jueves, 20 de octubre de 2016
Políticos confabulan contra Morena en casa de Claudio X. González: AMLO
Claudio X González, presidente de Mexicanos Primero. Foto: Benjamin Flores
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un grupo de políticos, entre los que están Carlos Salinas, Felipe Calderón y Miguel Ángel Osorio Chong, se reúnen en casa del empresario Claudio X. González para buscar la manera de detener el avance de partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), aseguró Andrés Manuel López Obrador.
Durante su visita a Ciudad Juárez, Chihuahua, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena aseguró que las reuniones se realizan “en lo oscurito” en la casa del fundador de Mexicanos contra la Corrupción y Mexicanos Primero, quien, dijo, se hace pasar como empresario.
López Obrador dijo que esas juntas se desprenden del temor que tienen de perder sus privilegios, pues se han dado cuenta, mediante las encuestas que se realizan a nivel nacional, que el partido que representa está en primer lugar en las preferencias del electorado.
“Eso los trae muy nerviosos, me estoy dando cuenta además de la información de esas reuniones clandestinas, en lo oscurito, con sus achichincles que tienen de voceros en los medios de información, toda la campaña, ahora para decir que soy como Trump, imagínense, hoy les puse en el twitter como dicen los jóvenes: no manchen, váyanse al carajo”, expresó.
En su cuenta de Twitter López Obrador escribió: “Salinas apoyó a Bush en campaña y Calderón a McCain, ahora juntos con Claudio X. y sus achichincles, dicen que soy como Trump. No manchen”.
Por otra parte indicó que Ciudad Juárez ve que crece la simpatía hacia Morena y que se siguen conformando comités electorales en Chihuahua y todo el país para llegar al 2018 con un total de 65 mil.
Los integrantes de los comités pueden sostener una reunión cada semana o cada quince días para ponerse de acuerdo, luego se dedicarán a repartir el periódico Regeneración, mensualmente y casa por casa, “y evitar que la mafia del poder siga administrando la ignorancia en México”.
“Cómo va a decir que uno es de izquierda, si no hace uno nada, si no lucha uno en pos del prójimo, tenemos que demostrar en la práctica, en los hechos que somos de izquierda”, sostuvo al insistir que ser de izquierda es ser honesto.
Movimientos sociales, “amenaza” para el Estado: Cisen
Maestros, defensores de derechos humanos y del medio ambiente, sindicatos, campesinos, opositores a megaproyectos, normalistas… “atentan” contra la seguridad nacional, según la Agenda Nacional de Riesgos. Por ello, son víctimas de represión, acoso, espionaje, encarcelamiento y muerte
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el Frente Amplio Social (FAS), el Frente Popular Revolucionario (FPR), el Movimiento de Liberación Nacional (MLN), la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre (UPVA) y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) son considerados por el Estado mexicano como un riesgo para la seguridad nacional. Así lo revela la Agenda Nacional de Riesgos –elaborada por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y reservada por 12 años–, con copia en poder deContralínea.
El saldo para todos y cada uno de estos movimientos –así como los opositores a la minería o a los proyectos de infraestructura; también para los que se encuentran en defensa del territorio y medio ambiente y las policías comunitarias– ha sido ser víctimas de represión, espionaje, acoso, abuso de poder, congelamiento de cuentas, detenciones, judicialización y criminalización de la protesta social, encarcelamiento, desaparición, asesinato.
En la Agenda Nacional de Riesgos (ANR), uno de los documentos clasificados como confidenciales por el aparato de inteligencia del país, focaliza a los movimientos sociales como opositores a los cambios hechos a la Constitución, a través de las llamadas “reformas estructurales”, llevadas a cabo en los últimos años.
La versión de este análisis, para el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto, reconoce que las reformas educativa y laboral son de los ejes principales que han movilizado al país. Focaliza los movimientos desde 1999, con la toma de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por los estudiantes que se opusieron al cobro de cuotas en la universidad pública más importante del país.
En 2013, el capítulo “Ingobernabilidad por movimientos sociales” se encontraba en el escaño sexto de la lista de temas revisados por el Cisen –bajo la dirección de Eugenio Ímaz Gispert–; sin embargo, el acceso a los escalafones de la Agenda de 2015 permite observar que la movilización social se ha convertido en el segundo tema de importancia para el gobierno de Peña Nieto, sólo por debajo de la “delincuencia organizada”.
Martín Esparza Flores, secretario general del SME, dice en entrevista que el acoso en contra de los movimientos sociales es “histórico, hay antecedentes en el país de la forma en cómo buscan acabar con un movimiento: primero, se meten, lo dividen, criminalizan y cuando ven el momento ocupan la fuerza del Estado. Recientemente vimos Nochixtlán, vimos la desaparición de los 43 normalistas, mineros asesinados, electricistas golpeados; ¿cuántos dirigentes sociales indígenas en la cárcel o asesinados?”
Riesgo para la seguridad nacional, “así nos han catalogado”, dice el líder de los electricistas, quien asegura que hay un seguimiento permanente del Cisen contra todos los dirigentes, los movimientos y organizaciones sociales.
Esparza Flores expone: “En nuestro caso, hay un expediente grandísimo del Cisen, nos tienen identificados como un riesgo para la seguridad nacional de este país. Cada que se detenía a un compañero [después del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, en 2009], las primeras fotos que le pasaban en la cárcel era mía o de los otros compañeros del Comité; incluso, buscaban que los trabajadores dijeran que habíamos sido nosotros que los mandábamos a una movilización. Lo hacían para poder escalar en las averiguaciones contra del Comité Central del sindicato. A algunos les ofrecían trabajo en CFE [Comisión Federal de Electricidad], casas, bienestar para sus familias, con tal y que declararan en contra. Afortunadamente, los trabajadores muy conscientes decían categóricamente: no somos delincuentes, nos estamos manifestando y es un derecho que tenemos para exigir que nos regresen nuestro trabajo”.
El diagnóstico
Con un nivel de riesgo medio (3.6), el capítulo “Ingobernabilidad por movilizaciones” diagnostica de manera general que “existen organizaciones que adoptan tácticas de presión y motivaciones opuestas al interés colectivo con capacidad de reducir los márgenes de gobernabilidad en zonas específicas.
“El comportamiento de algunas de ellas busca generar crisis recurrentes de gobernabilidad.”
El documento de inteligencia hace una división en el tipo de “organizaciones sociales que alteran deliberadamente el orden social”. Las primeras, aquellas –según el documento– que tienen “oposición a políticas públicas que eliminan privilegios a grupos de interés, obtenidos mediante la presión política y social (reforma Laboral y Educativa)” (sic).
Víctor Manuel Zavala Hurtado, secretario general de la sección XVII de la CNTE, hace una evaluación de lo que ha ocurrido en el sector educativo desde 2012: “ha habido un sin número de compañeros detenidos de la disidencia magisterial, manifestaciones que han llegado a la muerte en Chiapas y Oaxaca (Nochixtlán).
Además, suma el conflicto “histórico” de las normales rurales [cada año, los alumnos de estas escuelas salen a las calles en reclamo de mayor presupuesto y mejoría en los espacios que ocupan y la ampliación de la matrícula] y la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.
“Por defender la educación pública, 64 luchadores sociales han estado en la cárcel. México ya vive una condición difícil; demandamos que el gobierno federal cese la represión, que se busque una solución distinta a la agresión y se deje de golpear al movimiento social para que se pueda ver cómo se resuelve el conflicto”, comenta Zavala Hurtado.
Desde el 15 de mayo pasado, el magisterio adherido a la CNTE se encuentra en paro de labores a nivel nacional. Líderes de la disidencia magisterial, como Rubén Núñez Ginez, secretario General de la Sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) –principal bastión de la CNTE–; Francisco Villalobos, de Organización; Aciel Sibaja, de Finanzas y Heriberto Margarito López, representante regional del Istmo de Tehuantepec, fueron llevados al Centro de Readaptación Social (Cefereso) de Hermosillo, Sonora, y luego trasladados a Cefereso de Mengolí, en Miahuatlán, Oaxaca. Entre los cargos que se les atribuía: lavado de dinero. De éstos, los últimos en ser liberados fueron Núñez Ginés y Villalobos, el pasado 12 de agosto.
La agenda también menciona que supuestamente hay “injerencia de actores vinculados a la subversión o grupos anarquistas en movimientos sociales tradicionales como el magisterio disidente, colectivos estudiantiles, organizaciones de defensa de los derechos humanos, agrupaciones campesinas e indígenas, así como iniciativas frentistas multisectoriales”.
Indica que existe una percepción social de ausencia de autoridad por la inacción gubernamental ante acciones radicales de movimientos sociales en determinadas zonas de Guerrero, Michoacán y Oaxaca, estos últimos gobernados por el perredista Ángel Heladio Aguirre Rivero, el priísta Fausto Vallejo Figueroa y el aliancista Gabino Cué Monteagudo, respectivamente.
Añade que ha habido una “provocación de la violencia como argumento para actualizar el discurso sobre la ‘regresión autoritaria’”. Además, de que hay una “tendencia creciente a transgredir el estado de Derecho como mecanismo de presión hacia las autoridades” (sic).
Ejemplifica con el conflicto magisterial en Guerrero y Oaxaca; así como de normalistas, en Michoacán (previo a la realización de esa Agenda, en octubre de 2012 se habían detenido a 176 estudiantes de las escuelas normales de Cherán, Arteaga y Tiripetío; la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 fueron desaparecidos 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, a manos de policías y delincuentes).
El documento del Cisen incluye los “actos vandálicos” del 1 de diciembre de 12 (cuando Enrique Peña Nieto asumió la presidencia de la República) y la toma de instalaciones de la UNAM.
Los grupos “opositores”
Según el Cisen, los principales movimientos frentistas antigubernamentales son: la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el Frente Amplio Social (FAS), el Frente Popular Revolucionario (FPR), el Movimiento de Liberación Nacional (MLN), la Unión Popular de Vendedores Ambulantes “28 de Octubre” (UPVA) y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT).
Éste es uno de los pasajes que se pueden apreciar en la Agenda. Los líderes de cada uno de estos movimientos han sido criminalizados y judicializados.
Leonel Rivero, abogado y coordinador general de la organización Defensa estratégica en derechos humanos, AC, dice que desde hace varios años ha llevado la defensa de algunos luchadores sociales, como los de la huelga de la UNAM (1999); luego, en el 2006, acompañando a Atenco, y ahora, con los líderes de la CNTE, se han percatado de que “el Estado ha venido perfeccionando sus métodos de contención de la protesta social: criminalizándola a partir de establecer acusaciones con base en delitos que en su momento han generado gran impacto social en toda la población, como la utilización de la imputación de secuestro. Acusar a un activista de secuestro lleva como objetivo el despertar o revivir en la sociedad experiencias que ha pasado y eso tiene un fuerte impacto de condena mediática”.
En su análisis, dice que “esa situación es sumamente complicada, es grave la forma en cómo se ha utilizado el secuestro y la asociación delictuosa. A ello, se suma que los envíen a cárceles de alta seguridad y a lugares que están como mínimo a mil kilómetros de distancia, lo que implica sacarlos de su base social y desarraigarlos de su gente; por ejemplo, el encarcelamiento de los líderes de la CNTE”.
De Atenco a la CNTE
De la defensa del territorio a las reformas estructurales, comunidades y organizaciones se han manifestado y los intentos por desbaratar los movimientos sociales han dejado muertos, sangre y encarcelamiento.
Sofía de Robina Castro, abogada del área Internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dice en entrevista que en defensa de los derechos humanos, podemos ver cómo las movilizaciones sociales son un reflejo de lo que vive el país, de la crisis en la que estamos, y cada vez más las calles se convierten en un espacio en donde se vierte todo ese descontento social.
“Vemos, tristemente, la respuesta que hay de parte del Estado: una respuesta autoritaria. Lejos de permitir que se desahoguen y se ventilen todas las problemáticas, de atenderlas y de resolver, se generan mayores violaciones a través de detenciones arbitrarias, incluso muertes y ejecuciones, como en Nochixtlán [Oaxaca]. Se limita el espacio social. Nos preocupa que ante una situación de crisis la respuesta del Estado sea tan autoritaria”, comenta la defensora de derechos humanos.
En 2006, la defensa del territorio en San Salvador Atenco, Estado de México, y la entrada de la policía a las tierras del poblado, provocó la muerte del estudiante de Economía de la UNAM Alexis Benhumea, y el encarcelamiento de los líderes del FPDT. Las sentencias impuestas a Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo (opositores a la construcción del aeropuerto en sus tierras) llegaron a rebasar los 100 años. La lucha por la excarcelación duró 4 años y el caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El golpe a la población fue dado durante la administración de Enrique Peña Nieto, como gobernador del Estado de México.
El decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro en 2009, durante la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa, impactó en 66 mil empleados de la compañía estatal. El sindicato, considerado uno de los más fuertes del país y con mayor tradición en la defensa de los derechos laborales, perdió a 27 mil 401 de sus agremiados, porque logaron dividirlos. La base fue reducida a 16 mil 599 trabajadores, ante el acoso permanente que se llevó a cabo a través de campañas mediáticas, el cierre de los empleos y amenazas de imposibilidad de reinsertarse en el campo laboral.
La relación de las administraciones priístas y panistas en el gobierno con sindicatos o movimientos sociales es la misma, afirma Esparza Flores, porque mantienen la misma política económica, “el objetivo es el mismo: se ocupa la fuerza del Estado para reprimirte, hacerte a un lado, criminalizarte y administrar los conflictos”.
Conflictividad regional
La Agenda Nacional de Riesgos hace un análisis de lo que llama “conflictividad regional”, y explica que hay una obstrucción a proyectos de infraestructura (hidroeléctricos, eólicos, termoeléctricos, aeropuerto y refinería), bajo el argumento de “supuesto daño al entorno ecológico y la desatención a las necesidades de las comunidades”.
Asimismo, manifiesta que en el país hay un rechazo a la explotación minera por afectaciones al medio ambiente y saqueo de los recursos naturales, lo que implica la focalización de estos grupos opositores a los procesos extractivos como de interés para la seguridad nacional.
Hace énfasis en la utilización de la “figura denominada como policía comunitaria para conformar grupos con intereses que alteran la armonía comunitaria. Aun cuando los medios de comunicación reflejan la proliferación de estas organizaciones en diversos estados del país, en los hechos de su operación se concentra en Guerrero y Michoacán”.
Nestora Salgado, líder y comandante de la policía comunitaria en Olinalá, Guerrero, fue encarcelada durante 2 años y 7 meses y declarada inocente el 18 de marzo de 2016, acusada de secuestro.
En entrevista con Contralínea, dice que ha sido muy difícil pelear contra el Estado, que “es quien te acusa y fabrica delitos. Yo nunca debí pisar la cárcel, porque nunca cometí un delito, nunca estuve fuera de la ley. La policía comunitaria en Guerrero es reconocida y respaldada por la Ley 701 de reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas del estado de Guerrero.
“La policía comunitaria es algo que necesitamos en los estados y las comunidades. La delincuencia organizada está matando a nuestra gente y ha rebasado al Estado. No nos queda más que protegernos, buscar la forma de defender a nuestra gente y a nuestras familias.”
Considera que México está atravesando una “terrible crisis”, y en todo el país se vive abuso de autoridad y violación a los derechos humanos. “El Ejército y el gobierno mismo están violando todas las leyes; nos está fallando el Estado, nos está matando, nos está reprimiendo por ejercer el derecho a la vida, a la educación, a la salud”, dice.
Los conflictos y el medio ambiente
La Agenda Nacional de Riesgos también califica como tema de seguridad nacional la “violencia derivada de las pugnas por tierras y recursos naturales (Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca)”.
Los conflictos socioambientales se han incrementado en los últimos años. Analistas han contabilizado más de 300 en todo el país; y aseguran que su detonante es la amenaza de despojo a la que se enfrentan comunidades indígenas, ejidos y espacios urbanos, principalmente.
El investigados Víctor Toledo, del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, indica que las causas de estos conflictos son las actividades industriales llevadas a cabo por empresas o corporaciones, tanto nacionales como extranjeras, frente a las cuales la ciudadanía organizada o las comunidades rurales y urbanas se oponen y resisten. “Ante ello, los organismos estatales, por lo general se ponen del lado de las corporaciones o se mantienen neutrales”.
El investigador identifica que hasta el momento afectan a 180 municipios en todo el país. Los casos de conflictos socioambientales se pueden dividir de la siguiente forma: biotecnológico, nueve; energético, 35; hidráulico, 33; minero, 71; turístico, 12; y urbano, 17.
Para el académico de la UNAM, “los conflictos socioambientales no sólo generan tensión social, sino víctimas: seres humanos privados de sus medios de subsistencia, sus hogares, tradiciones y hasta su vida. Aquellos que defienden in situ a la naturaleza, se enfrentan ineludiblemente a las fuerzas desbocadas del capital, grupos de talamontes locales o regionales, impulsores de megaproyectos, gigantescas empresas y consorcios”. Expone que el Estado actúa, casi siempre, de lado del empresariado bajo los “escudos” justificativos del progreso, la modernización y el desarrollo (Contralínea 493).
El documento del Cisen indica que hay una débil capacidad de administración y gestión de gobiernos estatales y municipales para atender conflictos sociales y políticos (Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca).
ONG, eslabón
Miguel Barrera Rocha, director de la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta, asegura que se ha intensificado la violación de derechos humanos en el país. “Es doblemente preocupante, la gente está reaccionando. Cuando vemos los bloqueos que están haciendo en Oaxaca, no solamente es por Oaxaca, hay que darle la lectura clara de que hay un ejercicio muy injusto de la distribución de la riqueza, del uso y el derecho para el disfrute de las garantías, nos queda claro que los vacíos van aumentando”.
Con respecto de la participación de las organizaciones no gubernamentales en los movimientos sociales dice: “es claro que incomodamos, no sólo con el gobierno federal, también con el local. Si las cosas siguen así, todo este contexto de violencia nos va a rebasar. Como organizaciones somos útiles, pero estorbamos [al poder]. Las organizaciones somos el eslabón, la línea fronteriza de lo que está pasando”.
Érika Ramírez
Detrás de Duarte, la corrupción
Raymundo Rivapalacio
La aparición de un video de Moisés Mansur en el programa Despiertaeste lunes, donde menciona a todos los presuntos prestanombres del gobernador de Veracruz con licencia, preparó el terreno para la orden de aprehensión contra Javier Duarte a petición del SAT. Los señalamientos de Mansur fueron videograbados en Vancouver, la ciudad canadiense que ha sido santuario de algunos prófugos de la justicia, como el líder minero, Napoleón Gómez Urrutia, por personas que no han sido identificadas. Mansur, hasta ahora, no es acusado de nada, y la pregunta es sobre si las condiciones en las que se hizo el video llevan consigo una negociación con el gobierno de inmunidad o si busca desviar el foco de responsabilidades lejos de Duarte. Esto se debe saber en poco tiempo.
Mansur es un viejo amigo de Duarte, a quien conoció cuando compartió salón de clases en la Universidad Iberoamericana, junto con quien sería la esposa del gobernador defenestrado, Karime Macías. Vivieron juntos en un departamento cerca de la universidad y crecieron como íntimos, socios y cómplices. Si hay alguien que conoce con detalle todo lo que públicamente se sospecha de Duarte, ese es Mansur, mexicano de ascendencia brasileña, quien en la administración del gobernador con licencia fue el responsable de la asignación de obra pública.
En la gestión de Duarte, su esposa Karime Macías Tubilla era la fuerza política del gobernador, pero Mansur, el operador financiero. No tenía cargo público, pero según empresarios veracruzanos, si alguien quería hacer obra en el estado, tenía que pasar por él. “Designaba a quién se le daba la obra y decidía en qué términos”, dijo una persona que conocía el modus operandi. Los empresarios se han quejado desde hace tiempo que les cobraban comisiones, que comenzaron con 10 por ciento del total de la obra asignada, que subió después a 15 por ciento y terminó, en algunos casos, en 30 por ciento. Varios secretarios de Finanzas de Duarte renunciaron por lo imposible que era conciliar su trabajo con un poder en las sombras, y varios de ellos fueron llamados a declarar por la PGR en la indagatoria contra el gobernador con licencia.
Pero bajo cualquier considerando, Mansur era la puerta a la red de familiares y funcionarios que utilizaron el erario presuntamente en su propio beneficio. El entramado de la presunta corrupción fue construido durante años por Duarte, Mansur y, detrás de ellos, Karime, cuya puerta tenía que tocarse siempre que se quería asegurar que las cosas salieran como se deseaba. La esposa de Duarte tenía gran influencia sobre el gobernador y fue ella, por ejemplo, quien llevó a Rubén Aguilar, el exvocero del presidente Vicente Fox, a asesorarlo en imagen y comunicación, e incorporó a su primo, Jorge Fernando Ramírez Tubilla, como subsecretario de Ingresos, desde donde llenó de auditorías a empresarios al inicio de la administración, aparentemente para 'sensibilizarlos' del trato que tendrían con el nuevo gobierno. Cómo se estableció la correlación persecución-presión-negociación no se ha podido documentar todavía.
Peor no fue lo único. A través de la Secretaría de Educación Veracruzana, Eugenio Duarte, hermano del gobernador caído, surtía todas las despensas del sistema educativo, donde la Auditoría Superior de la Federación detectó el mayor desvío de recursos federales, no acreditado en su uso. Otro hermano, Cecil, quien tiene más de 300 taxis en Veracruz, presuntamente manejaba las empresas fantasmas por donde comenzó la caída de Duarte. Uno más, Daniel, que vive en España y trabaja en una gasera, es el eslabón por el que están buscando cuentas bancarias y propiedades de Duarte, Mansur y el multimillonario de Córdoba, Jaime Porres, en aquella nación. Esas propiedades, como decenas más, han sido denunciadas, aún sin pruebas contundentes, por el gobernador electo Miguel Ángel Yunes.
Las revelaciones de Mansur en la declaración videograbada esconden muchas de las realidades que se vivieron en Veracruz, y hace señalamientos a terceras personas sin aceptar responsabilidad de las imputaciones contra el gobernador con licencia. Afirma, por ejemplo, que no es prestanombres de Duarte, aunque no está claro hasta qué punto eran socios y cómplices o era uno de ellos. Una de estas zonas grises es el departamento sobre Campos Elíseos que utilizaba Duarte cuando pernoctaba en la Ciudad de México, que no aparece entre sus propiedades porque está a nombre de Mansur. Como este caso hay varios donde no es posible determinar, con la información disponible hasta ahora, si existió corrupción.
Uno de los más controvertidos fue el descubrimiento, en 2012, de maletas con 25 millones de pesos encontradas a dos funcionarios veracruzanos, que se dijo eran para pagar festividades en el estado, pero que en realidad, de acuerdo con la información disponible, eran para Porres. Otro, no público, es el de una empresa de aviones registrada en Toluca, donde presuntamente están involucrados Duarte, Mansur y Porres, además de un exgobernador cercano a Los Pinos y a la Secretaría de Gobernación, que era uno de sus asesores políticos en Xalapa.
El árbol de la presunta corrupción en el entorno de Duarte se desdobla por todo el estado. Las revelaciones de Mansur son acotadas y cuidadas para que no lo afecten a él. Sin embargo, todos los presuntos delitos relacionados con la corrupción pasaron por él. Por ello, su largo papel de confidente y socio de Duarte y su esposa, le dan la calidad de fuego para hundir a sus amigos. Quien lo escogió, supo que sería la bala de plata contra el exgobernador. La duda prevalece: a cambio de qué.
La otra campaña bis
Octavio Rodríguez Araujo
L
a Chimoltrufia y la otra campaña vuelven a las carteleras (véanse ambas noticias en El Universal,15/10/16). La primera sin Chespirito,porque falleció en 2014; la segunda sin Marcos, porque ahora se llamaGaleano y ocupa un segundo plano, pese a que dijo que iba a desaparecer (no puede hacerlo porque le gana el protagonismo: se acostumbró tanto a los reflectores que ahora no puede vivir sin ellos).
El EZLN, junto con el Congreso Nacional Indígena (CNI), se propuso hace unos días otra campaña reloaded,pero esta vez con candidata propia, tal vez con la intención de competir contra Margarita Zavala (si gana la postulación del PAN) y no sólo contra López Obrador, como en 2006. ¿Competir? Bueno, es una forma de hablar.
Como los organizadores de esta
otra campaña bissaben que no pueden ganar, entre otras razones porque los indígenas son minoría en el país, han aclarado de entrada que
nuestra lucha no es por el poder, no lo buscamos. Lo hacen –quiero interpretar de buena fe– para mover conciencias y para que exista en México una campaña anticapitalista, pues ciertamente no hay ni habrá otra semejante entre los partidos existentes y registrados (ninguno de ellos es anticapitalista ni pretende serlo).
No son originales, pues una campaña así ya se hizo en el pasado con Rosario Ibarra como candidata presidencial, la primera mujer en México para ese cargo. En 1982 fue propuesta por el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT/trotskista) y en 1988 volvió a competir por el mismo partido. En ambos momentos su candidatura fue testimonial: 1.76 por ciento de la votación total en 1982 y un supuesto 0.42 por ciento en las fraudulentas elecciones de 1988. El PRT perdió su registro tiempo después y, hasta la fecha, es una organización política con relativa presencia en algunos movimientos sociales. La idea de dicha candidatura era semejante a la propuesta ahora por el EZLN-CNI, si la descifro correctamente: mover conciencias y levantar una iniciativa también anticapitalista. Mi percepción de esos intentos, basada en datos objetivos, es que fracasaron: movieron muy pocas conciencias y a muy pocos ciudadanos les interesó la propuesta anticapitalista (en la segunda elección de Rosario, aceptando como válidos los inciertos datos, no lograron siquiera 90 mil votos de un padrón electoral de 38 millones).
Vale decir que, a diferencia de la primera edición de la otra campaña en 2006, la que se propone ahora no va explícitamente contra López Obrador para favorecer al PAN. En esta ocasión más bien aspira a detener u obligar a rectificar casi 30 agravios que han sufrido o están sufriendo los pueblos originarios de México. Algunos de los agravios que citan son ciertos y otros exagerados por sus afanes de ir contra el desarrollo del país que, en su visión anarco-ilichiana del desarrollo/antidesarrollo, debería dejar de crecer y de mantener la industrialización que sólo benefician a unos cuantos.
Si bien esto último es cierto y comprobable por la concentración del ingreso cada vez más inaceptable éticamente, uno esperaría que la aspiración de una organización que se dice anticapitalista proponga la socialización de la economía, es decir, la apropiación colectiva de empresas y capitales para lograr menor pobreza y desigualdad. Pero no. Se quedan con una declaración anticapitalista pero reducida a reivindicar como valores nacionales principalmente los de la población indígena, siendo que ésta, aunque sea muy importante, no rebasa 12 por ciento del total de habitantes del país y dista mucho de estar unida a pesar de la existencia del CNI. Uno de los grandes méritos de la Primera Declaración de la Selva Lacandona (1993) era la lucha por trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Es decir, demandas compartibles por cientos de millones de habitantes del planeta. Pero luego, por quién sabe qué razones, se volcaron a lo indígena y mucha gente que no se identificaba con ese perfil se hizo a un lado.
Tampoco hay originalidad en esta ocasión, pues se dijo más o menos lo mismo cuando se convocó a la formación del fracasado Frente Zapatista de Liberación Nacional en la Cuarta Declaración de la Selva Lacandona (enero de 1996). Esto es, una organización no partidista de la llamada sociedad civil, de todos aquellos que no quieran el poder ni desempeñar cargos de elección popular o puestos gubernamentales en cualquiera de sus niveles. Pero en el frente había una diferencia muy importante con la convocatoria de ahora: incluía a todos siempre y cuando no militaran en los partidos políticos (que fue un error) y no, en primer lugar, a las comunidades indígenas de todo el país. En sus propias palabras: un frente con una
candidata independiente que contienda en nombre del Congreso Nacional Indígena y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el proceso electoral de 2018 para la Presidencia de este país. ¿Y los no indígenas? Se deja a interpretaciones ambiguas, ya que lo importante es
nombrar un concejo indígena de gobierno cuya palabra sea materializada por una mujer indígena, delegada del CNI.
Me temo que se les acabó la imaginación. Mejor pensar que tienen un gran sentido del humor, pues para registrar su candidatura, según el consejero electoral Ruiz Saldaña, se requieren más de 800 mil firmas, entre otros requisitos nada fáciles de cumplir. Y, en caso de lograr el registro de su candidata, ¿aceptarán el financiamiento público a que tendrían derecho? Y si no la registran, ¿para qué proponerla? ¿Para obtener resultados semejantes a los de la otra campaña en 2006, es decir, insignificantes?
Más contra Duarte: abogado confiesa ser su prestanombres
Un abogado confesó a la PGR ser prestanombres del ex gobernador Javier Duarte y que, siguiendo sus instrucciones, constituyó sociedades de responsabilidad limitada para invertir en inmuebles en Estados Unidos, dio a conocer este miércoles el diario Reforma.
El abogado -cuyo nombre no se dio a conocer- declaró que entre dichas propiedades se encuentran seis unidades de tiempo compartido en el exclusivo Hotel St. Regis de Nueva York.
Quien fuera un allegado al hoy gobernador con licencia se presentó a declarar voluntariamente la semana pasada ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales.
Ahí, estimó los presuntos desvíos de Duarte en al menos mil 500 millones de pesos; aunque él dijo que le constan unos 350 millones.
Según el diario, la colaboración de esta fuente anónima con las autoridades federales aceleró las investigaciones contra el ex gobernador, contra quien -según el mismo medio- la PGR ya solicitó una orden de aprehensión ante un juez federal.
El litigante reveló a los fiscales federales que, por instrucciones de Duarte y su amigoMoisés Mansur Cysneiros, constituyó más de 10 empresas de papel o LLC (Limited Liability Company” o Sociedad de responsabilidad limitada) en la Unión Americana para adquirir e invertir en inmuebles en Miami y Nueva York.
Tras ser adquiridos los bienes, Karime Macías, esposa de Duarte, le daba instrucciones para endosar y transmitir a terceros las acciones de las LLC tenedoras de las propiedades a fin de borrar el rastro de las operaciones.
“Los tiempos compartidos en el St. Regis de Nueva York se cotizan entre 200 mil y 400 mil dólares por unidad, más una cuota anual, y permiten al dueño utilizar un departamento hasta 28 noches por año”, precisa Reforma.
El informante también declaró sobre compras millonarias de joyas para mujer y relojes para hombre en un negocio en Polanco, entre ellas un anillo con un costo de 200 mil dólares.
(Con información de Reforma)
Apresan a Cunha; provoca pánico político en Brasil
Tras la destitución de Rousseff, en 12 días perdió su escaño parlamentario y en 40 su libertad
Cunha, artífice del impeachment, detenido en Brasilia; enfrenta una montaña de cargos
Si opta por la
delación premiadavendrá el desastre para numerosos políticos brasileños
Al momento del arresto el juez Moro ordena la incautación de unos 70 mdd de su patrimonio
Eduardo Cunha, ex presidente de la Cámara de Diputados de Brasil (al centro), logró un acuerdo para no aparecer esposado en ninguna foto de su detención, ordenada por el juez Sergio Moro, que lo acusa de lavado de dinero y evasión fiscal, entre otros delitos. En la imagen es escoltado por agentes federales que lo trasladaron de Brasilia a CuritibaFoto Ap
Eric Nepomuceno
Especial para La Jornada
Periódico La Jornada
Jueves 20 de octubre de 2016, p. 27
Jueves 20 de octubre de 2016, p. 27
Río de Janeiro.
Poco después de la una de la tarde de ayer, el ex presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, fue detenido por la policía federal en Brasilia. La orden de aprehensión fue decretada por el juez de primera instancia Sergio Moro. Como de costumbre, el juez cometió un equívoco.
Esta vez, sin embargo, no se trató de un error jurídico, sino geográfico: la dirección que Moro dio en la orden de arresto indicaba un edificio en una calle de Río de Janeiro,
departamento 205, cuando en realidad Cunha tiene una de sus residencias en el 204.
En todo caso, no hubo problemas con el vecino; además, Cunha estaba en Brasilia, no en Río. Al contrario de algunas de las tantas transgresiones jurídicas, esta vez el error geográfico del juez no causó mayores daños.
Tan pronto se conoció la noticia hubo una convulsión en los medios políticos brasileños. Alguien comentó que el rivotril, poderoso ansiolítico, había desaparecido de las farmacias de Brasilia.
Es que Cunha es guardián de un sinfín de secretos que podrán poner en riesgo la supervivencia política de más de un centenar de diputados y senadores, y causar una devastación en el gobierno. Más que corrupto, y lo fue, Cunha actuó también como corruptor.
El presidente Michel Temer, quien se encontraba en visita oficial en Japón, anticipó más de 20 horas su regreso a Brasil. No se difundió ningún comunicado oficial explicando la urgencia en volver, pero fue necesario: al fin y al cabo, es público y notorio que Cunha, ejecutor del golpe institucional que depuso a la presidenta constitucional Dilma Rousseff, ha sido un fiel y eficaz aliado no sólo de Temer, sino de todos los que con él treparon al poder sin haber obtenido un solo voto popular.
Desde que tuvo el mandato parlamentario suspendido por sus pares, el 12 de septiembre, se sabía que, sin sus foros privilegiados, Cunha podría ser detenido en cualquier momento. Sobre él recae una montaña –en realidad, toda una cordillera– de acusaciones y denuncias, que hicieron que se transformase en el símbolo más luminoso de la corrupción en Brasil.
Aun así, una aplastante mayoría de diputados decidió expulsarlo de la Cámara, abriendo una nueva temporada de tensiones. Es que si Cunha decide recurrir al recurso de la
delación premiada, o sea, denunciar por doquier a cambio de una rebaja en sus sentencias cuando sea condenado, será un desastre sin límites. Y no parece existir ninguna alternativa, a menos que el ex todopoderoso conspirador se resigne a una larguísima condena por lavado de dinero, evasión fiscal, corrupción activa y pasiva, entre otros delitos. Además, pende sobre su esposa y una de sus hijas la amenaza concreta de prisión, lo que podría apresurar la decisión de alcanzar un acuerdo y empezar a denunciar.
Cunha se mostró cual genio del mal, acorde con la catarata de denuncias que ahogaron su oscura carrera de diputado: no sólo practicaba extorsiones contra empresas públicas y privadas, sino también facilitaba a varios de sus pares el acceso a esquemas de financiamiento ilegal de campañas electorales.
Con eso, guarda secretos que podrán fulminar la carrera de un número indeterminado de políticos en activo. Los dos mayores partidos: el PMDB de Temer y el PSDB del ex presidente Fernando Henrique Cardoso, serían los más devastados.
El problema para Michel Temer es que entre la mayor parte de esos políticos cuya vida política está en riesgo no sólo se encuentran aliados en el Congreso, sino que muchos de ellos son figuras claves en su gobierno.
Hay denuncias, incluso, de que Cunha intercedió, en al menos tres ocasiones, para esquemas de sobornos destinados al propio Temer, además de su canciller, José Serra, y una de las figuras más poderosas de su gestión, el secretario del Programa de Privatizaciones, Moreira Franco.
El ahora detenido siempre aseguró que no denunciará a nadie. Pero igualmente dejó claro que se sintió
abandonadopor Temer y su grupo. De ahí el pánico que ayer se apoderó de Brasilia, cuyos reflejos llegaron a Japón, al otro lado del mundo.
Cunha responde a seis investigaciones judiciales. Junto a la orden de arresto se decretó la incautación de 220 millones de reales –unos 70 millones de dólares– de su patrimonio.
Hasta hace unos seis meses, y pese al acúmulo de denuncias ya existentes, Cunha era bien tratado por los medios hegemónicos de comunicación impulsores de la destitución de la presidenta, y por todos los involucrados en el golpe institucional contra Dilma Rousseff, incluso sus verdaderos artífices: el senador Aecio Neves, que perdió las elecciones en 2014 y jamás se resignó, y el ex presidente Fernando Henrique Cardoso.
Tan pronto Dilma fue destituida, Cunha sintió que ya no era necesario. En 12 días perdió su escaño parlamentario, y en menos de 40, su libertad.
Quienes lo conocen reiteran que él no es de los guerreros que caen solos. Y que a partir de su detención el gobierno de Michel Temer está en jaque. Todo dependerá del tiempo que Cunha necesitará para llegar a algún acuerdo con la justicia y empezar a hablar.
Brasil parecía, ayer, decididamente condenado a un escenario de turbulencia permanente.
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