Rezagos y lastres educativos

JESÚS CANTÚ

Los resultados de la prueba PISA 2015 dados a conocer hace un par de semanas simplemente confirman la mala calidad de la educación mexicana y las deficiencias ya identificadas; pero además revelaron que el problema no se limita a la educación pública, sino que abarca también a la privada, que además de agudizar las desigualdades internas no es lo suficientemente buena para lograr desarrollar a los jóvenes mexicanos a niveles de desempeño 5 y 6, los requeridos para formar a los futuros líderes científicos, sociales, empresariales y políticos.

La prueba mostró que con los puntajes que obtuvo México en las áreas de ciencias, matemáticas y lectura se ubica en el lugar 57 de las 69 naciones evaluadas; pero además indica que en promedio 50% de los estudiantes se encuentra por debajo del nivel 2, considerado el mínimo indispensable para que los jóvenes de 15 años puedan continuar con sus estudios y su inserción en la vida laboral.

Si a esto se agrega que 22% de los jóvenes de 15 años no se encuentran matriculados en el sistema educativo mexicano, o que si lo están se hallan todavía en la escuela primaria, el porcentaje de jóvenes sin competencias básicas en México es de 68%, es decir, más de las dos terceras partes. Para ubicar la gravedad de la situación basta saber que el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es de 29%, en tanto que el de los 10 países con mejores sistemas educativos es de 25%.

El problema se agudiza dado que el porcentaje de estudiantes que se encuentra en los niveles superiores (5 y 6) es muy bajo: en ciencias es de apenas 0.1%, contra 8% del promedio de la OCDE y de 0.5% de los países latinoamericanos; en matemáticas 0.3%, contra 10% de la OCDE y 0.7 de América Latina (AL), y en lectura 0.3%, contra 8% de la OCDE y 1% de los países latinoamericanos. Si se le agrega el nivel 4, los porcentajes de México se ubican en 2.4% en ciencias, 3.5% en matemáticas y 4.5% en lectura. En los índices intermedios, 3 y 2, se ubica 50% en ciencias, 40%, en matemáticas y 54%, en lectura.

Hay aspectos que llaman la atención: en cuanto a los resultados inferiores, la diferencia entre el promedio de México y el de la OCDE no es tan malo; en el caso de ciencias la diferencia es únicamente de 35 puntos (301 de México contra 336 de la OCDE). Sin embargo, al revisar los mejor evaluados la brecha se ensancha a 110 puntos (535 contra 645).

Otro dato que llama la atención es el porcentaje de los estudiantes resilientes, que PISA define como aquellos que se sitúan en el cuartil inferior del Índice de Estatus Socioeconómico y Cultural (ESCS), indicador de los factores más importantes del entorno del alumno, y en el cuartil superior de desempeño, es decir, de jóvenes que logran muy buenos resultados a pesar del contexto desfavorable. En este caso se encuentra 13% de los estudiantes mexicanos contra 29% en el promedio de la OCDE, y de 9.25% en AL, es decir, menos de la mitad del promedio de los países desarrollados, pero 40% más que en AL.

Igualmente el puntaje promedio de los estudiantes de las escuelas públicas es de 412 puntos, y el de las privadas de 442, una diferencia de apenas 30 puntos que, si bien es significativa, refleja claramente que la calidad de la educación en las escuelas privadas, a pesar de tener un entorno más favorable, tampoco es bueno, pues inclusive si ese fuese el promedio nacional apenas alcanzaría para subir 11 lugares y ubicar a México en el mismo nivel de Chile, el país latinoamericano mejor evaluado, pero todavía lejos del promedio de los países de la OCDE, de 493, y mucho más de los 556 puntos que alcanza Singapur, que ocupa el primer lugar.

Al hacer la revisión por deciles de ESCS el informe del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en México (INEE) indica: “De manera simplificada, es posible decir que los resultados de los jóvenes mexicanos más pobres son relativamente mejores, ya que no están tan lejos de los alumnos de ese mismo nivel de ESCS de los países de mejores resultados, e incluso en algunos casos son superiores. En cambio, los resultados de los estudiantes mexicanos más favorecidos están mucho más lejos de los jóvenes con ese mismo nivel de ESCS de los países con mejores resultados”.

Hay que profundizar en el análisis de estos datos y realizar estudios adicionales que contribuyan a identificar diferencias por estados y regiones, pero un primer vistazo contradice algunas de las creencias generalizadas en México, particularmente la de que la educación privada es mejor que la pública y la de que los peores niveles educativos se encuentran en las zonas más pobres.

Los resultados de la prueba PISA evidencian el pésimo nivel de la educación mexicana y ciertamente ayudan a identificar algunas de las deficiencias, pero, como bien señala el mismo documento, se requieren “investigaciones adicionales: análisis complejos sobre los resultados de PISA en relación con las variables de los cuestionarios de contexto y estudios especiales, incluyendo algunos con diseños experimentales y cuasi experimentales que permitan llegar a conclusiones causales fuertes”.

Diseñar e implementar las investigaciones adicionales es precisamente la responsabilidad del INEE y son urgentes para deslindar responsabilidades, pero sobre todo para proponer políticas públicas certeras que posibiliten atender y resolver tanto los problemas contextuales como los del propio sistema educativo.

Por ello resulta contradictorio y preocupante que el mismo informe, en las reflexiones finales, señale tajantemente: “Dado el nivel socioeconómico de los alumnos, la calidad de la educación mexicana es mejor de lo esperable, según PISA”, pues se carece de los estudios adicionales que lleven a condenar o exonerar al sistema educativo mexicano o a cualquiera de los actores del sector, como lo han pretendido hacer muchas voces.

El resultado de esta prueba nada más sirve como indicador del bajo nivel de la educación mexicana y como una línea de base que permite evaluar en el futuro el impacto de las medidas que se han tomado en los últimos años, aunque hay que advertir que la revisión de las pruebas PISA aplicadas en México ni siquiera contribuye a identificar una tendencia definida.

Votamos la reforma energética sin leerla, admite ex diputado del PRI

Por: Redacción (@revistapolemon)*

30 de diciembre de 2016.- Los diputados del PRI votaron a favor de la reforma energética sin leer la iniciativa. Uno de ellos fue Sergio Chávez, alcalde de Tonalá, Jalisco (un municipio aledaño a Guadalajara) quien como diputado federal avaló la reforma enviada por Enrique Peña Nieto, ahora se lamenta de las consecuencias de la liberalización del precio de las gasolinas., justificando que no sabían a fondo lo que se les ordenó avalar.

“El puro dictamen era casi metro y medio de hojas aglomeradas…Yo no estaba en la comisión ni de Gobernación ni de Energía. Yo acudí a votar como me obligaba. Sí nos explicaban los técnicos de PEMEX, nos explicaban los asesores de la bancada priísta, nos explicaban los diputados que estaban metidos en ese tema pos que venía a la baja y que teníamos que liberar los precios”, expresó el Alcalde.

“Pero hoy con este cambio, por supuesto que nosotros, al menos yo, a nosotros nunca nos comentaron (el incremento a la gasolina) ni venía en el dictamen”.

Imagen del programa Forma y Fondo en el que estuvo el Alcalde de Tonalá, Sergio Chávez. Foto @SergioChavez_D

El Presidente Municipal de Tonalá hizo estas declaraciones en el programa de radio Forma y Fondo, de Radio Metrópoli, con los conductores Jorge Octavio Navarro y Mario Muñoz.

Si bien Sergio Chávez hizo un Mea Culpa durante la emisión, acepta que es una decisión tomada ya que según él, echarla para atrás daría malas señales al extranjero e inversionistas, por lo que prefiere que las protestas sean mesuradas.

Una marcha es bienvenida, dijo, “pero que nos vayamos a una resistencia por días, semanas y querer putear; se puede paralizar el país y la economía y eso no habla bien del país”.

Con su voto como diputado a favor del gasolinazo, al Presidente de Tonalá le salió el tiro por la culata ya que no tiene presupuestado el costo adicional de 400 mil pesos al mes que deberá erogar el Ayuntamiento para mover los vehículos utilitarios.

–¿Se siente engañado?, le preguntaron al político del PRI luego de reflexionar las consecuencias de su voto como diputado.

“Déjate de engañado, fue un mal cálculo, no soy experto en precios internacionales, de lo que está sucediendo en el mundo. Pero yo creo que fue un mal cálculo de que verdaderamente saben y sabían en ese momento, sobretodo los técnicos de la Secretaría de Energía que son los que traían todo. Nosotros fuimos un aval para poder transitar, no nada más el PRI”, comentó.

“Hoy yo me sorprendo que yo escucho a Acción Nacional con toda la crítica cuando ellos votaron. Si ellos no hubieran votado con el PRI y el Verde no existiera la reforma energética. Y no es estarle aventando la bronca unos a otros. Yo apechugo, acepto las cosas pero soy responsable tanto que acepto que yo la voté, no meto la cabeza abajo del escritorio”.

*Este trabajo fue realizado por la revista Revista Reverso. Conoce más del proyecto aquí: http://reverso.mx

Para que sientas lo que siento

ARIEL DORFMAN 

Cientos de estudiantes de la Universidad Rutgers bloquean la avenida College, en New Brunswick, Nueva Jersey, para protestar contra las políticas del presidente electo Donald Trump. Foto: AP / Mel Evans

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Es tristemente familiar para mí la indignación y alarma que muchos estadunidenses sienten ante la noticia de que sus servicios de inteligencia han confirmado que Rusia intervino en las recientes elecciones para asegurar que Donald Trump fuera el próximo presidente.

He vivido antes esa misma indignación, esa misma alarma.

Para ser más específico: la mañana del 22 de octubre de 1970, en lo que por entonces era mi casa en Santiago de Chile, escuché, junto a mi mujer Angélica, un flash extraordinario por la radio. Un comando de ultraderecha había atentado contra la vida del general René Schneider, jefe de las fuerzas armadas chilenas. No había esperanza de que sobreviviera a los tres balazos que había recibido.

Angélica y yo tuvimos la misma reacción: es la CIA, exclamamos, casi al unísono. No teníamos en ese momento pruebas fehacientes de ello –si bien con el tiempo aparecería abundante evidencia de que teníamos razón–, pero no dudábamos de que se trataba de otro intento más de Estados Unidos de subvertir la voluntad del pueblo chileno.

Seis semanas antes, Salvador Allende, un socialista de férreas convicciones democráticas, había ganado la presidencia, a pesar de que Washington había gastado millones de dólares en una campaña de guerra psicológica y desinformación tratando de prevenir aquella victoria. El gobierno de Nixon no podía tolerar esa revolución sin violencia que proponía Allende, su programa de liberación nacional y de justicia social y económica.

El país estaba plagado de rumores de un posible golpe de Estado. Ya había sucedido en Irán y Guatemala, en Indonesia y Brasil, donde mandatarios opuestos a los intereses estadunidenses habían sido derrocados. Ahora le tocaba el turno a Chile. Y ahora, debido a que el general Schneider se oponía tenazmente a esos planes, lo habían ultimado.

La muerte de Schneider no impidió que Allende asumiera el mando, pero la CIA, obedeciendo las órdenes de Henry Kissinger, prosiguió su asalto a nuestra soberanía durante los siguientes tres años, saboteando nuestra economía (“que grite de dolor”, según palabras textuales de Nixon) y promoviendo bombazos y asonadas militares. Hasta que, finalmente, el 11 de septiembre de 1973, Allende fue depuesto, muriendo en el Palacio de La Moneda. El comienzo de una dictadura letal que duraría 17 años. Años de tortura y ejecuciones, largos años de desapariciones, persecución y exilio.

En vista de tanto dolor, podría presumirse que estaría justificado cierto regocijo de mi parte al ver a los estadunidenses agitados y furiosos ante el espectáculo de su propia democracia mancillada por una potencia extranjera, como fue mancillada la nuestra y la de tantas otras naciones por la potencia precisamente de los Estados Unidos. Y, en efecto, es irónico que la CIA, la misma agencia que para nada le importó la independencia de esas naciones, ahora se lamente de que sus tácticas hayan sido imitadas por un pujante rival internacional.

Puedo saborear la ironía, pero confieso que no siento regocijo alguno. No se trata tan solo de que, habiendo adquirido la nacionalidad estadunidense y habiendo votado en esta última elección, de nuevo soy víctima de este tipo de siniestra intromisión. Mi desaliento deriva de algo que va más allá de un sentido personal de vulnerabilidad. Estamos ante un desastre colectivo: quienes votan en los Estados Unidos no deberían sufrir lo que nosotros, los que votamos en Chile, ya padecimos. Es intolerable que el destino de los ciudadanos, del país que fuere, sea manipulado por fuerzas foráneas.

Y es peligroso subestimar y despreciar la seriedad de esta violación de la voluntad popular. Cuando Trump niega, como lo hacen también sus acólitos, que su elección como presidente fue fruto, como aseguran los servicios de inteligencia, de esta intervención extranjera, se está haciendo eco, extrañamente, de los mismos argumentos con que nos respondieron los opositores de Allende cuando muchos chilenos acusamos a la CIA de interferir en nuestros asuntos internos. Usa términos idénticos a aquellos con que se reían de nosotros en ese entonces: tales alegatos, ha dicho, son “ridículos” e “inverosímiles”, mera “teoría de la conspiración”, puesto que es “imposible saber quién está detrás de esto”.

En Chile sí que terminamos sabiendo quién estaba “detrás de esto.” Gracias a la Comisión Church del Senado y su valiente informe de 1976, el mundo descubrió los crímenes de la CIA, los múltiples modos en que había destruido la democracia en países extranjeros con el supuesto fin de salvar a ese mundo del comunismo.

Estados Unidos merece, como lo merecen todas las naciones del planeta – incluyendo, por cierto, a Rusia– la posibilidad de elegir a sus líderes sin que alguien en alguna habitación remota en un país lejano determine el resultado de esa elección. El principio de coexistencia pacífica y respeto mutuo es la piedra de toque de la libertad y la autodeterminación de los pueblos, un principio que, nuevamente, ha sido vulnerado, perjudicando esta vez a los Estados Unidos.

¿Qué hacer, entonces, para restaurar la fe en el proceso democrático?

Primero, tiene que haber una investigación pública, independiente, transparente y exhaustiva, de manera que, si ciudadanos estadunidenses y agentes extranjeros colaboraron para adulterar el último proceso electoral, ellos sean expuestos y castigados, por muy poderosos que pudieran ser. El presidente electo debe exigir tal investigación en vez de mofarse de ella. La legitimidad de su régimen, ya menoscabada por su pérdida significativa del voto popular, depende de ello.

Pero hay otra misión, más elevada, que tendría que emprender el pueblo mismo de los Estados Unidos, hagan lo que hagan los políticos y los operativos de inteligencia. Las implicancias de este asunto deplorable deberían llevar a una meditación incesante y despiadada acerca de este país compartido, sus valores, sus creencias, su historia y, por cierto, su futuro.

Los Estados Unidos no puede, de buena fe, denunciar lo que se ha perpetrado contra sus ciudadanos decentes si no está dispuesto a confrontar lo que se perpetró en su nombre contra ciudadanos igualmente decentes de otros países. Y como resultado de esta autoexaminación, tendría que resolver firmemente nunca más llevar a cabo tales actividades imperiales y altaneras.

¿Qué mejor ocasión para que América se mire en el espejo, qué mejor momento que éste para que el país de Lincoln enfrente su propia y auténtica responsabilidad? l

*Ariel Dorfman es un escritor chileno-norteamericano, autor de La Muerte y la Doncella y, recientemente, de las memorias Entre Sueños y Traidores y de la novela Allegro

Felipe Calderón, nuevo empleado de multinacional que desplazó a la CFE

 

César Octavio Huerta (@zorrotapatio)

Felipe Calderón se unió al club de las puertas giratorias y ahora tiene un nuevo trabajo: es consejero independiente de la empresa Avangrid, filial de la multinacional energética Iberdrola.

Así, después de haber ocupado la silla presidencial, Calderón es ahora empleado indirecto de una de las empresas que más se han beneficiado con la privatización de la electricidad en México.

Calderón aceptó la invitación para incorporarse a esta empresa con sede en Estados Unidos, tres años y medio después de haber sido presidente de México, por lo que según su oficina de prensa, no tiene ningún impedimento de trabajar.

“La Ley Federal de Reponsabilidades de los Servidores Públicos establece en su artículo 47 fracción XV que los servidores públicos deben abstenerse de aceptar algún empleo, cargo o comisión hasta un año después de haber dejado el cargo” se lee en el comunicado emitido por la oficina de prensa de Calderón.

Felipe Calderón. Foto: Gobierno de la República/Flickr

Aunque se deja en claro que “las operaciones de Avangrid se circunscriben al mercado americano de energía y no tiene ni ha tenido ninguna participación en México”, la compañía pertenece en un 81.5 por ciento a Iberdrola, la empresa española que durante el sexenio de Felipe Calderón se convirtió en la principal generadora de energía eléctrica privada en México gracias a una jugada maestra que contó con la complacencia de Los Pinos.

La multinacional aumentó considerablemente sus ganancias al desplazar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la venta de energía eléctrica a las grandes empresas, después de que el gobierno calderonista le permitió modificar sus permisos originales para transformarse de productor independiente en autoabastecedor, de acuerdo con una nota publicada por el periodista Israel Rodríguez en el diario La Jornada.

El contrato original establecía que Iberdrola estaba obligada a suministrar energía durante 25 años exclusivamente a la CFE, pero el cambio le concedió la posibilidad de aumentar su capacidad en la generación de energía y convertirse en proveedor de electricidad de grandes empresas como Cervecería Moctezuma, Cuauhtémoc, Chedraui, Sigma Alimentos, Soriana, Kimberly Clark (de Claudio X. González) y Nissan, dejando que la CFE se encargara únicamente de otorgarle el servicio a los pequeños consumidores.

Felipe Calderón en el anuncio de una planta generadora de energía eólica en Oaxaca. Foto: Gobierno de la República/Flickr

La multinacional española aprovecha también la red eléctrica con millones de postes, transformadores de distribución y miles de kilómetros de líneas, construidas durante más de 70 años por la CFE y la extinta Luz y Fuerza del Centro, lo que le permite llegar a cualquier lugar del país, pagando un costo de porteo que no llega ni a los 20 centavos por kilovatio-hora.

Por si fuera poco, Iberdrola se ha visto favorecida con la obtención de contratos millonarios por parte de la CFE. En 2012, recibió 43 mil 422 millones 854 mil 800 pesos, según lo reveló la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En 2014, obtuvo mil millones de euros derivados de los contratos para construir infraestructura y en 2016 ganó una licitación por 400 millones de dólares para construir la central de ciclo combinado del Noroeste, en Sinaloa, según el diario El País.

En 2010, durante la visita de Felipe Calderón a España, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, le agradeció sus esfuerzos por los cambios en la regulación y le pidió que resolviera los “pequeños escollos” para seguir construyendo parques eólicos en Oaxaca, pese a la oposición de los habitantes. Seis años después lo premia otorgándole un empleo dentro de una de sus filiales en el mundo.

Felipe Calderón recibió en 2009 a José Ignacio Sánchez Galán, director general de Iberdrola, en la Residencia Oficial de los Pinos. Foto: Gobierno de la República/Flickr

 Kessel, del gobierno calderonista a Iberdrola

Antes de la llegada de Calderón a la multinacional, Georgina Yamile Kessel Martínez, quien fue secretaria de Energía durante su gobierno, se integró como vocal en el Consejo de Administración de Iberdrola España el 24 de abril de 2013, apenas cinco meses después de haber dejado su cargo en la administración pública, con un sueldo de 176 mil euros al año.

Con Kessel, quien ocupó desde 1994 todos los puestos de responsabilidad relacionados con la electricidad, Iberdrola tuvo un importante crecimiento de sus negocios en México.

Tan sólo en 2014, la multinacional española obtuvo ganancias por 372 millones de euros, una suma considerable si se compara con los 286 mil euros que gastó ese año, al subirle el sueldo a la ex funcionaria federal en el gobierno de Calderón.

Felipe Calderón y Georgina Kessel. Foto: Gobierno de la República/Flickr

¿Puertas giratorias?

“Puertas giratorias”, así llaman en España a la práctica del conflicto de interés que existe en el intercambio de políticos que van del gobierno a las empresas privadas.

“Son personas que conocen por completo los entresijos de la administración pública y, sobre todo, conocen a los que ocupan los sillones de mando. Se busca a quienes redactan las leyes y son capaces de hacer ganar o perder, de un plumazo, miles de millones a los ciudadanos o las grandes corporaciones”, así los define el periodista Luis Miguel Montero, en su libro El club de las puertas giratorias.

Este periodista que documentó casi 200 casos en los que los funcionarios públicos de España pasaron a ser empleados de las grandes multinacionales y viceversa, señala en su libro que empresas como Iberdrola invierten en material humano, pero “no buscan profesionales, ingenieros ni especialistas en sus sectores de negocios. Buscan contactos, gente capaz de llamar a la puerta y ser recibido en los más importantes despachos“.

“En ocasiones estos elegidos por las multinacionales terminan trabajando en los sectores en cuya regulación influyeron decisivamente cuando legislaban. Es lo que se conoce como “puertas giratorias” o “revolving doors” en su terminología inglesa. Y se da en ambas direcciones: empresa-política y política-empresa”.

Tras el anuncio del nuevo empleo de Calderón, usuarios de redes sociales demandaron que el ex titular del Ejecutivo federal, renuncie a la pensión vitalicia que le concedió el Estado y que le reporta ingresos mensuales por un millón 22 mil 880 pesos (14 millones 745 mil pesos al año), así como un presupuesto, mensual también, de 816 mil pesos, para cubrir los salarios de 19 empleados del Gobierno Federal.