Celia Lora pidió matar al Presidente. Foto: Cuartoscuro
Washington, D.C.— En declaraciones transmitidas libremente en la Web, la modelo porno Celia Lora dijo que pidió a un amigo piloto “pendejo” suyo que por favor “matara al Peje”. La ex diva de Televisa Adela Micha (en la lista de chayoteros del peñismo) soltó una vulgar carcajada de aprobación. Textual: “Es un pendejo [el amigo piloto] porque le dije que viniera pero estaba volando con tu tío el Peje [Presidente López Obrador], y le dije: Mátalo por favor […] Fíjate, kamikaze, hazlo por el país, cabrón, pero no, me ignoró” (video en SinEmbargo 21/05/2019).
Las redes sociales no tardaron en reaccionar. Los defensores de las mujeres dijeron que era una “broma” y que lo mismo hacen en Estados Unidos; sus críticos argumentaron que confesar deseos de matar a López Obrador rebasa la libertad de prensa. Las autoridades guardaron silencio.
Es falso que en Estados Unidos se permita amenazar de muerte al Presidente. Hacerlo es un delito. Los programas satíricos como “Saturday Night Life” o de humoristas que se burlan y hacen parodias de Trump por su estilo, apariencia, dislates y temperamento, están protegidos por la libertad de expresión. En cambio, manifestar deseos de matarlo, no. El derecho a la libre expresión no es ilimitado. Hasta ahora no se sabe de alguien que se haya pasado de chistoso cruzando la raya entre sarcasmo y delito sin consecuencias.
Cuestión de recordar el sonado caso de Kathy Griffin. En 2017, la comediante subió a sus cuentas de Instagram y Twitter una imagen en la que con rostro sombrío sostiene de los pelos la cabeza ensangrentada de Trump. La grotesca fotografía de un mandatario decapitado estremeció a propios y extraños. La esposa del Presidente se quejó. Griffin la quitó y se disculpó. Reconoció que se había extralimitado. Pero la disculpa no impidió que la CNN la despidiera tachando su comportamiento de “repugnante y ofensivo”. Lo mismo hizo la empresa comercial Squatty Potty, donde se desempeñaba como vocera de marketing, y otras más. De un día a otro, perdió 70 por ciento de sus amistades y patrocinadores. Se volvió una papa caliente.
El código penal estadounidense establece que cualquier persona que “a sabiendas y voluntariamente amenace con matar, secuestrar o infligir daño corporal” al Presidente, a los ex Presidentes y altos funcionarios bajo la protección del Servicio Secreto puede ser multada y encarcelada hasta por cinco años. El Servicio Secreto respondió a la broma de Griffin advirtiendo en Twitter que su “poderosa división de inteligencia” monitorea lo que se dice en las redes sociales para evaluar amenazas contra los individuos bajo su protección. Subrayó que dichas amenazas tienen la “más alta” prioridad entre sus investigaciones.
Griffin fue investigada durante dos meses por el Servicio Secreto y el Departamento de Justicia, periodo en el que su nombre fue puesto en la lista de personas que no pueden salir o entrar a Estados Unidos. También fue marcada por la Interpol y FiveEyes (pacto de intercambio de inteligencia electrónica de cinco países anglosajones). El año pasado, Griffin reveló que el Departamento de Justicia consideró acusarla penalmente de “conspiración para asesinar al Presidente de Estados Unidos” (The Hill 08/12/2018). No pudieron probar intención. Dos años después de la foto que le cambió la vida, Griffin apenas empieza a resurgir profesionalmente.
Comediantes, actores, artistas, periodistas, columnistas, comentaristas y moneros argumentan que la provocación es parte de su oficio. Aluden a la libertad de expresión para proteger lo que hacen y comunicar mensajes políticos. Los tribunales se inclinan a darles la razón con base en la Primera Enmienda constitucional. Sin embargo, cuando la amenaza al Presidente está hecha con intención o deseos de incitar a terceros se corre el riesgo de quedar desprotegidos. El caso de Griffin fue usado para escarmentar a Hollywood y a los medios de comunicación. El mensaje fue claro: por más que detesten a Trump no vamos a tolerar extralimitaciones.
Se desconoce a ciencia cierta las veces que los presidentes son amenazados. Los tribunales mantienen reservados los casos para evitar imitadores. De acuerdo al Servicio Secreto, Bush y Obama recibieron un promedio de 3 mil amenazas al año. Bajo Obama, varios individuos fueron condenados por amenazarlo de muerte por ser negro. Según datos oficiales, 75 por ciento de las amenazas proviene de enfermos mentales.
¿La amenaza contra AMLO fue intencionada o una desafortunada expresión de mujeres carentes de sentido común? Lo sabremos cuando y si los responsables de proteger al Presidente interrogan a la desnudista, a su amigo piloto a quien pidió matar a AMLO y a la conductora que festejó lo que dijo. Por lo pronto, lo menos que deben hacer es disculparse. Una ofensa por donde se le mire.
En un país violento, con índices de homicidios exorbitantes, con un sistema de procuración de justicia disfuncional y corrupto, una historia de asesinatos políticos, un Presidente que despierta pasiones de odio y que ha recibido amenazas de muerte del narco, es arriesgado quedarse de brazos cruzados. La vida de López Obrador no es una broma. El magnicidio es un delito grave. Alentarlo, guasa o no, abona a la polarización y a un clima toxico donde todo es posible.
