sábado, 27 de diciembre de 2014
Diputado priista traiciona a sus votantes #BC
¿Quién es Chris López?
La historia del nuevo Coordinador de los Diputados Federales bajacalifornianos del PRI
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La comunidad Baja Californiana de nuevo tomó los canales de comunicación para mostrar su rechazo a la homolagación del IVA en la frontera, luego de que el Diputado Federal Chris López, en calidad de "Coordinador de los Diputados del PRI en Baja California", expresara que él y la mayoría de sus compañeros estaban a favor de la medida, como parte de la propuesta de reforma hacendaria realizada por el gobierno federal de México.
Sobra decir que a partir de que el comunicado y el video iniciaron su circulación por medios informativos y redes sociales, se observaron los mensajes de descontento en sus perfiles de redes sociales. ¿Quién es este hombre que se convirtió en el blanco principal de quejas?
Jaime Chris López Alvarado es Diputado Federal Electo por el VI Distrito de Baja California, nació el 17 de septiembre de 1979. Cursó la Maestría en Administración Pública con especialidad en Gobiernos Locales por la Universidad Iberoamericana y cuenta con una Licenciatura en Administración de Empresas por el Centro de Enseñanza Técnica y Superior.
Entre su experiencia política, destaca su desempeño como Diputado local en la XIX Legislatura del Congreso de Baja California de 2007 a 2010.También dirigió el Frente Juvenil Revolucionario del PRI en Tijuana, fue Secretario General de la CNOP en Baja California, Secretario General de la Juventud Popular Revolucionaria en Baja California, Presidente del Frente Juvenil Revolucionario del PRI, Presidente del comité del PRI en el Distrito 09 Local de Tijuana, BCc , Consejero Político Municipal del PRI, Consejero Político Estatal del PRI, Consejero Político Nacional del PRI. Entre sus pininos políticos también destaca el haber fungido como secretario particular del Secretario de Gobierno Fernando Castro Trenti en el XVIII Ayuntamiento de Tijuana.
Cuando recién fue elegido como Diputado Federal por el VI Distrito de Baja California, el equipo de ADN Político le entrevistó para conocer las expectativas de su nuevo cargo, entre sus respuestas destacó que le debía su puesto a la gente que había votado por él y a quienes habría de representar y responderles, además del hecho de que admiraba el trabajo de Manlio Fabio Beltrones.
La molestia de los ciudadanos ante el pronunciamiento emitido el día de ayer por el Diputado no ha parado y continúan apareciendo mensajes :
Chris López ha manifestado su intención de contender en un futuro la alcaldía de Tijuana en 2016 y la gubernatura de Baja California en el 2019. ¿Cuáles serían las repercusiones de votar a favor de la reforma hacendaria entonces? A la situación también se suma su negativa de reunirse con empresarios de Tijuana y Baja California, hecho denunciado por Juan Manuel Hernández, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Los mensajes de los ciudadanos no ha sido respondidos hasta ahora. Entonces ¿A quién representa?
La votación de la reforma hacendaria se llevará a cabo antes del 14 de Octubre, por lo que se solicita que los ciudadanos manifiesten su opinión a sus representantes de manera que puedan influenciar su voto.
Para contactar al Diputado Chris López, puede escribir al correo chrislopez@congresobc.gob.mx o en su página de facebook aquí.
Editorial@sandiegored.com
‘Lagrimita’ y Costel buscan alcaldía de Guadalajara
Lagrimita y Costel, buscan alcaldía de Guadalajara.
México, DF.- Los payasos “Lagrimita” y Costel buscarán ganar en las próximas elecciones de junio, puestos públicos en Guadalajara, Jalisco, de acuerdo a información del periódico MURAL de esa localidad.
Aunque parece broma por el Día de los Inocentes, el mismo medio se ha encargado de hacer aclaración de que “no se trata de una broma” y ha confirmado la información.
Guillermo Cienfuegos Pérez, mejor conocido como “Lagrimita” se inscribió como candidato independiente a la presidencia municipal de Guadalajara mientras que Costel Cienfuegos Sifuentes, aparece en la planilla de regidores de la capital de Jalisco, ambos como candidatos propietarios.
El registro de aspirantes independientes a estos puestos públicos se llevó a cabo del 15 al 21 de diciembre y de acuerdo a los Consejeros Electorales consultados por MURAL, se registraron 26 contendientes, entre ellos los payasos.
El plazo para que el Consejero general del IEPC resolviera la calidad de los aspirantes independientes a los cargos, venció el 24 de diciembre pero se extendió hasta el 17 de enero.
Cada uno de los aspirantes deberá reunir las firmas del 2 por ciento de la lista nominal de electores del distrito o municipio por el que contienden.
MURAL informa que para aspirar a contender por Guadalajara, “Lagrimita” deberá reunir 23 mil 887 firmas.
merg
Ridículos y humillantes los trámites para candidatos del patiducho PAS #Sinaloa
Arman los pasistas candidaturas "a modo"
En el caso del Distrito 06, el ex Rector de la máxima casa de estudios de Sinaloa, Víctor Antonio Corrales Burgueño, presentó su carta de intención respaldado por una asociación que lleva su propio nombre
Sheila Arias
En México sólo hay un tercio de las enfermeras requeridas
La atención médica de calidad requiere 60 enfermeras y enfermeros por cada 10 mil habitantes, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo. No es el caso de México, donde “si acaso” hay 19 por 10 mil habitantes en los servicios de salud, que además laboran en condiciones precarias: sin insumos suficientes para atender a los pacientes y sin el reconocimiento de su formación profesional. Este es el principal argumento de protestas y movilizaciones que desde octubre pasado realizan trabajadores de diversas instituciones del sector salud.
Agrupados en la Asamblea Intergremial de Enfermería, Trabajadores Sociales y Terapistas, los empleados exigen que se reconozca su formación académica y, de entrada, que el programa vigente desde 2006 se retome en sus términos originales para beneficiar a la totalidad de enfermeras y enfermeros que laboran en clínicas y hospitales de la Secretaría de Salud (Ssa) y se extienda al resto de las instituciones.
Detienen a Hipólito Mora y a 26 de sus hombres en La Ruana
LA REDACCIÓN
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| Hipólito Mora con sus "muchachos", en una imagen de su cuenta de Facebook |
MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- El fundador de las autodefensas en Michoacán, Hipólito Mora, fue detenido esta tarde junto con 26 de sus hombres por el enfrentamiento registrado el pasado sábado 16 que dejó un saldo de 11 muertos en La Ruana.
Los detenidos fueron trasladados al penal David Franco Rodríguez o Mil Cumbres, en Morelia, donde rendirán su declaración por la balacera en La Ruana.
En un plazo de 72 horas, el juez resolverá auto de formal prisión o la libertad del líder de las autodefensas.
El subprocurador de Justicia, Victorino Porcayo, encabeza las diligencias para cumplimentar las órdenes de captura.
Por cuestiones de seguridad, el excomandante de la Fuerza Rural y sus hombres fueron trasladados en helicópteros a Mil Cumbres.
“Ahora será más difícil porque traigo cargando esta pena, la muerte de mi hijo (Manuel) y antes no la tenía”, declaró Mora al portal MiMorelia.com.
Sin embargo, confió en que su proceso sólo sea un trámite, pues se dijo inocente.
“Con todo mi pesar estaré ahí encerrado 24 horas del día con el dolor que siento y nada más pensando en eso y en mi gente, en mi pueblo”, dijo Hipólito Mora antes de quedar en manos de la justicia.
Previamente la Procuraduría de Michoacán le permitió presenciar el novenario para su hijo Manolo Mora, fallecido durante el enfrentamiento del sábado 16.
El comisionado para la Seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo, fijó de plazo hasta este viernes para que Mora y todos los demás implicados en la balacera se presentaran de voluntariamente ante la justicia. De lo contrario, advirtió, las fuerzas policiacas los detendrían.
Desde ayer Mora había adelantado que hoy se presentaría ante las autoridades.
Renuncia funcionario de Infonavit por escándalo del Porsche
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| Heliodoro Carlos Díaz Escárraga. Foto: Tomada de Facebook |
MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, delegado del Infonavit para la zona sur del país, renunció hoy a su cargo tras publicar en su cuenta Facebook la imagen de un vehículo Porsche que supuestamente regaló a su hijo, lo cual desató críticas en las redes sociales.
En entrevista para el diario Reforma, el funcionario dijo que ni él ni su hijo son dueños del auto y que sólo se trató de una broma.
Indicó que decidió renunciar para no perjudicar al Infonavit ni a su director Alejandro Murat.
En Facebook Díaz Escárrega publicó una foto del Porsche que le regaló a su hijo Carlos en Navidad, quien también es funcionario público en Liconsa.
“Que bien que Santa Claus te llevó mi regalo mijo. Cuidalo eh”, escribió el funcionario. Luego de las críticas en redes sociales, borró la publicación.
Esta tarde en su cuenta de Facebook, el priista publicó el siguiente mensaje:
“No tenia idea que fuera un ciudadano tan importante para las redes. No es mi carro. No es de mi hijo . No lo regale. No preguntaron”.
En pocos minutos varios usuarios de la red social le respondieron con críticas y hasta insultos.
Poco antes de que Díaz Escárrega diera a conocer su renuncia, el presidente de la Comisión de Seguridad Social en la Cámara de Diputados, Javier Salinas Narváez, anunció que citaría a comparecer al director del Infonavit, Alejandro Murat, para que diera una explicación sobre el caso.
Salinas Narváez dijo indicó que Murat debe explicar si el sueldo que percibe su subalterno le permite adquirir vehículos de este tipo, cuyo costo rebasa el millón y medio de pesos.
Activistas en Cancún preparaban ‘performance’ por Ayotzinapa… terminan presos
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| Compañeros de los detenidos protestaron tras el incidente. Foto: Especial |
CANCÚN, Q. Roo (proceso.com.mx).- Elementos de la Policía Turística Municipal (PTM) detuvieron a dos activistas que pretendían llevar a cabo una protesta-performance por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en la zona hotelera de este destino vacacional.
Los colectivos de estudiantes explicaron que anoche un grupo de jóvenes pretendía, en el marco del tercer mes de la desaparición de los normalistas, realizar una “manifestación artística” que implicaba llevar el rostro maquillado como mimos y jugar con motivos navideños en la plaza Fórum, en Punta Cancún, en la zona hotelera.
Sin embargo, los inconformes fueron interceptados en el Callejón de los Milagros, en la zona conocida como Party Center, atrás del Centro de Convenciones, por los agentes policiacos.
Los activistas aún no llevaban a cabo el performance y sólo caminaban con pancartas hacia Plaza Fórum cuando fueron detenidos.
Precisaron:
“Sólo dos compañeros llevaban mochilas, los cuales no permitieron que se les revisara y con lujo de prepotencia fueron esposados y detenidos arbitrariamente, además a uno de ellos se le arrebató una cartulina enrollada con consignas”.
Los hombres fueron consignados al Ministerio Público acusados del delito de ultrajes a la autoridad. Los detenidos son Itzcóatl Padilla Ramos y Luis Ángel Caballero Martínez.
Además los activistas, como parte de su protesta, se negaron a pagar el aumento al transporte urbano aprobado en días pasados por el cabildo local.
Los colectivos de activistas acusaron que los detenidos son presos políticos del alcalde Paul Carrillo.
A través de comunicados, el PRD y Morena condenaron la detención:
“Aunque los activistas detenidos no son miembros del PRD nos solidarizamos con ellos y exigimos respeto a sus derechos, demandamos su pronta liberación, exigimos a las autoridades municipales y estatales garanticen la integridad física de los activistas, se respete el derecho a la libre manifestación de las ideas y pide la intervención de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos”, señaló este partido a través de un comunicado.
En tanto, el titular de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito, Arturo Olivares Mendiola, justificó la detención de los dos activistas y afirmó que esa corporación “no tolerará actos al margen de la ley, mucho menos en la zona turística, que es fuente de trabajo para miles de personas que dependen directamente de esta importante actividad económica”.
El funcionario sostuvo que Luis Ángel Caballero Martínez, de 33 años e Itzcóatl Padilla Ramos, de 34, se negaron a pagar el transporte público y alteraron el orden en el interior de un camión urbano “poniendo en riesgo a familias de la localidad y turistas”.
Y agregó:
“Las dos personas con tal de no pagar sus pasajes incluso se ostentaron como manifestantes, ocuparon el transporte público desde el inicio de la zona hotelera hasta la altura del kilómetro 8.5 y fueron puestos a disposición del agente ministerial que inició la averiguación previa correspondiente por los delitos de fraude y ultrajes a la autoridad”.
Olivares Mendiola indicó que elementos de la Policía Turística Municipal recibieron el reporte a través del número 066 de que un grupo de personas a la altura de Plaza La Fiesta “realizaba desmanes gritando y arrojando cosas por las ventanas desde el interior de la unidad señalando que no estaban de acuerdo con el incremento al aumento del pasaje por lo que se negaron a pagar su respectivo pasaje”.
“El conductor de la unidad informó que estas personas se subieron en el paradero denominado de La Patagonia y cuando les cobró su pasaje se negaron aduciendo que era muy caro y cuando llegaron a su destino se bajaron y fueron rumbo al llamado Callejón de los Milagros desde donde lanzaron objetos e insultos a los policías”, afirmó el mando policial.
Sostuvo que en el lugar fueron asegurados Luis Ángel Caballero Martínez e Itzcóatl Padilla Ramos, quienes están a disposición del Ministerio Público del Fuero Común como presuntos responsables de hechos probablemente constitutivos de delito, fraude y ultrajes a la autoridad.
El Ministerio Público inició la averiguación previa 742/2014 por este caso.
Olivares Mendiola afirmó que Itzcóatl Padilla Ramos estuvo detenido en noviembre del 2012 por conducir un vehículo con reporte de robo relacionado con la averiguación previa 9832/2010 y en el 2006 también fue detenido conducir en estado de ebriedad.
“Pertenece a un grupo de anarquistas violento y agitador que participa como infiltrado en marchas que realizan los ciudadanos”, aseguró.
Funcionario priista regala a su hijo Porsche de 1.5 mdp y lo presume en Facebook
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| La imagen que publicó el político priista y que luego eliminó de Facebook. |
MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- El priista Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, coordinador de la Región Sur de Infonavit en el estado de Oaxaca, presumió en su cuenta de Facebook el ostentoso regalo que le hizo a su hijo en estas fiestas navideñas: un automóvil de la marca Porsche Cayman color amarillo con un valor de más de un millón 440 mil pesos.
“Que bien que Santa Claus te llevo mi regalo mijo. Cuidalo eh” (sic), escribió el político, quien coordinó la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en Oaxaca.
Diversos medios de comunicación y portales informativos publicaron la fotografía del lujoso vehículo, tras lo cual Díaz Escárraga eliminó la imagen de su perfil en la red social.
Sin embargo, el post ya había generado diversas reacciones entre los cibernautas que compartieron la imagen en Twitter.
El auto que presumió Díaz Escárraga cuesta más de medio millón de pesos en la versión más económica de 2006.
Heliodoro Carlos Díaz Escárraga tuvo estrechos vínculos con el exgobernador Ulises Ruiz Ortiz, con quien trabajó como secretario general de Gobierno durante su sexenio. Fue diputado federal por el VI distrito electoral federal de Oaxaca a la LIX Legislatura en 2003.
El hijo del priista, Heliodoro Díaz Aguirre, se desempeña actualmente como subdirector jurídico corporativo de Liconsa.
Captan a funcionarios consumiendo huevos de tortuga, especie en peligro de extinción
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| Los servidores públicos consumiendo el producto. Foto: Tomada de Twitter |
MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Dos funcionarios públicos de Protección Civil (PC) del ayuntamiento de Mapastepec, Chiapas fueron captados mientras comían huevos de tortuga, una especie protegida.
El portal Voz e Imagen de Chiapas reporta que los funcionarios acompañados del alcalde Rodulfo Ponce Moreno, entregaron playeras de PC a los miembros de los comités de prevención y participación ciudadana con el fin de que se identificaran como salvavidas en las playas y balnearios de Mapastepec.
Al terminar los trabajos, el presidente municipal acompañado de empleados de PC se dirigieron a un restaurante donde pidieron dos docenas de huevos de parlama, fauna que se encuentra en peligro de extinción.
Los gobiernos estatal y federal han emprendido campañas para evitar el saqueo de huevos de parlama. Incluso se han realizado operativos para evitar que los huevos de esta especie sean sacados de su hábitat.
No obstante, el portal informativo destaca que el alcalde y los elementos de Protección Civil saben en dónde se encuentran estos productos y no ayudan a las autoridades estatales y federales a realizar los operativos.
Los empleados de PC se tomaron las fotos mientras consumían los huevos y después las subieron a las redes sociales, pero al ver que desataron múltiples críticas las eliminaron.
Tlatlaya y Ayotzinapa: Más allá de carteles del narcotráfico (Parte I)
Artículo de Luis Jorge Garay Salamanca y Eduardo Salcedo-Albarán.
En 2010 escribimos un extenso artículo titulado “Narco: Falta lo peor”, discutiendo la hipótesis de la “Colombianización” de México. En ese momento, en México se cuestionaba el riesgo de alcanzar una crisis de violencia similar a la que vivió Colombia cuando Pablo Escobar dirigía el Cartel de Medellín y detonaba artefactos explosivos en centros comerciales. También se interpretaba la muerte de Escobar y el colapso del Cartel de Medellín como historias de éxito en la lucha contra el narcotráfico. Entonces, propusimos que la violencia de Escobar sólo fue una etapa en un largo proceso de sofisticación criminal que ha enfrentado Colombia; por cierto, un proceso que no se ha detenido con la captura de capos.
El mito de que Colombia ganó la guerra al narcotráfico con la muerte de Escobar, llevó a algunos a pensar que lo mismo sucedería en México. Se suponía que la captura de algún capo clave llevaría al final narcotráfico en México. Costoso error que condujo a concentrar la estrategia de seguridad pública en capturar capos renombrados, subestimando la complejidad de la estructura y operación de las redes criminales, y así omitiendo la importancia de sus decisivas e íntimas relaciones con grupos destacados de la política, las finanzas y la institucionalidad, pública y privada. Esta simplificación ha servido a gobiernos en América Latina para sobrevalorar sus éxitos.
Sí faltaba lo peor, incluso en Colombia
Masacres ejecutadas por Los Zetas en Tamaulipas durante 2010 y 2011, la guerra entre autodefensas y Los Caballeros Templarios durante el primer semestre de 2014 en Michoacán, los últimos acontecimientos en Iguala y Tlatlaya, y otras situaciones de violencia y deterioro institucional, han demostrado que, en efecto, en México faltaba lo peor; no porque México hubiese alcanzado el deterioro de Colombia sino porque las situaciones en México y Colombia han sido más graves de lo que comúnmente se cree.
En Colombia no se ha ganado la guerra contra el narco, y luego de Pablo Escobar también faltaba lo peor. Hay incontables capturas y operaciones exitosas, pero la muerte de Pablo Escobar sólo fue una transición de un proceso criminal, cruel y sofisticado, que aún hoy continúa. Tras el colapso del Cartel de Medellín, el Cartel de Cali, el Cartel del Norte del Valle, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y las FARC asumieron el liderazgo de turno del narcotráfico.
Las AUC -expresión del narcoparamilitarismo- surgieron bajo la justificación de combatir la guerrilla, contando con apoyo financiero de algunos ganaderos, latifundistas y empresarios, así como narcotraficantes interesados en consolidar corredores estratégicos para el trasiego de drogas ilícitas e insumos químicos.
Luego, las AUC usaron sus cuantiosos recursos económicos para desplegar poderosos ejércitos en buena parte del país, “limpiar” territorios de la presencia de guerrillas, y victimizar sistemática y masivamente amplios grupos campesinos mediante masacres y desplazamiento forzado para apoderarse de tierras productivas: 34% de los cinco y medio millones de desplazados de manera forzada y de 7,5 millones de hectáreas abandonadas y despojadas en los últimos 25 años, fueron causados por la cruel máquina narcoparamilitar.
El ejercicio de la violencia y el poder narcoparamilitar en el territorio sirvieron de base para infiltrar y establecer acuerdos con miembros de instituciones públicas y privadas. Así, las AUC consolidaron poder político y militar de facto en municipios y departamentos, manejaron la seguridad local y el presupuesto de esas entidades, establecieron y firmaron pactos con empresarios, alcaldes, gobernadores, congresistas y candidatos, operaron junto al director de la agencia de inteligencia del Estado Colombiano y luego hicieron elegir a cerca del 40 por ciento del congreso nacional durante la legislatura 2002-2006.
Es tentador suponer que en esta situación, los líderes políticos y funcionarios públicos eran las víctimas del ya conocido “plata o plomo”; sin embargo, muchas veces fueron esos líderes y funcionarios quienes buscaron a los criminales para ganar elecciones o eliminar rivales electorales. Con más que “plata o plomo” se consolidó un sector criminal con poder político y económico en el que los sectores legales e ilegales de la sociedad colaboraban mutuamente.
Hoy, en Colombia, los herederos de los antiguos carteles y de los grupos de autodefensa dominan el narcotráfico, en medio de terribles actos de violencia. Las “casas de pique” donde cadáveres “desaparecen”, son comunes en zonas con intensa actividad de narcotráfico y otros negocios ilegales como el tráfico de armas y la minería criminal; zonas que, como es de esperar, están sumergidas en la pobreza social y económica. Incluso si las FARC firmaran un acuerdo de paz con el Estado Colombiano, seguramente algunos de sus herederos continuarían el legado de narcotráfico, minería criminal, extorsión y violencia en esas regiones.
Entonces, en Colombia, el proceso criminal continúa, ya no a manos de grandes carteles o ejércitos narcoparamilitares con jerarquías relativamente rígidas, sino a manos de “bandas” con estructuras inestables y de tipo horizontal, surgidas de una combinación entre deterioro, captura y cooptación institucional. Esto, sumado a la capacidad para ejercer violencia y poder local, heredada desde hace ya dos décadas.
“Águilas negras”, “Rastrojos”, “Urabeños” y “La Empresa”, son algunos nombres que han aparecido en la lista de “nuevos carteles” colombianos en la última década, flexibles y con capacidad para operar localmente en la ciudad y en el campo. Lo similar se vive hoy en México con “Guerreros Unidos” y similares, que sin extenso o sofisticado entrenamiento militar, ejercen violencia masiva a partir de la barbarie.
No son carteles de narcotráfico
Los llamados “nuevos” carteles o “micro” carteles, en realidad no son carteles sino redes cambiantes que interactúan estrechamente con la política, la economía y la administración pública local, y se nutren de dinámicas sociales perversas que han surgido en medio de la corrupción, la pobreza y la desigualdad social. Constituyen la dimensión del ejercicio del poder local, logrado por las mismas redes de crimen transnacional que operan a través del Hemisferio Occidental.
Pero la ambición criminal no se limita al nivel municipal: El poder local les permite también aspirar al poder estatal y federal.
No obstante, en México, se sigue hablando de “Cárteles del Narcotráfico”, incluso para referir las expresiones locales del crimen. Y esta cuestión, que parece teórica o de lenguaje, conduce a graves errores de política pública, con consecuencias nefastas en términos de vidas humanas.
Hablar de Cárteles de Narcotráfico conduce a suponer, ingenuamente, que hay un capo cuya captura produce el colapso de la estructura criminal, que las actuales organizaciones criminales sólo participan en narcotráfico y que es suficiente concentrar la atención en los agentes estrictamente criminales.
Estas suposiciones llevan a errores graves: Primero, se concentra casi toda la política de seguridad en capturar capos. Segundo, se omite la importancia de actividades criminales que reportan ganancias e ilustran el poder operativo de las redes criminales, como el secuestro, la extorsión, y el tráfico de personas, minerales e hidrocarburos. Tercero, se omite la importancia de las complejas estructuras institucionales, financieras y políticas que permiten el flujo de recursos entre sectores legales e ilegales.
(La segunda parte, el martes en Aristegui Noticias)
*Luis Jorge Garay Salamanca: Adelantó estudios de Ingeniería industrial, magister en economía de la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, y de doctorado, Ph.D., en economía en el Instituto Tecnológico de Massachussets, Estados Unidos. Investigador visitante de las universidades de Cambridge y Oxford (1981-1982), Inglaterra, y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (1994). Consultor del BID (1994-2001), del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (2000-2002), del Departamento Nacional de Planeación de Colombia (1996-1998) y de la Contraloría General de la República de Colombia (2001-2002). Asesor especial del Ministerio de Hacienda en el manejo de la deuda externa y la programación macroeconómica (1984-1991), del Ministerio de Comercio Exterior en la negociación de acuerdos de libre comercio (1993-1994) y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.
*Eduardo Salcedo-Albarán: Filósofo, estudió la maestría en Ciencia Política de la Universidad de los Andes.Se ha desempeñado como Coordinador de área en Método y docente de la Universidad del Rosario en áreas de tecnología, evolución y genética. Ha escrito sobre crimen y violencia en Colombia, y ha sido asesor de agencias del Estado colombiano en prevención de delitos. Es autor del libro Corrupción, cerebro y sentimientos (2007) y coautor del libro La captura y reconfiguración cooptada del estado en Colombia (2008).
El mito de que Colombia ganó la guerra al narcotráfico con la muerte de Escobar, llevó a algunos a pensar que lo mismo sucedería en México. Se suponía que la captura de algún capo clave llevaría al final narcotráfico en México. Costoso error que condujo a concentrar la estrategia de seguridad pública en capturar capos renombrados, subestimando la complejidad de la estructura y operación de las redes criminales, y así omitiendo la importancia de sus decisivas e íntimas relaciones con grupos destacados de la política, las finanzas y la institucionalidad, pública y privada. Esta simplificación ha servido a gobiernos en América Latina para sobrevalorar sus éxitos.
Sí faltaba lo peor, incluso en Colombia
Masacres ejecutadas por Los Zetas en Tamaulipas durante 2010 y 2011, la guerra entre autodefensas y Los Caballeros Templarios durante el primer semestre de 2014 en Michoacán, los últimos acontecimientos en Iguala y Tlatlaya, y otras situaciones de violencia y deterioro institucional, han demostrado que, en efecto, en México faltaba lo peor; no porque México hubiese alcanzado el deterioro de Colombia sino porque las situaciones en México y Colombia han sido más graves de lo que comúnmente se cree.
En Colombia no se ha ganado la guerra contra el narco, y luego de Pablo Escobar también faltaba lo peor. Hay incontables capturas y operaciones exitosas, pero la muerte de Pablo Escobar sólo fue una transición de un proceso criminal, cruel y sofisticado, que aún hoy continúa. Tras el colapso del Cartel de Medellín, el Cartel de Cali, el Cartel del Norte del Valle, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y las FARC asumieron el liderazgo de turno del narcotráfico.
Las AUC -expresión del narcoparamilitarismo- surgieron bajo la justificación de combatir la guerrilla, contando con apoyo financiero de algunos ganaderos, latifundistas y empresarios, así como narcotraficantes interesados en consolidar corredores estratégicos para el trasiego de drogas ilícitas e insumos químicos.
Luego, las AUC usaron sus cuantiosos recursos económicos para desplegar poderosos ejércitos en buena parte del país, “limpiar” territorios de la presencia de guerrillas, y victimizar sistemática y masivamente amplios grupos campesinos mediante masacres y desplazamiento forzado para apoderarse de tierras productivas: 34% de los cinco y medio millones de desplazados de manera forzada y de 7,5 millones de hectáreas abandonadas y despojadas en los últimos 25 años, fueron causados por la cruel máquina narcoparamilitar.
El ejercicio de la violencia y el poder narcoparamilitar en el territorio sirvieron de base para infiltrar y establecer acuerdos con miembros de instituciones públicas y privadas. Así, las AUC consolidaron poder político y militar de facto en municipios y departamentos, manejaron la seguridad local y el presupuesto de esas entidades, establecieron y firmaron pactos con empresarios, alcaldes, gobernadores, congresistas y candidatos, operaron junto al director de la agencia de inteligencia del Estado Colombiano y luego hicieron elegir a cerca del 40 por ciento del congreso nacional durante la legislatura 2002-2006.
Es tentador suponer que en esta situación, los líderes políticos y funcionarios públicos eran las víctimas del ya conocido “plata o plomo”; sin embargo, muchas veces fueron esos líderes y funcionarios quienes buscaron a los criminales para ganar elecciones o eliminar rivales electorales. Con más que “plata o plomo” se consolidó un sector criminal con poder político y económico en el que los sectores legales e ilegales de la sociedad colaboraban mutuamente.
Hoy, en Colombia, los herederos de los antiguos carteles y de los grupos de autodefensa dominan el narcotráfico, en medio de terribles actos de violencia. Las “casas de pique” donde cadáveres “desaparecen”, son comunes en zonas con intensa actividad de narcotráfico y otros negocios ilegales como el tráfico de armas y la minería criminal; zonas que, como es de esperar, están sumergidas en la pobreza social y económica. Incluso si las FARC firmaran un acuerdo de paz con el Estado Colombiano, seguramente algunos de sus herederos continuarían el legado de narcotráfico, minería criminal, extorsión y violencia en esas regiones.
Entonces, en Colombia, el proceso criminal continúa, ya no a manos de grandes carteles o ejércitos narcoparamilitares con jerarquías relativamente rígidas, sino a manos de “bandas” con estructuras inestables y de tipo horizontal, surgidas de una combinación entre deterioro, captura y cooptación institucional. Esto, sumado a la capacidad para ejercer violencia y poder local, heredada desde hace ya dos décadas.
“Águilas negras”, “Rastrojos”, “Urabeños” y “La Empresa”, son algunos nombres que han aparecido en la lista de “nuevos carteles” colombianos en la última década, flexibles y con capacidad para operar localmente en la ciudad y en el campo. Lo similar se vive hoy en México con “Guerreros Unidos” y similares, que sin extenso o sofisticado entrenamiento militar, ejercen violencia masiva a partir de la barbarie.
No son carteles de narcotráfico
Los llamados “nuevos” carteles o “micro” carteles, en realidad no son carteles sino redes cambiantes que interactúan estrechamente con la política, la economía y la administración pública local, y se nutren de dinámicas sociales perversas que han surgido en medio de la corrupción, la pobreza y la desigualdad social. Constituyen la dimensión del ejercicio del poder local, logrado por las mismas redes de crimen transnacional que operan a través del Hemisferio Occidental.
Pero la ambición criminal no se limita al nivel municipal: El poder local les permite también aspirar al poder estatal y federal.
No obstante, en México, se sigue hablando de “Cárteles del Narcotráfico”, incluso para referir las expresiones locales del crimen. Y esta cuestión, que parece teórica o de lenguaje, conduce a graves errores de política pública, con consecuencias nefastas en términos de vidas humanas.
Hablar de Cárteles de Narcotráfico conduce a suponer, ingenuamente, que hay un capo cuya captura produce el colapso de la estructura criminal, que las actuales organizaciones criminales sólo participan en narcotráfico y que es suficiente concentrar la atención en los agentes estrictamente criminales.
Estas suposiciones llevan a errores graves: Primero, se concentra casi toda la política de seguridad en capturar capos. Segundo, se omite la importancia de actividades criminales que reportan ganancias e ilustran el poder operativo de las redes criminales, como el secuestro, la extorsión, y el tráfico de personas, minerales e hidrocarburos. Tercero, se omite la importancia de las complejas estructuras institucionales, financieras y políticas que permiten el flujo de recursos entre sectores legales e ilegales.
(La segunda parte, el martes en Aristegui Noticias)
*Luis Jorge Garay Salamanca: Adelantó estudios de Ingeniería industrial, magister en economía de la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, y de doctorado, Ph.D., en economía en el Instituto Tecnológico de Massachussets, Estados Unidos. Investigador visitante de las universidades de Cambridge y Oxford (1981-1982), Inglaterra, y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (1994). Consultor del BID (1994-2001), del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (2000-2002), del Departamento Nacional de Planeación de Colombia (1996-1998) y de la Contraloría General de la República de Colombia (2001-2002). Asesor especial del Ministerio de Hacienda en el manejo de la deuda externa y la programación macroeconómica (1984-1991), del Ministerio de Comercio Exterior en la negociación de acuerdos de libre comercio (1993-1994) y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.
*Eduardo Salcedo-Albarán: Filósofo, estudió la maestría en Ciencia Política de la Universidad de los Andes.Se ha desempeñado como Coordinador de área en Método y docente de la Universidad del Rosario en áreas de tecnología, evolución y genética. Ha escrito sobre crimen y violencia en Colombia, y ha sido asesor de agencias del Estado colombiano en prevención de delitos. Es autor del libro Corrupción, cerebro y sentimientos (2007) y coautor del libro La captura y reconfiguración cooptada del estado en Colombia (2008).
Malova camina en sentido contrario a la democracia con represión de protestas sociales
Por: Redacción Revolución / 24 diciembre, 2014
(25 de diciembre, 2014).- “El gobernador Mario López Valdez camina en sentido contrario a la democracia, al asumir actitudes amenazantes y de represión en torno las manifestaciones de protesta, a cuyos participantes busca aprehender si bloquean calles”, así lo precisó Pedro Brito, analista político.
“La democracia es el poder del pueblo, y si Malova expresa que va a meter a la cárcel a la gente que se exprese libremente porque obstaculiza, es una versión equivocada, autoritaria, y cuando el autoritarismo emerge, cuando ya no tiene respuestas para la gente, cuando ya no coordina el gobierno con el pueblo, entonces piensa el gobierno que es autónomo del pueblo y puede reprimir al que lo llevó al poder”, afirmó el ex catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).
En una entrevista publicada esta semana por el semanario Río Doce de Sinaloa, Brito apuntó que López Valdez “ya no está en la dialéctica de la relación con su pueblo, el gobernante emerge de una decisión popular, pero cuando se autonomiza de su origen, de donde surge, se hace autoritario porque se divorcia de ese pueblo y ahora lo que va a hacer es reprimirlo. Es contrario a la lectura del sentimiento popular: en lugar de buscar explicarse por qué se expresa con crítica la gente, debe estar atento a lo que siente y piensa y quiere la sociedad, que es la fuente del que manda”.
Cuando el reportero le comenta sobre Malova como alguien que inició de la ilusión hasta convertirse en repressor, Brito dijo que “había dicho que se iba a convertir en el mejor gobernador del país y de la historia de Sinaloa, y al hacer un balance se ve que eso que dijo está muy lejos de serlo. O sea que esa ilusión, esas promesas, ahora en el inicio de su quinto año, con todo lo que no ha cumplido, siente una frustración y piensa que el problema estriba en que ha sido débil y que ahora necesita una mano fuerte, y que esa mano fuerte es la represión”.
Y agregó: “Lo que pasa con Peña Nieto es peor, porque en dos años agotó su capital político y eso es más duro. Esa esperanza que dio en dos años se le acabó y en lugar de dar respuestas a lo que la gente demanda, pues parece que ya no tiene nada qué contestar”.
Con un posgrado en el Colegio de la Frontera, el especialista detalló que “siento que hace años que Sinaloa está hundida en términos de participación democrática, aunque creo que la gente está descontenta pero como que le ha ganado el temor por la inseguridad y por la impunidad que existe en el estado. O sea, un poco lo que ha pasado con los liderazgos que han emergido, que de pronto aparecen las acciones criminales, de asesinatos de líderes, y eso ha inhibido parcialmente la participación social”.
“La otra es el hecho de que los partidos políticos hayan entrado a jugar en una especie de ‘todos somos parte de una sola mesa’, en lugar de tener propuestas a lo que se deben los partidos, a la sociedad, en lugar de presentarle las propuestas a los ciudadanos, todos quieren quedar bien con el príncipe en turno, en razón de las prebendas, de las negociaciones, del presupuesto para su campo de acción, para concretar posiciones en el congreso”.
Y concluyó: “Eso es lo político solo entendido como el ejercicio de la clase política, no como expresión de la sociedad, de lo que la gente quiere, siente y desea. En eso hay divorcio de todos los partidos”, concluye.
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