Violencia, hambre, falta de acceso a servicios de salud y un marco legal deficiente son algunos de los indicadores del entorno en el que crecen los menores de edad en el Estado de México, donde una de cada dos personas [49.6 por ciento de la población total] viven en condiciones de pobreza mientras que otro 33 por ciento enfrenta vulnerabilidad por carencias sociales o por bajos ingresos. El entorno en el que crecen los que los niños y adolescentes en el estado que gobierna Eruviel Ávila tiene rasgos de “inhumanidad”, dice Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM); la administración pública no los ve como sujetos de derechos, sino que los ha “convertido en mercancías y en objetos de hechos delictivos”, agrega.
Ciudad de México, 1 de abril (SinEmbargo).– Además de contar con secretarios del Presidente Enrique Peña Nieto, el Gobernador del Estado de México, el priista Eruviel Ávila Villegas, ha usado el tema de la infancia y la juventud en la promoción de su administración local previa al proceso electoral de junio de este año.
El pasado 22 de marzo, por ejemplo, entregó instrumentos musicales a jóvenes de estudiantinas y coros en el municipio de Tlanepantla; el 18 estuvo en Huehuetoca para “supervisar la recuperación de espacios públicos”. Cuatro días antes había estado en Zumpango para inaugurar un jardín de niños y, el 9, en Atlacomulco para entregar “apoyos económicos” a jóvenes de diferentes etnias. El día 6, además, había recibido en Metepec a la Primera Dama, Angélica Rivera Hurtado, para entregar actas de nacimiento y más becas educativas.
“Les pido que a los gobernantes nos dejen gobernar y nos dejen hacer nuestra tarea en favor de la niñez y de la gente que más lo necesita”, dijo el Gobernador mexiquense en la Cámara de Diputados, ante los cuestionamientos por la intensidad de sus eventos y repartos.
“¿Cómo vamos a separar a un hijo de su mamá, de su papá?, eso es inhumano, es atroz”, dijo también el 8 de marzo, en un evento por el Día de la Mujer y en el que también anunció que pediría la intervención del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia para que en el nuevo Gobierno de Estados Unidos “no se atrevan a separar a un niño, a una niña de su madre o de su padre porque eso es inhumano”.
El entorno en el que crecen los que los niños y adolescentes en el estado que gobierna Eruviel Ávila, sin embargo, tiene tales rasgos de “inhumanidad” que, de acuerdo con Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), en lugar de que la administración pública los vea como sujetos de derechos, los han “convertido en mercancías y en objetos de hechos delictivos”.
En un entorno de “violencia generalizada”, el Estado de México es el séptimo en la República con el mayor número de asesinatos a menores de edad, con una proporción de 6.4 por ciento del total de delitos contra la vida cometidos en contra de este segmento de la población y una tasa de 3.3 por cada cien mil habitantes.
Pero son los crímenes de desaparición cometidos en contra de adolescentes –sobre todo mujeres–, advierte Pérez García, el problema delictivo que coloca al Estado de México en el primer lugar de la República: 975 casos hasta 2016, un 36.7 por ciento del total de casos en la entidad y la proporción de menores desaparecidos más alta de las 33 entidades.
“El tema de violencia generalizada en la entidad también ha tenido impacto severo en las mujeres, con alto número de femenicidios, de adolescentes desaparecidos y, que aun cuando no es privativo del Estado de México, ahí aparece mucho la impunidad. Entonces, tenemos una entidad que no ve a los niños y las niñas como ciudadanos, sino que los ha convertido en mercancías y en objetos de hechos delictivos”, afirma.
“En el Estado de México se deposita la integridad [de los menores de edad] en las familias, sin asumir que es responsabilidad del Estado, y tenemos a niños y adolescentes cada vez más encerrados, que no pueden hacer uso de espacios públicos… y que viven en condiciones de amenaza”, agrega.
LAS CIFRAS CALLAN LAS PALABRAS
Los indicadores del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) muestran que, en el Estado de México, una de cada dos personas (49.6 por ciento) viven en condiciones de pobreza mientras que otro 33 por ciento enfrenta vulnerabilidades por carencias sociales o por bajos ingresos.
Así, en el estado que ocupa el segundo lugar en actividad económica, con un 9.3 por ciento de aportación al Producto Interno Bruto del país, sólo un 17.4 por ciento de la población total no sufre alguna vulnerabilidad económica o social.
Los niños y adolescentes (hasta 17 años), de acuerdo con la Redim, forman un 31.8 por ciento de esta población total, o cinco millones 142 mil 882 menores.
De ellos, de acuerdo con la misma organización, un 18.4 por ciento, o casi uno de cada cinco –948 mil 613 niños y adolescentes–, carecían hasta 2015 de derechohabiencia en algún sistema de salud, por lo que esa entidad vecina a la capital de la República está en el cuarto lugar en menores sin acceso a atención médica pública.
Otro renglón en el que destaca esta entidad que es corazón del grupo político que ahora encabeza el Gobierno de la República es en número de casos de desnutrición crónica, problemática en la que ocupa el sexto lugar más grave a nivel nacional ya que hasta un 16.2 por ciento de los niños de cero a cuatro años, o 244 mil 330 menores, presentan problemas de pérdida de masa corporal por hambre.
En la administración de Eruviel Ávila no sólo creció la inseguridad y la violencia, también el número de pobres. De 2012 a 2015, las personas en situación de pobreza en la entidad sumaban 941 mil, y en el último año la cifra incrementó un 11 por ciento, de acuerdo con el informe más recientes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
La línea de bienestar mínimo en lo que va de 2016 alcanzó un 8.2 por ciento, mientras que en los dos primeros años de la administración de Ávila Villegas esta rebasaba el 12 por ciento.
Un análisis del Centro de Investigación para el Desarrollo AC (CIDAC) también alerta que uno de cada dos mexiquenses es pobre, mientras que tres de cada 10 sufren algún tipo de vulnerabilidad, ya sea por ingreso o por carencia social. A nivel nacional, cuatro de cada 10 mexicanos son pobres y tres de cada 10 son vulnerables.
En resumen, el CIDAC plantea que el 49.6 por ciento de los mexiquenses es pobre, y el 7.2 por ciento se encuentra en situación de pobreza extrema. El Estado de México es una de las 10 entidades donde más creció la pobreza en los últimos cinco años.
“Los datos muestran más allá de las palabras”, dice el director de la Redim cuando se le pregunta por el discurso del mandatario a favor de la niñez.
“Es un reflejo de los grandes contrastes en el estado: la acumulación de poder político, la acumulación de riqueza en grupos políticos y empresariales, y la falta de institucionalidad; esto impacta en niños y adolescentes. Estos datos reflejan que el Estado mexicano y las autoridades a cargo del Estado de México han tenido otros intereses, menos el de los niños y adolescentes”, agrega.
En la entrevista, Pérez García denuncia que, en materia de violencia, el Gobierno trata de responsabilizar a las familias de la seguridad de niños y adolescentes y, al mismo tiempo, les cierra cada vez más los espacios de participación en la elaboración de políticas públicas.
Por motivos como este, el índice de Redim coloca al Edomex en el lugar número 29 de las 33 entidades de la República en materia de “calidad de leyes” y de su adaptación estatal a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
“Las entidades estaban obligadas, por el Artículo 73 Constitucional, a armonizar su marco legislativo y a crear una ley local; ya todas lo hicieron, pero se observa cómo fueron recortando y limitando los derechos conquistados en la Ley General. En el caso del Estado de México, por ejemplo, se limitó participación de niños y niñas dentro del Sistema de Protección Estatal, también la limitación de la participación de la sociedad civil,”, explica.
“Sobre los temas relativos a responsabilidad, el Sistema Nacional de Protección y la Ley General mandatan un mecanismo de alto nivel, a nivel federal y en los estados, pero en muchas entidades, como el Estado de México, se reduce la responsabilidad y se le sigue viendo asistencialmente, asociada al DIF (Desarrollo Integral de la Familia). En otras se ha logrado que esté en Secretaría de Gobierno, porque es un tema de gobernabilidad democrática (…) No cumple con lo establecido en la Ley General”, explica.
El mandatario estatal reparte instrumentos musicales, libros e inaugura escuelas pero los indicadores de la situación en la que vive la población menor de 17 años, advierte Pérez Gracia, evidencian que no hay compromiso por parte de su administración para garantizar sus derechos.
“El escenario es desolador, y representa un gran desafío para el proceso electoral que se vive en la entidad, porque niños y adolescentes no están en la agenda de los candidatos. Sus derechos no están siendo mencionados en los discursos y no hay propuestas concretas, no solo innovadoras, ni para cumplir la Ley”, dice.
“Vemos el uso de recursos públicos con fines de clientela electoral y no se invierte el dinero de manera adecuada, no se está fortaleciendo el espacio de participación de la ciudadanía y de los niños, y no se les está mirando como son: ciudadanos, sino que siguen siendo responsabilidad de los padres y floreros para un evento público”, agrega.
