domingo, 23 de septiembre de 2012
La Iglesia quiere sacerdotes que sean gobernadores, legisladores, alcaldes…
Peña Nieto cuando compareció ante el episcopado en abril pasado.
Foto: Miguel Dimayuga.
Foto: Miguel Dimayuga.
La jerarquía eclesiástica ha brindado su apoyo a Enrique Peña Nieto a cambio de que suprima las prohibiciones constitucionales para que los ministros de culto puedan ocupar cargos de elección popular. Atrás quedaron, dice Manuel Corral, vocero del episcopado, las “irrealizables” pretensiones de la Iglesia católica de impartir educación religiosa en las escuelas públicas y de poseer medios de comunicación. Ahora, puntualiza, se busca que dichos ministros puedan ser, como cualquier ciudadano, gobernadores, presidentes municipales, diputados, senadores…
MÉXICO, D.F. (Proceso).- El nuevo presidente dela Conferenciadel Episcopado Mexicano (CEM), quien será electo en noviembre próximo y durará un sexenio en el cargo, tendrá como principal encomienda política trabajar con el gobierno de Enrique Peña Nieto para realizar los cambios legislativos que les permitan a los sacerdotes ocupar puestos de elección popular.
El mismo Peña Nieto, como candidato ala Presidenciadela República, se comprometió ante el pleno de obispos a emprender estas modificaciones constitucionales para que la jerarquía católica –dijo– goce de una “libertad religiosa plena” y sus ministros de culto puedan por fin ser gobernadores, diputados, senadores y presidentes municipales… una vieja aspiración clerical.
Pese a las impugnaciones contra la elección de Peña Nieto, el episcopado siempre respaldó a las autoridades electorales que le dieron el triunfo al candidato priista, a quien desde un principio la Iglesialo favoreció en su carrera presidencial al presentarlo con el Papa Benedicto XVI y luego casarlo eclesiásticamente con su actual esposa Angélica Rivera, La Gaviota.
Ahora, el episcopado realiza una amplia consulta para determinar quién lo presidirá durante el sexenio 2012-2018. Son dos los prelados que encabezan las preferencias: el cardenal José Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara, y monseñor Rogelio Cabrera López, arzobispo de Tuxtla Gutiérrez.
El vocero del episcopado, Manuel Corral, exclama animoso ante este horizonte promisorio que se le abre a la jerarquía con el nuevo gobierno federal:
“¡Caray! Es muy bueno que el nuevo presidente dela Repúblicay el nuevo presidente del episcopado arranquen al mismo tiempo en sus respectivos cargos. Los dos empiezan y salen al mismo tiempo; así comenzarán de cero, libres de ataduras. ¡Eso es muy bueno!”.
–¿Cuáles son los asuntos pendientes que el episcopado tiene con Peña Nieto?
–Una apertura completa en el tema de la libertad religiosa. No debemos quedarnos estancados en los hechos del pasado. Debemos ver sin miedo al futuro y darle una visión diferente a las cosas.
–Pero ese tópico es muy amplio. ¿Pondrán énfasis en algún punto?
–Sí, claro, en el acceso a cargos de elección popular. La ley civil no debe prohibirles a los ministros de culto desempeñar cargos públicos como cualquier otro ciudadano. Eso se llama discriminación. Ya hay organismos en México que la combaten, como el Consejo Nacional para Prevenirla Discriminación.Sinembargo,la Iglesiaha quedado fuera de estas políticas y sigue siendo víctima de la intolerancia. La Iglesia no afecta a nadie, al contrario, siempre ha sido fundamental para la cohesión social de los pueblos.
“Durante su campaña, Peña Nieto nos dijo que está a favor de la libertad religiosa plena. Mantiene esa postura. Bueno, pues habrá que recordarle e insistirle en que termine de configurar esa libertad dentro del marco jurídico. Por fortuna es un hombre joven que no está prejuiciado con antecedentes ideológicos e históricos que otros pudieran tener. Pertenece a una nueva generación que ve las cosas desde otro punto de vista”.
Corral alude a la promesa que, el pasado 19 de abril, Peña Nieto les hizo a los más de 100 obispos del país reunidos en la sede del episcopado, en Lago de Guadalupe, Estado de México. Ahí –bajo el enorme crucifijo del salón plenario de la CEM–, el entonces candidato a la Presidencia se comprometió a apoyar las reformas constitucionales que pide la jerarquía en materia de libertad religiosa.
“Esta libertad beneficia sobre todo a las personas, más que a las instituciones. A la libertad religiosa plena la considero un gran logro social”, dijo.
Ante todo, realismo
De ahí que, dice ahora Corral, el episcopado no negociará con el nuevo gobierno algunos cambios constitucionales incluidos en el tema de la libertad religiosa –como obtener medios de comunicación masiva o impartir instrucción religiosa en las escuelas públicas–, sino que sólo se concentrará en obtener cargos públicos para sus sacerdotes y lograr que enla Constituciónse quite el término de “libertad de creencia y de culto”.
Sobre este punto explica: “Queremos que en la Constitución, el término ‘libertad de creencia y de culto’ se suprima porque ese tipo de libertad es sólo una expresión externa de la fe que, además, es regulada por el Estado. Ese concepto debe suplantarse por el de ‘libertad de religión’, un derecho humano fundamental que el Estado no puede regular. La libertad de religión no la puede prohibir nadie. De esta manera, los artículos en los que se incluye aquel concepto, como el 3, el 27 y el 130, deben modificarse”.
–¿Por qué ahora desisten de pedir cambios constitucionales para poder impartir instrucción religiosa en las escuelas públicas? –se le pregunta.
–Esa pretensión es inviable. Se requerirían alrededor de un millón de maestros para dar religión en las escuelas. ¿Quién les pagaría? ¿Dónde recibirían formación? Pero además qué político o qué partido se atreverían en estos momentos a promover una modificación al artículo 3 constitucional para hacer ese cambio. ¡No! Debemos ser realistas; el objetivo dela Iglesiaes evangelizar donde pueda hacerlo, como en las parroquias, las familias o las organizaciones católicas dedicadas a eso.
“La versión de que pretendemos dar instrucción religiosa en las escuelas es sobre todo un mito propagado por los masones, principalmente porla Iglesia Luzdel Mundo que es una extensión de la masonería. Pero no hay tal cosa, es querer espantar con el petate del muerto”.
–¿Y tampoco pretenden modificar la ley para poder poseer medios de comunicación masiva?
–Tampoco, porque ya tenemos varios medios de comunicación. Por ejemplo, las diócesis tienen sus propios periódicos registrados y sus respectivas páginas de internet. Hay diócesis que tienen hasta estaciones de radio. Y aunque manejado por laicos, está operando el canal de televisión católica Mariavisión. Según encuestas, los sacerdotes mexicanos son los que más utilizan las nuevas tecnologías para evangelizar; un 32% se vale de las redes sociales.
–¿En estos días, han tenido contacto con el equipo de transición de Peña Nieto para tratar estos asuntos?
–No, oficialmente no. Hay sólo encuentros informales. Por ejemplo, el actual presidente del episcopado, monseñor Carlos Aguiar Retes, ha coincidido con Peña Nieto en algunos eventos en los que simplemente se saludan y charlan un rato. En cualquier momento empezarán a darse las reuniones formales. Sólo esperamos que Peña Nieto designe a la persona encargada de tener la interlocución con el episcopado, como lo fue durante su campaña el señor Roberto Herrera, entonces encargado de llevar los asuntos con las Iglesias. Con él sí llegamos a tener encuentros más formales. Era el enlace de las diócesis con el candidato durante sus recorridos de campaña.
La Iglesia quiere sacerdotes que sean gobernadores, legisladores, alcaldes…
Peña Nieto cuando compareció ante el episcopado en abril pasado.
Foto: Miguel Dimayuga.
Foto: Miguel Dimayuga.
La jerarquía eclesiástica ha brindado su apoyo a Enrique Peña Nieto a cambio de que suprima las prohibiciones constitucionales para que los ministros de culto puedan ocupar cargos de elección popular. Atrás quedaron, dice Manuel Corral, vocero del episcopado, las “irrealizables” pretensiones de la Iglesia católica de impartir educación religiosa en las escuelas públicas y de poseer medios de comunicación. Ahora, puntualiza, se busca que dichos ministros puedan ser, como cualquier ciudadano, gobernadores, presidentes municipales, diputados, senadores…
MÉXICO, D.F. (Proceso).- El nuevo presidente dela Conferenciadel Episcopado Mexicano (CEM), quien será electo en noviembre próximo y durará un sexenio en el cargo, tendrá como principal encomienda política trabajar con el gobierno de Enrique Peña Nieto para realizar los cambios legislativos que les permitan a los sacerdotes ocupar puestos de elección popular.
El mismo Peña Nieto, como candidato ala Presidenciadela República, se comprometió ante el pleno de obispos a emprender estas modificaciones constitucionales para que la jerarquía católica –dijo– goce de una “libertad religiosa plena” y sus ministros de culto puedan por fin ser gobernadores, diputados, senadores y presidentes municipales… una vieja aspiración clerical.
Pese a las impugnaciones contra la elección de Peña Nieto, el episcopado siempre respaldó a las autoridades electorales que le dieron el triunfo al candidato priista, a quien desde un principio la Iglesialo favoreció en su carrera presidencial al presentarlo con el Papa Benedicto XVI y luego casarlo eclesiásticamente con su actual esposa Angélica Rivera, La Gaviota.
Ahora, el episcopado realiza una amplia consulta para determinar quién lo presidirá durante el sexenio 2012-2018. Son dos los prelados que encabezan las preferencias: el cardenal José Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara, y monseñor Rogelio Cabrera López, arzobispo de Tuxtla Gutiérrez.
El vocero del episcopado, Manuel Corral, exclama animoso ante este horizonte promisorio que se le abre a la jerarquía con el nuevo gobierno federal:
“¡Caray! Es muy bueno que el nuevo presidente dela Repúblicay el nuevo presidente del episcopado arranquen al mismo tiempo en sus respectivos cargos. Los dos empiezan y salen al mismo tiempo; así comenzarán de cero, libres de ataduras. ¡Eso es muy bueno!”.
–¿Cuáles son los asuntos pendientes que el episcopado tiene con Peña Nieto?
–Una apertura completa en el tema de la libertad religiosa. No debemos quedarnos estancados en los hechos del pasado. Debemos ver sin miedo al futuro y darle una visión diferente a las cosas.
–Pero ese tópico es muy amplio. ¿Pondrán énfasis en algún punto?
–Sí, claro, en el acceso a cargos de elección popular. La ley civil no debe prohibirles a los ministros de culto desempeñar cargos públicos como cualquier otro ciudadano. Eso se llama discriminación. Ya hay organismos en México que la combaten, como el Consejo Nacional para Prevenirla Discriminación.Sinembargo,la Iglesiaha quedado fuera de estas políticas y sigue siendo víctima de la intolerancia. La Iglesia no afecta a nadie, al contrario, siempre ha sido fundamental para la cohesión social de los pueblos.
“Durante su campaña, Peña Nieto nos dijo que está a favor de la libertad religiosa plena. Mantiene esa postura. Bueno, pues habrá que recordarle e insistirle en que termine de configurar esa libertad dentro del marco jurídico. Por fortuna es un hombre joven que no está prejuiciado con antecedentes ideológicos e históricos que otros pudieran tener. Pertenece a una nueva generación que ve las cosas desde otro punto de vista”.
Corral alude a la promesa que, el pasado 19 de abril, Peña Nieto les hizo a los más de 100 obispos del país reunidos en la sede del episcopado, en Lago de Guadalupe, Estado de México. Ahí –bajo el enorme crucifijo del salón plenario de la CEM–, el entonces candidato a la Presidencia se comprometió a apoyar las reformas constitucionales que pide la jerarquía en materia de libertad religiosa.
“Esta libertad beneficia sobre todo a las personas, más que a las instituciones. A la libertad religiosa plena la considero un gran logro social”, dijo.
Ante todo, realismo
De ahí que, dice ahora Corral, el episcopado no negociará con el nuevo gobierno algunos cambios constitucionales incluidos en el tema de la libertad religiosa –como obtener medios de comunicación masiva o impartir instrucción religiosa en las escuelas públicas–, sino que sólo se concentrará en obtener cargos públicos para sus sacerdotes y lograr que enla Constituciónse quite el término de “libertad de creencia y de culto”.
Sobre este punto explica: “Queremos que en la Constitución, el término ‘libertad de creencia y de culto’ se suprima porque ese tipo de libertad es sólo una expresión externa de la fe que, además, es regulada por el Estado. Ese concepto debe suplantarse por el de ‘libertad de religión’, un derecho humano fundamental que el Estado no puede regular. La libertad de religión no la puede prohibir nadie. De esta manera, los artículos en los que se incluye aquel concepto, como el 3, el 27 y el 130, deben modificarse”.
–¿Por qué ahora desisten de pedir cambios constitucionales para poder impartir instrucción religiosa en las escuelas públicas? –se le pregunta.
–Esa pretensión es inviable. Se requerirían alrededor de un millón de maestros para dar religión en las escuelas. ¿Quién les pagaría? ¿Dónde recibirían formación? Pero además qué político o qué partido se atreverían en estos momentos a promover una modificación al artículo 3 constitucional para hacer ese cambio. ¡No! Debemos ser realistas; el objetivo dela Iglesiaes evangelizar donde pueda hacerlo, como en las parroquias, las familias o las organizaciones católicas dedicadas a eso.
“La versión de que pretendemos dar instrucción religiosa en las escuelas es sobre todo un mito propagado por los masones, principalmente porla Iglesia Luzdel Mundo que es una extensión de la masonería. Pero no hay tal cosa, es querer espantar con el petate del muerto”.
–¿Y tampoco pretenden modificar la ley para poder poseer medios de comunicación masiva?
–Tampoco, porque ya tenemos varios medios de comunicación. Por ejemplo, las diócesis tienen sus propios periódicos registrados y sus respectivas páginas de internet. Hay diócesis que tienen hasta estaciones de radio. Y aunque manejado por laicos, está operando el canal de televisión católica Mariavisión. Según encuestas, los sacerdotes mexicanos son los que más utilizan las nuevas tecnologías para evangelizar; un 32% se vale de las redes sociales.
–¿En estos días, han tenido contacto con el equipo de transición de Peña Nieto para tratar estos asuntos?
–No, oficialmente no. Hay sólo encuentros informales. Por ejemplo, el actual presidente del episcopado, monseñor Carlos Aguiar Retes, ha coincidido con Peña Nieto en algunos eventos en los que simplemente se saludan y charlan un rato. En cualquier momento empezarán a darse las reuniones formales. Sólo esperamos que Peña Nieto designe a la persona encargada de tener la interlocución con el episcopado, como lo fue durante su campaña el señor Roberto Herrera, entonces encargado de llevar los asuntos con las Iglesias. Con él sí llegamos a tener encuentros más formales. Era el enlace de las diócesis con el candidato durante sus recorridos de campaña.
CNDH: Calderón castigó y censuró a Proceso
Proceso. Caída publicitaria.
Más de tres años demoró la CNDH en emitir una recomendación al secretario de Gobernación a partir de la queja que interpuso este semanario por el bloqueo sistemático de la publicidad oficial desde Los Pinos. El documento de la Comisión confirma que el gobierno de Felipe Calderón buscó “castigar” o “premiar” a Proceso y otras publicaciones según sus líneas editoriales fueran críticas o acríticas del régimen panista. Con ello, indica el organismo, el gobierno federal violó los derechos humanos a la legalidad, a la seguridad jurídica y a la libertad de expresión e información.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confirmó que el gobierno de Felipe Calderón censuró y castigó aProceso por su línea editorial al excluirla de manera arbitraria de la publicidad oficial, con el propósito de causarle daño económico.
Así lo estableció en la recomendación 35/2012 que emitió el pasado 1 de agosto ante la queja interpuesta por esta casa editorial en abril de 2009 en contra del gobierno de Calderón por violar el derecho fundamental de libertad de expresión, amparado por la Constitución Política e instrumentos internacionales reconocidos por México.
La recomendación está dirigida al secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, como responsable de emitir los criterios para la asignación de la publicidad gubernamental. El organismo le pide a esa dependencia que para el ejercicio fiscal de 2013 emita “lineamientos claros y criterios objetivos, imparciales y transparentes” para el otorgamiento de la publicidad oficial.
Asegura que al investigar la queja de este semanario se hicieron “evidentes las violaciones a los derechos humanos, a la legalidad, a la seguridad jurídica, así como a la libertad de expresión e información” cometidas por el gobierno calderonista.
Aunque la queja se presentó a la mitad del sexenio, la CNDH revisó la manera en que el mandatario gastó el dinero público para anuncios oficiales en casi todo su periodo presidencial. Su conclusión fue contundente: el gobierno usó la publicidad oficial para premiar o castigar, fue discrecional y transgredió derechos humanos.
La revista promovió la queja ante la caída de la publicidad oficial que comenzó en 2005 cuando Marta Sahagún, esposa del entonces presidente Vicente Fox, la demandó por daño moral. No obstante, el veto publicitario se agudizó con la llegada de Calderón a la Presidencia, al extremo de que de enero a abril de 2009 sólo recibió cinco planas por parte del gobierno federal, prácticamente nada, hasta que cesaron por completo. Mientras tanto, otras revistas con mucha menor circulación obtuvieron hasta siete veces más publicidad en el mismo periodo (Proceso 1697).
Para instruir la queja, a manera de muestra, la CNDH pidió a siete dependencias federales, paraestatales y organismos de la administración pública federal que detallaran la manera en que contratan espacios en los medios de comunicación. También hizo análisis comparativos de lo que gastó Calderón para anunciar a su gobierno en diferentes revistas.
Contradictorias, las respuestas oficiales revelaron la manera caprichosa en que se gastaron los recursos públicos para anunciar acciones y programas gubernamentales. La Secretaría de Salud, por ejemplo, primero manifestó que su publicidad va encaminada a las personas de más bajos recursos económicos y de menor grado de instrucción en el país; luego dijo que no, que su población objetivo se informa a través de Internet.
Por su parte, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) argumentó que para contratar espacios publicitarios tomaba en cuenta el prestigio de los medios, así como la circulación, cobertura informativa, el perfil de los lectores, el público objetivo y los contenidos.
La CNDH estableció: “Las documentales enviadas no dan cuenta de lo asentado en los anexos remitidos, toda vez que en el caso del IPN se especifica que se compra espacio publicitario en revistas que se especializan en temas educativos, investigación, desarrollo tecnológico, culturales y deportivos, cuando es el caso, por ejemplo que la revista R13 (así identificada en las comparaciones que hizo la CNDH) no reúne los criterios señalados al publicar información relativa al mundo de los espectáculos”.
Más grave aún fue la respuesta de Gobernación. En una comunicación remitida al organismo, fechada el 30 de julio de 2009, señaló que no le correspondía autorizar o negar a las distintas dependencias y entidades de la administración pública federal la contratación de publicidad gubernamental con los medios, aun cuando es el órgano rector en la materia mediante la Subsecretaría de Normatividad de Medios.
El señalamiento de la CNDH a la dependencia fue directo: “Las autoridades directamente responsables de la desigual contratación de recursos publicitarios no son las dependencias de gobierno que las realizan, sino quien se encarga de emitir los lineamientos respecto de la asignación de publicidad, en este caso, la Subsecretaría de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación”.
Conforme al artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, esa instancia tiene a su cargo la regulación, integración, coordinación y orientación de las acciones de comunicación social de las dependencias y entidades del gobierno federal, así como autorizar, supervisar y evaluar sus programas de comunicación social.
De acuerdo con la Comisión, durante el gobierno de Calderón la Segob se valió de una normatividad “omisa en contemplar criterios objetivos, claros y transparentes en (los) que las dependencias puedan fundar y motivar la elección de contratación de medios publicitarios”.
El organismo se refirió en esos términos al “Acuerdo por el que se establecen los lineamientos generales para la orientación, autorización, coordinación, supervisión y evaluación de las estrategias, los programas y las campañas de comunicación social de las dependencias y entidades de la administración pública federal” para los ejercicios fiscales de 2009, 2010 y 2011.
La misma crítica hizo al “Acuerdo por el que se establecen los lineamientos generales para las campañas de comunicación social de las dependencias y entidades de la administración pública federal para el ejercicio fiscal 2012”.
Entre los criterios mencionados en ambos acuerdos se mencionan la “eficiencia, eficacia, honradez e imparcialidad” y no aquellos que puedan ser medibles y comparables.
Además, para la contratación de espacios publicitarios, el gobierno federal se basó en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal correspondiente.
Televisa y sus camionetas en Nicaragua: algo huele mal…
Las camionetas con logos de Televisa aseguradas en Nicaragua.
La detención de 18 mexicanos en Nicaragua el pasado 20 de agosto metió en un embrollo a la empresa de Emilio Azcárraga Jean, pues los capturados, que transportaban más de nueve millones de dólares, viajaban en seis camionetas registradas a nombre de Televisa. A partir de ese momento la televisora –a la que se unió la misma procuradora General de la República- se dedicó a negar cualquier relación con aquellas personas y con los vehículos. Pero los desmentidos desaforados en el Canal 2, las explicaciones insuficientes, no impiden advertir el enorme poder del logotipo que ostentaban las unidades decomisadas ni disipan el tufo de sospecha y la sombra de dudas sobre lo ocurrido en Nicaragua.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- El logotipo de Televisa abre las ventanillas de los módulos de control vehicular de la Ciudad de México para realizar gestiones de manera expedita; permite cruzar sin mayor trámite aduanas y puestos fronterizos de México y de los países de Centroamérica y obliga a las procuradurías General de la República (PGR) y de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) a realizar investigaciones que deslinden a la empresa de cualquier enredo judicial.
El logotipo de Televisa –apócrifo o no– abre las puertas del poder.
Pero en el caso de los 18 mexicanos detenidos en Nicaragua –acusados de lavado de dinero, delincuencia organizada y tráfico internacional de estupefacientes– a Televisa se le revirtió su logotipo: su utilización en seis camionetas tipo Van para transportar por Centroamérica 9.2 millones de dólares, y en las que se encontraron rastros de cocaína, involucró a la empresa de Emilio Azcárraga Jean en un intrincado lío judicial del que se ha deslindado enfáticamente.
El poder notarial
De acuerdo con el expediente que sobre el asunto abrió la Secretaría de Transporte y Vialidad de la Ciudad de México (Setravi), las seis camionetas Chevrolet tipo Van que las autoridades nicaragüenses decomisaron el pasado 20 de agosto fueron registradas a nombre de Televisa utilizando documentos que, en apariencia, eran de la propia empresa: la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, recibos de pago de teléfono, la declaración de valor catastral y de pago de impuesto predial y un poder notarial de la televisora para realizar todo tipo de trámites de vehículos.
Según documentos del expediente –cuyas copias tiene este semanario– los trámites presuntamente los hizo Armando Tavera Sánchez, cuya credencial del IFE señala que vive en calle Sur No. 101 B 533, colonia Sector Popular, en la delegación Iztapalapa. Habría realizado tales gestiones entre diciembre de 2009 y agosto de 2011 en los módulos de control vehicular de las delegaciones Iztacalco, Tlalpan y Venustiano Carranza.
El expediente señala que se presentó como comprobante de domicilio de Televisa la declaración de valor catastral y pago de impuesto predial del año 2002 correspondiente al edificio de la empresa ubicado en avenida Chapultepec 18, colonia Doctores. Esta declaración, por cierto, asienta que el valor catastral del inmueble es de 72 millones 131 mil pesos, y el valor catastral “base renta” de 115 millones 320 mil pesos.
También para comprobar dicho domicilio se presentaron facturas por el pago de teléfono a Telmex en las cuales no aparece el número de la línea, pero son por montos de 8 mil pesos mensuales en promedio.
Se presentaron además dos documentos que avalaban a Tavera como representante legal de Televisa: una cédula del Registro Federal de Contribuyentes de la televisora –clave TEL-721214GK7– y un poder notarial de la empresa. Este último documento fue emitido el 26 de junio de 2003 por la notaría número 100, cuyo titular es Manuel Oliveros Lara.
El documento notarial asienta:
“Televisa, sociedad anónima de capital variable, representada por los señores don Juan Sebastián Mijares Ortega y don Julio Barba Hurtado, ambos en su carácter de apoderados generales, otorga a favor del señor Armando Tavera Sánchez un poder especial, pero tan amplio como en derecho se requiera y sea necesario, para que en nombre y representación de la sociedad poderdante, lleve a cabo todas las gestiones o trámites de carácter fiscal, administrativo, civil y penal que tengan relación con los vehículos automotores propiedad de la sociedad (…) De igual forma, queda autorizado para que lleve a cabo cualquier trámite y/o firme cualquier documento relacionado con el procedimiento de sustitución de placas o matrículas de circulación o reemplacamiento (…)”.
Una ficha informativa anexa al expediente hace notar que “la Dirección de Registro Público del Transporte (de la Ciudad de México) cuenta con trámites contemporáneos realizados a nombre de Televisa S.A. de C.V., en los cuales se aprecia que los documentos utilizados para acreditar la representación legal de la empresa y del representante legal son los mismos a los utilizados en el emplacamiento de las seis unidades que nos ocupan”.
Más aún, la ficha hace referencia a una solicitud que el pasado 27 de agosto realizó ante la Setravi Jesús Alejandro Daniel Araujo Delgado, uno de los representantes legales de Televisa, con el propósito de obtener los expedientes administrativos de las seis camionetas decomisadas en Nicaragua.
Para comprobar su representación legal, Araujo presentó un poder notarial emitido por la notaría número 100, a cargo de Manuel Oliveros. Se trata del mismo notario que presuntamente entregó a Tavera el poder notarial para realizar los trámites de las camionetas decomisadas en Nicaragua.
La ficha informativa apunta: “El poder notarial presentado en las oficinas de la Setravi, que acompaña al escrito de requerimiento de información de fecha 27 de agosto de 2012, con el que la empresa Televisa nombra a sus representantes legales para acreditar su personalidad jurídica, es emitido por la notaría 100 del notario Manuel Oliveros Lara (…) lo cual es importante destacar ya que es la misma notaría que emite el poder notarial a favor de Armando Tavera Sánchez y que fue utilizado para el emplacamiento de las seis unidades que se han detallado, así como de otros trámites vehiculares a nombre de la misma empresa”.
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