Reforma energética: despojo y retroceso

Domingo 22 de junio de 2014 La Jornada

E

l reinicio de las discusiones legislativas sobre las leyes secundarias en materia energética –particularmente, las leyes de hidrocarburos y de la industria eléctrica–, que tendrá lugar la semana entrante, marca el último tramo de un proceso que podría derivar en la apertura de un margen de discrecionalidad para el despojo de tierras a favor de trasnacionales y la consecuente ampliación de un poder fáctico indeseable que contaría con el control de buena parte del territorio.

En días recientes, diversas organizaciones campesinas, sindicales y de la sociedad civil se han expresado en sentido contrario a las leyes referidas y las han calificado de violatorias de la Constitución. El descontento no es gratuito, si se toma en cuenta que al amparo de semejante legislación infinidad de comunidades, pueblos y rancherías quedarían a merced de los vastos poderes de negociación, presión y chantaje propios de las trasnacionales petroleras y las reservas ecológicas podrían ser eliminadas en aras de un supuesto interés social y orden público, que en realidad obedecerá, una vez consumada la desnacionalización de la industria de hidrocarburos, a los intereses privados.

Esa perspectiva equivaldría, en caso de consolidarse, a una nueva vuelta de tuerca para sectores de la población que de por sí enfrentan el embate regular de grandes corporaciones mineras, energéticas, turísticas y de la industria de la construcción. Desde una perspectiva más general, la aprobación de las referidas leyes supeditaría prácticamente cualquier actividad económica que se desarrolle en el territorio a las necesidades del ramo energético y de las empresas correspondientes. Los órdenes de gobierno municipal y estatal, e incluso el federal, perderían potestades en materia de ordenamiento territorial, desarrollo de infraestructura y política industrial, toda vez que los planes y proyectos correspondientes estarían subordinados, en última instancia, a las decisiones de la Secretaría de Energía.

En suma, la eventual luz verde legislativa a la reglamentación secundaria propuesta por el Ejecutivo y modificada por las bancadas del PRI y el PAN daría pie a una regresión histórica en la que el país quedaría en manos de grandes trasnacionales y en el que las empresas del ramo energético podrían recuperar el poder omnímodo que les fue retirado mediante la expropiación petrolera de 1938. Si bajo el marco legal aún vigente el Estado ha cometido –a instancias de Pemex– con excesiva frecuencia abusos y atropellos contra campesinos y pescadores, cabe imaginar lo que harían consorcios sin ningún compromiso con el país e interesados únicamente en la obtención de la máxima y más rápida ganancia.

Por desgracia, el actual equilibrio de fuerzas en las instancias legislativas y la orientación ideológica de la mayoría de los legisladores hacen poco probable que se dé una sorpresa en el Senado de la República, y es previsible que la legislación referida sea aprobada en los términos descritos. Con ello no sólo se abre una perspectiva desoladora para el país, su economía y su soberanía: se profundiza también la fractura, de por sí alarmante, entre el México formal y el real y se porfía en la tendencia de ejercer el poder mediante decisiones revestidas de legalidad, pero carentes de legitimidad y contrarias al interés público y el bienestar nacional.

Campesinos están presos porque el Gobierno quiere robarse la isla de Holbox, denuncia AMLO

En su tercer día de visita a Yucatán, en esta comunidad maya-hablante y de histórica resistencia política al PRI, André Manuel López Obrador aseguró que los campesinos acusados de sabotaje siguen presos porque hay unos potentados en Yucatán que tienen relación con (Jorge Carlos) Ramírez Marín, secretario de Desarrollo Agrario del corrupto de Peña Nieto, que se quieren robar la isla de Holbox, despojar a los campesinos y los pescadores de esas tierras, expuso.

En su cuenta de Facebook publicó:Demandé la libertad de los 16 campesinos de Holbox encarcelados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que está por entero al servicio de los magnates que quieren robarse esa isla en contubernio con políticos corruptos.

Se refirió también a la orden de aprehensión que se giró contra el secretario estatal de Morena, Omar Hasiel Sánchez Cutis, quien salió de la entidad derivando su defensa a Bernardo Bátiz.

Omar Hasiel, abogado de profesión, asumió la defensa de Sergio Esquivel y Cab y Teresita Brito Piña, dos dirigentes que están presos por los altos cobros del servicio de agua en el municipio de Felipe Carrillo Puerto

Demandó que se respeten los derechos ciudadanos de Omar Sánchez; Teresita Brito Piña, secretaria de Finanzas del municipio de Carrillo Puerto; Pedro Canché Herrera, periodista independiente, y de Alfredo Esquivel y Miguel Chan.

En Chemax –parte fronteriza de Quintana Roo– López Obrador pidió al gobernador de esa entidad, Roberto Borge, que deje de acosar a dirigentes de Morena y libere a Teresita Brito Piña, Pedro Canche Herrera, Alfredo Esquivel y Miguel Chan, opositores a la privatización del agua en el municipio de Carrillo Puerto.

Advirtió que el PRI ya tiene planeada la compra de votos en las elecciones de 2015, y es por eso que Morena hace labor informativa, casa por casa, para evitar que el pueblo de México se deje engañar. Porque el pan para hoy es hambre para mañana.

En otro orden, López Obrador agregó que con el triunfo presidencial de Morena en 2015, se cancelarán las reformas laboral, porque perjudican a los trabajadores de México; la educativa, porque afecta a los maestros; la fiscal, porque daña a contribuyentes, comerciantes y a la economía popular, y la energética, que somete al pueblo de México.

Explicó que recorre municipios de México para informar a la gente ymantener encendida la llama de la esperanza, porque a pesar de la tremenda crisis económica y social que atraviesa el país, es necesario alentar a la gente.

Explicó a los ciudadanos de Chemax que la crisis se ha profundizado con la llegada de Peña Nieto a la Presidencia –e incluso los que votaron por él están arrepentidos–, pero esto empezó desde que gobernaba el priísta Miguel de la Madrid, luego Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, siguió con el panista Vicente Fox y con Felipe Calderón.

A su arribo a la comunidad maya, López Obrador saludó a unos campesinos que portaban una cartulina con la leyenda: Y los campesinos de Chemax no quieren las reformas que hizo Peña Nieto, en que se reformaron los artículos 25, 27 y 28 de nuestra Constitución.

Al atardecer, López Obrador se trasladó al municipio de Acanceh.

Ocupación temporal de tierras es un despojo: El Barzón

Organizaciones campesinas buscan cambiar el contenido de las leyes secundarias de la reforma energética, específicamente la figura de ocupación temporal; por ello salieron a marchar el miércoles, se reunieron con la Secretaría de Gobernación y, la próxima semana, tendrán un encuentro con la Secretaría de Energía y la Presidencia de la República.

Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente nacional de El Barzón, consideró que la ocupación temporal de tierras, figura establecida en las leyes energéticas, serán un “despojo”, por lo que busca revertirlo a través de negociaciones con la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Energía y Presidencia.
En entrevista para Noticias MVS primera emisión, habló sobre la marcha de campesinos ocurrida el miércoles en la Ciudad de México, donde apuntó que participaron unas 30 mil personas, y señaló que es una de las primeras acciones para manifestar su rechazo al contenido de las leyes energéticas.
Estimó que la marcha tuvo un efecto positivo, pues tras ella, el coordinador de los diputados del PRI, Manlio Fabio Beltrones, se comprometió a revisar y corregir lo que sea necesario en las leyes ya avaladas en el Senado, específicamente en el tema de la ocupación temporal.
“Todavía hay condiciones para evitar un despojo“, mencionó.
Adelantó que el lunes las diferentes organizaciones campesinas se reunirán con la el secretaria de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, y el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos.
Aseveró que las leyes secundarias de la reforma energética les afectan, en primer lugar porque “no hay certeza” en la ocupación temporal; refirió que las tomas de tierras “son a perpetuidad, plazos que se vencen hasta que hayan agotado recursos del subsuelo”.
Apuntó que con la ocupación, habrá destrucción de flora y fauna, así como agotamiento de acuíferos, entre otros problemas.
En otro punto que les preocupa de las leyes, explicó que sigue estando “demasiado abierta” la puerta del retiro de los subsidios a la energía, con lo que 28 millones de gente pobre y clase media asumirán consecuencias de tarifas sumamente altas.
Otra de sus demandas es la reorganización total del presupuesto para el campo, “que nos pongamos de acuerdo para que en 2018 tengamos producción nacional que nos permita abastecer el 80 por ciento del consumo”.

PRI y PVEM legalizan fracking, despojo de tierras y superpoderes a Peña

(19 de julio del 2014).- Con el espaldarazo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Verde Ecologista (PVEM), el 17 de julio, el pleno en el senado de la República, aprobó en lo “particular”, apenas un día después del haberse aprobado el dictamen general, la reforma energética, en específico, el punto sobre la Ley de Hidrocarburos con el cual se legaliza la extracción de gas mediante el método del fracking, el despojo de tierras y superpoderes a Peña respecto a la titularidad de energéticos.

Desde las once de la mañana, después de que la Secretaria de Gobernación se negó a transmitir capsulas de 10 minutos en espacios abiertos de telecomunicaciones sobre el debate, integrantes del Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo y Convergencia, presentaron imputaciones sobre la constitucionalidad de la nueva reglamentación energética.

Al respecto, la primera en intervenir fue la senadora michoacana, Iris Vianey Mendoza, quien presentó alegatos en contra del artículo 1, en donde, se establece la rectoría preponderante del ejecutivo, en torno a la administración de contratos a particulares, nacionales y extranjeros, sobre el petróleo mexicano. Posición que fue relevada por Alejandro Encinas, Isidro Pedraza, Dolores Padierna, Manuel Bartlett, Zoé Robledo, Rabindranath Salazar, entre otros.

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Entre los puntos que presentó Padierna, resaltó el reproche a la fracción parlamentaria del PRI, quien, con esta reforma, le ha otorgado poderes extraordinarios a Enrique Peña Nieto, con el fin dar contratos a particulares sin la necesidad de ser aprobados por el congreso; posición que podrían derivar en nuevos actos de corrupción y conflicto de intereses entre el Estado y los “poderes facticos”.

“Les recuerdo que la darle tantos poderes al presidente de la república, daría posibilidad a el otorgamiento de contratos discrecionales; la discrecionalidad, como sabemos, permite otorgar contratos riesgosos o desventajosos para la nación; y con ellos, por encima del interés públicos como suele sucedes, darán amplio margen a la corrupción y la opacidad”, sostuvo en su alocución.

Por su parte, el senador Manuel Bartlett, explicó que este nuevo “régimen autoritario”, derivará en una nueva ruptura de la sociedad civil y la legalidad, con el Estado.” Se está rompiendo la estructura legal del Estado, lo que implica inconstitucionalidad.”

Cabe resaltar que, en relación con el artículo 3º de la mencionada reforma, no sólo Peña podrá tener dichos poderes  que, relacionados con la Ley Minera y algunos otros capítulos del paquete, darían nuevos bríos a la “discrecionalidad” con que se den concesiones empresas privadas, sino también, como han afirmado especialistas en la materia y asociaciones campesinas, otorgarán la posibilidad de que la “soberanía nacional” se vea mermada en la preponderancia hacia los privados, encimas del derecho a la pequeña propiedad.

Pues podrán ser despojados sin necesidad de mediar una orden judicial, por parte del congreso un otra instancia.

Así lo dejó de manifiesto, la intervención del perredista Alejandro Encinas: “El senado de la república o el Congreso ya no podrá conocer, con la cláusula de ‘confidencialidad’, los contratos desventajosos que suscriba con Estados Unidos. Un caso específico es el de los pozos petroleros en donde México  comparte territorio con el país del norte, porque ellos no sólo tendrán la mitad de la renta petrolera, también son los que tienen la tecnología y por ello se les tendrá que pagar.”

Finalmente el proyecto de ley quedó como fiel al dictamen final.

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Por otra parte, buena parte de las intervenciones también cuestionaron los supuestos beneficios de la extracción de gas shale, por medio de la técnica del fracking.

Pese a que esta demanda ha sido una de las que mayor número de adhesiones entre organizaciones ciudadanos, como sucedió el día de ayer, cuando integrantes de diversas ONGs entregaron poco más de 10 mil firmas en contra de su aprobación, nuevamente el PRI y el PVEM negaron echar atrás la legalidad de esta método industrial.

De hecho, en relación a las reservas a los artículos 5, 6, 20, 32 y 37, presentadas por Benjamín Robles, se desató un agria discusión entre éste, Pablo Escudero del Verde y diversos senadores de izquierda; quienes, por una parte, alertaron perjuicios en la salud de la población, y el otro, defendió la sustentabilidad del proyecto, pues, según éste, está aprobado en diversos estados de la estadounidenses y Canadá.

“Yo le quiero preguntar senador Escudero, usted que se dedica a la ‘protección del medio ambiente’, qué pasaría si un día se encuentra algún recurso natural en una zona ecológica. ¿Acaso usted estará de acuerdo en que una reserva natural quede a merced de la industria energética? ¿Acaso usted lo aplaudirá? Todos los proyectos económicos generan impactos ambientales, díganos un argumento serio”, reviró Raúl Morón.

Organizaciones como la Alianza Mexicano Contra el Fracking, han advertido que esta forma de extraer gar del subsuelo, genera grandes riesgos ecológicos, ya que por su baja rentabilidad económica y su necesidad de operar con grandes cantidades de agua, sería necesario su masificación e intensificación para hacerlo sustentable, sin que esto reditué grandes beneficios en la población.

Benjamín Robles añadió además, que la extracción de este combustible con fracking, podría volver endémicos los problemas sociales, ambientales y culturales, que hace un par de años padeció el pueblo Huichol de Wirikuta, donde se enfrentaron a la destrucción de un territorio sagrado, a manos de una minera canadiense.

Éste, sin embargo, se mantuvo como en la propuesta de dictamen aprobada el día de ayer.

Despojo de tierras, hasta para abrir gasolineras: PRD

Comprometen el futuro del país al privatizar el petróleo: legisladores de PRD y PT

La aplanadora PRI-PAN-PVEM aprueba la Ley de Hidrocarburos

La bancada perredista en el Senado invocó la figura de Lázaro Cárdenas, pero todo fue inútilFoto Jesús Villaseca

Andrea Becerril y Enrique Méndez

 

Periódico La Jornada
Viernes 18 de julio de 2014, p. 7

El pleno del Senado aprobó anoche en lo general la nueva Ley de Hidrocarburos, con el voto de las bancadas de PRI y PAN y entre críticas y señalamientos de senadores de PRD y PT sobre la responsabilidad de ‘‘una mayoría mecánica’’ que avaló esa legislación que ‘‘compromete el futuro del país al privatizar el petróleo, entregar la renta petrolera a trasnacionales y permitir el despojo de tierras y bosques a ejidatarios, pueblos y comunidades indígenas’’.

Durante 13 horas, con 69 intervenciones, en un recinto en el que los perredistas reivindicaron la figura de Lázaro Cárdenas e incluso usaron, a manera de pancarta, una máscara de papel con la efigie de quien nacionalizó el petróleo, priístas y panistas defendieron esa ley, incluida en el primer dictamen de la legislación secundaria de la reforma energética, pero sin entrar al debate de fondo.

En defensa de Peña

Una veintena de senadores priístas, panistas y del PVEM se ocuparon en defender al presidente Enrique Peña Nieto, a quien los opositores acusaron de mentir con su discurso de que la reforma no es privatizadora. Enrique Burgos, Graciela Ortiz y Ascención Orihuela, entre otros, repitieron que la legislación detonará el crecimiento, creará empleos, fortalecerá a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y beneficiará al campo y a los productores agrícolas.

A los perredistas que insistieron en que persiste la posibilidad de que se expropien tierras ejidales y comunales, el senador del PRI y dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Gerardo Sánchez, los acusó de acudir ‘‘al discurso del miedo y de pretender sacar ventaja política convirtiéndose en agoreros del desastre y de infundir terror a los propietarios con historias de despojos’’.

Cuarenta y cuatro oradores, más de la mitad en contra del dictamen, confrontaron posturas. El coordinador perredista, Miguel Barbosa, advirtió que ‘‘mayorías construidas bajo la sombra del chantaje y de acuerdos inconfesables van a rematar los recursos energéticos’’. Denunció que se favorecerá a empresas extranjeras y se fomentará la corrupción y los negocios de funcionarios, ‘‘incluso de algunos legisladores que promueven estos cambios’’.

La senadora del PRD Dolores Padierna resaltó que un informe de Pemex a la Comisión de Cambios y Valores (SEC, por sus siglas en inglés), de Estados Unidos, ‘‘desmiente al presidente Enrique Peña Nieto y a los promotores de esta reforma privatizadora’’, ya que en ese documento los directivos de la paraestatal reconocen que esa legislación secundaria podría afectar significativamente sus negocios y agudizará la inestabilidad social ‘‘con la pretensión de desalojar a como dé lugar de sus predios a sus auténticos propietarios’’.

El también perredista Alejandro Encinas recordó la guerra sucia de 2006 contra el ex candidato presidencial del PRD, Andrés Manuel López Obrador, y dijo: ‘‘¡El verdadero peligro para México son ustedes, que legalizan el despojo del patrimonio de las familias mexicanas a favor de negocios privados!’’

Sostuvo que dos términos definen a la legislación energética: encomienda y servidumbre, ya que ‘‘se entregan las riquezas del reino a los dueños del dinero y se convierte en peones y servidumbre a los mexicanos en su propia tierra’’.

Los senadores del sol azteca Luis Sánchez y Armando Ríos Piter resaltaron a su vez que ‘‘es falso que se haya eliminado de la legislación el riesgo de expropiación de terrenos que requieran las petroleras extranjeras. Se eliminó la palabra expropiación y se sustituyó por la de ocupación temporal, pero en otros artículos se mantiene la disposición, por lo que habrá expropiaciones, incluso para establecer una gasolinera’’.

Sánchez dijo que se afectará al menos a 5 mil 866 ejidos, a 33 mil 877 localidades en 260 municipios y 12 estados con previsiones de gas o petróleo.

El dirigente de la CNC, Gerardo Sánchez, insistió en que no habrá despojo y que la ley permite que los propietarios de terrenos donde haya petróleo puedan asociarse con las empresas extranjeras y tener beneficios económicos.

La intervención del líder del sector campesino priísta fue interrumpida por Ríos Piter y el tabasqueño Adán Augusto López, quienes dudaron de sus expresiones y lo acusaron de no defender a sus representados. El cenecista respondió que los campesinos y sus tierras están a salvo, porque –argumentó– la ley regulará previamente los acuerdos alcanzados con las empresas extranjeras contratistas.

‘‘Exigimos que se protegieran sus derechos, que pudieran ser socios, participar en los dividendos y ser empresarios sociales. Y creo que hoy tienen posibilidades de serlo’’, festinó.

Encinas lo refutó: ‘‘Como siempre, como ha sucedido en otras privatizaciones, lejos de abundar los argumentos de fondo, siempre nos vienen a pintar el país de las maravillas’’. Recordó que los pagos por la ocupación no serán en todos los casos.

‘‘Esta es la reforma que el PAN quiere, porque es la que el país necesita’’, apuntó a su vez el panista Salvador Vega Casillas y acusó a perredistas y petistas de ‘‘esgrimir razones históricas que sólo disfrazan los dogmas políticos’’.

Sostuvo que los campesinos y en general los propietarios de la tierra serán ‘‘los primeros beneficiarios de la reforma energética’’ y no correrán el riesgo de ser despojados de sus tierras, porque se eliminó la expropiación del contenido del dictamen.

Ernesto Cordero (PAN) reconoció que los precios de gasolinas, gas y electricidad no bajarán ‘‘de milagro o en automático; no venimos a engañar’’. Insistió en que se requiere la inversión privada en el sector energético. ‘‘No quiero que mi país sea como Afganistán y Corea del Norte, con todo respeto para mis queridos coreanos y afganistanos (sic)’’, dislate que le acarreó burlas.

La larga jornada continuó con la presentación de 22 votos particulares de los perredistas y se extendió al debate en lo general; hubo momentos en que se sesionó sin quórum. Los priístas acordaron entrar al salón en tandas de dos horas, para no fatigarse.

Cerca de la medianoche, la senadora del PRI Cristina Díaz recalcó que no es posible aferrarse a ‘‘cascarones políticos y sociales que corresponden al pasado’’ y aseguró que, con la misma ‘‘visión vanguardista’’ que tuvo el general Lázaro Cárdenas, ‘‘pero atendiendo a la actual realidad histórica, el presidente Enrique Peña Nieto impulsa la reforma energética del siglo XXI’’. Mostró luego un fotomontaje en que aparecen Peña y Lázaro Cárdenas, en un intento por responder a los perredistas que en todo momento reivindicaron la figura del autor de la expropiación petrolera.

Gran atraco a la nación, aval de Senado a la expropiación de predios: AMLO

Aún falta que el pueblo lo decida en la consulta sobre materia energética, sostiene

Informa que se han recaudado 700 mil de las dos millones de firmas necesarias para el referéndum

Andrés Manuel López Obrador realiza una gira por GuanajuatoFoto La Jornada

Carlos García

Corresponsal

Periódico La Jornada
Sábado 12 de julio de 2014, p. 11

Villagrán, Gto., 11 de julio.

Es un gran atraco a la nación la aprobación del despojo de tierras para beneficiar a empresas extranjeras que buscan explotar el petróleo de México, consideró el dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador.

Es realmente un saqueo, un gran atraco a la nación lo que están llevando a cabo, pero todavía falta que el pueblo lo decida, porque se tiene la posibilidad de llevar a cabo la consulta ciudadana, dijo en su segundo día de trabajo por Guanajuato.

En comisiones del Senado se aprobó el artículo 33 de la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, para que empresas extranjeras puedan tomar cualquier predio para construir infraestructura de explotación de petróleo y electricidad.

En la Cámara de Diputados y de senadores sabemos que predominan los traidores; son recintos llenos de traidores a la Patria, pero se está siguiendo un procedimiento para que haya una consulta ciudadana en materia energética, dijo en el municipio de Villagrán.

Adelantó que han recaudado 700 mil firmas de las dos millones que se necesitan para que los mexicanos decidan en un referéndum si admiten que extranjeros se lleven las ganancias del petróleo. Estimó que antes de que termine el mes habrán reunido un millón de firmas y en la primera semana de septiembre tendrán las dos millones que deben entregar al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Senado.

Precisó que en Baja California se reunieron 18 mil firmas y en el Distrito Federal llevan 300 mil. Añadió que en las delegaciones Cuajimalpa y Cuauhtémoc se cumplió la meta y en breve realizará una reunión de evaluaciónsobre el acopio de las firmas, para ver cuántas llevamos y cómo reforzar el trabajo.

Ante decenas de militantes y seguidores de Morena, López Obrador calificó de traidorzuelo a Enrique Peña Nieto por promover modificaciones a la Constitución para privatizar la renta petrolera. Las rapaces reformas energética, laboral, fiscal y de telecomunicaciones son una agenda impuesta desde el extranjero, acusó.

Al pueblo de México le cayó muy mal la reforma fiscal, que sólo hunde más la economía del país. “Esto tiene a Peña Nieto por los suelos; tiene una calificación de 4.7, está reprobado, de acuerdo con una encuesta. Esto no lo van a difundir en el canal de las estrellas”.

López Obrador recalcó que Morena no hará alianzas en las elecciones intermedias de 2015 para renovar la Cámara de Diputados, ayuntamientos, congresos locales y algunas gubernaturas.No vamos en alianza con ningún partido; la vamos hacer con los ciudadanos. La alianza será con el pueblo, reiteró.

Comentó que quien desee llegar a Morena debe hacerlo por su propio pie.Pero lo digo con franqueza: nos reservamos el derecho de admisión, porque hay políticos que son totalmente reprobables, por ejemplo, diputados que votaron por las reformas del Presidente de la República. Entonces, con ellos mejor de lejitos, refirió.

Suspenden programas sociales a quienes no privaticen sus tierras

Campesinos del municipio de Tila denunciaron que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGARPA) suspendió la entrega de programas sociales -como el de apoyo al campo (Procampo)- a ejidatarios que se negaron a fragmentar la propiedad social en pequeños lotes particulares.

La denuncia establece que en un hecho paralelo, la Procuraduría Agraria alteró las actas de asamblea de ejidos, para quitar los acuerdos comunitarios que prohiben vender sus tierras.

De esta manera, denuncian, se les está obligando a privatizar su territorio, con vistas a despojar de sus tierras y territorios a comunidades y pueblos indígenas y campesinos; tierras y territorios en donde existen intereses de empresas extranjeras y recursos naturales como agua, selvas, bosques y minerales

Comunicado:

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 27 de junio de 2014.

Ejidatarios Choles denuncian que continúan violaciones de derechos agrarios e indígenas por parte de la Procuraduría Agraria y SAGARPA en los municipios de Tila y Tumbalá

Este Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa (Comité Digna Ochoa) ha recibido denuncia de ejidatarios de la comunidad de Hidalgo Joshil del municipio de Tumbalá y de Ejidatarios de la comunidad de Nueva Esperanza del municipio de Tila en donde manifiestanque personal de la Procuraduría Agraria (PA) y de la SAGARPA continúan violando sus derechos agrarios y como pueblos indígenas.

 Ejidatarios de Hidalgo Joshil denuncian que desde el año 2012 fueron dados de baja de forma arbitraria 67 ejidatario del programa gubernamental Procampo por parte de la SAGARPA  por el hecho de que rechazaron ingresar al programa que consideran de despojo denominado FANAR (antes PROCEDE).

Una vez que se han elegido nuevas autoridades del Comisariado Ejidal, ejidatarios de Hidalgo Joshil realizaron una asamblea el día 15 de junio para buscar una solución al problema suscitado por la baja de 67 ejidatarios del programa Procampo acordando acudir a la Delegación de la SAGARPA en Tuxtla Gutiérrez para pedir la intervención del Delegado estatal de la SAGARPA. Por lo que una comisión del comisariado ejidal y ejidatarios fueron a la SAGARPA el día 24 de junio. Personal responsable del programa Procampo les señaló que tenían que acudir a la instancia de la SAGARPA en Yajalón para su atención.

Ejidatarios notifican a este Comité Digna Ochoa que efectivamente acudieron a la sede de la SAGARPA en Yajalón el martes 24 de junio y que la respuesta fue que para poder acceder al programa Procampo tienen que ingresar al FANAR, ya que según la SAGARPA es la única forma válida de demostrar su calidad y derechos como ejidatarios violando con ello las reglas de operación del Procampo y los derechos agrarios de los ejidatarios al condicionar un apoyo gubernamental. Al respecto señalamos que la ley agraria vigente en su artículo 16  establece que la calidad agraria se acredita de la siguientes formas: “I. Con el certificado de derechos agrarios expedido por autoridad competente: II. Con el Certificado parcelario o de derechos comunes, o      I I l. Con la sentencia o resolución relativa del tribunal agrario.”

De la misma forma, ejidatarios de Nueva Esperanza en el municipio de Tila denuncian que recientemente con asesoría de personal la Residencia en Palenque de la Procuraduría Agraria (PA) modificaron su reglamento interno en donde entre otros aspectos de la vida interna comunitaria acordaron prohibir la venta de alcohol en la comunidad y establecieron la prohibición de la venta de las tierras ejidales. Sin embargo, personal de la PA al proceder al trámite de registro del reglamento interno en el Registro Agrario Nacional (RAN) violentó sus derechos agrarios y excedió sus facultades al eliminar los artículos en donde se prohíbe la venta de alcohol y la venta de las tierras ejidales.

Este Comité Digna Ochoa señala que la actuación de la PA y SAGARPA que violenta de derechos agrarios en Chiapas no es un hecho aislado sino que es parte de una política gubernamental que persigue el objetivo de desconocer y despojar de sus tierras y territorios a comunidades y pueblos indígenas y campesinos; tierras y territorios en donde existen intereses de empresas extranjeras y recursos naturales como agua, selvas, bosques y minerales. Exigimos a la PA y la SAGARPA cesen de violentar los derechos humanos y agrarios de ejidatarios de Nueva Esperanza e Hidalgo Joshil.

Por la defensa de los Derechos Humanos de nuestro Pueblo

Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa

La historia requisada

Ilán Semo

D

esde hace más de dos décadas, Tamaulipas es un territorio de excepción. La proliferación de la economía fronteriza (posterior al TLCAN), los flujos masivos de migrantes que buscan trabajo en EU (cuyas redes se extienden hasta Centroamérica) y la intensificación de la producción de energéticos, lejos de haber redundado en un auge del estado trajeron su fragmentación, casi su desarticulación. Los magníficos parajes, la calidez de su gente, de esa last frontier del noreste se encuentran hoy asediados (prácticamente tomados) por las sombras de la violencia. No hay confín en el mundo que pueda refutar con más abnegación esa teoría (de los años 90) que veía en la expansión de los mercados la posibilidad del advenimiento de la democracia, y así una nueva forma de bienestar. En Tamaulipas, lademocracia se ha reducido a una versión (feroz) del antiguo régimen, y el devenir del mercado, a un proceso de disolución sin tregua.

Hace muchos años, el centro perdió –ya no digamos el dominio– toda influencia en la región. Es otro de los saldos de un régimen electoral colonizado, desde sus orígenes, por el subsuelo del Partido Revolucionario Institucional, que la reforma política de Peña Nieto pretende no modificar, sino simplemente devolver a las manos de la Presidencia. Las incursiones del Ejército se iniciaron en los años 90. Le siguieron las estrategias de Felipe Calderón. Pero nunca se había visto una campaña militar de las dimensiones como la que se emprendió a partir de marzo de este año. ¿Qué es lo que inquieta a Los Pinos hoy en Tamaulipas?

Las noticias iniciales llegaron como notas aleatorias (y hasta la fecha se mantienen en esa dispersión). El viernes 4 de abril –informó Proceso– un convoy de 15 camionetas atacaron el hotel Asia, en Ciudad Mier, en el que se alojaban ingenieros y trabajadores de la empresa de servicios petroleros Weatherford, cuya matriz se encuentra en Suiza. Los vecinos alarmados llamaron a la zona militar para que interviniera el Ejército, pero nadie acudió. La firma realiza perforaciones en la cuenca de Burgos en busca de gas y petróleo shale. La extracción de este tipo de petróleo es la que ha garantizado el renacimiento económico de Texas en los últimos dos años (no obstante las protestas de los grupos ecologistas estadunidenses). Los yacimientos de Tamaulipas son tan cuantiosos como los del vecino, pues comparten el mismo manto. El ataque representó el primer revés para la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto, concluía la revista. La agencia de noticias Bloomberg prosiguió en mayo la investigación del incidente. Ángel Torrez, un operador de máquinas estadunidense, relató los pormenores del ataque. Todavía sigue trabajando para Weatherford en las perforaciones de Tamaulipas. Otros trabajadores e ingenieros hicieron sus maletas y prefirieron regresar a casa. La diferencia (con respecto a marzo) es que el Ejército Mexicano ahora escolta (!!!) a los trabajadores de la compañía extranjera desde los pozos hasta el hotel. No obstante, los asesores de muchas compañías petroleras, como Dwigth Dyer, han sido concluyentes: “La extracción de petróleo shale en México no va a prosperar como en Texas. A menos que las condiciones de seguridad en la frontera no mejoren, las compañías pequeñas no se van a arriesgar a entrar en el negocio”.

Todo el incidente de la cuenca de Burgos plantea un cúmulo de preguntas: 1) ¿qué hace una compañía suiza en Tamaulipas perforando pozos si la legislación ni siquiera ha sido aprobada?; 2) ¿desde cuándo es el Ejército de México un grupo de escolta de los ingenieros de una compañía global si ni siquiera escolta a la propia población de Tamaulipas en los momentos de crisis?, y 3) ¿son estas las mejoras que va a traer la inversión extranjera a la parálisis de la producción petrolera del país? Estas y otras preguntas similares son las que deberían acaso plantearse en los actuales debates legislativos no sobre las leyes secundarias de la legislación energética, sino sobre la viabilidad de esa legislación (por más que fue aprobada).

Cabría detenerse aquí para hacer un poco de historia. Si se sigue la historia de los conflictos entre las empresas petroleras y el orden político entre 1910 y 1938, la conclusión es menos compleja de lo que se podría pensar: la expropiación petrolera de 1938 no perseguía tanto recuperar la riqueza del subsuelo para el país (un plan a muy largo plazo), sino terminar con la ingobernabilidad política que propiciaban los intereses petroleros. Después dellock out (huelga patronal) de 1937, que dejó sin combustible al país durante tres semanas, el gobierno decidió actuar en marzo del año siguiente para suprimir una esfera de conflictualidad que inhabilitaba cualquier intento de preservar la gobernabilidad del Estado mismo.

Hoy, se dirá, no estamos en 1938. Los mercados son globales y las inversiones también. Las sociedades están habituadas a la escena global. Además, cuenca de Burgos es sólo un incidente. Sin embargo, y visto con más detenimiento, la situación podría ser incluso más vulnerable que en 1938. Los países productores de energéticos (Venezuela, Libia, Irak, Irán, Afganistán...) se encuentran inmersos en conflictos que derivan específicamente de la peculiar lógica territorial de ese submundo industrial. Las empresas energéticas emigran y se desplazan con toda su conflictualidad en sus maletas. ¿Vale realmente la pena rescatar las finanzas siempre dudosas de un régimen político, más dudoso aún, el del PRI sacrificando el mínimo de gobernabilidad que garantizaba la antigua soberanía energética? La respuesta es sencilla: no.

Acuerdan dividir la isla de Holbox en cuatro ejidos; protestan comuneros

SERGIO CABALLERO
1 DE JUNIO DE 2014 
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Pobladores tomaron la sede municipal de Holbox. Foto: Especial.

KANTUNILKÍN, Q. Roo (proceso.com.mx).- El dueño de Bepensa –la embotelladora de Coca Cola en la Península de Yucatán–, Fernando Ponce García y su yerno Ermilo Castilla Roche y el consocio inmobiliario Grupo Ara, que integran la empresa Península Maya Development, dieron este mediodía un golpe definitivo para apoderarse de la isla de Holbox, en el extremo norte del estado.

En una asamblea ejidal, que duró una hora y 10 minutos, se aprobó dividir la paradisiaca ínsula en cuatro ejidos: Holbox, Península Holbox, Isla Holbox y Punta Holbox.

En el marco de esta asamblea, el titular de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública (SESP), Carlos Bibiano Villa Castillo, atropelló y lesionó a un ejidatario de Holbox.

En tanto, pobladores de Holbox tomarán la representación del gobierno municipal en la isla.

En esta asamblea, celebrada en Kantunilkín, cabecera del municipio de Lázaro Cárdenas, al que también pertenece Holbox, participaron 70 empresarios y prestanombres yucatecos, que obtuvieron presuntamente de manera ilegal derechos ejidales de igual número de holboxeños.

La asamblea había sido convocada en el restaurarte La Normita, pero se celebró en otro recinto localizado casi a un kilómetro de distancia, el restaurante bar María Itzel, propiedad del síndico municipal de Lázaro Cárdenas, Luis Campos Álvarez y ubicado en la salida a Tizimín, Yucatán.

Los locales La Normita y el de María Itzel fueron custodiados por granaderos de la Policía Estatal Preventiva.

De igual forma, fueron colocados retenes en la carretera Cancún-Kantunilkín y en la entrada de esta última ciudad.

Pero, además, el restaurante bar La Normita, en donde se llevó a cabo la asamblea, fue custodiado por un grupo de golpeadores que portaban un brazalete de color gris.

Los granaderos sólo permitieron el ingreso de “ejidatarios” procedentes de Mérida, y se negó la entrada a comuneros holboxeños, aunque la mayoría optó por permanecer en las inmediaciones de La Normita.

El comisariado ejidal de Holbox, Nirvardo Mena Villanueva, a quien también se le negó el acceso a María Itzel, denunció que la asamblea era ilegal pues de manera indebida fue cambiada la sede.

Anticipó que impugnará esta asamblea y advirtió que el grupo de Ponce y Castilla Roche podrá torcer las leyes pero no se apoderarán de Holbox.

“Ahí los esperaremos con los brazos abiertos”, retó.

Por su parte, Armando Miranda, abogado de los ejidatarios, dijo que la asamblea violó sendas suspensiones provisionales de juzgados de distrito de Cancún y Chetumal, la capital del estado.

El rumor de que ejidatarios llegaron al local María Itzel provocó que fuera acelerado el desarrollo de la asamblea, que cuando concluyó, los ejidatarios yucatecos salieron a toda prisa en sus automóviles por la carretera a Tizimín.

Casi de manera simultánea, los granaderos que impedían el acceso al restaurante La Normita se retiraron del lugar.

Pero la camioneta tripulada por el titular de la SESP, Villa Castillo, se abrió paso entre los ejidatarios y atropelló a Fausto Ancona, que resultó con un pie herido.

La acción del funcionario enardeció los ánimos y policías y ejidatarios intercambiaron pedradas.

Los policías recurrieron a gases lacrimógenos para dispersar a los ejidatarios.

Más tarde, pobladores tomaron la sede de la representación municipal en la isla para manifestar su repudio al apoyo que el alcalde de Lázaro Cárdenas, Luciano Cima y de la autoridad local en la isla, José Manuel Pérez Moguel.