Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 11 de octubre de 2011, p. 8
Saltillo, Coah., 10 de octubre. La Fiscalía General de Coahuila terminará en breve la investigación sobre la presunta falsificación de documentos que servidores públicos estatales habrían cometido para que la entidad accediera a créditos por 3 mil millones de pesos.
El titular de la dependencia, Jesús Torres Charles, aseguró que existen dos denuncias penales integradas por el Ministerio Público en un mismo expediente: la de diputados locales del PAN, presentada en junio, y la que en su condición de ciudadano hizo el gobernador con licencia Humberto Moreira Valdés, el 30 de agosto.
Hay una denuncia que se interpuso en la fiscalía; no tengo la fecha exacta, pero tiene semanas que esto sucedió y está acumulada con la querella que interpusieron los diputados del PAN; en marzo se detectó el documento apócrifo, pero la denuncia se puso después, cuando se dio cuenta de ello, señaló el investigador.
Reveló que la acusación interpuesta por Moreira es en contra de quien resulte responsable por delitos que el Código Penal de la entidad no penaliza como graves.
La denuncia es en contra de quien resulte responsable; en principio podría hablarse de falsificación, cuya penalidad es hasta de cinco años de cárcel; uso de documentos falsos, que también sería de cinco o seis años, y ejercicio indebido de atribuciones, que debe ser de cinco o seis años. Si son varios los delitos, añadió, la pena se puede incrementar hasta dos tercios de la más alta, es decir, aproximadamente 10 años de prisión.
De la averiguación se desprende que funcionarios estatales hasta ahora no identificados por la autoridad habrían recurrido a decretos apócrifos del Congreso estatal para endeudar a Coahuila con 3 mil millones de pesos, facilitados por bancos.
En suma, la deuda pública estatal asciende a 33 mil 800 millones de pesos, que se liquidarán en un plazo de 20 años.
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