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Astillero

Astillero

Putrefacción electoral

Felipe, en capilla

Recaer en el PRI

Izquierda decadente

Julio Hernández López

TRABAJADORES EN REFORMA. Aspecto de la marcha convocada por la Unión Nacional de Trabajadores y el Sindicato Mexicano de Electricistas, que partió del Ángel de la Independencia con rumbo al ZócaloFoto Francisco Olvera

Felipe se desespera y trata de modelar una percepción social favorable de última hora, con datos estadísticos de malabarista que pretende convencer a los desempleados de que no lo son y a la sociedad entera de que el cuadro de desastre sangriento es una acuarela soleada. Ni siquiera cuida las formas el pinolero en jaque electoral: usa los medios electrónicos con exceso pero sin buenos resultados, su rostro y sus palabras develan angustias a las que no logra disfrazar de éxitos. E incluso da involuntarios adelantos de la conducta que podría asumir en 2012, en caso de llegar hasta entonces, pues reproduce en tono menor el descarado intervencionismo foxista que pretendía inducir el voto a favor de continuidades de blanco y azul argumentando presuntos paraísos logrados por el gobierno federal en turno.

Nunca antes tantas elecciones estatales se habrían de realizar en tal cuadro de descomposición. Políticamente, Los Pinos acordó con el camachismo-ebrardismo-chuchismo el lanzamiento de las alianzas perreánicas que derribaron las pocas defensas que en el ánimo cívico invitaban a tener esperanza en lo electoral como ruta de mejoría pública: fundir en el pragmatismo obsceno las posiciones extremas del abanico ideológico, y presentar en fórmula conjunta a quienes en 2006 pelearon con todo a propósito de la elección presidencial, resultó inmejorable vía para desalentar la participación cívica. Otro golpe seco fue la revelación de los acuerdos entre Gobernación, PAN y PRI para canjear votos en San Lázaro sobre reformas fiscales por inhibición de alianzas en el estratégico estado de México. Vergonzosos episodios en los que Calderón se hizo el ignorante, Gómez Mont el ofendido, Peña Nieto el traicionado y César Nava el futuro consorte Patylú. Y, como telón de fondo que en realidad es el argumento central, el definitorio del curso de la obra, la salvaje violencia correspondiente a la personalísima “guerra” que el tambaleante Calderón declaró desde diciembre de 2006 y que a estas alturas ha puesto en entredicho la viabilidad operativa de los comicios, amenazados o condicionados muchos candidatos, dominante la plata de los cárteles que definen la fuerza de las campañas, temerosos los hipotéticos votantes de atentados u otros actos criminales en las urnas.

En ese cuadro de catástrofe es natural que ni siquiera haya una leve esperanza de cambio positivo a partir de las elecciones de este domingo. El PRI se ha erigido en la increíble oferta de regresión a los peores tiempos del autoritarismo atemperado como alternativa ante el terrible desamparo al que los panistas han llevado al país: más vale pésimo por conocido que falsamente bueno que todo ha echado a perder. En el fondo, el ánimo social favorable al retorno o continuidad del PRI es una aspiración de que se reinstalen los viejos mecanismos de control de la delincuencia mediante pactos y arreglos que favorecían a capos políticos pero impedían daños a la sociedad. Este domingo, los jefes estatales priístas harán todo lo necesario para dejar herederos-guardaespaldas, mientras los presuntos opositores naufragan entre mescolanzas imposibles, atenazados por el saldo implacable de que sus propuestas de “cambio” no son sino reciclamientos de figuras, grupos e intereses del mismo aparato priísta.

No deja de ser irónico que “la oposición” de este domingo esté conformada, sustancialmente, por el grupo que formalmente tiene el poder federal (es decir, el panismo calderonista) y los usufructuarios partidistas de la corriente que en 2006 ganó la elección presidencial pero le fue arrebatada por esos mismos socios coyunturales de ahora. Juntos, PAN y PRD, más las variaciones locales en que se incluyen PT y Convergencia, tuvieron cuatro años atrás la gran mayoría de los votos nacionales, y hoy pelean en desventaja enorme, desfondados y sin autoridad moral alguna. Por ello, sus propuestas electorales son radicalmente insustanciales, prolongación del mismo esquema de saqueo y simulación. Si acaso, por dejar una interrogante abierta, habría de ponerse aparte a Gabino Cué, en caso de que el cártel de Ulises no armara bien su anunciadísimo fraude electoral. Es indudable que Cué, por sí mismo, no podría hacer peor papel que el del actual déspota oaxaqueño. Pero es probable que todo quedaría en matices, grados y formas, pignorado como está desde ahora ese eventual triunfo a los intereses del calderonismo que ha apostado cuanto ha podido a esa candidatura gabinista que obviamente siente comprometida con Los Pinos; Cué apoyado por ex gobernadores priístas en pugna con Ulises. Más de lo mismo, pero de otra forma.

Todo augura, pues, un nuevo triunfo priísta, en la Gran Marcha hacia el 2012. Sinaloa, Puebla y Oaxaca son los puntos en donde podrían darse sorpresas en favor de la “oposición”. Calderón quedaría aún peor que ahora si se confirman los pronósticos de victorias de tres colores, no sólo recortado escandalosamente su ámbito real de mando, sino expuesto a la revancha del priísmo que se siente muy agredido en este tramo final. En el futurismo priísta quedará fortalecido Peña Nieto, pero es probable que una vez superado este momento (tregua) electoral, se desate la verdadera guerra interna en el PRI, que busque desbancar al gobernador del estado de México y reposicionar a Manlio Fabio Beltrones. El saldo de las alianzas perreánicas precisará las esperanzas ebrardistas de crecimiento y eventual consolidación como aspirante serio a la Presidencia de la República. Él y su gurú camaleónico, Manuel Camacho, apostaron todo a esos pactos. López Obrador, por su parte, deberá hacer un recuento de daños: el PT y Convergencia acabaron apoyando en varios lugares al PAN e incluso al PRI, el ebrardismo-camachismo se distanció abiertamente de sus posiciones y él mismo ha abonado a la confusión al decir que sí asistiría a un encuentro con Calderón, así fuera con ciertas condiciones.

Y, mientras el peñanietismo mantiene en la cárcel a los tres principales dirigentes de Atenco, ¡feliz fin de semana… electoral!

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx • http://twitter.com/julioastillero

Elecciones 2010: la mafia política y la “ridícula minoría”

• Lo que está en juego…
• Rodolfo y Diego: mensajes y semejanzas

A todísima madre finaliza la semana con la cobarde ejecución del candidato del PRI, Rodolfo Torre Cantú, y la línea de investigación que ya deslizó el gobernador Eugenio Hernández alrededor del… móvil político que dejó marcada una cartulina con delicado mensaje.

Y para documentar el catastrofismo de la terquedad de una estrategia que es un absoluto fracaso, my friend, la jornada violenta de la “ridícula minoría” sigue sumando daños colaterales y muertos en Sonora, Morelos, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa y la joya presumida de este (des)gobierno, Ciudad Juárez, donde ejecutaron a una subprocuradora.

Chingón.

Todo el plomo y la monumental impunidad previo a una accidentada jornada electoral, que ya está marcada por el encono, la polarización, las descalificaciones, la guerra sucia (con las manos limpias), la utilización de las instituciones cual juguetes de estimulación temprana y la mezquindad política de lucrar con una tragedia como la ocurrida en Tamaulipas, que le dio entrada a que los priistas cerraran filas (electoreras) detonando el atractivo misil de la madriza contra Felipe Calderón, y éste les respondiera con otra madriza disfrazada deespotiza y de salidas desmedidas a medios electrónicos para anunciar acciones con clarísimo tinte electorero, justo cuando le dan flit a la titular de la Fepade y donde el ife (con minúsculas) brilla por su ilustrísima ausencia.

Doblemente chingón.

México entra en una delicada fase (¡¿máaas?!) después de este domingo… donde los pronósticos de desarrollo de tácticas de psicosis para evitar una masiva votación están latentes en el enrarecido aire, sin mencionar los probables conflictos poselectorales que harán escala en el tepjf (ídem), donde finalmente se podrían decidir los resultados… haiga sido como haiga sido.

La endeble democracia mexicana asaltada por el gymboree (mmta… ídem) de Los Pinos, desde donde se ha desarrollado un retroceso brutal en las prácticas que en algún lejano tiempo se cacareaban como desterradas. Y pisándole los talones las lacritas tricolores, que no dan paso sin guarache. Más cuando en sus maravillosos sótanos se planean perversas combinaciones donde la alteración de rutas tiene como destino final evitar modificar el resultado del producto… cuya meta es la escala en 2011 y de ahí el codiciado 2012.

El peligroso clima que prevalece en este Vive México sigue siendo secuela de un conflicto latente arrastrado desde la polémica elección de 2006. Un PRD dividido, mezquino, convenenciero, inconsistente y confrontado con sus mismas bases ante los curiosos mensajes de la frívola izquierda, que llegará a la báscula de su reciente historia en este proceso electoral que marcara su futuro y… destino. El PRI que no ha sabido ser oposición sino un partido de brutal conveniencia de cúpulas, de intereses de una minoría ridícula, perdón, cínica y de traición a sus principios y a su electorado. Ese PRI que (no cambia) se juega mucho este domingo, no sólo rumbo al sueño de regresar al poder, sino en su estrategia doméstica de las simpáticas entretelas del juego de los balances, de los contrapesos y de sus negociaciones frente a un (des)gobierno que no reacciona, que se pasma, que no define y que se obstina con caminos que han llevado a México al caos, a la anarquía, al descontrol, a la pérdida de la aplicación de la ley (a secas), al crecimiento alarmante de la impunidad, al encono, a la polarización, a la ingobernabilidad, a la violencia que trastoca peligrosamente las raíces del mentado Estado mexicano… en ruta a un Estado fallido (¿rumbo al estallido?), cuyo regreso a los caminos de la legalidad son cada vez más lejanos, más difíciles y serán innegablemente más costosos en todos los ámbitos.

Hay un solo dato duro que ya marca este 4 de julio: el crimen organizado en las estructuras políticas y su mancuerna con la “ridícula minoría” son los verdaderos protagonistas que han demostrado quién manda. Quién ordena. Quién tripula y cuáles son los intereses a defender.

Y todo, my friend, para que aprendan a respetar… las nuevas reglas del juego.

Por la mirilla

¿Y Diego Fernández de Cevallos, apá?... Muy pronto deberán soltar los datos duros que por el timingocurrirá después de los comicios de este domingo. Uno de ellos deberá ser ese mensaje… esa cartulina que apareció en esa escalofriante imagen. Ese papel que tiene una perversa similitud encontrado arriba del cuerpo de Rodolfo Torre Cantú.

¡Adiós!

gomezalce@aol.com

Ni perdón ni olvido.

Hay una cosa que no existe: el olvido.

Autor: Jorge Luis Borges

La injusticia no para aun cuando existan pequeños logros en ella, como la libertad de los presos de Atenco. Pero justo cuando el país esta en un completo abandono y la violencia sacude las estructuras de gobierno golpeando a la población con el pánico que significa salir a las calles, es imposible olvidad y menos ahora que el usurpador convoca a una reunión donde algunos “lideres” de izquierda han acudido, siendo parte de una farsa a un dialogo que no existió en 2006.

Parece grave, entre otras cosas, que la izquierda que defendió el voto ahora este aliada con su peor enemigo de aquel entonces. Que se dejo la dignidad del “no pasaran sobre nosotros” en los que algunos hasta de tapete la han hecho.

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Más de 100 mil aviadores en la SEP....

Se encontró que 117 mil 514 maestros están adscritos a escuelas “inexistentes”, señala

Detecta SEP innúmeras anomalías en el primer padrón de docentes
Pagos a profesores con el mismo RFC pero con diferentes nombres, entre las irregularidades

Laura Poy Solano

Periódico La Jornada
Viernes 2 de julio de 2010, p. 35
La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que en el primer trimestre del año se detectó el pago de salarios por 407 millones de pesos a un total de 10 mil 279 profesores comisionados en 31 entidades del país. De ellos, 5 mil 145 realizan funciones sindicales y 2 mil 442 actividades administrativas.

En conferencia de prensa para dar a conocer, por primera ocasión un padrón con información sobre matrícula escolar, así como tipo de plaza docente, administrativa o directiva, nombre de quien la ocupa, clave única de registro poblacional (CURP), ingreso y nivel educativo, Guillermo Bernal, oficial mayor de la SEP, señaló que se tienen registrados 25 millones 206 mil 162 alumnos en 217 mil 541 escuelas.

Agregó que un millón 106 mil 921 trabajadores –docentes, administrativos y directivos– cobran con cargo al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), cuyos recursos provienen de la federación, lo que representa 76 por ciento del personal destinado a tareas educativas en el país, mientras que otro 24 por ciento depende de erogaciones estatales.

El personal, indicó –que incluye a maestros frente a grupo–, se distribuye en 1 millón 800 mil plazas, “pues hay quienes tienen doble turno o plaza”, a lo que se suman 9.9 millones de horas/semana/mes, para personal de secundaria.

El funcionario detalló que la información del primer trimestre del año enviada por las entidades –de la que se excluyó a 264 mil docentes adscritos a sistemas educativos estatales que no dependen de los recursos del FAEB– reveló que 176 mil trabajadores de la enseñanza cobraron su ingreso mensual, pese a contar con un Registro Federal de Causantes (RFC) erróneo, mientras que más de 8 mil tienen el mismo RFC, pero con diferente nombre.

Se estima que en 17 entidades se paga la nómina aún cuando se detecta un RFC incompleto, mientras que en otros 18 estados se tienen registros duplicados. En cuanto a la CURP, 30 entidades no presentaron las claves de los trabajadores en el pago de nómina como establece el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, por lo que incumplieron con el mandato señalado por la Cámara de Diputados.
Irregularidades

Entre los “hallazgos” del padrón, informó que se detectaron 117 mil 514 trabajadores adscritos a 19 mil 400 escuelas “inexistentes” en 17 estados, debido a que no aparecen en el catálogo de centros escolares de la secretaría.

Las irregularidades e inconsistencias también se detectaron en 232 casos de personal con doble plaza que cobran en entidades no colindantes, con un monto trimestral de 4.5 millones de pesos con cargo a la federación.

A ellos se suman 3 mil 397 trabajadores cuyos ingresos son superiores a 60 mil pesos mensuales. De éstos, al menos 31 recibieron más de 200 mil pesos en enero de este año; la cifra que fue tres veces mayor en marzo, al alcanzar un total de 91.

Respecto al total de personal comisionado, Francisco Ciscomani, titular de la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, destacó que de los 10 mil 279 trabajadores detectados como comisionados, corresponden un total de 18 mil 582 plazas. De éstas 13 están asignadas a siete comisionados en labores partidistas, que cobraron con cargo al FAEB, 488 mil 328 pesos en el primer trimestre del año.

A estos se suman, tres trabajadores que solicitaron una comisión para asumir cargos de diputados y cuatro como alcaldes, aunque la SEP destacó que “lo hicieron sin cargo al erario, pues se autorizó la separación de sus funciones sin goce de sueldo”.

Enfatizó que las entidades podrán “corregir, aclarar, justificar y modificar” los datos entregados a la SEP, pues “no es una base de datos acabada, se modificará trimestralmente, pero sin duda es un hecho histórico que se cuente, por primera vez, con información que nos ayudará a construir un padrón nacional de maestros”.

García Luna: "¡Vayan y búsquenlos ustedes...!"

Marcela Turati



El martes 15, en la base de la Policía Federal (PF) en Iztapalapa, Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, y Fernando Gómez Mont, de Gobernación, rindieron honores a 15 agentes asesinados la víspera; 12 de ellos en una emboscada de La Familia en Zitácuaro, cuando regresaban de una misión en Ciudad Hidalgo.

Las familias de los caídos recibieron banderas nacionales como reconocimiento a la labor de sus familiares, y promesas de apoyos económicos, pensiones, seguros de vida y becas educativas. La banda de guerra dio el toque de silencio en señal de duelo. Sus compañeros montaron guardias de honor ante los féretros.

El homenaje no alcanzó para otros siete policías y un civil que, por instrucciones de García Luna, seis meses antes salieron de esa base con la misma misión: tomar posesión del municipio de Hidalgo. Nunca llegaron a su destino. Desaparecieron en Zitácuaro. Y según la versión que autoridades de la PF dieron a los parientes de los desaparecidos, también fueron capturados por La Familia.

Los ocho prácticamente fueron dejados a su suerte: ingresaron a territorio controlado por narcotraficantes en una camioneta Suburban azul marino sin rótulo oficial –que entre todos cooperaron para alquilar, porque la PF no les proporcionó vehículo–, iban sin viáticos, vestidos de civil –como les habían ordenado el director jurídico, Roberto Cruz Aguilar González, y el director general adjunto de Operaciones, Luis Graciano Ramírez– y con sus armas de cargo. La PF se dio cuenta de la desaparición seis días después.

Este caso incomoda a la dependencia porque expone la desidia de la secretaría consentida de Felipe Calderón, a la que cada año destina más recursos.

Evidencia, también, que la corporación encargada de investigar a los cárteles de la droga realiza operativos improvisados y sin presupuesto, carece de control sobre los agentes enviados a comisiones peligrosas y de protocolos de seguridad, falla en la comunicación interna y comete deficiencias al indagar el paradero de los suyos.

“La actuación del secretario deja mucho que desear por su omisión, la falta de atención, el descuido y su negativa a recibir a las familias (de los desaparecidos)”, señala Ramiro Barajas Ambriz, asesor jurídico de la Comisión de Derechos Humanos del Senado –presidida por Rosario Ibarra–, instancia que asesora legalmente a los familiares de aquellos agentes.

Este reportaje fue construido con base en información proporcionada por dicha comisión y entrevistas con los familiares de los desaparecidos –la mayoría mujeres: esposas, mamás, hermanas–, que solicitaron el anonimato porque, a raíz de sus primeras denuncias, han recibido amenazas telefónicas, por correo electrónico y por carta. La última de ellas, el mes pasado y presuntamente firmada por Los Zetas.



A su suerte



La historia comenzó mal: el 12 de noviembre de 2009, García Luna viajó en helicóptero a Ciudad Hidalgo (cabecera del municipio michoacano de Hidalgo) con dos suboficiales. Uno de ellos era Juan Carlos Ruiz Valencia, a quien presentó como el próximo director de la policía de ese ayuntamiento, del que había sido destituido el presidente municipal panista José Luis Ávila Franco en la redada del gobierno federal contra los presuntos “narcoalcaldes”.

“El secretario los llevó en el helicóptero y los abandonó allá, ni siquiera les avisó que ya se venía al DF; tuvieron que agarrar un camión”, dice una de las entrevistadas.

El 16 de noviembre, de la base de Iztapalapa, conocida como Contel, salió el suboficial Ruiz Valencia con los policías asignados a la misión: el suboficial Pedro Alberto Vázquez Hernández, los sargentos Luis Ángel León Rodríguez y Bernardo Israel López Sánchez, los cabos Jaime Humberto Ugalde Villena, Israel Ramón Usla y Víctor Hugo Gómez Lorenzo, y el civil Sergio Santoyo García, a quien contrataron como chofer y consiguió prestada la Suburban.

La mayoría apenas contaba con dos años de experiencia en la PF, tenía entre 25 y 34 años y vivían en Neza, Iztapalapa, Iztacalco o Tultitlán.

“Estaban ‘sacados de onda’ porque les dijeron que ellos pusieran el dinero para llegar y que luego se los repondrían”, cuenta una de las mujeres.

Aunque tenían que haber llegado el 16 por la noche, no se reportaron. Tres días continuos sus familias preguntaron por ellos en Contel, pero siempre recibían la misma respuesta: “Ellos se comunicarán, seguramente donde están no hay comunicación”.

Aguilar González, el director jurídico, retó a una de las familias que lo cuestionó sobre su hijo: “Vayan y búsquenlos ustedes mismos”. La mamá de otro agente fue sacada a la calle por la fuerza. Al sexto día la insistencia de los familiares llamó la atención de los directivos de las Fuerzas Federales de Apoyo, que sólo entonces descubrieron que los agentes no habían llegado a su misión.

El lunes 24 de noviembre los familiares fueron convocados a la base Contel donde les pidieron que abordaran un autobús turístico que los llevaría a Michoacán para levantar la denuncia de la desaparición. Cuando estaban a punto de entroncar con la carretera a Toluca, el camión regresó al DF porque, según les dijeron: “la zona está muy caliente y es peligrosa”. A medianoche pudieron levantar la denuncia AP/PGR/DF/SPE-XI/5339/09-11 ante la delegación metropolitana de la PGR.

Ahí escucharon que dos abogados de la PF declararon al Ministerio Público que los desaparecidos habían desacatado las órdenes de trasladarse en vehículos oficiales y portar uniformes.

En la primera junta que tuvieron con el coordinador de las Fuerzas Federales, Rafael Avilés, le reclamaron por haber dejado pasar seis días para emprender la búsqueda, y él culpó a los muchachos de su suerte. “Tenían órdenes de comunicarse. No lo hicieron”, les dijo. “¿Y cómo quería que lo hicieran si los habían desaparecido?”, le reviró una mamá furiosa.

Los familiares pidieron que se investigara al comandante Raymundo Agustín Hernández, jefe del agrupamiento al que pertenecían los desaparecidos, porque días antes de la partida de la misión se enojó pues las instrucciones a los federales no las giró él. Sintió que se lo “habían saltado”. Amenazó a varios de ellos diciéndoles: “No me interesa su pinche papelito (la orden de trabajo), voy a mover cielo, mar y tierra con tal de que ustedes no lleguen a Michoacán, porque nadie se burla de mí”.



Muchos desaparecidos



Los familiares instalaron un campamento en Contel, como medida de presión para recibir reportes diarios sobre la búsqueda. Allí pasaban días y noches y se dieron cuenta de que otras familias llegaban esporádicamente a reportar a otros agentes desaparecidos en otras misiones.

“Hay muchísimos federales desaparecidos, por montones. Tres familias llegaron a juntarse con nosotros y vimos otras de federales que habían muerto”, comenta una de las mujeres.

En ese tiempo recibieron informes que, a la larga, resultaban falsos. Un día les dijeron que los ocho fueron sacados del hotel Ojo de Agua, de Ciudad Hidalgo, y uno que opuso resistencia ahí mismo fue asesinado. O sobre el hallazgo de las armas que podrían haber pertenecido al grupo.

El 5 de diciembre, cinco familiares recibieron llamadas telefónicas anónimas (después supieron que se hicieron desde el DF) que les informaban que La Familia los tenía retenidos en La Huerta, una localidad michoacana.

Dos días después, Rafael Avilés les informó que dos niños del municipio mexiquense de Atlacomulco llevaron a la PGR de Toluca un paquete que encontraron tirado, que contenía las credenciales de los desaparecidos, unas fotos donde se les ve amarrados y un mensaje: “Confidencial: búsquenlos en las Lagunas de Atlacomulco. Saludos, Los Zetas”.

Un par de días después la PF pidió a un representante de cada desaparecido que se pusiera un chaleco antibalas y abordara un camión que viajó a Michoacán y se estacionó 12 horas junto a la laguna de Zitácuaro, desde donde vieron trabajar a unos buzos. La misión abortó por la noche y sin resultados porque, supuestamente, cerca de ahí se desató una balacera.

El 19 de diciembre en los noticiarios se informó del hallazgo de ocho cadáveres calcinados en Paso de Mata, Querétaro, y daban por hecho que pertenecían a esta remesa de desaparecidos. Los familiares se hicieron pruebas de ADN para contrastarlo con el de las víctimas. Los examenes resultaron negativos excepto uno: el del suboficial Vázquez Hernández.

La PF mandó a su esposa una carroza fúnebre. Ella estuvo a punto de aceptar el cuerpo, pero cuando su cuñado lo vio descubrió que tenía la dentadura completa y no le faltaban ocho piezas, como a su hermano. A pesar de la evidencia, la familia tuvo que comparecer en juzgados de Toluca y Querétaro y hacerse más pruebas de ADN, porque la PF insistía en entregarle ese cadáver ajeno.

En su estancia en la base Contel –donde pasaron Navidad y vivieron tres meses– las familias recibieron señales contradictorias. Algunos policías les daban el pésame mientras que otros las felicitaban porque los muchachos estaban vivos. Otras veces les decían que estaban secuestrados o que “se pasaron al otro bando”.



Sin rastro



En enero de este año, el coordinador Avilés les dio un reporte oficial: que El Márgaro, El Gato, El Lagartijo, La Morsa, El Tigre, Don Pit, El Sonrics, El Ganso, El Copra, El Rapidito, Catracho, El Huesos, El Ascaris y Lagrimita, integrantes de La Familia, eran responsables del secuestro.

El 13 de febrero, acompañado de 10 funcionarios, les dijo que varios de los mencionados habían sido capturados y confesaron la muerte de los policías.

–¿Y qué fue lo que confesaron?

–Eso está muy triste –dice la mamá de uno de ellos, dueña de la casa donde se realiza la entrevista. Todas guardan silencio. De esa parte no les gusta hablar.

Minutos después una de ellas se anima a responder: “Confesaron que nuestros muchachos ya no están, que los mataron, y por cómo los mataron ya no vamos a encontrar sus cuerpos”.

A lo largo de la entrevista las mujeres van aportando fragmentos de lo que les dijo el comandante Sergio Licona, del Área de Inteligencia de la PF, y del contenido que pudieron conocer del expediente judicial.

La versión indica que la Suburban azul se detuvo en una gasolinera a la entrada de Zitácuaro. Lagrimita avisó de su presencia y tres camionetas la interceptaron. Los detenidos se identificaron como federales, pero los narcotraficantes los amarraron y obligaron a cubrirse con sus propias camisetas. Para no levantar sospechas gritaron: “Somos policías federales, agarramos unos maleantes” y se llevaron a los verdaderos federales al rancho La Siranda, donde fueron esposados y drogados. Esa noche los asesinaron.

Antes, El Morsa les tomó las fotografías. Don Pete, el jefe, por teléfono ordenó ejecutarlos. “Ya se los cargó la verga”, dijo el que recibió la llamada. En ese momento un federal volteó a ver a otro y le dijo: “Gracias por haber estado conmigo en las buenas y en las malas”. Por ese comentario recibió el primer disparo.

“Estoy segura de que ése era mi hijo, él siempre era agradecido”, dice una de las madres. Nadie puede completar la siguiente parte del relato. Una mujer toma valor y dice: “Lo que sigue es muy, muy cruel, lloré cuando supe que fueron ejecutando de a uno por uno, los quemaron y les hicieron tantas cosas tristes, crueles… tiraron sus cenizas. Si de verdad eso hicieron, no tienen madre”.

Según la relatoría de hechos que las mujeres entregaron a Proceso, basada en los reportes que recibieron, los ocho fueron “enterrados en un hoyo y los incineraron arrojando ácido, sosa, gasolina y otro tipo de sustancias (…) pero como los secuestradores no querían darle problemas al dueño del rancho, sacaron los restos, los metieron en una bolsa y los arrojaron, en el Puente de Fierro”, al río. Sin embargo, otro de los detenidos dijo que los dejaron en el cerro del rancho La Siranda.

En la PF les dijeron que era imposible encontrar los cuerpos y evidencias de lo ocurrido, porque era mucho el tiempo transcurrido y porque la corriente del río y el clima habían borrado los rastros.

En este punto la esposa de uno de los oficiales señala: “No creemos lo que dicen que dijeron los narcos, aunque parece verídico no coincide en lo último, en lo más importante, en lo único que nos interesa: saber dónde están”.

En el último medio año las familias no han sido recibidas por García Luna. Se quedaron también sin sostén económico, porque desde enero la PF les suspendió el salario de sus maridos o hijos. Su caso está abierto en seis instancias distintas: en la metropolitana de la PGR, la SIEDO, las procuradurías de Toluca, Querétaro, Michoacán y Durango, y no han logrado que una sola integre todo.

“No estamos contra la federal, nos trataron bien cuando vivimos en Contel, pero queremos que se castigue a los mandos que los mandaron sin resguardos, sin uniforme, sin viáticos, sin camioneta oficial, que nos digan quién fue el negligente y por qué no se dieron cuenta que no habían llegado”, señala una de ellas.

Todas aseguran que no se conformarán hasta tener la certeza de cuál fue su paradero.

Una de ellas resume la exigencia común: “La federal nos los había declarado muertos desde el principio sin averiguar; quieren cerrar el caso y hacerlo a un lado porque les molestamos, pensaban que nos conformaríamos a la primera. Pero no queremos tener la presunción de lo que pasó, queremos que nos lo aseguren. Nos conformaremos si encuentran evidencias, si nos traen una camisa, una uña… algo. Si no, vamos a seguir insistiendo”.

Salen del Altiplano los 3 dirigentes, luego de horas de jaloneos

Intervención federal dio fin a zancadillas de la SSP y de Peña Nieto

Estamos bien y más fuertes: Ignacio del Valle

Israel Dávila y Blanche Petrich
Corresponsal y enviada
Periódico La Jornada
Viernes 2 de julio de 2010, p. 2
Almoloya de Juárez, 1º de julio. Las zancadillas entre la Secretaría de Seguridad Pública y el gobierno mexiquense, que estuvieron a punto de echar por tierra la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de excarcelar en forma inmediata y sin excepciones a los tres líderes de San Salvador Atenco fue superada ayer por la tarde mediante la intervención al más alto nivel del gobierno federal.

Finalmente, a las 21:30 horas, en la garita del penal del Altiplano aparecieron las primeras señales: primero Felipe Álvarez y en seguida Ignacio del Valle.

Posteriormente salió Héctor Galindo, sobre quien pesaba aún un proceso penal en un juzgado federal por ataques a las vías de comunicación. Aunque la fianza se pagó esta tarde, trámites administrativos retrasaron su liberación, lo que por un momento enturbió el entusiasmo de todos.

Cuatro años de lucha por la libertad de los presos políticos culminaba con un triunfo del movimiento popular. “¡Se ve, se nota, en Atenco no hay derrota!”, era la consigna que retumbaba cada vez más sonora. Con más canas que hace cuatro años, seguramente más curtido, el dirigente campesino que fue considerado “enemigo público número uno” por el gobierno de Enrique Peña Nieto, se quitó la sudadera azul reglamentaria del penal y se puso la camiseta negra que le entregó su mujer, Trinidad Ramírez; el sombrero de palma; el paliacate rojo y el machete. Una vez investido con los símbolos de los macheteros, dijo: “Estoy aquí, estamos bien y más fuertes”.

Fue un día largo; mejor dicho, dos días en vela, en tensión constante por el temor de que la palabra empeñada no fuera al final cumplida. El puñado de simpatizantes que resistió las 24 horas de incertidumbre y espera vio compensada su paciencia con sobredosis de emociones, lágrimas y abrazos.

Entre este miércoles y jueves hubo momentos en que la resolución de los magistrados de la primera sala de la SCJN parecía que iba a naufragar. Al recibir de la secretaría general de gobierno de Toluca la notificación sobre la libertad inmediata de los presos, el director del Cefereso de máxima seguridad del Altiplano, Juan Alberto Montoya Aguado, procedió a revisar de punta a cabo los expedientes. A lo largo de toda la noche, varios funcionarios mexiquenses desfilaron por la garita del penal cargados de voluminosos legajos. A primera hora se supo que Montoya Aguado había enviado oficios a los juzgados de Toluca y Texcoco pidiendo indagar “sobre la probable existencia de causas pendientes”. Según denunció a primera hora del día Leonel Rivero, abogado defensor, este funcionario “no tiene atribuciones legales” para proceder de esta manera.

Festejo afuera del penal del Altiplano, luego del anuncio de la salida de los dirigentes del FPDTFoto Marco Peláez
Para los familiares de los presos y su equipo de defensores, era evidente la intención de bloquear la resolución de la Corte. Trascendió entonces que intermediarios de buena fe en el conflicto de Atenco hicieron una llamada muy tempranera a la Secretaría de Gobernación, poniendo en aviso a ésta sobre la conducta de las autoridades penitenciarias. Un alto personero de la dependencia a cargo de Fernando Gómez Mont prometió intervenir para agilizar el procedimiento. Sin embargo, ocho horas después, un nuevo actor añadía otro obstáculo al proceso de liberación.

A las tres de la tarde, un escueto comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública federal confirmaba insistentes rumores sobre nuevas causas penales abiertas en el fuero común contra los tres líderes de Atenco, y sus respectivas órdenes de aprehensión.

En tres ocasiones, durante tres días consecutivos, el gobernador Peña Nieto había afirmado categórico que tales causas y órdenes no existían. La SSP lo desmentía abiertamente.

A la vista del comunicado mencionado, pareció evidente que, por el momento, los tres presos del Altiplano no alcanzarían su libertad. Trinidad Ramírez y el abogado Rivero convocaron a la prensa para explicar que el “escenario más probable” sería que la autoridad mexiquense fuera a cumplimentar las órdenes de aprehensión esta misma noche en el interior del penal. Pero que de inmediato se recurrirían. “Tenemos plena confianza de lograr el auto de libertad en un plazo máximo de 72 horas”, dijo Rivero.

Trini alentó a su gente. “Esto no es una derrota –expresó–; no nos vamos a ir a llorar al pueblo; vamos a volver, vamos a seguir la lucha legal y popular. Y claro que también vamos a arrancarles la libertad de Nacho, Felipe y Héctor”. Todos abordaron los autobuses y emprendieron la triste marcha de regreso a casa.

No habían avanzado más de 500 metros cuando varios telefonazos los hicieron dar media vuelta. Una intervención al más alto nivel del gobierno federal había logrado doblegar el ánimo de quien había intentado boicotear la resolución de la Suprema Corte.

Eviel Pérez benefició negocios familiares con 40 mdp

02 de julio, 2010 - 07:09
A las firmas Constructora y Arrendadora de la Cuenca y Construcciones Civiles y Asesoría Técnica, cuyo propietario es Ronaldo Pérez Magaña, hermano de Eviel, les fueron asignados caminos rurales, obras para el Sistema de Aguas de Oaxaca y clínicas, cuando el candidato priista a la gubernatura de Oaxaca era secretario de Obras del estado. .
Eviel Pérez Magaña. Corrupción. Foto/ArchivoOaxaca.- Con al menos 40 millones de pesos, la familia de Eviel Pérez Magaña salió beneficiada, gracias a que sus empresas ganaron seis licitaciones y una invitación restringida, cuando el candidato del PRI a la gubernatura de Oaxaca era secretario de Obras del estado.

A las firmas Constructora y Arrendadora de la Cuenca y Construcciones Civiles y Asesoría Técnica, cuyo propietario es Ronaldo Pérez Magaña, hermano de Eviel, les fueron asignados caminos rurales, obras para el Sistema de Aguas de Oaxaca y clínicas.

Cabe recordar que SDPnoticias informó el pasado 23 de junio que el candidato priista se benefició con obras fantasma durante su gestión como secretario de Obras, en base a una publicación del diario Reforma.

Pérez Magaña fue Secretario de Obras de noviembre de 2005 a enero de 2009, cuando dejó el cargo para competir por una diputación federal.

La acusación fue hecha por Bernardo Vázquez Colmenares, vocero de la coalición "Unidos por la Paz y el Progreso", cuyo candidato es Gabino Cué.

Según documentos a los que tuvo acceso el diario antes mencionado sobre las licitaciones que las empresas de la familia de Eviel Pérez ganaron, seis contratos fueron entregados en 2008; cuatro, en 2009, y uno más, en abril de 2010.

"De los proyectos realizados por las empresas de la familia del ahora candidato a Gobernador, hubo quejas, pues no se concluyeron, según quedó establecido en documentos enviados por representantes de los pobladores a autoridades estatales y federales", precisa el rotativo.

También informa que no se cumplieron con obras contratadas con recursos federales de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

Y menciona que los datos indican que uno de los casos es el de la modernización y ampliación del camino que va de Miahuatlán a San Pedro Mixtepec, cuyo incumplimiento llevó a los Presidentes Municipales a enviar, el 20 de febrero de 2009, un oficio a la CDI para pedirle su intervención.

Tras una investigación, la coordinadora de administración de la CDI identificó una "relación cercanísima" entre las empresas con Eviel Pérez "debido a que son hermanos, y el administrador único de la Constructora y Arrendadora de la Cuenca es el ingeniero Rolando Pérez Magaña.

"Los contratos que estas empresas obtuvieron y que fueron financiados con recursos que la CDI adjudicó al Estado de Oaxaca desde 2008 y 2009 fueron por la cantidad de 40.9 millones de pesos. Dichas obras, como reflejan las actas circunstanciadas, no fueron concluidas. Sin embargo, el Estado las retoma y concluye con sus recursos", señaló la Comisión, de acuerdo con los documentos obtenidos por el impreso mexicano.


Con información del diario Reforma