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jueves, 2 de junio de 2016

Los casi dos mil mdp del Infonavit que perdió Alejandro Murat

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Como director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Alejandro Murat Hinojosa, actual candidato priista al gobierno de Oaxaca, en 2015 “perdió” mil 886 millones 215 pesos de los ahorros de los trabajadores.
Según el reporte de una auditoría independiente que realizó el despacho Deloitte Touche Tohmatsu Limited –hecho público el pasado 9 de marzo–, en la administración de Murat el Infonavit destinó más de 555 millones de pesos al pago de “comisiones” a personal profesional y realizó fallidas operaciones financieras.
Por ejemplo compró, por 724 millones de pesos, acciones de la rama mexicana de Abengoa, cuyo valor se derrumbó meses después en 76.74%, la empresa española se encuentra al borde de la bancarrota y secó las finanzas de sus filiales en el mundo para subsanar sus deudas.
A sus 40 años, el hijo de José Murat Casab –exgobernador de Oaxaca–, vio su carrera política crecer al amparo del PRI y de su amigo Enrique Peña Nieto, quien le ofreció dirigir el Instituto de la Función Registral y luego el Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, durante su gobierno en el Estado de México.
En diciembre de 2012 Peña Nieto lo puso a la cabeza del Infonavit, la institución que maneja más de 1 billón 67 mil pesos de activos, producto del dinero de los trabajadores. Murat abandonó el cargo tres años después, el 30 de noviembre de 2015, para buscar la candidatura al gobierno de Oaxaca, bajo la bandera PRI-PVEM-Panal.
Especulación
El 26 de febrero de 2014, el Infonavit creó el Fondo de Apoyo a las Necesidades de Vivienda de los Trabajadores (Fanvit), destinado a invertir el dinero de los trabajadores en el mercado financiero y “dotar de un mejor rendimiento a la subcuenta de vivienda de los trabajadores”.
Durante la gestión de Murat, dicho fondo invirtió 49 mil 131 millones de pesos en bonos del gobierno y en acciones de deuda de decenas de bancos, empresas y fondos de inversión; entre ellos Abengoa.
Al cierre de 2015 el Fanvit había operado 61.6% del total de inversiones en valores del Infonavit, que colocó de manera poco clara; incluso a veces malgastó el dinero de los trabajadores.
Según el reporte de la auditoría independiente, el Fanvit pagó un sobrecosto de mil 341 millones 374 pesos en la compra de esos títulos, aunque Vicente Mendoza Téllez Girón, subdirector general de Planeación y Finanzas del Infonavit –y personaje cercano a Murat–, aseveró que el fondo generó un rendimiento de 629 millones de pesos en sus primeros 19 meses de operación.
En el reporte de auditoría, los costos de las inversiones se desglosan en dos columnas: “Costo de adquisición” y “Valor razonable”. En la primera se observan los montos que desembolsó el Fanvit en la compra de las acciones; en la segunda aparecen los montos que debió haber pagado por ellas.
Al 31 de diciembre de 2015 el “valor razonable” de las acciones que compró el Fanvit alcanzaba 47 mil 780 millones de pesos, cantidad inferior en mil 341 millones 374 pesos a la que gastó el fondo.
Entre otros, el fondo desembolsó 179 millones pesos de más en la adquisición de acciones de Pemex, 131 millones en acciones de Cemex, 47 millones en acciones del banco Santander y 45 millones en Nacional Financiera –institución que funge como fiduciario del Fanvit.
Pero de todas las inversiones en deudas de empresas, la compra de acciones bursátiles de Abengoa México resultó la especulación más desastrosa del Fanvit: según el reporte de la auditoría, el fondo adquirió 33% de las acciones vigentes de la empresa por 724 millones 43 mil pesos. El Fanvit pagó 428% de sobrecosto por ellas, pues el “valor razonable” de las acciones era en realidad de 134 millones 222 mil pesos.
Desde agosto de 2015, las agencias de calificación, entre ellas Moody’s, advirtieron de una “posible rebaja del rating” de Abengoa debido a los “altos niveles de apalancamiento reportados en el primer semestre del año, muy por encima de las estimaciones del actual rating, ‘B2’, que otorga a la empresa”. El día 7 de ese mes advirtió sobre “el debilitamiento de la situación de liquidez de la compañía”.
Pese a las advertencias, el 12 de noviembre de 2015 –poco más de dos semanas antes que Murat dejara su cargo en el Infonavit–, el Fanvit compró 300 millones de pesos en certificados bursátiles de Abengoa.
El siguiente día 28, Abengoa anunció un preconcurso de acreedores. Eso generó pánico en el mundo financiero, y la española Comisión Nacional del Mercado de Valores suspendió la cotización de la empresa. Dos días más tarde el valor de las acciones había caído 70%.
Los títulos de Abengoa México se derrumbaron en 76.74%, y el 3 de diciembre ésta decidió incumplir con el pago de dos bonos, entre ellos los provenientes de la emisión “00515”, en la que participó el Fanvit.
Con el derrumbe del valor de las acciones de Abengoa México, el Fanvit ya perdió 555 millones 630 mil pesos.
Comisiones
Pero la mala especulación no fue el único marcador de la dudosa gestión del Infonavit por parte de Murat. Según el reporte de auditoría, el Fanvit desembolsó 590 millones 667 mil pesos en comisiones por diversos conceptos.
Así, el Infonavit pagó 414 millones 335 mil pesos por “comisiones de administración Fanvit”; otros 89 millones 215 pesos los destinó en “comisiones pagadas a corresponsales bancarios” y 87 millones 117 mil pesos fueron erogados en “comisiones por estructuración y administración de créditos”.
Es así como en 2015, el Fanvit reportó pérdidas por mil 886 millones 215 mil pesos en intermediación, cuando en 2014 obtuvo un superávit de 88 millones 762 mil pesos por el mismo concepto.
Con Murat al frente, el Infonavit rebasó los límites permitidos de Gastos de Administración, Operación y Vigilancia (GAOV, en la jerga contable), y se prestó a un maquillaje de cifras para cumplir, en el papel, con sus propias reglas de operación.
De acuerdo con el reglamento del instituto, los GAOV no pueden superar 0.55% de los recursos totales que maneja la dependencia. De acuerdo con la auditoría externa, en 2015 los GAOV se elevaron a 8 mil 660 millones 642 mil pesos; un monto problemático para el Infonavit, pues alcanzó 0.81% de los activos totales reportados por el instituto en 2015, de 1 billón 67 mil millones de pesos.
Con el afán de rectificar las cifras y reducir el peso de los gastos administrativos y operativos, el Infonavit operó una doble maniobra contable: por un lado infló sus activos con 200 mil 345 millones pesos; y por otro, disminuyó virtualmente los gastos 56%, al restarles 4 mil 901 millones por el concepto de “ingresos por recuperaciones de gastos”, mismos que derivaron de “las comisiones por apertura de crédito”.
A raíz de esa manipulación de cifras –en el documento se habla de “GAOV ajustado”–, el Infonavit logró su propósito: en su balance contable los gastos de administración y operación representaron 0.35% de los activos totales.
Y no sólo esto: en octubre pasado la organización PODER documentó, con base en documentos obtenidos a través de la plataforma MéxicoLeaks, que el Fanvit adjudicó un contrato por 553 millones de pesos a la empresa Pro Asset Management para el desarrollo y mantenimiento de una plataforma tecnológica para operar el sistema de gestión de inversiones; un monto siete veces superior al que pagó el ISSSTE por un sistema equivalente.
En su investigación, PODER observó que en la adjudicación del contrato a Pro Asset Management –sugerida por el Instituto Tecnológico Autónomo de México–, el consejo de administración del Infonavit consideró que la empresa era la mejor del mercado, por lo que “el precio del servicio no sería el factor clave para decidir a quién contratar”.   

domingo, 4 de enero de 2015

Me disculpo por un delito que no cometí


La imagen que publicó el político priista y que luego eliminó de Facebook.
La imagen que publicó el político priista y que luego eliminó de Facebook.
MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- El funcionario presumió en su cuenta de Facebook que le regaló a su hijo un majestuoso Porsche con valor estimado en 1.5 millones de pesos. “Que bien que Santa Claus te llevo mi regalo mijo. Cuidalo eh” (sic), pidió a su vástago el priista Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, coordinador de la Región Sur de Infonavit.
Una vez expuesto y demeritado en las redes sociales, el funcionario aplicó la gastadísima justificación de la clase política: fue un error, una confusión, me malinterpretaron: “No tenía idea que fuera un ciudadano tan importante para las redes. No es mi carro. No es de mi hijo. No lo regale. No preguntaron”.
El diputado federal Luis Alberto Villarreal se valió de excusas esencialmente idénticas después de que el periódico Reporte Índigo difundiera un video que lo exhibía junto con varios dirigentes panistas bailando con mujeres escotadas y de falda corta en una fiesta supuestamente organizada por Edelmiro Sánchez, detenido por traficar 87 kilogramos de mariguana.
“Jamás he utilizado recurso público alguno para organizar eventos particulares, incluido el evento privado difundido en los medios de comunicación (…) Como ya lo había dicho, ejerceré acción penal para que se conozca el origen de dichos materiales ilegales, pues me parece lamentable el uso del espionaje político con fines electorales, que tienen como estrategia clara generar el desprestigio de nuestro Instituto Político y sus militantes”, se intentó defender.
Angélica Rivera aplicó el mismo recurso después de que el equipo de Aristegui Noticias y la revista Proceso publicaran que habita una mansión de 86 millones de pesos propiedad de un contratista del gobierno federal:
“Hoy estoy aquí para defender mi integridad, la de mis hijos y la de mi esposo, junto a esta explicación que les he dado en este momento y yo estoy haciendo pública documentación privada sin tener ninguna obligación, porque como yo lo dije antes, yo no soy servidora pública, pero yo no puedo permitir que este tema ponga en duda mi honorabilidad y sobre todo que se pretenda dañar a mi familia”.
Estas tres estampas reflejan una constante de estos tiempos. Un funcionario público es expuesto en un escándalo vía redes sociales o una investigación periodística. Los cibernautas lo tunden hasta posicionar el caso como una tendencia. Los políticos ofrecen explicaciones inverosímiles, se dicen indignados. Si la intensidad del enojo mediático no cede, entonces los aludidos toman medidas cosméticas más radicales: un decálogo al vapor para reducir la violencia, la venta de una mansión o la separación de su cargo.
El escándalo es tan añejo como el uso del poder, sólo que ahora es más espectacular, inmediato y fugaz. En su obra de referencia Comunicación y poder, el sociólogo español Manuel Castells reflexiona sobre internet y los golpes mediáticos:
“(…) Abre la posibilidad de que cualquiera exponga el comportamiento deshonesto o ilegal de los políticos, a menudo con el soporte audiovisual de Youtube u otras plataformas. Los líderes políticos han dejado de tener intimidad. Su conducta está constantemente expuesta a pequeños dispositivos de grabaciones digitales, como teléfonos móviles, que pueden subirse inmediatamente a internet.
“En segundo lugar, cualquier noticia emitida en cualquier formato y de cualquier procedencia puede tener una difusión viral inmediata en internet. Además, los comentarios de los bloggers y de la audiencia en general alimentan la controversia de forma instantánea, llevando el comportamiento censurable al ágora del debate público abierto y desencadenando ‘guerras de blogs’”.
Pareciera que la intensidad del escándalo es directamente proporcional a su duración. En El eros electrónico, el investigador Román Gubern advierte de los riesgos de la abundancia de inmediatez: “(…) En el ser humano el exceso de información dificulta las funciones básicas de la memoria y puede entorpecer los procesos cognitivos”. Por ello, es común que un escándalo muera a manos de su sucesor.
En México, los escándalos mediáticos rara vez han concluido con la aplicación de la ley. Recordemos, por ejemplo, el caso de Humberto Benítez, quien en marzo del año pasado fue destituido como titular de la Procuraduría Federal del Consumidor después de que su hija intentara ejercer tráfico de influencias para cerrar un restaurante en el Distrito Federal, conducta que le valió un voraz juicio en redes sociales y el mote de “#LadyProfeco”. A pesar de la sonoridad del caso, Benítez fue exonerado por la Secretaría de la Función Pública y posteriormente premiado con el cargo de presidente del Colegio Mexiquense.
Otro ejemplo. En abril pasado, MVS Noticias difundió un reportaje en el que exhibía al entonces presidente del PRI en el Distrito Federal, Cuauhtémoc Gutiérrez, reclutando a mujeres para obtener servicios sexuales a cambio de otorgarles una plaza en dicho instituto político. El priista fue destituido de su cargo, incluso vapuleado por algunos de sus correligionarios, pero exonerado por el Instituto Electoral del Distrito Federal y la Procuraduría General de Justicia capitalina.
Los desnudos de actos de corrupción de funcionarios se han convertido en un ritual que por lo general sólo termina como un acto de contrición público: Los imputados ofrecen una cara compungida, un rostro inyectado de culpa: “Pido una disculpa pública si ofendí a alguien”. Sus superiores se muestran traicionados, decepcionados, toman “la difícil decisión” de removerlos, y semanas después se les ve a ambos sonrientes en la boda del hijo de un gobernante.
La exhibición de los delitos de los funcionarios no ha sido del todo inútil. Ha servido para reforzar en la ciudadanía lo que ya intuía: que sus representantes se dan vida de jeques a cargo del erario y están dispuestos a usar su poder para cometer toda clase de actos criminales.
Los excesos de los gobernantes en la era de las redes sociales han movilizado la indignación ciudadana en impresionantes actos de presión social como el #Yosoy132 y el #Yamecansé.
La cultura del escándalo mediático ha despojado a la clase gobernante de toda credibilidad. Sus excesos unieron a un sector poblacional que hace reventar su hígado en arrobas, tweets y videos compartidos en Youtube. Que marcha, se planta afuera de las casas de los funcionarios corruptos y arriesga su vida en un intento por poner fin a los delitos de los criminales de cuello blanco.
Por su parte, la clase política intensificó sus precauciones para evitar caer en los juicios mediáticos. El PAN, por ejemplo, decidió dejar de organizar sus plenarias en destinos tropicales y mudarlas al Distrito Federal. Los funcionarios ahora cuidan más lo que hablan por teléfono o escriben por correo, piden a expertos que manejen sus redes sociales y se valen de complejísimos mecanismos para evitar ser pillados en documentos comprometedores. A más ojos más muros.
La clase política continuará gozando de la opulencia, pero en silencio. Comprará más mansiones que cada vez serán más difíciles de hallar. Pactará con criminales en cuartos desnudos de teléfonos inteligentes. Continuará apostándole a la intimidación y al olvido. Sólo que, por ahora, deberá guardar el Porsche en la cochera. Y esa es una batalla ganada por la ciudadanía.
Twitter: @juanpabloproal

domingo, 28 de diciembre de 2014

Función Pública investiga a hijo de Díaz Escárraga por Porsche


Heliodoro Díaz Aguirre, hijo del político priista.
Heliodoro Díaz Aguirre, hijo del político priista.










MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- La Secretaría de la Función Pública (SFP) iniciará una investigación contra Heliodoro Antonio Díaz Aguirre, en su calidad de funcionario público adscrito a Liconsa, luego de que su padre Heliodoro Díaz Escárraga, supuestamente le regaló un automóvil Porsche con un valor aproximado de 1.5 millones de pesos.
En un comunicado la dependencia dio a conocer que otorgará cualquier apoyo que en su caso le soliciten las autoridades competentes del Infonavit, institución en la que Díaz Escárraga se desempeña como delegado de la región sur del país.
Según la SFP, la investigación se realizará con el fin de determinar el origen lícito de los recursos, derivado de información que apareció en diversos medios de comunicación.
El priista Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, coordinador de la Región Sur de Infonavit, presumió en su cuenta de Facebook el ostentoso regalo que le hizo a su hijo en estas fiestas navideñas: un automóvil de la marca Porsche Cayman color amarillo con un valor de más de un millón 440 mil pesos.
“Que bien que Santa Claus te llevo mi regalo mijo. Cuidalo eh” (sic), escribió el político, quien coordinó la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en Oaxaca.
Diversos medios de comunicación y portales informativos publicaron la fotografía del lujoso vehículo, tras lo cual Díaz Escárraga eliminó la imagen de su perfil en la red social.
Sin embargo, el post ya había generado diversas reacciones entre los cibernautas que compartieron la imagen en Twitter.
Posteriormente el funcionario dijo que ni él ni su hijo son dueños del auto y que sólo se trató de una broma.
Indicó que decidió renunciar para no perjudicar al Infonavit ni a su director Alejandro Murat.

sábado, 27 de diciembre de 2014

Renuncia funcionario de Infonavit por escándalo del Porsche


Heliodoro Carlos Díaz Escárraga. Foto: Tomada de Facebook
Heliodoro Carlos Díaz Escárraga.
Foto: Tomada de Facebook










MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, delegado del Infonavit para la zona sur del país, renunció hoy a su cargo tras publicar en su cuenta Facebook la imagen de un vehículo Porsche que supuestamente regaló a su hijo, lo cual desató críticas en las redes sociales.
En entrevista para el diario Reforma, el funcionario dijo que ni él ni su hijo son dueños del auto y que sólo se trató de una broma.
Indicó que decidió renunciar para no perjudicar al Infonavit ni a su director Alejandro Murat.
En Facebook Díaz Escárrega publicó una foto del Porsche que le regaló a su hijo Carlos en Navidad, quien también es funcionario público en Liconsa.
“Que bien que Santa Claus te llevó mi regalo mijo. Cuidalo eh”, escribió el funcionario. Luego de las críticas en redes sociales, borró la publicación.
Esta tarde en su cuenta de Facebook, el priista publicó el siguiente mensaje:
“No tenia idea que fuera un ciudadano tan importante para las redes. No es mi carro. No es de mi hijo . No lo regale. No preguntaron”.
En pocos minutos varios usuarios de la red social le respondieron con críticas y hasta insultos.
Poco antes de que Díaz Escárrega diera a conocer su renuncia, el presidente de la Comisión de Seguridad Social en la Cámara de Diputados, Javier Salinas Narváez, anunció que citaría a comparecer al director del Infonavit, Alejandro Murat, para que diera una explicación sobre el caso.
Salinas Narváez dijo indicó que Murat debe explicar si el sueldo que percibe su subalterno le permite adquirir vehículos de este tipo, cuyo costo rebasa el millón y medio de pesos.

domingo, 13 de octubre de 2013

Seguro de desempleo pone en riesgo al Infonavit, advierte estudio priísta

Legisladores, partidos y Hacienda negocian cambios a la reforma hacendaria
Trabajadores de bajos ingresos difícilmente accederán a un crédito
Foto
El seguro de desempleo propuesto por el Ejecutivo lo único que haría es quitar al trabajador sus fondos de vivienda o de ahorro para el retiro, advierten legisladores priístas. En la imagen, feria del empleo en el DFFoto Marco Peláez
Andrea Becerril
 
Periódico La Jornada
Domingo 13 de octubre de 2013, p. 5
El seguro de desempleo propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto en su reforma hacendaria pone en riesgo la supervivencia del Infonavit, instituto que reduciría sus operaciones en 70 por ciento, con la consecuente disminución y encarecimiento de los créditos que otorga, se advierte en un estudio elaborado por senadores y diputados del sector obrero del PRI.
En el documento se advierte que es necesario buscar otras alternativas para financiar ese seguro de desempleo, de tal forma que el costo no recaiga sólo en los ingresos y prestaciones de los trabajadores, como se pretende, y menos aún en su fondo de vivienda, que es una vieja conquista obrera que no se puede canjear.
Se detalla que, según la propuesta gubernamental, a la cuota de 5 por ciento que aportan los patrones al Infonavit se le restará 3 por ciento para financiar el seguro de desempleo. De esa cifra, dos terceras partes irán a un fondo mixto, destinado para apoyar al trabajador que pierde su empleo, y la otra a un fondo solidario.
Este último capital se utilizará para financiar al resto de la población desempleada y será administrado por el gobierno federal.
Los legisladores priístas resaltan que al restarle 60 por ciento de la aportaciones patronales al Infonavit, éste sólo podrá funcionar al 30 por ciento o menos de su capacidad, y las pocas viviendas que pueda financiar serán más caras. Los trabajadores de ingresos menores a dos salarios mínimos difícilmente tendrán acceso a un crédito.
Mayor cartera vencida
Habrá un deterioro de las finanzas del instituto, un mayor número de acreditados en cartera vencida, menor movilidad habitacional y un daño a la industria de vivienda, se resalta en el documento, que sirve de base a los 49 diputados y tres senadores del sector obrero para argumentar en contra de la conformación del seguro de desempleo, como se propone en la reforma hacendaria y fiscal.
Quienes adquieran una casa con un crédito del instituto verán mermada su capacidad de compra por la reducción de su subcuenta de vivienda, o bien el plazo en que pagarán su crédito crecerá entre 15 y 20 por ciento, se detalla.
Se dan ejemplos: “De acuerdo con el portal del Infonavit, un crédito otorgado por 210 mil pesos, con pago puntual, se terminaría de cubrir en 12 meses, pero en el caso de tomar el seguro de desempleo, el plazo se alargará hasta 30 meses y la deuda rebasaría los 350 mil pesos.
En ese análisis, los legisladores del sector obrero del PRI advierten que se resta a los trabajadores la posibilidad de acceder a una vivienda del Infonavit, por un seguro de desempleo que sólo se podrá recibir una vez por cada cinco años, por un periodo máximo de seis meses, luego de haber cotizado al mismo por lo menos 24 meses y no recibir otros ingresos económicos, como pensión o jubilación.
Para recibir ese seguro de desempleo, además de los anteriores requisitos, se requiere haber permanecido sin ocupación por lo menos 45 días. Los seis pagos mensuales serán diferenciados. El primero, de 60 por ciento del salario integrado promedio de las últimas 24 cotizaciones ante el IMSS; un segundo de 50 por ciento, y los cuatro restantes de 40 por ciento.
Si el desempleado tiene un crédito de vivienda, no tendrá acceso al pago máximo y su seguro sería de un solo salario mínimo de mil 948 pesos mensuales.
Mantienen acuerdo para acotar el IVA; hoy se prevé que concluyan el dictamen respectivo
Roberto Garduño
La mesa directiva de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, representantes de los coordinadores parlamentarios de PRI, PAN y PRD, las dirigencias nacionales de esos partidos y funcionarios de la subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda dieron seguimiento a la negociación paralela para modificar la propuesta fiscal y hacendaria del Ejecutivo federal y tener listo el dictamen, que sería aprobado por el pleno a mediados de la próxima semana.
Una vez que los partidos y Hacienda sacaron de San Lázaro la negociación del paquete de leyes fiscales y recaudatorias y la llevaron a las oficinas de la dependencia federal, hasta ayer se había decidido retirar las propuestas de aplicar el impuesto al valor agregado (IVA) a colegiaturas y renta o venta de casas habitación; mantener el gravamen de 7.5 de impuesto sobre ganancias a las compañías mineras; el de aplicar un peso por litro en bebidas azucaradas, y abrir la posibilidad de que el precio de barril de petróleo compense la caída en la recaudación por un monto de 40 mil millones de pesos aproximadamente.
Los participantes en los encuentros continuaron formalizando acuerdos para presentar este domingo a la Comisión de Hacienda –que tiene una reunión programada a las 18 horas– un dictamen casi concluido.
En horas recientes, en las negociaciones se han abordado cambios a la propuesta de reforma a Ley Aduanera y al Código Fiscal de la Federación, que facilitarían aún más la operación de ese sector en el país.
Gobierno y partidos argumentan que se permitirá contar con un marco normativo claro y transparente, implementando el uso de medios tecnológicos para que se promuevan las importaciones y exportaciones; se impulse la apertura para los usuarios del comercio exterior, y se establezca el intercambio de información entre autoridades de forma ágil, mediante sistemas electrónicos. Lo anterior permitirá posicionar a México como un país altamente competitivo, beneficiando el intercambio comercial y la economía nacional.
Se afirma que las medidas propuestas en la iniciativa no conllevan sólo un propósito recaudatorio, ya que parte de éstas operan mediante reglas de carácter general que facilitarían y simplificarían los procedimientos aduaneros.
Simplificación administrativa
En cuanto al Código Fiscal de la Federación, se propone introducir nuevos procedimientos simplificados que estimulen la incorporación de la informalidad a la formalidad y el cumplimiento de obligaciones tributarias.
Mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, se otorgan facilidades para que los contribuyentes se inscriban en el Registro Federal de Contribuyentes a través de Internet, y se establece la figura del buzón tributario, mediante el cual los contribuyentes podrán interactuar e intercambiar en tiempo real información, notificaciones, datos y toda clase de documentos con la autoridad fiscal, vía electrónica, con el consecuente incremento de la eficacia en sus gestiones, así como ahorro de tiempo y dinero.
Para evitar que los contribuyentes evadan el pago de obligaciones e impuestos, se acordó aceptar la cláusula antielusión, que promueve la aplicación estricta de la ley y otorga una herramienta que ayudará a la autoridad a perfeccionar su ejercicio.
Las autoridades fiscales podrán contar con la información que los cuentahabientes proporcionen a las entidades financieras, y de esta manera obtener datos adicionales que faciliten su localización, como sería su domicilio, a efecto de que el Servicio de Administración Tributaria tenga facultades legales para practicar actos de fiscalización en dichos lugares.
Además, se aceptó reformar el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación, para precisar que las tarjetas de crédito y de débito constituyen un medio adicional de pago de contribuciones.

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