politólogos consultados señalan que en este año hay debilidad en el Ejecutivo, frente a un Congreso tan autónomo que cambia reformas estratégicas, mientras la sociedad levanta exigencias con más fuerza.
Con todo, opinan que Calderón ha respetado al Congreso (Fernández Santillán), y ha admitido la autonomía de ese poder en las reformas judicial, petrolera y el paquete económico.
Juan Arvizu y Sergio Javier Jiménez
El Universal
Domingo 30 de noviembre de 2008
juan.arvizu@eluniversal.com.mxsergio.jimenez@eluniversal.com.mx
Una guerra contra el crimen organizado que ha roto récords de muertos, el duro efecto de la crisis económica global, la tragedia de Juan Camilo Mouriño, la debacle electoral del PAN, el malestar social por la inseguridad y el contubernio de policías y funcionarios con los delincuentes, puestos al descubierto, han marcado los últimos 365 días del gobierno de Felipe Calderón.
Además, las que fueron sus fortalezas en un principio, se han convertido en desventajas. Una de ellas era la juventud de su equipo con el que logró ganar la Presidencia, pero que ahora, tras algunos desaciertos, ha tenido que echar mano de panistas experimentados como Luis Felipe Bravo Mena y Fernando Gómez Mont.
La coyuntura y las tragedias han obligado al Presidente a hacer movimientos en su círculo cercano —al momento van siete—, que implican a más de una docena de funcionarios.
Los expertos ven “un país en el caos y sin rumbo” (José Fernández Santillán); un escenario “de crisis de desconfianza” (José Luis Piñeyro), y riesgos de que éste sea “un sexenio perdido” (José Luis Calva).
Politólogos consultados señalan que en este año hay debilidad en el Ejecutivo, frente a un Congreso tan autónomo que cambia reformas estratégicas, mientras la sociedad levanta exigencias con más fuerza.
Con todo, opinan que Calderón ha respetado al Congreso (Fernández Santillán), y ha admitido la autonomía de ese poder en las reformas judicial, petrolera y el paquete económico.
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