México, DF. El anuncio del secretario de Turismo y Desarrollo Económico del gobierno de Oaxaca, José Zorrilla Diego, de que la trasnacional española Mareña Renovables (MR) ya no construirá el parque eólico San Dionisio en la barra de Santa Teresa y que reubicará 270 aerogeneradores en otra parte del Istmo de Tehuantepec es un primer triunfo, importante, pero "es apenas un round de quién sabe cuántos", es algo que hay que ver con cautela y además se tiene que hacer por escrito tanto por parte de la propia empresa como del gobierno.
Así lo plantearon, en entrevistas telefónicas por separado, Isaul Celaya, de la Asamblea del Pueblo de San Dionisio del Mar (APSDM); Bettina Cruz, de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT); Mariano López Gómez, de la Asamblea del Pueblo Juchiteco (APJ), y Carlos Beas, de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI).
Con matices, los entrevistados subrayaron que subsiste el problema de fondo en los movimientos de resistencia contra los proyectos eólicos y es que no se respeta el derecho de los pueblos indígenas a una consulta previa, libre e informada sobre cualquier cosa que se quiera hacer en sus territorios, como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y ése sería el caso también de una supuesta reubicación del proyecto de MR.
Zorrilla Diego, según el diario digital e-oaxaca.com, en declaraciones a medios locales informó la noche del miércoles que "el gobierno de Oaxaca y la Federación convinieron con MR el retiro de sus aerogeneradores de la zona de la Barra de Santa Teresa para destensar el conflicto por la construcción de suparque eólico valuado en poco más de mil millones de dólares", luego de los problemas generados por instalación de aerogeneradores "en una presunta zona sagrada".
El funcionario subrayó que la inversión de MR no se va de Oaxaca, que las empresas eólicas "tienen 100 mil hectáreas de espacio para operar, y sólo han trabajado sobre 12 mil", por lo que hay "mucha tierra ofertable" donde instalar aerogeneradores fuera de la zona en conflicto, y que el plan con MR es ubicar poco más de 270 aerogeneradores "en algunos terrenos que ya tienen convenidos su utilización".
Beas comentó que el retiro de MR de la Barra de Santa Teresa es un triunfo de la "heroica resistencia de un año de los pueblos del Istmo y en particular de nuestros hermanos de San Dionisio del Mar y Álvaro Obregón, y es resultado también, sin lugar a dudas, de la intensa solidaridad de los pueblos istmeños y del apoyo de muchas organizaciones y pueblos dentro y fuera del país".
La ocupación del palacio municipal de San Dionisio del Mar se mantendrá, lo mismo que el bloqueo en la agencia municipal de Alvaro Obregón, en tanto las respectivas asambleas analicen el anuncio hecho por Zorrilla Diego y se oficialice por escrito. Asimismo, continúa el plantón a la salida de Juchitán hacia Playa Vicente contra la construcción del parque eólico de Gas Natural Unión Fenosa, indicaron los entrevistados.
De la misma forma se mantiene la decisión de las comunidades de no permitir la realización de elecciones para diputados locales y presidentes municipales el 7 de julio y elegir por usos y costumbres al presidente municipal en San Dionisio y al agente municipal en Alvaro Obregón.
Celaya precisó que para la APSDM sigue desconocido el presidente municipal Miguel Castellanos, quien está trabajando en una oficina en la entrada del pueblo y a favor de Mareña, y que aun cuando llegue por escrito el anuncio del retiro de MR de la barra, "no vamos a dejar en ningún momento cabos sueltos, por eso tanto el amparo (contra dicho proyecto) como la demanda de anulación del contrato de 2004 de usufructo de las tierras con Preneal vendido a Mareña ante el Tribunal Agrario de Tuxtepec, siguen su proceso hasta las últimas consecuencias y lo del pedido al BID de cancelar el financiamiento a la empresa lo vamos a analizar con los abogados para ver cómo lo vamos a aterrizar".
Bettina Cruz comentó que hay que tener mucha cautela ante el anuncio de Zorrilla porque no se sabe si MR va a continuar con el proyecto en Santa María del Mar y además lo vaya a mandar a San Mateo del Mar, sorprende que ahora digan que lo van a cancelar en la Barra de Santa Teresa porque recién la APIIDTT tuvo el día 6 una reunión con funcionarios del gobierno oaxaqueño sobre las medidas cautelares para quienes han sido amenazados durante este conflicto y entonces les dijeron que ese asunto (de MR) era una cuestión federal y que ellos no lo podían tocar.
"Nuestra posición no es sólo la Barra de Santa Teresa sino que se respete el derecho a la consulta... No sabemos si lo van a cambiar a otra parte del Istmo pero si lo van a llevar a Xadani también afecta a la comunidad de pescadores y en Unión Hidalgo también ha habido problemas, todo lo hacen con opacidad", subrayó.
"El problema de fondo es la violación a los derechos indígenas, que no hay consulta previa e informada, dicen en Gobernación federal y en Oaxaca que no hay una ley que reglamente, pero hay jurisprudencia internacional de la Corte Interamericana de cómo se instrumenta... El proceso sigue, las barricadas siguen hasta ver qué va a pasar, que se detengan todos los proyectos, porque se siguen dando concesiones, que se hagan las consultas...".
Tanto Cruz como López Gómez subrayaron que juntar a la gente y llevar a personas afines a la empresa para convencer a la gente de que firme un contrato no es una consulta, "las empresas dan poca información, no informan bien sobre las cláusulas de los contratos, no dicen los impactos que habrá sobre la vida de la gente, sobre la tierra, todo eso no lo dicen, la consulta es todo un proceso de información, de sensibilización de que la gente participe, de intercambio de ideas, no que después de una reunión vaya a dar su voto".
"Es necesario que la gente decida si le beneficia o no un proyecto, sin amenazas de muerte o de cárcel, o que le dan al comisariado dinero, alambre, mochilas. La consulta es un proceso, que la gente vaya en libertad, sin la compra de su voluntad... Por ejemplo, en 2007 llegó Preneal a una asamblea en San Mateo diciendo que la zona era muy buena, que iban a dar dinero, y la gente decidió que no quería nada... y Preneal le vende a Mareña y ahora salen que hay un proyecto aprobado en san Mateo; tenemos la grabación de la asamblea casi toda en ikjoots, por qué no respetan esa consulta", cuestionó Cruz.
Las empresas no les dicen que en Unión Hidalgo el agua de los pozos pegados al parque eólico de Eurus está saliendo azul, que los aerogeneradores están chorreando aceite, no les dicen que sólo la empresa puede cancelar el contrato, ni que las tierras que rentan a las empresas van a quedar hipotecadas y ya no van a poder conseguir crédito si no es con permiso de la empresa para cultivarlas, a ver si después de eso la gente acepta, enfatizó.
Los entrevistados coincidieron en que en el caso de los proyectos que ya están construidos no puede haber consulta porque ésta debe ser previa y éstos se hicieron sin tomar en cuenta a las comunidades... está todo manoseado. La lucha sigue porque se está monitoreando lo que pasa en San Mateo, en Unión Hidalgo, en Xadani y otras partes.
Beas mencionó que recién el martes 7 quedó claro el clima de violencia que se vive en la región, cuando fueron amenazadas dos integrantes de la Unidad de Observación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México, una de ellas Laurie Leandri, quienes acudieron a San Dionisio del Mar, donde se entrevistaron con miembros de la asamblea, luego fueron a Unión Hidalgo, y después, mientras se entrevistaban con otros dos defensores, un hombre se acercó a su chofer y le dijo que ya sabían de sus visitas y les exigió que se fueran porque ya habían visto con quiénes estaban.
Eso hizo que cancelaran esa entrevista y la visita que iban a hacer a Alvaro Obregón y a la Barra de Santa Teresa. Eso evidencia el hostigamiento que viven las comunidades y la falta de protección para defensores de derechos humanos, aseguró Beas.
