Senadores del PAN rompen con el gobierno y el PRI por "descalificaciones"

 Las autoridades tienen una "estrategia" para desprestigiar a panistas como el gobernador de Sonora y otros líderes, dijo Jorge Luis Preciado

CIUDAD DE MÉXICO (CNNMéxico) — Los senadores del opositor Partido Acción Nacional (PAN), segunda fuerza en la Cámara alta, rompieron con el gobierno de Enrique Peña Nieto y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), argumentando que las autoridades federales tienen una "estrategia" para desprestigiar a gobernadores, legisladores y otros líderes panistas. 

El rompimiento se produce en medio del enfrentamiento que el gobernador panista de Sonora, Guillermo Padrés, sostiene con delegados de dependencias federales, luego de que éstos declararan "ilegal" la construcción de una represa en el rancho Pozo Nuevo, propiedad de la familia del mandatario estatal. 

La situación ha causado polémica en medios y redes sociales, puesto que se dio a conocer mientras al menos siete municipios de Sonora sufren las afectaciones de un derrame de sustancias tóxicas en ríos de la entidad. 

Jorge Luis Preciado, líder de los senadores del PAN, señaló al respecto este jueves que la bancada se reunió en privado con Padrés y, tras analizar su caso y el de otros panistas, decidió romper con el gobierno federal porque considera que tiene "una estrategia muy clara" para desprestigiar al panismo. 

"Es clarísima la estrategia del gobierno federal de descalificar a nuestro partido en todos los frentes en los que va a haber elecciones locales, y sobre todo, donde va a haber gubernaturas", dijo Preciado a periodistas. 

Agregó que el último asunto en el que el PAN votará junto con el PRI es el de los nombramientos para órganos del sector energético, y que después tendrán que revisar "tema por tema". 

"Hay que decirle al gobierno que esta es la última vez en la que nosotros vamos a seguir colaborando y vamos a seguir trabajando de manera conjunta, porque el hecho de que nosotros hagamos bien las cosas no significa que seamos un partido que va a permitir que a cualquier gobernador, a cualquier legislador, a cualquier parte del Partido Acción Nacional se le pueda descalificar, se le pueda señalar", dijo el coordinador de los senadores panistas. 

En lo que va de la actual Legislatura, que comenzó en septiembre de 2012, el PAN ha sido un aliado clave para que el PRI pueda sacar adelante sus reformas, pues la única en la que los panistas votaron en contra fue la fiscal. 

Sin embargo, aún existen otros asuntos pendientes, como la reforma política del Distrito Federal, la comisión anticorrupción y las leyes secundarias de la reforma de transparencia y de la de derechos humanos. 

Para Preciado, otros panistas que han sido descalificados en las últimas semanas son el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, y diputados federales, a lo que suma que se "maximizan" escándalos como el de Carlos Treviño, un panista de Querétaro, que hizo comentarios racistas contra el futbolista Ronaldinho. 

"Se ha llegado al grado de maximizar señalamientos absurdos como los que puede hacer alguna persona que trabajó en algún gobierno hace nueve años y llevarlos a la prensa nacional, como si se tratara de todos los panistas, cuando el PAN es mucho más", dijo Preciado. 

En días recientes, el dirigente del PAN, Gustavo Madero, hizo señalamientos parecidos, al acusar a los medios de promover una "imagen distorsionada" del partido.

Las fricciones entre el PAN y otras fuerzas políticas ocurren a dos semanas de que, el 7 de octubre, arranque formalmente el proceso electoral 2014-2015, en el que se renovará la Cámara de Diputados y habrá elecciones locales en 17 entidades, en nueve de las cuales se elegirá gobernador.

Claudio X González y su oscuro historial

Viernes, 11 de Abril de 2014

FANNY

El 19 de febrero del año pasado el columnista de La Jornada, Luis Hernández Navarro desenmascaro a Claudio X González Guajardo, puso al descubierto muchas cosas acerca de este personaje sin que éste le rebatiera ninguna palabra, ninguna letra, el consejero propietario del Grupo Carso, enmudeció y el que calla otorga.

Seguramente, el potentado empresario no cuenta con los elementos necesarios para convencer a la opinión pública de que sus acciones son sinceras y no falsas posturas con un trasfondo de beneficio económico político.

El tema de Claudio X es un caso emblemático de cómo hacer de la filantropía un buen negocio y de la educación una plataforma política.

Un solo ejemplo: en julio de 2004, el diputado Omar Ortega Álvarez denunció en tribuna la donación irregular de 44.7 millones de pesos que la Lotería Nacional hizo a la Unión de Empresarios para la Tecnología en la Educación (Unete), una de las organizaciones que González Guajardo preside.

Este “donativo” ha permanecido oculto porque nadie sabe y nadie supo cuál ha sido su destino, se desconoce hasta la fecha en que forma se han ejercido estos cuantiosos recursos y si ha beneficiado a algún mexicano, lo que si estamos ciertos es que si alguien ha resultado beneficiado es Claudio X González.

Este empresario tiene más de mil máscaras, las utiliza para esconder su verdadera personalidad donde nada tiene que ver el altruismo y el desinterés, porque la realidad es que este personaje ha sido señalado por Andrés Manuel López Obrador quien lo acusó de participar en el negocio de la electricidad y formar parte del grupo de potentados que presionaron para que el gobierno de Felipe Calderón liquidara a la empresa Luz y Fuerza del Centro y el SME.

Son ellos, dijo el tabasqueño, los que han desplegado una campaña mediática para desprestigiar a los trabajadores electricistas y su sindicato.

La familia de Claudio X González forma parte del tan mencionado “Grupo 21”, empresarios que fueron beneficiados por el rescate financiero del Fobaproa.

Claudio X González fue gran amigo y socio en grandes negocios del también personaje dueño del Registro Nacional de Vehículos, el oscuro Renave, amigo del torturador Domingo Cavallo y ex accionista del Grupo Financiero Banamex .

Empresario y ¿activista social?

Para el columnista Luis Hernández, Claudio X. González Guajardo, presidente de Mexicanos Primero, le gusta presentarse como un empresario y activista social que lucha por elevar el nivel educativo de los mexicanos. Su lema es ¡más educación, menos política!; sin embargo, su actividad central es la política.

No es esa su única contradicción.

Se asume como representante de la sociedad civil, pero aboga en favor del mundo empresarial. Pontifica desde el púlpito de una supuesta superioridad moral ciudadana sobre políticos, maestros y sindicalistas, pero impulsa una agenda claramente patronal. Presume ser garante de lo público, pero invariablemente defiende intereses privados.

González es un crítico feroz de la educación pública en México. Curiosamente recibe todo tipo de honores de las instituciones escolares privadas auspiciadas por los legionarios de Cristo, la orden fundada por el sacerdote mexicano Marcial Maciel, acusado de cometer abusos sexuales contra menores, plagiar obras y engendrar varios hijos, a pesar de sus votos de castidad. En 2006 le dieron la Medalla Anáhuac en Educación, y seis años después el premio Impulsa al Emprendedor Social de 2012.

Es consejero de diversas asociaciones educativas de claro corte conservador, como la Fundación Carolina, formada por el Partido Popular español, dedicada a formar a las élites de la derecha de América Latina.

Ahora entiendo porque Claudio X González nunca ha criticado los ignominiosos casos de pederastia en las que incurrieron algunos sacerdotes que conforman la cofradía de los Legionarios de Cristo, ahora comprendo porque los protege.

Rodarán cabezas de Ministerios Públicos

El presidente del Colegio de Abogados de Poza Rica, Mario Acevedo, dio a conocer que se entrevistarán con el Procurador General de Justica en el Estado para denunciar que los ministerios públicos del norte de la entidad cobran entre 50 mil y 100 mil pesos por resolver una sentencia.

“Muy importante en la refundación, en la re-moralización del sistema. Estamos enfrente de la batalla y da pena que los Ministerios Públicos te miran con signo de pesos todo el tiempo y tasan las resoluciones que dictan, las tasan invariablemente. Antes las tasaban en, ¿qué será?, cinco mil pesos; ahora te piden 50 o 100 mil, depende del caso que concretes. Es verdaderamente vergonzoso que esté pasando esto en Veracruz. Veracruz es el tercero del país, Ciudad de México, Estado de México y Veracruz. Y en Veracruz el Gobierno no hace nada”.

Seguramente el fiscal del estado cortará de tajo esta gran corruptela que evita que haya justicia pronta, expedita y sobre todo gratuita.

En ese sentido, se pronunció porque exista una re-categorización de los salarios de los ministerios públicos a fin de acabar la corrupción que existe en estos lugares. Ahora la palabra la tiene el Procurador de Justicia, Luis Ángel Bravo Contreras, que investigue y que actúe en consecuencia.

Rechaza GE representación de Sergio Vaca por alto costo

Ya salió el peine, resulta que durante el banderazo de inicio de las acciones de combate al dengue que organiza la Secretaría de Salud, junto con la Jurisdicción Sanitaria número VIII, el Secretario de Salud, Juan Antonio Nemi Dib habló sobre el tema de Sergio Vaca y sobre el tema de FINAMED.

Él señaló que ellos no aceptaron que el abogado Vaca Betancourt los representara en el caso de Finamed porque el jurisconsulto les cobraba 40 millones de pesos.

Más caro el caldo que las albóndigas, dice la conseja popular.

Nemi Dib explicó con detalles que el licenciado Sergio Vaca les propuso defender al gobierno en el pleito civil que tiene con FINAMED y pedía que le pagáramos por estos servicios profesionales 40 millones de pesos.

Ayer en su declaración él mismo lo comentó, creo que está muy claro que si nos aventamos la bronca con FINAMED fue para ahorrar dinero, fue para evitar dañar al patrimonio público de los veracruzanos y entonces qué sentido tendría pagar 40 millones de pesos por una defensa jurídica, además él es abogado y sabe que yo no tengo facultad”.

Lety Silva, cuarto directivo que cae en IVAI; descabezará Yolli a 20

Este jueves la agencia Sociedad 3.0 en una jota informativa dio a conocen una jota informativa dio a conocer que el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) incumple el artículo 45 de la ley que le da vida, de establecer un servicio civil de carrera para sus trabajadores, lo que causa aberraciones laborales como la que está pasando en estos días, en que serán cesados 20 trabajadores, y donde ya han sido renunciados 4 directores.

Se trata de la directora de Capacitación y Vinculación Ciudadana; el director de Datos Personales y el director de Administración y Finanzas. De última hora se está despidiendo, a las 11:51 de la mañana, Leticia Silva, quien sólo laborará hasta el próximo viernes 11.

Su mensaje, enviado a las redacciones de los medios de comunicación, dice:

“Por medio de la presente les informo que a partir de este 11 de abril concluyo mi ciclo laboral en el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. Por lo que en atención y replica a la información que les he emitido, expreso mi sincero agradecimiento, por el apoyo brindado en la labor que desempeñé como enlace de comunicación social.

“Al Consejo General, Direcciones y compañeros del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información agradezco el apoyo y la oportunidad de aprender y cumplir con esta etapa laboral de mi desarrollo profesional. Reitero a todos mi gratitud y reconocimiento. Gracias. Leticia Silva Sosa”.

Ante tal injusticia le envío a mi amiga Leticia Silva mi apoyo incondicional, consciente de que su capacidad está más allá de los caprichos de una funcionaria autoritaria e insensible. 

http://www.enlaceveracruz212.com.mx/vercolumna.php?id=5670

Los milagros del PRI

‘La Jornada’: 30 años de hacer periodismo crítico

Si los grandes periódicos lo son porque perduran y porque tienen un carácter y un sello editorial propio y un lectorado leal y crítico, 'La Jornada' cumple con los requisitos, indica la editorial de este viernes.

Carlos Payán, fundador de La Jornada y Carmen Lira, actual directora del diario.

El diario La Jornada cumple este viernes 30 años, en los que ha reportado lo que sucede en nuestro país y fuera de este. Para celebrarlo montaron una exposición fotográfica en las rejas de Chapultepec, en donde dan muestra de parte de su trabajo periodístico.
El diario fue fundado por Carlos Payán y un grupo de destacados periodistas como Miguel Ángel Granados Chapa y actualmente es dirigido por Carmen Lira.
En su editorial de aniversario, el diario alude a los bloqueos de publicidad que ha padecido y añade:
“Hasta la fecha, el manejo discrecional y patrimonialista de los anuncios del sector público sigue siendo una amenaza para la subsistencia de los medios independientes y, por consiguiente, para la libertad de expresión y el derecho a la información. El ámbito institucional no ha comprendido que la comunicación social es una obligación y que los recursos destinados a ella son dinero público que debe ser distribuido en forma equitativa y proporcional entre los medios, al margen de diferencias o de disgustos por sus respectivas líneas editoriales”.

A continuación, su editorial de aniversario:
Tres décadas

El 19 de septiembre de 1984 La Jornada circuló por primera vez entre sus lectores. No fue un inicio fluido ni cómodo porque surgió en un entorno difícil y adverso, en medio de la crisis económica de esa década y en un entorno institucional asfixiante, antidemocrático y hostil a toda divergencia. Adicionalmente, el diario no tenía un respaldo importante de capital: los recursos indispensables se obtuvieron, fundamentalmente, de la venta de acciones entre la sociedad y de las aportaciones en obra que realizaron generosamente muchos artistas plásticos, encabezados por Rufino Tamayo y Francisco Toledo.

Lo recomendable al emprender un proyecto de esta naturaleza es disponer de dinero para sostener la publicación durante un año, como mínimo, para dar tiempo a su acreditación entre los lectores y los anunciantes y esperar sin angustia a que empiecen a fluir los ingresos. En sus inicios, La Jornada tenía dinero para funcionar cinco días. En tales circunstancias era impensable aspirar al establecimiento de una institución periodística sólida y perdurable. Se actuaba, simplemente, en función del deber, y el deber era dar a luz una publicación cotidiana necesaria para el desarrollo político, social y cultural del país y para dar voz y tribuna a sectores de la sociedad que carecían de ella. Sin embargo, este diario cumple hoy tres décadas y en ese lapso se ha convertido en parte fundamental del panorama informativo de México –el segundo periódico del país en términos de circulación– y del exterior; se ha vuelto un punto de referencia para centenares de miles de lectores y ha ganado, con su fidelidad a los principios fundadores, credibilidad y prestigio.

Si los grandes periódicos lo son porque perduran y porque tienen un carácter y un sello editorial propio y un lectorado leal y crítico, La Jornada cumple con los requisitos, y eso es un éxito y casi un milagro.

Esta publicación surgió sin la bendición de los poderes políticos y económicos, e incluso con su animadversión, porque el proyecto informativo que enarbolaba les resultaba incómodo: el periódico confrontó desde su inicio el proyecto neoliberal que por entonces se esbozaba apenas y que en el curso de estas tres décadas ha trastocado profundamente al país. La Jornada cuestionó también desde un principio al régimen político caracterizado por la cerrazón, la antidemocracia, la simulación y la represión, y propuso y defendió la necesaria democratización de las instituciones nacionales; puso énfasis, asimismo, en la desigualdad social, que ya entonces era alarmante y que hoy es abismal, y señaló la necesidad de reducirla, por el bien del país, de la paz y de la gobernabilidad; adicionalmente, el periódico se manifestó en defensa de la soberanía nacional en un momento en que empezaba a ser socavada por la globalización económica y por la debilidad de las autoridades nacionales ante gobiernos y capitales extranjeros.

Como resultado, el diario ha sido sujeto a constantes campañas de difamación e incluso a acosos judiciales desde medios informativos afines al poder y, lo más grave, a un bloqueo de publicidad por parte de las dependencias oficiales y de las agencias de publicidad. Aunque en los 30 años siguientes esa circunstancia ha sido superada en alguna medida, La Jornada no ha recibido nunca las proporciones de publicidad oficial y privada que ameritarían su circulación, su influencia y su penetración.

Hasta la fecha, el manejo discrecional y patrimonialista de los anuncios del sector público sigue siendo una amenaza para la subsistencia de los medios independientes y, por consiguiente, para la libertad de expresión y el derecho a la información. El ámbito institucional no ha comprendido que la comunicación social es una obligación y que los recursos destinados a ella son dinero público que debe ser distribuido en forma equitativa y proporcional entre los medios, al margen de diferencias o de disgustos por sus respectivas líneas editoriales.

La Jornada no es un periódico opositor a ultranza o crítico a rajatabla. En su manejo editorial rehuye las estridencias y el sensacionalismo y busca mantener un equilibrio para dar a conocer todos los puntos de vista de los involucrados en los temas que cubre; desde luego, en el vértigo periodístico del día a día resulta particularmente arduo buscar un equilibrio, y ese esfuerzo cotidiano le ha permitido ganar la credibilidad que hoy ostenta y el sitial de referencia para diversos sectores sociales y para las mismas cúpulas institucionales. Sin embargo, o más bien por eso mismo, este diario sigue siendo incómodo para los poderes políticos y económicos.

En lo que va del actual sexenio, si bien el sector público no ha dejado de contratar publicidad en estas páginas, ha retrasado los pagos más allá de todo plazo razonable, y ello ha colocado a la empresa editora de La Jornada en dificultades sin precedente. Es un hecho que la economía en su conjunto pasa por una situación constreñida, por decir lo menos, pero ello no basta para explicar tales atrasos, sobre todo a la luz de los abultadísimos gastos publicitarios que el gobierno federal ha realizado en otras instancias, particularmente en los medios electrónicos tradicionales, para legitimar el paquete de reformas estructurales recientemente implantadas.

Cabe preguntarse, en esta circunstancia, si los impagos mencionados son un mero descuido burocrático o una forma específica de presión sobre la línea editorial del diario. Sin afán de prejuzgar, hay un hecho inquietante y grave: el bloqueo de publicidad que la Federación y los gobiernos estatales han impuesto a la revista Proceso, que es sin duda la publicación política semanal más importante del país y, como La Jornada, un medio que ha destacado por su independencia.

Tal medida constituye una regresión de siete lustros a tiempos de autoritarismo presidencial que se suponía superados: “no pago para que me peguen”, explicó José López Portillo cuando impuso el embargo publicitario a Proceso a finales de los años 70 del siglo pasado, en lo que fue una valoración aberrante, tanto porque pretendía reducir la institucionalidad federal a su persona, como porque el erario no era suyo, sino de la nación.

Más grave aún, el intento por someter a un medio con el recurso de privarlo de la publicidad oficial es una distorsión antidemocrática y facciosa del espíritu republicano que debiera primar entre los gobernantes, constituye un ataque directo al derecho de los ciudadanos a informarse y al de los comunicadores a informar y expresarse, y priva a las propias autoridades de indicadores e instrumentos para enterarse del pulso social y del sentir de sus gobernados. Cabe esperar que esas tentaciones autoritarias sean contenidas y que den paso a una verdadera comprensión del papel de los medios independientes en una sociedad moderna: un contrapeso necesario al poder y una vía de expresión a las causas profundas de la sociedad.

A pesar de las dificultades mencionadas y de muchas otras que han surgido en el camino,La Jornada llega hoy a sus 30 años de existencia, y a ésta, su edición número 10 mil 822, con el ánimo intacto, la determinación de fidelidad a sus principios y a su línea editorial, y el propósito de actualizarse en forma permanente.

El país y el mundo se han transformado y, con ellos, el oficio periodístico se enfrenta a nuevos desafíos conceptuales, metodológicos, tecnológicos y organizativos. La revolución digital no sólo cambió radicalmente la cotidianeidad laboral e los periodistas, sino que los puso ante experiencias nuevas y fascinantes, pero también ominosas, como el estremecimiento mundial causado por las acciones de Chelsea Manning, Julian Assange y Edward Snowden. Este diario ha tenido una participación directa en esa historia, toda vez que fue seleccionado por Wikileaks para difundir la porción mexicana de los cables secretos del Departamento de Estado y que, desde entonces –diciembre de 2010– ha trabajado con esa organización en la difusión de documentos que los gobernantes pretenden escamotear a la mirada de la opinión pública y en una lucha por la transparencia que ha impactado profundamente en los poderes políticos y en las sociedades del mundo.

Una generación creció leyendo estas páginas y otra, con acceso natural a las redes sociales, empieza a emerger. Para ambas el trabajo de La Jornada ha sido un referente de importancia y una ventana al acontecer mundial minimizado, distorsionado o negado por el periodismo mercantil que no busca informar, sino entretener para, como objetivo último, lucrar. En contraste, este diario no ha buscado hacer periodismo para acumular dinero, sino conseguir dinero para hacer periodismo; su público lo sabe y puede confiar en que esa determinación no va a verse alterada por presiones externas ni por eventos internos.

Ciertamente, es mucho lo que falta por hacer. Como todo medio impreso tradicional, La Jornada debe culminar con éxito la incorporación, al proceso de producción basado en el tiraje en papel, de una lógica de flujo constante orientada a computadoras y dispositivos.

Mantener y mejorar la calidad de este producto informativo es un compromiso permanente, y una manera de retribuir y agradecer el acompañamiento de su público a lo largo de esta aventura que llega hoy a sus primeros 30 años.

La Jornada denuncia crisis económica por retraso en pagos de publicidad oficial

LA REDACCIÓN

Tres décadas, en la edición del 19 de septiembre.

MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).-El periódico “La Jornada” denunció que el gobierno federal ha retrasado los pagos de publicidad oficial “más allá de todo plazo razonable”, situación que ha colocado al diario “en dificultades sin precedente”.

En su editorial de este viernes titulada “Tres décadas”, el diario cuestiona que el gobierno federal retrase los pagos cuando, al mismo tiempo, gaste millones de pesos en difundir las reformas estructurales aprobadas en el transcurso del sexenio.

“Es un hecho que la economía en su conjunto pasa por una situación constreñida, por decir lo menos, pero ello no basta para explicar tales atrasos, sobre todo a la luz de los abultadísimos gastos publicitarios que el gobierno federal ha realizado en otras instancias, particularmente en los medios electrónicos tradicionales, para legitimar el paquete de reformas estructurales recientemente implantadas”, critica el periódico, que este viernes cumple treinta años de existencia.

En su editorial, “La Jornada” cita el caso de la revista “Proceso”, que ha sufrido boicot económico por parte del gobierno federal debido a su línea editorial:

“Cabe preguntarse, en esta circunstancia, si los impagos mencionados son un mero descuido burocrático o una forma específica de presión sobre la línea editorial del diario. Sin afán de prejuzgar, hay un hecho inquietante y grave: el bloqueo de publicidad que la Federación y los gobiernos estatales han impuesto a la revista Proceso, que es sin duda la publicación política semanal más importante del país y, como La Jornada, un medio que ha destacado por su independencia.

“Tal medida constituye una regresión de siete lustros a tiempos de autoritarismo presidencial que se suponía superados: ‘no pago para que me peguen’, explicó José López Portillo cuando impuso el embargo publicitario a Proceso a finales de los años 70 del siglo pasado, en lo que fue una valoración aberrante, tanto porque pretendía reducir la institucionalidad federal a su persona, como porque el erario no era suyo, sino de la nación”.

El periódico recuerda que, debido a su línea editorial, ha sufrido constantes campañas de difamación y acosos judiciales desde medios afines al poder y “lo más grave, un bloqueo de publicidad por parte de las dependencias oficiales y de las agencias de publicidad”.

“La Jornada” también contrasta cómo el gobierno federal despilfarra publicidad en medios afines y castiga a los medios críticos.

“Hasta la fecha, el manejo discrecional y patrimonialista de los anuncios del sector público sigue siendo una amenaza para la subsistencia de los medios independientes y, por consiguiente, para la libertad de expresión y el derecho a la información. El ámbito institucional no ha comprendido que la comunicación social es una obligación y que los recursos destinados a ella son dinero público que debe ser distribuido en forma equitativa y proporcional entre los medios, al margen de diferencias o de disgustos por sus respectivas líneas editoriales”, recalca la editorial.

Televisa separa de su Consejo a dueño de Grupo México; lo acusa de deslealtad

DESTACADO

Germán Larrea, presidente de Grupo México. Foto: Especial

MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- El periodista Joaquín López Dóriga dio a conocer en su noticiero transmitido en Grupo Fórmula que Germán Larrea, presidente de Grupo México, fue separado del Consejo de Televisa.

La razón es que Larrea ocultó a Televisa que plantea convertirse en postor de nuevas cadenas de televisión.

La revista Forbes informó la semana pasada que Larrea competirá por la licitación de una de las dos nuevas cadenas de televisión abierta que ofertó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones fijó en 830 millones de pesos el valor mínimo de referencia de cada una de las cadenas de televisión, cifra que deberán cumplir los interesados en la licitación.

Germán Larrea Mota Velasco, considerado el segundo hombre más rico de México, tiene una fortuna estimada en 14 mil 700 millones de dólares.

Grupo México es responsable del derrame de sustancias tóxicas en los ríos Bacanuchi y Sonora, que dejó afectaciones en siete municipios.

Militares los mataron “uno por uno”, en Edomex: ‘Esquire’

Revocan nacionalidad a la traidora de María Conchita Alonso

Caracas, 17 de septiembre de 2014.-El Ministerio de Interiores y Justicia inició los tramites para revocarle la nacionalidad venezolana a la actriz y cantante Maria Conchita Alonso, cuyo nombre de pila es Maria Concepcion Alonso Bustillo, segun se lee en la Gaceta Oficial 40.498 difundida este miercoles. 

A traves de la resolucion 389, el ministro de Interiores y Justicia, Miguel Rodriguez Torres, designo al abogado Douglas Camero, a los fines de que interponga por ante los organos judiciales competentes la accion de revocatoria de nacionalidad venezolana por naturalizacion de la mencionada cantante quien actualmente esta radicada en Estados Unidos. 

Una fuente del Ministerio de Interiores dijo que dicha medida se tomo porque Maria Conchita Alonso habia faltado a sus deberes al haber solicitado al gobierno de Barak Obama la intervencion de Venezuela.

La Jornada, 30 años-Rocha

La Jornada: 30 años Julio Hernández López

Astillero

 Rapiñas

 Signo y consecuencia

 Tlatlaya, ¿ejecuciones?

 La Jornada: 30 años

Julio Hernández López

VIGILANCIA MILITAR A ORILLAS DEL RÍO BRAVO. La Guardia Nacional estadunidense difundió una serie de fotografías sobre las actividades que desarrollan sus integrantes en Texas, los cuales están desplegados en varios puntos de la frontera con México en el contexto de la llamada Operación Seguridad FuerteFoto Notimex

L

os saqueos en Baja California Sur son signo y consecuencia de los tiempos que vive el país. Instituciones absolutamente fallidas son absolutamente irrespetadas, sobre todo si el aparato gubernamental insiste en desplegar mediáticamente sus versiones de escenarios optimistas que no corresponden con la verdad sabida por ciudadanos desesperados por la falta de ayuda real, por la demagogia de los políticos, por el uso electoral de los recursos recibidos y por la profunda y fundada convicción de que pasadas las crestas informativas volverán a ser abandonados por los funcionarios de oportunidad.

De todo hay, ciertamente, en esa irrupción infractora y delictiva. Desde la angustia de quienes se han quedado sin satisfactores básicos ni infraestructura comercial para cubrirlos, hasta el revanchismo rapaz que ve la oportunidad de alzarse en la crisis con cuanto le es posible, pasando por las bandas de encapuchados que plenamente organizadas atacan casas, comercios e instalaciones hoteleras. Del hambre sin expectativas inmediatas de solución al desahogo de resentimientos motivados por la brutal desigualdad económica y al salto oportunista de grupos de delincuencia organizada. Formas disímbolas de autodefensa y agresividad, en un contexto propicio para esas expresiones.

Saqueo a imagen y semejanza de lo que cotidianamente realiza una porción importante de la clase política y la burocracia gobernante. Abiertamente, cada vez con menos pudor, se toman decisiones, se anuncian planes y se hacen nombramientos que corresponden a esquemas de depredación de la riqueza colectiva para favorecer a los grupos dominantes. Ese ejemplo constante de impune pillería de altos vuelos ha deshecho lo que quedara de ética y civismo, de tal manera que las explosiones de sentimientos sociales negativos quedan encuadradas en esa generalizada descomposición nacional. Los cabos o, dicho de otra manera, los extremos, se tocan.

Ya antes había tocado el caso Tlatlaya la agencia Ap y ahora lo ha hecho la revista mensual Esquire(bit.ly/1BNMktR ). Según versiones de supervivientes, el Ejército Mexicano habría ejecutado a 21 jóvenes (aunque el total de muertos fue de 22) en esa población del estado de México, cercana al municipio de Arcelia, en Guerrero. Los asesinados, a quienes se consideró miembros de una banda del crimen organizado, habrían disparado contra militares y, en respuesta, fueron acribillados, aunque testimonios e indicios recabados por periodistas apuntan a que se trató de virtuales fusilamientos. A contracorriente de esas publicaciones, el columnista Juan Ibarrola (cuyos análisis suelen tener cercanía con los del alto mando militar mexicano) publicó en Milenio una versión (‘‘Tlatlaya: lo que verdaderamente pasó’’) adversa a los reportajes hechos por extranjeros y a Human Rights Watch (bit.ly/1qP7KV6 ). Ibarrola termina así su escrito: ‘‘Por qué quieren confundirlo todo. Los 22 de Tlatlaya eran delincuentes’’.

Tres décadas atrás se publicó el primer número de un diario hecho por periodistas que deseaban dar voz mediática a quienes no la tenían y hacer un periodismo sin sujeción a dueños empresariales o a entendimientos corruptos con los poderes. Su financiamiento provenía de la sociedad, que había comprado solidariamente acciones para conjuntar un fondo de arranque. Su primer director fue Carlos Payán Velver y le sucedió la actual directora, Carmen Lira Saade.

A la distancia puede verse en sus páginas el transcurrir de los acontecimientos más importantes de la nación y el mundo pero, en especial, el desarrollo de las principales luchas políticas y sociales de nuestro país, con su información, análisis y contexto. Ya se ha dicho otras veces, pero en esta fecha conmemorativa no está de más recordar el hecho de que México no podría entenderse por completo sin la diaria aportación jornalera, que suele recuperar y potenciar mucho de lo que en otros espacios no es adecuadamente valorado o que abiertamente es ignorado o distorsionado.

Los 30 años de vida de La Jornadahan sido posibles gracias a la unidad y entrega de la comunidad de directivos, reporteros, fotógrafos, articulistas, editores, talleristas, distribuidores y personal administrativo. Pero, sobre todo, por la comprensión y apoyo de sus destinatarios, el público lector que ha acompañado este desenvolvimiento periodístico que ha contrastado con esquemas de control mediático sostenidos por gobiernos de diversas siglas. En las circunstancias difíciles que vive el país es absolutamente necesaria la existencia de medios que informen con amplitud de lo que sucede y que con sus plumas ayuden a entender lo que va sucediendo. Hoy, como 30 años atrás, La Jornada tiene un camino por recorrer, y así lo va haciendo. Valga un brindis, así sea virtual, con los jornaleros de ayer y hoy, y sobre todo, con los lectores y con la parte de la sociedad que lucha diariamente por informarse, por entender y por actuar. ¡Salud, y muchos años más, Jornada sin la cual este México no podría entenderse!

Y, mientras el coordinador de los senadores panistas, Jorge Luis Preciado (estrella de varios escándalos de los que ya van siendo distintivos entre los maderistas encumbrados), anuncia que ahora sí no habrá más idilio entre el partido de blanco y azul y el PRI (luego que las reformas deseadas por Los Pinos fueron aprobadas), pues no les cuadra tanto golpeteo contra distinguidos miembros del PAN (como el gobernador de Sonora), ¡feliz fin de semana, con Barack Obama haciendo un falso gesto amistoso al postular a una abogada descendiente de mexicanos, María Echaveste, para que sea embajadora de la Casa Blanca en México, lo que no significa que cambie la política obamista de deportación de indocumentados y de escamoteo de una verdadera reforma migratoria (así como el color de piel de Obama tampoco significó mayor cambio real en la conducción de Estados Unidos conforme a los intereses que realmente dominan la política de aquel país)!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

Fax: 5605-2099 •juliohdz@jornada.com.mx

Al ladróooon!

Vota PRI

Saqueo y rapiña-Helguera

Fraude a favor del "NO" en Escocia... Derecha perversa

¡¡¡ HASTA EL ESCUDO SE ROBARON LOS PRIISTAS !!!

Peña Nieto tendrá que endeudarse, está en virtual bancarrota: estudio

Con base en el proyecto de presupuesto 2015, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria concluye que no hay dinero para que los apoyos en educación y desarrollo social aumenten cómo se promete.

Ni el aumento de impuestos aprobado en 2013 es suficiente para que al 'gobierno' de Enrique Peña Nieto le alcance para cumplir con las promesas que ha hecho para mejorar en servicios educativos y desarrollo social, concluyó el Análisis del Paquete Económico 2015 que presentó este miércoles 17 de septiembre el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Según el análisis de este centro de estudios de la sociedad civil, gracias a lo estipulado en la iniciativa de le Ley de Ingresos de la Federación —que contiene los rubros mediante los cuales el gobierno podrá obtener recursos para sus gastos— se obtendrá un monto aproximado a los 4 mil 676 millones de pesos, es decir, apenas un aumento del 1.2% respecto a lo recaudado en 2014.

“Vemos un gobierno que quiere gastar pero no puede. No hay recursos para gastar, no se puede hacer cambios en política pública que implique gastar más. Todos estos programas en los que se quisiera gastar, de educación, de seguridad social se tienen que quedar con una reclasificación de cuentas. No tienen los recursos para hacer la expansión que se está prometiendo”, dijo Héctor Villareal, director general del CIEP.

El reporte del Centro concluye que en materia de desarrollo social y desarrollo económico —dos de los rubros en los que el gobierno federal promete mayores cambios en beneficio de la población— no hay un cambio mayor al 1% respecto de lo aprobado en 2014. Por lo tanto, en la misma propuesta del ejecutivo no hay recursos para reforzar la política social ni el crecimiento económico.

El gobierno federal entregó al Congreso de la Unión, el pasado 5 de septiembre, el Paquete Económico 2015. La primera parte, con la Ley de Ingresos de la Federación, deberá estar aprobada antes del 31 de octubre y el resto, el Presupuesto de Egresos a más tardar el 15 de noviembre.

El CIEP explica que uno de los motivos por los que el gobierno federal no tiene más para gastar es que los ingresos públicos “sufren una merma en términos de ingresos petroleros, causada por una reducción en la producción”: el cálculo es de una caída del 8.4% o una disminución de 120 miles de barriles diarios.

“Si seguimos la tendencia actual del gasto los recursos no serán suficientes. Pueden existir justificaciones respecto al monto perdido por ingresos petroleros, por ejemplo, pero debe quedar claro que no sólo se trata de recaudar más. Se podrá hablar de más impuestos, de una nueva reforma fiscal, de los posibles beneficios que traerá la reforma energética pero primero hay que tener control sobre el gasto”, dijo Ricardo Cantú, investigador del CIEP.

Reclasificación del gasto

Este centro de estudios muestra en su Análisis del Paquete Económico 2015 que las limitaciones que hay en los ingresos derivan en que los cambios en el gasto se deben más a una reclasificación de cuentas que a la posibilidad de ejercer más recursos en el presupuesto, es decir, no es que haya más dinero si no que se le quita a unos para darle a otros.

Por ejemplo, en el tema de educación, el gobierno federal hace énfasis en que se logrará la implementación de la reforma educativa que, entre otras cosas, implica aumentar recursos para mejorar los planteles de educación básica y atender la demanda en educación media superior.

Sin embargo, mientras los recursos a educación básica aumentan 7% los de educación media superior disminuyen 7.1%; lo mismo ocurre con Educación Superior que se incrementan en 8.5% pero los de Posgrados y Otros servicios educativos bajan en conjunto 29%.

“En materia de Obra Pública el presupuesto crece en 2.5 %; pero representa el mismo gasto que en 2014 en términos de PIB; lo cual no plantea un refuerzo en la inversión de obra pública por parte del Estado”, cita el informe del CIEP.

Lo mismo ocurre con el rubro de Salud que la diferencia en el gasto entre lo aprobado en 2014 y lo propuesto para 2015 es de 1.89%, pero para ello se observan caídas en el ramo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de más de 3%; mientra que el presupuesto del programa Seguro Popular se mantiene estático.

En conclusión, el CIEP detecta que ante la falta de recursos extras hay poco margen de maniobra para programas nuevos, lo que trae como consecuencia, además de la reclasificación del gasto, que el Estado opte por contratar más deuda pública que, según sus estimaciones, podría ser de más del 50% del PIB al final del sexenio.

ImplicacionesPaqueteEconomico2015

Lea la noticia completa en: http://anonopspublico.blogspot.com/2014/09/pena-nieto-tendra-que-endeudarse-esta.html#ixzz3DmIPOwCV
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El mal ejemplo pa' los cabos-Fisgón

Con razón

Escudo de armas.. tomar

¿ Rendición de cuentas ? #MisDesos

Calderón, al banquillo

A dos años de haber dejado la presidencia, Felipe Calderón tiene expedientes abiertos. Apenas el sábado pasado fue denunciado ante la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes cometidos durante su administración

Para las familias de los más de 70 mil muertos relacionados con la guerra contra el narcotráfico que emprendió Felipe Calderón durante su sexenio, las cuentas de exmandatario siguen pendientes. Están escritas con sangre. 

Por eso, el sábado 13 de septiembre, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) solicitó a la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, abrir una investigación preliminar por crímenes contra la humanidad, cometidos durante su mandato. 

Aunque reconocen que este tipo de ilícitos se registraron en todo el país, el informe se concreta a Baja California, donde a partir de 2009 aumentaron los casos de tortura y desaparición forzada. 

El reporte plantea que en su indagatoria, el organismo internacional solicite a las autoridades mexicanas información sobre las investigaciones y procedimientos penales abiertos para juzgar a los presuntos responsables de los delitos cometidos en contra de la población civil.

Las ONG aseguran hubo  “cacerías” llevadas a cabo por servidores públicos del Estado o el Gobierno Federal.

Señalan que a los afectados, además se les acusó de ser integrantes del crimen organizado y se les ‘sembraron’ armas y drogas como evidencia. Todo, con la intención de que el Gobierno Federal pudiera presentar a la opinión pública sus avances en la lucha contra el crimen organizado.

El documento también hace énfasis en que la impunidad prevalece. 

“No se conocen investigaciones ni procedimientos penales por estos hechos contra altos mandos del gobierno, y en los casos donde se iniciaron averiguaciones previas no ha habido resultados”, refiere. 

La demanda destaca que en ningún caso se ha condenado penalmente a los responsables por las conductas que podrían constituir crímenes según el Estatuto de Roma.

Esta es la segunda denuncia de este tipo que enfrenta la administración de Calderón. 

En noviembre del 2011, el abogado defensor de los Derechos Humanos, Netzai Sandoval, ya había acusado al expresidente ante la CPI de La Haya por delitos de Lesa Humanidad cometidos durante su guerra contra el crimen organizado.

En respuesta,  la Presidencia de la República publicó en diversos diarios un comunicado en el que afirmaba que las imputaciones en su contra eran falsas y calumniosas. 

“El Gobierno de la República explora todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes las realizan (las acusaciones)”, refirió Presidencia.

La denuncia había sido firmada por 18 mil 700 mexicanos en su versión en línea y 5 mil más de forma autógrafa, según refirió Sandoval a CNNMéxico en 2011.

¿Puede ser juzgado?

Las dos demandas que se han presentado ante la CPI en contra de los supuestos abusos cometidos durante el sexenio de Felipe Calderón apelan al artículo 28 del Estatuto de Roma, el cual indica que el jefe militar será penalmente responsable por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido cometidos por Fuerzas Federales bajo su mando.

Algunos especialistas en derecho internacional y penal han referido que el juicio contra Calderón es viable, sin embargo, otros aseguran que antes el exmandatario tendría que ser sometido a un juicio político ante el Congreso de la Unión o ante tribunales mexicanos.

La CPI es la única instancia permanente para juzgar el genocidio y los crímenes de guerra y contra la humanidad, pero su fiscalía debe comprobar primero si México no quiere o no puede investigar los crímenes denunciados.

Ahora duermo mejor: Calderón

En una entrevista para El País -concedida dos días después de la acusación de las ONG por crímenes contra la humanidad- Felipe Calderón sostuvo que sin su estrategia, partes fundamentales del Estado habrían sido tomadas por el crimen

A dos años que Felipe Calderón dejó la presidencia, las heridas a causa de su estrategia en contra del crimen organizado siguen abiertas.

Organizaciones no gubernamentales y defensoras de los derechos humanos han acusado que durante esta guerra del expresidente, militares y policías cometieron violaciones de derechos humanos generalizadas y casi ningún caso fue investigado adecuadamente.

Human Rights Watch presentó varios informes en los que aseguraba que se habñían encontrado evidencias claras de que miembros de las fuerzas de seguridad habrían participado en más de 170 casos de tortura, 39 “desapariciones” y 24 ejecuciones extrajudiciales desde que el panista asumió la presidencia y hasta el último minuto de su mandato. 

Sin embargo, a Calderón eso es algo que no le quita el sueño. Al menos así lo aseguró en una entrevista para El País, publicada el 15 de septiembre. 

“Ahora duermo mejor, relativamente mejor. Tengo menos problemas en qué pensar”, dijo el panista dos días después de solicitud de la (FIDH) para que se investiguen los crímenes contra la humanidad cometidos durante su mandato. 

En la entrevista, Calderón admitió que hubo abusos, pero aseguró que fueron solo como excepción.

“Es cierto, las operaciones federales se multiplicaron, y lamentablemente hubo abusos, sin embargo estos fueron la excepción y no la regla y en todos los casos en que el gobierno tuvo conocimiento se actuó conforme a derecho para llevar a la justicia a los responsables”, dijo.

Con más de 70 mil muertos a cuestas a consecuencia de esta estrategia, el exmandatario sostuvo que sin este combate partes fundamentales del Estado habrían sido tomadas por el crimen. 

“Son muchísimos (muertos). Y a mí cada uno de ellos me pesaba como ninguno, pero todos esos homicidios fueron cometidos por criminales a los que yo combatí. La gran mayoría corresponde a la lucha sin cuartel y sin escrúpulo de los grupos criminales en su disputa por el control territorial del país”, dijo al diario español.

Indignados

Guillermo Padrés En La opinión Elena Poniatowska

Senadores del PAN rompen con el gobierno y el PRI por caso Sonora

Jenaro VILLAMIL
18 DE SEPTIEMBRE DE 2014
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El coordinador panista Jorge Luis Preciado y su homólogo priista Emilio Gamboa. Foto: Miguel Dimayuga

MÉXICO, D.F. (apro).- El conflicto entre el PRI y el PAN por la crisis en Sonora y los escándalos recientes escaló en la sesión del Senado: El coordinador panista Jorge Luis Preciado acusó al gobierno y a los priistas de emprender una “campaña mediática para descalificar a su partido”.

En respuesta, su homólogo del PRI, Emilio Gamboa Patrón, se deslindó de las imputaciones y negó que su partido promueva campaña alguna en su contra.

Este jueves, el gobernador de Sonora, el panista Guillermo Padrés, se reunió con integrantes de su bancada para explicarles el caso del dirigente yaqui detenido Mario Luna, el caso de su rancho y la supuesta presa que, según la versión del PAN, se trata de “un dique” que su familia tiene desde hace 50 años.

El caso de Mario Luna “es un tema judicial, no es un tema político, es de la tribu yaqui que está dividida en dos partes, son yaquis contra yaquis, no tiene nada qué ver el gobierno civil”, afirmó Preciado en conferencia de prensa.

Un día antes, senadores del PRI y del PRD aprobaron un punto de acuerdo para demandar al gobernador de Sonora la liberación inmediata de Luna, dirigente y vocero de las comunidades que están en contra de la construcción de un Acueducto que promueve el gobierno estatal.

En su conferencia de prensa, Preciado hizo referencia al escándalo en redes sociales de #TodosSomosSimios y se quejó porque “un funcionario de cuarto nivel en algún municipio de Querétaro ponga un tuit ofendiendo a otra, ahora todo el panismo nacional, que somos casi medio millón de militantes, todos los dirigentes, todos los legisladores seamos discriminados y seamos señalados porque a alguien se le ocurrió decir una tontería”.

En la misma línea discursiva del dirigente nacional, Gustavo Madero, Preciado afirmó que se “maximiza” en los medios. Y amenazó: “esta es la última ocasión que nosotros acompañamos al gobierno en este tipo de decisiones. Es clarísima la estrategia de descalificar al PAN rumbo a las siguientes elecciones”.

Ante estas declaraciones, el líder de la bancada del PRI, Emilio Gamboa Patrón afirmó que Preciado “está en su derecho” de pensar que hay una campaña en contra de su partid, pero afirmó que en el Senado él no encabeza ninguna estrategia en contra de Acción Nacional.

“Aún no empieza la campaña del 2015, ni en Sonora ni en el país”, le reviró Gamboa Patrón a Preciado. El coordinador de los priistas afirmó que supo de la presencia de Guillermo Padrés en el Senado, pero “no sé qué trataron” y no lo vimos.

Con el PAN “no hay ningún rompimiento” y “aquí no hay ninguna campaña en contra de ningún gobernador”. “Nadie me ha llamado del gobierno federal para ir en contra del PAN”, atajó Gamboa Patrón.

“¡Asesino, asesino!”, gritan a Moreno Valle en otra mega marcha

GABRIELA HERNÁNDEZ
18 DE SEPTIEMBRE DE 2014
DESTACADO

Una de las protestas en contra de Moreno Valle en Puebla. Foto: Víctor Hugo Rojas

PUEBLA, Pue. (apro).- “¡Asesino, asesino, asesino!”, fue la principal consigna que corearon miles de poblanos pertenecientes a diferentes movimientos sociales, quienes se unieron hoy para exigir la renuncia del gobernador Rafael Moreno Valle.

Elia Tamayo, madre del niño que fue asesinado el miércoles 9 de julio, habitantes de Chalchihuapan, así como integrantes de decenas de Juntas Auxiliares y de los Cholulas, aparte de propietarios de verificentros, conductores de mototaxis, maestros cesados, afectados por las minas y las hidroeléctricas y colonos organizados contra la privatización del agua, entre otros, marcharon desde la calle Juárez hasta Casa Aguayo, sede del gobierno estatal.

A la movilización, la cuarta masiva en los últimos meses, se sumaron, entre otros, el Movimiento Independiente Obrero Campesino Urbano y Popular (MIOCUP), la organización popular 28 de Octubre, las normalistas de Tetela y agrupaciones de universitarios.

Al llegar a Casa Aguayo y encontrar las puertas cerradas, sin la presencia de funcionarios que atendieran sus demandas, los grupos que representan las Juntas Auxiliares iniciaron un bloqueo de las calles 14 Oriente y bulevar 5 de Mayo, el cual mantenían hasta esta tarde.

De acuerdo con los organizadores, la participación en esta protesta superó a la que se llevó a cabo el 10 de agosto, en la que se estima participaron unas 10 mil personas.

Representantes de cada uno de los grupos inconformes expusieron sus reclamos contra la administración estatal, principalmente en torno al asesinato del niño José Luis Tehuatlie Tamayo, acción de la que responsabilizaron al gobernador por su “política represiva”.

“Moreno decía que todo cambiaría, ¡mentira, mentira!, la misma porquería”, gritaron frente a Casa Aguayo.

Javier Montes, presidente auxiliar de Chalchihuapan, dijo que la recomendación que emitió la CNDH es una “tontería”, pues no pueden poner a un fiscal que trabaja para el gobierno a que investigue la represión y el asesinato del niño que fue cometido por ellos mismos.

“Queremos que Moreno Valle caiga, el pueblo de Chalchihuapan no va a dejar de levantar la voz, porque lo que queremos es justicia”, reclamó.

Asimismo, representantes de las juntas auxiliares, que ya suman más de 200, se quejaron de las reformas al Código Municipal que retiraron el servicio del Registro Civil de las comunidades para concentrarlo en las cabeceras municipales, además de que retiraron facultades a los ediles y los dejaron sin policía local.

“No vamos a permitir que desaparezcan a nuestros pueblos, aquí les decimos que si no nos hacen caso, vamos a tomar otras medidas, acciones más fuertes, nos vamos a quedar aquí en plantón y, si no quieren escucharnos, vamos a
tomar las presidencias municipales, vamos a cerrar carreteras”, dijo uno de los inconformes.

“La manifestación es un derecho que tenemos y la represión es un delito, no les tenemos miedo, no vamos a dar un paso atrás, aquí nos vamos a mantener hasta que nos atiendan”, advirtió.

Otra de las participantes hizo ver que los grupos que se congregaban en la protesta tenían diferentes demandas, pero que todas eran similares en el hecho que derivaban de políticas abusivas y represivas del gobierno de Moreno Valle, que además tiene la característica de cerrarse al diálogo con la ciudadanía.

El edil de San Martín Tlamapa, José Salomé Pacio, leyó un pronunciamiento en el que igual exigieron la libertad de las 33 personas que se encuentran encarceladas por haber participado en manifestaciones sociales y que por ello son considerados “presos políticos”.

“No existe sector social que las políticas y reformas del gobierno de Moreno Valle no hayan afectado”, expresó Pacio.

En la protesta también participaron integrantes de la Asamblea Social del Agua, quienes reclaman al gobierno poblano por la privatización del servicio, lo que ha derivado en incrementos de entre 200 y 300% a las tarifas.

Los habitantes de San Andrés Cholula colocaron frente a la puerta principal una gran figura de cartón con la cara del mandatario poblano, la cual tiene en sus manos una marioneta que lleva la cara de Leoncio Paisano, alcalde de San Andrés Cholula, en clara alusión a las expropiaciones que ha realizado para construir el Parque de las 7 Culturas alrededor de la pirámide.

“Los cholultecas no estamos de acuerdo con la obra de relumbrón que pretende hacer el gobierno del estado y sus títeres, los alcaldes de San Pedro y San Andrés, nosotros estamos en pie de lucha porque defendemos el patrimonio histórico y cultural”, señaló Adán Xicale, representante del movimiento Cholula en Riesgo.

Además, habitantes de Chalchihuapan escenificaron un performance con cuatro mujeres encadenadas y presas que representaban a la libertad, la legalidad, la justicia y la identidad de los pueblos, las que eran “reprimidas” por jóvenes que interpretaban a granaderos.

También hablaron maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes recordaron que desde hace dos años el gobierno poblano cesó a 42 directores de escuelas que se negaron a aplicar la prueba Enlace, sin que hasta la fecha sean reinstalados.

Propietarios de verificentros, a quienes el gobierno estatal quitó la concesión de sus negocios, anunciaron que iniciarán una huelga de hambre para pedir solución no sólo a sus problemas, sino a todos los movimientos que hasta ahora no han sido atendidos en sus demandas.

A estos movimientos sociales se sumó hoy una nueva causa, pues vecinos del Parque Ecológico, que desde ayer fue cerrado por el gobierno estatal para iniciar un proyecto de remodelación, anunciaron que este viernes 19 realizarán una cadena humana para pedir que se preserve el espacio público y no se dé paso a la privatización.

Aunque el gobernador Moreno Valle emitió un boletín para asegurar que su administración sólo busca “mejorar la imagen urbana” de ese parque de 57 hectáreas, los colonos anunciaron que iniciarán un movimiento de protesta para defender su espacio.

“Es importante señalar que el aviario ubicado en el interior del recinto no sufrirá afectación alguna. El gobierno del estado tiene la firme convicción de salvaguardar la integridad de las especies que ahí se ubican”, dijo el mandatario.

También indicó que, durante el proceso de construcción que durará tres meses, las más de mil 200 aves contarán con personal “altamente” capacitado para resguardar su bienestar, alimentación y salud.

Ya en el plantón y bloqueo de uno de los cruces de mayor tráfico vehicular de Puebla, los manifestantes decidieron quemar la figura de cartón que representaba Moreno Valle.

Luego pidieron a Elia Tamayo que fuera ella quien prendiera fuego al monigote, al tiempo que todos gritaban ¡asesino, asesino, asesino!

Además, advirtieron que mantendrán el plantón hasta que el secretario general de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, ofrezca una solución a su demanda de anular las reformas al Código Municipal.