CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A poco más de un mes iniciará el proceso electoral federal rumbo a la Presidencia de la República, así como la lucha por el control de la Ciudad de México, pero no hay que esperar tantos días para darse cuenta que la campaña entre PRI, PRD y Morena ya arrancó en la capital del país.
Prueba de ello ha sido el operativo del pasado 20 de julio en la delegación Tláhuac, donde se abatió al jefe del cártel local, Felipe de Jesús Pérez Luna, “El Ojos”, junto con otros siete presuntos miembros de esa agrupación criminal
.Tláhuac es gobernada por Morena y, sobre el delegado, Rigoberto Salgado, se fueron los diputados locales durante su comparecencia de la semana pasada. PRD, PRI y PAN aprovecharon para cuestionarlo sobre su casa, de por lo menos tres pisos, “de dónde salió el dinero, si con lo que usted gana como delegado no le alcanzaría”, le preguntaron una y otra vez. Así como la inclusión en la nómina de la demarcación de algunos presuntos familiares de “El Ojos”.
El delegado se deslindó de cualquier relación con los involucrados y se dijo recto en su actuar. Sin embargo, PRI, PAN y PRD centraron sus ataques en Salgado Vázquez olvidando que el mandatario capitalino Miguel Ángel Mancera; el titular de la SSP local, Hiram Almeida, y el procurador Edmundo Garrido, son los encargados de la seguridad, y que éstos, en coordinación con el gobierno de Enrique Peña Nieto, deben atender el tema federal que es el narcotráfico.
La posición de los legisladores locales no pareció ser una defensa de la ciudadanía sino de hacer un uso político del tema. Olvidaron también que la propia Marina ha dicho acerca de que el cártel de Tláhuac tiene injerencia en las delegaciones de Iztapalapa, gobernada por el PRD; Milpa Alta por el PRI, además de Xochimilco, también de Morena. Pero de esto nada dijeron los diputados de oposición al partido presidido por Andrés Manuel López Obrador.
Menos aún se detuvieron en cuestionar por qué, un día después del operativo, el narcomenudeo en Ciudad Universitaria (CU) seguía sin alteraciones. Tampoco que ahora la disputa por el Cártel de Tláhuac lo pelean José Eduardo Zamora Jaimes, “El Cholo”, quien tiene el poder de las armas, y “El Chicano”, quien se encarga de las finanzas.
Menos aún que desde el día del operativo hay dos policías desaparecidos: una mujer de vialidad y un hombre del sector Zapotitla, aparte de que en Santa Úrsula Coapa cuatro personas fueron ejecutadas, aparentemente por integrantes del Cártel de Tláhuac, en una pizzería.
Al parecer, la Secretaría de Seguridad Pública local pretende ocultar estos eventos, así como otros, y de los que llegan datos a cuentagotas. Por ejemplo, que a las afueras del Agrupamiento de Fuerza de Tarea fueron arrojados varios cuerpos de presuntos policías, con signos de tortura y sus ojos fuera de las cavidades, firma clásica del cártel, dicen.
Tampoco se habló de los cuerpos embolsados que aparecieron el 29 de julio en la colonia Santo Domingo Coyoacán, en la esquina de Ayojalpa y Tejamanil, zona de influencia de “El Ojos”. De esto nada se cuestionó en la comparecencia. Todo se centró en un golpeteo que al final de la comparecencia el delegado por Morena calificó de “celada”.
Aquí no se libera de culpa al delegado ni se afirma que no tenga relación con el cártel, en lo que se hace hincapié es que pareciera que el tema es utilizado con fines electorales, y no para esclarecer cómo fue que se llegó a ese nivel de impunidad en una delegación, y que también puede estar ocurriendo lo mismo en las otras 15 demarcaciones, gobernadas por PRD, Morena, PRI y PAN.
Mancera, su procurador y el titular de la SSP local deberían estar explicando a sus distintas corporaciones el porqué los mensajes que Proceso difundió en sus últimos números, y que datan de 2015, apenas hoy los están conociendo algunos policías, debido a que se los están enviando vía teléfono, en una campaña que pareciera para generar miedo e inacción entre las diversas fuerzas de seguridad locales.
Seguramente algunos mandos de la SSP han sido amenazados por la gente de “El Ojos” y de otros cárteles, pues así ocurre en los municipios en que se asienta el crimen organizado. Y también es casi seguro que les han ofrecido dinero a cambio de que brinden protección y, en caso de no aceptar, amenazarlos o ejecutarlos.
Así ocurrió por lo menos desde julio de 2015, luego de que se realizó el desalojo del paraje de Tempiluli en San Pedro, Tláhuac. La versión que corre es que “El Ojos” utilizaba algunos predios como bodegas.
Cuando los policías del sector pretendieron hacer revisiones, fueron amenazados por gente armada bajo las órdenes de “El Ojos”. De todo esto, dicen, ya tenía conocimiento el jefe más temido y eficaz de Seguridad Pública, pero no se actuó.
Entonces, además del delegado de Tláhuac, ¿quiénes más tienen que dar explicaciones y por qué no se les ha llamado a comparecer por parte de los legisladores locales? ¿Acaso de lo que se trató la comparecencia de Rigoberto Salgado fue de una “celada”, pero electoral? Son preguntas, sólo eso.
