lunes, 23 de septiembre de 2019

¿De veras en Monterrey no hay obreros sino puros empresarios?

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Ximena Peredo en Horizontal 

Con este ensayo dedicado a las batallas obreras en Monterrey, continuamos nuestra serie sobre las tensiones y dinámicas del mundo laboral contemporáneo.

Cuando se narra la historia económica del Monterrey moderno, el capital y los empresarios suelen acumular los papeles protagónicos, mientras que los trabajadores aparecen como una masa anónima y beneficiada. Sin embargo, rebeliones individuales y colectivas contra el orden económico establecido, verificadas en la memoria de la generación de nuestros padres y abuelos, parecen haber sido el pan nuestro de cada día durante gran parte del siglo XX. Contrario a lo que hoy podría pensarse, el Monterrey industrial se debe también a intensas movilizaciones obrerosindicales y a una larga tradición de huelgas. Esta parte ha sido reprimida en la memoria industrial. De la misma forma que los pueblos originales norestenses son sistemáticamente ignorados como cofundadores políticos del Nuevo León presente, la organización de los obreros regiomontanos ha sido cuando no borrada, sí vaciada de significados políticos. Demostrar la existencia histórica parece ser un juego perverso de la democracia representativa que reparte pesos políticos. Pero, entonces, si los trabajadores constituyeron realmente una fuerza viva en la constitución del Monterrey moderno, ¿qué pasó?, ¿cómo fue desactivada su potencia y quién tomó su lugar?

La fundación industrial

Monterrey tuvo varias fundaciones previas a la supuestamente definitiva, de 1596. Pero lo cierto es que la ciudad se ha seguido refundando. La más reciente refundación es la de 1890 con el “brote industrial” que terminó por transformar el paisaje, los oficios y la vida cotidiana. Varias condiciones facilitaron este fenómeno,[1] pero las centrales fueron la acumulación de capital –producto de la conexión ferroviaria, la actividad comercial y el contrabando local– más un “apadrinamiento” explícito de parte del gobierno estatal, el cual decretó una serie de leyes de exención de impuestos a la industria emitidas entre 1888 y 1889. Así comenzó una relación endogámica entre las élites económicas y políticas bajo la justificación moderna de “la utilidad pública”. La evasión de impuestos y los contratos leoninos fueron prorrogándose con los gobiernos posteriores hasta convertirse en una aberrante tradición que perdura hasta el día de hoy (ver el caso Kia). Este “paraíso fiscal” de finales del siglo XIX también exoneró del pago de impuestos “a las fincas urbanas que se edifiquen dentro de dos años y cuyo valor no baje de dos mil pesos”, lo cual permitió la rápida encarnación del proyecto industrial-capitalista. En esta primera etapa sobresale el espíritu visionario y arriesgado de los inversionistas y el arribo a la ciudad de extranjeros, principalmente estadounidenses y alemanes, con la preparación técnica para operar la tecnología recién adquirida. Las dos primeras industrias creadas en esta circunstancia fueron la Fábrica de Hielo y Cerveza Cuauhtémoc (1890), y la Fundidora de Fierro y Acero Monterrey (1900).
La politóloga francesa Myriam Revault d’Allones explica que el poder de todo acto fundador radica en la capacidad para borrar el pasado.[2] En el caso de Monterrey, la sociedad anterior a la industrial fue perdiendo la memoria a partir de dos hechos contundentes: la transformación de las prácticas y la transformación de los espacios. El dinero cada vez cobró mayor relevancia para sobrevivir y este comenzó a conseguirse trabajando en las fábricas, no en la labor ni en el comercio. Por ello, entre los siglos XIX y XX inicia una migración lenta pero constante del campo a la ciudad. Al mismo tiempo, el proyecto industrializador se impuso en el espacio no solo en forma de naves o maquinaria espectacular, sino a partir del despojo de los recursos naturales (explotación de manantiales y de montañas principalmente), lo cual transformó para siempre al paisaje. En estos años nace la clase obrera regiomontana: ese filósofo «en mangas de camisa» al que se refirió Alfonso Reyes.
La primera huelga registrada en prensa data de 1883 en una panadería. Después de batir la masa, los obreros abandonaron sus puestos de trabajo. La nota periodística remata: “Este es un caso que, según creemos, no había tenido precedente entre nosotros, y llamamos sobre él la atención de las autoridades, pues semejante ejemplo podría tener más tarde pésimos resultados.” Seis años más tarde estalla la importante huelga en el Ferrocarril del Golfo, que merece que el presidente municipal cite a los 51 parados para leerles la orden de que consigan empleo o comprueben sus medios de subsistencia en no más de 10 días, de lo contrario serían apresados por el delito de vagancia.[3] Más adelante, en 1906, otra huelga emblemática estalla, la de la Unión de Mecánicos Mexicanos contra el Ferrocarril Central.
Pese a estas expresiones, la paz porfiriana consigue sostener el clima de estabilidad económica que hará las veces de gran incubadora para que el proyecto industrial fragüe en Monterrey. Mientras que por los mismos años otras ciudades de la república crecen alrededor de concentraciones de poder religioso o político, en la «Sultana del Norte» la institución “estructurante” fue la empresa. Esta anotación histórica, que ha trabajado Lylia Palacios,[4] explica los rasgos más definidos de la sociedad industrial. Sin embargo, esta “cultura del trabajo” no se desplegó sin fracturas ni resistencias.
Posterior a la Revolución, los movimientos de trabajadores se tornan más activos. En el año de 1918, por ejemplo, hubo la mayor cantidad histórica de huelgas. Entre 1918 y 1920 estallaron paros de los obreros metalúrgicos en las tres mayores fundidoras de la ciudad. El gobernador Nicéforo Zambrano declaró entonces que no se trataba de trabajadores sino de agitadores de oficio que llegaban a la ciudad “pretendiendo imponer onerosas condiciones a una de las grandes industrias…”. Sin embargo, esta inestabilidad conseguida por las huelgas y las organizaciones obreras posrevolucionarias dio pie, en ese mismo agitado año de 1918, a la creación de la “Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado”.

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El modelo familiar

El paternalismo regiomontano empresarial fue la política que, en adelante, trató de educar al trabajador, atendiendo especialmente a dimensiones morales y religiosas, de manera que las obligaciones propias de cada empleo parecieran asuntos de principios. Este modelo hegemónico comenzó con Francisco Garza Sada, director de la Cervecería Cuauhtémoc en la década de los veinte, y fue exportado a la pléyade de compañías regiomontanas, entre las cuales destaca la creación de la escuela Acero para hijos de los obreros de la Fundidora, bajo la dirección de Adolfo Prieto.
Hay que recordar que el primer sindicato formado por trabajadores en la Cervecería Cuauhtémoc (en adelante CC) nace en 1917, pero la compañía acaba con este al despedir a sus miembros fundadores. Ese mismo año, CC crea la Sociedad Cuauhtémoc y Famosa (en adelante SCyF), institución creada para promover el ahorro cooperativo, facilitar la obtención de viviendas y ofrecer servicios de salud y un seguro de enfermedad al trabajador, entre otros derechos inéditos en todo el país. La SCyF también ofrecía actividades de recreación familiar y de convivencia entre los empleados y sus familias, sin importar la jerarquía. La organización nació con una mesa directiva que hacía las veces de representación de los obreros ante la dirección, aunque esta daba el visto bueno a los candidatos y elegía a los vocales siendo una de sus mayores preocupaciones evitar que la estructura se contagiara de las ideas socialistas del momento. De esto quedó constancia en uno de los estatutos de la SCyF: “queda extrictamente (sic) prohibido a los socios tratar en la sociedad sobre las relaciones entre el capital y el trabajo [y] de toda clase de asuntos ajenos a la misma”.[5] Por todo lo anterior, la SCyF es reconocida como un antecedente del primer sindicato blanco regiomontano, creado en 1933 en esta misma compañía.
En 1921, se funda la que será la segunda revista latinoamericana más antigua, Trabajo y Ahorro, órgano de difusión del ideario de la CC. Desde entonces hasta la fecha, esta publicación reviste de narrativas justificadoras a las decisiones de la empresa y promueve la «cultura del trabajo», esto es, la exaltación del trabajo como sentido de vida.[6] Este proyecto cultural –sintetizado en el “ideario Cuauhtémoc” –, sin embargo, no solo es delineado discursivamente, sino también a través de la creación de sindicatos afines a la dirección y de una política laboral punitiva.
La exhibición de la capacidad organizativa de los obreros, más la promulgación en 1931 de la Ley Federal del Trabajo, fueron augurio de una transformación radical en la relación obrero-patronal, la cual los empresarios regiomontanos trataron de neutralizar alentando a los trabajadores más leales a formar sus propios sindicatos. Y así sucedió. De manera que durante varias décadas en Monterrey convivieron tres tipos de sindicatos: los estatales, los independientes y los conocidos como blancos (los leales a los intereses de la empresa). Esto produjo tensiones políticas inéditas en las cuales el Estado mantuvo un marcaje a las organizaciones independientes de los trabajadores, lo cual aplaudirían las empresas, aunque por otro lado repudiarán a la CTM y a la CROC, sindicatos controlados por el gobierno. Esta tensión tuvo su pico más alto durante el cardenismo, cuyo espíritu socialista cimbró de manera importante a la sociedad regiomontana.

Política punitiva

En los años treinta, y para seguir con el ejemplo emblemático elegido, la CC apostó de manera más decidida por el sistema punitivo de disciplina laboral que ya venía operando desde el primer cuarto del siglo XX. Esta política es clave para explicar la actual pasividad de los trabajadores asalariados. En los años 1936-1940 –analizados por Lylia Palacios en un estudio sobre las controversias entre los trabajadores y la dirección de la Cuauhtémoc[7]–, es decir, en pleno cardenismo, la empresa tuvo el mayor número de demandas de su historia: 52, cuarenta alegando despido injustificado. Revisando precisamente estos casos, Palacios refiere la ocurrencia de tres tipos de despidos: los de accidentes y enfermedades contraídas a raíz de la ejecución del empleo; los de personas conocidas como “contratistas” que trabajaban en planta pero no eran empleados de la empresa y que habían intentado organizarse en 1938 en un sindicato independiente; y los despidos políticos que tenían que ver con cualquier indicio de cuestionamiento a la legitimidad de la empresa. En algunos casos, la empresa hizo firmar a los despedidos breves explicaciones del rompimiento de la relación laboral en donde se dejaba por escrito que los trabajadores se separaron de su cargo por decisión propia “por no reunir las condiciones físicas apropiadas para desempeñar el trabajo”. Otro tipo de documentos reunidos por Palacios[8] son disculpas o supuestas “confesiones” de los obreros al patrón o jefe: “disculpe por el error tan grande que cometí… al disponer de una botella de cerveza para llevármela a mi casa”. De igual forma, existen testimonios de empleados que declararon recibir ciertas cantidades de dinero y después añadían:
Aprovecho la oportunidad para manifestarle que si bien es cierto que algunos descontentos me han invitado para estar con ellos, también es cierto que tanto mi hermana Felipa como yo no estamos de acuerdo con lo que estos están haciendo, pues sabemos bien que su injustificada labor de discordia será en perjuicio de la Empresa y muy especialmente de los trabajadores.
En 1943, un grupo de empresarios, encabezados por Eugenio Garza Sada, entonces director de la Cervecería, funda en Monterrey el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey con el objetivo de formar el tipo de trabajadores que la industria demandaba, así como de dejar de depender de trabajadores extranjeros para cubrir puestos estratégicos o de mano de obra calificada.
La política de sustitución de importaciones produjo un segundo auge industrial que favoreció a la expansión del sector fabril de la zona metropolitana. La industria extractiva y de transformación llegó a representar en 1970 casi el 80% de los establecimientos en Nuevo León; la actividad industrial concentraba el 97% de la producción bruta del estado.[9]
La década de los sesenta fue de intensos contrastes. Por un lado se vivieron años contestatarios con grandes sectores sociales, como los obreros y los estudiantes, encabezando movimientos contra todas las formas de autoritarismo y explotación. Pero, al mismo tiempo, el crecimiento económico permitió a las empresas ofrecer prestaciones extraordinarias a sus empleados. Entre 1957 y 1972, por ejemplo, se construyen y entregan 1,318 casas en la Colonia Cuauhtémoc a los trabajadores de la empresa del mismo nombre.

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El asesinato del padre

Monterrey vivió un periodo de convulsión en 1970 con el ascenso de los movimientos estudiantiles y magisteriales que lucharon por la autonomía universitaria –conseguida en 1971–. Esta movilización, más los ejemplos de las revoluciones y los gobiernos socialistas del momento, alimentaron el entusiasmo por la disidencia en Nuevo León. La década se anunciaba como un tiempo ingobernable: los días transcurrían entre mítines, quema de autobuses, asaltos a bancos, paros en empresas y en facultades. Pero entonces sucedió un hecho traumático: el 17 de septiembre de 1973 Eugenio Garza Sada, presidente de CC y fundador de otras varias empresas y del Tecnológico de Monterrey, fue asesinado por la Liga 23 de Septiembre durante un fallido intento de secuestro. A su funeral atendieron más de ciento cincuenta mil personas.
Los movimientos de oposición y disidencia habían ido esta vez demasiado lejos y la respuesta, aunque no fue inmediata, se dio de forma contundente. Los movimientos políticos de obreros, estudiantes y maestros fueron, poco a poco, desarticulados a partir de infiltraciones que devinieron en aprehensiones ilegales, tortura y desaparición forzada. La guerra sucia logró desactivar a gran parte de las luchas contra-hegemónicas de la época. Un ex guerrillero e informante del gobierno, Manuel Saldaña, en entrevista con Diego Osorno, habló de un centro de inteligencia de la propia Cervecería. Saldaña dijo que fue testigo de cómo enviados de la Cervecería compraban fichas, con fotografías y datos personales, de integrantes de células comunistas, además de tener un equipo de “guardias”.

Crisis familiar

Después de las devaluaciones de 1976 y 1981, la crisis petrolera de 1982 puso en jaque el crecimiento de los grupos económicos regiomontanos que durante la política de sustitución de importaciones se habían consolidado. La caída fue estrepitosa. Ese año de 1982, la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León (Caintra) reportó que la capacidad ociosa de la industria había alcanzado un 40%, lo que redujo las importaciones en un 60% en comparación con el año anterior.[10] Los puestos de trabajo se redujeron entre un diez y un quince por ciento. Se llevó a cabo entonces un rescate público a las empresas regiomontanas que representó el 60% de los recursos financieros federales otorgados por el Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Cambiarios (Ficorca).
A partir de 1984, los corporativos privados y paraestatales, motivados por las políticas neoliberales gestionadas por los propios gobiernos, fueron minando el significado del contrato colectivo y, con él, la seguridad en el empleo, en el salario y en el puesto. Esto provocó una oleada de movilizaciones laborales en defensa de estas garantías. Sin embargo, con la llegada a la gubernatura de Alfonso Martínez Domínguez (1979-85), quien fuera regente de la Ciudad de México durante la masacre estudiantil del 10 de junio de 1971, se instaló una política de “mano dura” que estrechó la relación del empresariado con el gobierno. Así, en su tercer informe de gobierno, en marzo de 1982, Martínez Domínguez reportó lo siguiente como un logro de la administración:
En el año ocurrieron 2 mil 669 emplazamientos de huelga. Estallaron solamente 58; se resolvieron por la vía de la conciliación el 98%. Actualmente subsisten solo 19; lo que significa menos del 1% del total de emplazamientos. De las 6 mil 84 demandas individuales, 6 mil 14 se resolvieron también conciliatoriamente en un plazo record de menos de 3 meses.
En los últimos treinta años, a la par de una política de represión de los conflictos obrero-patronales, se ha ido gestando en Nuevo León una precarización de las condiciones laborales que hoy coloca a la entidad como la líder en la creación de empleos mal pagados. Se trata de una generación de trabajadores que, pese a tener un empleo, no consigue salir de la pobreza. La precarización laboral en el área metropolitana de Monterrey también se refleja en la pérdida de contratos, la falta de acceso a sistemas de salud, la eliminación de la representación sindical, las alteraciones en el número de las horas de jornada de trabajo, y los empleos sin acceso a prestaciones sociales.[11] Además, la crisis financiera del 2008 tuvo serias repercusiones en la industria regiomontana, siendo el 2009 un año de despidos masivos. En este contexto, varias de las antiguas fábricas madres de la región han vendido la mayoría de sus acciones a corporativos globales. Por ejemplo, para seguir con el caso de Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma, esta fue vendida a la holandesa Heineken en 2010, cuyo sindicato controlado mereció un reporte de la auditoría holandesa independiente SOMO.
Aunado a lo anterior, existe entre los trabajadores regiomontanos un problema de salud pública, no reconocido oficialmente, relacionado con los oficios que se desempeñan y las afectaciones derivadas a la salud. El cuerpo del trabajador promedio está intoxicado y exhausto, pero esto no alcanza a reconocerse como un problema público ni mucho menos gremial. La antigua escala patrón-obrero (padre-hijo) hoy ha quedado superada por consejos administrativos de corporativos multinacionales que ni siquiera hablan la lengua de sus empleados. Esta realidad de precarización y enfermedad la enfrentan hoy los trabajadores y trabajadoras de todos los niveles, que trabajan sin organizaciones sindicales que representen sus demandas.

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Conclusión

El papel del trabajador regiomontano está infrarrepresentado en la historia moderna de la ciudad debido, entre otros factores, precisamente a la reacción contra la capacidad organizativa que este trabajador demostró tener y que puso en riesgo los intereses de las familias fundadoras del Monterrey industrial. Más allá de las prestaciones laborales ofrecidas por las principales compañías a sus empleados –que generaron efectiva lealtad–, las políticas empresariales punitivas y la represión ejecutada por el Estado –en cuyos gobiernos los grupos empresariales regiomontanos adquirieron progresivamente un papel más “activo”– terminaron por homogenizar la imagen histórica de los trabajadores regiomontanos como una masa flexible y sumisa. Sin embargo, frente a la crisis económica instalada y de cara a un fracaso económico sistémico que produce cada vez variables más crueles de la miseria, se vuelve indispensable una relectura del pasado en la que se comprenda la importancia de respetar los conflictos como un recurso de las sociedades para evolucionar.       Hoy por hoy, sin embargo, las cámaras patronales y los sindicatos blancos y oficiales de Nuevo León declaran con orgullo que en más de veinte años no ha habido huelgas ni conflictos laborales mayores en el estado.
En el siglo XX, las asociaciones de trabajadores fueron entendidas como un obstáculo al desarrollo, aunque se puede perfectamente sostener lo contrario. El conflicto generó movimientos y dinámicas democráticas, que se reflejaron en una mejor calidad de vida para los trabajadores. Esconder el desacuerdo o reprimir la disidencia solo produjo una apariencia de armonía, cuya incoherencia terminó por estallar.
Estas contradicciones seguirán pasando desapercibidas en tanto los trabajadores no reconozcan el poder político que radica en sus puestos de trabajo. Los trabajadores –la parte más vital de la cadena productiva– ignoran su propia importancia. Vaciar al trabajo de sus significados políticos y de su potencialidad transformadora es un rasgo ideológico del capitalismo. Vivir para producir, perder la vida para ganarla, es una creencia que está llevando a personas y a familias enteras al colapso.
Reconocer la existencia de luchas políticas, aunque estas no estén representadas en la arena institucional, es una forma de reivindicar la memoria de la disidencia obrero-sindical. En Monterrey, es urgente desmentir el mito del trabajador como un mero instrumento de las élites empresariales para reconocerlo como un agente protagónico no solo de generación de riqueza, sino de transformación social.
(Fotos: cortesía deRick GonzálezJorge ElíasIsaí Moreno y overWHAMmed.)

Referencias
[1] Ver Vizcaya 2001 y Cerutti 1989.
[2] Cerutti 1989.
[3] Vizcaya 2001, p.156.
[4] Rodríguez y Reyes 2003; Palacios y Lamanthe 2010.
[5] Citado en Palacios 2003, p. 6.
[6] Palacios y Lamanthe 2010, p. 329.
[7] Palacios 2003.
[8] Palacios 2003.
[9] Palacios 2007, p.210.
[10] Palacios 2007, p. 228.
[11] Rodríguez Ramírez y Kinto Reyes 2010, p. 361.

–Cerutti Mario (1989). Burguesía y capitalismo en Monterrey 1850-1910. Segunda edición. Facultad de Filosofía y Letras. UANL. México.
–Palacios Lylia (2003). “Culturas del trabajo y construcción de hegemonía empresarial. Demandas laborales contra Cervecería Cuauhtémoc de 1936-1940” ponencia presentada en el Cuarto Congreso Nacional de Estudios de Trabajo. Universidad de Monterrey.
–Palacios Lylia (2007). “Consolidación corporativa y crisis económica en Monterrey 1970-1982” en Nuevo León en el siglo XX: Industrialización, del segundo auge industrial a la crisis de 1982, coord. Ortega Isabel. Fondo Editorial Nuevo León.
–Palacios Lylia y Annie Lamanthe (2010). “Paternalismo y control: pasado y presente en la cultura laboral en Monterrey” en La Globalización, permanencias y cambios en el área metropolitana de Monterrey. UANL. México.
–Revault Myriam (2008). El poder de los comienzos, ensayo sobre la autoridad. Ed. Amorrotu. Argentina.
–Rodríguez Ramírez Héctor y Kinto Reyes Manuel (2010). “Precariedad laboral en el mercado de trabajo del Área Matropolitana de Monterrey, 1990-2007” en La Globalización, permanencias y cambios en el área metropolitana de Monterrey. UANL. México.
–Vizcaya Isidro (2001). Los orígenes de la industrialización de Monterrey. AGENL. México.

Hablemos de historia… ¿Quién fue Eugenio Garza Sada?

¿Si Claudio X González, o Felipe Calderón le extendieran la mano diciendo “vamos a reconciliarnos”, usted pensaría que en verdad hay sinceridad en sus palabras?
¿O si Enrique Krauze, Ricardo Alemán, o Vicente Fox, lo invitaran a la reconciliación, usted creería que la propuesta nace de un sincero deseo de trabajar en unión, por el bien del país?
Hay situaciones que por su misma desproporción, deberían resultar evidentes y la reconciliación nacional, que muchos creen posible, es un sofisma que manejan los grupos conservadores, en su intento para que, dentro de una paz ficticia, se den las condiciones para socavar a su gusto al gobierno de la Cuarta Transformación. Es evidente que la paz propuesta por la derecha, es una simulación más.
López Obrador ha llamado a la convivencia sana entre mexicanos, pero al mismo tiempo, no ha dejado de señalar los errores que los personajes ligados al neoliberalismo, cometieron durante un periodo marcado por la corrupción y la impunidad.
La invitación del presidente a la sociedad en su conjunto, se da en el sentido de que todos podemos trabajar por México, pero dentro de las nuevas reglas impuestas por un gobierno honesto y dispuesto a terminar con el régimen de privilegios para unos cuantos.
Hay una diferencia clara entre la reconciliación utópica que demandan los conservadores y la propuesta de convivencia sana que propone el presidente.
La derecha alicaída, quiere que las voces que la critican y le señalan los errores cometidos por décadas, queden en silencio. A eso llaman reconciliación. No asumen un cambio de actitud. Pretenden seguir con las formas y maneras que los han enriquecido obscenamente.
La reconciliación para ellos significa el ser aceptados tal y como han sido por años. Que la sociedad admita su comportamiento marcado por la ambición desmedida. Que no los juzgue, ni los señale.
El resto de los mexicanos esperaría que la clase conservadora, admitiera sus errores y ajustara su manera de ser, de acuerdo a los nuevos tiempos que reclaman honestidad, rectitud y honradez. Que aquellos que son responsables de la crisis que vive el país, intenten mitigar, al menos en parte, el daño causado. Solo así podría darse un estado de convivencia sano.
Pero la derecha mexicana no cambia, ni cambiará.
Su intención es la de recuperar el poder a toda costa, echando abajo las reformas y políticas que impulsa la Cuarta Transformación.
Vemos como Vicente Fox y Felipe Calderón, intentan desesperadamente impulsar la creación de un grupo sólido y compacto, que haga frente al gobierno del cambio.
Fox claramente ha señalado que van por la caída de la Cuarta Transformación.
Toda esta reflexión viene al caso, porque en estos días se ha visto que parte de nuestra sociedad, se pone del lado de las opiniones reaccionarias, argumentando que urge alcanzar la reconciliación que una a todos los mexicanos.
Caen fácilmente en el juego conservador.
El más reciente episodio al respecto, tiene que ver con una declaración de Pedro Salmerón, que fue usada por la derecha para atraer simpatizantes a su causa. Recordemos que los conservadores engañan siempre. Lo ha repetido el presidente en innumerables ocasiones.
Salmerón llamó “valientes”, a los integrantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre y ese fue el punto que atacó la derecha. Todo, en relación a un episodio vivido en la década de los setenta del siglo pasado, donde perdió la vida el empresario Eugenio Garza Sada.
Un secuestro perpetrado por la Liga, que salió mal y donde falleció el empresario y otras personas, incluidos integrantes de la Liga, en la balacera que se desató en el intento.
Pocos ciudadanos en redes sociales, se dieron a la tarea de investigar qué pasaba en realidad en esos años. Los motivos para el nacimiento de la Liga 23 de Septiembre y las políticas que el Estado mexicano imponía entonces con toda la mano dura que caracterizó principalmente al periodo de gobierno de Luis Echeverría.
El 68 estaba latente en ese entonces. La represión del jueves de corpus, o “halconazo” había sucedido hacía poco. El gobierno perseguía implacable a disidentes de cualquier filiación, ya fueran obreros, campesinos o estudiantes. La intención era descabezar cualquier intento de manifestación contra el régimen, antes de que se produjeran situaciones similares a la del 68.
La Liga Comunista 23 de Septiembre, fue una respuesta a la represión. No fue “un grupo de delincuentes” como se dijo en estos días. Tuvo presencia nacional. Estaba integrada por obreros y campesinos, pero sobre todo, por estudiantes. La guerra de guerrillas, tan común en esa época en varias naciones de Latinoamérica (recordemos a los Tupamaros, donde militó el expresidente José Mujica), fue la única vía que encontraron los grupos progresistas, para derrocar a un régimen criminal.
El método del secuestro puede ser cuestionable y cada quien sabrá si entiende los motivos del mismo, o si los condena sin reflexión alguna.
El intento de secuestro a Eugenio Garza Sada, no perseguía beneficios económicos. Querían canjearlo por presos políticos que había encarcelado el gobierno. Esa era la intención.
A la muerte del empresario, el poderoso Grupo Monterrey y el resto del empresariado nacional, montó en cólera. Exigieron al gobierno mano más dura contra los disidentes, advirtiendo que podían hacer caer al gobierno, si no se actuaba con dureza.
Así dio vida Echeverría a la Brigada Blanca y al Grupo “Jaguar”. Así se inició el periodo de la “guerra sucia”.
Los integrantes de la Liga eran desaparecidos o asesinados brutalmente. Ocasionalmente, aparecían sus cadáveres con enormes clavos en rodillas y hombros, molidos a golpes y con el cráneo destrozado.
Si el intento de secuestro y muerte de un empresario es un episodio violento, la política del Estado durante ese periodo fue brutal.
La Liga Comunista 23 de Septiembre promovió huelgas, articuló movimientos obreros y campesinos, se enfrentó a todo el poder del Estado, con los pocos recursos que permite la clandestinidad.
Al final, murió de inanición, al quedarse sin cuadros que la dirigieran, después de la sangría provocada por la violencia del régimen.
Eso fue lo que intentó señalar de manera somera Pedro Salmerón.
Si algo distinguió a los integrantes de este movimiento, fue su valentía.
Podemos cuestionar los métodos de la guerrilla (de cualquier guerrilla), pero no el valor de quienes se enfrentan a un Estado brutal y sanguinario.
Hoy, nuevamente el empresariado puso el grito en el cielo. La verdad no puede ser contada, cuando afecta su imagen de clase.
Para ellos, la historia de la Liga, como grupo delincuencial, es muy cómoda. No quieren que se conozca la verdad.
Por eso señalo que la reconciliación nacional es una utopía. Los conservadores defenderán siempre sus intereses y pasarán por encima de quien sea, para recuperar el poder.
A los ciudadanos, nos queda resistir ese embate permanente y para ello requerimos de una herramienta fundamental: conocer nuestro pasado. Acercarnos a la Historia verdadera de los sucesos que marcaron el rumbo del país.
No podemos dejarnos ir con los cuentos amañados que nos presenta la “cultura” conservadora.
Tengamos presente que ellos siempre mienten. Su intento, es desarticular el enorme apoyo social que impulsa a la Cuarta Transformación.
Con ellos, habrá siempre enfrentamiento. Que éste se dé por la vía pacífica y democrática, como sucede hoy, es responsabilidad de la sociedad que votó por un cambio sano.

Malthus Gamba.

MC desmiente haber tenido pláticas con Vicente Fox para formar un frente opositor

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Periódico La Jornada
Lunes 23 de septiembre de 2019, p. 7
Frente a las declaraciones de Vicente Fox el sábado en la Asamblea Nacional del PAN, de que ya entabló pláticas con las dirgencias de PRI, PAN, MC y PRD para formar un frente contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y el llamado que hizo a darle en la madre a la 4T, el coordinador nacional de MC, Clemente Castañeda, aseveró que es absolutamente falso que haya habido reuniones para formar un frente nacional.
“La dirigencia nacional de MC no ha sostenido ninguna reunión con el ex presidente Fox. Ignoramos las motivaciones de esta mentira.
Nos preguntamos ¿con qué autoridad política y moral convoca Fox a un frente opositor sin entender el momento político que vive el país? El papel de las oposiciones hoy debería ser el de impedir que México sufra otra decepción como la que él representó en la primera alternancia electoral de 2000.
Subrayó que “nuestro movimiento no cree, como él sostiene, que el objetivo de la oposición deba ser romperle la madre a la Cuarta Transformación. Creemos que se puede contribuir al cambio democrático a través de la crítica y la argumentación pública, a partir de la contención parlamentaria y aportando ideas y sobre todo soluciones a los problemas del país.
Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, consideró que los dichos de Fox obedecen a la falta de argumentos reales de antiguas figuras desgastadas de la extrema derecha autoritaria que recurren a esas expresiones huecas, fruto de su desesperación ante el avance de una transición no de una alternacia.
Germán Martínez Cázares, senador de Morena, destacó que Fox demostró que es “un alto vacío y que el PAN está vacío. Si ese partido ofrece a México como futuro el foxismo, pues está perdido, y Fox demostró que sigue siendo lo que Carlos Castillo Peraza dijo de él hace años: que ‘es un alto vacío’”.
Monreal dijo que es extraño que el PAN pueda articular una estrategia política, con figuras que ya demostraron su talante, traicionando sus principios y su ideario. Creo que en México frente a la 4T, frente al cambio de régimen, hay intereses que se oponen, hay resistencias y aquí se está demostrado cómo un populismo de derecha trasnochado se ha dedicado a atacar constantemente a la 4T.

La SCT de Ruiz Esparza movió 16 mil 543 millones irregulares. Se robaron hasta el cemento: ASF

Ciudad de México, 23 de septiembre (SinEmbargo).- La administración de Gerardo Ruiz Esparza hizo más que “mover a México”: durante seis años movió el presupuesto de una súper Secretaría de Estado, pero lo hizo entre irregularidades y probables casos de corrupción que actualmente son investigados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Ruiz Esparza tuvo la responsabilidad de mover al país a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) durante el sexenio (2012-2018) del Presidente Enrique Peña Nieto. Su tarea implicó el reto de impulsar el desarrollo de la infraestructura nacional con inversiones estratégicas en todo tipo de medios y vías de transporte, además de la administración de las telecomunicaciones a lo largo y ancho de la República Mexicana.
Para ello, año con año, ejerció un promedio de 109.4 mil millones de pesos del Gobierno federal que, cada año, presentaron “irregularidades” en la contratación de obra pública por insuficiencias de planeación, ejecución y rendición de cuentas en los proyectos gubernamentales, de acuerdo con las cuentas públicas de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Durante cinco años (2014-2018) de gestión de Ruiz Esparza como Secretario de Comunicaciones y Transportes, la ASF encontró que nueve de cada 100 pesos ejercidos por la SCT implicaron irregularidades no solventadas. De esos nueve pesos, cinco supusieron probables daños a la Hacienda Pública Federal, por la posible comisión de un delito y/o negligencia administrativa.
En total, la SCT acumuló 16 mil 543 millones 019 mil 737.15 pesos en irregularidades que equivalen al 2.52 por ciento del gasto total pagado (656.4 mil mdp) por la dependencia federal, entre 2014 y 2018. De esta millonaria cantidad, la ASF determinó que hubo 9.2 mil millones de pesos –el 56 por ciento de los “montos por aclarar”– en transacciones que ameritaron la “Promoción de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias” (PRAS).
GERARDO-RUIZ-ESPARZA-SCT
La ex titular de Sedesol Rosario Robles fue detenida e inhabilitada. Hoy, las autoridades tratan de pescar a Ruiz Esparza por cuestiones similares: buscan pruebas de omisión y/o corrupción. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro.
De acuerdo con el marco metodológico para la fiscalización superior de la ASF, todas las irregularidades no solventadas que la Auditoría encuentra están incluidas bajo el apartado de “recuperaciones probables”, o bien, el cúmulo de dinero pendiente de restitución, aclaración o justificación ante las autoridades fiscales.
Sin embargo, cuando el órgano fiscalizador “presume la existencia de hechos o conductas” que violan la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, determina la comisión de ilícitos que ameritan una PRAS y por ende, la comisión de “un daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales”.
Aunque algunas de las irregularidades detectadas por la ASF pudieron haber sido solventadas en el transcurso de los años, existe una investigación en proceso de la gestión de Ruiz Esparza como titular de la SCT.
El 12 de septiembre de este año, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP aseguró que las autoridades están analizando los “casos de corrupción relacionados con el sector [de Comunicaciones y Transportes] durante la administración pasada”. No obstante, Santiago Nieto Castillo advirtió complicaciones en las indagaciones, ya que la administración pasada “no dejó piedra sin labrar”.
Enrique Peña Nieto nunca dejó de confiar en Gerardo Ruiz Esparza. El 21 de noviembre de 2018, nueve días antes de concluir su periodo presidencial, el priista de Atlacomulco externó su “mayor reconocimiento” para el hombre que lo acompañó durante 13 años de carrera política: Desde su periodo (2005-2011) como Gobernador del Estado de México, hasta el cierre de su sexenio el año pasado.
A pesar de las acusaciones de corrupción y las cinco denuncias penales que ya pesaban sobre Ruiz Esparza, Peña Nieto lo enarboló como alguien “de valor y coraje”, que actuó con decisión frente a la crítica y que nunca cejó “en asegurar que los compromisos asumidos se cumplieran a cabalidad”.
Empero, un análisis de la Unidad de Datos de SinEmbargo arrojó que el nivel de cumplimiento de la administración pasada en proyectos de infraestructura pública no alcanzó el 97 por ciento anunciado por Peña Nieto, sino que rondó el 59 por ciento de cumplimiento, equivalente a 97 de 156 compromisos cumplidos en materia de obra pública federal.
Los datos de este medio digital coincidieron con las cifras estimadas por el Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), según las cuales, al finalizar 2018, el nivel de cumplimiento del Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 tendría un avance máximo de 73 por ciento.
En este contexto de incumplimiento cabal, también hubo multiplicidad de casos –como el del Tren Interurbano México-Toluca– que develaron la “ineficiencia y los riesgos de corrupción en obra pública en México”, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Prueba de ello son las irregularidades no solventadas que detectó la ASF entre 2014 y 2018.
Durante esos cinco años, la Auditoría encontró anomalías por pagos excesivos, indebidos y/o injustificados que sumaron un monto total de casi 11.8 mil millones de pesos.
Asimismo, la ASF encontró 2.7 mil millones de pesos utilizados para la compra de bienes y servicios que no fueron “efectuados” o “encontrados” al momento de las auditorías. Entre ellos destacan dos casos: El de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) –señalada de operar con esquemas similares a los de la llamada “Estafa Maestra”– y el de la adquisición de televisores para el Programa de Transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT).
En 2014, la UANL fue contratada por la SCT para dar asesorías relativas a proyectos de conectividad e inclusión digital, así como en materia de contenidos y sistemas del “Programa de la Sociedad de la Información y el Conocimiento”.
De acuerdo con la ASF, la UANL no sólo hizo subcontrataciones que excedieron el límite (49 por ciento de los servicios) permitido por Ley, sino que además no proporcionó evidencia que documentara las subcontrataciones.
Por los actos u omisiones de la UANL y de los servidores públicos de la SCT, no pudo ser verificado el 37 por ciento de los recursos pagados a la universidad neoleonense, por lo que la ASF presumió (pliego de observaciones número 14-0-09100-14-0417-06-001) “un probable daño o perjuicio o ambos por un monto de 4 millones 161 mil 657.78 pesos”. Asimismo, el ente fiscalizador solicitó (requerimiento 14-4-99A6N-14-0417-12-001) una multa en contra de la UANL, por incumplimientos de contrato.
En cuanto al Programa de Transición de la TDN, la ASF halló irregularidades no solventadas por 545 millones 430 mil 800 pesos.
Entre 2014 y 2016, la Dirección General de Política de Telecomunicaciones y Radiodifusión de la SCT fue responsable de probables daños al erario público federal por la compra de 213 mil 349 televisores disfuncionales, la falta de 411 mil 129 televisiones que desaparecieron del inventario físico, además de negligencias cometidas en procesos de indemnización de 6 mil 492 televisores “siniestrados”, refieren las auditorías de cumplimiento 14-0-09100-02-0418 DE-031, 15-0-09100-02-0352 352-DE y 16-0-09100-02-0321 321-DE.
Además de las pérdidas mencionadas, la SCT quedó a deber 841 millones 653 mil 111.21 pesos en irregularidades no solventadas entre 2014 y 2018, por incumplimientos de contrato, falta de cobro de “medidas resarcitorias” y omitir la entrega de amortizaciones y reintegros financieros a la Tesorería de la Federación.
EL TRUCO DEL CONCRETO
Si México fuera un edificio en construcción y el Gobierno federal fuera la empresa constructora, Gerardo Ruiz Esparza habría sido el jefe de obras de México, y como tal, el responsable de la ejecución técnica y económica del proyecto “Mover a México”. Esto implica que, en su calidad de garante del gasto público, Ruiz Esparza podrá ser juzgado si las autoridades fiscalizadoras llegaren a comprobar que tuvo conocimiento de la comisión de irregularidades como titular de la SCT.
La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (ordinal cuarto fracción VII, numeral 117 y los artículos 13, 17 y 61) señala que las dependencias de gobierno tienen la obligación de rendir cuentas y efectuar medidas para contribuir al equilibrio presupuestario y racionalizar el gasto, además de informar a las autoridades acerca de cualquier infracción que implique conductas sancionadas por la ley penal.
También refiere (artículo 115) que las responsabilidades por actos u omisiones serán fincadas a los ejecutores directos y “subsidiariamente”, a todos aquellos que por la naturaleza de sus funciones “hayan omitido la revisión o autorizado tales actos por causas que impliquen dolo, culpa o negligencia por parte de los mismos”.
En ese orden de ideas, Ruiz Esparza podría ser juzgado y tener que rendir cuentas por la comisión de ilícitos u omisiones; máxime si consideramos que todo el ciclo de inversión de los proyectos de obra pública “contempla una serie de etapas, con diferentes actores y órganos de gobierno responsables de los diferentes procesos”, en que “la SCT y las diferentes direcciones generales están presentes en prácticamente todas las etapas”, se lee en un análisis (2018) del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y de la empresa IDOM Ingeniería.
Como jefe de obras de México, Gerardo Ruiz Esparza no sólo es responsable de los 15 mil 286 millones 120 mil 530.43 pesos por las irregularidades anteriormente mencionadas. También es responsable de un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 1 mil 256 millones 899 mil 206.72 pesos adicionales, por desfalcos causados en razón de la “diferencia entre el volumen de obra pagado y cualificado” en diversos proyectos de la SCT, durante 2014-2018.
Dentro de esta millonada destacan al menos 136 millones 769 mil 670.72 pesos en daños relacionados con la compra y uso de concretos asfálticos, hidráulicos y otros. El modus operandi fue simple: La SCT contrató empresas para construir, ampliar y/o modernizar puentes, carreteras, libramientos y demás obras de infraestructura pública. Para ello, pagó cotizaciones infladas de insumos –como en el caso del concreto– que no fueron, o no pudieron ser realmente utilizados.
SOCAVON-MORELOS
En julio de 2017, dos personas murieron al caer en un socavón en el Paso Express de Cuernavaca, Morelos. La falla se debió a presuntos actos de corrupción que implicaron la entrega de infraestructura defectuosa. Foto: Especial.
En muchos de los casos, la ASF advirtió que la SCT realizó “pagos indebidos” por un determinado volumen de concreto que excedía la cantidad necesaria para la obra contratada, ya que los cálculos para determinar la cantidad de insumos necesarios para la construcción fueron realizados sin descontar “el volumen que ocupa el acero”.
Asimismo, hubo casos –como el de la Carretera Tecate-El Sauzal (BC)– en que la ASF detectó que en lugar de rellenar un hoyo con cemento, cubrían la parte superficial y cobraban el volumen de concreto requerido para su rellenado.
La Auditoría Superior constató obras de “suministro e instalación de defensas metálicas” en tramos carreteros, cuyos “postes colocados solamente quedaron ahogados en la excavación sin que ésta se rellenara con concreto hidráulico”, lo que generó “pagos improcedentes” de millones de pesos.
Al igual que con el concreto, materiales como el alambre de tensión fueron una mina de oro pagada, pero no ejecutada. En la PRAS número 14-9-09112-04-0361-08-004, la ASF determinó que hubo pagos por cercados con cuatro líneas de alambre, no obstante que los postes fueron colocados “sin que estos contengan las cuatro líneas de alambre, además de no encontrarse ahogados con concreto” (que también fue cobrado).
El daño al erario público federal (1.3 mil mdp) por inconsistencias en la compra de cemento alcanzaría para cubrir 29 veces la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México, con una capa de concreto hidráulico de 15 centímetros de grosor, considerando un área de 47 mil metros cuadrados y un costo de 928 pesos por metro cuadrado de concreto hidráulico, según los “Costos paramétricos de pavimentación” del Gobierno federal.