domingo, 19 de mayo de 2019

Vinculan a Rosa Laura, hija de Alejandro Junco, a secta NXIVM

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Se le acusa de haber sometido a sus hijos a experimentos inventados por Keith Raniere, líder del culto

La hija de Alejandro Junco, fundador de Reforma, se ha negó a salirse del culto de esclavitud sexual NXIVM, a pesar de las súplicas de su padre quien ese encuentra hospitalizado de gravedad en Miami, Florida Estados Unidos, pues se presume que tiene Leucemia.
El Frank Report reveló que Rosa Laura Junco, se convirtió en firmante en la cuenta bancaria de Pam Cafritz , una exmiembro del harem de Keith Raniere, arrestado en marzo pasado en Puerto Vallarta por tráfico sexual y trabajo forzado.
De acuerdo con las autoridades estadounidense este estaba usando dicha cuenta a pesar de que Cafritz había muerto hace más de un año y ahí fueron hallados más de 8 millones de dólares.
El portal también reveló que la hija del periodista se separó recientemente de su segundo marido, Luis Montes y sus hijos del primer matrimonio se han ido a vivir con su padre luego de que esta se viera envuelta en un evento sospechoso en su mansión con niños, adolescentes y Raniere.
Además de que se le acusa de haber sometido a sus hijos pequeños, de su segundo marido, a experimentos inusuales inventados por Raniere con la ayuda del Dr. Brandon Porter, por lo que se cree que los niños necesiten servicios de protección infantil. TB

¿Quién hacía las tortas para el “acarreo” en sexenio de EPN? Dos empresas ganaron millones


Base de la dieta de los eventos de la política mexicana, el “box lunch”, esa cajita con una torta y un refresco, significó ventas millonarias para dos empresas en el sexenio pasado. Como ocurrió con los medicamentos, con este producto, sólo ciertas entidades dominaron sin permitir la alta competencia. Procesadora y Distribuidora “Los Chaneques” -una entidad que se resiste a revelar su directiva- y Productos Serel -con problemas de corrupción en el pasado- fueron las que hicieron las tortas de 2012 a 2018 para los eventos del Gobierno.


Ciudad de México, 19 de mayo (SinEmbargo).- El “box lunch”, esa cajita con una torta y un refresco, base de la dieta en el “acarreo” de masas y símbolo de la política mexicana, consolidó dos empresas con ganancias millonarias en el sexenio pasado.
Como ocurrió con la venta de medicamentos, en torno a este producto se conformó un duopolio que no pudo ser derribado por otras competidoras y mantuvo cautivos a quienes acudieron a los eventos organizados por el Gobierno o funcionarios públicos en los comedores de las oficinas de la burocracia.
De 2012 a 2018, Procesadora y Distribuidora Los Chaneques y Productos Serel vendieron el 54.2 por ciento de “box lunch” a la Administración Pública Federal, mientras que el resto del suministro se dividió entre chefs particulares y pequeñas empresas.
El Gobierno mexicano compró 10 millones 173 mil 303 pesos; es decir, cada año destinó en promedio un millón 695 mil 550 pesos para la compra de tortas y refrescos que repartió en eventos o en los comedores de los funcionarios públicos. La cantidad habría alcanzado para 30 mil 368 apoyos alimentarios del programa estelar de combate a la pobreza, Prospera, cuyo monto de ayuda en 2014 era de 335 pesos por persona.
Hundida -casi oculta- en la profundidad del mar de los grandes gastos del gobierno federal, emerge la discreta serie de compras frecuentes de “box lunch” que da cuenta de la imprescindible presencia de este producto en los eventos de la Administración Pública Federal con pedidos únicos que alcanzaban hasta poco más de 10 millones de pesos.
Base de la dieta de los eventos de la política mexicana, el “box lunch”, esa cajita con una torta y un refresco, significó ventas millonarias para dos empresas en el sexenio pasado. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro.
SinEmbargo realizó un buceo en la densa base de contratos del Gobierno para conocer cuánto se gastó y qué empresas estuvieron detrás.
Fue posible ver que empleados de la Comisión Nacional del Deporte -dirigida por Alfredo Castillo-, la Comisión Federal de Electricidad -bajo el cargo de Enrique Ochoa Reza y Jaime Francisco Hernández Martínez -, la Secretaría de Cultura -con la titularidad de María Cristina García Cepeda-, o la Secretaría de Relaciones Exteriores – cuando el Canciller era José Antonio Meade- compraron grandes volúmenes de estas cajas de tortas entre 2012 y 2018.
Si los tiempos eran de austeridad, los conceptos que justificaron el gasto en “box lunch” y otras comidas pueden resultar difíciles de entender. Nueve contratos fueron por más de un millón de pesos cuando el 63 por ciento de los mexicanos, según el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas Públicas (Coneval) no lograba completar la canasta básica alimentaria en esos años.
KOSMOS, DETRÁS DEL “BOX LUNCH”
Productos Serel pertenece a Corporativo Kosmos, que adueñan los hermanos Jorge y Elías Landsmanas Dymensztejn. El consorcio, a través de su filial La Cosmopolitana, fue responsable de la distribución de comida contaminada con salmonela en el penal de Puente Grande, Jalisco, en 2014. Fue uno de los cuadros de intoxicación más grandes de la historia de los penales en México con 450 víctimas. Por el caso, el gobierno de Jalisco sancionó a La Cosmopolitana con 331 mil 217 pesos.
Pero no era el primer escándalo. En 2011, el corporativo fue sancionado por la Secretaría de la Función Pública porque el entonces Director de Adquisiciones de Bienes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), César Mora Eguiarte, filtró información a los directivos de Productos Serel sobre las condiciones de los concursos, como consta en el expediente DE/903/10, ahora archivado en la dependencia.
Estos antecedentes no pararon las ventas de Productos Serel en el Gobierno federal. Ese mismo 2014, en febrero, signó con la Conade un contrato que duró de febrero a abril, por un servicio para desayunos, comidas y cenas, barras frías y “box lunch”.
En total, Productos Serel firmó 70 contratos en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa por mil 224 millones 115 mil 771 pesos. En el de Enrique Peña Nieto consiguió 140 por dos mil 412 millones 600 mil 909 pesos, según Compranet. Es decir, el doble.
De 2012 a 2018, Procesadora y Distribuidora Los Chaneques y Productos Serel vendieron el 54.2 por ciento de “box lunch” a la Presidencia de la República y las oficinas de la burocracia. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro.
LA DISCRETA EMPRESA QUE HIZO MILLONES 
Procesadora y Distribuidora Los Chaneques es un proveedor que se resiste a publicar los nombres de sus dueños y directores. Tampoco respondió a la solicitud de información de SinEmbargo para exponer sobre cómo alcanzó su expansión, sus estrategias y su historia empresarial en general. Al teléfono, varias veces la explicación fue que la empresa desea mantener un perfil bajo.
Pero su crecimiento no es nada discreto. Según su página web, en 2001 era una tienda de abarrotes. Diez años después fue fundada tal como es ahora. Un año después, el Partido Revolucionario Institucional triunfó en las elecciones presidenciales y para esta empresa llegaron los buenos tiempos. No sólo concursó con “box lunch” -su producto estelar-; sino con banquetes y otro tipo de bocadillos. Así, en sólo cinco años vendió 737 millones 103 mil 64 pesos.
En 2012, signó con las dependencias gubernamentales 236,987 pesos. Para 2016 se catapultó tanto que logró por un solo contrato con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 129 millones 810 mil pesos.
Entre sus clientes, según su propia página, están el Estado Mayor Presidencial, la SEP, la SRE, la SHCP, Liconsa, el Archivo General de la Nación, el IMSS, el SAT, el Tribunal Electoral, entre otras entidades del Gobierno.

Magistrados con cuentas millonarias están bajo sospecha

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Ciudad de México. A pesar de que entre 2012 y 2017 el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) detectó casos de irregularidades financieras en cuanto a los ingresos reportados por jueces y magistrados federales y que algunas investigaciones internas llegan a establecer que los impartidores de justicia han ingresado cantidades millonarias a sus cuentas, las sanciones que ese órgano del Poder Judicial ha impuesto concluyen en la gran mayoría con inhabilitaciones temporales.
Un recuento de los jueces y magistrados sancionados por irregularidades que van desde inconsistencias en su evolución patrimonial, probables conductas delictivas –como ocurrió en el caso deLos Porkys donde un juez concedió irregularmente protección de la justicia federal a un inculpado de cometer actos de pederastia–, así como situaciones de falta de profesionalismo, únicamente un caso es recordado en esos niveles como una situación que se llevó al ámbito penal, el del magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano, quien otorgó la libertad a Iván Archivaldo Guzmán Loera, hijo de El Chapo Guzmán, y se le imputó haber realizado transacciones financieras por más de tres millones de pesos que no correspondían con sus ingresos.
De acuerdo con el Listado de Servidores Públicos con Sanciones Administrativas Definitivas del CJF, en el periodo de 2012 a 2017 un total de mil 204 casos fueron sancionados con amonestaciones, inhabilitaciones o destituciones de los cargos; de estos, el número de jueces y magistrados que recibieron algún castigo se reporta en 122 casos.
Fuentes del CJF señalaron que dentro de este organismo, aunque esté encabezado por el presidente del Poder Judicial de la Federación, que es también el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), durante las deliberaciones de pleno no se toman decisiones de manera unilateral.
En todo momento se sancionó a quien se tenía elementos para hacerlo. No sé buscó ocultar ninguna conducta indebida sólo cambiando a alguien de juzgado o tribunal, y en todo ese lapso la decisión de sancionar o no fue una decisión colegiada y por tanto no hay forma de que sean discrecionales; es decir, las sanciones son acordadas por el presidente del CJF y los consejeros.
En ese contexto, explicaron los entrevistados, “los movimientos de jueces y magistrados se realizan por necesidades del servicio y son aprobados por el pleno.
Cuando se tiene dudas de la actuación de alguien, pero no se tiene ningún elemento probatorio, efectivamente se acuerda en el pleno cambiarlo en lo que se le investiga con sigilo, y esto se realiza así por precaución y prudencia, a fin de que no se vulnere la presunción de inocencia.
Sin embargo, tan sólo en 2012 los registros de la Judicatura refieren que un total de 179 servidores públicos relacionados con acciones de impartición de justicia, como lo es desde los secretarios y actuarios que tienen relación con notificaciones o integración de los expedientes, así como jueces y magistrados que dictan las resoluciones, tuvieron irregularidades en sus reportes de ingresos, sin que se llevara sus casos a instancias de tipo penal para conocer el origen de los recursos que presuntamente obtuvieron y que son excesivos a sus salarios e ingresos reportados oficialmente.

Escándalos de Luis Mendoza Acevedo