Mensaje AMLO 20 de septiembre del 2010

Héroes profanados
Autor: Edgar González Ruiz Sección: Bicentenario

19 September 2010 5
Es una aberración que un gobierno de origen ilegítimo y de tendencias reaccionarias, contrarias al bienestar del pueblo, disponga de los restos de los héroes que lucharon por la libertad y la independencia del país.


La derecha, que siempre se ha opuesto a las libertades nacidas de las luchas populares, de la Independencia, de la Reforma y de la Revolución, hoy tiene la posibilidad, aunque no la autoridad moral, de manipular esas reliquias, en lo que cabe entender como una hipócrita profanación.

Como hace cotidianamente, en este caso el gobierno derechista actuó de forma arbitraria y con oscuras motivaciones, pues desde que la derecha llegó al poder en 2000 ha estado tratando de promover la visión conservadora de la historia, mediante maniobras que van desde la solapada anulación del calendario cívico, que conmemoraba las gestas revolucionarias, hasta la sospechosa manipulación de los restos de los próceres.

De la Independencia a la reacción
En 1925, haciendo valer el carácter laico del Estado mexicano, Plutarco Elías Calles trasladó los restos de los héroes de la Catedral Metropolitana al Ángel de la Independencia. En este año del Bicentenario, esas reliquias vuelven al poder de la jerarquía católica, a cuyas consignas obedece el gobierno de Calderón.

El 30 de mayo de 2010 él, funcionarios de su gobierno y representantes de otros poderes, como el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia, encabezaron la ceremonia de traslado de los restos de Hidalgo, Allende, Aldama y otros héroes de la Independencia, del Ángel al Castillo de Chapultepec.

Tenazmente, Ortiz Mayagoitia ha respaldado las posiciones de la jerarquía católica en asuntos como el aborto y el matrimonio homosexual. Hoy, al igual que en la época de la Independencia, dicha jerarquía busca reprimir a los disidentes religiosos.

A Hidalgo, la Inquisición lo persiguió y acusó de “hereje, apóstata, deísta, materialista y ateísta, libertino, excomulgado, sedicioso, enemigo implacable del cristianismo, lascivo, hipócrita, astuto, traidor al Rey, judaizante, secuaz de sectas y herejías, etcétera” (Los procesos militar e inquisitorial del padre Hidalgo y de otros caudillos insurgentes, introducción y suplementos de Luis González Obregón, Ediciones Fuente Cultural, México, 1953, p. 273).

Actualmente, la derecha católica en Guanajuato, con saña casi igual a la que el Santo Oficio mostró contra el padre de la patria, encarcela durante largos años, apelando a acusaciones desmesuradas, a mujeres que, incluso, involuntariamente han transgredido las normas de la jerarquía católica acerca del aborto.

Como registraron las crónicas periodísticas, el discurso de Calderón en esa ceremonia fue interrumpido por gritos de protesta de integrantes de sectores populares reprimidos, como el Sindicato Mexicano de Electricistas (La Jornada, 31 de mayo de 2010).

Al igual que los virreyes, Porfirio Díaz y Victoriano Huerta, Calderón dispone del Ejército, en el que se escuda contra la inconformidad popular.

En esa ocasión, un humilde comerciante expresó además un reclamo que es obvio para mucha gente, y que cuestiona las raíces de la derecha católica, es decir, la idea de que la nación tiene sus raíces en la Conquista y por lo tanto en el catolicismo.

Expresó: “¿Por qué no incluyeron a Cuauhtémoc o a Moctezuma y a Cuitláhuac? Ellos también lucharon por la Independencia. Nosotros no somos mexicanos desde hace 200 años” (La Jornada, 31 de mayo de 2010).

Cierto, los aztecas defendieron la Independencia antes de que los españoles vinieran a imponer sus instituciones y su religión.

En el ciberespacio, algunas personas expresaban otras críticas contra el gobierno derechista. Por ejemplo, que el “traslado de los restos mortales de los héroes de la patria sólo será para hacerles estudios de ADN y así poder decir pomposamente después que no corresponden a los héroes mexicanos…”; o bien que “Calderón ha de querer cambiar de lugar los restos de los héroes para poner en su lugar los de Miramón, Mejía, Iturbide y a lo mejor también va por los de Maximiliano…”

Nada bueno se puede esperar del uso que hará la derecha en el poder de los restos de los héroes de nuestra patria.

El 15 de agosto de 2010, esos vestigios se trasladaron, nuevamente, del Castillo de Chapultepec al Palacio Nacional.

En la ceremonia estuvieron, entre otros, además de Calderón, Alonso Lujambio, titular de la Secretaría de Educación Pública, muy alineado con las tendencias ultraderechistas de este sexenio, y a quien se considera prospecto del Partido Acción Nacional para las elecciones de 2012; Ortiz Mayagoitia; así como José Manuel Villalpando, quien funge como coordinador nacional de los Festejos del Bicentenario y Centenario.

¿Hidalgo en manos de Calleja?
En abril de 2000, en plena campaña foxista, la editorial Planeta publicó el libro Mi gobierno será detestado, de Villalpando César, que, como ficticia autobiografía de Félix María Calleja (1755-1828), es una apología del famoso militar realista, perseguidor de los insurgentes.

Como señalaba el propio Villalpando, su afán de revisar la imagen de Calleja revestía un “sentido de contemporaneidad”. En efecto, hace 10 años, el país estaba entrando en su mayor retroceso histórico, marcado por el ascenso de la derecha al poder.

Con un poco de imaginación, en esos días ya se podía prever que, 10 años después, el poder derechista se esforzaría por imponer su visión de la historia, con ayuda de los personajes afines a ella, e incluso a costa de las reliquias de Hidalgo y de otros héroes.

En 2000, el hoy encargado de los festejos del bicentenario describía a Calleja como un precursor de los políticos católicos del “bien común”, al atribuirle este imaginario monólogo que evoca las promesas de Fox en su campaña presidencial: “…Dios había puesto en mis manos el poder. Puso bajo mi cuidado al pueblo mexicano para llevarlo al bien común, o para tenerlo en justicia… Dios me daba la oportunidad de verdaderamente hacer justicia, de verdaderamente traer la felicidad a millones de personas…” (p. 113).

Diez años después, los restos de Hidalgo están a merced de admiradores de Calleja.

*Maestro en filosofía; especialista en estudios acerca de la derecha política en México

Calderón ya fracasó y debe renunciar por causa grave

Autor: Álvaro Cepeda Neri Sección: Contrapoder


El artículo 86 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que debe normar nuestra conducta individual y colectiva, establece: “El cargo de presidente de la república sólo es renunciable por causa grave, que calificará el Congreso de la Unión, ante el que se presentará la renuncia”.


En el párrafo tercero del artículo 84 de la misma ley, se dice: “Cuando la falta del presiente ocurriese en los cuatro últimos años del periodo respectivo, si el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones, designará al presidente sustituto que deberá concluir el periodo; si el Congreso no estuviere reunido, la Comisión Permanente nombrará un presidente provisional y convocará al Congreso de la Unión a sesiones extraordinarias para que se erija en colegio electoral y haga la elección del presidente sustituto”.


La Constitución de 1917 (resultado de la reforma a la Constitución de 1857 y ésta resultado de la gloriosa revolución de Ayutla de 1854 que parió la destitución de Santa Anna; creó a la generación liberal con Juárez a la cabeza; propició la restauración de la república; implantó la reforma; cimentó al Estado laico y afianzó la lucha victoriosa para vencer y expulsar a la invasión francesa y su monigote Maximiliano) facilita el procedimiento cuando el presidente en funciones renuncia antes de cumplirse los cuatro años, en el párrafo primero del citado artículo 84.


En este caso, está la posibilidad, por el bien de la democracia y el republicanismo, de que Calderón tenga que irse al menos cuando cumpla cuatro años en el cargo para el que no tuvo los tamaños, ya no de un estadista, que fuera mucho pedir, sino de un político, haciendo un esfuerzo de capacidad y eficiencia para resolver los crecientes problemas que constituyen un volcán social con probables estallidos al conjuro de las fiestas neoporfiristas por el bicentenario y centenario de las revoluciones de 1810 y 1910.


Tres años después, Calderón, el Partido Acción Nacional (PAN) en el gobierno y los calderonistas ya probaron que no pueden y que no es tanto el supuesto miedo a gobernar (como el investigador Carlos Arriola, proclive al panismo, expuso en su texto El miedo a gobernar. La verdadera historia del PAN, Editorial Océano de México), pues sus abusos del poder echan por tierra que tienen miedo (ni siquiera al infierno prometido por su iglesia, pues con una confesión, dos padresnuestros y un ave María son perdonados y ganan el cielo).


No. Los panistas calderonistas (el PAN tiene militantes que no comulgan con las ruedas del molino calderonista, y los hay renegados en busca del golpismo, como Manuel Espino que anda como “perro sin mecate”) no supieron gobernar y administrar… pero sí dedicarse al botín, el tráfico de influencias, el peculado y vivir en la total impunidad (Julio Scherer Ibarra, Impunidad. La quiebra de la ley, Editorial Grijalbo).


A los calderonistas y su jefe tribal, Calderón, les viene como “anillo al dedo” la imputación de Max Weber de que no “están políticamente maduros para la conducción del Estado”, porque no son capaces de actuar conforme a la ética de la responsabilidad, sino con arreglo a la ética de la convicción, “dejando el resultado en manos de su dios”.


Calderón ya fracasó. La nación, que en su mayoría son los remeros de la nave estatal que la mantienen a flote, sobrevive en la peor crisis económica, política y social. Y para colmo, al no haber ejercido la facultad del artículo 29 constitucional, la criminalización gubernativa está a la orden del día con la militarización creciente del país (que presagia un posible golpe de Estado); se esparce el tufo de un alcoholismo, como fue el binomio de Victoriano Huerta.


Una catástrofe nos ha puesto a la orilla del precipicio de levantamientos por hambre, desempleo, corrupción pavorosa de los aparatos judiciales (empezando por la Suprema Corte), y por la sangrienta inseguridad en una guerra de todos contra todos, donde los narcos llevan la delantera, las víctimas inocentes son la población civil y tenemos alcaldes dispuestos a la justicia con escuadrones de la muerte y paramilitares.


El país está a punto de tener dos celebraciones de los centenarios: la oficial, con luces de bengala, al estilo de Porfirio Díaz. Y la del pueblo, que puede poner las condiciones para la violencia, en lugar de deshacernos de Calderón sin derramamientos de sangre. Perredistas, con Ebrard; priistas, con Peña Nieto; panistas, con Calderón, se suman a las fiestas de salón, porque como Porfirio y los porfiristas, ignoraron lo que ya en 1908 había publicado Francisco I Madero: La sucesión presidencial en 1910.


Los reproches de los empresarios y banqueros, incluso de los que financiaron la campaña electoral de Calderón, no obstante haber obtenido millonarias ganancias, cuentan en un sistema capitalista. Ellos lo han reprobado. Lo han tachado de inepto. Tan burro o más que Fox. Y esto mientras no llegan las inversiones extranjeras y las nativas se retraen.


Es lo duro y tupido contra quien se presentó como “presidente del empleo” y ha propiciado un desempleo masivo, despiadado. Dijo tener “las manos limpias”, y casi todos los panistas en el poder han malversado los fondos públicos: hay saqueo, transas y complicidades que reportan un mal gobierno que no cumple con el mandato constitucional de “gobernar en beneficio del pueblo”.


Bueno, hasta el astronauta, de origen mexicano, recibido por Calderón, casi le escupió duras críticas por las desgracias que hunden a los más de 100 millones de mexicanos. Y no se diga la calificada y fundamentada opinión del economista, dedicado a los análisis económicos, Joseph Stiglitz, que señaló a Calderón como un inepto en el manejo de la crisis, censura que hizo tambalear al calderonismo.


Pero sobre todo, el pueblo entero reprueba los actos de Calderón (quien escucha en Los Pinos los pasos de Victoriano Huerta), y lo consideramos no apto para seguir en el cargo. La situación desastrosa de la sociedad, el gobierno y el daño a la vigencia del estado de derecho por la pobreza masiva, el desempleo, la impunidad, la corrupción y mal gobierno, lo hacen responsable de la causa grave por la que debe renunciar.


Y hacerlo antes de que por todo el territorio se enreden el militarismo, los narcotraficantes, las guerrillas, las protestas y los levantamientos civiles por hambre, en el contexto de alza de impuestos para, como en épocas de Santa Anna y Porfirio Díaz, provocar al pueblo, que ya considera a Calderón indigno e incapaz de gobernar.


Los calderonistas se han convertido, “por su indiferencia, por su egoísmo, por sus vicios, en incapaces e indignos de gobernar”, escribió Tocquevielle la víspera de la Revolución de 1848, muy a propósito del inicio de 2010, que tiene como factor común la alternativa: resolver pacíficamente nuestros problemas o dejar paso a la violencia.


cepedaneri@prodigy.net.mx

Muertes heroicas bicentenarias. Rocha.

El Coloso de Troya

Astillero


Huertismo escultural

Shalalismo histórico

Diario de Juárez pide tregua

Julio Hernández López
La identidad del Coloso de las Fiestas Patrias añadió certezas a la conmemorativa saga felipista de despilfarro, frivolidad, irresponsabilidad e inducción contrarrevolucionaria. El enigmático cuerpo en partes –¡en época de descuartizados!– que fue llevado a la Plaza de la Constitución para ser armado y levantado como aparatosa presunción de una suerte de Hombre Nuevo, proveniente de luchas varias, pero decidido a avanzar y triunfar, resultó tener el rostro de Benjamín Argumedo, el León de la Laguna, cuyos cambios de bando combatiente en la Revolución Mexicana acabaron ubicándolo en el catálogo negativo, en la estantería de quienes habiendo peleado desde flancos revolucionarios terminaron siendo considerados traidores o, cuando menos, inconsecuentes crónicos: Argumedo, preservado en el recuerdo más por un corrido que por su tino histórico, combatió a Madero y Villa, reconoció a Huerta y terminó sus días peleando al lado de Zapata.

A pesar de ese carácter, cuando menos polémico o dudoso, la cara de Argumedo fue usada por el escultor Juan Carlos Canfield para el famoso Coloso de la noche del 15. Él mismo lo reconoció así en su página de Internet, aunque, con sentido culposo, quitó la referencia horas después de que en las redes sociales comenzó una intensa discusión sobre el tema; aun así no pudo evitar reconocer en otros espacios que había usado el rostro del general lagunero como “referencia”, todo ello como parte de una serie de enredos y tropiezos que coronó ayer la SEP al dictaminar, mentirosamente, que: “El rostro del Coloso no retrata ningún personaje en particular”. A la mendacidad absoluta, la oficina de prensa de Alonso Lujambio pretendió añadir un regaño o advertencia a quienes critican o disienten, pues la tal SEP “considera indebido que se busque politizar la producción artística de los creadores del Coloso con alegatos que quieren generar división donde no debe haberla”. ¿“No retrata ningún personaje en particular”? Lean lo que en una entrevista declaró el escultor Canfield: “Yo le comento, con toda sinceridad, que nuestro director escénico es Jorge Vargas, él es del estado de Durango y al principio, dado que teníamos que darle una identidad al Coloso, Jorge sugirió que tomáramos únicamente el rostro de Benjamín Argumedo, por el tremendo carácter que tiene este retrato”.

No es un dato desdeñable ni aislado el de la personalidad tomada como base para la construcción de una obra que se pensó en términos de recrear y consolidar la conciencia histórica de los mexicanos. Mucho menos si esa reivindicación o exaltación encubierta tiene como compañía otros esfuerzos de la administración calderonista por disminuir, confundir o combatir la visión histórica, hasta ahora dominante, que proviene justamente de la victoria de las posiciones independentistas, nacionalistas, revolucionarias y populares, a contrapelo de las entreguistas, conservadoras, elitistas y reaccionarias a las que el panismo gobernante se adhiere activamente. Calderón dedicó el año entero a desinflar cualquier espíritu genuino de celebración épica relacionada con la Independencia y la Revolución mexicanas, convirtiendo su organización en botín político y económico, fuente de nuevas riquezas particulares, motivo de más desánimo popular. Por ello se pretendió instaurar como tema oficial del bicentenario una pésima tonadilla (letra de Jaime López y música de Aleks Syntek), cuya ejecución fue repudiada el propio 15; por ello se pervirtió el significado de la serpiente en el escudo nacional, según las cartas ansiosas de legitimación que Felipe envió a millones de domicilios asegurando que “representa a los enemigos del país. Y el hecho de que la serpiente esté siendo devorada por el águila, significa que el pueblo mexicano vence a sus enemigos”. Felipe ansioso de legitimar su guerra sangrienta, al grado de acomodar el sentido de las fiestas patrias y la interpretación de los símbolos patrios a sus obsesiones belicistas.
A la extrema desesperación ha llevado a Ciudad Juárez el Padre de la Patria Fallida, el comandante Calderón. Luego que un joven fotógrafo fuera asesinado en una plaza comercial y otro fuera herido, el Diario de Juárez ha llegado a un punto doloroso: pedir tregua al narcotráfico gobernante y solicitar indicaciones respecto a lo que ha de publicarse o no. En su editorial de ayer, disponible en http://bit.ly/aAt6ns y titulado: “¿Qué quieren de nosotros?”, los directivos de esa publicación expresan: “... queremos que nos expliquen qué es lo que quieren de nosotros, qué es lo que pretenden que publiquemos o dejemos de publicar, para saber a qué atenernos. Ustedes son, en estos momentos, las autoridades de facto en esta ciudad, porque los mandos instituidos legalmente no han podido hacer nada para impedir que nuestros compañeros sigan cayendo, a pesar de que reiteradamente se los hemos exigido”.

Las palabras de los periodistas juarenses se producen al mismo tiempo que va confirmándose la versión, dada a conocer por algunos de los secuestrados en Durango y luego supuestamente rescatados por las labores de inteligencia de la Secretaría federal de Seguridad Pública: no hubo tales hazañas liberadoras, pues los captores soltaron a los periodistas y éstos, luego de correr por las calles, encontraron a policías federales, en una peculiar sucesión de acontecimientos que han hecho cuando menos a uno de los camarógrafos involucrados hablar de montajes, procesos éstos de fabulación de los que ha sido insistentemente acusado el secretario García Luna.

Y, mientras las desgracias de origen natural golpean con fuerza en lugares como Veracruz, dañados estructural e institucionalmente por la corrupción y el desorden gubernamentales, y mientras la Iglesia católica entra en Oaxaca a tratar de mediar en el conflicto de San Juan Copala para impedir la masacre anunciada que el ulisismo no quiere impedir, ¡hasta mañana, con los priístas buscando diseminar por el país los candados contra alianzas partidistas que están produciendo en Toluca!

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx

Incógnita resuelta. Helguera.

Democracia sólida. Hernández.

El gobierno busca canalizar $190 mil millones a otras prestaciones y asesorías



A ver si ahora actuan con dignidad

 Sólo a fideicomisos se destinarán 24 mil 600 millones; son “áreas de opacidad”: ASF



Sesión en la Cámara de Diputados con motivo del bicentenario de la Independencia y el centenario de la RevoluciónFoto Luis Humberto González
Israel Rodríguez

Periódico La Jornada
Lunes 20 de septiembre de 2010, p. 31
El gobierno pretende destinar 190 mil 20 millones de pesos en sólo tres partidas que forman parte del “gasto corriente”, integrado por renglones como “otras prestaciones, servicios de asesoría y transferencias a fideicomisos”, según el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011.

De ser aprobado, este monto equivale a la tercera parte del gasto de capital total proyectado para el próximo año, el cual asciende a 597 mil millones de pesos.

De los 190 mil millones de pesos propuestos, las dependencias del Ejecutivo federal ejercerán 103 mil 327 millones (54.3 por ciento); los órganos autónomos como el Instituto Federal Electoral, el Poder Legislativo y el Judicial ejercerán en esas tres partidas 23 mil 278 millones de pesos, es decir, 12.25 por ciento. Por su parte, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) gastarán 63 mil 414 millones de pesos en las tres partidas de gasto arriba mencionadas, lo que representa el 33.3 por ciento restante.

El gasto destinado a cubrir el concepto de “Otras prestaciones salariales”, cuya partida es la número mil 500, será de 134 mil 713 millones de pesos, y representa fundamentalmente las prestaciones que reciben los servidores públicos de alto nivel, diferentes a las prestaciones que reciben los mandos medios y de base en la administración pública, como pueden ser las relativas a las conmemoraciones de Día de la Madre, del niño, ayuda para guardería, ISSSTE, Fovissste o fondo de ahorro y ayuda de despensa, o bien ayuda para lentes, entre otras.

De esta manera, las dependencias del Ejecutivo federal pagarán por este concepto 57 mil 302 millones de pesos, seguidas por Pemex y la CFE, con 56 mil 22 millones de pesos, y por el Poder Judicial, con 18 mil 18 millones.

En servicios profesionales y asesorías (partida 3300), los órganos del Estado gastarán 30 mil 717 millones de pesos, cifra que representa más del doble de lo que será destinado al Programa 70 y más (13 mil 287 millones de pesos) operado por la Sedesol, y un monto similar a lo que se dejaría de recaudar si se redujera en uno por ciento el IVA.

Éste es el gasto destinado a la contratación de algunos despachos que ofrecen asesorías contables, administrativas, financieras o informáticas, o bien en el diseño y elaboración de proyectos, por lo que su objeto de trabajo en muchas ocasiones es similar al que deberían desarrollar los funcionarios públicos encargados y responsables de las diversas áreas de la administración pública federal.
Entre las entidades gubernamentales que más erogaciones tendrán por este concepto se encuentran la SEP (5 mil 587.1 millones), CFE (3 mil 612.8 millones), Pemex (3 mil 585.1 millones), Salud (2 mil 297.4 millones), SCT (2 mil 35.9 millones), Seguridad Pública (mil 737.3 millones), Gobernación (mil 548.8 millones) y Semarnat (mil 425.1 millones de pesos).

Pese a que de acuerdo con el Informe de finanzas públicas elaborado por la Secretaría de Hacienda, al 30 de junio de 2010 existen 325 fideicomisos, 28 mandatos y 11 análogos que involucran recursos por 389 mil millones de pesos, y que la propia Auditoría Superior de la Federación ha señalado esas figuras jurídicas como una de las aéreas de mayor opacidad en la administración pública, en el presupuesto para 2011 se proyecta que diversas dependencias y entidades gubernamentales realicen aportaciones a distintos fideicomisos por un equivalente a 24 mil 589.8 millones de pesos.

Esta cifra es superior, por ejemplo, a lo que se pretende destinar al Programa de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), o bien a todos los hospitales que dependen de la Secretaría de Salud, más el presupuesto que se pretende asignar al Instituto Politécnico Nacional, comentó el experto en finanzas públicas, Mario Di Costanzo.

De esta manera, destaca la transferencia de 12 mil 744 millones de la Secretaría de Salud al Fideicomiso del Sistema Nacional de Protección en Salud, pues de acuerdo con el Informe de finanzas públicas tiene a junio de 2010 un saldo en caja de 22 mil 825.5 millones de pesos.

De acuerdo con el mismo informe, el Programa Seguro Popular mostró un avance de sólo 31 por ciento a junio de 2010, al haberse erogado sólo 16 mil 614 millones de pesos, respecto de los 53 mil 644 millones proyectados para 2010.

Acosta Chaparro, heraldo de fecal para pactar con los narcos

La investigación de los granadazos incluyó contactos con los cárteles
Jorge Carrasco Araizaga y Francisco Castellanos J.



Mario Arturo Acosta Chaparro, el militar que reprimió de manera inmisericorde a la guerrilla en los años sesenta y setenta, recibió del gobierno de Felipe Calderón una encomienda: pactar con integrantes del cártel de La Familia michoacana la entrega de los “responsables” del atentado con granadas perpetrado el 15 de septiembre de 2008 en Morelia. Una fuente cercana al militar en retiro consultada por Proceso afirma lo anterior y asegura que “el general estaba construyendo puentes entre el gobierno” y varias organizaciones delictivas, “incluidos líderes de Los Zetas y del cártel de Sinaloa”.

El gobierno de Felipe Calderón echó mano del general retirado Mario Arturo Acosta Chaparro, para negociar con los jefes del cártel michoacano de La Familia la detención de los tres presuntos responsables del ataque con granadas perpetrado en Morelia el 15 de septiembre de 2008.

La noche del atentado –el primero del narco contra la población civil y que dejó ocho muertos– Acosta Chaparro realizó el primero de dos viajes a Michoacán en su condición de asesor del secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, y con la anuencia del entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.

Una fuente cercana al general retirado, reveló que en esa ocasión el militar tuvo contacto con miembros de la delincuencia organizada con el conocimiento del gobierno de Calderón. Ahora Acosta convalece de un atentado que sufrió el 18 de mayo pasado, cuando investigaba el secuestro de Diego Fernández de Cevallos.

“El general estaba construyendo puentes entre el gobierno y varios de esos grupos, incluidos líderes de Los Zetas y del cártel de Sinaloa”, comenta la fuente, que conoció la maniobra de La Familia para entregar a los supuestos responsables de los granadazos.

Según un informe de organismos de seguridad obtenido por Proceso en Morelia, las dos granadas de fragmentación utilizadas en 2008 son del tipo M67, que se fabricaban en Canadá y Estados Unidos. La última vez que se usaron en un conflicto bélico fue por parte de la Marina argentina en la guerra de Las Malvinas. Las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia Militar y de la Procuraduría General de la República (PGR) citadas en el informe precisan que el Ejército no usa ese tipo de granadas.

Especialista en subversión



Compañero de generación de Guillermo Galván Galván en el Colegio Militar, Acosta Chaparro regresó a las operaciones encubiertas luego de que el secretario de la Defensa lo volviera asesor en dos asuntos de interés para el gobierno federal: narcotráfico y grupos subversivos.

La reincorporación del militar –el principal perseguidor de la guerrilla en México durante el periodo de la guerra sucia– comenzó cuando lo exculparon de los delitos de lesa humanidad que pesaban en su contra y tras ser puesto en libertad en 2007, luego de pasar siete años en la cárcel por cargos de narcotráfico. En abril de 2008 fue condecorado en una ceremonia de retiro encabezada por Galván.

Según la fuente cercana al general retirado, Acosta Chaparro fue a Morelia en compañía de un hombre apellidado Estrella, excomandante de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), el organismo que entre los sesenta y principios de los ochenta persiguió a la disidencia armada y que se disolvió en 1985, infiltrado por el narcotráfico.

En Morelia, Acosta Chaparro se encontró con dos de los líderes de La Familia: Jesús Méndez Vargas, El Chango o El Chamula, y Nazario Moreno, El Chayo o El Más Loco.

Para entrar en contacto con ellos fue necesario que un soldado se dirigiera hacia un lugar estratégico llevando en la mano un ejemplar de Pensamientos, publicación de adoctrinamiento para los integrantes del cártel michoacano y cuyos textos están firmados por El Más Loco.

Acosta Chaparro se hizo cargo del operativo en Michoacán hasta poner en manos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) a Juan Carlos Castro Galeana, Julio César Mondragón Mendoza y Alfredo Rosas Elicea.

Estos tres hombres fueron secuestrados entre el 18 y el 21 de septiembre en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y sometidos a tortura para obligarlos a identificarse como zetas e inculparse de los dos granadazos de Morelia.

Acción encubierta



La noche del 15 de septiembre de 2008, mientras el gobernador Leonel Godoy encabezaba la ceremonia de El Grito, una granada estalló entre la multitud reunida en la Plaza Melchor Ocampo; otra fue detonada a dos calles de ahí, en la esquina de Madero y Quintana Roo, en el centro de la capital michoacana (Proceso 1664).

Los días 17 y 18 de septiembre La Familia envió mensajes electrónicos a funcionarios y periodistas estatales, además de desplegar mantas en Morelia para anunciar que haría su propia investigación y daría con los responsables, que desde ese momento identificó como integrantes de Los Zetas. Diez días después del ataque, en un segundo viaje a Michoacán, Acosta Chaparro llamó a Mouriño para decirle que ya tenía a los detenidos.

“Lo acompañó el fiscal (José) Ricardo Cabrera Gutiérrez (entonces encargado) de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas (UEITA) de la SIEDO”, cuenta la fuente, cuyo testimonio coincide con las declaraciones ministeriales de los pilotos de la PGR que identificaron a Cabrera Gutiérrez cuando fueron a Michoacán por los supuestos responsables.

Y agrega: “Fue una operación encubierta en la que en todo momento estuvo al frente Acosta Chaparro”; también refiere que el general en retiro se sorprendió al ver que para el operativo Cabrera Gutiérrez “vestía un elegante traje, camisa de seda, corbata, mancuernillas y un costoso juego de plumas”.

“¿A dónde cree que va?”, le espetó Acosta Chaparro, quien ya había seleccionado para la operación un avión de transporte viejo y sin asientos.

El funcionario de la PGR llegó al aeropuerto de la Ciudad de México sin saber cuál era su destino. Le preguntó al militar a dónde iban y éste le contestó que a San Luis Potosí. Sólo Acosta sabía la naturaleza y objetivo de la operación.

Los pilotos de la PGR coinciden con esa versión. En un interrogatorio ministerial al que fue sometida por Fernando Espinosa de los Monteros, abogado de Rosas Elicea, la tripulación del avión Casa 229 matrícula XB-BIC, usado para el traslado de los detenidos, explicó que además del piloto, el copiloto y el mecánico iban Cabrera Gutiérrez y otra persona a la que no conocían, pero que no identificarían por tratarse de “información reservada por ser de seguridad nacional”.

En su declaración indicaron que el 25 de septiembre de hace dos años, la tripulación salió del aeropuerto de Toluca a la Ciudad de México con la orden de volar luego a San Luis Potosí. En el aeropuerto de México se subieron Cabrera Gutiérrez y el otro pasajero, cuyo nombre no citaron, quien les ordenó volar no a San Luis Potosí sino a Morelia.

De la capital michoacana, donde estuvieron alrededor de tres horas, volaron a Apatzingán, y ahí esperaron más de cinco horas hasta que llegaron tres integrantes de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI) con los supuestos responsables, a quienes trasladaron al Distrito Federal.

La fuente cercana al operativo cuenta que de Apatzingán, Acosta Chaparro y Cabrera Gutiérrez se fueron en un taxi hacia Antúnez, en el municipio de Parácuaro, en la región de Tierra Caliente, una de las zonas controladas por La Familia.

En una casa abandonada de esa población, la organización criminal les entregó a los ahora procesados. Asegura que “ya en el avión, antes de despegar, Acosta Chaparro se comunicó con Mouriño: ‘Señor, objetivo cumplido’”.

Según esa versión, Cabrera, que había sido del todo ajeno al operativo, en el vuelo de regreso al DF se envalentonó y amenazó a los supuestos culpables, quienes llevaban días sin comer y estaban heridos por la tortura: “Ahora sí, hijos de la chingada. Cuando llegue a mi oficina declaran lo que dijeron o de una vez los echo para abajo”.

El abogado Espinosa de los Monteros confirma que en el vuelo de regreso Castro Galeana, Mondragón Mendoza y Rosas Elicea recibieron más amenazas de que matarían a sus familias si no declaraban lo que les habían dicho para responsabilizarse del atentado.

En la SIEDO siguieron las amenazas: “No crean que ya la libraron. También estamos acá adentro”. Los detenidos aún tenían los ojos vendados. Su abogado dice que identificaron las mismas voces tanto en Antúnez como en la Procuraduría. Aunque había un defensor de oficio con ellos, no les quitaron la venda hasta el momento de firmar su declaración.

Los “cuatro” responsables



La versión de la PGR sobre la captura es que el día 24 se recibió una llamada anónima cuyo origen no pudo rastrearse porque el identificador decía “externo”. Según la titular de la SIEDO, Marisela Morales, el denunciante les dio las referencias del lugar de Antúnez donde se encontraban amarrados cuatro zetas que habían reconocido ser los autores de los granadazos (Proceso 1670).

La averiguación previa PGR/SIEDO/UEITA/110/2008 que se consignó ante el juez Sexto de Distrito en Materia Penal del tercer Circuito con sede en el penal de Puente Grande, Jalisco– los agentes José Martín Zarza Escamilla, Ignacio Moreno Aguilar y Armando Javier Rojo Olivar fueron por los acusados.

En su parte informativo los agentes entonces adscritos a la SIEDO sólo mencionan tres y no cuatro detenidos. Aseguran que éstos confesaron ser zetas y que miembros del propio grupo delictivo los habían detenido y golpeado porque después del atentado pensaron que desertarían de la organización y pondrían en riesgo la identidad de varios de sus integrantes.

La defensa ha intentado echar abajo la versión de la PGR pero se ha topado con el juez sexto de Distrito, Arturo Fonseca Mendoza, quien a decir de Espinosa de los Monteros “está a favor de todo lo que le pide la PGR” y “más que un juez ha sido un fiscal”.

Proceso viciado



Con el informe de los agentes como principal elemento de la consignación de la SIEDO y a pesar de la tortura a la que fueron sometidos –denunciada casi un año después del atentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (Proceso 1712 y 1715)–, el juez dictó auto de formal prisión a los tres acusados por terrorismo, homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, posesión de granadas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y lesiones calificadas.

El juez mantuvo las acusaciones pese a que la PGR nunca aclaró la detención de los acusados y bloqueó la comparecencia de los agentes. El juez ni siquiera tramitó las multas impuestas a los agentes por no presentarse a declarar.

“Nunca se han presentado. Y ahora resulta que dos de ellos están procesados en el penal de máxima seguridad de Tepic por su presunta relación con El Mayo Zambada (uno de los líderes del cártel de Sinaloa). Pero no sabemos si están libres o presos”, dice Espinosa de los Monteros.

Indica que la información sobre su situación jurídica la obtuvo en el Consejo de la Judicatura Federal porque la PGR ha evitado informar si están detenidos o enfrentan el proceso en libertad. Cuando fueron llamados a comparecer, el personal del juzgado dijo que no les había podido notificar que se presentaran a declarar porque no los encontraron en el domicilio que dio la PGR.

En el caso del tercer agente, en el Juzgado Sexto se ha asegurado que tampoco está en el domicilio proporcionado por la PGR. Según la SIEDO, cuya titular supo de la intervención de Acosta Chaparro, aparentemente se fue a Estados Unidos.

Cabrera Gutiérrez tampoco ha comparecido. “Cuando los pilotos lo mencionaron en su declaración ministerial y lo señalan como el comandante de los agentes, pedimos que lo citaran. El juez mandó un exhorto a un juzgado del Distrito Federal y resultó que tampoco lo encontraron en el domicilio que dio la PGR”, asegura Espinosa de los Monteros.

El juzgado dio vista a la defensa de los acusados sin que ésta hiciera ninguna actuación, porque de acuerdo con el artículo 20 de la Constitución el juzgado tiene que auxiliar para presentar a los testigos. “Pero el juez Fonseca Mendoza nos dio por desistidos de la prueba”, añade el abogado.

Peor todavía, dice el litigante, Cabrera Gutiérrez no aparece ni en las actuaciones ni en la consignación ante el juez, por lo que no firma nada, a pesar de haber sido identificado por los propios pilotos de la PGR como el comandante de los agentes que fueron por los detenidos. El abogado precisa que quienes firman los escritos de la procuraduría son los agentes ahora desaparecidos. En las actuaciones tampoco se menciona quién realmente iba al frente de la operación.

La defensa insiste en la presentación de Cabrera. Mario Patricio Solano, abogado de Castro Galeana y Mondragón Mendoza, la solicitó nuevamente al juez el pasado 30 de agosto y pidió que la diligencia se practique en el Distrito Federal.

No ha sido la única actuación que lleva a Espinosa de los Monteros a acusar al juez de estar “muy cargado a favor de la PGR o que quizá tenga línea de su jefe”, el máximo representante del Poder Judicial, el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, “para impedir que los acusados salgan de prisión mientras Felipe Calderón esté en la Presidencia”.

El acto más reciente del que se quejan los abogados es que el juez Fonseca prácticamente desconoció un amparo que había beneficiado a los acusados, por lo que la defensa promoverá una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal.

El 17 de agosto pasado el juez Octavo de Distrito en Materia Penal de Jalisco, Sergio Darío Maldonado, concedió el amparo a Mondragón Mendoza, Castro Galeana y Rosas Elicea para dejar insubsistentes casi todos los cargos. Sólo dejó vigentes los de homicidio y lesiones.

Pero 10 días después, al decretar el nuevo auto de formal prisión a partir de ese amparo, Fonseca agregó el delito de portación de granada y de delincuencia organizada en su modalidad de delitos contra la salud.

Sorprendido por su determinación, Espinosa de los Monteros le pidió una explicación al juez. “Si hay homicidio, por fuerza hay portación de granada y el delito de delincuencia organizada en su modalidad de narcotráfico es porque son zetas y éstos se dedican al tráfico de drogas”, dice el abogado que respondió Fonseca Mendoza.

“Hubo un exceso en el cumplimiento del amparo, como lo ha hecho durante todo el proceso y en el que ha dictado tres autos de formal prisión contra los acusados”, afirma.

Explica que en el primero, el juez acató en todos sus términos la solicitud de orden de aprehensión que le hizo el Ministerio Público federal y con base en los delitos señalados por la SIEDO dictó el primer auto de formal prisión.

“Nos fuimos al amparo para que fundamentara y motivara y valorara todas las pruebas. Dictó entonces un segundo auto, pero sin variar nada”, añade.

Solano precisa que antes de emitirlo, “el juez nos había dicho a los abogados y a los familiares que no recibía ninguna presión ni de la PGR ni de nadie; es más, que no veía suficientes elementos en las acusaciones del Ministerio Público federal”.

Pero el juzgador reiteró la formal prisión. “Ante ello, solicitamos el amparo que ganamos, pero en el tercer auto el juez sexto fue más allá de lo señalado por el juez octavo”, añade.

El pasado 31 de agosto, la defensa apeló el tercer auto de formal prisión, que será revisado por un tribunal unitario.

Además, la defensa promoverá una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque el juez dio trámite a una confesión obtenida bajo tortura en un operativo que la PGR no ha aclarado durante el juicio. l

¿Que nos hace falta ver en México?

Bajo Reserva | Periodistas EL UNIVERSAL


¿Qué más estamos por ver? En un editorial inédito para la historia de México, El Diario de Ciudad Juárez clamó ayer una tregua al crimen organizado, un día después de enterrar a su segundo periodista asesinado en menos de dos años. “Señores de las diferentes organizaciones que se disputan la plaza: la pérdida de dos reporteros en menos de dos años representa un quebranto irreparable para todos los que laboramos aquí y, en particular, para sus familias”. Por tanto, dice: “Queremos que nos expliquen qué es lo que quieren de nosotros, qué es lo que pretenden que publiquemos o dejemos de publicar, para saber a qué atenernos”. Más adelante agrega: “Ustedes son, en estos momentos, las autoridades de facto en esta ciudad, porque los mandos instituidos legalmente no han podido hacer nada para impedir que nuestros compañeros sigan cayendo, a pesar de que reiteradamente se los hemos exigido”.

Los periodistas de El Diario aclaran: “Esta no es una rendición. Como tampoco significa que claudicamos al trabajo que hemos venido desarrollando. Se trata de una tregua…”. Reclama a Felipe Calderón: “El primer mandatario, para conseguir la legitimación que no obtuvo en las urnas, se metió —sin una estrategia adecuada— a una guerra contra el crimen organizado sin conocer además las dimensiones del enemigo ni de las consecuencias”. Este es el México de hoy. ¿Qué veremos mañana?

Ante la lluvia de críticas e interpretaciones libres, la SEP debió salir ayer en defensa del Coloso levantado en el Zócalo el 15 de septiembre. “Se ha hablado del parecido con Emiliano Zapata, José Stalin, Luis Donaldo Colosio, Benjamín Argumedo y Vicente Fernández”, dice. Le faltó Jeremías Springfield, héroe citadino de Los Simpson; Malverde, santo de los narcos, y Michael Jackson, el malogrado artista pop. El Coloso, aclara, “es un homenaje a los cientos de miles de mexicanos anónimos, casi todos campesinos pobres, que participaron en el movimiento insurgente y que escribieron un capítulo central de la historia de México”. Las críticas al Coloso y a las fiestas del Bicentenario, haigan sido como haigan sido, continúan. Pero nadie se engolosine, que vimos los festejos relacionados a la Independencia. Faltan los de la Revolución.

Murió José de Jesús Gudiño Pelayo, ministro de la Suprema Corte de Justicia. En sus últimos años respondió con firmeza ante atropellos del Estado, lo que le ganó un espacio en el ala liberal. Ayudó a validar la despenalización del aborto en el Distrito Federal. Como presidente de la Primera Sala de la Corte luchó por hacer justicia a los presos de Acteal, a los de Atenco o a las indígenas queretanas Alberta y Teresa. También defendió la causa de la periodista Lydia Cacho. Descanse en paz, José de Jesús Gudiño Pelayo.

Apunte final: Veracruz vive un gran drama por las inundaciones. Pero también en una parte de Tamaulipas y en Tabasco hay amenazas de una tragedia mayor. La pregunta es si ya debemos verlo como cosa de cada temporada de lluvias. ¿Y las autoridades, locales y/o federales?

Saldos del Bicentenario

Estrictamente Personal September 20, 2010
— 12:00 am
Felipe Calderón dejó pasar la oportunidad histórica de ser el Presidente del Bicentenario. Tuvo tres años para preparar la conmemoración del Bicentenario y lo echó a perder. Hizo del 15 de septiembre una celebración ordinaria, onerosa, clasista, despojada de contenido histórico y con errores inexplicables como el que se hubiera tomado a un traidor de la patria como modelo del coloso que se erigió sobre la plancha del Zócalo. La culpa directa de una conmemoración anticlimática y carente de ambición no es de él, pero sí la responsabilidad de haber puesto a cargo de ella a una sola persona, su ex jefa de Oficina, Patricia Flores, quien quiso timar a todos, incluido al Presidente, y a defraudar a la nación.

Los entretelones de la preparación y organización del Bicentenario hablan mucho del poder que delegó Calderón a Flores, y la manera como operó en Los Pinos. Flores excluyó de toda la planeación al resto del equipo presidencial, guardándola como un secreto de Estado. Por eso no se enteraron –y no se sabe si tienen aún el conocimiento-, que los diseños originales del festejo, como se llegaron a plantear, están muy lejos de los resultados vistos la noche de El Grito. Originalmente se pensó, como se ha dado en otras naciones con celebraciones similares, en verbenas populares donde la población es incluida y participa. Se propuso que la conmemoración federal se llevara a cada capital del país. Ni lo uno, ni lo otro.

Por ejemplo, el Quetzalcóatl formado con globos, no era un espectáculo como el que se vio. Era una serpiente que corría por diversas calles y avenidas de la ciudad y que confluía en una para convertirse en la gran Serpiente Emplumada. El desfile debía tener una historia, una narrativa de los 200 años, que terminó convertido en una amalgama de momentos, sin una secuencia lógica ni un contenido aglutinador.

El desfile fue uno lucidor, alegre y ruidoso, pero que se pudo haber desarrollado en cualquier momento. Los carros alegóricos, algunos muy techno y con luces de neón, podrían haber desfilado cualquier primero de enero en el Tazón de las Rosas. Si el objetivo era llegar a una demografía más joven, que creció con la televisión en color, para la cual la historia no es algo relevante y con la cual el gobierno federal no ha podido conectar, es altamente probable que lo hayan conseguido. Pero la nación, que será de estos jóvenes, no la componen hoy en día sólo los jóvenes. Más aún, a ellos tendría que habérseles inyectado, a través de los vínculos con su pasado, lo que sus mayores aprendieron en la escuela: el valor de la gesta independentista.

La inclusión no fue la racional. Los invitados VIP frente al balcón presidencial, que sirvieron a la vez de escudo de seguridad, fueron una muestra de ello, al eliminar espacio para la gente de a pie que cada año acude al mismo sitio a celebrar. Fue una conmemoración caracterizada por el miedo del gobierno federal. Sellaron el Zócalo y Paseo de la Reforma, en una burbuja de seguridad sin precedente. El país no estuvo en sus preparativos y se le marginó. La imagen más dramática fue en Ciudad Juárez, donde el alcalde José Reyes Ferriz dio el Grito ante una plaza sólo ocupada por soldados.

Flores hizo de lado todas las propuestas para que la conmemoración fuera nacional, y no un evento no sólo local –el Distrito Federal, donde prácticamente no hubo acontecimientos de la Independencia-, sino microscópicamente delimitado. Si en algún momento pensó la ex jefa de Oficina de Calderón preparar un acontecimiento, “un espectáculo sin precedente” como se promovió, lo único que mostró –porque cuando se le entregó la organización al secretario de Educación, Alonso Lujambio, ya todo estaba hecho o desecho- fue su ligereza histórica. Al Presidente habrá que reclamarle el habérselo permitido. Sólo con él veía los avances de su planeación, en papeles y en modelos. Mucho de ello le autorizó.

Uno de esos permisos fue la contratación de Richard P. Birch, que organizó los Juegos Olímpicos de Sydney y participó en la organización de los de Beijing, para que hiciera la conmemoración del Bicentenario. Flores le pagó 60 millones de dólares para que hiciera eso, un desfile y una ceremonia deportiva con una mera apelación a lo estético. Pero también hubo timos. No hubo novedades ni innovaciones. Los globos que conformaron a Quetzalcóatl, que tanto gustaron, no son originales; los hace una empresa italiana que sólo cambió la forma de los globos. La poesía corporal en el segmento de “Vuela México”, con acróbatas que formaron al final la palabra “Mexico” (sin acento), fue un remedo de las acrobacias de “Ka”, que interpreta el Cirque du Solei todas las noches en Las Vegas.

Durante semanas previas a la conmemoración, funcionarios de Los Pinos buscaron justificar el gasto al explicar que no todo se lo embolsaría Rich, sino que era para pagar a muchos directores artísticos que participarían en el desfile y el espectáculo del 15 de septiembre. Incluso, agregaban, para mostrar la fortaleza con la que se había preparado todo, se organizaría una conferencia de prensa donde presentarían a los artistas mexicanos que estaban involucrados en el evento. Eso no sucedió.

Tampoco hubo una explicación del porqué no se mostró a los artistas, pero en las semanas previas al 15 de septiembre, comenzaron a salir algunas informaciones sin detalle sobre presuntos fraudes en la organización del Bicentenario, que apuntaban a Flores, y que podrían haber quedado muy expuestas si comenzaban a aparecer los artistas incluidos y aquellos a quienes, como se presume en cuando menos un caso, le robaron sus diseños y se contrató a empresas extranjeras para que los realizaran.

De acuerdo con funcionarios de la Secretaría de Hacienda, una de las razones de la remoción de la ex jefa de Oficina, fue que se le encontraron a su familia cuentas en el extranjero con depósitos que parecían irregulares. Se abrió una investigación que aún no termina, y que determinará si esas sumas de dinero tienen una explicación o si el Bicentenario fue una fuente de ingresos irregulares para algunos.

Entre los saldos del Bicentenario, el destino de los dineros, el porqué se contrataron a empresas específicas para que sirvieran de intermediarios, y comisiones oscuras presuntamente pagadas a funcionarios federales, tienen que ser investigados y aclarados por el gobierno federal, en forma expedita, para evitar que además de haber dejado escapar la oportunidad de ser el Presidente del Bicentenario, Calderón no quede con la mancha impregnada de algunos de sus cercanos funcionarios que, de corroborarse al fraude, traicionaron su confianza y se quisieron burlar del país.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

Otra del góber piadoso

Plan B | Lydia Cacho


Las dos niñas, de 14 años, estaban rodeadas de ocho adultos cuando la policía municipal de Tlajomulco, Jalisco, entró luego de recibir una llamada de los vecinos que corroboraron la versión de que en esas casas de interés social operaba una red de tratantes de menores. Las dos pequeñas estaban entre otros 13 menores en la casa de Jorge Arturo López Murillo, quien primero amenazó a los policías con un arma y después les quiso sobornar.

Los agentes llevaron a cabo un operativo bien organizado, en cuanto sometieron a los ocho adultos recibieron la oferta; a cambio de su libertad y silencio les ofrecieron tener sexo con las pequeñas. Los policías se rehusaron y cubrieron los cuerpos de las niñas que yacían desnudas. Las menores estaban drogadas. Cuando los policías las protegieron, en lugar de aliarse con los explotadores, ellas les explicaron que el dueño de la casa las había hecho adictas al tonsol (un disolvente más potente que el thinner, comúnmente utilizado por zapateros y que se vende con menos restricciones que los inhalantes comúnmente relacionados con las adiciones de menores en situación de calle). “Con el toncho no sentimos nada”, dijeron las pequeñas aliviadas al ser recatadas.

Los policías llevaron a los detenidos a la Procuraduría de Justicia del Estado, donde a pesar de la evidencia y los testimonios, el delegado de la Procuraduría, José Armando Yáñez Navarro, declaró: “No hay elementos para presumir delitos de naturaleza sexual, las 15 menores de edad retenidas negaron que hubiera existido abuso sexual […] estaban ahí por su voluntad, participando en una fiesta”.

Según testigos de la propia procuraduría estatal, a las víctimas se les trató con el desprecio con que “se trata a las prostitutas adultas”, las amenazaron con hacerles estudios ginecológicos para saber si las había violado, y ellas lo único que querían era irse a casa. Frente a ellas, Yáñez Navarro declaró lo que luego repitió a los medios de comunicación: “El hecho de que pudieran estar desnudas las chamaquitas no implica un delito de ningún tipo” (aunque los adultos que las retenían fueran mayores de 45 años). Los policías insistieron en que el hecho constituía el delito federal de trata de personas, pero la Procuraduría estatal, a cargo de Tomás Coronado, dejó ir a los detenidos, excepto a dos, acusados también de robo.

Los policías Aurelio Hernández, José Ángel García Mercado y Víctor Padilla Ortiz declararon que los adultos tenían al grupo de adolescentes y niñas en su casa, en donde encontraron objetos robados. Algunos vecinos aseguran que el propietario de la casa maneja una red de tratantes de menores para fines de explotación para la mendicidad y el robo, además de la explotación sexual; delitos tipificados como graves en la ley federal.

La Procuraduría fue demasiado rápida en desacreditar la existencia del delito de trata. Si el procurador Coronado (a quien se ha vinculado desde su nombramiento con delitos de abuso de menores en Guadalajara) fuese un servidor público responsable, habría pedido asistencia a la Fiscalía que atiende la trata de mujeres y niñas (Fevimtra) y una vez dando la protección y asistencia a las víctimas, junto con el testimonio de los notables policías, Jalisco tendría un caso ejemplar de persecución de trata de menores y atención a las víctimas. Pero es obvio que al góber piadoso y a Coronado el abuso de menores les tiene sin cuidado. ¿Por qué su silencio?