Gobierno corrupto, hacker y espía

Alfredo Lecona

Va quedando más claro que nunca: El gobierno mexicano usa software malicioso (malware), adquirido con recursos públicos, para espiar a defensores de derechos humanos, activistas y periodistas que le incomodan.

Imagine usted que es un periodista y ha realizado investigaciones sobre la corrupción en el gobierno. Su trabajo obviamente les es incómodo a empresarios y funcionarios públicos que se benefician del abuso de poder que reveló y por lo tanto, tienen su atención sobre usted. Un día recibe un mensaje SMS en su teléfono celular, con algo que no dudaría en abrir, como “buen día, perdóname pero tienes que ver esta nota, te acusan de cosas graves” seguido de un link que no lleva a ningún lado. 

Al momento de abrirlo, su teléfono ha quedado infectado y toda su información personal, comprometida. Los atacantes, ahora pueden ver sus fotos y archivos, leer sus mensajes de WhatsApp y correos electrónicos, usar su cámara sin que usted lo sepa, escuchar sus conversaciones encendiendo el micrófono y saber en donde se encuentra, activando el GPS. Ese mensaje que parecía una mala broma, ha expuesto su seguridad y probablemente la de sus seres queridos.

Es probable que el ataque haya sido orquestado por el gobierno o los empresarios, pero, ¿podrían ser ambos?

La investigación revelada por The New York Times este fin de semana, demuestra que sí.

La historia de terror contada líneas arriba sucedió en la vida real a Alejandro Calvillo, Director de Al Poder del Consumidor; a Luis Encarnación, director de la coalición ContraPESO; y al Dr. Simón Barquera, Investigador del Instituto Nacional de Salud Pública; quienes, una semana después de lanzar una campaña pidiendo aumentar el impuesto a las bebidas azucaradas como medida a favor de la salud, recibieron grotescos mensajes SMS con advertencias falsas sobre la muerte del padre de un amigo, accidentes de familiares, notas periodísticas que los involucraban y hasta de una supuesta infidelidad, con insultos y falsos links a las fotos.

El malware usado en contra de los tres se llama Pegasus y fue desarrollado por una empresa Israelí, llamada NSO Group, que solo vende sus herramientas y servicios a gobiernos, como el mexicano.

Lo anterior no es una suposición. Todo ha quedado documentado gracias al acompañamiento a los afectados, por parte de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y Social TIC, quienes a través de Acces Now contactaron al Citizen Lab de la Universidad de Toronto y a Amnistía Internacional, para realizar una investigación científica que derivó en el informe “Bitter Sweet (“dulce amargo”, en referencia a la propuesta de impuesto a las bebidas azucaradas): Supporters of México´s Soda Tax Targeted With NSO Exploit Links; y en el referido reportaje del The New York Times.

Citizen Lab había dado a conocer en agosto del año pasado, el uso del malware de NSO Group, en contra de Rafael Cabrera, coautor de la investigación sobre la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, revelada en el noticiero de Carmen Aristegui y que provocó su salida de la radio.

Pero NSO no es la única empresa que le ha vendido estas herramientas a gobiernos y dependencias mexicanas. La italiana Hacking Team tiene como principal cliente a México, del cual ha recibido casi 6 millones de Euros de entidades como la Sedena, de gobiernos como el de Jalisco y ¡hasta de PEMEX!

Nadie puede negar la necesidad que tiene el Estado de contar con herramientas de vigilancia para fines loables, pero la ausencia de controles democráticos a la misma -que ha proliferado bajo el discurso chantajista que exige a la ciudadanía ceder en sus derechos humanos, como la privacidad, a cambio de su seguridad- ha generado el ambiente propicio para estas historias de terror protagonizadas por gobiernos e instancias corruptas que, lejos de perseguir fines legítimos, adquieren herramientas tecnológicas con dinero público para espiar a quienes les incomodan.

Organizaciones de la sociedad civil, como R3D, han dado batallas legales y de incidencia que han logrado acotar las facultades de vigilancia de las autoridades. Hoy, el Cisen, la Policía Federal y las procuradurías son las únicas facultadas legalmente para realizar solicitudes de acceso a datos de usuarios de telecomunicaciones, con previa autorización judicial. Pero el camino es muy largo aún.

R3D presentó a finales del año pasado, su informe “Estado de la Vigilancia: Fuera de Control”, un documento único en su tipo, que da cuenta del estatus regulatorio de la vigilancia; de los números de la vigilancia en nuestro país y los hallazgos documentados sobre la adquisición y uso de malware, por instancias y gobiernos. Con información tal, como que en México, el 98.9% de las solicitudes de acceso a datos conservados por empresas de telecomunicaciones se han realizado sin autorización judicial y sólo en el 8.73% de los casos de espionaje se ha ejercido acción penal; que el Cisen aseguró haber realizado 2002 intervenciones con autorización judicial, pero el Consejo de la Judicatura Federal sólo tiene constancia de 654 de ellas; entre muchos otros datos escalofriantes sobre los excesos de la vigilancia por parte del gobierno y de las propias empresas de telecomunicaciones.

Ahora que se evidencia que las coaliciones de la sociedad civil son hackeadas y espiadas por coaliciones de empresas y gobiernos para proteger sus intereses y privilegios, debemos ser capaces de imaginar y exigir una realidad en la que la vigilancia se realice bajo una perspectiva de derechos humanos y solo de forma necesaria y proporcional.

El cese a la vigilancia ilegal debe darse sin impunidad en casos como los denunciados este fin de semana. La PGR debe investigar (e investigarse) para identificar y buscar la sanción penal a los responsables de lo documentado. Quienes integrarán el Sistema Nacional Anticorrupción este año, deben tomar nota y planear acciones prioritarias para atacar estos hechos en los que es evidente el uso de recursos públicos y la comisión de delitos por parte de servidores públicos.

Muchísimos discursos se han pronunciado en los últimos días sobre la Constitución, las amenazas exteriores y los llamados a la unidad. 

Qué vacíos y descarados cuando los dictan los perpetradores de la propia Constitución y de los derechos humanos de las personas.

Un vibrante capítulo más sobre nuestras crisis.

Movimientos sociales, “amenaza” para el Estado: Cisen

Maestros, defensores de derechos humanos y del medio ambiente, sindicatos, campesinos, opositores a megaproyectos, normalistas… “atentan” contra la seguridad nacional, según la Agenda Nacional de Riesgos. Por ello, son víctimas de represión, acoso, espionaje, encarcelamiento y muerte

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el Frente Amplio Social (FAS), el Frente Popular Revolucionario (FPR), el Movimiento de Liberación Nacional (MLN), la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre (UPVA) y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) son considerados por el Estado mexicano como un riesgo para la seguridad nacional. Así lo revela la Agenda Nacional de Riesgos –elaborada por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y reservada por 12 años–, con copia en poder deContralínea.

El saldo para todos y cada uno de estos movimientos –así como los opositores a la minería o a los proyectos de infraestructura; también para los que se encuentran en defensa del territorio y medio ambiente y las policías comunitarias– ha sido ser víctimas de represión, espionaje, acoso, abuso de poder, congelamiento de cuentas, detenciones, judicialización y criminalización de la protesta social, encarcelamiento, desaparición, asesinato.

En la Agenda Nacional de Riesgos (ANR), uno de los documentos clasificados como confidenciales por el aparato de inteligencia del país, focaliza a los movimientos sociales como opositores a los cambios hechos a la Constitución, a través de las llamadas “reformas estructurales”, llevadas a cabo en los últimos años.

La versión de este análisis, para el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto, reconoce que las reformas educativa y laboral son de los ejes principales que han movilizado al país. Focaliza los movimientos desde 1999, con la toma de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por los estudiantes que se opusieron al cobro de cuotas en la universidad pública más importante del país.

En 2013, el capítulo “Ingobernabilidad por movimientos sociales” se encontraba en el escaño sexto de la lista de temas revisados por el Cisen –bajo la dirección de Eugenio Ímaz Gispert–; sin embargo, el acceso a los escalafones de la Agenda de 2015 permite observar que la movilización social se ha convertido en el segundo tema de importancia para el gobierno de Peña Nieto, sólo por debajo de la “delincuencia organizada”.

Martín Esparza Flores, secretario general del SME, dice en entrevista que el acoso en contra de los movimientos sociales es “histórico, hay antecedentes en el país de la forma en cómo buscan acabar con un movimiento: primero, se meten, lo dividen, criminalizan y cuando ven el momento ocupan la fuerza del Estado. Recientemente vimos Nochixtlán, vimos la desaparición de los 43 normalistas, mineros asesinados, electricistas golpeados; ¿cuántos dirigentes sociales indígenas en la cárcel o asesinados?”

Riesgo para la seguridad nacional, “así nos han catalogado”, dice el líder de los electricistas, quien asegura que hay un seguimiento permanente del Cisen contra todos los dirigentes, los movimientos y organizaciones sociales.

Esparza Flores expone: “En nuestro caso, hay un expediente grandísimo del Cisen, nos tienen identificados como un riesgo para la seguridad nacional de este país. Cada que se detenía a un compañero [después del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, en 2009], las primeras fotos que le pasaban en la cárcel era mía o de los otros compañeros del Comité; incluso, buscaban que los trabajadores dijeran que habíamos sido nosotros que los mandábamos a una movilización. Lo hacían para poder escalar en las averiguaciones contra del Comité Central del sindicato. A algunos les ofrecían trabajo en CFE [Comisión Federal de Electricidad], casas, bienestar para sus familias, con tal y que declararan en contra. Afortunadamente, los trabajadores muy conscientes decían categóricamente: no somos delincuentes, nos estamos manifestando y es un derecho que tenemos para exigir que nos regresen nuestro trabajo”.

El diagnóstico

Con un nivel de riesgo medio (3.6), el capítulo “Ingobernabilidad por movilizaciones” diagnostica de manera general que “existen organizaciones que adoptan tácticas de presión y motivaciones opuestas al interés colectivo con capacidad de reducir los márgenes de gobernabilidad en zonas específicas.

 “El comportamiento de algunas de ellas busca generar crisis recurrentes de gobernabilidad.”

El documento de inteligencia hace una división en el tipo de “organizaciones sociales que alteran deliberadamente el orden social”. Las primeras, aquellas –según el documento– que tienen “oposición a políticas públicas que eliminan privilegios a grupos de interés, obtenidos mediante la presión política y social (reforma Laboral y Educativa)” (sic).

Víctor Manuel Zavala Hurtado, secretario general de la sección XVII de la CNTE, hace una evaluación de lo que ha ocurrido en el sector educativo desde 2012: “ha habido un sin número de compañeros detenidos de la disidencia magisterial, manifestaciones que han llegado a la muerte en Chiapas y Oaxaca (Nochixtlán).

Además, suma el conflicto “histórico” de las normales rurales [cada año, los alumnos de estas escuelas salen a las calles en reclamo de mayor presupuesto y mejoría en los espacios que ocupan y la ampliación de la matrícula] y la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.

 “Por defender la educación pública, 64 luchadores sociales han estado en la cárcel. México ya vive una condición difícil; demandamos que el gobierno federal cese la represión, que se busque una solución distinta a la agresión y se deje de golpear al movimiento social para que se pueda ver cómo se resuelve el conflicto”, comenta Zavala Hurtado.

Desde el 15 de mayo pasado, el magisterio adherido a la CNTE se encuentra en paro de labores a nivel nacional. Líderes de la disidencia magisterial, como Rubén Núñez Ginez, secretario General de la Sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) –principal bastión de la CNTE–; Francisco Villalobos, de Organización; Aciel Sibaja, de Finanzas y Heriberto Margarito López, representante regional del Istmo de Tehuantepec, fueron llevados al Centro de Readaptación Social (Cefereso) de Hermosillo, Sonora, y luego trasladados a Cefereso de Mengolí, en Miahuatlán, Oaxaca. Entre los cargos que se les atribuía: lavado de dinero. De éstos, los últimos en ser liberados fueron Núñez Ginés y Villalobos, el pasado 12 de agosto.

La agenda también menciona que supuestamente hay “injerencia de actores vinculados a la subversión o grupos anarquistas en movimientos sociales tradicionales como el magisterio disidente, colectivos estudiantiles, organizaciones de defensa de los derechos humanos, agrupaciones campesinas e indígenas, así como iniciativas frentistas multisectoriales”.

Indica que existe una percepción social de ausencia de autoridad por la inacción gubernamental ante acciones radicales de movimientos sociales en determinadas zonas de Guerrero, Michoacán y Oaxaca, estos últimos gobernados por el perredista Ángel Heladio Aguirre Rivero, el priísta Fausto Vallejo Figueroa y el aliancista Gabino Cué Monteagudo, respectivamente.

Añade que ha habido una “provocación de la violencia como argumento para actualizar el discurso sobre la ‘regresión autoritaria’”. Además, de que hay una “tendencia creciente a transgredir el estado de Derecho como mecanismo de presión hacia las autoridades” (sic).

Ejemplifica con el conflicto magisterial en Guerrero y Oaxaca; así como de normalistas, en Michoacán (previo a la realización de esa Agenda, en octubre de 2012 se habían detenido a 176 estudiantes de las escuelas normales de Cherán, Arteaga y Tiripetío; la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 fueron desaparecidos 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, a manos de policías y delincuentes).

El documento del Cisen incluye los “actos vandálicos” del 1 de diciembre de 12 (cuando Enrique Peña Nieto asumió la presidencia de la República) y la toma de instalaciones de la UNAM.

Los grupos “opositores”

Según el Cisen, los principales movimientos frentistas antigubernamentales son: la  Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el Frente Amplio Social (FAS), el Frente Popular Revolucionario (FPR), el Movimiento de Liberación Nacional (MLN), la Unión Popular de Vendedores Ambulantes “28 de Octubre” (UPVA) y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT).

Éste es uno de los pasajes que se pueden apreciar en la Agenda. Los líderes de  cada uno de estos movimientos han sido criminalizados y judicializados.

Leonel Rivero, abogado y coordinador general de la organización Defensa estratégica en derechos humanos, AC, dice que desde hace varios años ha  llevado la defensa de algunos luchadores sociales, como los de la huelga de la UNAM (1999); luego, en el 2006, acompañando a Atenco, y ahora, con los líderes de la CNTE, se han percatado de que “el Estado ha venido perfeccionando sus métodos de contención de la protesta social: criminalizándola a partir de establecer acusaciones con base en delitos que en su momento han generado gran impacto social en toda la población, como la utilización de la imputación de secuestro. Acusar a un activista de secuestro lleva como objetivo el despertar o revivir en la sociedad experiencias que ha pasado y eso tiene un fuerte impacto de condena mediática”.

En su análisis, dice que “esa situación es sumamente complicada, es grave la forma en cómo se ha utilizado el secuestro y la asociación delictuosa. A ello, se suma que los envíen a cárceles de alta seguridad y a lugares que están como mínimo a mil kilómetros de distancia, lo que implica sacarlos de su base social y desarraigarlos de su gente; por ejemplo, el encarcelamiento de los líderes de la CNTE”.

De Atenco a la CNTE

De la defensa del territorio a las reformas estructurales, comunidades y organizaciones se han manifestado y los intentos por desbaratar los movimientos sociales han dejado muertos, sangre y encarcelamiento.

Sofía de Robina Castro, abogada del área Internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dice en entrevista que en defensa de los derechos humanos, podemos ver cómo las movilizaciones sociales son un reflejo de lo que vive el país, de la crisis en la que estamos, y cada vez más las calles se convierten en un espacio en donde se vierte todo ese descontento social.

 “Vemos, tristemente, la respuesta que hay de parte del Estado: una respuesta autoritaria. Lejos de permitir que se desahoguen y se ventilen todas las problemáticas, de atenderlas y de resolver, se generan mayores violaciones a través de detenciones arbitrarias, incluso muertes y ejecuciones, como en Nochixtlán [Oaxaca]. Se limita el espacio social. Nos preocupa que ante una situación de crisis la respuesta del Estado sea tan autoritaria”, comenta la defensora de derechos humanos.

En 2006, la defensa del territorio en San Salvador Atenco, Estado de México, y la entrada de la policía a las tierras del poblado, provocó la muerte del estudiante de Economía de la UNAM Alexis Benhumea, y el encarcelamiento de los líderes del FPDT. Las sentencias impuestas a Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo (opositores a la construcción del aeropuerto en sus tierras) llegaron a rebasar los 100 años. La lucha por la excarcelación duró 4 años y el caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El golpe a la población fue dado durante la administración de Enrique Peña Nieto, como gobernador del Estado de México.

El decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro en 2009, durante la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa, impactó en 66 mil empleados de la compañía estatal. El sindicato, considerado uno de los más fuertes del país y con mayor tradición en la defensa de los derechos laborales, perdió a 27 mil 401 de sus agremiados, porque logaron dividirlos. La base fue reducida a 16 mil 599 trabajadores, ante el acoso permanente que se llevó a cabo a través de campañas mediáticas, el cierre de los empleos y amenazas de imposibilidad de reinsertarse en el campo laboral.

La relación de las administraciones priístas y panistas en el gobierno con sindicatos o movimientos sociales es la misma, afirma Esparza Flores, porque mantienen la misma política económica, “el objetivo es el mismo: se ocupa la fuerza del Estado para reprimirte, hacerte a un lado, criminalizarte y administrar los conflictos”.

Conflictividad regional

La Agenda Nacional de Riesgos hace un análisis de lo que llama “conflictividad regional”, y explica que hay una obstrucción a proyectos de infraestructura (hidroeléctricos, eólicos, termoeléctricos, aeropuerto y refinería), bajo el argumento de “supuesto daño al entorno ecológico y la desatención a las necesidades de las comunidades”.

Asimismo, manifiesta que en el país hay un rechazo a la explotación minera por afectaciones al medio ambiente y saqueo de los recursos naturales, lo que implica la focalización de estos grupos opositores a los procesos extractivos como de interés para la seguridad nacional.

Hace énfasis en la utilización de la “figura denominada como policía comunitaria para conformar grupos con intereses que alteran la armonía comunitaria. Aun cuando los medios de comunicación reflejan la proliferación de estas organizaciones en diversos estados del país, en los hechos de su operación se concentra en Guerrero y Michoacán”.

Nestora Salgado, líder y comandante de la policía comunitaria en Olinalá, Guerrero, fue encarcelada durante 2 años y 7 meses y declarada inocente el 18 de marzo de 2016, acusada de secuestro.

En entrevista con Contralínea, dice que ha sido muy difícil pelear contra el Estado, que “es quien te acusa y fabrica delitos. Yo nunca debí pisar la cárcel, porque nunca cometí un delito, nunca estuve fuera de la ley. La policía comunitaria en Guerrero es reconocida y respaldada por la Ley 701 de reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas del estado de Guerrero.

 “La policía comunitaria es algo que necesitamos en los estados y las comunidades. La delincuencia organizada está matando a nuestra gente y ha rebasado al Estado. No nos queda más que protegernos, buscar la forma de defender a nuestra gente y a nuestras familias.”

Considera que México está atravesando una “terrible crisis”, y en todo el país se vive abuso de autoridad y violación a los derechos humanos. “El Ejército y el gobierno mismo están violando todas las leyes; nos está fallando el Estado, nos está matando, nos está reprimiendo por ejercer el derecho a la vida, a la educación, a la salud”, dice.

Los conflictos y el medio ambiente

La Agenda Nacional de Riesgos también califica como tema de seguridad nacional la “violencia derivada de las pugnas por tierras y recursos naturales (Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca)”.

Los conflictos socioambientales se han incrementado en los últimos años. Analistas han contabilizado más de 300 en todo el país; y aseguran que su detonante es la amenaza de despojo a la que se enfrentan comunidades indígenas, ejidos y espacios urbanos, principalmente.

El investigados Víctor Toledo, del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, indica que las causas de estos conflictos son las actividades industriales llevadas a cabo por empresas o corporaciones, tanto nacionales como extranjeras, frente a las cuales la ciudadanía organizada o las comunidades rurales y urbanas se oponen y resisten. “Ante ello, los organismos estatales, por lo general se ponen del lado de las corporaciones o se mantienen neutrales”.

El investigador identifica que hasta el momento afectan a 180 municipios en todo el país. Los casos de conflictos socioambientales se pueden dividir de la siguiente forma: biotecnológico, nueve; energético, 35; hidráulico, 33; minero, 71; turístico, 12; y urbano, 17.

Para el académico de la UNAM, “los conflictos socioambientales no sólo generan tensión social, sino víctimas: seres humanos privados de sus medios de subsistencia, sus hogares, tradiciones y hasta su vida. Aquellos que defienden in situ a la naturaleza, se enfrentan ineludiblemente a las fuerzas desbocadas del capital, grupos de talamontes locales o regionales, impulsores de megaproyectos, gigantescas empresas y consorcios”. Expone que el Estado actúa, casi siempre, de lado del empresariado bajo los “escudos” justificativos del progreso, la modernización y el desarrollo (Contralínea 493).

El documento del Cisen indica que hay una débil capacidad de administración y gestión de gobiernos estatales y municipales para atender conflictos sociales y políticos (Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca).

ONG, eslabón

Miguel Barrera Rocha, director de la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta, asegura que se ha intensificado la violación de derechos humanos en el país. “Es doblemente preocupante, la gente está reaccionando. Cuando vemos los bloqueos que están haciendo en Oaxaca, no solamente es por Oaxaca, hay que darle la lectura clara de que hay un ejercicio muy injusto de la distribución de la riqueza, del uso y el derecho para el disfrute de las garantías, nos queda claro que los vacíos van aumentando”.

Con respecto de la participación de las organizaciones no gubernamentales en los movimientos sociales dice: “es claro que incomodamos, no sólo con el gobierno federal, también con el local. Si las cosas siguen así, todo este contexto de violencia nos va a rebasar. Como organizaciones somos útiles, pero estorbamos [al poder]. Las organizaciones somos el eslabón, la línea fronteriza de lo que está pasando”.

Érika Ramírez

Aquí están los del Cisen para ver que estoy haciendo: López Obrador

Si un dirigente social quiere sobrevivir al acoso del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) debe ser honesto, afirmó Andrés Manuel López Obrador. Para poder resistir y aguantar, si no se tienen principios no se puede ser opositor, sostuvo al iniciar una gira por Zacatecas.

Aquí están los del Cisen, que pertenece a la Secretaría de Gobernación, para ver qué estoy diciendo, añadió en la primera asamblea informativa que encabezó en Nochistlán de Mejía.

Luego pidió que escuchen todo, que indaguen todo, que busquen todo y que no encuentren nunca nada.

El dirigente del partido Morena aseguró que es fácil acabar con dirigentes deshonestos, porque con sofisticados sistemas de espionaje, el Cisen obtiene información respecto de lo que han hecho mal.

Ahora le llaman elegantemente Cisen, pero es una oficina de espionaje. Si hay un dirigente lo escuchan día y noche, todas sus llamadas; pueden sonorizar las casas donde uno vive, es decir, estar grabando todo lo que se hace dentro, explicó.

El político tabasqueño subrayó que a veces, cuando hay que hablar cosas delicadas, si se coloca el teléfono en la mesa, es como si tuvieran un micrófono. Ahí está el teléfono, pero en el Cisen podrían estar grabando.

López Obrador reiteró que no podría hablar de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto si él tuviera una residencia en Miami. Mejor pobreza que deshonra, señaló.

Reiteró su apoyo a maestras y maestros de México, porque consideró que están siendo afectados por la llamada reforma educativa, e insistió en la importancia de una alianza con profesores, la cual serviría para mejorar la enseñanza en el país.

Explicó que Morena participará en los comicios del 5 junio para elegir gobernador, aunque aclaró que no podía hablar más sobre el asunto porque se le podía acusar de actos anticipados de campaña. Aquí están los del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.

López Obrador criticó que los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, que son lo mismo, van a querer comprar votos, acto que calificó de inmoral, porque es un truco que tienen bien ensayado. Entregan 500, mil pesos, despensas, láminas.

David Monreal, candidato a la gubernatura, lamentó el retroceso que se observa en municipios y carreteras, por lo que pidió a los asistentes a la asamblea en Jalpa seguir creando conciencia en la gente. Es hora de despertar y de cambiar Zacatecas, dijo.

Reportan desaparecido a delegado del Cisen en Edomex

Según policías estatales, Jaime Ramos Neri, delegado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional en el Estado de México, está desaparecido desde la noche del jueves.

A la derecha, Jaime Ramos Neri, delegado del CISEN en el Estado de México. (Twitter/@victorhugogord2).

Toluca. Méx. La inseguridad que prevlece en el país, en particular en zonas como Tamaulipas y el Estado de México, alcanza incluso a los mismos encargados de labores de inteligencia.

Jaime Ramos Neri, delegado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en el Estado de México, está desaparecido desde la noche del jueves, informaron policías estatales.

Las autoridades informaron que la misma noche del jueves fue desplegado una operación de seguridad para localizar al funcionario, que viajaba en su camioneta Pathfinder, color verde, con placas 287-UMJ del Estado de México.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) informó que aún no existe carpeta de investigación del caso.

Sin embargo, trascendió que el funcionario fue interceptado por dos sujetos cuando llegaba a su domicilio en Cacalomacán, en el Valle de Toluca.

(Con información de Silvia Chávez González y Javier Salinas / La jornada)

Tras amenaza, matan a asesor de espionaje del CISEN, Raúl Robles

Regeneración, 3 de diciembre de 2015.- El director de Hacking México y asesor de seguridad informática del CISEN y PGR, Raúl Robles Avilés, fue asesinado ayer en Guadalajara, Jalisco.

Raúl Robles se encontraba en café Salón 22, ubicado en el cruce de Bruselas y Libertad, cuando un sujeto con pasamontañas y vestido de negro disparó contra él al menos seis veces con un arma de calibre 380.

El el tablón de imágenes anónimo Hispachan, alguien publicó el siguiente mensaje:

Negros, estoy harto de Raúl Robles, tengo un arma y le robaré su puto auto a ver si se la sigue tirando de bien verga. Lo vi desayunando ayer en un café, va muy seguido, lo esperaré a ver si viene mañana

Raul Robles daba capacitación al CISEN, a la PGR y dictaba conferencias en universidades.

Se dijo que el fallecido venía del Distrito Federal a impartir un curso de seguridad informática en Jalisco.

Varios testimonios indican que a Raúl Robles le gustaba hacer enojar a la gente por Internet.

Peña contrata hackers...¡¡¡ Y se los hackean !!!

Mauricio Romero, @mauricio_contra

La empresa de espionaje italiana Hacking Team –hackeada en julio pasado– sí ha firmado contratos con el actual gobierno. Al menos dos de ellos, por 410 mil euros, amparan la adquisición de software para intervención de comunicaciones

Serio, casi solemne, el secretario de Gobernación dijo que no. Ante decenas de testigos, a merced de las cámaras, con una pasmosa naturalidad, Miguel Ángel Osorio Chong negó que la administración de Enrique Peña Nieto hubiera contratado a Hacking Team (HT), la empresa especialista en programas espía:

 “Respecto a los equipos que usted refiere –le aseguró al reportero que preguntó sobre el tema– fueron comprados por la administración pasada; en esta administración no [se] ha comprado ningún equipo.” Eso dijo el 6 de julio pasado, y quedó grabado en video.

En la víspera, un grupo de hackers había intervenido a la firma italiana y compartido su lista de clientes. México apareció como el mayor comprador de la tecnología invasiva, y Osorio Chong tuvo que hablar al respecto. El encargado de la política interior, acostumbrado a rechazar imputaciones, mecánicamente lo negó.

En un contexto en el que la fuente de los señalamientos era una filtración a partir de un hackeo, Osorio Chong negó que el actual gobierno  tuviera contratos. Ahora, el propio órgano de inteligencia bajo su cargo contradice al político priísta.

El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), en respuesta a la solicitud de acceso a la información 0410000023815, entregó a Contralínea todos los contratos firmados con Hacking Team; no sólo los correspondientes a la “administración pasada”, también los del gobierno actual.

Los contratos

La relación entre el gobierno federal y Hacking Team se inició, en efecto, durante el sexenio de Felipe Calderón. Pero una vez cambiados los poderes, ésta no se rompió.

El primer contrato con la empresa italiana, Cisen/048/10, se firmó el 29 de octubre de 2010; el más reciente, Cisen/020/15, se signó el 20 de abril de 2015.

Entre el primero y último documento hay tres más, correspondientes a 2011, 2012 y 2013 (050/11, 037/12 y 128/13, respectivamente). Es decir que la actual administración ha continuado pagando a HT por la utilización de su tecnología de espionaje.

Pese a los contratos que ha firmado el Cisen con HT, la Secretaría de Gobernación aseguró a Contralínea que en 2012, 2014 y 2015 se han pagado sólo los gastos de mantenimiento

Todos los contratos –de los cuales Contralínea posee copia– se elaboraron por adjudicación directa, aunque el órgano de inteligencia asegura haber realizado una “investigación de mercado que sirvió de base para la selección de la empresa HT, SRL”.

El primer acuerdo, dado durante el gobierno panista, y firmado por Guillermo Valdés Castellanos, entonces director general del Cisen, y por David Vincenzetti, presidente del Consejo de Administración de Hacking Team, oficialmente se trató de la “adquisición de un software para análisis de tráfico de redes”.

Con recursos de la partida presupuestal 3409 de ese año, denominada Patentes, Regalías y Otros, el Cisen pagó el equivalente en pesos a 240 mil euros.

En 2011, el organismo pagó el equivalente a 415 mil euros por “la adquisición del fortalecimiento de software”; en 2012, año de la elección presidencial, volvió a llamar a la empresa italiana para firmar un nuevo “contrato para la actualización” del dispositivo, pagando 325 mil euros más. Como directores del órgano de inteligencia aún en manos panistas firmaron Alejandro Poiré y Jaime Domingo López Buitrón.

El 31 de diciembre de 2013, David Vincenzetti no sólo festejó el año nuevo; lo hizo además con Al son de la negra en la misma Ciudad de México, más que por la llegada de 2014, por una segunda razón: para cuando las campanas sonaron y las uvas se comieron, el empresario italiano ya había asegurado con el Cisen un nuevo “fortalecimiento” del programa que comercializa.

Hacking Team había sobrevivido al cambio de sexenio y de partido en el poder presidencial, y las firmas de Eugenio Ímaz Gispert, el nuevo director general del Cisen nombrado por el propio Enrique Peña Nieto y su secretario de Gobernación, Osorio Chong; de Frida Martínez Zamora, titular de la Unidad de Administración, Finanzas y Desarrollo Humano del mismo órgano de inteligencia; del director de Servicios Tecnológicos, Raúl Villegas Lastra, y de Víctor Emilio Corzo Cabañas, coordinador general jurídico del Cisen, avalaron la felicidad de Vincenzetti, que regresaría a Milán con 205 mil euros más.

El último contrato sostenido –hasta ahora–, Cisen/020/15, entre HT y el ente dependiente de la Secretaría de Gobernación de igual forma fue “para la adquisición del fortalecimiento de software para análisis de tráfico de redes”. Las firmas de Ímaz Gispert; de Nicéforo Ramírez Castillo, nuevo titular de la Unidad de Administración, Finanzas y Desarrollo Humano; del también recién estrenado director de Servicios Tecnológicos del Cisen, Gabriel Méndez, y del jefe jurídico Víctor Corzo aseguraron otros 205 mil euros para Hacking Team. Méndez y Corzo son los encargados de verificar para el Cisen el cumplimiento de los servicios contratados con Hacking Team.

“En 2012, 2014 y 2015 se han pagado sólo los gastos de mantenimiento”, aseguró por escrito Gobernación ante la insistencia de Contralínea de entrevistar al secretario Osorio Chong.

Por medio de una carta enviada el 16 de octubre, por orden de Roberto Femat, director general de Comunicación Social de la Secretaría, la dependencia del Ejecutivo se sostuvo en lo anterior por escrito. Quizá porque ignoraba que su propio órgano de inteligencia ya le había entregado a este semanario los contratos signados con HT.

“Información de medios de comunicación indican que la empresa Hacking Team fue hackeada –apuntó la misiva del departamento de Comunicación de Gobernación–, con ello ha sido expuesta información de la empresa […] debido a este incidente, la Plataforma de Enrolamiento HT se encuentra inhabilitada.”

A pesar de lo dicho, en la misma carta anota que “actualmente se tienen cuatro equipos de cómputo enrolados, todos ellos para DAGS, los cuales producen información continuamente; las entregas se realizan los lunes, miércoles y viernes”.

Hacking Team, hasta la cocina

El Cisen hizo lo posible en ocultar la información técnica e impedir que se admitiera oficialmente qué software adquirió a Hacking Team. En este caso quien echó de cabeza al órgano de inteligencia fue la Secretaría de Gobernación.

La clave de los acuerdos firmados entre el Cisen y Hacking Team son los anexos técnicos. Es en ellos donde se detalla el software espía suministrado por la empresa italiana. Pero la versión pública elaborada y entregada por la dependencia a Contralínea es un compendio de testeo, barras negras como teclas dejando sólo espacios en blanco. Apenas se puede leer el título de documento y unas cuantas palabras más.

Especificar qué programas compró el Estado “vulneraría las técnicas y prácticas utilizadas para la recolección de inteligencia”, lo que en consecuencia convertiría al Cisen “en un blanco susceptible de ataques y amenazas cibernéticas, por grupos antagónicos al Estado, los cuales podrían llevar a cabo acciones para infiltrarse en la estructura tecnológica y así obtener información del Centro”, justificó el órgano el emborronamiento de los documentos, que además reservó por 12 años –decisión que el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), con ponencia del comisionado Joel Salas, deberá revocar o reafirmar al resolver los recursos de revisión acumulados 5348/15 y 5349/15.

El Cisen se esforzó. Pero en su afán de apaciguar el interés en el tema elaboró un documento tituladoEstatus plataforma HT, el mismo que se envió a Contralínea en respuesta negativa a las solicitudes de entrevista hechas.

En dicha comunicación, la Secretaría a cargo de Osorio Chong detalló que el dispositivo adquirido fue “la plataforma de enrolamiento Remote Control System, del fabricante Hacking Team en su versión Da Vinci”.

Y abundó: “Da Vinci es una plataforma para enrolamiento principalmente de equipos de cómputo Windows y MacOS”. También asentó que “la licencia se ha renovado anualmente”.

Tal misiva la envió la propia Secretaría a cargo de Osorio Chong meses después de que éste asegurara que el tema pertenecía al pasado y no a la administración de la que él es parte.?“La empresa italiana Hacking Team describe ella misma sus propias tecnologías como ‘ofensivas’. La empresa ha sido cuestionada por sus ventas a Marruecos y a Emiratos Árabes Unidos”, asentó en 2013 la organización internacional Reporteros sin Fronteras (RSF) en el informe denominado Enemigos de internet. Y continuó:

“Según ella, el Remote Control Sytem que ha desarrollado y que ha nombrado con modestia Da Vinci es capaz de romper el cifrado utilizado por correos electrónicos, archivos y protocolos VOIP.” Es decir que los gobiernos que lo utilicen pueden “vigilar archivos y correos electrónicos, incluso los que utilizan la tecnología PGP, las conversaciones de Skype y todos los otros protocolos VOIP, así como la mensajería instantánea”.

También, alerta RSF, “este sistema hace posible la localización de objetivos e identificación de sus contactos, permite activar a distancia cámaras y micrófonos en todo el mundo; pretende que su software sea capaz de vigilar simultáneamente centenas de millares de ordenadores en un mismo país; sus caballos de Troya pueden infectar Windows, Mac, Linux, iOS, Android, Symbian y Blackberry”.

El objetivo puede ser quien sea; cualquier persona puede ser espiada con tal tecnología, sin embargo para el Cisen los resultados aún no eran los óptimos.

En mayo de 2015, un par de meses antes de la filtración y de la negación de Osorio Chong, HT trabajaba ya en un plan urgente para “maximizar la eficacia de los ataques” del Cisen.

En un correo enviado por Philippe Vinci, vicepresidente de desarrollo comercial, a diversos directivos de Hacking Team –entre ellos David Vincenzetti– expuso la necesidad de fortalecer el vínculo con el órgano de inteligencia mexicano.

En el correo, dado a conocer por WikiLeaks, Vinci explicaba la crisis: “el equipo técnico del Cisen sólo fue capaz de realizar 18 infecciones exitosas en 2014 (12 físicamente y seis a distancia)”. Así se quejaba el ejecutivo italiano, pues los 50 agentes a cargo del programa (al que los mexicanos llaman Galileo en vez de Da Vinci) no lograban superar ni siquiera el 2 por ciento de eficiencia, esto a pesar de tener la capacidad técnica para infectar 20 objetivos a la semana, “lo que equivaldría a más de 1 mil objetivos al año”. Por ello, el plan consistía en ampliar a 200 el número de agentes pegados a los dispositivos suministrados por Hacking Team.

HT estaba preocupado pues, por los bajos resultados, el Cisen amenazaba con no renovar después de 2015. “El riesgo [para la empresa] es extremadamente malo”, alertó Philippe Vinci. Y se refería al “efecto dominó en otras dependencias federales de México: la Policía Federal (de la misma Secretaría de Gobernación) o la Sedena [Secretaría de la defensa Nacional]”. “Somos afortunados por seguir contando con el Cisen durante 2015”, remataba Vinci. Y cómo no, si “México está entre los primeros tres contribuidores de ganancias en la historia de Hacking Team”, aunque el secretario Osorio Chong negara lo correspondiente a este gobierno.

Contralínea se comunicó a Milán a las oficinas de Hacking Team con la intención de conversar con David Vincenzatti. Alessandra Mino primero, y Eric Rabe después, recibieron la solicitud. HT se disculpó por no poder dar respuestas mientras la propia compañía no confirme los datos revelados en las filtraciones, y rechazó la petición.

El invisible contrato de 2014

No apareció ni en la filtración dada en julio tras el hackeo sufrido por Hacking Team. Tampoco en los datos liberados por el Cisen. La única referencia al contrato correspondiente a 2014 aparece en los correos electrónicos compartidos por WikiLeaks.

El 23 de abril de 2014, el entonces director de Servicios Tecnológicos del Cisen, Raúl Villegas Lastra, recibió en su correo (rvillegas@entermas.net) un par de preguntas por parte de Alex Velasco, gerente de cuentas de HT.

“Me dirijo a usted para obtener información sobre el pago que aún no hemos recibido”, escribió con cordialidad el trabajador de Hacking Team, y le cuestionó algo más: “En otro tema, quería preguntarte sobre la cotización solicitada para 1 mil licencias más. ¿Se ha tomado una decisión sobre este proyecto?”

El millar de licencias más en las que se interesó el Cisen no pudieron concretarse “por razones presupuestales”, contó Villegas Lastra. Entonces la cadena de correos siguió la línea del pago pendiente de la entidad por el contrato 011/2014, correspondiente a 205 mil euros.

“Acabamos de recibir el pago por 153,75 k [sic] por el acuerdo 011/2014; lo que corresponde al 75 por ciento del monto del contrato”, informó el 5 de mayo de 2014 en otro correo Simoneta Gallucci, asistente del área administrativa.

Instituciones de seguridad niegan relación con HT

No sólo Miguel Ángel Osorio negó la relación de Gobernación con Hacking Team; las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar), la Procuraduría General de la República (PGR), la Policía Federal, y la Presidencia de la República hicieron lo mismo: asegurar por escrito que no tienen, ni han tenido, nada que ver con la compañía italiana suministradora de equipos de espionaje, según las respuestas las solicitudes de información presentadas por Contralínea por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (folios 0000700129515, 0000700129615, 0001300044115, 0001300044215, 0001700239915, 0001700240015, 0413100106015, 0413100106115 y 0210000095615).

Así, una por una, después de haber realizado “búsquedas exhaustivas” y a pesar de que el hackeo a HT los dejó expuestos como asiduos consumidores de materiales de espionaje, simplemente dijeron que ellos no, que no existen documentos que las relacionen con el tema.

El 30 de junio de 2015, unos días antes de que Hacking Team fuera intervenida, Daniel Martínez, ingeniero de campo de HT, notificaba lo que ocurría con los “socios de México”:

“Gilberto me dijo que ha estado viajando a Israel con el general (de compras) de la Sedena y tratará de cerrar el trato y obtener la fecha en la que comprará nuestro sistema”, contó el ejecutivo de HT en el correo 235075 dado a conocer por Wikileaks.

“Les comento que me fue muy bien en SEMAR, solo fallo el demo infectando mac y linux, aunque las plataformas principales que querían probar, todas funcionaron, así que estamos también un paso adelante, yo regresare a probar lo que falto talvez mañana o dentro de 2 semanas dependiendo de la disponibilidad de ellos” (sic), añadió Martínez el 1 de julio de 2015 (correo 1088190).

Por su parte, Philippe Vinci celebraba que sólo esperaba la confirmación de la Sedena sobre la invitación hecha para visitar HT en Milán. “La visita ha sido autorizada internamente, entonces se puede dar”. La fecha tentativa para darse el tour era el 20 de julio. Pero el día 6 Hacking Team fue hackeado.

En los correos de la firma italiana se menciona a la Policía Federal (“van a tener mucha pesca en estos días”), a la PGR; al gobierno de Tamaulipas, al de Sonora, Puebla, Estado de México…

Con la filtración, 14 entidades mexicanas fueron exhibidas, colocando al país como el mejor cliente de Hacking Team.

Ver/Ocultar: Contrato No. CISEN/128/13

Ver/Ocultar: Unidad de Enlace CISEN

Ver/Ocultar: Documentos

Como Osorio, el director del CISEN tampoco tiene título

“Protege” seguridad nacional sin formación académica

2. noviembre, 2014 Autor: Rogelio Velázquez @rogelio_contra

El director del órgano civil de inteligencia del Estado mexicano, Eugenio Ímaz Gispert, carece de experiencia académica que acredite su capacidad para estar al frente de la institución encargada de la seguridad nacional. Mientras que el Cisen, sin prueba alguna, lo presenta con el grado académico de licenciado, la SEP rechaza que haya expedido cédula profesional con su nombre. En su trayectoria laboral no ha desempeñado cargos relacionados con la seguridad nacional. Su formación incluye intentos por desarrollarse en la cinematografía, donde pudo participar como actor de reparto en una película de la actriz María Elena Velasco, conocida como la India María. De entre quienes han ocupado la dirección del Cisen, Ímaz es el único que no cuenta con título profesional respaldado por la SEP. Especialistas y legisladores observan un retroceso en los esfuerzos por profesionalizar los servicios de inteligencia y lamentan que la sociedad pague con el desastre actual el que políticos sigan privilegiando el compadrazgo por encima de las capacidades y el talento en un rubro tan delicado. El resultado, la grave crisis que enfrenta México, agudizada por la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas en septiembre pasado, que fue inadvertida por el Cisen

Eugenio Ímaz Gispert, director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) –el órgano de inteligencia civil del Estado mexicano–, no cuenta con cédula profesional ni título avalados por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

De acuerdo con información del portal de internet de dicha Secretaría, no se encuentran resultados de Ímaz Gispert en el Registro Nacional de Profesionistas. Por tanto, no cuenta con un documento que avale sus estudios universitarios ante la máxima autoridad educativa del país.

No obstante, en su portal electrónico y en documentos oficiales el Cisen sí lo acredita como licenciado, sin especificar en qué pudo haberse titulado.

El pasado 18 de agosto, Contralínea solicitó al Cisen conocer la trayectoria académica y laboral completa del funcionario. Para ello presentó una solicitud de información por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a la cual se le asignó el folio 0410000017614.

Días después, el portal del organismo descentralizado de la Secretaría de Gobernación suprimió la abreviatura “Lic” que antecedía al nombre de su director general. Sin embargo, en las versiones en inglés y para dispositivo móvil, dicha abreviatura aún permanece.

El 2 de septiembre el Cisen respondió a Contralínea –través de Carla Alejandra Carrillo Hervert, titular de la Unidad de Enlace– que “la información se encuentra disponible públicamente, toda vez que la información solicitada la puede consultar en la página de internet del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, en el rubro Cisen, apartado “Director General”, o en la liga http://www.cisen.gob.mx/cisenDG.html ”.

Ésa fue la respuesta oficial, a pesar de que se había advertido y hecho constar en la solicitud que la información requerida no aparecía completa en dicho sitio electrónico.

En el artículo 26 del Estatuto Laboral del Cisen se asienta que para ingresar al Centro se debe poseer el grado académico que requiera el puesto, expedido por alguna institución con reconocimiento de validez oficial, aunque no da más detalles.

Además de que el actual director no aparece en el Registro Nacional de Profesionales, la SEP respondió formalmente a la solicitud de información 0001100390814 –hecha por Contralínea– que “derivado de una búsqueda exhaustiva, no se localizó registro alguno del C. Eugenio Ímaz Gispert, acerca de su trayectoria académica y cédula profesional por tanto, es inexistente…” (sic).

Según una nota del portal sinembargo.mx, publicada el 21 de abril de 2013, el titular del Cisen se formó como antropólogo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH).

No obstante, el 10 de septiembre de 2014 la ENAH señaló, respecto de la trayectoria académica de Eugenio Ímaz Gispert, que “el Departamento de Servicios Escolares ha revisado en sus archivos y no ha encontrado coincidencia con el nombre”, tal como consta en el oficio 401.A.(1)138.2014/297, firmado por el director de la Escuela, José Luis Vera Cortés, y entregado a esta revista.

A pesar de ello, el director del Cisen ha firmado documentos oficiales en los cuales se le identifica como “licenciado Eugenio Ímaz Gispert”. Uno de los más recientes es el “Acuerdo que modifica las bases de colaboración suscritas entre la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Salud”, que signó junto con su jefe –Miguel Ángel Osorio Chong– el 12 de marzo de 2014, y que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Exdirectores del Cisen, titulados

Ímaz Gispert es el único director en la historia del Cisen que no cuenta con una cédula profesional que acredite sus estudios universitarios.

Jorge Carrillo Olea, fundador del Cisen y director general entre febrero de 1989 y octubre de 1990, es licenciado en administración militar por la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. Su sucesor, Fernando del Villar Moreno ocupó el cargo hasta enero de 1993 y es licenciado en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Otro economista titulado por la UNAM es Eduardo Pontones Chico, quien fue director del Centro de enero de 1993 a enero de 1994, mes en que fue removido del cargo como consecuencia de haber sido sorprendido por la insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. A la salida de éste, llegó Jorge Enrique Tello Peón, ingeniero civil por la Universidad Autónoma Metropolitana. Dejó el cargo en mayo de 1999.

Entre mayo de 1999 y diciembre de 2000, el puesto fue ocupado por Alejandro Alegre Rabiela, licenciado en derecho por la Universidad Anáhuac. Posteriormente, Eduardo Tomás Medina-Mora Icaza, licenciado en derecho por la UNAM, fungió como director general de la dependencia y hasta octubre de 2005.

Guillermo Valdés Castellanos ocupó el cargo entre enero de 2007 y septiembre de 2011. Al asumir la dirección no contaba con el título de licenciado en ciencias sociales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), pero lo obtuvo en 2008.

El periodo más corto en la dirección general de la dependencia fue el de Alejandro Alfonso Poiré Romero. Sólo permaneció cerca de 3 meses: entre septiembre y noviembre de 2011. Es licenciado en ciencia política por el ITAM. Además, es maestro y doctor en la misma materia por la Universidad de Harvard.

El antecesor de Ímaz Gispert, Jaime Domingo López Buitrón, ha ocupado el cargo en dos ocasiones: entre octubre de 2005 y diciembre de 2006, y de noviembre de 2011 a diciembre de 2012. Es ingeniero industrial por el Instituto Politécnico Nacional, obtuvo la maestría en administración pública por la Universidad del Valle de México y posee el grado de doctor en ciencias sociales por la Universidad Iberoamericana.

Y así como a Pontones Chico lo sorprendió la irrupción del EZLN, a Ímaz Gispert lo ha tomado por sorpresa el descontento y la crisis social, agudizados por la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas, el asesinato de otros tres y las heridas de gravedad causadas a una veintena más, el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero. También, el conflicto estudiantil del Instituto Politécnico Nacional.

Experiencia artística

En la página electrónica del Cisen no se hace referencia alguna a la trayectoria académica de su actual director. No se especifica con qué estudios cuenta. Con respecto a su experiencia laboral, menciona que fue secretario del despacho del gobernador de Hidalgo entre 1993 y 1995 y secretario de Industria y Comercio del mismo estado de 1995 a 1998.

También fue secretario particular del subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación entre 1998 y 1999, coordinador de asesores del subsecretario de Gobierno de dicha Secretaría de 1999 a 2000. Además, fungió como primer secretario para asuntos comerciales de la Embajada de México en Canadá en 2001.

Posteriormente, regresó a la administración pública del estado de Hidalgo, donde se desempeñó como coordinador de asesores del gobernador [Miguel Ángel Osorio Chong, actual secretario de Gobernación y jefe directo de Ímaz] en 2005, secretario de la Contraloría entre 2005 y 2009, y secretario de Planeación y Desarrollo entre 2009 y 2011.

Es decir, hasta antes de su nombramiento como director general del máximo órgano de inteligencia del Estado mexicano, no había ocupado ningún cargo en materia de seguridad nacional.

En contraste, el Cisen no menciona que Ímaz Gispert trabajó como actor en una película protagonizada por la actriz María Elena Velasco Fragoso, la India María.

Fue en 1983 cuando participó en la cinta El coyote emplumado, dirigida por Alfredo B Crevena. En el film aparece cinco veces interpretando a un diplomático estadunidense que asiste a un congreso internacional de arqueología en Acapulco.

En You Tube se puede ver la película completa en www.youtube.com/watch?v= CXT2RC1kcLA. Ímaz aparece en los minutos 19:04, 20:11, 24:26, 40:59 y 42:34. Nunca, por más de 45 segundos a cuadro.

Otros funcionarios del Cisen

Los únicos dos nombres de funcionarios del Cisen en activo, además de Eugenio Ímaz, que la dependencia hace públicos son Gerardo de la Cruz Castro Estrada, director general de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, y Carla Alejandra Carrillo Hervert, titular de la Unidad de Enlace.

El primero cuenta con una maestría en seguridad nacional por el centro de Estudios Superiores Navales. Carrillo Hervert es licenciada en derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

Los otros cuatro funcionarios cuyo nombre aparece en el Portal de Obligaciones de Transparencia del Cisen dependen jerárquica y funcionalmente de la Secretaría de la Función Pública.

Se trata de Jesús Meza Zapata, titular del Órgano Interno de Control, con licenciatura en contaduría por la UNAM; Eduardo Castillo Monroy, titular del Área de Auditoria para el Desarrollo y Mejora de la Gestión; cuenta con el título de contador público por el Centro Universitario Grupo Sol.

Ricardo López Lerín es titular del Área de Responsabilidades y Quejas. Posee una maestría en derecho administrativo y fiscal por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados. Tomás Cuauhtencos Rosales, titular del Área de Auditoría Interna, no cuenta con cédula profesional.

Profesionalización

La diputada federal Lizbeth Rosas Montero, integrante de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, considera que para ocupar el puesto de director general del Cisen se debe tener como mínimo un grado académico de maestría.

 “Con licenciatura, el grado de profesionalización no es suficiente. Un maestro comparte la experiencia. Además debería contar con especialidades en seguridad pública, seguridad nacional e inteligencia. No sólo ser director de seguridad de un municipio o de un gobierno estatal, sino tener experiencia regional.”

Además, explica la legisladora integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, el Cisen necesita una consultoría en la que participen investigadores, profesionales y expertos en el tema. Agrega que en ella deberían estar integradas también las Fuerzas Armadas Mexicanas. Todo, con el objetivo de mejorar las labores oriemtadas a la defensa y seguridad nacionales.

Explica que es necesario un servicio profesional de carrera para quien ocupe puestos relevantes en las instituciones encargadas de la seguridad nacional. “Los puestos no deben ser vitalicios. Todo lo que permanece sin mover se puede corromper. Deben de estar sujetos a un estricto control de confianza, a un seguimiento constante de sus finanzas, a sus capacidades y resultados. Lo que menos necesita la seguridad nacional es un burócrata”.

Íñigo Guevara, especialista en Fuerzas Armadas y seguridad nacional, coincide con la diputada en que se necesita contar con títulos académicos profesionales para ejercer dichos cargos.

“Estoy seguro que habrá muchos individuos con y sin estudios universitarios y con experiencia muy diversa que resultan muy hábiles para navegar las burocracias de la comunidad de inteligencia y seguridad; pero si lo que buscamos es profesionalizar, se deben de establecer políticas de contratación, tal como se hizo en [la Secretaría de] Hacienda [y Crédito Público] a finales de la década de 1980 y principio de la de 1990, de profesionistas que tengan la formación adecuada”, comenta.

Menciona además que, una vez en el cargo, los funcionarios deben estar sujetos a mecanismos de rendición de cuentas para confirmar su permanencia y buen desempeño. También deben ser parte de la estructura de supervisión del Estado. Esto se hace mediante presentaciones periódicas de resultados ante comisiones especiales del Poder Legislativo. “Si se hacen anuales, es un buen inicio”, considera el especialista.

No obstante, asegura que el gran problema es cómo garantizar la seriedad de las comisiones legislativas, ya que para que haya una supervisión adecuada, debe de existir la estructura seria que garantice protección también al proceso, especialmente de protección a la información divulgada.

Sin embargo, la diputada perredista Lizbeth Rosas asegura que el Congreso no ha funcionado, hasta el momento, como contrapeso a las intenciones del Poder Ejecutivo, debido a que el Cisen no informa adecuadamente a la Comisión Bicamaral de Seguridad.

 “Los reporteros tienen más información que nosotros; por ello, estamos sujetos a lo que nos quieren mostrar. Todo es platicado, sin un documento de por medio. Incluso, a la fecha, no tenemos las minutas de lo acordado en el Plan Mérida. Por ello pensamos que el órgano de control legislativo simplemente no existe: es letra muerta.”

Con respecto a los mecanismos para acreditar la capacidad y experiencia de los servidores públicos que desempeñan labores en instituciones de seguridad nacional y pública, Íñigo Guevara señala que el candidato debe poder demostrar consistencia en cuanto a su formación académica y su experiencia profesional dentro del sector.

 “Para ello se puede nombrar un comité de expertos formado con una mezcla de académicos, exfuncionarios y representantes de organizaciones ciudadanas que evalúen a una terna de candidatos y emitan su recomendación.”

El investigador explica que se debe recurrir a indicadores básicos como filtro, entre ellos la formación académica.

 “De lo contrario, tenemos un funcionario cuyo único atributo es la confianza personal o dependencia política de sus padrinos. Para esos funcionarios deconfianza también hay plazas y muy bien pagadas: se llaman ‘secretarios particulares’, pero no están encargados oficialmente de instituciones de seguridad”.

Sin embargo, argumenta Íñigo Guevara, en la cultura política mexicana se da preferencia a la confianza personal, por encima de la capacidad o talento, a la hora de designar servidores públicos en prácticamente todas sus instituciones.

En ese sentido, Lizbeth Rosas señala que muchas áreas de seguridad en el gobierno federal sólo han servido como agencias de colocación para los amigos y familiares de los titulares de éstas.

 “Eugenio Ímaz, Miguel Ángel Osorio Chong y Jesús Murillo Karam [procurador general de la República] son del mismo equipo político. ¿Quién sanciona a quién? ¿Quién hace que se aplique la ley?”, cuestiona la legisladora.

El artículo 11 de la Ley de Seguridad Nacional señala que los titulares de las instituciones de seguridad nacional deben acreditar la capacidad y la experiencia para el desempeño de la función, aunque en la realidad esto no ocurre.

Óscar Enrique Díaz Santos, doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en administración pública, explica que la ley es muy general al respecto, debido a que no precisa los grados o competencias académicas que se requieren para ocupar altos puestos en áreas de seguridad.

 “En ocasiones, el que contrata ajusta la ley al perfil de sus amigos, cuando debería de ser lo contrario: que el perfil de los aspirantes se ajuste a la ley. En algunas secretarías, en sus perfiles de puesto se solicitaba un título universitario para su personal operativo; pero a partir de jefe de departamento, no se pedía nada”, expone el académico.

Agrega que “en el contexto de inseguridad y narcotráfico que vive el país es mucho más importante que los mandos y los encargados cuenten con una carrera universitaria. Es necesario hacer perfiles de puesto: y se debe precisar la necesidad de poseer un título universitario que acredite las capacidades acordes con los altos puestos. Pero eso aún no se hace”.

—¿Esto afecta la profesionalización en materia de seguridad en al país?

—Claro. Porque mientras se sigan haciendo las cosas de esta manera, no será el mejor candidato el que ocupe el puesto. Por ello, incluso, tenemos subsecretarios de Estado sin un título académico.

Contralínea solicitó entrevista con el titular de la dependencia y una posición al respecto de la Secretaría de Gobernación, a través de Karla Paulina Olmos González, directora de Análisis y Evaluación de la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Estado. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta.