domingo, 23 de diciembre de 2012

Justicia divina - Hernández

Justicia divina

Wall Mart, depredación ...

Proceso Walmart de México: sobornos y escandalosos privilegios fiscales JESUSA CERVANTES

Ciudadanos Contra Walmart
Ciudadanos Contra Walmart (Photo credit: trianero2)
Proceso:

Walmart de México: sobornos y escandalosos privilegios fiscales
JESUSA CERVANTES
2012-12-22 19:08:59 · COMENTARIOS DESACTIVADOS
EDICION MEXICO
La firma trasnacional Walmart ha lucrado durante años al amparo de los resquicios legales en México, donde ahora cuenta con 2 mil 927 unidades comerciales y 263 sucursales bancarias. Aun cuando el corporativo se halla inmerso en el escándalo, sobre todo en los últimos meses a raíz de una serie de revelaciones de legisladores de Estados Unidos y del diario The New York Times en relación con pagos de sobornos y evasión de impuestos, sus directivos en México no se inmutan: saben que las autoridades federales y del Distrito Federal –a las que adeudan decenas de millones de pesos por la falta de pago del predial– no las obligan a cumplir con sus compromisos fiscales.



La voracidad de la trasnacional Walmart de México es ilimitada. Con el transcurrir del tiempo surgen nuevos elementos que prueban la forma en que la compañía se ha beneficiado económicamente a costa de las autoridades hacendarias, estatales, municipales e incluso del gobierno del Distrito Federal.

A los señalamientos lanzados por legisladores estadunidenses contra la empresa e investigaciones periodísticas como la del The New York Times se suma la evasión de millonarios pagos por impuesto predial en la Ciudad de México –en 2009 debía 24.1 millones de pesos–, así como el beneficio de diferir la liquidación de impuestos federales desde 2004, que van de 4 mil millones a 7 mil millones de pesos, aun cuando Walmart de México tuvo ganancias superiores a 200%.

El pasado 14 de agosto los legisladores demócratas Elijah Cummnigs y Henry Waxman revelaron que tenían documentos internos según los cuales la empresa pudo haber incurrido “no sólo en sobornos, sino también en conducta financiera cuestionable, incluyendo evasión fiscal y lavado de dinero”.

Además, mencionaron el presunto pago de sobornos para obtener permisos de construcción de manera ilegal.

Mediante una carta dirigida al presidente ejecutivo de Walmart, Michel Duke, Cummings y Waxman notificaron: “Hemos obtenido documentos internos de la compañía, incluidos reportes de auditorías internas (y) de otras fuentes, sugiriendo que Walmart de México podría haber tenido problemas… no sólo de sobornos, sino también de ‘conducta financiera cuestionable’, incluyendo evasión fiscal y lavado de dinero”.

Al siguiente día, la firma respondió con un comunicado: “Con relación a ciertos reportajes que han aparecido en Estados Unidos que sugieren que Walmex pudo haber estado involucrada en actividades de lavado de dinero y evasión fiscal, Walmart de México y Centroamérica declara que no tiene conocimiento de que esté siendo investigada por autoridades mexicanas al respecto…

“Si se iniciara una investigación sobre esta materia y Walmex fuera notificada, cooperará con las autoridades, y en la medida en que lo permita la legislación vigente habrá de dar a conocer públicamente dichos hechos”.

Cuatro meses después –el pasado lunes 17– The New York Times documentó sobornos por parte de los directivos de la empresa para conseguir permisos, licencias de construcción, así como dictámenes ambientales, de impacto urbano y vial.

A partir de documentos confidenciales de Walmart, el diario neoyorquino identificó 19 tiendas distribuidas en territorio mexicano en las que los ejecutivos habían recurrido al soborno, entre ellas un Sam’s Club cercano a la Basílica de Guadalupe y un Centro de Distribución de Refrigerado al norte del Distrito Federal.

El rotativo relató la forma en que personal de la empresa aprobó pagos por al menos 221 mil dólares para modificar el uso de suelo en la zona de Teotihuacán, Estado de México, con el propósito de obtener la licencia para la construcción de otra sucursal.

La compañía emitió un comunicado el mismo lunes 17, en  el que sostiene que sus ejecutivos están investigando el caso de Teotihuacán: “El proceso de apertura de la tienda en San Juan Teotihuacán al que hace referencia el artículo de The New York Times forma parte de la investigación que Wal-Mart Stores, Inc., está realizando con abogados y peritos independientes desde finales de 2011”.

Lo anterior significa que la información manejada por el diario estadunidense fue filtrada desde hace un año.

La empresa siempre ha tenido como prioridad colaborar en las investigaciones “con este fin –añade el comunicado–. Mientras las investigaciones sigan su curso, la empresa no hará comentarios sobre alegatos o acusaciones en específico”.

Y aun cuando los directivos de Walmart aseguran que iniciaron una investigación interna desde 2011 y que existe una denuncia en el Congreso estadunidense desde agosto de 2012, en México no hay ninguna indagatoria relacionada con el caso de Teotihuacán.

El diputado federal perredista Domitilo Posadas Hernández dice a Proceso que conseguirá la firma de 60 legisladores del Estado de México para presentar un punto de acuerdo en la Comisión Permanente para que las autoridades inicien una investigación al respecto.

Se queja también porque, dice, tan sólo la semana pasada el cabildo de Toluca autorizó la apertura de 40 tiendas Oxxo y cinco gasolinerías, y porque aún no se tiene información acerca de cuál será el impacto ambiental de ello.



Una clave: diferir impuestos



Este año Walmart de México –que en 1991 se asoció con las empresas de Manuel Arias y logró la apertura del primer Sam’s Club en México– contaba ya con 2 mil 927 unidades comerciales, que incluyen 263 bancos, según reportes de la Bolsa Mexicana de Valores.

La clave de su crecimiento está sobre todo en la habilidad de sus ejecutivos para diferir el pago de impuestos federales y locales, así como en reportar miles de millones como “gastos generales”, que al final resta de sus utilidades. Así, a la hora de pagar sus impuestos a nivel federal lo hace sobre cantidades mínimas, según explica Marco Fuentes Franco, miembro del Centro de Estudios del Sector Bancario.

Por ejemplo, indica, de acuerdo con el reporte de Walmart al segundo trimestre de 2012, los ejecutivos detallaron como “datos relevantes” ventas netas por 97 mil millones de pesos, de los cuales 76 mil millones fueron su costo de venta, por lo que se quedaron con una utilidad bruta de 21 mil millones.

“Sin embargo –insiste Fuentes Franco–, y aquí está la clave, la empresa reporta un gasto de 15 mil millones en un rubro que llama ‘gastos generales’. Esa suma se la restan a los 21 mil millones de utilidad, restando sólo 6 mil millones de pesos. Y es con base en esta última cantidad sobre la que pagan los impuestos a la federación.”

Esos “gastos generales” son escandalosos, pues equivalen a 20% de los costos de venta, dice el analista, quien considera exagerados dichos montos porque, explica, en esos rubros entra la renta, aunque los locales son propios.

“Esos 15 mil millones de pesos no pueden ser ni el sueldo de los trabajadores ni los gastos de operación ni el pago de renta. Entonces, podría ser que esos gastos generales sean una forma de evadir impuestos. Corresponde a la Secretaría de Hacienda exigir una explicación para saber a qué corresponden”, señala.

Pero eso no es todo. El consorcio Walmart de México ha recurrido desde 2004 a un beneficio fiscal federal, según el cual una compañía que tiene  varias filiales u otras empresas “consolida” impuestos y hace sólo un pago.

En este caso, Walmart –que posee 2 mil 927 unidades comerciales, entre ellas Bodega Aurrerá, Walmart Supercenter, Aurrerá, Sam’s Club, Superama, Suburbia y los restaurantes Vip’s, El Portón y Ragazzi– hace una “consolidación fiscal” y paga impuestos de un solo golpe, por lo que no declara por cada una de las tiendas.

Aparte está Banco Walmart, con 263 sucursales, que funciona desde 2007.

Según datos del consorcio reportados a la BMV, desde 2004 Walmart ha venido difiriendo el pago de impuestos. Y es que cuando una firma tiene varias sucursales y las agrupa en una sola, el gobierno le otorga facilidades para que pague sus impuestos “a plazos”.

En septiembre de 2009, cuando el paquete fiscal para 2010 llegó a la Cámara de Diputados, el diputado federal priista Sebastián Lerdo de Tejada, quien hoy está al frente del ISSSTE, y el entonces titular de Hacienda, José Antonio Meade, la llamada consolidación fiscal le estaba generando pérdidas por 500 mil millones de pesos al gobierno federal.

Si se toma como base esa suma –500 mil millones de pesos–, Walmart ha diferido el pago de impuestos desde 2004. De acuerdo con los reportes presentados por sus directivos a la BMV, este 2012 tuvo ventas por 145 mil millones de pesos, pero sólo entregó al fisco 2 mil 500 millones y pospuso el pago de 5 mil millones de pesos.

En 2005, cuando sus ventas fueron por 165 mil millones de pesos, pagó sólo 3 mil 900 millones y dejó de pagar 4 mil 400 millones; en 2006 Walmart se embolsó 206 mil millones, liquidó 5 mil millones en impuestos y difirió la entrega de 6 mil millones; en 2007 sus ganancias fueron de 224 mil millones, pagó 6 mil millones de impuestos y quedó a deber 5 mil millones; en 2008 las ventas fueron de 244 mil millones, entregó 5 mil millones y dejó de pagar 5 mil 500 millones.

En 2009, las ganancias de Walmart de México se elevaron a 270 mil millones de pesos, la empresa pagó 6 mil millones a Hacienda y quedó a deber 5 mil 500 millones; en 2010 sus ventas fueron de 336 mil millones, pagó 8 mil millones en impuestos y dejó de pagar 7 mil millones, y en 2011 sus ventas ascendieron a 381 mil millones, pagó impuestos por 8 mil millones y difirió el pago de otros 8 mil millones.



Puras ganancias



De 2004 a la fecha las ganancias de Walmart son superiores en 200% a los impuestos que ha dejado de pagar al gobierno federal.

Los legisladores del PRI, quienes en la anterior legislatura dijeron que revisarían los llamados “regímenes especiales” –entre éstos la “consolidación fiscal”– para evitar que el gobierno federal dejara de percibir 500 mil millones de pesos, como sucedió en 2010, no presentaron ninguna fórmula para acabar con el privilegio de los grandes empresarios en el reciente paquete fiscal para 2013 recientemente aprobado en la Cámara de Diputados.

Un dato más: según cifras del Distrito Federal, se estima una recaudación por impuesto predial de 7 mil millones de pesos al año, mientras que en 2011 Walmart dejó de pagar impuestos federales por una cantidad mayor: 8 mil millones.

Y aunque la empresa creció durante los dos sexenios panistas, fue a partir de 2004 cuando empezó a repuntar; incluso obtuvo su licencia en 2006 para operar como banco, esquema que inició operaciones en 2007. Por lo que atañe al gobierno del Distrito Federal, la firma trasnacional ha obtenido grandes beneficios.

Según datos de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal correspondientes a diciembre de 2010, cuatro empresas Walmart –dos de ellas ubicadas en la delegación Venustiano Carranza, una en Coyoacán y otra en Benito Juárez– debían el impuesto predial de 2005 a 2009.

Por ese concepto, en el periodo 2006-2009 Walmart aeropuerto dejó de pagar 9 millones 856 mil pesos; Walmart Balbuena debía 4 millones 24 mil; Walmart Miramontes, 8 millones 617 mil, del cuarto bimestre de 2006 al quinto bimestre de 2009. Finalmente Walmart Universidad tenía un adeudo de 9 millones 702 mil pesos del segundo bimestre de 2006 al quinto bimestre de 2009.

Es decir, el gobierno del Distrito Federal le perdonó una deuda de 24 millones 199 mil pesos entre 2005 y 2009.

El 8 de diciembre de 2010, Mario Fuentes Franco, miembro del Centro de Estudios del Sector Bancario, entregó al entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, una carta en la que le reclamaba por el millonario adeudo de Walmart.

En entrevista con Proceso, Fuentes Franco sostiene que en 2011 los adeudos de Walmart fueron modificados por la Secretaría de Finanzas. “Nunca supimos por qué le disminuyeron la millonaria deuda”, dice.

Hoy, agrega, al entrar a la página de la secretaría “uno se da cuenta que los adeudos de esa empresa están en cero; no sabemos si se los condonaron o ya pagó”.

Fuentes Franco señala que una de las herramientas a las que recurren con frecuencia Walmart y otros consorcios es el diferimiento del pago de impuestos. Sin embargo, comenta, Walmart no para ahí; también tiene licencia para el Banco Walmart.

En este caso, explica el entrevistado, según el informe financiero de ese banco al cuarto trimestre de 2011 se puede uno dar cuenta de que “difieren un porcentaje mayor en pago de impuestos que lo que deben pagar a Hacienda en impuestos”.

Y detalla: “El reporte dice que tuvieron ingresos por 264 millones de pesos, pero declaran como ‘estimación preventiva para riesgos crediticios’ sólo 239 millones; además, 70 millones son gastos por intereses”.

Banco Walmart, dice Fuentes Franco, suma los 70 millones y los 239 millones, lo que implica una pérdida de 309 millones. Sin embargo, los 239 millones no deben quedar registrados como pérdida, pues sólo es un fondo por si ocurre alguna catástrofe financiera o si el deudor no paga. Pero ese es dinero que el banco tiene.

Al final, lo que hacen es restar los 264 millones de sus ganancias a los 309 millones de pérdidas. Así, en ese trimestre de 2011 tuvieron una pérdida de 45 millones.

“Por lo tanto –dice–, no pagan impuestos sobre 264 millones de pesos que tuvieron de ingreso. Con eso evaden al fisco. Y eso deberán investigarlo las autoridades hacendarias; no sólo los sobornos”.


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Vandalismo anti Juárez ¿ Provocación derechista ?

La toma de posesión de Enrique Peña Nieto desató valientes protestas de diferentes sectores sociales, pero junto a éstas hubo actos de vandalismo que pudieron haber sido fraguados por la extrema derecha, que a su vez es brazo político del clero.
 
Me refiero específicamente a los ataques contra el Hemiciclo a Juárez, la figura más odiada por el clero en la historia de México, pues sólo las huestes derechistas católicas tienen el interés de atentar contra la memoria del Benemérito. El pueblo de México respeta, por el contrario, la gesta histórica de Juárez.
 
De orígenes humildes y de raza indígena, Juárez llegó a ser no sólo presidente de México, sino el más grande héroe de nuestra historia, luego de haber tenido el valor y la energía para enfrentarse a fuerzas tan poderosas, como el clero católico y como el ejército imperial de Napoleón III. Su lucha abrió espacios de libertad por encima de las imposiciones religiosas y libró a nuestra nación del dominio extranjero.
 
En los últimos años, el Hemiciclo ha sido centro de reunión de movimientos defensores del Estado laico y de los derechos de las minorías. Fue, además, importante centro de reunión del movimiento contra el fraude electoral en 2006.
 

El inconfundible estilo de Calderón

 
Los hechos de vandalismo contra el monumento al Benemérito lucen el inconfundible estilo de burda provocación que caracterizó el sexenio del hoy expresidente Felipe Calderón, mandatario espurio, católico y derechista.
 
No es creíble que de manera espontánea un grupo de jóvenes autodenominados “anarquistas” salgan a la calle a cometer destrozos con el pretexto de protestar contra el retorno del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y se ensañen precisamente con lugares como el Hemiciclo a Juárez y el Museo Memoria y Tolerancia, y hagan objeto de su barbarie a las obras de restauración llevadas a cabo por el gobierno de la Ciudad de México en la Alameda Central.
 
No es probable que hayan sido espontáneas esas muestras de barbarie, pues tienen un contenido ideológico muy claro, al expresar, no la justificada desconfianza de muchos hacia Peña Nieto y hacia el PRI, sino la rabia de la ultraderecha por lo que para ella puede significar el cambio de gobierno.
En la visión histórica de la extrema derecha, el retorno del PRI significa el de Juárez, en la lucha todavía vigente entre liberales y conservadores, en detrimento de la hegemonía plenamente católica y conservadora que durante 6 años encabezó Calderón.
 
En realidad, los priístas de hoy en día no son buenos herederos del Benemérito de las Américas, pues están dispuestos a ceder frente al clero, pero de todos modos, el partido favorito de la jerarquía católica será siempre Acción Nacional, que es su propio partido, su brazo político, que le es fiel de manera incondicional y no con el pragmatismo que caracteriza a políticos del tricolor.
 
Si esas protestas hubiesen sido genuinas sería incomprensible que se centraran además en otro de los entes odiados por la ultraderecha: el gobierno de la Ciudad de México, el mismo que despenalizó el aborto y que por sus políticas sociales ha gozado del apoyo de la población.
 
A Calderón ese vandalismo que mediante un burdo engaño trató de disfrazarse de “anarquista” le resulta, por si fuera poco, muy oportuno, pues desvía la atención del tema obligado de lo sanguinario y desastroso que fue su gobierno.
 
Quienes acudieron a dañar el Hemiciclo y la Alameda sirvieron como instrumento para expresar las fobias derechistas: contra Juárez y contra el gobierno de la Ciudad.
 

Los ataques contra Juárez

 
En la historia de la Ciudad y del país, la derecha ha agraviado en varias ocasiones la memoria de Juárez. En 1946, la Unión Nacional Sinarquista promovió el partido Fuerza Popular, que el 19 de diciembre de 1948 organizó un acto público donde uno de sus militantes encapuchó la escultura de Juárez en el Hemiciclo, por lo que ese partido perdió su registro.
 
Dicho acto fue el corolario del X Congreso de Jerarquía del Movimiento Sinarquista, que desde días antes se reunía en la Ciudad de México y que decidió despedir a los delegados en un acto público en el Hemiciclo.
 
Según la crónica publicada por El Universal, el 21 de diciembre de 1948: los oradores criticaron a funcionarios del gobierno, lo mismo que a figuras históricas como Hidalgo y Juárez, al calificarlos “con virulencia y falta de respeto”.
 
El mitin, que empezó ese domingo al mediodía, terminó a las 4 de la tarde, y en ese momento “uno de los más exaltados sinarquistas… trepó con rara habilidad hasta la estatua del Benemérito Benito Juárez y le cubrió el rostro con un capuchón negro mientras lanzaba estentóreos gritos y decía que aquel acto era simbólico, porque con el capuchón sobre la cabeza de Juárez quedaba cubierta una de las etapas de ignominia y desvergüenza de la historia patria”.
La historia oficial del sinarquismo sigue glorificando el episodio antijuarista, acerca del cual Jesús Guisa y Acevedo escribió en Orden: “el indio T representa un México que no es México… es un supertraidor… representa el odio a la Iglesia, el reino de la masonería, la ideología del progreso…” (Historia gráfica del sinarquismo, tomo 2, página 73).
 
Años después, el odio clerical contra Juárez se expresó en un raro acontecimiento que tuvo lugar nada menos que en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México.
 
El 21 de marzo de 1997, aniversario del natalicio de Benito Juárez, en el asta de la Catedral, la bandera amaneció colocada a media asta y al revés (La Jornada, 22 de marzo de 1997).
 
En aquel tiempo la Dirección de Gobierno de la Secretaría de Gobernación informó que abriría un expediente para investigar si la Iglesia Católica había violado la ley con ese hecho, pero al parecer el asunto no pasó a mayores.
 
Hay que recordar que al llegar al poder, Vicente Fox mandó retirar el retrato de Juárez de su despacho en Palacio Nacional, mientras que, desde la Secretaría de Gobernación, Carlos Abascal se afanó en borrar de la memoria popular el recuerdo de Juárez y de otros héroes de la historia, al modificar el calendario cívico para otorgar días de descanso sin contenido histórico.
 
Los recientes ataques contra el monumento a Juárez pueden entenderse como una advertencia de que la ultraderecha es poderosa y aunque ya no ocupe la Presidencia uno de sus hombres, sigue contando con el apoyo de muchos empresarios y medios de comunicación y con la capacidad de organizar provocaciones y grupos de choque.
 
 *Maestro en filosofía; especialista en estudios acerca de la derecha política en México
 
 
Fuente: Contralínea 315 / diciembre 2012

Parásitos panistas temblando


A temblar, la “alta burocracia”

16. diciembre, 2012 Miguel Badillo * Oficio de Papel
 
Como ocurre cada sexenio, la llamada “alta burocracia” será renovada en su totalidad. Sobre todo ahora porque el cambio de gobierno implica la alternancia con un partido distinto en el poder. De tal manera que los panistas no sólo quedarán desempleados, sino que por primera vez serán sometidos a una verdadera rendición de cuentas ante órganos de control y justicia manejados por priístas.
 
Despachos de abogados ya se frotan las manos por los jugosos contratos que cobrarán a exburócratas que serán llevados a juicio por sus pésimas administraciones y el consabido delito de peculado (desvío de recursos públicos). Despachos de contadores y administradores también son buscados para ordenar cuentas públicas mal hechas y corregir números que exhiben a servidores públicos en desgracia.
 
A esa “alta burocracia” del gobierno federal le llegó la hora de rendir cuentas y de separarse del cargo para permitir que el equipo priísta de Enrique Peña Nieto asuma la responsabilidad. Los cambios de funcionarios iniciaron desde el 1 de diciembre, con la llegada del nuevo mandatario, pero son tantos los nombramientos en la burocracia que éstos continuarán aún entre enero y junio del próximo año. Por lo pronto, miles de empleados federales también quedarán desempleados.
 
De acuerdo con la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, las causas de separación del servicio público sólo pueden ocurrir por renuncia, defunción, sentencia que implique privación de la libertad, incumplimiento de las obligaciones que la ley le asigna, por hacerse acreedor a sanciones establecidas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos que impliquen separación del servicio o reincidencia, por no aprobar en dos ocasiones la capacitación obligatoria o su segunda evaluación de desempeño y, finalmente, cuando el resultado de su evaluación de desempeño sea deficiente, por lo que no contempla la separación por cambios administrativos. Hasta aquí estarían amparados los trabajadores contratados por el servicio profesional de carrera.
 
Esto aplica para directores generales, generales adjuntos, de área, subdirectores, jefes de departamento y enlaces; pero no para quienes están fuera del servicio profesional de carrera, los de la “alta burocracia”, como son los jefes de unidad, subsecretarios, secretarios y personal de gabinete de apoyo y de libre designación.
 
Sin embargo, como parte de las reformas estructurales propuestas por Enrique Peña Nieto, hace varias semanas el Senado de la República aprobó en las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos una reforma que modifica dicho servicio profesional de carrera, mediante la cual el actual gobierno podrá despedir a poco más de 4 mil funcionarios que ocupan cargos de director general y director adjunto.
 
De acuerdo con esta ley, se garantiza la estabilidad y permanencia de los servidores públicos en sus puestos y, en caso de ser despedidos injustificadamente, tendrían que ser indemnizados en términos de ley, así como los aspirantes al servicio público federal deberán concursar las plazas vacantes para ingresar a la administración pública federal, para lo cual deben cubrir los perfiles y participar en los concursos, tal y como lo estipula la ley.
 
Si los priístas pretenden solicitar renuncias “voluntarias”, deberán cubrir la indemnización respectiva, con sus consecuentes demandas, lo que ocasionaría, por un lado, el congelamiento de plazas en proceso de demanda y, por el otro, una gran erogación de recursos por concepto de liquidaciones, lo cual seguramente no se ha contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013.
 
En tanto no se modifique o elimine la Ley del Servicio Profesional de Carrera, su continuidad es permanente y el nuevo gobierno habría “recuperado” sólo 4 mil plazas de mandos medios, lo que implica una combinación de empleados militantes del Partido Acción Nacional, de la administración anterior, y los del “nuevo” Partido Revolucionario Institucional. Esto pronostica una guerra interna por el control de la información.
 
A pesar de estos inconvenientes, la “alta burocracia” espera no ver afectada la operación del nuevo gobierno federal; aunque seguramente esta transición será diferente y, por primera vez, se probará si funciona o no la Ley del Servicio Profesional de Carrera.
 
¿Cómo funciona el Servicio Profesional de Carrera? Las plazas vacantes en el gobierno federal se convocan públicamente (se registran en promedio 300 aspirantes por plaza) y su evaluación consiste en aprobar entre cuatro o seis exámenes; una revisión del currículum vitae y los méritos académicos y profesionales; después, un comité de selección realiza las entrevistas con los interesados en pertenecer a la burocracia y se determina al ganador de dicha plaza. Al resultar seleccionado, recibe un nombramiento de servidor público de carrera y, teóricamente, nunca más perderá la plaza, salvo las excepciones explicadas.
 
*Periodista
 
 
Fuente: Contralínea 315 / diciembre 2012

¿Y dónde está la oposición?

José Agustín Ortiz Pinchetti
Creo que vivimos un (breve) regreso a la partidocracia que precede la inevitable emergencia de una oposición verdadera. El desplome financiero de 1995 obligó a Zedillo a autorizar la alternancia. Muchos ingenuos creímos que en México tendríamos una transición de terciopelo a la democracia. Pero el debilitamiento del Estado nacional a favor de una estrecha oligarquía (proyecto de Salinas) puso límites insalvables al proyecto democrático. Fox frustró una nueva alternancia hacia la izquierda. No era, ni es verdad, que AMLO representara un proyecto chavista o populista. La razón fue que el tabasqueño era insobornable y sus reformas modernizadoras, muy moderadas, no eran compatibles con las duras predilecciones de los grupos de interés.
No creo que Peña quiera restaurar el poder del Estado o establecer una economía de mercado sana o una democracia verdadera. Intentará consagrar los privilegios, las ventajas y corruptelas del sistema oligárquico sustentado en el poder de los monopolios, la concentración de recursos y oportunidades, la eliminación de la competencia, la alianza con los grandes consorcios extranjeros y el manejo de instituciones y partidos por un grupo de potentados. La propuesta de Peña, en particular el Pacto por México, para un liberal como yo, son un infundio. Carece de marco presupuestal, de consenso con la sociedad, de madurez política. No se trata de una reforma profunda y seria. Es políticamente imposible que Peña desafíe a los poderes fácticos que lo encumbraron. Puede intentar quebrar a Elba Esther Gordillo para ganar legitimidad, pero no podrá ir contra quienes le dieron el dinero suficiente para comprar la elección.
Una multitud de organizaciones y líderes de opinión están dando su apoyo entusiasta a Peña. Los partidos de oposición parecen querer sumarse al proyecto del mexiquense. Niegan la existencia misma del sistema democrático, que es la contradicción. En lugar de distinguirse y ofrecer opciones quieren diluirse en un consenso optimista. Comprendo que el PAN lo haga, arrastrado por el desaliento. Lo difícil de entender es que el PRD estreche su cercanía con Peña y tome distancia de AMLO, a quien debe casi todos los millones de votos, las curules y gubernaturas que hoy disfruta. La explicación: la nostalgia por la partidocracia: la hegemonía del PRI-gobierno, que mandaba mientras ellos recababan parcelas mucho menores de las que una oposición fuerte, segura de sí misma, pudiera lograr.
Es evidente que el PRI no quiere transformarse y Peña no puede cumplir los 95 compromisos con que ha embriagado temporalmente a la opinión pública. Cuando pase la resaca, los actores políticos mostrarán su estatura y habrá campo para una oposición verdadera.

Escuelas, indefensas ante alarmante aumento del hampa, admite la SEP

Por su propia naturaleza, carece de recursos humanos y económicos para protegerlas
El programa de planteles seguros sólo contribuye a la cohesión social, informa a diputados
Foto
Revisión en una secundaria del Distrito Federal para prevenir la introducción de armasFoto La Jornada
Roberto Garduño
 
Periódico La Jornada
Domingo 23 de diciembre de 2012, p. 5
La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó a la Cámara de Diputados que pese al alarmante índice de criminalidad, no le es posible destinar recursos humanos o económicos para proteger de la delincuencia organizada a los alumnos.
La SEP, por conducto de la unidad de enlace de la Secretaría de Gobernación, informó a la mesa directiva del órgano legislativo que el Programa Nacional Escuela Segura sólo contribuye a la cohesión e integración social de las comunidades, pero no es posible desplegar elementos para proveer de seguridad cada plantel.
La Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo exhortando al Ejecutivo federal a realizar acciones coordinadas para garantizar la seguridad e integridad de las comunidades escolares amenazadas por el crimen organizado.
El órgano legislativo advirtió en el documento que México ha vivido un aumento alarmante en los índices de criminalidad, que en el último año se ha reflejado en extorsiones a profesores y autoridades educativas, ocasionando manifestaciones de las comunidades escolares para exigir a los gobiernos federal y estatales garantías y condiciones suficientes de seguridad.
Los diputados argumentaron en noviembre pasado que se han disparado los enfrentamientos entre delincuentes cerca de los planteles, y que las instituciones educativas, así como maestros y directivos, se han vuelto blanco del crimen organizado.
En respuesta, la SEP y la Secretaría de Seguridad Pública federal, por conducto de Gobernación, respondieron que “no se advierte atribución otorgada a la Secretaría de Educación Pública en materia de seguridad o combate al crimen organizado.
Si bien las escuelas se han convertido en un objetivo más de la delincuencia organizada, también es cierto que la SEP, por su propia naturaleza, no posee recursos humanos, económicos e infraestructura normativa que permita el combate al crimen organizado, (para lograr) mayor seguridad de los planteles educativos a su cargo, sus directivos y alumnos, mismos que se restringirían a los del Distrito Federal.
La respuesta también refiere que la facultad para la operación de la educación básica, su planeación y administración fue transferida a partir de 1992 a cada entidad federativa con la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica.
Por tanto, Gobernación responde a los diputados que aplaude y reconoce el esfuerzo que el órgano legislativo federal ha realizado desde su ámbito de competencia para atender los problemas que aquejan en nuestro país, por lo que manifiesta su mayor disposición para coordinarse, coadyuvar y participar de todas las acciones que tiendan a la disminución del crimen organizado y propongan, generen, coordinen y operen, para sumarse a dicho esfuerzo.
Dicha postura se sustenta en el artículo 30 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, donde se señala que la Secretaría de Seguridad Pública tiene, entre otras facultades, la de desarrollar políticas para prevenir de manera eficaz la comisión de delitos.
A decir del gobierno federal, está en el ámbito y la competencia de la Secretaría de Educación Pública realizar acciones que fortalezcan la seguridad de los planteles educativos, como la ejecución del Programa Nacional Escuela Segura.
Esa acción apunta a que la escuela contribuya a la cohesión y la integración social de las comunidades escolares, mediante el desarrollo de la cultura de paz.
Dicha cultura de paz constituye un criterio que orienta el desarrollo de las competencias ciudadanas y es congruente con los criterios establecidos en la Ley General de Educación, en el sentido de que ésta debe contribuir a la convivencia pacífica.
De esa forma, insiste la SEP en su respuesta dirigida a la Cámara de Diputados por conducto de Gobernación, el Programa Nacional Escuela Segura forma parte, desde julio de 2007, de la estrategia nacional de seguridad Limpiemos México.
Dicha estrategia establece la colaboración entre instituciones, de forma prioritaria la Secretaría de Seguridad Pública y su programa Comunidades Seguras, la de Salud con el programa Salud Sólo sin Drogas y la de Desarrollo Social con el programa Rescate de Espacios Públicos.

Escándalos de Luis Mendoza Acevedo