No es mucho pedir que todos tengamos los mismos derechos ¿O sí, Perverto ?

¡ Uta ! Pinches curitas...

¿Y el estado de derecho?

Octavio Rodríguez Araujo
El secretario de Gobernación declaró el viernes pasado que la Marina-Armada de México se enfrentó a “presuntos delincuentes del llamado cártel del Pacífico” (las primeras cursivas son mías). En el párrafo siguiente de su declaración, registrada por este diario el sábado 19 de diciembre, dijo que “resultaron muertos siete integrantes del cártel del Pacífico”. ¿Antes eran presuntos y luego integrantes del cártel del Pacífico? Si eran presuntos, ¿quién giró las órdenes de cateo? ¿Hubo órdenes de aprehensión o simplemente la orden de “mátenlos en caliente”? Gómez Mont señaló también que las operaciones de los últimos días en Cuernavaca realizadas por la Marina son resultado de tres años de labores de inteligencia; sin embargo, la misma noche de los sucesos el vocero de la Secretaría de Marina dijo, ante los medios, que la narcoposada del viernes 11 de diciembre fue en “Limones” (sic) en Tepoztlán (sic) en lugar de decir Los Limoneros, en Ahuatepec, Cuernavaca. ¿Así funcionan los órganos de inteligencia de la Marina? ¿Qué otras imprecisiones habrá a pesar de tres años de labores de inteligencia? El vocero dijo también que habían muerto civiles no identificados, y varios periódicos ya habían señalado que la señora Patricia Terroba de Pintado, quien salía de su casa en la madrugada para atender una emergencia familiar, fue asesinada de un balazo. Se presume, por el lugar de su domicilio y los agujeros en su carro, que las balas tuvieron su origen en las filas de los marinos y no de los narcotraficantes pachangueros. ¿Ya se investigó este asesinato, o simplemente se trata de un “lástima Margarito, la señora estaba en el lugar y el momento equivocados”? ¿Su esposo y sus hijos se conformarán con eso? ¿A quién recurren para demandar justicia y contra quién?

¿Se trata de verdad de una guerra? Si es el caso, ¿se cumplen los requisitos estipulados internacionalmente para las guerras? Aun aceptando que realmente es una guerra, ¿el trato dado al cadáver de Arturo Beltrán Leyva (semidesnudarlo y cubrirlo de billetes y un rosario ensangrentados) es propio de militares con sus víctimas? ¿La golpiza que recibieron los presentados en la televisión, uno de ellos detenido por el cuello por un soldado o marino, para que no se derrumbara, es parte del protocolo de guerra? El secretario de Gobernación, en su declaración del viernes pasado, sugiere que lo del cuerpo cubierto con billetes fue responsabilidad de los servicios forenses de Morelos. Puede ser, ¿y dónde estaban los marinos encargados de la operación? Según las fotografías publicadas, ahí estaban mientras unos individuos vestidos de civil manipulaban los cadáveres como para enviarles un mensaje a otros narcotraficantes, igual que hacen éstos con sus víctimas, sean civiles, policiacas o militares. ¿Cuál es la diferencia desde el punto de vista de los derechos humanos?

Según entiendo de leyes, la guerra de Felipe Calderón contra el crimen organizado no es legal, por muy justificada que pueda ser desde el punto de vista de seguridad nacional o de protección de la salud de los mexicanos (que por cierto no ha funcionado pues ha aumentado el número de consumidores de drogas). Pero, además, si se trata de presuntos delincuentes tendría que ser la Procuraduría General de la República (PGR) la que actuara, un juez el que dictara las órdenes de cateo y, desde luego, un juicio para establecer si son culpables y, en caso de serlo, meterlos en la cárcel y no dispararles como si las fuerzas del orden fueran otro cártel de drogas o sicarios contratados por la CIA para actuar en un país del cuarto mundo.
Los narcotraficantes son indefendibles desde cualquier punto de vista, pero lo que está haciendo el gobierno de Calderón no tiene justificación. Se está violando el estado de derecho, se está militarizando el país, la Policía Federal Ministerial, dependiente de la PGR, se le da al almirante Wilfrido Robledo, encargado en el estado de México de la operación contra los de Atenco en mayo de 2006, y lo que han logrado es que veamos como casi normal (y con miedo) que los soldados, del Ejército o de la Marina, patrullen nuestras calles, detengan nuestros automóviles y que puedan acribillarnos si, gracias a las labores de “inteligencia”, descubren o suponen que enfrente hay presuntos delincuentes que serán tratados como soldados enemigos, es decir, dispararles a matar en lugar de detenerlos y entregarlos a la PGR, como debería de ser, es decir si actuaran como coadyuvantes de esta dependencia. Ni las formas se respetan.

Cuando el secretario de Gobernación señaló que con el personal de la Armada de México se “preservó el secreto y evitó la filtración de información”, lo que está diciendo, entre líneas, es que las otras fuerzas militares o policiacas no son confiables, pues si hay riesgo de que se filtre información esto significa que hay infiltrados de los cárteles o personal comprado por éstos en los ámbitos de gobierno. Proceso (número 1729), en nota de Ricardo Ravelo, reseñó que “el día del ataque el llamado Jefe de jefes esperaba a comer en su departamento nada menos que al comandante de la 24 Zona Militar con sede en Cuernavaca”. La pregunta que me brinca de inmediato es ¿por qué el gobierno no comenzó “su guerra” depurando sus filas y luego, ya limpias y con personal de confianza, perseguir a los delincuentes?

La primera plana de La Jornada Morelos del sábado pasado señalaba con letras grandes: “Psicosis en Morelos” y tenía razón. Lo primero que se encontraban los paseantes de fin de semana que entraban a Cuernavaca eran retenes militares, y la gente teme balaceras, más operativos, retenciones arbitrarias (no apegadas a derecho), violación de varios artículos constitucionales, comenzando con el 16 y el 20, y sustitución de la policía por la milicia, como si estuviéramos viviendo bajo una dictadura o en un Estado de excepción (no aprobado por el Congreso de la Unión, por cierto).

Sería conveniente que Calderón entienda que, gracias a él y su guerra, ahora da miedo salir a la calle y ya no sabemos en quién confiar como supuestos protectores de la sociedad.

PD: ¿Por qué mataron a la familia del marino Angulo Córdova? Porque dieron su nombre y subestimaron la capacidad de reacción de los narcos. Otro efecto de una guerra sin planeación.

La columna de Julio Hernàndez

Astillero

¿Peones expiatorios?

Ligerezas inoportunas

Partidizar la seguridad

Gracias y hasta el 11-E

En sus peores momentos, el marinamente indiscreto Calderón se ha confeccionado una especie de peón expiatorio. Luego de haberlo sacado de un largo retiro de la actividad pública, dedicado a prestar sus servicios especializados de seguridad y espionaje a poderosos particulares, Jorge Tello Peón ha dejado la secretaría ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública en momentos en los que pareciera que así se le adjudica algún tipo de responsabilidad por los graves sucesos recientes de impericia combativa gubernamental, única ficha caída mientras se sostienen el ciego, sordo y manco gobernador de Morelos, Marco Adame, los jefes operativos de la Armada que permitieron el tapizado con billetes del cuidadísimo trofeo de Cuernavaca, los propagandistas que autorizaron el funeral televisado del marino muerto y la exposición de sus familiares a la narcovenganza que cualquier neófito habría previsto y los intrigantes de Los Pinos que alientan confrontaciones entre Ejército, Marina, PGR y ahora el citado SNSP.

Sospechosamente errática la conducta del comandante Calderón en momentos en que las pifias, caprichos y debilidades tienen consecuencias sociales peligrosas y daños individuales y familares inocultables. Cuando más necesita dar apariencia de unidad y proyecto, se permite la ligereza de quitar a un funcionario de larga carrera en asuntos de inteligencia y seguridad nacionales, constructor del Cisen, con oficio político y capacidad de interlocución con los gobernadores (sobre todo los priístas), que son la esencia del citado Sistema Nacional de Seguridad Pública e incluso, según se alegaba cuando se convenció a Tello Peón de dejar su retiro, de establecer comunicación eficaz y deshacer nudos de pleito entre el vicepresidente ejecutador, Genaro García Luna; el general secretario de la Defensa Nacional y la PGR entonces a cargo de Eduardo Medina Mora, que no llevaba la tonada de García Luna.



El colmo de la insensatez lo constituye el perfil del designado para relevar al ya mencionado Tello Peón. Un panista de larga trayectoria partidista al que Calderón consideró como posible procurador a la salida de Medina Mora pero que no tuvo respaldo en las bancadas legislativas no panistas. Ahora, Felipe lo rescata para habilitarlo como enlace con gobernadores y la sociedad civil en materia de seguridad pública, partidizando una función delicada en momentos críticos. Ya llevó FC a Ernesto Cordero a Hacienda, pretendiendo frenar o impedir desde allí la materialización de los arreglos que para favorecer a los gobernadores priístas hicieron en materia de presupuesto los legisladores del tricolor. Ahora imprime los colores del PAN a un ente coordinador de esfuerzos y recursos en materia de seguridad pública. Como si en el fondo lo único que le importara al señor de Los Pinos fuera lo electoral, la partidización, el control a través de los amigos, los cercanos, los manejables como Juan Miguel Alcántara Soria, al que de inmediato devalúa al reasignarlo a la secretaría de Liposucción, perdón, de bypass, a cargo de otro litigante pretencioso, Fernando Gómez Mont, que ahora quiere ganar candidaturas presidenciales a base de reducciones de peso (Carstens cuida el peso, en términos de banca central; Gómez Mont lo combate, en función de improbable estética futurista).

Y, sin embargo... Felipe se mueve, escalando su guerra personal contra ciertos segmentos del narcotráfico, envuelto en rumores y especulaciones incluso acerca de las presuntas razones aéreas de sus conductas desbordadas, cada vez más enojado y aislado, y construyendo un país de posibles víctimas circunstanciales o chivos expiatorios. Ya ha sido demostrado con insistencia el grado de corresponsabilidad que al calderonismo propagandístico le pertenece por haber dado a conocer la identidad del marino asesinado al que luego acompañaron en la muerte sus familiares cercanos. Ahora se pone el dedo sobre los miembros del Servicio Médico Forense de Morelos que supuestamente habrían tenido tanta inventiva y poder como para permitirse juegos macabros con un cadáver al que todavía en su entierro vigilaban celosamente cuerpos militares de elite. Y mañana se culpará de todo a todos, menos a los “patriotas” resguardados tras murallas armadas.



El ejercicio despótico del poder presidencial (del “haiga sido como haiga sido” a las fanfarronerías de belicismo sesgado) no tiene en estos momentos un contrapeso social organizado, diluida como está la capacidad de respuesta en las aguas del electorerismo e inexistente una plataforma eficaz de análisis y razonamiento que pudiera plantear vías y alternativas a las pretensiones dictatoriales que podrían incluso dar por anulados esos procesos electorales. En el horizonte sólo parecen estar la violencia grupal (2010 es una fecha cabalística) y la desesperación colectiva inmovilizada, potenciado todo por el inicio de año con el fantasma de la inflación y el ahondamiento de la crisis.



Astillas



Las fiestas de temporada tienen sus detalles grotescos: Vicente Fox hace posadas y se asoma al ventanal de lo político como si nada, como si el asentamiento del narcotráfico no se hubiera consolidado durante su sexenio de redituable irresponsabilidad, como si la riqueza pública no hubiese sido saqueada durante su gobierno; por otro lado, el personaje tragicómico del año, Guanito, patina judicialmente con el asunto de sus documentos falsificados... En otra farsa, el IFE insiste en las bondades de las urnas electrónicas (¿marca Hildebrando?)... Y mueven a Luis H. Álvarez a una oficina similar, luego de que durante largos años no hizo nada importante, sino consumir recursos al frente de la Comisión Nacional de Derechos Indígenas... Y, mientras este tecleador se pone solemne y les da las más sinceras gracias a quienes lo han acompañado a lo largo del año en estas líneas astilladas, y se dispone a festejar hoy un año más con el inicio de unas vacaciones que terminarán el 11 de enero, ¡feliz Navidad y, gulp, próspero año nuevo!



Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx

Peritos dicen que recibieron órdenes de manipular el cadáver de El Barbas--- ¡ Que poca madre !

Miembros del Semefo morelense niegan haber fotografiado el cuerpo

Rubicela Morelos Cruz
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 24 de diciembre de 2009, p. 3
Cuernavaca, Mor., 23 de diciembre. Los seis peritos que participaron en el levantamiento del cuerpo de Arturo Beltrán Leyva aseguraron que sólo cumplieron órdenes dadas por agentes federales para alterar la escena del crimen, pero negaron haber tomado las fotos donde se exhibe a El jefe de jefes o El Barbas semidesnudo y cubierto con billetes ensangrentados.

En entrevista, algunos peritos, quienes pidieron el anonimato, se mostraron sorprendidos ante la urgencia de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Morelos de anunciar el martes en la noche su separación al cargo, pese a que no han concluido las pesquisas. No obstante, este miércoles acudieron a laborar.

Narraron que autoridades estatales los responsabilizaron del hecho, cuando en su declaración negaron que hubieran modificado la escena del crimen y expresaron que personas ajenas a la PGJE tomaron las fotos, pero se negaron a abundar en el tema, pues, aseguraron, es una situación que pone en riesgo su vida.
En esas imágenes, añadieron, aparecen tres de los seis integrantes del Servicio Médico Forense que participaron en el levantamiento del cadáver, por lo que, insistieron, ellos no las captaron.

A su vez, el visitador general de la PGJE, Erwin de las Casas Flores, reconoció que aún no terminan la investigación, y añadió que se envió material fotográfico a la Procuraduría General de la República (PGR) para que se verifique que los peritos locales no tomaron esas imágenes.

“No están cesados ni se les ha dado de baja aún; están trabajando de manera normal. Se les puede suspender para que sigan las investigaciones. Probablemente se les suspenda en unos días”, dijo.

Tres peritos ya fueron descartados, insistió, y sólo se indaga a los otros tres, que aparecen en una de las fotos. Serán castigados por abuso de autoridad y ejercicio indebido de funciones, anunció.

“Estamos solicitando a la PGR que abra una investigación interna o penal a personal federal.”