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| Tres décadas, en la edición del 19 de septiembre. |
MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).-El periódico “La Jornada” denunció que el gobierno federal ha retrasado los pagos de publicidad oficial “más allá de todo plazo razonable”, situación que ha colocado al diario “en dificultades sin precedente”.
En su editorial de este viernes titulada “Tres décadas”, el diario cuestiona que el gobierno federal retrase los pagos cuando, al mismo tiempo, gaste millones de pesos en difundir las reformas estructurales aprobadas en el transcurso del sexenio.
“Es un hecho que la economía en su conjunto pasa por una situación constreñida, por decir lo menos, pero ello no basta para explicar tales atrasos, sobre todo a la luz de los abultadísimos gastos publicitarios que el gobierno federal ha realizado en otras instancias, particularmente en los medios electrónicos tradicionales, para legitimar el paquete de reformas estructurales recientemente implantadas”, critica el periódico, que este viernes cumple treinta años de existencia.
En su editorial, “La Jornada” cita el caso de la revista “Proceso”, que ha sufrido boicot económico por parte del gobierno federal debido a su línea editorial:
“Cabe preguntarse, en esta circunstancia, si los impagos mencionados son un mero descuido burocrático o una forma específica de presión sobre la línea editorial del diario. Sin afán de prejuzgar, hay un hecho inquietante y grave: el bloqueo de publicidad que la Federación y los gobiernos estatales han impuesto a la revista Proceso, que es sin duda la publicación política semanal más importante del país y, como La Jornada, un medio que ha destacado por su independencia.
“Tal medida constituye una regresión de siete lustros a tiempos de autoritarismo presidencial que se suponía superados: ‘no pago para que me peguen’, explicó José López Portillo cuando impuso el embargo publicitario a Proceso a finales de los años 70 del siglo pasado, en lo que fue una valoración aberrante, tanto porque pretendía reducir la institucionalidad federal a su persona, como porque el erario no era suyo, sino de la nación”.
El periódico recuerda que, debido a su línea editorial, ha sufrido constantes campañas de difamación y acosos judiciales desde medios afines al poder y “lo más grave, un bloqueo de publicidad por parte de las dependencias oficiales y de las agencias de publicidad”.
“La Jornada” también contrasta cómo el gobierno federal despilfarra publicidad en medios afines y castiga a los medios críticos.
“Hasta la fecha, el manejo discrecional y patrimonialista de los anuncios del sector público sigue siendo una amenaza para la subsistencia de los medios independientes y, por consiguiente, para la libertad de expresión y el derecho a la información. El ámbito institucional no ha comprendido que la comunicación social es una obligación y que los recursos destinados a ella son dinero público que debe ser distribuido en forma equitativa y proporcional entre los medios, al margen de diferencias o de disgustos por sus respectivas líneas editoriales”, recalca la editorial.
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