martes, 11 de octubre de 2011
Conferencia Felipe Calderón a la Corte de la Haya
· El país atraviesa por una crisis humanitaria de enormes proporciones
· La errada estrategia militar contra el narcotráfico y la sociedad ha devastado al país entero
· Es urgente utilizar todas las vías pacíficas y legales a nuestro alcance para detener el derramamiento de sangre
El martes 11 de octubre, a las 10 a.m. un grupo de abogados, periodistas, académicos, defensores de derechos humanos y miembros de la sociedad civil expondremos las razones que serán presentadas en la Haya frente a la Corte Penal Internacional (CPI) para denunciar a Felipe Calderón, a sus altos mandos militares y civiles, así como a los narcotraficantes que atacan a nuestra sociedad, por crímenes de guerra y de lesa humanidad.
México vive un estado de emergencia y atraviesa por la crisis humanitaria más dramática de su historia reciente que ha dejado ya más de 50 mil muertos, 230 mil desplazados, 10 mil desaparecidos y 1,300 jóvenes y niños asesinados. Existe también una constante violación a los derechos humanos de la población civil, en particular de los grupos más vulnerables como las mujeres y los migrantes quienes constantemente son victimizados por las autoridades y el crimen organizado.
Esta situación se debe por igual a la acciones de delincuentes dentro y fuera del gobierno. Vivimos además una situación de impunidad estructural en la que únicamente el 12% de los delitos son denunciados y el 8% investigados. La falta de autonomía de la Procuraduría General de la República y la inmunidad del ejecutivo federal generan una situación en la que es prácticamente imposible juzgar dentro de las instancias nacionales a los altos funcionarios civiles y castrenses por su responsabilidad en esta crisis humanitaria.
Frente a la imposibilidad de buscar justicia a nivel nacional, en fechas próximas presentaremos ante el Fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, la solicitud formal para que se inicie una investigación sobre la situación prevaleciente en México. Nuestra petición está respaldada por más de 20 mil firmas--autógrafas y electrónicas-- de ciudadanos mexicanos, lo que la convierte en la denuncia civil más grande que haya recibido la CPI en su historia.
La petición continúa abierta para recibir nuevas firmas adherentes enhttp://www.petitiononline.com/CPI/petition.html El sitio garantiza la identidad de las personas y la no duplicidad de las firmas que respaldan nuestra petición.
Diversas personalidades se han adherido ya a esta petición y en la conferencia de prensa nos acompañarán entre otros:
· Epigmenio Ibarra (Presidente, Argos Comunicación)
· John M. Ackerman (Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM)
· Manuel Fuentes Muñiz (Presidente, Asoc. Nac. de Abogados Democráticos (ANAD)
· José Rosario Marroquín (Director, Centro de Derechos Humanos "Pro Juárez")
· Julio Scherer Ibarra (Jurista, periodista y autor)
· Loretta Ortiz Ahlf (Departamento de Derecho, Universidad Iberoamericana)
· Irma Eréndira Sandoval (Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM)
· Miguel Badillo (Director de la Revista "Contralinea")
· Rafael Barajas ("El Fisgón", La Jornada)
· Sergio Méndez Silva (Abogado Defensor de los Derechos Humanos)
· David Manrique (Caricaturista)
· Netzaí Sandoval Ballesteros (Abogado redactor de la denuncia ante la CPI y experto en Derecho Penal Internacional)
Otros firmantes y convocantes:
· Edgardo Buscaglia (Abogado, investigador y consultor de la ONU)
· Virgilio Caballero (Periodista)
· Julio Hernández López (Astillero, La Jornada)
· Octavio Rodríguez Araujo (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM)
· Victor Quintana (Defensor de derechos humanos, Chihuahua)
Para mayores informes y nuevas adhesiones:
· Lic. Netzaí Sandoval Ballesteros (04455) 3897-9971, netzai@gmail.com, Twitter: @ElNetza
NO SE OLVIDA
Una atenta invitación de MORENA Benito Juárez para todos, y en especial para los jóvenes.
Nueva tormenta sobre la Legión de Cristo
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| El malandrín y sus cómplices |
Escrutinio
Tras las revelaciones sobre la escandalosa vida de su fundador Marcial Maciel —quien además de amante de la buena vida, pederasta y drogadicto, cometió otros delitos tales como bigamia y uso de documentos falsos, sin contar la fortuna que amasó mientras predicaba castidad y pobreza—, los Legionarios de Cristo han comenzado a perder el apoyo de que por décadas disfrutaron en los más altos círculos políticos, económicos y sociales y que les permitió convertirse en una de las más poderosas congregaciones eclesiásticas.
Según se informa en un sitio de Internet dedicado a asuntos del catolicismo y denominado Iglesia Peregrina Santa y Pecadora, que mantiene Teodoro Uckerman Sánchez, “otra fuerte tormenta se avecina para la Legión de Cristo, sobre todo en su bastión español”. Una acaudalada familia que ayudó a Maciel a acrecentar las riquezas de la Legión, no sólo le ha dado la espalda a ésta, sino que trata de recobrar parte de los bienes que le donó.
Se trata de la familia Oriol, una de las más pudientes de España, propietaria de inmensas extensiones de tierra en las cercanías de Madrid y accionista destacada —entre otros grandes negocios— de la compañía transnacional de gas y electricidad Iberdrola. Entre los donativos que la familia hizo a los Legionarios de Cristo, dice Uckerman, sobresalen numerosos terrenos para sus escuelas, en especial la Universidad Francisco de Vitoria, —joya del vasto sistema de instituciones de educación superior de la congregación— y la enorme finca de Cerro del Coto, sede del Centro de Formación del Regnum Christi, el brazo seglar de la Legión.
Igualmente, a través de la familia Oriol —muy influyente en el régimen franquista—, Maciel pudo establecer extensas relaciones en los medios gubernamentales, los círculos financieros, la aristocracia y las cúpulas empresariales.
Más todavía: cuatro de los hijos de Iñigo Oriol Ybarra, conde de Casa Oriol y ex presidente de Iberdrola, se hicieron sacerdotes legionarios, una hija de nombre Malen es superiora de las consagradas de Regnum Christi, y otra, monja de las Carmelitas Descalzas, superiora del monasterio de El Escorial.
Pero después de destaparse aquella cloaca que era la vida de Maciel, la familia Oriol ha optado por romper sus lazos con los Legionarios de Cristo, sin duda porque piensa que Maciel no fue una simple oveja descarriada, una solitaria manzana podrida en un barril de impolutos y saludables frutos, sino que para sus tropelías e inmoralidades gozó de encubrimiento y complicidad en los más altos niveles de la Legión, la cual —después de todo— fue obra del propio Maciel.
Por lo pronto, los sacerdotes miembros de la familia Oriol ya han renunciado a ser legionarios. Y no se fueron solos. Su ejemplo fue seguido por varios sacerdotes y seminaristas. Por su parte, la hermana Malen está en vías de abandonar las filas de Regnum Christi y parece que con ella lo harán otras muchas consagradas.
Pero lo que más preocupa a los Legionarios de Cristo, es que la familia Oriol ha emprendido acciones para recuperar al menos algunas de las costosas propiedades donadas a Maciel y su organización. El argumento principal empleado por su equipo de abogados es que Maciel utilizó engaños y simulaciones para apropiarse de ellas.
Desde luego, la Legión defenderá con uñas y dientes tan valiosos bienes y empleará todas las argucias legales y legaloides a su alcance, así que es de esperarse una larga y enconada batalla jurídica. Y falta por ver si seguirán el ejemplo de la familia Oriol otros de los generosos benefactores que, encandilados por las prédicas de los legionarios y de Maciel —a quien el propio Papa calificó de “ejemplo para la juventud”—, hicieron grandes donativos a esa congregación religiosa, que por su inmensa fortuna se ha ganado el mote de Millonarios de Cristo.
Andrés Manuel López Obrador #AMLO en Washington, D.C.
* Discurso de Andrés Manuel López Obrador en el ciclo de conferencias Diálogos con México, que organiza el Centro Internacional Woodrow Wilson
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Agradecemos al Woodrow Wilson Institute en Washington, D.C para la obtención del material.
¿PRÍNCIPES O POLÍTICOS?
En México, cada año aumentan los sueldos de los políticos y gobernantes, sus percepciones salariales son excesivas y desmesuradas. Esto es un oprobio frente a un país que vive en crisis económica y al que no se le han cumplido las promesas de empleos de calidad y bien remunerados, por lo que la austeridad en el gasto público debiera ser una respuesta. El oneroso gasto corriente no se atribuye tan solo al Poder Ejecutivo Federal, se da también en los salarios de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los Magistrados del Tribunal Electoral Federal, en los Consejeros del IFE, en los Diputados Federales, en los Senadores, en el Ombudsman de los Derechos Humanos y un largo etcétera. Tampoco es exclusivo del nivel federal, los excesos están presentes a nivel estatal y municipal.
En el paquete fiscal de 2012, el Poder Ejecutivo plantea incrementar salarios para el próximo año y, con este aumento, algunos funcionarios, sobre todo del Poder Judicial de la Federación, percibirán los ingresos más altos del mundo por cargos públicos similares.
Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por ejemplo, ganarán 5 millones 892 mil 778 pesos anuales, incluidos sueldo base, compensación, prestaciones de previsión social, prima vacacional, aguinaldo, seguros de vida de gastos médicos mayores y de separación individualizada, estímulo de antigüedad, ayuda para anteojos y hasta un “estímulo del Día de la Madre” por mil pesos.
Los Consejeros de la Judicatura percibirán 3 millones 999 mil 413 pesos; más 5 millones 892 mil 778 pesos, y los Magistrados de la Sala Superior 3 millones 999 mil 413 anuales.
Los Consejeros Electorales ganarán 3 millones 33 mil 617 pesos y bruta de 4 millones 124 mil pesos anuales. En el Instituto Federal Electoral, el Secretario Ejecutivo obtendrá 221 mil pesos mensuales; el Secretario Particular del Consejero Presidente, 186 mil 492; los líderes de proyecto, 145 mil 216, 5 mil pesos menos que un diputado federal, y los coordinadores de enlace institucional, 120 mil.
El ombudsman de la Comisión Nacional para los Derechos Humanos, Raúl Plascencia, tendrá una percepción bruta anual de 4 millones 70 mil 340 pesos y neta de 2 millones 942 mil. El presidente del INEGI, Eduardo Sojo, percibirá un salario bruto de 3 millones 312 mil 686 pesos y neto de 2 millones 395 mil 172.
Los 128 senadores obtendrán una percepción bruta de 2 millones 709 mil 51 pesos y neta de un millón 978 mil 250; el secretario general del Senado, 3 millones 200 mil 69 pesos, en términos brutos y 2 millones 30 mil 850 netos.
Los 500 diputados federales tendrán un ingreso bruto de un millón 218 mil 840 pesos y neto de un millón 520 mil 151, mientras el secretario general ganará un sueldo bruto de 3 millones 567 mil 161 pesos y neto de 2 millones 640 mil 676.
Sueldos exhorbitantes para una triste realidad
Tenemos una burocracia cara, en un país en donde el gasto corriente para 2011 será de casi dos billones de pesos, inaceptable porque hay 60 millones de pobres y cada año crece la pobreza, y porque el salario mínimo en México es de 57.46 pesos diarios, el equivalente a unos mil 723 pesos mensuales. De acuerdo con estadísticas de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, organismo que decide el aumento anual a los sueldos de los trabajadores, se calcula que alrededor de 15% de la población trabajadora recibe un salario mínimo por su trabajo. La CNSM fija cada año un aumento al salario mínimo que ronda en uno o dos pesos anuales, en un país en donde la mitad de su población vive con menos de un dólar al día.
Estos políticos, funcionarios y gobernantes no desquitan el sueldo que cobran. Su productividad es baja, su legitimidad poca y su prestigio endeble.
Mientras una familia mexicana no puede adquirir una canasta básica con 55.84 pesos diarios, que es lo que le queda de salario neto menos impuestos, mucho menos pueden vivir un mes con ese ingreso y pagar comida, colegiaturas, agua, luz y gasto en salud, como lo dijo Ernesto Cordero, ex secretario de Hacienda.
México tiene una administración “obesa” y “despilfarradora”, amparada por la opacidad y la falta de transparencia. Las nóminas de las cúpulas políticas rebasan, en muchas ocasiones, el tope salarial impuesto por el decreto de la Presidencia de la República del 22 de julio de 2009, oponiéndose así a la reforma constitucional del artículo 127 que ordena que “ningún” servidor público puede recibir remuneración mayor a la establecida para el Presidente de la República, que asciende a 16 mil dólares como percepción bruta anual. La justificación de dicho decreto presidencial era de que el sueldo correspondiera a la responsabilidad del trabajo, cuestión que no parece suficiente.
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Se opone AMLO a gobierno de coalición
No podemos permitir un engaño a través de coaliciones o disfraces; si no hay cambio de régimen no vamos a encontrar la salida, dijo en una conferencia ofrecida en Washington.
La Jornada
Publicado: 11/10/2011 11:45
Washington, DC. Andrés Manuel López Obrador, líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se mostró cotrario a un gobierno de coalición para 2012 pues lo que México necesita es un cambio de régimen.
Luego de dictar una conferencia en el Centro Internacional Woodrow Wilson, López Obrador manifestó que no hay que permitir un engaño a través de "coaliciones o disfraces que representen en el fondo lo mismo, creo que si no hay un cambio de régimen no vamos a encontrar la salida, este régimen ya se pudrió, ya dio de sí, no se puede esperar nada bueno", afirmó.
No podemos, precisó, ir en alianza ni con el PRI ni con el PAN.
Por otro lado, destacó que en los últimos tiempos, la cooperación entre México y Estados Unidos se ha enfocado a temas de seguridad, sin atender las causas que han originado los problemas de violencia y la creciente migración de mexicanos a este país, expuso Andrés Manuel López Obrador.
Frente a ello, mencionó que propondrá al gobierno de Estados Unidos un cambio sustancial en la relación bilateral. "Insistiremos en que es más eficaz y más humano aplicar una política de cooperación para el desarrollo que, como sucede actualmente, dar prioridad a la cooperación policiaca y militar", dijo.
A ese respecto, criticó que en su primer acto público, el embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne haya entregado helicópteros y equipo al gobierno mexicano, "en lugar de cheques del Banco de Desarrollo".
Hoy, por ejemplo, dijo, el monto de ayuda de Estados Unidos a México es de 478 millones de dólares y, además de ser raquítico, casi en su totalidad, 450 millones, se destinan a la llamada Iniciativa Mérida.
En ese sentido, la propuesta que él defiende es priorizar el desarrollo y la creación de empleos en México.
Los problemas de índole económico y social, agregó, no se resuelven con medidas coercitivas. Tampoco se detendrá el flujo migratorio construyendo muros, haciendo razias, deportaciones o militarizando la frontera. Los mexicanos que vienen a buscarse la vida a los Estados Unidos, lo hacen por necesidad, no por gusto, añadió.
Por ello, López Obrador hizo llamado al presidente Barack Obama para que cumpla su compromiso de campaña de regularizar la situación migratoria de los mexicanos que trabajan en Estados Unidos.
En todo momento, expuso, debe actuarse pensando que por encima de las fronteras están los derechos universales del hombre: el derecho a la libertad de la palabra; el derecho a libertad de cultos; el derecho a vivir libres de miseria; y el derecho a vivir libres de temor; proclamados precisamente por el precurosor de la política de la buena vecindad, Franklin Delano Roosevelt.
El asunto de fondo es que Estados Unidos amplíe y reoriente su ayuda oficial a México. Para ello, añadió, estamos dispuestos a poner en correspondencia nuestro plan económico con el establecimiento de una nueva relación con el gobierno de Estados Unidos, fincada en la cooperación para el desarrollo y la ayuda mutua, en un marco de respeto a la independencia y soberanía de ambos países.
López Obrador también aprovechó para presentar los puntos más importantes del proyecto de nación del Morena, que se enfoca a cambiar la política económica, reorientando las oportunidades de desarrollo, toda vez que la falta de éste ha sido la causa por la que la violencia se ha extendido por el país.
En los últimos cinco años, subrayó, por la llamada “guerra contra el narcotráfico”, han perdido la vida alrededor de 50 mil mexicanos, en su mayoría jóvenes que no tuvieron oportunidades y fueron obligados por las circunstancias a tomar el camino de las conductas antisociales.
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Ha causado gran impacto la asistencia de Andrés Manuel López Obrador
AL PARECER, ha causado gran impacto la asistencia de Andrés Manuel López Obrador al Centro Internacional Woodrow Wilson, en Washington D.C., en donde participará como conferencista, en el marco del programa académico Diálogos con México. De hecho, la página de Internet de ese centro de investigación estadounidense informa que las solicitudes para este evento llegaron a su límite, por lo que se pide a los interesados que no hayan confirmado su asistencia, observar este acto vía Web. Lo sorprendente de esto –según algunos académicos mexicanos que fueron invitados— es que hace un año también estuvo presente en estas instalaciones el aspirante presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, quien, aseguran, apenas contó con una modesta audiencia.
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¡Juicio a Calderón! Julio Hernández López
Astillero
¿Coalición? ¡Alianza!
Maquila política
Beltrones encarece
HUMOR TRICOLOR. Enrique Peña Nieto y Manlio Fabio Beltrones durante un receso en la presentación de sus proyectos en el foro de la Fundación Colosio en ChihuahuaFoto La Jornada
S
in viabilidad para que luego de las elecciones federales del año que entra sea aplicada tal cual ahora se propone, la fluorescente tesis de los gobiernos de coalición acaba siendo una maniobra con sentido electoral inmediato, es decir, una variante mejor elaborada del modelo de pragmatismo extremo que PAN y PRD compartieron en varios estados del país durante comicios locales recientes.
No hay tiempo ni condiciones para que la mencionada tesis alcance forma jurídica y obligatoriedad (ni las cámaras del Congreso ni las bancadas partidistas pueden aún ponerse de acuerdo en los términos de una miscelánea de reformismo político planteada mucho tiempo atrás; menos lo harán ahora que todo está contaminado del interés electoral 2012), pero sí abona notablemente el surco del aliancismo en el que tanto han trabajado Felipe Calderón (como promotor fundamental sin el que nada habría avanzado), Manuel Camacho Solís (como principal operador), Marcelo Ebrard (como presunto beneficiario inmediato), la corriente de Los Chuchos (incesantes promotores del colaboracionismo con Calderón) y ahora, entre otros, dos aspirantes a la candidatura presidencial que están en desventaja en los procesos de sus propios partidos, el calculadamente modernizador Manlio Fabio Beltrones y el indeseado por Los Pinos, Santiago Creel.
El coalicionismo es la etapa superior del aliancismo y pretende someter las naturales discordancias que se producen en el actual sistema político (no por razones de forma, sino de fondo) a una forma elegante de maquila que envase y etiquete la pluralidad y su consecuente expresión diversa para ser presentadas en versiones
modernas. No se busca corregir a fondo el funcionamiento de un sistema evidenciado en su ineficacia constante, sino dar viabilidad a los proyectos considerados por las élites como buenos y necesarios. Las mayorías populares, relegadas hasta ahora a nichos de representación institucional minoritaria, habrían de ver, en este esquema de la
conciliación, que las batallas legislativas, políticas y sociales no atendidas ni satisfechas en los espacios tradicionales de poder deberían someterse a reglas derivadas de convenios entre las cúpulas.
En el plano de la especulación netamente electoral, la tesis de las coaliciones vitamina y potencia la idea de generar una nutrida alianza que pueda enfrentar el paso aparentemente imparable del PRI rumbo a Los Pinos. A pesar de las insistentes versiones de que el gobierno federal tiene un arsenal de suciedad para exhibir a Enrique Peña Nieto y su
Nuevo PRI, hasta ahora los obuses solamente han alcanzado al coahuilense Humberto Moreira, aunque en los pasillos palaciegos aseguran que comenzando 2012 saldrán archivos exterminadores del figurín mediático. Si no hubiera tal material, o si éste no resultara tan letal como se ha rumoreado, no quedará al calderonismo maltrecho otra opción que refugiarse en las alianzas bipartidistas, como sucedió en varios estados, de los cuales Puebla, Sinaloa y Oaxaca aportaron la ilusión óptica de que había ganado el antipriísmo, cuando simplemente se hicieron del poder, mediante nuevas fórmulas, cuadros relacionados, apadrinados y dependientes del viejo régimen, con tan deplorables resultados en esas entidades que la de por sí escéptica esperanza de cambios importantes en la manera de gobernar se ha diluido con rapidez.
A las sabidas pretensiones de unir al PAN y al PRD en 2012, acaso con Marcelo Ebrard como candidato predestinado, se agrega ahora el ingrediente sugestivo del priísta que a pesar de tener más experiencia y capacidad que su adversario mexiquense parece condenado a aceptar la cargada mediática y regional que ya da por instalado al sobrino de Arturo Montiel como el candidato de tres colores. El senador Beltrones ha jugado cartas reformistas desde el inicio de la tragedia calderonista y ahora las luce en lo alto para contrastar ideas frente a estética, propuestas frente a espots. El pleito con Peña Nieto por la candidatura será tan ríspido como las negociaciones internas tarden en cuajar, pero el sonorense y el mexiquense saben que su camino necesariamente es el del PRI, aunque requieren ponerse de acuerdo en el reparto del presunto poder por llegar. En ese trecho de gran movimiento mediático Beltrones podrá coquetear o hacer como que coquetea con propuestas audaces y modernizadoras, pero a fin de cuentas lo que hace es encarecer su valor de cambio, decidido a que la bandera de los gobiernos de coalición le permita a él dar paso a la aplanadora efectista de Peña Nieto, pero garantizarse para después del uno de diciembre de 2012 un papel clave en la segunda alternancia partidista (un retorno, en realidad), en la gobernabilidad y el rediseño institucional desde las élites.
Astillas
Hoy, a las 10 horas, en el Club de Periodistas, será dada a conocer la solicitud que más de 20 mil mexicanos hacen a la Corte Penal Internacional para que investigue los crímenes cometidos en los años recientes a cuento y cuenta de la
guerracontra el narcotráfico. La exigencia de juicio a Felipe Calderón se extiende a algunos de sus operadores directos, como los secretarios de la Defensa Nacional, de la Marina y de Seguridad Pública, pero, además, a jefes del negocio de las drogas como Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo... ¿Justicia? con sabor a venganza electorera: Adalberto Madero, Maderito, quien como presidente municipal de Monterrey hizo ver su suerte a Germán Martínez y a Felipe Calderón a la hora de imponer el dedazo de Los Pinos para la candidatura panista en Nuevo León, está en vías de ser inhabilitado para aspirar a cargo alguno en 2012 a causa de un proceso menor, en comparación con las versiones de alta corrupción en aquel cargo, en cuyo desahogo hubo de pagar poco más de 15 mil pesos de fianza para quedar en libertad... Y, mientras Calderón lamenta el alto número de desapariciones en el país, ¡hasta mañana, con Guerrero y Veracruz como planes pilotos de militarización nacional!
Twitter: @julioastillero
Facebook: Julio Astillero
Edil de Tlapa clama apoyo del PRI; niega haber ordenado ejecución de Villanueva
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A la derecha, el edil Willie Reyes, de quien se sospecha pagó por el asesinato del diputado Villanueva. Foto: Gobierno de Tlapa. |
Nacional
CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El alcalde priista de Tlapa de Comonfort, Willy Reyes Ramos, rechazó haber ordenado la ejecución del diputado federal y compañero de partido Moisés Villanueva, así como el de su chofer, Eric Estrada, y ante el silencio de la dirigencia estatal del PRI demandó solidaridad.
El edil tlapaneco, quien forma parte del grupo político del gobernador Ángel Aguirre y actualmente es investigado por la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ), porque presuntamente ordenó la ejecución del diputado federal mediante el pago de 300 mil pesos a cuatro sujetos, entre ellos un agente de la Policía Ministerial en funciones, reprochó la actitud asumida por los dirigentes del tricolor y dijo sentirse desprotegido.
Al respecto, señalo que los líderes estatales de su partido lo han buscado cuando “se trata de conseguir votos”, y en este momento que es señalado por la PGJ como el autor intelectual del doble crimen, la dirigencia estatal ha guardado silencio.
“Así como dudan de mí, yo dudaré de ellos”, expresó el edil inculpado, quien también dijo que el cargo de alcalde no se lo debe a la dirigencia, sino a los militantes.
Lo anterior durante una conferencia realizada por la noche en un restaurante al sur de esta capital, donde el abogado defensor del edil impugnado, Xavier Oléa Peláez, desestimó la línea de investigación de la PGJ que abrió contra su cliente por el doble crimen, debido a que, dijo, la investigación de la dependencia estatal está basada en “un testigo de oídas”.
El litigante señaló que para definir la autoría intelectual que la PGJ le imputa al edil tlapaneco, ésta primero tiene que definir el móvil y afirmó que las declaraciones de un testigo de oídas o aislado, “no tienen validez jurídica”.
Antes, también en una conferencia de prensa, la viuda del diputado federal priista Moisés Villanueva, Lucía Leyva Rojas aseguró que debido “a su comportamiento”, el alcalde Willy Reyes Ramos “si pudo haber ordenado” el crimen de su esposo y su asistente Eric Estrada.
La viuda definió a Reyes Ramos como “un sujeto que ambiciona el poder por el poder, a costa de lo que sea”.
¡Cuidado con las encuestas!
Álvaro Delgado
10 de octubre de 2011 · 3 Comentarios
Análisis
“Todas las encuestas se pueden manipular”, me dijo con toda naturalidad Federico Berrueto, director de Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) cuando, hace dos años, fui a conocer las instalaciones de su empresa, que ocupan dos pisos de un edificio sobre Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México.
Socio en GCE de Liébano Sáinz, secretario particular de Ernesto Zedillo como presidente de la República, Berrueto es visto con recelo por los empresarios del ramo que desde hace años acaparan el mercado porque, expuso, los desafió: Acostumbrados a fijar arbitrariamente las tarifas de los estudios de opinión, él abatió los costos y los hizo enfurecer.
Pero Berrueto y GCE, como el resto de las firmas que compiten por este mercado cautivo, cada vez más próspero, enfrentan también sospechas y dudas, en especial cuando se trata de competencia entre partidos y candidatos, una desconfianza social asociada a todo lo que tiene que ver con lo político y lo electoral.
Al iniciar formalmente el proceso electoral 2012, este viernes 7, los estudios de opinión serán cotidianos aún, pero así como son un insumo para la toma de decisiones de partidos y candidatos, pueden degradarse en recursos propagandísticos y, lo peor, convertirse en oráculos que hagan virtualmente inútiles las elecciones.
Eso pasó en el más reciente proceso electoral del Estado de México, donde las encuestas –como la que diariamente difundió GCE– fueron por lo menos distractores involuntarios de la parcialidad de los órganos electorales, el uso faccioso de recursos públicos y otros vicios para apoyar al candidato priista, Eruviel Avila, y eso comienza a replicarse a nivel federal con Enrique Peña Nieto, dándolo ya como ganador fatal de la elección presidencial del 1 de julio de 2012.
O como aconteció antes, en 2006, con dos firmas conocidas por su militancia en la derecha: Análisis de Resultados de Comunicación y Opinión Pública (Arcop), cuyo fundador, Rafael Giménez, es asesor de Felipe Calderón, y GEA-ISSA, cuyos directivos Jesús Reyes Heroles y Guillermo Valdés fueron directores de Pemex y el Cisen en este gobierno.
Por eso los ciudadanos todos, no sólo los usuarios habituales de los medios de comunicación, deben sujetar a un escrutinio riguroso no sólo a los políticos y gobernantes, sino a las empresas que hacen estudios de opinión para obligarlos a realizar un trabajo riguroso, sobre todo cuando lo divulgan.
La semana pasada, el martes 4 de octubre, Consulta Mitofsky , que dirige Roy Campos, dio a conocer la más reciente encuesta sobre la elección de 2012 que, entre otros aspectos, examina las preferencias de los partidos, candidatos y los diversos escenarios, incluidos la división de la izquierda y una alianza PAN-PRD.
La encuesta coloca a Enrique Peña Nieto en primer lugar de preferencias para ser candidato del PRI y para la Presidencia de la República; en el PAN las preferencias internas las encabeza Josefina Vázquez Mota, seguida de Santiago Creel y luego Ernesto Cordero, y el PRD tiene a Andrés Manuel López Obrador como puntero, seguido de Marcelo Ebrard.
Lo que me llamó la atención de esta encuesta de Consulta Mitofsky, que he observado también en otras como el propio GCE, es que al examinar a la izquierda se limitan sólo al PRD y se excluyen al Partido del Trabajo y a Movimiento Ciudadano, que hasta el viernes 7 se llamó Convergencia.
El único escenario de izquierda unida de esa casa encuestadora es cuando examina las alianzas y le da 17% a la unión de los tres partidos que se asumen con ese signo ideológico, mientras que el PRI-Partido Verde va como puntero, con 40%, seguido del PAN, con 19%. En los otros escenarios sólo se habla del PRD.
Así, en la combinación de candidatos, el PRI siempre va a la cabeza con Peña Nieto y aun con Manlio Fabio Beltrones, y López Obrador y Ebrard se mueven casi en el mismo porcentaje de competencia que Vázquez Mota y Creel, mientras que Cordero –qué novedad– está siempre en el sótano.
Según Consulta Mitofsky, en un escenario con izquierda dividida López Obrador lograría 9.6% con sólo el apoyo de PT y MC, mientras que Ebrard se quedaría con 6.4% únicamente del PRD. Aquí gana Peña Nieto con 48.4%, aunque 20% no declara su preferencia.
Si PAN y PRD se unen, Mitofsky dice que el resultado sería 14.8% para Ebrard como candidato y López Obrador, sólo apoyado por PT y MC, lograría 11.5%, mientras que Peña Nieto ganaría con 49%. Aquí 24.7% de los consultados no declara por quién votaría.
Leí, releí y no encontré en la encuesta de Consulta Mitofsky un dato fundamental: ¿Qué porcentaje obtiene el candidato de toda la izquierda, no sólo el PRD, ante los aspirantes de PAN y PRI? ¿Y qué porcentaje obtienen, en cada caso, López Obrador y Ebrard, supuestamente hoy casi empatados en la población abierta?
La noche del mismo 4 de octubre le escribí a Roy Campos, vía Twitter, por ser no sólo el responsable de la encuesta, sino porque es de los pocos profesionales de estos estudios que dialoga, polemiza y aun padece la rigurosa revisión ciudadana, a veces no tan de buena fe.
Le pregunté por qué en la combinación de candidatos excluyó a la izquierda unida y sólo incluyó al PRD, pero por ser ya la medianoche no respondió, como es su costumbre, por lo que a la mañana siguiente insistí en la omisión con una provocación afectiva: “¿Es maña?”
Roy lo negó de inmediato: “No, lo haré cuando los postulen, tampoco incluyo al PVEM con Peña, por ejemplo, aunque si llega el momento, se hará.”
Insistí: “Si no hay maña o sesgo, ¿por qué sí planteas escenarios de izquierda dividida y alianza PAN-PRD? Es al menos incongruente.” Roy rebatió: “Nadie ha hablado de dos panistas o dos priistas en la boleta, pero sí se ha dicho de dos perredistas, no invento nada”.
Volví al punto: “Correcto, Roy, pero en esa lógica está el escenario de la izquierda unida que omites”. Y, sin dar respuesta, trató de zafarse del intercambio: “Y a fin de cuentas, si no se cree en la encuesta tampoco pasa nada, no hace cambiar lo que la gente piensa hoy”.
Le reviré: “Sí pasa algo, Roy. Es un asunto de rigor y credibilidad. Si se suman los 2, 3 o 5 puntos de PT y MC cambia tendencias en la izquierda… La omisión tiene implicaciones: La suma de toda la izquierda sí hace diferencia respecto al PAN y rompe el empate técnico AMLO-Ebrard. ¿O no?”
Puse un ejemplo análogo: “Apliquemos esto en la derecha: Si el PVEM tiene 5 puntos y se suman al PAN, que empata con la izquierda, sí se hace diferencia.”
Roy Campos guardó silencio y se sumaron al intercambio los periodistas Fidel Ramírez Guerra, de Guanajuato, y Alejandro Lelo de Larrea, quien preguntó a Campos si, efectivamente, los votos del PT y MC están incluidos en la encuesta: “Se incluye por partidos –respondió–, no por candidato (tampoco PVEM)”.
Insistió Alejandro: “Pero a Convergencia y al PT los agrupas en tu gráfica del PRD, ¿no? ¿Y al PVEM con el PRI?” Respondió Roy: “Así es, cuando es por partido los agrego porque están separados en la boleta, como será en julio”.
Pero Roy Campos ya no dijo nada sobre el porcentaje que obtiene el candidato respaldado por los tres partidos de izquierda, sea López Obrador o Ebrard. Y es deseable, por la credibilidad de la que se preocupa, que Consulta Mitofsky proporcione ese dato.
No pongo en entredicho la honorabilidad de Roy Campos ni de la empresa que dirige, pero las dudas no pueden ser desatendidas, porque gravita la sospecha de que, como reconoce Berrueto, “todas las encuestas se pueden manipular”.
Apuntes
En Michoacán, donde Felipe Calderón se ha propuesto imponer a su hermana Luisa María –que en las fotografías de campaña aparece blanqueada artificialmente como Michael Jackson–, se propaga una versión: Se gesta una alianza “de facto” con el sector del perredismo que quiere una alianza PAN-PRD en 2012 con Ebrard de candidato y a ese sector pertenecen Silvano Aureoles, el candidato, y aun el aprisionado gobernador Leonel Godoy…
Comentarios: delgado@proceso.com.mx y Twitter: @alvaro_delgado
10 de octubre de 2011 · 3 Comentarios
Análisis
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| Roy Campos, director de Consulta Mitofsky. |
Socio en GCE de Liébano Sáinz, secretario particular de Ernesto Zedillo como presidente de la República, Berrueto es visto con recelo por los empresarios del ramo que desde hace años acaparan el mercado porque, expuso, los desafió: Acostumbrados a fijar arbitrariamente las tarifas de los estudios de opinión, él abatió los costos y los hizo enfurecer.
Pero Berrueto y GCE, como el resto de las firmas que compiten por este mercado cautivo, cada vez más próspero, enfrentan también sospechas y dudas, en especial cuando se trata de competencia entre partidos y candidatos, una desconfianza social asociada a todo lo que tiene que ver con lo político y lo electoral.
Al iniciar formalmente el proceso electoral 2012, este viernes 7, los estudios de opinión serán cotidianos aún, pero así como son un insumo para la toma de decisiones de partidos y candidatos, pueden degradarse en recursos propagandísticos y, lo peor, convertirse en oráculos que hagan virtualmente inútiles las elecciones.
Eso pasó en el más reciente proceso electoral del Estado de México, donde las encuestas –como la que diariamente difundió GCE– fueron por lo menos distractores involuntarios de la parcialidad de los órganos electorales, el uso faccioso de recursos públicos y otros vicios para apoyar al candidato priista, Eruviel Avila, y eso comienza a replicarse a nivel federal con Enrique Peña Nieto, dándolo ya como ganador fatal de la elección presidencial del 1 de julio de 2012.
O como aconteció antes, en 2006, con dos firmas conocidas por su militancia en la derecha: Análisis de Resultados de Comunicación y Opinión Pública (Arcop), cuyo fundador, Rafael Giménez, es asesor de Felipe Calderón, y GEA-ISSA, cuyos directivos Jesús Reyes Heroles y Guillermo Valdés fueron directores de Pemex y el Cisen en este gobierno.
Por eso los ciudadanos todos, no sólo los usuarios habituales de los medios de comunicación, deben sujetar a un escrutinio riguroso no sólo a los políticos y gobernantes, sino a las empresas que hacen estudios de opinión para obligarlos a realizar un trabajo riguroso, sobre todo cuando lo divulgan.
La semana pasada, el martes 4 de octubre, Consulta Mitofsky , que dirige Roy Campos, dio a conocer la más reciente encuesta sobre la elección de 2012 que, entre otros aspectos, examina las preferencias de los partidos, candidatos y los diversos escenarios, incluidos la división de la izquierda y una alianza PAN-PRD.
La encuesta coloca a Enrique Peña Nieto en primer lugar de preferencias para ser candidato del PRI y para la Presidencia de la República; en el PAN las preferencias internas las encabeza Josefina Vázquez Mota, seguida de Santiago Creel y luego Ernesto Cordero, y el PRD tiene a Andrés Manuel López Obrador como puntero, seguido de Marcelo Ebrard.
Lo que me llamó la atención de esta encuesta de Consulta Mitofsky, que he observado también en otras como el propio GCE, es que al examinar a la izquierda se limitan sólo al PRD y se excluyen al Partido del Trabajo y a Movimiento Ciudadano, que hasta el viernes 7 se llamó Convergencia.
El único escenario de izquierda unida de esa casa encuestadora es cuando examina las alianzas y le da 17% a la unión de los tres partidos que se asumen con ese signo ideológico, mientras que el PRI-Partido Verde va como puntero, con 40%, seguido del PAN, con 19%. En los otros escenarios sólo se habla del PRD.
Así, en la combinación de candidatos, el PRI siempre va a la cabeza con Peña Nieto y aun con Manlio Fabio Beltrones, y López Obrador y Ebrard se mueven casi en el mismo porcentaje de competencia que Vázquez Mota y Creel, mientras que Cordero –qué novedad– está siempre en el sótano.
Según Consulta Mitofsky, en un escenario con izquierda dividida López Obrador lograría 9.6% con sólo el apoyo de PT y MC, mientras que Ebrard se quedaría con 6.4% únicamente del PRD. Aquí gana Peña Nieto con 48.4%, aunque 20% no declara su preferencia.
Si PAN y PRD se unen, Mitofsky dice que el resultado sería 14.8% para Ebrard como candidato y López Obrador, sólo apoyado por PT y MC, lograría 11.5%, mientras que Peña Nieto ganaría con 49%. Aquí 24.7% de los consultados no declara por quién votaría.
Leí, releí y no encontré en la encuesta de Consulta Mitofsky un dato fundamental: ¿Qué porcentaje obtiene el candidato de toda la izquierda, no sólo el PRD, ante los aspirantes de PAN y PRI? ¿Y qué porcentaje obtienen, en cada caso, López Obrador y Ebrard, supuestamente hoy casi empatados en la población abierta?
La noche del mismo 4 de octubre le escribí a Roy Campos, vía Twitter, por ser no sólo el responsable de la encuesta, sino porque es de los pocos profesionales de estos estudios que dialoga, polemiza y aun padece la rigurosa revisión ciudadana, a veces no tan de buena fe.
Le pregunté por qué en la combinación de candidatos excluyó a la izquierda unida y sólo incluyó al PRD, pero por ser ya la medianoche no respondió, como es su costumbre, por lo que a la mañana siguiente insistí en la omisión con una provocación afectiva: “¿Es maña?”
Roy lo negó de inmediato: “No, lo haré cuando los postulen, tampoco incluyo al PVEM con Peña, por ejemplo, aunque si llega el momento, se hará.”
Insistí: “Si no hay maña o sesgo, ¿por qué sí planteas escenarios de izquierda dividida y alianza PAN-PRD? Es al menos incongruente.” Roy rebatió: “Nadie ha hablado de dos panistas o dos priistas en la boleta, pero sí se ha dicho de dos perredistas, no invento nada”.
Volví al punto: “Correcto, Roy, pero en esa lógica está el escenario de la izquierda unida que omites”. Y, sin dar respuesta, trató de zafarse del intercambio: “Y a fin de cuentas, si no se cree en la encuesta tampoco pasa nada, no hace cambiar lo que la gente piensa hoy”.
Le reviré: “Sí pasa algo, Roy. Es un asunto de rigor y credibilidad. Si se suman los 2, 3 o 5 puntos de PT y MC cambia tendencias en la izquierda… La omisión tiene implicaciones: La suma de toda la izquierda sí hace diferencia respecto al PAN y rompe el empate técnico AMLO-Ebrard. ¿O no?”
Puse un ejemplo análogo: “Apliquemos esto en la derecha: Si el PVEM tiene 5 puntos y se suman al PAN, que empata con la izquierda, sí se hace diferencia.”
Roy Campos guardó silencio y se sumaron al intercambio los periodistas Fidel Ramírez Guerra, de Guanajuato, y Alejandro Lelo de Larrea, quien preguntó a Campos si, efectivamente, los votos del PT y MC están incluidos en la encuesta: “Se incluye por partidos –respondió–, no por candidato (tampoco PVEM)”.
Insistió Alejandro: “Pero a Convergencia y al PT los agrupas en tu gráfica del PRD, ¿no? ¿Y al PVEM con el PRI?” Respondió Roy: “Así es, cuando es por partido los agrego porque están separados en la boleta, como será en julio”.
Pero Roy Campos ya no dijo nada sobre el porcentaje que obtiene el candidato respaldado por los tres partidos de izquierda, sea López Obrador o Ebrard. Y es deseable, por la credibilidad de la que se preocupa, que Consulta Mitofsky proporcione ese dato.
No pongo en entredicho la honorabilidad de Roy Campos ni de la empresa que dirige, pero las dudas no pueden ser desatendidas, porque gravita la sospecha de que, como reconoce Berrueto, “todas las encuestas se pueden manipular”.
Apuntes
En Michoacán, donde Felipe Calderón se ha propuesto imponer a su hermana Luisa María –que en las fotografías de campaña aparece blanqueada artificialmente como Michael Jackson–, se propaga una versión: Se gesta una alianza “de facto” con el sector del perredismo que quiere una alianza PAN-PRD en 2012 con Ebrard de candidato y a ese sector pertenecen Silvano Aureoles, el candidato, y aun el aprisionado gobernador Leonel Godoy…
Comentarios: delgado@proceso.com.mx y Twitter: @alvaro_delgado
Denuncian a Ulises Ruiz por peculado y enriquecimiento ilícito
Pedro Matias
El exvocero de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), César David Mateos Benítez, presentó ante la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) una denuncia penal contra el exgobernador Ulises Ruiz por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y peculado.
De acuerdo con Mateos Benítez, quien llegó a la PGJE acompañado de su abogado, Gilberto López, el daño patrimonial que el exmandatario causó al pueblo de Oaxaca asciende a más de siete mil millones de pesos.
En conferencia de prensa, señaló que durante el sexenio del gobernador Ulises Ruiz Ortiz el estado fue “saqueado como nunca”.
Además, dijo que desde 2007 la Procuraduría General de la República (PGR) sigue dos procesos penales interpuestos por la Secretaría de la Función Pública (SFP) contra la administración de Ulises Ruiz Ortiz.
Se trata de las averiguaciones previas 008/UEIDCSPCAJ/2007 y 007/UEIDCSPCAJ/2007 contra el Sistema de Salud del estado en su totalidad, “por posible peculado en el ejercicio indebido y administración fraudulenta”.
El vocero de la APPO denunció que la familia del exgobernador acumuló grandes riquezas: poseen terrenos, departamentos, gasolineras, compañías de representación industrial y clínicas de diagnóstico que aparecen a nombre de diversas personas, entre ellas su esposa, María de Lourdes Salinas, y su madre, Juventina Ortiz Vizario.
Entre esas propiedades destacan, en el Distrito Federal, un departamento en el fraccionamiento Fuentes del Pedregal y otro en la colonia del Valle, así como empresas en las que la esposa de Ruiz Ortiz figura como la principal inversionista: Inmobiliaria Gieshuba, Inmobiliaria Giechachi (con un capital inicial de 10 millones de pesos cada una), Videos Médicos Científicos (iniciada con 2 millones) y Sedna Hospital (con un millón de pesos), de acuerdo con la querella presentada ante la PGJE.
El exvocero de la APPO refirió que mientras Oaxaca es la entidad con menor acceso a los servicios de salud y la que registra la mayor mortalidad femenina y el más alto índice de analfabetismo, donde además la mayoría de la población económicamente activa percibe solamente un salario mínimo o menos, el “tirano” mandó construir en el número 5268 de la avenida Periférico Sur, delegación Coyoacán, el Hospital Sedna, un conjunto arquitectónico “inteligente”, equipado con tecnología médica de vanguardia.
Y comparó que mientras el gobierno federal le asignó a Oaxaca 2 mil millones de pesos en 2009, expertos en bienes raíces y equipamiento médico valuaban el Hospital Sedna en mil 500 millones.
Para interponer la denuncia, el también integrante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) dijo que se basó en las declaraciones de la contralora Perla Woolrich Fernández, quien informó de un quebranto de más de 3 mil 600 millones de pesos, luego de realizar 16 auditorías al ejercicio fiscal 2010, aunque los desvíos cometidos en la anterior administración gubernamental ascienden al doble de la cantidad mencionada.
César Mateos afirmó que “este delincuente (Ulises Ruiz) no actuó solo, pues para llevar a cabo sus fechorías contó con una red de funcionarios, abogados, periodistas, prestanombres y políticos corruptos, todos los cuales también deben ser investigados en razón del daño que han causado al pueblo de Oaxaca”.
Añadió:
“Yo no comparto que esta camarilla de políticos sin menor recato y sin vergüenza alguna, ahora estén haciendo escandalosas campañas para volver a ser diputados o senadores. Eso es aberrante y la sociedad no lo debe permitir”.
Precisó que “con el mismo dinero que saquearon, que era para salud, alimentación e infraestructura, con ese mismo dinero están sufragando sus campañas”.
No quiero, dijo, que se vea como un asunto de venganza, sino de justicia, que se le juzgue como lo marca la ley.
Asimismo, pidió al procurador del estado que la dependencia a su cargo cumpla con su obligación de investigar estos delitos patrimoniales y determinar quiénes más participaron, pues “hubiese sido imposible cometerlos sin una amplia red de de delincuentes, traficantes de influencias y políticos corruptos”, dijo.
En noviembre de 2008, César Mateos interpuso ante la Procuraduría General de la República una denuncia contra el entonces gobernador Ulises Ruiz y otros funcionarios, acusados de tortura, debido al trato recibido a partir de su detención, en noviembre de 2006. Pese a que la tortura fue certificada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la demanda aún no ha dado resultados.
Posteriormente, en 2010, inició una demanda de juicio político, también contra Ulises Ruiz, por violaciones graves a la Constitución cometidas contra el pueblo de Oaxaca durante la represión gubernamental al movimiento social de 2006 y 2007.
El Congreso local ocultó la denuncia, lo que derivó en un nuevo proceso federal.
De acuerdo con Mateos Benítez, la demanda penal interpuesta este lunes ante la PGJE por delitos patrimoniales, “de ninguna manera implica una claudicación en la búsqueda de justicia sobre los crímenes políticos cometidos por Ulises Ruiz Ortiz y su corte”, pues “en esta lucha continuamos aún en espera de respuesta en el ámbito federal”, puntualizó.
De acuerdo con Mateos Benítez, quien llegó a la PGJE acompañado de su abogado, Gilberto López, el daño patrimonial que el exmandatario causó al pueblo de Oaxaca asciende a más de siete mil millones de pesos.
En conferencia de prensa, señaló que durante el sexenio del gobernador Ulises Ruiz Ortiz el estado fue “saqueado como nunca”.
Además, dijo que desde 2007 la Procuraduría General de la República (PGR) sigue dos procesos penales interpuestos por la Secretaría de la Función Pública (SFP) contra la administración de Ulises Ruiz Ortiz.
Se trata de las averiguaciones previas 008/UEIDCSPCAJ/2007 y 007/UEIDCSPCAJ/2007 contra el Sistema de Salud del estado en su totalidad, “por posible peculado en el ejercicio indebido y administración fraudulenta”.
El vocero de la APPO denunció que la familia del exgobernador acumuló grandes riquezas: poseen terrenos, departamentos, gasolineras, compañías de representación industrial y clínicas de diagnóstico que aparecen a nombre de diversas personas, entre ellas su esposa, María de Lourdes Salinas, y su madre, Juventina Ortiz Vizario.
Entre esas propiedades destacan, en el Distrito Federal, un departamento en el fraccionamiento Fuentes del Pedregal y otro en la colonia del Valle, así como empresas en las que la esposa de Ruiz Ortiz figura como la principal inversionista: Inmobiliaria Gieshuba, Inmobiliaria Giechachi (con un capital inicial de 10 millones de pesos cada una), Videos Médicos Científicos (iniciada con 2 millones) y Sedna Hospital (con un millón de pesos), de acuerdo con la querella presentada ante la PGJE.
El exvocero de la APPO refirió que mientras Oaxaca es la entidad con menor acceso a los servicios de salud y la que registra la mayor mortalidad femenina y el más alto índice de analfabetismo, donde además la mayoría de la población económicamente activa percibe solamente un salario mínimo o menos, el “tirano” mandó construir en el número 5268 de la avenida Periférico Sur, delegación Coyoacán, el Hospital Sedna, un conjunto arquitectónico “inteligente”, equipado con tecnología médica de vanguardia.
Y comparó que mientras el gobierno federal le asignó a Oaxaca 2 mil millones de pesos en 2009, expertos en bienes raíces y equipamiento médico valuaban el Hospital Sedna en mil 500 millones.
Para interponer la denuncia, el también integrante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) dijo que se basó en las declaraciones de la contralora Perla Woolrich Fernández, quien informó de un quebranto de más de 3 mil 600 millones de pesos, luego de realizar 16 auditorías al ejercicio fiscal 2010, aunque los desvíos cometidos en la anterior administración gubernamental ascienden al doble de la cantidad mencionada.
César Mateos afirmó que “este delincuente (Ulises Ruiz) no actuó solo, pues para llevar a cabo sus fechorías contó con una red de funcionarios, abogados, periodistas, prestanombres y políticos corruptos, todos los cuales también deben ser investigados en razón del daño que han causado al pueblo de Oaxaca”.
Añadió:
“Yo no comparto que esta camarilla de políticos sin menor recato y sin vergüenza alguna, ahora estén haciendo escandalosas campañas para volver a ser diputados o senadores. Eso es aberrante y la sociedad no lo debe permitir”.
Precisó que “con el mismo dinero que saquearon, que era para salud, alimentación e infraestructura, con ese mismo dinero están sufragando sus campañas”.
No quiero, dijo, que se vea como un asunto de venganza, sino de justicia, que se le juzgue como lo marca la ley.
Asimismo, pidió al procurador del estado que la dependencia a su cargo cumpla con su obligación de investigar estos delitos patrimoniales y determinar quiénes más participaron, pues “hubiese sido imposible cometerlos sin una amplia red de de delincuentes, traficantes de influencias y políticos corruptos”, dijo.
En noviembre de 2008, César Mateos interpuso ante la Procuraduría General de la República una denuncia contra el entonces gobernador Ulises Ruiz y otros funcionarios, acusados de tortura, debido al trato recibido a partir de su detención, en noviembre de 2006. Pese a que la tortura fue certificada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la demanda aún no ha dado resultados.
Posteriormente, en 2010, inició una demanda de juicio político, también contra Ulises Ruiz, por violaciones graves a la Constitución cometidas contra el pueblo de Oaxaca durante la represión gubernamental al movimiento social de 2006 y 2007.
El Congreso local ocultó la denuncia, lo que derivó en un nuevo proceso federal.
De acuerdo con Mateos Benítez, la demanda penal interpuesta este lunes ante la PGJE por delitos patrimoniales, “de ninguna manera implica una claudicación en la búsqueda de justicia sobre los crímenes políticos cometidos por Ulises Ruiz Ortiz y su corte”, pues “en esta lucha continuamos aún en espera de respuesta en el ámbito federal”, puntualizó.
Que no saben quién endeudó a Coahuila....
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 11 de octubre de 2011, p. 8
Saltillo, Coah., 10 de octubre. La Fiscalía General de Coahuila terminará en breve la investigación sobre la presunta falsificación de documentos que servidores públicos estatales habrían cometido para que la entidad accediera a créditos por 3 mil millones de pesos.
El titular de la dependencia, Jesús Torres Charles, aseguró que existen dos denuncias penales integradas por el Ministerio Público en un mismo expediente: la de diputados locales del PAN, presentada en junio, y la que en su condición de ciudadano hizo el gobernador con licencia Humberto Moreira Valdés, el 30 de agosto.
Hay una denuncia que se interpuso en la fiscalía; no tengo la fecha exacta, pero tiene semanas que esto sucedió y está acumulada con la querella que interpusieron los diputados del PAN; en marzo se detectó el documento apócrifo, pero la denuncia se puso después, cuando se dio cuenta de ello, señaló el investigador.
Reveló que la acusación interpuesta por Moreira es en contra de quien resulte responsable por delitos que el Código Penal de la entidad no penaliza como graves.
La denuncia es en contra de quien resulte responsable; en principio podría hablarse de falsificación, cuya penalidad es hasta de cinco años de cárcel; uso de documentos falsos, que también sería de cinco o seis años, y ejercicio indebido de atribuciones, que debe ser de cinco o seis años. Si son varios los delitos, añadió, la pena se puede incrementar hasta dos tercios de la más alta, es decir, aproximadamente 10 años de prisión.
De la averiguación se desprende que funcionarios estatales hasta ahora no identificados por la autoridad habrían recurrido a decretos apócrifos del Congreso estatal para endeudar a Coahuila con 3 mil millones de pesos, facilitados por bancos.
En suma, la deuda pública estatal asciende a 33 mil 800 millones de pesos, que se liquidarán en un plazo de 20 años.
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