domingo, 27 de julio de 2014
La caída de Moreno Valle: Riva Palacio
El gobernador está descontrolado y con la mira extraviada al tratar de salvar con explicaciones legales, un problema político, el de Chalchihuapan.
Por : Raymundo Riva Palacio / Estrictamente Persona
El gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, está en barrena. Lleva una semana en reuniones en la ciudad de México con políticos y medios para explicar que en los enfrentamientos del 9 de julio en San Bernardino, Chalchihuapan, que provocaron la muerte de un menor de 13 años, no hay responsabilidad de sus policías que actuaron, asegura, de acuerdo con los protocolos establecidos. El gobernador está descontrolado y con la mira extraviada al tratar de salvar con explicaciones legales, un problema político.
Aspirante a la candidatura presidencial en 2018, para lo cual trabaja meticulosamente desde hace cuando menos dos años, Moreno Valle enfrenta el vacío de su partido y dirigencia –Gustavo Madero, el líder nacional, también quiere la candidatura presidencial-, pero sobretodo, la embestida del gobierno federal, a través del PRI, que han encontrado en la sangre vertida en Chalchihuapan, una oportunidad para hundirlo. Los 54 senadores del PRI, la cámara que por decisión presidencial se encuentra bajo la responsabilidad del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, publicó este miércoles un exhorto en la Gaceta Parlamentaria que por el tono y el fraseo, es inédito en su virulencia.
Los senadores recuerdan que el 9 de julio la comunidad de San Bernardino se manifestó para solicitar al gobierno la restitución del Registro Civil en las juntas auxiliares, y que se liberara a 37 vecinos del municipio que fueron detenidos por oponerse a la construcción del Arco Poniente y el Gasoducto Morelos. Pero la respuesta, añadieron, “dejan de manifiesto la intolerancia, represión e inobservancia de los derechos humanos por parte del Ejecutivo de aquella entidad”. Y agregaron: “Para dimensionar la gravedad de los hechos, es oportuno referir que durante el enfrentamiento que se prolongó por casi tres horas, alrededor de 100 personas sufrieron lesiones leves y 3 más, incluido un menor de edad, lesiones graves. En el caso del menor, testigos de los hechos señalan que el impacto fue causado con una de las balas de goma con las que, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública sometieron a los manifestantes.
“Los hechos se tornan aún más graves debido a que personal médico dio a conocer que después de que se le realizaran las pruebas de encefalograma y ultrasonido cerebral, el menor de edad fue declarado clínicamente con muerte cerebral y el 19 de julio falleció. Desde entonces, además del gran dolor que representa perder a un hijo, la familia del menor de edad ha recibido malos tratos por parte de autoridades del Estado de Puebla”.
Si esos párrafos encierran en sí una acusación brutal por el lenguaje, los tres siguientes son de antología:
“Aunque el gobernador de la entidad ha manifestado que el deceso fue causado por un cohete utilizado por los propios manifestantes y no por un proyectil como los testigos y la madre el menor afirman, la realidad es que el menor de tan sólo 13 años, murió a causa de la política criminal implementada por el gobernador, Rafael Moreno Valle Rosas.
“Es clara la inobservancia de los principios de: racionalidad, la fuerza será empleada atendiendo a los elementos lógico-objetivos en relación al evento; necesidad, el uso de la fuerza es la última alternativa; y proporcionalidad, la fuerza debe ser acorde con la amenaza –características del agresor, antecedentes, armamento, resistencia u oposición-. Por el contrario, hubo un exceso en las actuaciones, mismos que deben ser investigados a profundidad sin injerencia del Ejecutivo de la entidad y sin mayor dilación.
“En el mismo sentido, lejos de proteger y servir a todas las personas de la comunidad, los elementos policiacos de Puebla, han cometido actos irregulares y probablemente ilícitos, transgredido la integridad de la población y limitado la libertad, peor aún, quedan de manifiesto conductas que se traducen en ladenigración del ser humano, abuso de autoridad, lesiones innecesarias y desproporcionales”.
Moreno Valle, que es un político con experiencia, debe entender que su problema no se detiene en los medios. El corazón está en la Presidencia de la República, que a través de la Secretaría de Gobernación movió a todo el Grupo Parlamentario del PRI en su contra. Desde el año pasado estaba en la mira del gobierno federal, luego de observar el gasto en obra pública que realizaba pese a la desaceleración económica y a que la Secretaría de Hacienda no había liberado el presupuesto.
Moreno Valle, el subproducto político más acabado en el entorno de la defenestrada líder magisterial, Elba Esther Gordillo, leyó correctamente que sus enemigos lo estaban cazando e hizo un repliegue táctico. Disminuyó su presencia fuera de Puebla, pero la PGR reactivó dos averiguaciones previas en el área de delincuencia organizada, que mantenía como opciones latentes contra él. Los acontecimientos en Chalchihuapan, donde hace más de un año existe un conflicto entre católicos respaldados por la organización parapriista Antorcha Campesina y evangelistas, fueron aprovechados rápidamente por el gobierno federal y el PRI, que quiere arrancarle el control de su futuro político.
Moreno Valle sabe que al enemigo, si no se le acaba, se le fortalece. Su problema es que Chalchihuapan le arrebató la iniciativa, lo aturdió, y lo dejó sin claridad sobre qué rumbo debe seguir, entregándose cada vez más, a sus enemigos.
Fin del sueño.- DENISE DRESSER
El sueño sobre el sexenio de Enrique Peña Nieto duró un año y poco más. Las portadas triunfalistas, los artículos apoteósicos, los aplausos sin fin. El presidente que iba a salvar a México. El líder que a base de reformas iba a mover al país. El equipo que acabaría con la pesadilla de parálisis y violencia que caracterizó los periodos de sus predecesores. Así se hablaba, así se celebraba, así se alababa. Pero al parecer el adormecimiento adulador ha llegado a su fin, como lo ejemplifica la portada de la revista Forbes donde se afirma que Enrique Peña Nieto está perdiendo sus mejores años para detonar el crecimiento económico de México. Que la tasa prometida se ve lejana. Que una burbuja financiera podría acabar con las expectativas excelsas que Los Pinos generó.
Porque los riesgos están por doquier, y no sólo se encuentran en los pronósticos de crecimiento económico a la baja para este año. Basta con ver cómo la Reserva Federal estadunidense aprieta las condiciones monetarias. O cómo la economía china se desacelera abruptamente. O cómo Europa enfrenta deflación. O cómo comienzan a crecer las burbujas en las bolsas, en los bonos soberanos, en la deuda corporativa, en las materias primas, en el crédito. Allí, los ingredientes para una crisis, para un estallido, para una situación peligrosa a nivel mundial que afectaría la estabilidad nacional. Allí, los retos que crecen en la medida en que la economía mexicana no lo hace.
Y ante la posibilidad de una recesión global, la tentación en la que el PRI ha caído recurrentemente. Sexenio tras sexenio. Decisiones equivocadas impulsadas por el incentivo perverso de incurrir en déficits públicos para estimular la economía. Irresponsabilidad en el manejo de las finanzas con el objetivo de comprar elecciones y paz social. Despilfarro en la utilización de los recursos provistos por la reforma petrolera. Prácticas priistas del pasado que podrían repetirse en el futuro. Un gobierno que gasta y gasta y gasta para perpetuar a su partido en el poder. Un gobierno que actúa conforme a imperativos políticos en lugar de encarar realidades económicas. Los desequilibrios y las vulnerabilidades de México, así como su inserción en una economía global inestable.
Resulta ser que todo lo ofrecido, prometido, negociado, acordado, no ha sido suficiente aún. Ni la reforma laboral. Ni la reforma educativa. Ni la reforma fiscal. Ni la reforma en telecomunicaciones. Ni la reforma energética. Todo aquello que iba –supuestamente– a transformar la economía, liberalizar el mercado de trabajo, mejorar la enseñanza, estimular el crédito, fortalecer las finanzas públicas, romper con los monopolios en telefonía y televisión, modernizar al sector energético a través de la inversión privada. Todo aquello que si se hacía bien iba a propulsar a México al Primer Mundo. A la prosperidad. Al grupo de países emergentes que crecen a tasas aceleradas. Al lugar que desde el sexenio de Carlos Salinas se nos dijo que la nación podría y debería llegar.
Pero como argumenta la revista Forbes, los últimos dos años han sido descorazonadores. En 2013 México cayó en un bache del cual no ha logrado salir. Pasó de crecer 3.9% en 2012 a sólo 1.1%. en 2013. Pasó de situarse como una de las economías más dinámicas a nivel global a ser una de las más alicaídas a nivel regional. Y la pregunta para la cual no ha habido una respuesta gubernamental clara es: ¿por qué? A veces se dice que la razón es la economía estadunidense. A veces se alude al entorno global. A veces se alude al tiempo que tardará la implementación de reformas que todavía están en el papel. O quizás, como sugiere Raúl Feliz, del CIDE, el error fundamental fue aprobar todas las reformas de golpe. Sin priorizar, sin ver cuál era la más importante, la más urgente, la más necesaria.
Y ahora que finalmente se ha aprobado la que el gobierno considera detonadora del crecimiento –la energética– habrá que ver si puede cumplir con las expectativas que creó. La apuesta es enorme, la eficacia del gobierno es pobre, los retos regulatorios son inmensos, la posibilidad de que la reforma produzca una cueva de Ali Babá es real. La reforma se aplicará en un contexto de mal gobierno, de alta inseguridad, de reglas demasiado flexibles, de leyes que rara vez se cumplen. Ello, atado a la rapacidad de quienes ven el sector energético como un botín, puede producir un resultado muy distinto al prometido. Un resultado donde ganan los inversionistas pero pierden los consumidores; donde gana el sindicato que preserva sus privilegios pero pierden aquellos que los quisieran acotar; donde ganan los intereses corporativos pero pierden los intereses ciudadanos.
Mientras espera que la reforma energética resucite el sueño edulcorado, el gobierno no ha sabido cómo lidiar con el desplome en el sector de la construcción, que ha arrastrado a toda la economía hacia abajo. No ha sabido cómo lidiar con el rezago en 2013 de la ejecución del gasto público en infraestructura. No ha sabido lidiar con el efecto contraproducente de una reforma fiscal que socavó el crecimiento al reducir la capacidad de consumo y la demanda interna. Y de allí la paradoja: El gobierno tiene más recursos y la economía crece menos. La recaudación ha aumentado y el consumidor disminuye su gasto al sentirse exprimido. El “keynesianismo” gubernamental que reinyecte recursos a la economía y la reactive no ha ocurrido. El reloj corre, el tiempo transcurre, y México no se mueve.
Porque hay demasiada incertidumbre, porque las intenciones del gobierno no son claras, porque las preguntas en torno al uso del dinero público prevalecen, porque las reformas tocan algunos intereses enquistados, pero no lo suficiente. Por ello las interrogantes: ¿Las reformas son un cimiento o una sepultura? ¿La estrategia de todo a la vez desatará el crecimiento o evitará que ocurra? Si no hay resultados pronto, ¿Peña Nieto recurrirá a la política priista del pleistoceno, basada en el uso irresponsable del gasto para comprar tiempo? No hay respuestas en este momento y tardarán en venir. Lo que sí es evidente es el fin del enamoramiento, el fin del sueño, el fin de la fantasía que acompañó la llegada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia. La portada de la revista Forbes no muestra a un presidente rozagante, triunfante, exitoso. Lo coloca de perfil, con el ceño fruncido, con un gesto preocupado. Y no es para menos.
Cláusula de impunidad, el ‘plus’ de las leyes energéticas
(27 de julio, 2014).- Dentro del cuarto y último dictamen de la reforma energética se incluyó una “cláusula de impunidad” en el cual se contemplan seguros y fianzas para proteger de cualquier posible demanda a los funcionarios de las Secretarías de Hacienda y Energía, responsables de la adjudicación de contratos, advirtió el vicecoordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en San Lázaro, Ricardo Mejía Berdeja.
El legislador señaló que en el artículo 63 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, se establece que aquellos servidores públicos de las secretarías antes mencionadas, encargados de determinar y verificar las condiciones económicas relativas a los términos fiscales, asignaciones o del diseño técnico de los contratos y lineamientos técnicos que deberán observarse en el proceso de licitación de dichos contratos, contarán con seguros, fianzas o cauciones, que cubran el monto de la indemnización por los daños que cause su actuación en el ejercicio de sus atribuciones.
Dentro de este rubro de la legislación, denominado por el legislador como cláusula de impunidad, también se establece que los funcionarios podrán contar con seguros para asumir los servicios de defensa y asistencia legal, además de que dichos seguros, fianzas o cauciones no formarán parte de las prestaciones de los servidores públicos mencionados, por lo cual esto será pagado por las dependencias.
Mejía Berdeja señaló que es en el artículo 25 de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo hoy dictaminada por los diputados federales, donde se señala que los miembros del comité no se considerarán responsables por daños y perjuicios en caso de que “actúen conforme a sus facultades, tomen sus decisiones con base a la información disponible al momento de la decisión y hayan seleccionado la alternativa más adecuada a su leal saber y entender”.
“Están estableciendo una serie de salidas para la impunidad de estos integrantes de este Fondo Mexicano del Petróleo. Estos señores van fijar el destino de miles de millones de dólares y en este artículo 25 se les está dejando prácticamente en la irresponsabilidad”, señaló Berdeja luego de especificar que sólo en caso de acreditar dolo o mala fe, se podrán fincar responsabilidades en caso de actuar contra ellos, de otro modo será improcedente.
A los diputados bien portados, escandalosos bonos “especiales”
La actual Cámara de Diputados va a pasar a la historia por la serie de reformas a la Constitución y sus leyes secundarias que aprobaron y con las cuales cambiaron de raíz los principios tradicionalmente defendidos en el país en torno a temas como los hidrocarburos, la seguridad laboral o los postulados educativos. Pero también va a ser recordada como la más costosa de la historia, pues con el inasible término de “subvenciones extraordinarias” se despacharon una cantidad impresionante de millones de pesos… Y además, esta semana pretenden pasarle la carga de los pasivos de Pemex y la CFE al pueblo mexicano.
Esta semana los diputados federales darán el último empujón al paquete de la reforma energética autorizando la transferencia de toda la información sobre las reservas de Petróleos Mexicanos a empresas trasnacionales y también haciendo que unos 700 mil millones de pesos de los pasivos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se paguen con recursos de todos los mexicanos.
Los diputados de la LXII Legislatura federal hicieron cambios históricos a la Constitución que han derivado primero en una reforma laboral –en septiembre de 2012– y luego una educativa, una fiscal y la de telecomunicaciones, para concluir con la energética el 11 de diciembre de 2013; hoy, con los periodos extraordinarios se materializan las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y energía.
Pero la Cámara de Diputados también se podrá recordar por haber repartido de manera “extraordinaria” o “especial” partidas adicionales para sus grupos parlamentarios, que del inicio de la Legislatura a la fecha suman 359 millones 202 mil pesos (no hay registro de que el Partido del Trabajo o Movimiento Ciudadano hayan recibido dichos recursos). Esto, además de las subvenciones oficiales que en toda Legislatura se entregan a los grupos parlamentarios.
Aplanadora bien aceitada
La forma de trabajo para procesar las reformas constitucionales y sus leyes secundarias –como en el caso del tema energético: mientras en el Senado la Ley de Hidrocarburos se discutió en 20 horas, en la Cámara de Diputados se aprobó en cuatro– muestran que la maquinaria del PRI está bien aceitada.
Los priistas han logrado que el PAN se sume a sus propuestas de cambios aplicando, junto con el PVEM y Nueva Alianza, la aplanadora contra la oposición. La semana pasada el PRI y sus aliados lograron en la Comisión de Energía, presidida por Marco Antonio Bernal, 20 votos a favor de los dictámenes sobre la materia que llegaron del Senado, contra siete en contra. Lo mismo sucedió con la Ley de Telecomunicaciones.
Pero ha habido otros casos en los cuales el PRI ha tenido que aliarse con el PRD para aprobar los dictados de la Presidencia de la República, como sucedió con la reforma fiscal.
Y desde una actitud pasiva han sido el PAN o el PRD en diversos momentos los que han defendido las reformas y leyes secundarias impulsadas por el Ejecutivo federal.
En una revisión a los informes semestrales de los siete partidos políticos –remitidos a la Junta de Coordinación Política– se observa que, “por acuerdo del Comité de Administración” de la Cámara de Diputados, de septiembre de 2012 a abril de este año se han entregado “subvenciones especiales” o “subvenciones extraordinarias” por 359 millones 202 mil pesos.
Este caudal de recursos los distribuye discrecionalmente cada coordinador parlamentario entre los miembros de su bancada.
El reporte que abarca de septiembre de 2012 a febrero de 2013 –primer periodo ordinario de sesiones y arranque del segundo, cuando se aprobó la reforma laboral– muestra que PAN, PRD, PVEM y Panal recibieron de forma extraordinaria 77 millones 820 mil pesos.
En el segundo reporte financiero semestral –de marzo a agosto de 2013– todos los grupos parlamentarios, excepto los de MC y PT, recibieron en conjunto 95 millones 68 mil pesos extras.
La entrega de recursos extraordinarios más elevada se dio entre septiembre de 2013 y febrero de 2014: 129 millones 746 mil pesos. Como en el resto de las entregas “especiales” o “extraordinarias”, tanto MC como PT no recibieron ni un peso. Fue también en ese lapso cuando se aprobó la reforma fiscal por el PRI con el respaldo de PRD, PVEM y Panal, y la energética por PRI, PAN, PVEM y Panal.
Estos tres informes financieros semestrales –que abarcan de septiembre de 2012 a febrero de 2014– suman 302 millones 634 mil pesos. A ello hay que agregar un informe cuatrimestral entregado a la Junta de Coordinación Política donde también figuran las subvenciones especiales para los cinco partidos citados por 56 millones 568 mil pesos, lo cual da el total de 359 millones 202 mil pesos, cantidad que no se había entregado en legislaturas anteriores.
Si se suman las subvenciones oficiales que cada bancada recibe, de septiembre de 2012 a la fecha se alcanza la cantidad de mil 843 millones 996 mil pesos.
La carga de los pasivos
Cada diputado federal gana mensualmente 148 mil 558 pesos por concepto de dieta, asistencia legislativa y atención ciudadana; además están las subvenciones arriba señaladas que reciben los grupos parlamentarios, dinero que el coordinador de cada bancada reparte discrecionalmente.
Y esos diputados que han recibido casi 2 mil millones de pesos por su trabajo legislativo ahora determinaron que el gobierno absorba como deuda pública una parte de los pasivos laborales de Pemex y la CFE.
Como parte de la reforma energética y con el pretexto de sanear esas empresas paraestatales, el miércoles 23 el PRI y el PAN presentaron un añadido a las leyes de Pemex, CFE y la de Presupuesto para que el pasivo laboral de éstas –las jubilaciones, pensiones y liquidaciones de los trabajadores– lo absorba en parte el gobierno.
A cambio los sindicatos deberán modificar sus contratos colectivos de trabajo y en lugar de estar en un sistema de pensiones de gobierno se trasladarán a un sistema de ahorro para el retiro en la modalidad de Afore, como sucede con el resto de los trabajadores del país.
Actualmente Pemex tiene un pasivo laboral de 1 billón 130 mil millones de pesos, y la CFE, de 500 mil millones de pesos. La propuesta es que el gobierno absorba entre 650 y 700 mil millones.
Fueron el PAN y el PRI los que dieron a conocer en la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados la propuesta. Una semana antes, el martes 15, cuando el Senado discutía en comisiones las leyes de CFE y de Pemex, el senador y dirigente sindical de Pemex, Carlos Romero Deschamps, ingresó al recinto acompañado de su coordinador parlamentario, Emilio Gamboa Patrón, y del diputado panista Rubén Camarillo. Su malestar era evidente.
El jueves 17 y el viernes 18, cuando se avalaron en el pleno senatorial las reformas a las leyes de las paraestatales, Romero Deschamps no asistió; su coordinador parlamentario comentó que estaba “negociando el contrato colectivo”. Una semana después los diputados panistas Juan Bueno Torio y Rafael González Manríquez le preguntaron al extesorero del sindicato petrolero y hoy diputado Ricardo Aldana “si lo que propone es que el pasivo laboral se convierta en deuda pública”.
Aldana no respondió, pero la priista Irazema González Martínez Olivares dijo que “este pasivo laboral deberá ser asumido por el gobierno federal y que a través de Hacienda se considere dentro del paquete económico de 2015… y propondremos que el Consejo de Administración de Pemex utilice sus ingresos propios, excedentes, para incrementar su gasto de inversión o para cubrir sus pasivos laborales”.
El perredista Luis Espinosa Cházaro preguntó si “los recursos que deberían estar ahí, en ese hueco financiero que hoy hay, no están en el Pemexgate y en los actos de corrupción”.
Recordó que del Pemexgate –el escándalo desatado en 2000 cuando se descubrió que recursos del sindicato petrolero fueron desviados a la campaña del candidato presidencial priista Francisco Labastida– fueron mil 500 millones de pesos. Entonces Romero Deschamps era el líder sindical y su tesorero era Aldana.
A ambos personajes, el primero diputado federal y el segundo senador en la LVIII Legislatura (2000-2003), se les intentó desaforar para que rindieran cuentas; la comisión la encabezaron el fallecido panista José Blake Mora y su compañero de bancada Cuauhtémoc Cardona, quienes determinaron que sí había pruebas para retirarles el fuero. Sin embargo una solicitud de última hora del entonces encargado de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, Daniel Cabeza de Vaca, les notificó que por orden del entonces presidente Vicente Fox se dictaminara improcedente el desafuero y así ocurrió.
Ahora la diputada perredista Socorro Ceceñas dijo en la sesión del viernes 25: “Es vergonzosa la forma en que se asume el pasivo laboral… a última hora presentan un intento de encubrir el resultado de una gestión irresponsable, corrupta, de Pemex y CFE registrada durante muchos años. Se pretende cargar sobre las espaldas del pueblo mexicano el costo de este auténtico saqueo a la nación”.
Y el jueves 24 el diputado del MC Ricardo Mejía Berdeja, al analizar las atribuciones de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), dijo que se deben pronunciar en contra pues “será el verdugo” de Pemex. Va a ser el “regenteador de los recursos energéticos del país para colocarlos en las trasnacionales. Son entes que van a estar distribuyendo yacimientos, contratos, que van a estar diciendo cuándo es causa de utilidad pública para las ocupaciones temporales”.
Y lo más peligroso, sostuvo, es que la CNH “va a tener la riqueza informática de los recursos, de las reservas del país. Chevron va a llegar y se va a despachar con la cuchara grande con toda una inversión que no le costó nada porque el Estado, a través de Pemex, invirtió recursos para ubicar reservas y para tener todo el acervo energético; y ahora con este entramado legislativo, toda esta información la va a tener la CNH a través del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos, que la va a poner a disposición de Halliburton, Chevron, Texaco y todas las grandes compañías.
“Esa gente que no invirtió, que no encontró este tipo de yacimientos o de reservas, va a ser el usufructuario a través de la CNH y este centro, de toda la información… Quieren la mesa servida para usufructuar la riqueza. Es un robo de toda la información geológica, geofísica, petrofísica y de todas las actividades de reconocimiento, exploración y extracción que ha llevado a lo largo de su historia el país vía Pemex. Ahora van a ponerlo a disposición de las empresas extranjeras”, acusó.
La CNH va a regentear los recursos energéticos para ponérselos a grupos extranjeros, “va a tener el patrimonio histórico de la información energética de la nación para que, sin que les cueste un sólo peso a esas compañías, pueda estar a su disposición”.
"Israel ha insultado a nuestra humanidad":
Un grupo de médicos europeos ha publicado una carta abierta en la que denuncia los bombardeos de Israel sobre la Franja de Gaza, calificándolos como "un crimen contra la humanidad".
Los médicos europeos Paola Manduca, Iain Chambers, Derek Summerfield, Mads Gilbert, Swee Ang y otros 19 signatarios han publicado una carta abierta al pueblo de la Franja de Gaza en la revista británica 'The Lancet'.
"Pedimos a nuestros colegas que denuncien la agresión israelí. Desafiamos la perversidad de la propaganda que trata de hacer que la masacre pase por la así llamada 'agresión defensiva'. En realidad es un asalto cruel de una duración e intensidad ilimitadas", dice la carta.
Los médicos sostienen que las víctimas de la operación israelí en Gaza son mayoritariamente civiles inocentes. Según afirman los autores de la misiva, Israel mata a niños y mujeres palestinos con un pretexto inaceptable de "erradicar partidos políticos y la resistencia a la ocupación y el asedio impuesto por el agresor".
"Cada niño que tiene más de 6 años en Gaza ha sido afectado por el tercer asalto de Israel", dicen los autores. Las acciones de Israel, según ellos, dan miedo a los que no son directamente afectados, hiriendo "el alma y la mente de la generación joven".
Los doctores afirman que Gaza ha sido bloqueada desde el 2006. La población de la Franja no puede viajar al extranjero para estudiar, trabajar o visitar sus familias. Los heridos y los enfermos no pueden recibir tratamiento especializado en hospitales fuera de Gaza. El suministro de comida y medicinas ha sido limitado. Además, materiales necesarios para sobrevivir han sido prohibidos. Según los datos mencionados en la carta, cerca del 80% de la población de Gaza depende de las raciones suministradas por la ONU.
Durante los 14 días del bombardeo incesante más de 60.000 civiles de la parte norte de Gaza han sido instados a abandonar sus casas, pero, según afirman los médicos, no tienen ningún lugar donde esconderse porque el centro y el sur de Gaza también son blancos de los bombardeos israelíes.
"Israel ha insultado a nuestra humanidad, inteligencia y dignidad. Los médicos que quieren viajar para ayudar a la gente no pueden alcanzar Gaza por el bloqueo", sostienen los autores de la misiva.
Los médicos aceptan con indignidad que sólo el 5% de los académicos israelíes han firmado la petición a su Gobierno pidiéndole que pare la operación militar en Gaza. "Esto nos hace creer que, con excepción de este 5%, el resto de los académicos israelíes resultan ser cómplices de la destrucción de Gaza", concluyen los firmantes.
Texto completo en: http://actualidad.rt.com/actualidad/view/135214-carta-abierta-pueblo-gaza-israel-humanidad
"Pedimos a nuestros colegas que denuncien la agresión israelí. Desafiamos la perversidad de la propaganda que trata de hacer que la masacre pase por la así llamada 'agresión defensiva'. En realidad es un asalto cruel de una duración e intensidad ilimitadas", dice la carta.
Los médicos sostienen que las víctimas de la operación israelí en Gaza son mayoritariamente civiles inocentes. Según afirman los autores de la misiva, Israel mata a niños y mujeres palestinos con un pretexto inaceptable de "erradicar partidos políticos y la resistencia a la ocupación y el asedio impuesto por el agresor".
"Cada niño que tiene más de 6 años en Gaza ha sido afectado por el tercer asalto de Israel", dicen los autores. Las acciones de Israel, según ellos, dan miedo a los que no son directamente afectados, hiriendo "el alma y la mente de la generación joven".
Los doctores afirman que Gaza ha sido bloqueada desde el 2006. La población de la Franja no puede viajar al extranjero para estudiar, trabajar o visitar sus familias. Los heridos y los enfermos no pueden recibir tratamiento especializado en hospitales fuera de Gaza. El suministro de comida y medicinas ha sido limitado. Además, materiales necesarios para sobrevivir han sido prohibidos. Según los datos mencionados en la carta, cerca del 80% de la población de Gaza depende de las raciones suministradas por la ONU.
Durante los 14 días del bombardeo incesante más de 60.000 civiles de la parte norte de Gaza han sido instados a abandonar sus casas, pero, según afirman los médicos, no tienen ningún lugar donde esconderse porque el centro y el sur de Gaza también son blancos de los bombardeos israelíes.
"Israel ha insultado a nuestra humanidad, inteligencia y dignidad. Los médicos que quieren viajar para ayudar a la gente no pueden alcanzar Gaza por el bloqueo", sostienen los autores de la misiva.
Los médicos aceptan con indignidad que sólo el 5% de los académicos israelíes han firmado la petición a su Gobierno pidiéndole que pare la operación militar en Gaza. "Esto nos hace creer que, con excepción de este 5%, el resto de los académicos israelíes resultan ser cómplices de la destrucción de Gaza", concluyen los firmantes.
Texto completo en: http://actualidad.rt.com/actualidad/view/135214-carta-abierta-pueblo-gaza-israel-humanidad
CNN despide a reportera por denunciar las acciones israelíes en Gaza
La reportera Diana Magnay se encontraba el jueves en la frontera entre Israel y Gaza, y mientras describía los sucesos, fue testigo de cómo un grupo de israelíes festejó el lanzamiento de misiles sobre territorio palestino. Tras dar la información, Magnay describió en su cuenta de la red social Twitter las acciones de los israelíes, quienes, apuntó, “amenazan con destruir nuestro auto si digo una palabra equivocada. Escoria”. Luego fue expulsada del medio.
La televisora estadounidense CNN, expulsó a la corresponsal que cubría la agresión de Israel contra la Franja de Gaza, luego que la periodista calificara como escoria a un grupo de israelíes quefestejaban los bombardeos contra civiles, informó hoy un portavoz.
La reportera Diana Magnay se encontraba el jueves en la frontera entre Israel y Gaza, y mientras describía los sucesos, fue testigo de cómo un grupo de israelíes festejó el lanzamiento de misiles sobre territorio palestino.
Tras dar la información, Magnay describió en su cuenta de la red social Twitter las acciones de los israelíes, quienes, apuntó, “amenazan con destruir nuestro auto si digo una palabra equivocada. Escoria”, destacó el diario Huffington Post.
Aunque el tuit fue borrado rápidamente, fue retuiteado más de 200 veces, señaló.
La periodista está profundamente apenada por el lenguaje usado, que iba dirigido solo a aquellos que habían apuntado a nuestro equipo de trabajo, manifestó el portavoz de CNN a la publicación.
Israel es el principal aliado de Estados Unidos en la región de Medio Oriente y Washington le asigna cada año tres mil millones de dólares para mantener y modernizar sus fuerzas bélicas.
El Congreso estadounidense avaló hace tres días una iniciativa que prevé duplicar los fondos para el programa de defensa antimisiles de Tel Aviv.
Este viernes, el presidente norteamericano Barack Obama justificó los ataques del Ejército israelí contra la población de la Franja de Gaza, causantes hasta el momento, tras 11 días de agresión, de unos 265 civiles muertos, en su mayoría mujeres y niños.
Durante una alocución desde la Casa Blanca, el gobernante presentó a Israel, con uno de los 10 ejércitos más potentes del mundo, como una “nación agredida”, remarcando que tiene “derecho a defenderse” frente a los palestinos, que carecen de fuerzas armadas y se encuentran sometidos a un férreo bloqueo.
El Ciudadano
Factura en mano, Grupo Prisa apoya a Peña Nieto
En declarada alianza con el gobierno de Enrique Peña Nieto, el Grupo Prisa acogió con los brazos abiertos la llegada del priista y empresario mexiquense Roberto Alcántara como su principal socio individual. Y, según Antonio Caño, director de El País –el principal medio del conglomerado español–, después de apoyar editorialmente las reformas del presidente mexicano el diario se apresta a incrementar su presencia en este mercado.
MADRID.- El nuevo director del diario El País, Antonio Caño, se pronuncia sin rodeos a favor del gobierno de Enrique Peña Nieto y de sus reformas estructurales en México. “Nosotros apoyamos editorialmente las reformas de Peña Nieto, las hemos apoyado desde el primer día, no tengo por qué ocultarlo, nos parecen bien”, dijo el viernes 18 en entrevista con un grupo de corresponsales extranjeros, entre ellos el de Proceso.
Lo confirma el editorial del diario el jueves 24: “México se abre. El final de los monopolios petrolífero y eléctrico representa un hito reformista”, que plantea su posición ante la aprobación en el Senado de la reforma energética, que El País califica como “la joya de la ambiciosa agenda presidencial”. Y lo ratifican también las notas informativas referidas a un “vendaval reformista” del mandatario mexicano.
A Caño se le pregunta sobre el papel de cabildero que su diario asumió en favor de dichas reformas en la reciente visita de Estado del presidente mexicano a España, el 9 y el 10 de junio, y si esa política editorial tiene relación con las aspiraciones del Grupo Prisa –editor de El País– y los empresarios mexicanos con los que ha hecho mancuerna, para competir en la subasta de las dos cadenas de televisión abierta promovidas en la reforma de telecomunicaciones.
“Apoyamos editorialmente las reformas –insiste–; cuando Peña Nieto ha flaqueado o hemos detectado algunas dudas, le hemos pedido que prosiga adelante. Cuando han surgido obstáculos importantes, como por ejemplo Carlos Slim o (Emilio) Azcárraga, hemos apoyado al presidente frente a esos conflictos y lo hemos animado que se ejecuten las reformas; también en el sector energético.”
Y añade: “Creemos que con la reforma energética Peña Nieto está en la dirección correcta y creemos también en la reforma de las telecomunicaciones”.
Sin embargo fue cuidadoso y se negó a pronunciarse sobre los planes del Grupo Prisa para participar en la licitación de las nuevas cadenas de televisión abierta en México. Dicha participación sería en asociación con dos grupos empresariales mexiquenses cercanos a Peña Nieto: el de Roberto Alcántara Rojas y el de Mac Multimedia, de la familia Maccise, tal como lo adelantó Proceso en su edición 1960 del pasado 25 de mayo y confirmó posteriormente en Madrid una fuente próxima al grupo directivo de Prisa.
Para Caño hablar sobre esos planes “es demasiado”, pues, dijo, “me obliga a analizar la estrategia de la compañía, cosa que no voy a hacer. Yo sólo soy director de El País, no soy el estratega de la compañía”.
No obstante el martes 22, cuatro días después de la entrevista con Caño, Prisa hizo un par de importantes anuncios relacionados con sus finanzas y sus planes de expansión en América Latina.
Primero informó que Fernando Abril-Martorell abandonará en octubre su posición como consejero delegado del grupo. Lo sustituirá José Luis Sainz, hombre fuerte del grupo en la Cadena Ser y en El País. El anuncio se hizo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España y tiene gran relevancia porque Abril-Martorell fue el artífice en la renegociación de la deuda del grupo con los bancos acreedores.
Procedente de Credit Suisse y de JP Morgan, Abril-Martorell asumió en 2011 la misión de sanear las atribuladas finanzas de Prisa, cuando la compañía rozaba el estado de quiebra. Luego de varios movimientos financieros y la desincorporación de activos de la compañía, el ejecutivo consiguió en 2012 la refinanciación, cuyos bonos se traducirán estos días en la conversión obligatoria por acciones, con lo cual Telefónica, CaixaBank, HSBC y Santander entran en el accionariado de Prisa, para extender los plazos de pago de la deuda.
El mismo martes 22 el grupo de medios anunció que el empresario mexicano Roberto Alcántara Rojas, presidente del Grupo Toluca, invertirá 100 millones de euros a través de una ampliación de capital de Prisa, en la que suscribirá más de 188 millones de acciones a un precio de 0.53 euros por título.
Esta inyección millonaria le dará a Alcántara 9.4% del capital de la compañía, convirtiéndose en el accionista de referencia de Prisa. Para la prensa española el mexicano sigue siendo un desconocido y la pregunta recurrente es cuál es la razón para que legue con esa millonaria suma a un grupo con tantas debilidades financieras y una inmanejable deuda que aún se mantiene en alrededor de 3 mil millones de euros.
Alcántara es originario de Acambay, Estado de México, tierra natal de la familia del presidente Peña Nieto. Pero además el empresario y su familia son priistas y mantienen fuertes nexos con el Grupo Atlacomulco, del cual surgió el mandatario. También preside la aerolínea de bajo costo Viva Aerobus y el Grupo de Inversionistas en Autotransportes Mexicanos, que controla empresas de autobuses foráneos.
En 1991 Alcántara encabezó un núcleo de inversionistas que tomó las riendas de Bancrecer, la quinta institución en aquel tiempo, cuando fue privatizado por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. En 1999 el gobierno de Ernesto Zedillo –con quien ahora el empresario se encuentra en el consejo de administración de Prisa– rescató el banco de la quiebra y el Instituto de Protección al Ahorro Bancario le inyectó 102 mil millones de pesos, una notable pérdida para el erario porque sólo pudo recuperar 7 mil millones (Proceso 1281, 1282, 1291).
Independencia editorial
Alcántara se incorporó al núcleo duro de Prisa en febrero pasado y en la junta de accionistas de mayo fue nombrado miembro del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva (Proceso 1960).
Su entrada fue tímida. En el comunicado que Prisa envió al CNMV el 26 de febrero, se señala que Alcántara primero adquirió 233 mil 50 acciones clase A del grupo. Lo hizo por medio del Consorcio Transportista Occher S.A. de C.V., filial del Grupo Herradura Occidente, S.A. de C.V.
Aunque sólo significaba 0.01% de las acciones, los principales ejecutivos dieron una enorme importancia a la llegada del nuevo socio. Pero el martes 22 éste adquirió más de 188 millones de acciones adicionales.
El comunicado de la sesión del consejo de administración de ese día señala: “Esta operación refuerza la apuesta del grupo con Latinoamérica como principal foco de sus actividades y confirma el compromiso de Roberto Alcántara con la empresa como su principal accionista individual”.
El grupo también anunció que los fondos obtenidos en esta ampliación de capital “se destinarán a la recompra de deuda de diversas entidades financieras acreedoras del grupo con un descuento mínimo de 25%”. Los bancos acreedores (CaixaBank, HSBC y Santander) no tienen mucho interés en permanecer en Grupo Prisa, según fuentes financieras, con lo cual se abre la posibilidad que vendan sus acciones este año, ruta que también dejó entrever el propio corporativo.
En dicha junta Juan Luis Cebrián, presidente ejecutivo de Prisa, dijo que la entrada de Alcántara coincide “con una nueva etapa en la compañía que podrá centrarse en un futuro próximo en proyectos de crecimiento y expansión”. Cebrián ya ha definido que, por su fuerte implantación en Latinoamérica, “Prisa es un grupo más iberoamericano que español”.
A su vez Alcántara mostró su beneplácito por formar parte de la compañía, pues “junto a las brillantes perspectivas de negocio que ofrece, resaltan sus perfiles institucionales y su contribución a los valores sociales y democráticos en Latinoamérica”.
En la entrevista, Caño sostiene que El País –buque insignia de Prisa– tiene nuevos planes de expansión en México y el resto de América Latina. Y coincide con Cebrián: “Hoy yo puedo decir que el periódico es español y americano, y particularmente español y mexicano”.
Además de su edición española, El País imprime una en México y otra en Argentina, de las cuales vende 60 mil ejemplares en papel –según datos del entrevistado– y se registra un ascenso en las consultas en el portal en internet del diario, que oscila alrededor de 1 millón de lectores. Recientemente se fundó una edición impresa en Brasil.
Más de la mitad de esas ventas en papel se realizan en México “y es el único país donde vamos a tratar de aumentar la edición impresa, porque vender más de 30 mil ejemplares de un diario extranjero en un país en el que pocos medios pasan los 100 mil ejemplares y otros están en 40 o 60 mil, es una cifra bastante buena. Yo voy en septiembre a México para explicar nuestro proyecto”, adelanta.
A pesar del respiro que la inversión de Alcántara traerá al grupo español, éste carga todavía la pesada losa del rescate de los bancos CaixaBank, Santander y HSBC, así como Telefónica, que en 2012 inyectaron 434 millones de euros a través de bonos que se convertirán en acciones. El diario digital El Confidencial informó, el viernes 25, que Telefónica y CaixaBank ya anunciaron al CNMV que adquirieron 10.6% de Prisa y otro tanto harán HSBC y Santander, para sumar 23%, es decir el doble de lo que ahora posee la familia Polanco, heredera de Jesús de Polanco, el fallecido accionista principal, y la cual llegó a ostentar 70%. En fuentes del sector se dice que algunos de estos acreedores están considerando vender su participación.
Al peso de los bancos en el accionariado, se suma que hasta ahora 75% del consejo de administración de Prisa tiene vínculos con el sector financiero o proviene de él.
Sobre el riesgo que corre la independencia editorial de El País por la aplastante presencia de la banca, Caño reconoce: “Te diría que la vida era más cómoda cuando teníamos una cuenta de resultados boyante y positiva, y no teníamos como accionistas a los bancos. Ahora la vida es más difícil para este periódico y para otros muchos”.
Los bancos “tienen un poder enorme” en España y en México, dice, por tanto “es un factor con el que hay que contar; no te oculto que es un factor el hecho de que los medios están atravesando por dificultades económicas y necesitan los créditos de los bancos”.
Pero cuestiona y se responde: “¿Mi actividad como director se ve influida por eso? La verdad es que no. ¿Yo estoy pendiente para que no aparezcan los nombres de los bancos en las informaciones de desahucios? No”. En efecto, El País ha abordado ampliamente el drama que viven los afectados por los desahucios, pero es común que eluda nombrar a los bancos que promueven esos juicios.
Caño prosigue: “¿Estoy pendiente de los banqueros o me llaman porque algo no les gusta? Honradamente no. Existe ese entorno en el que los medios en España en este momento tienen que contar con el factor de que su financiación procede de los bancos. ¿Vivo yo en ese entorno? Sí, es un asunto con el que hay que convivir”.
Sin embargo opina que El País mantiene “el poder de nuestra cabecera”, un “prestigio alto”, lo que es “un valor”, y eso “es un poder que utilizamos en la relación dialéctica con el poder de los bancos”.
“Sin ideología”
El nuevo director del diario español más influyente se define como un “periodista sin ideología”. Se defiende así de los señalamientos que en la prensa española lo vinculan ideológicamente con la derecha y de ser el artífice de un giro editorial a favor del gobierno y la monarquía.
“Jamás me he pronunciado ni he firmado un manifiesto, nunca he participado en ningún acto político. He sido un periodista muy a la anglosajona; entiendo el periodismo sin adjetivos. No creo en el periodismo comprometido ni en el ciudadano”, afirma.
Caño, de 57 años, licenciado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, ingresó al periódico en 1982, donde ha sido corresponsal en México y Centroamérica, así como delegado de la corresponsalía en Washington durante más de 10 años.
Tomó posesión el 4 de mayo pasado, en el 38 aniversario de la fundación del diario. Sustituyó a Javier Moreno, que permaneció ocho años en el puesto.
La llegada del nuevo director no fue tan sutil como él lo plantea. En la redacción aún había vestigios de la convulsión que provocó el despido de 129 profesionales (27% de la plantilla) en la administración anterior, a finales de 2012. El malestar se reavivó con un demoledor informe interno que el propio Caño elaboró para Juan Luis Cebrián, con sus ideas para recuperar la influencia y credibilidad perdida. Por un “error informático”, Caño envió el correo electrónico no sólo al presidente de Prisa sino a varias decenas de trabajadores del diario.
En él lanza una dura crítica a la anterior dirección, habla de una “renovación” total de los cargos directivos, de la “pérdida de credibilidad” de El País y su desconexión con la sociedad y sus lectores. También es crítico con la redacción, de la que espera una “actitud revanchista, obstruccionista, casi saboteadora” ante sus nuevos planes, según la carta, copia de la cual tiene este semanario.
También se refiere a la necesidad de buscar “nuevos públicos”, lo que en la redacción y en otros medios se entendió como un giro editorial cada vez más cercano al del gobierno de Mariano Rajoy, al que se le atribuye haber prestado sus buenos oficios para lograr el rescate financiero de Prisa. El medio digital InfoLibre definió el informe de Caño como “un programa electoral de derechas”.
De acuerdo con el Estatuto de Redacción del diario, su designación fue comunicada al Comité de Redacción y sometida a una votación consultiva de la plantilla, donde obtuvo 78 votos favorables de los 200 redactores. Pese a todo, Caño dice que el relevo fue “natural” y por la necesidad de que llegaran “caras nuevas” ante los desafíos que constituyen internet, las nuevas tecnologías y la necesidad de expandirse en América Latina, ya que “desde el nacimiento del diario tenemos una vocación hacia esa región, que nunca hemos llegado a consumar”.
El nuevo México: las grandes obras, a los extranjeros
Las reformas constitucionales aprobadas recientemente en el Congreso han resultado ser un mero trámite legislativo para validar –pero sobre todo para consolidar– la entrega absoluta de los recursos energéticos de México y los mexicanos a los grandes capitales privados, sobre todo a los trasnacionales, de lo cual no van a salvarse ni siquiera amplísimas extensiones de tierras ejidales a lo largo y ancho del país. Desde hace años, consorcios trasnacionales, principalmente los de origen estadunidense y español, tienen al botín mexicano repartido en sectores como el carretero, el energético y el de telecomunicaciones… Y en este festín prodigado por Enrique Peña Nieto, su gobierno manipula tramposamente los términos del Plan Nacional de Infraestructura 2014-2018…
En abril pasado y entre verdades a medias o la plena opacidad, el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 (PNI) presentó como proyectos de gobierno cuantiosas inversiones privadas, anunció obras que en realidad estaban condicionadas a las leyes complementarias en materia de telecomunicaciones y energía que todavía no se aprobaban, y presumió como “inversión” hasta los fondos de ahorro para vivienda de los trabajadores.
El resultado: un ambicioso plan de infraestructura por 7.7 billones de pesos para 743 proyectos por desarrollarse en comunicaciones y transportes; desarrollo urbano, territorial y agrario; hidráulicos, de salud y turismo, y de energía en sus sectores eléctrico y petrolero.
Pero resulta que al menos la tercera parte de los recursos anunciados para el PNI no son del gobierno. Además, en lo que va de la administración los grandes contratos de obra que sí comprometen recursos públicos muestran otra variable: la mayor parte está siendo asignada a empresas trasnacionales.
El 28 de abril el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, presentaron el plan de este sexenio. Como oradores fungieron también los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza; Energía, Pedro Joaquín Coldwell; Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Jorge Carlos Ramírez Marín; Turismo, Claudia Ruiz Massieu Salinas, y Salud, Mercedes Juan López.
“Estamos cambiando el rostro de México y construyendo juntos, literalmente, un mejor futuro para todos”, dijo Peña Nieto ese día, y luego agregó: “Ya hemos iniciado una nueva era en la construcción de grandes obras y el desarrollo de proyectos estratégicos en toda la geografía nacional”.
Para difundir y –según Videgaray– transparentar el PNI, en internet se abrió el sitio www.pni.gob.mx, donde es posible consultar los proyectos, información relacionada con el plan y descargar una hoja de cálculo con la descripción de cada uno. Sin embargo, en la mayoría de los casos no se establece cuáles serán inversiones privadas, público-privadas o sólo públicas, ni las condiciones de ejecución y operación una vez que sean concluidas.
Carreteras opacas
Un ejemplo de opacidad contenido en la mencionada página del PNI es el relativo a las inversiones en autopistas y libramientos, uno de los sectores más importantes de la infraestructura del país.
Por ejemplo, para 221 proyectos de infraestructura carretera o vial (el PNI incluye hasta pavimentación de localidades urbanas, labor que por lo general atañe a los municipios) se prevé invertir 246 mil 859 millones de pesos (mdp). De esa cantidad, según el plan, 102 mil 58 mdp son para el “Programa para la conservación de la red federal libre de peaje de 43,800 km”, de manera que quedarían 144 mil 801 mdp para inversiones en las autopistas de cuota, que el documento no establece si serán invertidos por las concesionarias o por el gobierno.
Peor: Algunos de los proyectos que aparecen con mayor monto de inversión son privados.
De los proyectos condicionados a las reformas, se anunció la “Inversión privada en infraestructura de telecomunicaciones detonada gracias a la Reforma en Materia de Telecomunicaciones” por 507 mil 168 mdp. Es decir, los negocios privados que se podrán generar con dicha reforma son presumidos por el presidente Peña Nieto como parte de su PNI y fueron anunciados antes de ser autorizados por las leyes que apenas se promulgaron el lunes 14.
Algo similar ocurre con otro proyecto consistente “en la instalación de la Red Compartida (última milla) de fibra óptica, así como la instalación de infraestructura para aprovechar la banda de 700 MHz”, en la cual se invertirán 130 mdp. Resulta que la administración de dicha banda la tendrá el organismo público Telecomunicaciones de México junto con una empresa privada.
Otro ejemplo. En el sector turismo el PNI contiene el apartado “Obras iniciativa privada”, donde se describe el proyecto de obra por 112 mil 203 millones de pesos: “hoteles, marinas, campos de golf, restaurants (sic), complejos habitacionales para segunda residencia, parques de diversiones, acuarios, museos, entre otras”. Es decir, una estimación de los recursos de inversionistas privados del sector y no de recursos del gobierno.
Pero si hay un sector donde se percibe la falta de transparencia respecto a los recursos y el usufructo del bien público una vez realizado, es el de energía. No se establece cuáles proyectos serán privados y cuáles públicos. No obstante, por lo expuesto por los funcionarios federales, como Joaquín Coldwell, se puede advertir que la inversión para extracción de gas de lutitas y gas natural la harán particulares (Proceso 1920).
En el caso del gas, aún no se aprueban las leyes complementarias que autorizarían a particulares la exploración y extracción de hidrocarburos, pero las obras por realizar se hicieron públicas desde abril.
El PNI incluye “Proyecto tipo: Exploración y extracción de hidrocarburos, región Norte. Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas”, con una inversión de 305 mil 474 mdp y el objetivo de “asegurar el desarrollo óptimo de la infraestructura para contar con energía suficiente, con calidad y a precios competitivos”.
En cuanto a la vivienda, hay también un manejo engañoso. Durante el acto de presentación del PNI, Peña Nieto destacó para el sector una inversión de 1.8 billones de pesos, pero no explicó lo que sí detalla el documento en línea: 1.7 billones de pesos se obtendrán “aprovechando los fondos de vivienda que aportan (los trabajadores) a las instituciones oficiales promotoras de vivienda”.
Lo anterior quiere decir que la mayor parte de los recursos anunciados provendrán del ahorro regular de los trabajadores en el Infonavit y el Fovissste, además de que, según lo dicho por el secretario Ramírez Marín, el resto de los recursos serán públicos y privados.
Sólo con los anteriores cinco proyectos (sin contar los carreteros y viales), enlistados entre los 743 del PNI, fue posible identificar que de los 7.7 billones de pesos anunciados, al menos 2.7 son recursos privados.
Ventaja trasnacional
Desde el arranque del gobierno peñista la presencia de empresas españolas, estadunidenses, portuguesas y brasileñas se ha consolidado en la asignación de obra con los montos más altos.
A finales de enero pasado, la empresa española Astillero Hijos de J. Barreras obtuvo un contrato por 682 millones de dólares (mdd) para construir dos plataformas habitacionales para Pemex Exploración y Producción (PEP). Las brasileñas Odebrecht y Unigel tienen ya inversiones en millones de dólares. La primera para el Complejo de Etileno Siglo XXI (10 mil 300 mdd) y la segunda para el Clúster Petroquímico en el sur de Veracruz (5 mil mdd).
Una consulta al Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) –la herramienta digital en la cual las dependencias y entidades gubernamentales difunden la información, entre otras cosas, de contratos– permite ver la ventaja de las empresas trasnacionales sobre las mexicanas.
Por ejemplo, en la SCT se puede observar que la empresa española Assignia obtuvo un contrato por 375 mdp para una obra carretera en Tabasco. El portugués Grupo Mota-Engil obtuvo uno por 301 mdp para construir también caminos en Tabasco. Al español Grupo Aldesa se le concedió uno por 293 mdp para obra carretera en Nayarit. Constructora y Edificadora Gia, asociada con Constructora Urales y a la española Azvi, 313 mdp para obra en Nayarit.
El único contrato superior en monto a los mencionados –por una sola obra– fue para la mexiquense Puentes y Maniobras, por 785 mdp, para construir puentes en la carretera Puerto Escondido-Huatulco.
Incluso grandes contratos asignados por adjudicación directa –sin concurso– también favorecen a empresas extranjeras. La francesa Freyssinet consiguió obras de reparación en el puente Coatzacoalcos 1 por 259 mdp y un contrato para una etapa posterior por 226 mdp.
Mota-Engil consiguió el contrato más grande entre las extranjeras. Se trata de obras de un subtramo ferroviario en Guanajuato por 517 mdp, que construye en asociación con la mexicana Nexum Rail.
Para otra obra ferroviaria, la sucursal en México de la española Sener, Ingeniería y Sistemas consiguió 498 mdp para estudios técnicos del proyecto del Tren Interurbano México-Toluca, cuya construcción fue asignada a la también española OHL por 10 mil 148 mdp.
El tren México-Toluca es la segunda obra más onerosa del PNI –presentada como el “Compromiso de Gobierno-263”–, por 38 mil 608 mdp. En cuanto a montos, el proyecto sólo es superado por el “Compromiso de Gobierno-094”, el tren rápido Querétaro-México, que se plantea conforme a los datos abiertos del PNI con un presupuesto superior a 43 mil mdp, próximo a licitarse.
La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) sostuvo una reunión nacional para abordar el tema de la infraestructura los días 10 y 11 de julio. El jueves 17 el organismo publicó un desplegado en el cual si bien parece coincidir con el PNI y el gobierno en diferentes aspectos, desliza la inconformidad que prevalece en el sector, por ejemplo:
“(Entre Centros SCT y delegaciones CMIC) se establecieron compromisos para mejorar los procesos de la contratación de obra pública.”
Y aunque la mayoría de las adjudicaciones han sido por licitación, la exclusión de los constructores nacionales es notable, aunque no sólo en la SCT, sino en el sector energía.
Por ejemplo, en PEP los contratos que superan los mil mdp fueron para trasnacionales. El contrato más alto fue asignado a la estadunidense Halliburton, que obtuvo 12 mil 801 mdp por trabajos de perforación y terminación de pozos terrestres. En segundo lugar, la estadunidense Dowell Schlumberger obtuvo un contrato por 10 mil 136 mdp por el mismo concepto que Halliburton.
Ésta obtuvo el tercer contrato más costoso, por 7 mil 120 mdp por el mismo concepto mencionado, en tanto Dowell Schlumberger obtuvo –por adjudicación directa– otro contrato en PEP por 3 mil 121 mdp para trabajos de perforación en aguas profundas.
En Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB), la española ACS Servicios Comunicaciones y Energía, con su subsidiaria Dragados Industrial, en asociación con la también española Cobra Instalaciones, obtuvieron un contrato por obras en el Complejo Procesador de Gas (CPG) Nuevo Pemex por mil 225 mdp.
Venezolana de Proyectos Integrada, junto con la también venezolana Lindsay CA, con otros socios, obtuvieron contrato por 599 mdp para obras en la planta de hidrocarburos en el CPG Cactus. El tercer contrato de mayor monto también involucra a Grupo Cobra asociado con Delta Proyectos y Desarrollo pues consiguieron uno por 144 mdp para una obra contra incendios en el CPG Cactus.
ICA Flour Daniel –la asociación de la mexicana Ingenieros Civiles Asociados con la texana Flour– consiguió por adjudicación directa las obras en el CPG Ciudad Pemex por 712 mdp. En tanto T. D. Williamson, asociado con Lloyd Germánico (filial aquí de Germanisher Lloyd), consiguió un contrato para “administración de la integridad basada en riesgo en ductos”, por un monto de 374.9 mdp.
En Pemex Petroquímica los contratos más altos sí fueron asignados a constructoras principalmente mexicanas, aunque con lo transparentado hasta el momento ninguno llega a 300 mdp.
En Pemex Refinación el patrón se repite. Las españolas Cobra y Dragados Industrial, con otros socios, obtuvieron mil 27 mdp para obras en la refinería Héctor Lara Sosa de Cadereyta.
Sin embargo Pemex Refinación no ha colocado en el POT los contratos más cuantiosos con otras trasnacionales, como en el caso de los adjudicados a OHL (Proceso 1961) lo mismo que en PGPB, en cuyos registros no aparecen los 2 mil 500 mdd asignados a la italiana Bonatti para la construcción de la Etapa II del gasoducto Los Ramones.
Pese a todo, el 28 de abril Peña Nieto expresó sobre el PNI: “Es la estrategia general para construir las obras y concretar los proyectos que contribuyan de manera importante a liberar el potencial de nuestro país”.
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