10 frases de Videgaray en MVS, sobre reforma energética, consulta y salarios

Cree que no hay posibilidad de una consulta sobre la apertura del sector energético, pide no usar el aumento de salario mínimo como pancarta política y explica lo que ocurrirá con Pemex y sus asociaciones.

El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, fue entrevistado la mañana de este miércoles en Noticias MVS primera emisión; aquí, 10 frases de la entrevista:
1- “Los beneficios de las reformas no se van a dar por arte de magia, no son instantáneos, requieren un proceso serio, responsable, muy eficaz de implementación, y eso es lo que está trabajando el gobierno de la República”.
2- “No vamos a ver los beneficios de la reforma energética la semana que entra, los vamos a ver conforme las inversiones se vayan realizando, conforme vayamos sustituyendo, por ejemplo, combustibles caros y muy contaminantes, como es el combustóleo o el diesel, en la generación de electricidad, los podamos sustituir por gas natural, cuando tengamos la infraestructura, cuando tengamos las inversiones que nos permitan producir electricidad más barata y que baje el precio de la luz para las empresas, medianas y pequeñas, y sobre todo a las familias mexicanas”.
3. “La reforma energética se construyó a través de un proceso de debate muy amplio, fue hace ya un año que se presentó la iniciativa de reforma constitucional al Senado precisamente, en agosto del año pasado, y desde entonces ha habido un proceso intensísimo de debate y hemos escuchado creo que todas las posiciones”.
4- “Lo que está pasando es que Pemex ya no tiene los yacimientos, digamos, de un acceso menos costoso como el que tenía cuando se descubrió Cantarell en los años 70, que era un prodigio de yacimiento, y sin lugar a dudas permitió que Pemex desarrollara una tecnología muy específica a ese tipo de yacimientos”.
5- “La estimación que tienen la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos es que es para recuperar la plataforma de producción, para llegar en 2025, es decir, dentro de 11 años, a un nivel como el que teníamos hace 10 años, hace 11 años, 2003, de 3.4 ó 3.5 millones de barriles diarios, necesitaríamos estar invirtiendo más o menos el doble de lo que hoy en día invertimos; hoy invertimos 27 mil millones de dólares, tendríamos que estar invirtiendo entre 55 ó 60 mil millones de dólares al año”.
6- “Tenemos dos opciones: le seguimos metiendo mucho dinero a Pemex hasta que adquiera la experiencia y la tecnología, o permitimos a Pemex, como lo está diciendo, en los campos que va a conservar, que van a seguir siendo de Petróleos Mexicanos que diga:Permítanme traer un socio, dejen asociarme con alguien que me permita acortar la curva de aprendizaje“.
7- “Ese riesgo en todo el mundo los estados lo comparten, porque no hace mucho sentido que la población tenga que sufrir las consecuencias económicas de un sobreendeudamiento del Gobierno, cuando Pemex, que a final de cuentas es parte el Gobierno, cuando, por ejemplo, se cae el precio del petróleo”.
8- “La opinión de distintos expertos dentro del Ejecutivo estima que es poco probable(la consulta popular sobre reforma energética), y creo que a juzgar por una reacción de los mercados financieros y de los potenciales inversionistas, también se tiene un análisis de que es poco probable que proceda la consulta”.
9- “Por supuesto que creemos que es una buena idea entrar en este debate y lograr un incremento en el salario mínimo, pero que sea hecho de una manera que el beneficio para la economía sea real y no sea simplemente una pancarta política en temporada electoral”.
10- “No permitamos que algo tan importante como el salario mínimo, que es el salario que aquellos trabajadores más pobres ganan hoy en día, se convierta en una pancarta política de una estrategia electoral”.

A los diputados bien portados, escandalosos bonos “especiales”

JESUSA CERVANTES
2014-07-26 20:53:13 · COMENTARIOS DESACTIVADOS
REFORMA ENERGÉTICA

La actual Cámara de Diputados va a pasar a la historia por la serie de reformas a la Constitución y sus leyes secundarias que aprobaron y con las cuales cambiaron de raíz los principios tradicionalmente defendidos en el país en torno a temas como los hidrocarburos, la seguridad laboral o los postulados educativos. Pero también va a ser recordada como la más costosa de la historia, pues con el inasible término de “subvenciones extraordinarias” se despacharon una cantidad impresionante de millones de pesos… Y además, esta semana pretenden pasarle la carga de los pasivos de Pemex y la CFE al pueblo mexicano.

Esta semana los diputados federales darán el último empujón al paquete de la reforma energética autorizando la transferencia de toda la información sobre las reservas de Petróleos Mexicanos a empresas trasnacionales y también haciendo que unos 700 mil millones de pesos de los pasivos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se paguen con recursos de todos los mexicanos.

Los diputados de la LXII Legislatura federal hicieron cambios históricos a la Constitución que han derivado primero en una reforma laboral –en septiembre de 2012– y luego una educativa, una fiscal y la de telecomunicaciones, para concluir con la energética el 11 de diciembre de 2013; hoy, con los periodos extraordinarios se materializan las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y energía.

Pero la Cámara de Diputados también se podrá recordar por haber repartido de manera “extraordinaria” o “especial” partidas adicionales para sus grupos parlamentarios, que del inicio de la Legislatura a la fecha suman 359 millones 202 mil pesos (no hay registro de que el Partido del Trabajo o Movimiento Ciudadano hayan recibido dichos recursos). Esto, además de las subvenciones oficiales que en toda Legislatura se entregan a los grupos parlamentarios.

Aplanadora bien aceitada

La forma de trabajo para procesar las reformas constitucionales y sus leyes secundarias –como en el caso del tema energético: mientras en el Senado la Ley de Hidrocarburos se discutió en 20 horas, en la Cámara de Diputados se aprobó en cuatro– muestran que la maquinaria del PRI está bien aceitada.

Los priistas han logrado que el PAN se sume a sus propuestas de cambios aplicando, junto con el PVEM y Nueva Alianza, la aplanadora contra la oposición. La semana pasada el PRI y sus aliados lograron en la Comisión de Energía, presidida por Marco Antonio Bernal, 20 votos a favor de los dictámenes sobre la materia que llegaron del Senado, contra siete en contra. Lo mismo sucedió con la Ley de Telecomunicaciones.

Pero ha habido otros casos en los cuales el PRI ha tenido que aliarse con el PRD para aprobar los dictados de la Presidencia de la República, como sucedió con la reforma fiscal.

Y desde una actitud pasiva han sido el PAN o el PRD en diversos momentos los que han defendido las reformas y leyes secundarias impulsadas por el Ejecutivo federal.

En una revisión a los informes semestrales de los siete partidos políticos –remitidos a la Junta de Coordinación Política– se observa que, “por acuerdo del Comité de Administración” de la Cámara de Diputados, de septiembre de 2012 a abril de este año se han entregado “subvenciones especiales” o “subvenciones extraordinarias” por 359 millones 202 mil pesos.

Este caudal de recursos los distribuye discrecionalmente cada coordinador parlamentario entre los miembros de su bancada.

El reporte que abarca de septiembre de 2012 a febrero de 2013 –primer periodo ordinario de sesiones y arranque del segundo, cuando se aprobó la reforma laboral– muestra que PAN, PRD, PVEM y Panal recibieron de forma extraordinaria 77 millones 820 mil pesos.

En el segundo reporte financiero semestral –de marzo a agosto de 2013– todos los grupos parlamentarios, excepto los de MC y PT, recibieron en conjunto 95 millones 68 mil pesos extras.

La entrega de recursos extraordinarios más elevada se dio entre septiembre de 2013 y febrero de 2014: 129 millones 746 mil pesos. Como en el resto de las entregas “especiales” o “extraordinarias”, tanto MC como PT no recibieron ni un peso. Fue también en ese lapso cuando se aprobó la reforma fiscal por el PRI con el respaldo de PRD, PVEM y Panal, y la energética por PRI, PAN, PVEM y Panal.

Estos tres informes financieros semestrales –que abarcan de septiembre de 2012 a febrero de 2014– suman 302 millones 634 mil pesos. A ello hay que agregar un informe cuatrimestral entregado a la Junta de Coordinación Política donde también figuran las subvenciones especiales para los cinco partidos citados por 56 millones 568 mil pesos, lo cual da el total de 359 millones 202 mil pesos, cantidad que no se había entregado en legislaturas anteriores.

Si se suman las subvenciones oficiales que cada bancada recibe, de septiembre de 2012 a la fecha se alcanza la cantidad de mil 843 millones 996 mil pesos.

La carga de los pasivos

Cada diputado federal gana mensualmente 148 mil 558 pesos por concepto de dieta, asistencia legislativa y atención ciudadana; además están las subvenciones arriba señaladas que reciben los grupos parlamentarios, dinero que el coordinador de cada bancada reparte discrecionalmente.

Y esos diputados que han recibido casi 2 mil millones de pesos por su trabajo legislativo ahora determinaron que el gobierno absorba como deuda pública una parte de los pasivos laborales de Pemex y la CFE.

Como parte de la reforma energética y con el pretexto de sanear esas empresas paraestatales, el miércoles 23 el PRI y el PAN presentaron un añadido a las leyes de Pemex, CFE y la de Presupuesto para que el pasivo laboral de éstas –las jubilaciones, pensiones y liquidaciones de los trabajadores– lo absorba en parte el gobierno.

A cambio los sindicatos deberán modificar sus contratos colectivos de trabajo y en lugar de estar en un sistema de pensiones de gobierno se trasladarán a un sistema de ahorro para el retiro en la modalidad de Afore, como sucede con el resto de los trabajadores del país.

Actualmente Pemex tiene un pasivo laboral de 1 billón 130 mil millones de pesos, y la CFE, de 500 mil millones de pesos. La propuesta es que el gobierno absorba entre 650 y 700 mil millones.

Fueron el PAN y el PRI los que dieron a conocer en la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados la propuesta. Una semana antes, el martes 15, cuando el Senado discutía en comisiones las leyes de CFE y de Pemex, el senador y dirigente sindical de Pemex, Carlos Romero Deschamps, ingresó al recinto acompañado de su coordinador parlamentario, Emilio Gamboa Patrón, y del diputado panista Rubén Camarillo. Su malestar era evidente.

El jueves 17 y el viernes 18, cuando se avalaron en el pleno senatorial las reformas a las leyes de las paraestatales, Romero Deschamps no asistió; su coordinador parlamentario comentó que estaba “negociando el contrato colectivo”. Una semana después los diputados panistas Juan Bueno Torio y Rafael González Manríquez le preguntaron al extesorero del sindicato petrolero y hoy diputado Ricardo Aldana “si lo que propone es que el pasivo laboral se convierta en deuda pública”.

Aldana no respondió, pero la priista Irazema González Martínez Olivares dijo que “este pasivo laboral deberá ser asumido por el gobierno federal y que a través de Hacienda se considere dentro del paquete económico de 2015… y propondremos que el Consejo de Administración de Pemex utilice sus ingresos propios, excedentes, para incrementar su gasto de inversión o para cubrir sus pasivos laborales”.

El perredista Luis Espinosa Cházaro preguntó si “los recursos que deberían estar ahí, en ese hueco financiero que hoy hay, no están en el Pemexgate y en los actos de corrupción”.

Recordó que del Pemexgate –el escándalo desatado en 2000 cuando se descubrió que recursos del sindicato petrolero fueron desviados a la campaña del candidato presidencial priista Francisco Labastida– fueron mil 500 millones de pesos. Entonces Romero Deschamps era el líder sindical y su tesorero era Aldana.

A ambos personajes, el primero diputado federal y el segundo senador en la LVIII Legislatura (2000-2003), se les intentó desaforar para que rindieran cuentas; la comisión la encabezaron el fallecido panista José Blake Mora y su compañero de bancada Cuauhtémoc Cardona, quienes determinaron que sí había pruebas para retirarles el fuero. Sin embargo una solicitud de última hora del entonces encargado de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, Daniel Cabeza de Vaca, les notificó que por orden del entonces presidente Vicente Fox se dictaminara improcedente el desafuero y así ocurrió.

Ahora la diputada perredista Socorro Ceceñas dijo en la sesión del viernes 25: “Es vergonzosa la forma en que se asume el pasivo laboral… a última hora presentan un intento de encubrir el resultado de una gestión irresponsable, corrupta, de Pemex y CFE registrada durante muchos años. Se pretende cargar sobre las espaldas del pueblo mexicano el costo de este auténtico saqueo a la nación”.

Y el jueves 24 el diputado del MC Ricardo Mejía Berdeja, al analizar las atribuciones de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), dijo que se deben pronunciar en contra pues “será el verdugo” de Pemex. Va a ser el “regenteador de los recursos energéticos del país para colocarlos en las trasnacionales. Son entes que van a estar distribuyendo yacimientos, contratos, que van a estar diciendo cuándo es causa de utilidad pública para las ocupaciones temporales”.

Y lo más peligroso, sostuvo, es que la CNH “va a tener la riqueza informática de los recursos, de las reservas del país. Chevron va a llegar y se va a despachar con la cuchara grande con toda una inversión que no le costó nada porque el Estado, a través de Pemex, invirtió recursos para ubicar reservas y para tener todo el acervo energético; y ahora con este entramado legislativo, toda esta información la va a tener la CNH a través del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos, que la va a poner a disposición de Halliburton, Chevron, Texaco y todas las grandes compañías.

“Esa gente que no invirtió, que no encontró este tipo de yacimientos o de reservas, va a ser el usufructuario a través de la CNH y este centro, de toda la información… Quieren la mesa servida para usufructuar la riqueza. Es un robo de toda la información geológica, geofísica, petrofísica y de todas las actividades de reconocimiento, exploración y extracción que ha llevado a lo largo de su historia el país vía Pemex. Ahora van a ponerlo a disposición de las empresas extranjeras”, acusó.

La CNH va a regentear los recursos energéticos para ponérselos a grupos extranjeros, “va a tener el patrimonio histórico de la información energética de la nación para que, sin que les cueste un sólo peso a esas compañías, pueda estar a su disposición”.

Perderán los estados $23.6 mil millones

“El gobierno quiere formar un colchón con los recursos que no les transfiera”

PRD: infamia, reducir a estados las participaciones por ingresos petroleros

Cambios planteados en la distribución de fondos implicarían una caída de $11 mil 779 millones

Enrique Méndez

 

Periódico La Jornada
Domingo 27 de julio de 2014, p. 7

Ante una eventual caída en las participaciones a los estados por ingresos petroleros, derivado de las modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal aprobadas ayer en comisiones, diputados federales iniciaron una ronda de negociaciones con la Secretaría de Hacienda para evitar una merma en los ingresos de las entidades y municipios.

Carol Antonio Altamirano (PRD), integrante de la Comisión de Hacienda, explicó que la fórmula para la distribución de los ingresos petroleros implicaría una caída de 11 mil 779 millones de pesos para los estados, que se duplicaría con la aplicación de un artículo transitorio en la misma ley, que reduce el porcentaje de participaciones entre 2015 y 2018.

Los recursos que no se transfieran a los estados, abundó, serán retenidos por la Federación. El gobierno federal quiere utilizar los recursos que les correspondían a las entidades como un colchón, si las estimaciones de los contratos con las empresas privadas no les cuadran. ¡Eso es una infamia! Si quiere cubrirse las espaldas cuatro años, que no lo haga con los recursos de los estados, indicó.

Explicó que en su iniciativa de reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, aprobada ayer en lo general, el Ejecutivo propuso incluir en la recaudación federal participable un porcentaje de 79.73 de los ingresos petroleros, como medida para no afectar los ingresos de los estados.

Tal monto, precisó Antonio Altamirano, corresponde a las transferencias de 2013, pero si se compara con el promedio de los cuatro años recientes, existe una caída de 7.7 por ciento, equivalente a menos 11 mil 779 millones de pesos.

El diputado priísta Ricardo Aldana durante los trabajos de las comisiones unidas de Energía y Hacienda en San LázaroFoto José Antonio López

Eso quiere decir que el porcentaje no garantiza lo que se prometió, y es un engaño que perjudicará a todas las entidades, afirmó.

Refirió que además en el dictamen se incluyó un artículo sexto transitorio, que reduce el porcentaje original de 79.73 por ciento de los ingresos a 73 por ciento en 2015, y aunque se incrementa progresivamente hasta 2018, sólo llega a 76.28 por ciento.

Con este artículo, la afectación sería de casi 23 mil 600 millones de pesos. No aceptemos esa infamia, expresó.

Al respecto, el panista Juan Francisco Cáceres consideró necesaria una reunión de los integrantes de las comisiones con funcionarios de la Secretaría de Hacienda, para revisar el monto real de transferencias a las entidades.

No podemos dejar en el aire pensar que el Ejecutivo quiere perjudicar a las entidades federativas. Sí es preocupante la incertidumbre de no saber cuánto van a recibir, señaló.

El diputado Juan Bueno Torio (PAN) explicó que se condiciona la participación del fondo de los estados y municipios productores de hidrocarburos a que éstos no impongan ni mantengan impuestos locales o municipales en materia de protección, preservación o restauración del equilibrio ecológico.

México dejará de percibir 500 mil mdp con la reforma energética: AMLO

24 DE JULIO DE 2014
DESTACADO

López Obrador en su gira por Huehuetán, Chiapas. Foto: Especial.

MÉXICO, D.F. (apro).- El dirigente del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, advirtió que con la reforma energética el país dejará de percibir alrededor de 500 mil millones de pesos que se obtenían de la renta petrolera.

De gira por el municipio de Huehuetán, Chiapas, el excandidato presidencial afirmó que con lo anterior se afectará el presupuesto público, pues con esos recursos se financia la construcción de obras públicas, entrega de sueldos a maestros y médicos, así como el impulso a programas sociales.

“Esta banda de malhechores, ya para acabar con todo, están reformando la Constitución, las leyes. En estos días ya tienen todo acordado, van a terminar de aprobar las llamadas leyes secundarias para la reforma energética en la Cámara de Diputados, y lo que quieren es entregar las ganancias del petróleo a particulares, sobre todo del extranjero”, alertó.

El político tabasqueño explicó que la extracción de petróleo es un gran negocio, debido a que explotarlo cuesta 10 dólares el barril de 160 litros, pero se vende a 100 dólares. Diariamente, agregó, se extraen 2 millones 600 mil barriles, que representan 260 millones de dólares diarios y 100 mil millones de dólares al año.

El sector energético es básico, explicó, pues “no tienen petróleo todos los países del mundo, sólo 20 naciones de cerca de 200 tienen petróleo, y uno de ellos es México”, indicó.

También recordó que por eso Morena recolecta 2 millones de firmas de mexicanos para obligar al gobierno federal a llevar a cabo una consulta ciudadana en materia energética.

Hasta el momento, Morena lleva un millón de rúbricas y tiene el mes de septiembre como fecha límite para entregarlas.

En otro asunto, López Obrador demandó al gobernador Manuel Velasco que restituya al programa de apoyo a los adultos mayores o que se entreguen mil pesos mensuales a todos los adultos mayores de Chiapas.

“No le hace que al programa ya no le ponga Nuevo Amanecer, o que le ponga Amanecer Verde, no me importa qué color le ponga, pero que se dé el apoyo a los adultos mayores. Ya le mandé una carta, quiero decirle que sí hay recursos, sólo se necesita de ajustar los gastos arriba para liberar fondos para la mayoría de la gente”, indicó.

Avalan desmantelar la CFE para dar paso a empresas trasnacionales

Aprueba el Senado en lo general leyes de industria eléctrica y de energía geotérmica

Se permite el despojo de tierras privadas, ejidales y comunales, denuncian PRD y PT

El coordinador de la bancada perredista en el Senado, Miguel Barbosa, durante la sesión extraordinaria donde se aprobaron dos leyes secundarias en materia energéticaFoto Roberto García Ortiz

Andrea Becerril y Georgina Saldierna

 

Periódico La Jornada
Domingo 20 de julio de 2014, p. 3

Entre reclamos de legisladores de PRD y PT, el Senado aprobó anoche en lo general las leyes de la industria eléctrica y la de energía geotérmica. La oposición criticó la decisión de desmantelar la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para dar entrada a empresas nacionales y extranjeras a las que se garantiza la entrega de los terrenos que requieran para sus proyectos.

Luego de más de siete horas de discusión, durante la sesión extraordinaria, con 92 votos en favor y 25 en contra, se avaló el segundo dictamen de la legislación secundaria en materia energética.

El perredista Isidro Pedraza denunció ante el pleno que los legisladores más apasionados en impulsar las normas que pulverizan a la CFE son los que defienden los negocios de empresas extranjeras, las cuales, operadas por funcionarios o ex funcionarios, van a entrar al gran negocio de la electricidad.

El coordinador del PT, Manuel Bartlett, dijo que los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón trataron de acabar con el servicio eléctrico, pero ha sido Enrique Peña Nieto el que acepta el mandato del imperio para destruir a la CFE y abrir paso a trasnacionales estadunidenses.

Expuso que desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) había presiones para que la industria eléctrica se abriera a inversionistas estadunidenses.

Como ya parece costumbre en los trabajos de dictaminación de la legislación energética, priístas y panistas acordaron introducir cambios de última hora por los que se elimina la palabra expropiación, que permanecía en el documento, aunque mantuvieron otros ordenamientos para obligar a propietarios privados, ejidales y comunales a entregar sus tierras a las empresas que se encargarán de generar y distribuir la electricidad.

Se modificó el artículo 71 de la ley, en el que la industria eléctrica se considera de utilidad pública yprocederá la constitución de servidumbres, la ocupación o afectación superficial, o la expropiación de los terrenos necesarios para la realización de las actividades de la industria, conforme a la ley de expropiación y demás disposiciones aplicables.

La parte referida a expropiación se eliminó también del artículo 11, fracción 30, en la que se daban a la Secretaría de Energía facultades para promover la expropiación, la ocupación temporal, parcial o total o la limitación de los derechos de dominio de los bienes inmuebles que sean necesarios para llevar acabo las actividades de la industria eléctrica.

En tribuna, el perredista Luis Sánchez dijo que aunque se haya eliminado la palabra expropiación habrá un despojo a propietarios privados, pueblos y comunidades indígenas, porque la legislación permite a las empresas nacionales y extranjeras que generan electricidad apoderarse de sus tierras para levantar su infraestructura y llevar a cabo sus actividades.

En caso de que los propietarios no lleguen a un acuerdo con la trasnacional sobre el pago por sus propiedades o por las afectaciones que le provoquen, luego del avalúo sugerido, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) podrá proponer al Ejecutivo federal la constitución de una servidumbre legal por la vía administrativa.

Por medio de esa figura la empresa tendrá derecho para el tránsito de personas, de transporte, de conducción y almacenamiento de materiales para la construcción” en el terreno requerido para la realización de su proyecto. Asimismo, para instalar o mantener la infraestructura y demás actividades y obras para el desarrollo de la industria eléctrica.

La ley de la industria eléctrica no prevé que los afectados pudieran participar en las utilidades de la empresa, como se instauró en la ley de hidrocarburos en el caso de propietarios afectados por empresas petroleras.

Es una burla, una farsa, un atraco, un despojo vestido de legalidad, consideró el senador Pedraza, quien aludió en tribuna a la información, publicada en La Jornada sobre los ex funcionarios que entrarán al negocio eléctrico.

Garantizado, el abasto de energía

Durante la prolongada discusión, priístas y panistas defendieron el dictamen. El presidente de la Comisión de Energía, David Penchyna, rechazó que se privatice la CFE y dijo que se fija un nuevo modelo de la industria eléctrica nacional que permitirá al Estado mantener la rectoría económica y aprovechar la competencia para ofrecer mejores servicios.

La senadora panista Sonia Mendoza reivindicó que las leyes aprobadasgarantizan el abasto de energía a las nuevas generaciones.

La perredista Dolores Padierna advirtió que más allá de los discursos en los que se repiten eslogans, en la ley se señala la desintegración de la CFE para abrir paso a un mercado privado de la electricidad, que dejará de ser un servicio público.

Durante la sesión, tanto Padierna como su compañero de bancada Zoé Robledo reivindicaron la figura del ex presidente Adolfo López Mateos, quien nacionalizó la industria eléctrica.

La bancada perredista puso en evidencia que el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, el panista Raúl Gracia, no se ha presentado a ninguna de las sesiones en que se ha discutido la legislación secundaria energética. Se preguntaron si estará de vacaciones.

Al cierre de esta edición continuaba la discusión del dictamen en lo particular. El PRD reservó más de 120 artículos.

Sigue adelante la gran traición del PRIAN

(19 de julio, 2014).- La democracia participativa en México puede ser la tabla de salvación para evitar que pronto pasemos a ser un territorio similar a un páramo, como consecuencia de la criminal explotación de que será objeto por grandes empresas extranjeras que contarán con el pleno apoyo de sus gobiernos, con la complicidad de las autoridades mexicanas. Ya se dio el paso fundamental en esa dirección: la aprobación en lo general de la nueva Ley de Hidrocarburos, gracias al mecanismo autoritario del voto mayoritario del binomio reaccionario PRI-PAN y sus lacayos del Partido Verde.

​Permitir que siga el proceso de traición a la patria del grupo en el poder será como ser cómplices por omisión de uno de los actos más dramáticamente dañinos para el pueblo de México. No habrá más oportunidades para hacer frente a la élite reaccionaria, cuyo único objetivo es aprovechar la coyuntura política para apuntalar sus mezquinos intereses.

Con el fortalecimiento de la derecha por el modelo neoliberal se perdió la línea divisoria entre la actividad política y los negocios empresariales, como es del dominio público. México pasó a ser administrado por una clase gerencial al servicio de intereses privados. Dejamos de tener un mandatario con responsabilidades en favor de la nación.

​Las consecuencias de esta realidad incontrovertible son equiparables a una hecatombe apocalíptica, como se advierte desde hace una década con la entrega a grandes empresas mineras, la mayoría extranjeras, de 35 millones de hectáreas que antes eran cultivables y actualmente están inutilizadas para la siembra de cualquier tipo de semillas. Este volumen representa 30 por ciento del territorio nacional, el cual será mucho más grande una vez que comiencen las presiones de las petroleras extranjeras por empezar a explorar y explotar yacimientos de hidrocarburos.

​Es una mentira criminal afirmar, como lo hacen legisladores priístas y panistas, que la privatización del petróleo y del gas que aún nos quedan, vaya a “detonar el crecimiento”, traiga “grandes beneficios” al campo y a los productores agrícolas, además que se “crearán miles de empleos” y se “beneficiará enormemente” a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Eso nos vienen diciendo, desde hace tres décadas, los tecnócratas al servicio del Consenso de Washington; ahora los hechos ponen de manifiesto su cinismo y traición a la patria. ¿No aumentó la pobreza en el país de manera exponencial? ¿No creció igualmente el desempleo, cuyo déficit de más de 15 millones de desocupados está disfrazado por el subempleo y la economía informal?

​De continuar hasta su consumación los planes de las grandes trasnacionales, de común acuerdo con sus socios de la oligarquía “mexicana” y sus empleados al frente del Estado, en pocos años el país parecerá parte del territorio enclavado en la Franja de Gaza, de tan terribles que serán las afectaciones por la criminal depredación de que será víctima por petroleras y mineras sin ningún compromiso con los mexicanos. Lo que provoca más enojo entre la población, es el cinismo con el que dicen sus infundios políticos antes bien vistos, como Enrique Burgos, pero que decidieron seguir el camino de la traición por un vil interés monetario.

​No poner ahora un alto a las absurdas e irracionales ambiciones del grupo en el poder y de la oligarquía, hará más difícil poderlo hacer después, cuando las trasnacionales estén ya plenamente establecidas en territorio mexicano, bajo la protección de sus gobiernos. De ahí el imperativo de cerrar filas, todas las organizaciones progresistas y democráticas, en torno a la defensa de la patria. Lo que estamos viviendo en la actualidad es equiparable a la lucha que dieron los patriotas que se opusieron firmemente a las invasiones extranjeras en 1847, 1862, 1914 y 1916.

​La entrega de nuestros recursos energéticos a empresas privadas implica aceptar que nuestro destino es ser una colonia disfrazada con instituciones dizque al servicio de un Estado nacional.

Recuérdese que antes de la expropiación de la industria petrolera por el presidente Lázaro Cárdenas, los mexicanos éramos tratados como sirvientes de las grandes compañías, tal como lo relató magistralmente B. Traven en su novela “La rosa blanca”. De consumarse la gran traición encabezada por Enrique Peña Nieto, nuestro futuro sería peor que trágico. ¡Qué lamentable que el grupo en el poder no tenga un ápice de patriotismo!

PRI y PVEM legalizan fracking, despojo de tierras y superpoderes a Peña

(19 de julio del 2014).- Con el espaldarazo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Verde Ecologista (PVEM), el 17 de julio, el pleno en el senado de la República, aprobó en lo “particular”, apenas un día después del haberse aprobado el dictamen general, la reforma energética, en específico, el punto sobre la Ley de Hidrocarburos con el cual se legaliza la extracción de gas mediante el método del fracking, el despojo de tierras y superpoderes a Peña respecto a la titularidad de energéticos.

Desde las once de la mañana, después de que la Secretaria de Gobernación se negó a transmitir capsulas de 10 minutos en espacios abiertos de telecomunicaciones sobre el debate, integrantes del Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo y Convergencia, presentaron imputaciones sobre la constitucionalidad de la nueva reglamentación energética.

Al respecto, la primera en intervenir fue la senadora michoacana, Iris Vianey Mendoza, quien presentó alegatos en contra del artículo 1, en donde, se establece la rectoría preponderante del ejecutivo, en torno a la administración de contratos a particulares, nacionales y extranjeros, sobre el petróleo mexicano. Posición que fue relevada por Alejandro Encinas, Isidro Pedraza, Dolores Padierna, Manuel Bartlett, Zoé Robledo, Rabindranath Salazar, entre otros.

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Entre los puntos que presentó Padierna, resaltó el reproche a la fracción parlamentaria del PRI, quien, con esta reforma, le ha otorgado poderes extraordinarios a Enrique Peña Nieto, con el fin dar contratos a particulares sin la necesidad de ser aprobados por el congreso; posición que podrían derivar en nuevos actos de corrupción y conflicto de intereses entre el Estado y los “poderes facticos”.

“Les recuerdo que la darle tantos poderes al presidente de la república, daría posibilidad a el otorgamiento de contratos discrecionales; la discrecionalidad, como sabemos, permite otorgar contratos riesgosos o desventajosos para la nación; y con ellos, por encima del interés públicos como suele sucedes, darán amplio margen a la corrupción y la opacidad”, sostuvo en su alocución.

Por su parte, el senador Manuel Bartlett, explicó que este nuevo “régimen autoritario”, derivará en una nueva ruptura de la sociedad civil y la legalidad, con el Estado.” Se está rompiendo la estructura legal del Estado, lo que implica inconstitucionalidad.”

Cabe resaltar que, en relación con el artículo 3º de la mencionada reforma, no sólo Peña podrá tener dichos poderes  que, relacionados con la Ley Minera y algunos otros capítulos del paquete, darían nuevos bríos a la “discrecionalidad” con que se den concesiones empresas privadas, sino también, como han afirmado especialistas en la materia y asociaciones campesinas, otorgarán la posibilidad de que la “soberanía nacional” se vea mermada en la preponderancia hacia los privados, encimas del derecho a la pequeña propiedad.

Pues podrán ser despojados sin necesidad de mediar una orden judicial, por parte del congreso un otra instancia.

Así lo dejó de manifiesto, la intervención del perredista Alejandro Encinas: “El senado de la república o el Congreso ya no podrá conocer, con la cláusula de ‘confidencialidad’, los contratos desventajosos que suscriba con Estados Unidos. Un caso específico es el de los pozos petroleros en donde México  comparte territorio con el país del norte, porque ellos no sólo tendrán la mitad de la renta petrolera, también son los que tienen la tecnología y por ello se les tendrá que pagar.”

Finalmente el proyecto de ley quedó como fiel al dictamen final.

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Por otra parte, buena parte de las intervenciones también cuestionaron los supuestos beneficios de la extracción de gas shale, por medio de la técnica del fracking.

Pese a que esta demanda ha sido una de las que mayor número de adhesiones entre organizaciones ciudadanos, como sucedió el día de ayer, cuando integrantes de diversas ONGs entregaron poco más de 10 mil firmas en contra de su aprobación, nuevamente el PRI y el PVEM negaron echar atrás la legalidad de esta método industrial.

De hecho, en relación a las reservas a los artículos 5, 6, 20, 32 y 37, presentadas por Benjamín Robles, se desató un agria discusión entre éste, Pablo Escudero del Verde y diversos senadores de izquierda; quienes, por una parte, alertaron perjuicios en la salud de la población, y el otro, defendió la sustentabilidad del proyecto, pues, según éste, está aprobado en diversos estados de la estadounidenses y Canadá.

“Yo le quiero preguntar senador Escudero, usted que se dedica a la ‘protección del medio ambiente’, qué pasaría si un día se encuentra algún recurso natural en una zona ecológica. ¿Acaso usted estará de acuerdo en que una reserva natural quede a merced de la industria energética? ¿Acaso usted lo aplaudirá? Todos los proyectos económicos generan impactos ambientales, díganos un argumento serio”, reviró Raúl Morón.

Organizaciones como la Alianza Mexicano Contra el Fracking, han advertido que esta forma de extraer gar del subsuelo, genera grandes riesgos ecológicos, ya que por su baja rentabilidad económica y su necesidad de operar con grandes cantidades de agua, sería necesario su masificación e intensificación para hacerlo sustentable, sin que esto reditué grandes beneficios en la población.

Benjamín Robles añadió además, que la extracción de este combustible con fracking, podría volver endémicos los problemas sociales, ambientales y culturales, que hace un par de años padeció el pueblo Huichol de Wirikuta, donde se enfrentaron a la destrucción de un territorio sagrado, a manos de una minera canadiense.

Éste, sin embargo, se mantuvo como en la propuesta de dictamen aprobada el día de ayer.

Trata México en lo oscurito pacto sobre servicios

Tratos sigilosos

Sin debate interno, México negocia mayor apertura comercial

La organización que fundó Assange entrega a este diario documento sobre esas gestiones

Se trata de la iniciativa TISA, para la liberalización en el sector de los servicios

Julian Assange y el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, participaron ayer en una videoconferenciaFoto Xinhua

Roberto González Amador y Miriam Posada García

 

Periódico La Jornada
Viernes 20 de junio de 2014, p. 2

Un acuerdo para abrir al capital privado trasnacional la prestación de servicios médicos, de salud, telecomunicaciones y financieros es negociado por un grupo de 50 países, entre ellos México, sin que exista discusión nacional acerca de un tema que afecta directamente la forma en que se prestan bienes sociales.

Se trata del Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA, por sus siglas en inglés), que comenzó a ser negociado a inicios de 2012 bajo el impulso del gobierno de Estados Unidos.

El TISA se suma a una creciente sopa de letras de acuerdos de liberalización comercial y de inversiones.

En este caso, la negociación se centra específicamente en el comercio de servicios que ahora son, en buena medida y quizá sólo con excepción de los financieros, provistos por el sector público, según la red Internacional de Servicios Públicos (PSI, por sus siglas en inglés), organización con sede en París, Francia, que ha buscado documentar el contenido del acuerdo.

El TISA se encuentra entre la alarmante nueva ola de acuerdos comerciales y de inversión basados en poderes jurídicamente vinculantes que institucionalizan los derechos de los inversores y prohíben las medidas gubernamentales en una amplia gama de ámbitos no sólo incidentalmente relacionados con el comercio, dice la PSI.

Intereses corporativos

Una muestra la ofrece un borrador de la negociación, relacionado con la liberalización de servicios financieros, actualizado a abril de este año. El documento fue entregado a La Jornadapor Wikileaks, organización dirigida por Julian Assange.

El borrador señala que, en relación con la prestación de servicios financieros, un Estado firmante del acuerdo debe otorgar trato nacional a una compañía extranjera que también participe en el TISA, además de que los países se comprometen a eliminar o reducir las presencias monopólicas en sus respectivos mercados.

Cada país debe asegurarse de que los prestadores de servicios financieros de cualquier otro país (firmante del TISA) establecido en su territorio tenga trato de nación más favorecida y trato (como si fuera empresa) nacional en cuanto a la adquisición o compra de empresas de servicios financieros en su territorio, de acuerdo con el borrador obtenido por Wikileaks.

Increíblemente, tras la crisis financiera mundial, el TISA también pretende desregular aún más los mercados financieros. Sabemos que los grandes intereses corporativos están fuertemente implicados en las negociaciones de TISA, mencionó PSI.

Agua, medicina, educación, energía...

Las naciones involucradas en la negociación de TISA son: Australia, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, México, Noruega, Nueva Zelanda, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Corea del Sur, Suiza, Taiwán y Turquía, así como la Unión Europea, que representa a 28 estados.

Este conjunto de países realiza dos terceras partes del comercio mundial, y más de 90 por ciento del valor de esas transacciones corresponde al intercambio de de servicios comerciales de las naciones desarrolladas.

A diferencia de otros acuerdos comerciales, el TISA se centra en una categoría amplia que incluye, de acuerdo con la PSI, los siguientes:

Servicios transfronterizos como telemedicina, educación a distancia o apuestas por Internet. Consumo en el extranjero en áreas como turismo o turismo médico.

Inversión extranjera directa: como el establecimiento de una sucursal de un banco en otro país o el suministro de agua o servicios de energía por una empresa multinacional.

Movimiento temporal de personas: como cuando enfermeras, empleados del hogar o ejecutivos de empresas viajan al extranjero con carácter temporal para prestar servicios.

Supongamos, por ejemplo, que un gobierno del TISA aplicara, incluso con carácter temporal o experimental, un sistema de seguros privado para los servicios de salud cubiertos anteriormente por un sistema público. En ausencia de una reserva que excluyera explícitamente el sector de seguros de salud de un país, este gobierno o cualquiera futuro no podría devolver estos servicios a un sistema público sin violar el TISA, ejemplificó la PSI.

Traidores, gobierno y legisladores; usan la expropiación para despojar: Morena

Es una figura sólo válida para garantizar el interés público, destaca Martí Batres

El dictamen avalado por senadores señala que se enajenarán bienes requeridos para proyectos de energía

Se debe buscar que los mexicanos con terrenos donde haya yacimientos sean partícipes de las ganancias, señala experto. La imagen, en el Golfo de MéxicoFoto José Carlo González

Alma E. Muñoz

 

Periódico La Jornada
Domingo 15 de junio de 2014, p. 5

El presidente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Martí Batres, aseguró que gobierno y legisladores son traidores por pretender convertir el instrumento de la expropiación, que hasta el momento ha servido para garantizar el interés público, en herramienta para despojar de tierras a los campesinos y entregarlas a las compañías extranjeras. ¡No tienen madre!, apuntó.

¿Hasta dónde van a llegar la indignidad, la impudicia e inmundicia de gobierno y legisladores? ¿Es que no reparan en las consecuencias de sus actos? Esto es el mundo al revés, escribió en redes sociales.

Lo anterior, después de que el dictamen de las nuevas leyes de hidrocarburos y de la industria eléctrica, avaladas en comisiones del Senado, señala que el gobierno decretará la expropiación de terrenos y propiedades requeridos por empresas nacionales y extranjeras que tengan contrato para explotar petróleo, así como generar y comercializar electricidad, en caso de que no hayan llegado a un acuerdo sobre la indemnización respectiva.

Batres ha expresado en diversas ocasiones el rechazo de Morena a la reforma energética, y que el procedimiento acelerado de PRI y PAN para aprobar sus leyes secundarias durante el Mundial de futbol, además de irresponsable, carece de certeza.

Como si ignoraran la consulta popular

“Despierta suspicacias que los legisladores actúen como si ignoraran que hay una consulta popular (sobre la reforma energética) en proceso –para lo cual se recaban firmas a fin de que se realice durante las elecciones del 5 de julio del año entrante– y que pretendan engañar a inversionistas nacionales y extranjeros ofreciendo leyes que tienen un futuro incierto”, señaló.

También, que la actitud de los senadores mostrada en estos días ratifica su intención de legislar de espaldas a la ciudadanía, sin debate y atropellando las reglas básicas de la democracia.

Buscan legalizar despojo de tierras también en el sector de electricidad

Senadores agregan al plan de Peña figura de expropiación en favor de extranjeros o nacionales

Intenta el PRD que no aplique en propiedades de indígenas

Sería muy grave, señala Bartlett

Alejando Encinas, Dolores Padierna, Manuel Bartlett, Fernando Mayans, Zoé Robledo y Miguel Barbosa, entre otros legisladores, durante la discusión de las leyes secundarias en comisiones del SenadoFoto José Antonio López

Andrea Becerril

 

Periódico La Jornada
Sábado 14 de junio de 2014, p. 13

La pretensión de despojar a propietarios, comuneros y ejidatarios de tierras y bienes en los que haya yacimientos de petróleo y gas se extendió también para el caso de instalaciones eléctricas.

En el proyecto de dictamen de nueva ley para ese sector, dado a conocer por los presidentes de las comisiones de Energía y de Estudios Legislativos Primera, David Penchyna y Raúl Gracia, respectivamente, se señala que el gobierno decretará, en un plazo de 10 días, la expropiación de terrenos y propiedades requeridos por las empresas nacionales y extranjeras que tengan contrato para generar y comercializar electricidad, en caso de que no hayan llegado a un acuerdo sobre la indemnización respectiva.

La iniciativa que el presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado sobre la nueva ley de la industria eléctrica no consideraba llegar a expropiar tierras y propiedades, pero en el proyecto de dictamen que ya circula en el Senado se incluyó esa medida, junto con otras modificaciones.

En el capítulo VII, título segundo, del proyecto de dictamen se autoriza a las trasnacionales eléctricas a negociar con los dueños de los predios la contraprestación que les deberán pagar por rentar o comprar los terrenos donde construirán instalaciones de electricidad, generadores o ductos, pero el valor de los terrenos se acordará con un organismo oficial, de acuerdo con la Secretaría de Energía, no con los propietarios.

Al respecto, la senadora Dolores Padierna, del PRD, dijo que su bancada tiene reservados todos los artículos de la ley de hidrocarburos donde se establece el despojo de tierras, y lo propio hará en el caso de la industria eléctrica. Vamos a proponer cambios y que se señale expresamente que tales disposiciones no se aplicarán a superficies ocupadas por pueblos y comunidades indígenas

Por su parte, su homólogo Manuel Bartlett, del PT, dijo que sería gravísimo que tales normas se aprueben, ya que rompen el sistema de propiedad social.

Entre las modificaciones hechas a la propuesta original de Peña Nieto está precisamente que procederá la expropiación de los terrenos necesarios para la realización de las actividades de la industria eléctrica.

Se resalta en el proyecto de dictamen que las actividades de transmisión y distribución de energía eléctrica se consideran de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo de los terrenos afectos a aquellas.

Que la Federación y los gobiernos de los estados, municipios y delegaciones del Distrito Federal contribuirán al desarrollo de proyectos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, mediante procedimientos y bases de coordinación que agilicen el otorgamiento de los permisos y autorizaciones en el ámbito de su competencia.

Asimismo, define que las empresas nacionales y extranjeras podrán acordar la adquisición, uso, goce, servidumbre o afectación de la modalidad idónea para el desarrollo de su proyecto eléctrico, entre ellas el arrendamiento, ocupación superficial, comodato, compraventa y permuta.

La contraprestación comprenderá pago en efectivo o en especie, o el compromiso de contratación del propietario o titular del bien o derecho de que se trate.

El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) mediará entre el afectado y la empresa contratista, y podrá sugerir la forma de adquisición o uso de los terrenos o propiedades donde se habrá de construir estructura eléctrica. Además, en caso de que el propietario no acepte los avalúos particulares, este instituto será el encargado de fijarlos.

Sólo tiene un nombre : TRAICIÓN A LA PATRIA

Diputados exigen juicio político a Zedillo por entregar red ferroviaria a extranjeros

Diputados han señalado que 85 por ciento del mercado de las concesiones en materia ferroviaria se concentra en dos actores y el sector registra un alto rezago, ya que sólo mueve de 12 a 14 por ciento de las mercancías y productos que circulan a través del país.

El ex presidente Ernesto Zedillo, investigado por su responsabilidad en la matanza de 45 indígenas el 22 de diciembre de 1997 (Foto: Archivo/Cuartoscuro)

Diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano consideran un posible juicio político contra el ex presidente, porque abrió la inexplicable privatización del sistema ferroviario de México, a un risible costo de mil 400 millones de dólares.
De acuerdo con La Jornada, Manuel Añorve, Ricardo Monreal, Jaime Bonilla y Roberto López Suárez coincidieron en que la participación del ex presidente como parte del consejo de administración de una de las empresas ferroviarias, que tienen en concesión la mitad del territorio nacional, constituye un acto inmoral frente a la historia.
Los legisladores consideraron que deberá castigársele porque defendió el interés privado por encima de los bienes nacionales, cuando su responsabilidad se fundamentaba, constitucionalmente, en proteger los recursos del pueblo de México.
Los legisladores anunciaron que promoverán ante el Ministerio Público Federal el inicio de una investigación que esclarezca si Ernesto Zedillo, siendo presidente, incurrió en una violación de la norma fundamental al pactar con la empresa, ser socio y administrador de una compañía favorecida por él cuando desempeñaba su cargo público.

“Es evidente que Ernesto Zedillo se convirtió en encubridor de una empresa trasnacional, y es evidente que no defendió los intereses de la nación. Su participación en esta campaña ofende, porque no se afecta a los concesionarios. Se está abriendo la competencia.
En el PRI no entendemos porqué Zedillo defiende esos intereses, pero qué bueno que ha optado por defenderlos en público, porque eso nos permitirá recordar los errores que tuvo como presidente, sostuvo el vicecoordinador del PRI, Manuel Añorve.

Por su parte, el diputado del PRD, Fernando Cuéllar Reyes, sostuvo que se debe revisar cómo se otorgaron las concesiones a las compañías ferroviarias y pedirle a la Comisión Federal de Competencia Económica que investigue el caso.

En conferencia de prensa en donde integrantes de la Comisión de Transportes hablaron de la Ley del Servicio Ferroviario, aprobada por la Cámara de Diputados y enviada al Senado, el legislador aseguró que los costos del transporte permanentemente se incrementan, por lo que el Estado debe intervenir.
“No queremos un mercado salvaje, absurdo; lo que queremos es que haya orden y que sí haya un Estado que regule y que ponga orden”, por lo que, dijo, estamos estableciendo comunicación con nuestras compañeras y compañeros en el Senado, “porque pensamos que el espíritu, que el principio de estas reformas es muy claro y queremos que sea consistente”.
Cuéllar Reyes comentó que el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) suscribe y apoya el dictamen que se aprobó primero en comisiones y luego en el Pleno porque el mensaje tiene que ser muy claro.
Que el país cambio, hay un nuevo diseño institucional; pasamos de un esquema de más de 30 años donde el Estado se hizo pequeño, donde el mercado hizo lo que quiso y donde los grandes monopolios se consolidaron.
A su decir, se tendrá que poner orden en todos los sectores y en el caso concreto del sector ferroviario incluso había más radicales incluso para que se volvieran a estatizar el sistema ferroviario.
Y es que, agregó, el sector se abrió y actualmente hay empresas que sus ganancias prácticamente el 50 por ciento lo obtienen en México, mientras que en naciones como Estados Unidos hay más de 600 empresas y aquí sólo hay dos que son las que concentran los capitales.
El legislador del PRD señaló que se ha planteado la posibilidad de un punto de acuerdo donde se revise desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista normativo, cómo se otorgaron estas concesiones y pedir al órgano antimonopolios tome cartas en el asunto.
“Esto es una petición que han planteado fundamentalmente los usuarios de este transporte, de transporte de carga, que nos han dicho claramente que no es justo que hayan estos monopolios, que se abra la competencia y ése es el nuevo diseño”, anotó.
A su vez, el coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones Rivera, confió en que el Senado avale la minuta que envió la Cámara de Diputados sobre la nueva Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.
En entrevista, el diputado federal dijo que quienes la cuestionan defienden sus legítimos intereses.
A pregunta expresa sobre si existen presiones hacia el Senado para frenar esta ley,Beltrones Rivera aseguró que ha escuchado esas versiones, pero aclaró que no tiene prueba alguna de eso.
“Estoy seguro que son legítimos intereses los de aquéllos que opinan desfavorablemente a lo que nosotros ya votamos (en la Cámara de Diputados) casi unánimemente”, comentó.
Aseguró que los votos que se emitieron en contra la semana pasada en San Lázaro, durante la aprobación de esa ley, “se dieron porque la querían todavía más dura en contra de cualquier monopolio”.
Se buscaba “que la interconexión, al igual que se hizo con Teléfonos de México, en lo que es (la nueva ley de) telecomunicaciones, sea la base de una mejor competencia y un mejor servicio para los mexicanos”, expuso.
La Cámara de Diputados aprobó la semana pasada y turnó al Senado la minuta de la nuevaLey Reglamentaria del Servicio Ferroviario, que pretende incentivar la participación de nuevos concesionarios, mejorar la competitividad del sector y promover la inversión.
Tras recordar que la minuta se discute en el Senado, Beltrones Rivera confió en que “si seguimos la ruta de la modernización, que nos hemos impuesto en todas las materias, incluida esta de ferrocarriles, México saldrá ganando”.
(Con información de Notimex y La Jornada)

Beltrones #TraidorAlaPatria :: en reformas constitucionales no hay vencedores, vencidos ni traidores

México, DF. En las reformas constitucionales realizadas en el año que está por concluir no se puede hablar de “vencedores ni vencidos, mucho menos de traidores”, según consideró el líder parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones.

En una reunión con sus compañeros de bancada con motivo de las fiestas de fin de año, los exhortó a mantener el paso en la ruta de las reformas e insistir en los acuerdos con todas las fuerzas políticas de la Cámara de Diputados en el 2014. No hay otro camino para avanzar en la transformación de México propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto que sumando voluntades.

De acuerdo con el priísta, las transformaciones concretadas son la mejor muestra de que la pluralidad es una fortaleza de nuestro régimen político, pues aunque no hubo unanimidad en todos los temas, como sucede en cualquier democracia, en el conjunto de reformas están expresadas las aportaciones de todas las fuerzas políticas.

Consideró que la expectativa de un mayor crecimiento a partir del año entrante es real, lo cual se afianza con la reforma energética, pero también con otras modificaciones que en conjunto hacen posible que México recupere con mayor vigor la ruta del desarrollo con justicia y en democracia.

Insistió en que existen las condiciones para que en 2014 la economía pueda crecer, “aprovechando el entorno internacional favorable y canalizando recursos suficientes a gasto de inversión, prácticamente desde el inicio del año entrante. Las consultoras internacionales ya registran impactos positivos para el país en la calificación de su deuda a largo plazo, ante las expectativas de crecimiento generadas, entre otras, por la reforma energética y los cambios fiscales”.

Por último, manifestó que el objetivo es lograr que la ciudadanía tenga una mejor calidad de vida, precios accesibles de energía, participación directa en el gobierno, educación de calidad y certeza en el sistema e impartición de justicia, todo en bien de México, por lo que nadie puede quedar excluido en esa tarea, finalizó.

En breve, la denuncia de Morena por traición a la patria contra Peña Nieto

Inaugura Batres el muro de la ignominia del ajuste petrolero

De la Redacción

 

Periódico La Jornada
Lunes 13 de enero de 2014, p. 7

En el contexto de la inauguración delmuro de la ignominia, símbolo de rechazo a la privatización petrolera, el dirigente nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Martí Batres Guadarrama, anunció que en los próximos días la agrupación interpondrá la denuncia por traición a la patria contra Enrique Pena Nieto por su responsabilidad en la entrega del petróleo mexicano a la iniciativa privada.

Consideró que no puede haberimpunidad para quienes impulsaron y aprobaron las modificaciones con que se entregó la riqueza nacional a manos privadas. Caminarán el resto de sus vidas con la marca de traidores, dijo el líder de Morena.

Mencionó otra vez los llamados del PRD para impulsar movilizaciones conjuntas para tratar de revertir la reforma energética. Es un llamadoincongruente y tardío, ya que a lo largo del año, Morena insistió en que el PRD abandonara el Pacto por México, pero ese partido prefirió una alianza política que estaba alrededor del gobierno federal, lo que generó las condiciones propicias para que éste avanzara en la privatización petrolera.

Fue así, dijo Batres, que el PRD validó las reformas educativa, hacendaria, financiera y política, a las cuales Morena ha considerado lesivas al interés ­público.

Por otro lado, se refirió a la situación en Michoacán. Dijo que la violencia que prevalece en la entidad deriva de las políticas neoliberales practicadas durante tres décadas que empobrecieron a la población, destruyeron empleos y afectaron el crecimiento de la economía.Ese es el resultado de tantas reformas estructurales. ¿Dónde están los frutos del libre comercio y las privatizaciones?, concluyó.