Celia Lora pidió matar al Presidente. Foto: Cuartoscuro
Washington, D.C.— En declaraciones transmitidas libremente en la Web, la modelo porno Celia Lora dijo que pidió a un amigo piloto “pendejo” suyo que por favor “matara al Peje”. La ex diva de Televisa Adela Micha (en la lista de chayoteros del peñismo) soltó una vulgar carcajada de aprobación. Textual: “Es un pendejo [el amigo piloto] porque le dije que viniera pero estaba volando con tu tío el Peje [Presidente López Obrador], y le dije: Mátalo por favor […] Fíjate, kamikaze, hazlo por el país, cabrón, pero no, me ignoró” (video en SinEmbargo 21/05/2019).
Las redes sociales no tardaron en reaccionar. Los defensores de las mujeres dijeron que era una “broma” y que lo mismo hacen en Estados Unidos; sus críticos argumentaron que confesar deseos de matar a López Obrador rebasa la libertad de prensa. Las autoridades guardaron silencio.
Es falso que en Estados Unidos se permita amenazar de muerte al Presidente. Hacerlo es un delito. Los programas satíricos como “Saturday Night Life” o de humoristas que se burlan y hacen parodias de Trump por su estilo, apariencia, dislates y temperamento, están protegidos por la libertad de expresión. En cambio, manifestar deseos de matarlo, no. El derecho a la libre expresión no es ilimitado. Hasta ahora no se sabe de alguien que se haya pasado de chistoso cruzando la raya entre sarcasmo y delito sin consecuencias.
Cuestión de recordar el sonado caso de Kathy Griffin. En 2017, la comediante subió a sus cuentas de Instagram y Twitter una imagen en la que con rostro sombrío sostiene de los pelos la cabeza ensangrentada de Trump. La grotesca fotografía de un mandatario decapitado estremeció a propios y extraños. La esposa del Presidente se quejó. Griffin la quitó y se disculpó. Reconoció que se había extralimitado. Pero la disculpa no impidió que la CNN la despidiera tachando su comportamiento de “repugnante y ofensivo”. Lo mismo hizo la empresa comercial Squatty Potty, donde se desempeñaba como vocera de marketing, y otras más. De un día a otro, perdió 70 por ciento de sus amistades y patrocinadores. Se volvió una papa caliente.
El código penal estadounidense establece que cualquier persona que “a sabiendas y voluntariamente amenace con matar, secuestrar o infligir daño corporal” al Presidente, a los ex Presidentes y altos funcionarios bajo la protección del Servicio Secreto puede ser multada y encarcelada hasta por cinco años. El Servicio Secreto respondió a la broma de Griffin advirtiendo en Twitter que su “poderosa división de inteligencia” monitorea lo que se dice en las redes sociales para evaluar amenazas contra los individuos bajo su protección. Subrayó que dichas amenazas tienen la “más alta” prioridad entre sus investigaciones.
Griffin fue investigada durante dos meses por el Servicio Secreto y el Departamento de Justicia, periodo en el que su nombre fue puesto en la lista de personas que no pueden salir o entrar a Estados Unidos. También fue marcada por la Interpol y FiveEyes (pacto de intercambio de inteligencia electrónica de cinco países anglosajones). El año pasado, Griffin reveló que el Departamento de Justicia consideró acusarla penalmente de “conspiración para asesinar al Presidente de Estados Unidos” (The Hill 08/12/2018). No pudieron probar intención. Dos años después de la foto que le cambió la vida, Griffin apenas empieza a resurgir profesionalmente.
Comediantes, actores, artistas, periodistas, columnistas, comentaristas y moneros argumentan que la provocación es parte de su oficio. Aluden a la libertad de expresión para proteger lo que hacen y comunicar mensajes políticos. Los tribunales se inclinan a darles la razón con base en la Primera Enmienda constitucional. Sin embargo, cuando la amenaza al Presidente está hecha con intención o deseos de incitar a terceros se corre el riesgo de quedar desprotegidos. El caso de Griffin fue usado para escarmentar a Hollywood y a los medios de comunicación. El mensaje fue claro: por más que detesten a Trump no vamos a tolerar extralimitaciones.
Se desconoce a ciencia cierta las veces que los presidentes son amenazados. Los tribunales mantienen reservados los casos para evitar imitadores. De acuerdo al Servicio Secreto, Bush y Obama recibieron un promedio de 3 mil amenazas al año. Bajo Obama, varios individuos fueron condenados por amenazarlo de muerte por ser negro. Según datos oficiales, 75 por ciento de las amenazas proviene de enfermos mentales.
¿La amenaza contra AMLO fue intencionada o una desafortunada expresión de mujeres carentes de sentido común? Lo sabremos cuando y si los responsables de proteger al Presidente interrogan a la desnudista, a su amigo piloto a quien pidió matar a AMLO y a la conductora que festejó lo que dijo. Por lo pronto, lo menos que deben hacer es disculparse. Una ofensa por donde se le mire.
En un país violento, con índices de homicidios exorbitantes, con un sistema de procuración de justicia disfuncional y corrupto, una historia de asesinatos políticos, un Presidente que despierta pasiones de odio y que ha recibido amenazas de muerte del narco, es arriesgado quedarse de brazos cruzados. La vida de López Obrador no es una broma. El magnicidio es un delito grave. Alentarlo, guasa o no, abona a la polarización y a un clima toxico donde todo es posible.
Patio Evya Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Foto: Evya
Ahora que la Fiscalía General de la República retoma las investigaciones contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, se reactivó el capítulo de la empresa Evya, a la que la paraestatal favoreció con 27 contratos por casi 11 mil millones de pesos. Javier Camargo cuenta cómo fue despojado de esa compañía –que cambió su nombre por el de Avalon Marine– en julio de 2014, con el aval del entonces director de Pemex.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue el artífice de una trama de corrupción, tráfico de influencias y amenazas para apoderarse de la compañía Evya, que tenía 27 contratos por 10 mil 901 millones de pesos con Pemex, pero, sobre todo, era la administradora de un patio de 14 hectáreas para la fabricación de plataformas petroleras en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, denuncia el fundador de aquella firma, Javier Camargo Salinas.
El empresario petrolero señala que Lozoya lo citó el 12 de mayo de 2014 en la Torre de Pemex para anunciarle que unos inversionistas, entre ellos Fausto Miranda –del despacho SAI Asesores, de Jaime Serra Puche, quien fue secretario de Hacienda en la administración de Ernesto Zedillo– y Ricardo Maldonado, secretario del consejo de administración de Grupo Televisa, iban a salvar su empresa.
En ese momento, Evya estaba bajo la sospecha de un escándalo similar al de Oceanografía. El 14 de abril de ese año había sido señalada de un supuesto fraude de 30 millones de dólares a Banamex-Citigroup.
Lozoya en ese momento era el hombre fuerte de la todavía paraestatal y Camargo Salinas confiaba en él.
“Al maestro Lozoya lo vi como seis veces. En principio le sentí mucho aprecio. Ese día –el 14 de mayo– me dijo: te voy a presentar a unas personas con las que vas a negociar y te van a dejar un porcentaje de esto”, cuenta Camargo cinco años después de aquella reunión. Fue la última vez que vio a Lozoya, dice.
“Me enredaron en esta injusticia, o me enredé yo. No supe hacer las cosas para defender todo esto. Todo fue bajo amenaza de Lozoya”, dice a la reportera.
–¿Cuál fue la amenaza? –se le pregunta.
–Que de lo contrario –me comentó–, sufriría las consecuencias. Concretamente no me dijo, pero era muy fácil sospecharlo, viendo que la PGR iba por Amado Yáñez, dueño de Oceanografía.
La época de los contratos
Eran tiempos de incertidumbre para las empresas de Javier Camargo y su hermano Enrique. quienes habían sido beneficiadas por Pemex con decenas de contratos para obras, servicios, mantenimiento y rehabilitación de instalaciones en tierra y costa afuera, durante los sexenios panistas.
En el periodo de 2006 a 2014, dos de las empresas de los hermanos Camargo: Representaciones y Distribuciones Evya, fundada en 1991, y Grupo Evya, en 2009, llegaron a tener 68 contratos de obras y servicios con Pemex Exploración y Producción (PEP), según información de la petrolera; otras 45 por licitación pública, 13 por invitación, y 10 por adjudicación directa. Evya, aunque en menor escala, era competencia directa de Oceanografía.
Los problemas de Evya comenzaron con el señalamiento del presunto fraude a Citigroup el 14 de abril de 2014 y continuaron el 21, cuando el área de auditoría interna de PEP solicitó una revisión a 20 contratos otorgados a Representaciones y Distribuciones Evya y dos a Grupo Evya (oficio No. OIC-AAI-PEP-18-575-140-2014).
Sin embargo, tres días antes de la supuesta reunión entre Lozoya y Camargo, la visita de inspección a los contratos fue cancelada, “derivado de los ajustes y cargas de trabajo del Órgano Interno de Control de PEP” (oficio 369).
“Ya tenía Lozoya la intención de quedarse con la empresa y los contratos de alguna manera”, dice Camargo en la entrevista en la que explica que los bancos congelaron sus créditos por las auditorías a los contratos.
Y añade: “Nos dejaron prácticamente sin liquidez, con lo cual nos vimos obligados a ceder las acciones de la empresa”.
De los 27 contratos obtenidos por Evya, uno de los principales era el número 428233864, cuya copia tiene Proceso, para realizar “obras para la instalación, rehabilitación, desmantelamiento de infraestructuras e interconexiones de equipos en las instalaciones de Pemex Exploración y Producción con apoyo de un Barco Grúa DP II y equipos diversos”, por mil 359 millones de pesos.
Lozoya defiende a Evya
El 14 de junio 2014, Lozoya, entonces director de Pemex, fue llamado a comparecer a la Cámara de Diputados ante la llamada “Comisión Oceanografía”, en torno a la “tibieza” en las sanciones de la todavía paraestatal a la empresa de Amado Yáñez, acusada de un desfalco por unos 400 millones de dólares a Banamex.
Lozoya también tuvo que explicar otros escándalos de corrupción que en ese momento habían salido a la luz, como el presunto fraude de Evya.
Ese día, sin titubear, Lozoya deslindó a Evya de la sombra de un fraude: “Sobre la empresa Evya –les dijo a los diputados–, en este caso no ha habido incumplimiento en los contratos, los han cumplido en tiempo y forma.
“Entendemos, a partir de la información que los medios de comunicación han circulado, que hubo irregularidades en la información que le proveían a las instituciones bancarias, pero al día de hoy, lo que Petróleos Mexicanos tiene conocimiento es que no se falsificó documentación de Petróleos Mexicanos, porque, si ese fuera el caso, lo denunciaremos.”
En ese momento Lozoya llevaba un año y siete meses al frente de Pemex.
El excontralor de Petróleos Mexicanos Daniel Ramírez Ruiz, quien acompañó a Lozoya en la comparecencia aquel día, dijo a los legisladores que de los 68 contratos de Representaciones y Distribuciones Evya y Grupo Evya con Pemex de 2006 a 2014, el Órgano de Control Interno de la petrolera llevó a cabo ocho auditorías. También informó que la Auditoría Superior de la Federación realizó tres auditorías a Representaciones y Distribuciones Evya.
“La problemática más importante que se detectó fue: irregularidades en el procedimiento de rescisión, falta de documentación comprobatoria, falta de acreditación de gastos no recuperables”, apuntó.
Hoy Camargo considera que las declaraciones de Lozoya ante los diputados buscaban lavarle la cara a Evya como parte de su plan para adueñarse de la empresa.
De hecho, la estrategia estaba en marcha. Un mes después Camargo recibió a los inversionistas presuntamente enviados por Lozoya. La cita fue el 10 de julio de 2014 en las oficinas de Evya, ubicadas en el patio de construcción de 14 hectáreas en Dos Bocas.
A la reunión acudieron Fausto Miranda y Ricardo Maldonado, socio del despacho Mijares, Angoitia, Cortés & Fuentes. Uno de los fundadores de esa firma era Alfonso de Angoitia, CEO de Televisa. En ese encuentro también estuvieron Joshua Fink, hijo de Laurence Fink, presidente ejecutivo de la mayor gestora de fondos del mundo: BlackRock, e Ignacio Quesada, director gerente de Alvarez & Marsal Holdings LLC, según la copia del correo electrónico con el que se gestionaron los accesos al patio.
Quesada es el personaje clave que une las piezas. Cercano colaborador de Ernesto Cordero, a quien acompañó en las secretarías de Desarrollo Social y Hacienda, fue director corporativo de finanzas de Pemex de enero de 2011 a mayo de 2013, donde coincidió con Lozoya.
Alvarez & Marsal se encargó de revisar los 27 contratos de la empresa para asegurarse de que Evya era rentable, de acuerdo con Camargo y la copia del estudio obtenida por Proceso. Según el documento, de los contratos por 10 mil 901 millones de pesos, ya se habían ejercido 5 mil 551 millones y faltaban por ejercer otros 5 mil 386 millones. Fausto Miranda ofreció mil millones de pesos para salvar a la empresa.
“Me piden que hagamos un movimiento de acciones y yo me quedo con el 30% y ellos con las demás acciones”. Dijeron que la empresa iba a crecer y listo; si no, yo sufriría las consecuencias. Hubo varias amenazas”, refiere Camargo.
Y añade: “Una noche antes me habló Lozoya y me dijo: ‘No aceptes que te den menos del 30’. ¡Ah caray!, ¿cómo que menos del 30?, si tengo el 100”.
Ese día le informaron que en apariencia seguirá siendo el presidente de Evya, pero no tendrá ninguna capacidad de mando.
Despojo y quiebra
Camargo cedió la empresa a Fausto Miranda y en el consejo asesor puso a Ricardo Maldonado, mediante una reforma a los estatutos de la sociedad Representaciones y Distribuciones Evya, cuya copia obtuvo Proceso.
Los estatutos se modificaron ante el notario público Patricio Bandala para que Miranda se convirtiera en el principal accionista y Camargo quedara, según una cláusula, como presidente sin derecho al voto de calidad.
Además, agregaron una cláusula de “venta obligatoria” para que cuando el accionista mayoritario quisiera vender sus acciones el accionista minoritario no tuviera otra opción.
Así, Camargo se convirtió en empleado de su propia empresa. No tenía ninguna función y recibía un salario mensual de 300 mil pesos.
El 18 de abril de 2016, Representaciones y Distribuciones Evya desapareció al cambiar su denominación social a Avalon Marine, y Miranda cedió los derechos del contrato del barco grúa de Evya a Avalon Marine con el aval de Pemex.
El convenio de Evya con la Administración Portuaria Integral de Dos Bocas para el uso, aprovechamiento, construcción y explotación del patio cuya administración tenía Evya desde 2004, terminó en manos de otras de las empresas de Miranda: DM47, según el convenio modificatorio del 4 de septiembre de 2017.
“De manera irregular, DM47 de Fausto Miranda se quedó con el activo más importante que teníamos, el patio de Dos Bocas. Estratégicamente situado, era el mejor patio del país para construcción y mantenimiento de plataformas”, asegura Camargo.
En ese tiempo comenzaron a florecer varias empresas de Miranda: MDA24, el 8 de agosto de 2016; MDA47, el 31 de mayo de 2017; MDA80, el 1 de enero de 2017, y MDA27 el 24 de mayo de 2018, las últimas tres en sociedad con Maldonado y otros miembros del bufete jurídico Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, según las actas constitutivas consultadas por Proceso.
Con Miranda al frente, Avalon Marine se endeudó; se fue a la quiebra y terminó en concurso mercantil, según la sentencia de declaratoria del 25 de octubre de 2017. En el concurso mercantil omitieron el principal activo de Avalon: el barco grúa, y señalaron que el patio está desmantelado, sin activos.
“Fausto Miranda me pidió mi 5% de acciones para poder vender el buque grúa a la empresa Demar, pese al concurso mercantil. Si ellos hubieran declarado esos activos de acuerdo a la ley, la empresa no hubiera caído en el supuesto del concurso mercantil, porque la empresa iba a ser solvente. Entonces podían reestructurarla”, según Camargo.
Curiosamente, las empresas MDA24 y Grupo Evya aparecen como las principales acreedoras en el concurso mercantil.
Actualmente Fausto Miranda es presidente de RV2, Sociedad Anónima Promotora de Inversión, cuya principal accionista es Paloma Díaz Infante Meade, según el acta constitutiva. Familiar del excandidato presidencial José Antonio Meade, ella fue parte del consejo de administración de Grupo Evya.
Mientras que Lozoya acaba de ser inhabilitado y la FGR retoma las investigaciones en su contra, Avalon Marine –antes Representaciones y Distribuciones Evya– se hunde en medio de demandas, amparos, juicios y suma más de 500 acreedores.
El cateo en la residencia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, comenzó alrededor de las siete de la tarde y continúo hasta la noche, por lo que el inmueble quedó bajo resguardo de la FGR.
Por Juan Omar Fierro
Por orden de un juez federal, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) catearon la residencia que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, adquirió en el fraccionamiento La Retama que se ubica en la calle Ladera 20, colonia Lomas de Bezares, alcaldía Cuajimalpa.
De acuerdo con vecinos, el cateo en la casa con número interior 11 comenzó alrededor de las siete de la tarde y continúo hasta la noche, por lo que el inmueble quedó bajo resguardo de la FGR.
El domicilio asegurado presuntamente se adquirió con presuntos sobornos que Lozoya recibió a través de empresas off-shore creadas por Odebrecht y en ella presuntamente ocurrió parte de la negociación que Luis Alberto de Meneses Weyll, exdirector de la compañía brasileña en México, sostuvo con Lozoya, de acuerdo con reportes de la organización periodística Quinto Elemento Lab.
De acuerdo con una investigación que realizaron los periodistas Rafael Cabrera y Maurizio Montes de Oca para BuzzFeed News México, la residencia fue comprada por Lozoya el 14 de noviembre de 2012, dos días después de que el entonces presidente electo, Enrique Peña Nieto, se reuniera con Marcelo Odebrecht, dueño de la constructora brasileña acusada de conseguir contratos de obra pública mediante sobornos en toda la región de América Latina.
Por su parte, el periodista Raúl Olmos de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidadreveló que el inmueble adquirido por Emilio Lozoya cuenta con una extensión de mil 165 metros cuadrados y que fue comprada por Lozoya a María del Carmen Ampudia Cárdenas, esposa de Carlos Enrique Valenzuela Dosal, miembro del Consejo de Administración del Grupo Financiero Intercam, y cuyas cuentas bancarias ya fueron congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
En tanto, Emilio Lozoya Austin interpuso desde el lunes su cuarta demanda de amparo ante la justicia federal, esta vez contra cualquier orden de aprehensión que pudiera girar en su contra un juez; este martes, fuentes de la Fiscalía General de la República confirmaron que la orden de aprehensión en su contra ya fue girada.
La demanda de juicio de amparo está registrada con el número 487/2019 en el sitio web del Consejo de la Judicatura Federal y, aunque no se menciona el nombre de Emilio Lozoya, se incluyen como asuntos relacionados los tres juicios de amparo previamente promovidos por el exdirector de Pemex.
Mientras que en España, Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), ingresará a prisión preventiva en Madrid a la espera de que las autoridades españolas confirmen su extradición a su país, un proceso que podría durar varias semanas, según explicaron fuentes judiciales locales.
Emilio Lozoya, exdirector de Pemex.
Acira, de 67 años de edad, declaró la mañana de este miércoles desde los juzgados de Palma de Mallorca, ciudad donde fue detenido anoche cuando se disponía a abordar un avión privado con destino a Estados Unidos.
Alonso Ancira, fue detenido este martes en Mallorca, España, por agentes de Interpol, tras su vinculación con pagos ilegales de la compañía brasileña Odebrecht al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya.
Resultado de una denuncia presentada ante la #FGR, por la Apoderada Legal de @Pemex en cumplimiento de una orden de aprehensión obtenida por esta Institución, ante un Juez de Distrito y diligenciada por INTERPOL ante la Policía Española, se detuvo en Mallorca, España a Alonso “N”
UIF también congela cuentas bancarias de esposa y hermana de Lozoya; indaga actos de corrupción
La Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, y a la empresa Altos Hornos de México, SAB de CV, debido a que se identificó que se llevaron a cabo múltiples operaciones con recursos que presuntamente no proceden de actividades lícitas, mismos que se presumen ser derivados de actos de corrupción.
De acuerdo con el comunicado de la dependencia, se destaca que tanto Lozoya Austin como Altos Hornos de México tienen expedito su derecho de garantía de audiencia y defensa, particularmente para hacer valer, en términos de la legislación aplicable, los derechos laborales de sus trabajadores, accionistas y/o proveedores ante la propia UIF.
La UIF también congeló las cuentas de María del Carmen Ampudia, Alonso Ancira, Gilda Lozoya Austin -hermana de Emilio Lozoya-, Marielle Helene Eckes -esposa de Emilio Lozoya-, Francisco Javier Serafín, Jorge Yáñez, Rodrigo Arteaga; además de las empresas Yacani, Rancurello, Casa Portella México y Yap Consultores.
Periódico La Jornada Miércoles 29 de mayo de 2019, p. 2
Un juez de control con sede en el Reclusorio Norte libró las órdenes de aprehensión el domingo pasado contra el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin y el propietario de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira Elizondo, quien fue detenido ayer en España.
Por la noche, personal de la Policía Federal Ministerial llevó a cabo un cateo en la calle Ladera número 20, en el fraccionamiento Residencial Lomas de Bezares, en la Ciudad de México, en busca de detener a Lozoya Austin.
El abogado Javier Coello Trejo confirmó la diligencia ministerial y señaló que el domicilio pertenece a Emilio Lozoya Thalmann, padre del ex director de Pemex, y que el cateo concluyó sin que hubieran encontrado nada.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que desde el pasado 5 de marzo recibió la denuncia contra el empresario y otras personas de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y Pemex, al considerar que causaron un grave daño patrimonial a la empresa productiva del Estado, e indicó que existen más órdenes de aprehensión por ejecutarse, pero se reservó los nombres.
De acuerdo con fuentes federales, entre los coacusados está el ex director de Pemex.
En este momento se encuentran diversas órdenes de aprehensión en ejecución, como resultado de más de dos meses de diversas diligencias, siendo la última de éstas la querella que se solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), lo cual es un requisito de procedibilidad que debe mantenerse con estricto apego a la ley y a la secrecía correspondiente, informó la FGR.
Fuentes federales confirmaron a La Jornada que la UIF –encabezasa por Santiago Nieto– presentó la denuncia contra Lozoya Austin ante la FGR porque detectaron que durante su gestión como director de Pemex se realizaron operaciones con recursos que proceden presuntamente de actividades no lícitas y que se relacionan con la compra a un sobreprecio que realizó Pemex a Altos Hornos de México de la planta Agronitrogenados.
La Policía Nacional española detuvo ayer en la isla de Mallorca, España, a Ancira Elizondo, quien tenía programado viajar a las islas Baleares y luego retornar a Estados Unidos.
En ese contexto, el abogado Javier Coello Trejo, defensa de Lozoya Austin, dijo que tramitó un amparo para conocer el motivo de la presunta orden de aprehensión con la que cuenta la FGR y señaló que hasta el momento no han sido notificados del aseguramiento de las cuentas bancarias.
Explicó que con el amparo busca conocer si efectivamente existe la orden de aprehensión y, en su caso, saber los delitos que le imputan y tener acceso a la carpeta de investigación.
El titular de la UIF, Santiago Nieto, anunció en días pasados el aseguramiento de las cuentas tanto de Altos Hornos de México como las de Emilio Lozoya luego de que detectaron operaciones con recursos que proceden presuntamente de actividades ilícitas.
Fuentes federales y la agencia del Estado Notimex señalaron que un juez giró las órdenes de aprehensión contra el ex director de Pemex y Alonso Ancira Elizondo.
Sin embargo, la FGR no confirmó sobre la orden de aprehensión contra Lozoya Austin ante la posibilidad de incurrir en faltas al debido proceso y que con ello el ex funcionario pudiera argumentar violaciones a sus derechos.
A dicha investigación se suma la que tiene la FGR contra Emilio Lozoya por presuntos actos de soborno en el caso Odebrecht que, de acuerdo con el abogado, ya acudieron a comparecer ante el Ministerio Público.
La Subprocuraduría Especializada en Delitos Federales abrió la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGICDMX/117/2017 luego de que Odebrecht habría entregado sobornos por 10.5 millones de dólares entre 2010 y 2014 a funcionarios de Pemex, entre ellos Emilio Lozoya.
En otros países las pesquisas han avanzado por los sobornos de Odebrecht. En México, la FGR tiene avances parciales debido a que la entonces Procuraduría General de la República firmó un convenio con su homóloga de Brasil por el cual se comprometió a no ejercer alguna acción penal, civil o administrativa contra funcionarios de Odebrecht a cambio de que le entregaran información acerca de la investigación.
