Declaración a la Nación*
La ciudadanía ha contemplado, azorada, la rapidez (fast track) con la que recientemente se modificó el contenido principal de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En unas cuantas horas se destruyó, en perjuicio del interés general, lo que al país le costó décadas de lucha y de experiencia productiva. Mediante la consumación del trámite legislativo de la denominada Reforma Energética, en un proceso acelerado al grado extremo, la clase política mexicana en turno dejó en ruinas algunos de los postulados más importantes de nuestro pacto social, entre los que destacan la soberanía nacional y también la de los estados de la República Mexicana. No sólo se cambió la norma, sino que fueron agredidas de manera perversa varias de las piedras miliares de nuestra convivencia social. Nos indigna la anulación de nuestra democracia en sus términos esenciales y ver que lo que se nos presenta como un proceso democrático es, en realidad, una imposición de carácter oligárquico. Los gobernantes nos hablan como ciudadanos pero nos tratan como vasallos.
La Reforma Energética aprobada de manera vergonzosa significa una transformación estructural del Estado: el Congreso ya no desempeñará ningún papel relevante en el diseño de políticas energéticas; al cambiar el carácter de organismo descentralizado a empresa productiva del Estado, no supervisará más a Pemex. El Poder Judicial no participará en las querellas y conflictos en materia de hidrocarburos, los juicios se desahogarán en tribunales internacionales. El presidente de la República adquiere más facultades, acentuando el presidencialismo autoritario y, por si fuera poco, el contenido nacional de la producción petrolera lo determinarán en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y otros acuerdos internacionales.
El resultado de esta reforma privatizadora deja ver claramente que la clase política predominantemente priista y panista se subió al “carro de la globalización” junto con la oligarquía mexicana y las empresas trasnacionales. De ahí que seguramente también participará como postora en la venta de Pemex y la CFE.
Uno de los aspectos más nefastos de esta reforma es el otorgamiento de derechos al capital nacional y extranjero sobre el subsuelo y las aguas nacionales.
Como es fácil observar, la argumentación y sobre todo las reformas aprobadas presentan como modificación básica la presencia fundamental, por demás ominosa, de las intrusivas corporaciones trasnacionales. Nuestro país sufrió antaño muestras mil de su prepotencia y, sobre todo, de su insaciable rapacidad en desmedro de nuestros intereses y dignidad nacionales. De aquí a muy poco tendremos muchas razones para lamentarlo y una enorme tarea para defender nuestros recursos naturales, casi únicos y no renovables. De más está decir que, como siempre, estos entes voraces verán por sus intereses y de ningún modo por nuestras aspiraciones de construir un país que, como Sísifo, no ha logrado, antes por el contrario, liberarse de la pobreza y abreviar la desigualdad, en la búsqueda de un bienestar al que tienen derecho nuestros compatriotas. Este es el sino que la clase política mexicana, aparentemente motu proprio, nos ha impuesto; y es también, como parte de una lucha política eminente, tarea primordial que se nos impone.
Los lineamientos fundamentales que se han impuesto a la nación son expresos y diáfanos. El expolio estatal perpetrado fundamentalmente a nuestros hidrocarburos y a la industria eléctrica nacional es visible. La depredación estatal continuará apropiándose de una riqueza natural propiedad de todos los mexicanos, en olvido de las posibilidades y potencialidades de desarrollo auténtico para el país, para convertirla en los ansiados recursos líquidos, o sea, los recursos naturales de México, invaluables y finitos, monetarizados –por una parte– para el uso de la clase gobernante y –por otra– para satisfacer los intereses privados de los nacionales, pero sobre todo de la rapacidad de las corporaciones trasnacionales, por una tercera parte. Es legítimo preguntarnos, más allá de la retórica hueca y la publicidad institucional, el porqué de este despropósito fundamental.
Haciendo caso omiso de las indudables ventajas de utilizar los recursos del subsuelo para convertirlos en palancas de la transformación nacional, se ha optado desde hace décadas por utilizarlos para sufragar una parte sustancial del gasto corriente del Estado, además de cometer la insensatez de exportar petróleo crudo al extranjero con el propósito de dotarse de recursos monetarios, en lugar de darle el mayor valor a los hidrocarburos y transformarlos en productos refinados, de mayor valor que el crudo, o en los miles de productos que pueden salir de la industria petroquímica, de mucho mayor valor que los refinados.
La falta de cordura de esta visión ha hecho caso omiso de las inmensas capacidades transformadoras de estos frutos del subsuelo. Esto dicho particularmente en el caso de las casi olvidadas y deformadas actividades de la petroquímica. En rigor, el planteamiento ya aprobado continuará ese diseño con mayor intensidad en el futuro. Para colmo, en realidad se ignora de modo permisivo la inmensa y paradigmática corrupción que aqueja las actividades de las industrias petrolera y eléctrica. Nada de esto es casual, sino por el contrario, es el síntoma de una tergiversación y parte de un proceso de liquidación sistemática de las actividades encomendadas primigeniamente a los entes del Estado responsables de su ejecución y desarrollo. Un cambio de paradigmas, dado a escala mundial, reforzó las carencias y torceduras que permitieron presentar a través del tiempo una situación de desastre cuya solución mágica está dada, según los autores mismos del despropósito, con la privatización de la actividad. Esto será, aunque hoy lo nieguen, uno de los objetivos cumplidos, de los que han atropellado las normas constitucionales que dieron razón de ser a un pacto social que, no sobra repetirlo, ha sido vulnerado de modo brutal haciendo caso omiso de nuestros intereses e hitos históricos.
A mayor abundamiento, en el Plan Nacional de Desarrollo no existe el programa energético a seguir y de paso se ignora la consulta permanente que habrá de hacerse conforme a la Ley de Planeación del Desarrollo.
La tarea que se nos presenta a los ciudadanos para enmendar este atropello es descomunal. Pero, al mismo tiempo, es algo que resulta necesario e irrenunciable emprender. Los vastos recursos sociales albergados en nuestro ser nacional deben ser puestos en movimiento. Las tareas tocan al mismo tiempo la necesidad de construir formas de democracia directa que hoy ya se encuentran presentes en otras naciones y, al mismo tiempo, ser capaces de abrir los cauces para lograr que los ciudadanos, lejos de contemplar pasivamente los atentados en contra de nuestros intereses y hasta nuestra dignidad, sean consultados antes de que los poderes formales, de manera inconsulta y por tanto atrabiliaria, nos impongan su voluntad. Todo ello a título de una supuesta representación nacional que les permite arrogarse todo género de discrecionalidades que ponen al servicio de sus particulares sesgos ideológicos y –hoy lo sabemos a ciencia cierta– de sus intereses mezquinos. Se trata pues, de poner coto a las expresiones plutocráticas que hoy parecen avasallarnos e invitarnos sin más a la rendición. No es el caso el de aceptar este aparente destino inexorable. Por el contrario, aunque hoy pareciera que la suerte está echada, la necesidad del análisis, la crítica razonada y la organización de la resistencia y de la respuesta debiera ser la tónica de la orden del día.
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Quienes bajo el término Foro Petróleo y Nación participamos con nuestros ensayos y artículos en el libro Reforma para el saqueo. Foro Petróleo y Nación, respetando nuestra diversidad de opiniones y buscando encontrar razones sólidas y coincidencias, hemos venido expresando (…) nuestras discrepancias e inconformidad tanto con los modos como con los contenidos con que se viene efectuando desde los más altos poderes la transformación del sector energético mexicano, cuya configuración había tenido como premisas últimas las más importantes luchas nacionalistas y revolucionarias del pueblo mexicano durante prácticamente todo el siglo XX y lo que va del presente.
En la forma polémica de los ensayos que se presentan en ese volumen debemos dejar en claro: estamos convencidos de que se trata de un cuestionamiento que conlleva una gran cantidad de propuestas para liberar el gran potencial de desarrollo económico, político y social que posee nuestra nación y que merece alcanzar.
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No nos reunimos con el simple fin de “dejar testimonio”, sino de expresar con firmeza nuestras voluntades ante lo que consideramos un abuso en el ejercicio del poder.
Pero, ante todo, el contenido de cualquier reforma al servicio de la nación debería tener una visión cualitativamente distinta a lo aprobado y concebir al sector energético como el recurso estratégico fundamental para lograr la transformación integral del país, siendo en ello los hidrocarburos y el conjunto del sector una palanca fundamental para superar la gran reversión vivida por nuestra sociedad, el estancamiento económico y la ausencia de un horizonte de mejoría y derechos para la población que a diario trabaja y cumple con el país. A mayor abundamiento, prevemos que se continuará con el patrón de explotación inmoderada y hasta suicida del uso de nuestros recursos energéticos para proveer al Estado mexicano de recursos líquidos, sin que esto signifique que los ciudadanos mexicanos terminemos con el uso inmoderado de estos nuestros recursos naturales, finitos e irremplazables, que seguramente harto tendremos que lamentar su ausencia cuando más lo requiramos. La ignorancia casi total de la enorme capacidad multiplicadora de los hidrocarburos como insumos esenciales de cualquier proceso industrial marca de manera indeleble la naturaleza de aquel que habremos de presenciar de aquí en adelante.
No nos reunimos a manera de albaceas testamentarios, porque concebimos que el proceso aún no termina, sino que, en realidad, apenas comienza. Prueba de ello son las diferentes y abundantes muestras de rechazo mayoritario por parte de la población a una Reforma Energética privatizadora y desnacionalizadora. Éstas se vieron indiscutiblemente desde hace años –por dar un solo ejemplo, en la consulta efectuada por el gobierno de la Ciudad de México en 2008–. Pero también diversos sondeos efectuados recientemente, tanto en 2013 como en 2014, junto con muestras multitudinarias de desaprobación a las reformas y al gobierno por parte de muchísimos académicos, ciudadanos, campesinos, trabajadores, destacadísimos actores, organizaciones sociales, partidos políticos y empresarios, e incluso reconocidas voces del extranjero, como el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz y políticos como el gobernador del estado de California, recomendaron claramente a nuestro país no entregarse al poderío desproporcionado y voraz de las gigantescas trasnacionales del sector energético y sus aliados financieros.
Así, además de estar en duda la legalidad de tan radicales transformaciones, contrarias al interés público y nacional, pero favorables a los intereses de poderes oligopólicos de países extranjeros –como Estados Unidos– resulta ser un agravante notable la carencia de legitimidad, es decir la ausencia de aceptación y el rechazo a las reformas por parte de los gobernados –y aquí debe hacerse explícito que el problema no se reduce a la indiscutiblemente importante Reforma Energética, sino que se extiende a las reformas estructurales en su conjunto: laboral, educativa, fiscal y financiera, así como de telecomunicaciones, por anotar algunas.
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Consideramos que los resultados del proceso de reformas, en particular la Reforma Energética, son precarios. Ni el voto a favor del PRI en 2012 fue un “cheque en blanco” ni los acuerdos con los contrincantes –supuestamente en bien de la nación–, como el Pacto por México, podían excederse sobre los contenidos esenciales ni forzando las formas de las leyes vigentes, llevando al país al riesgo de una crisis. Es decir: los abusos y los arreglos que hicieron posible la reforma –es justo decirlo– ocurrieron no sólo por costosos equívocos, sino también a causa de oportunismos, engaños y manipulación, razón por la cual son y serán insostenibles.
No es necesario argumentar la ausencia de festejos populares, el rechazo y las burlas a los funcionarios (que rehúsan enfrentarse en vivo a la sociedad), el temor oficial que se refleja en la presencia de miles de policías, incluso dentro de los recintos legislativos durante los estériles debates simulados. En cambio, si no se quisiera considerar la legalidad lastimada y la anémica legitimidad de las reformas, debemos por lo menos también argumentar que la situación de la sociedad mundial no apunta a la prosperidad generalizada. No hay poca, sino mucha retórica y hasta mentiras, en la afirmación de que, tras la Reforma Energética, financiarizando y exportando crecientemente nuestras precarias reservas probadas de petróleo crudo sin procesar a potencias sedientas de ese recurso estratégico, así como privatizando la electricidad a favor de monopolios, sobre todo foráneos, todo eso, junto con las demás reformas, hará de nuestro país una suerte de oasis de crecimiento acelerado, sustentable e igualador de la distribución de la riqueza entre la población.
Menos aun será posible tal ilusión cuando en la economía y la sociedad mundial no solamente no se desvanece el fantasma de la gran crisis de 2008-2009, sino que se ahonda, inclusive trayendo consigo –además de la inestabilidad europea, etcétera– un peligroso militarismo que la embajadora estadunidense ante las Naciones Unidas, Samantha Powell, comparó recientemente con una situación “de guerra fría”, justo en el año (2014) en el que fue recordado el centenario del fatídico estallido de la Primera Guerra Mundial.
No está concluido el proceso de Reforma Energética ni se ha decidido el último sentido de ésta. Existe un gran malestar social y político nacional. Desde el creciente clamor que exige la consulta popular hasta las insistentes demandas por el delito de traición a la patria, todo ello pasando por el enojo, la indiferencia, la incredulidad y hasta la burla popular. Malestar social que tiene lugar en un entorno nacional y mundial de crecientes tensiones económicas, políticas y sociales plenamente irresueltas que se agravan día con día. No se trata de ser aguafiestas: solamente sucede que estamos seguros de que está en juego –y que no se ha decidido verdaderamente a favor de– el futuro para nuestra gran nación.
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* Foro Petróleo y Nación. Evento académico de análisis de la Reforma Energética organizado con el respaldo de la Facultad de Economía de la UNAM, en 13 sesiones que se llevaron a cabo del 15 de agosto al 14 de noviembre de 2013. Coordinadores: Eliezer Morales Aragón, Juan José Dávalos López y Lorenzo Gutiérrez Bardales.
