SME Hugo Comezaña protesta en MVS apoyo a Aristegui 12-2-2011

El SME acude a las instalaciones de MVS a protestar por el despido injustificado de Carmen Aristegui, Hugo Comezaña con varios compañeros del SME.

Se recrudece conflicto diplomático: Francia anuncia boicot

Redacción/SDP | 12 de Febrero, 2011 - 09:32
Con el anuncio del boicot a mas de 250 actividades que se llevarían a cabo para "honrar" a México en Francia durante 2011 se ha escalado el conflicto diplomático entre ambos países con motivo del caso Florence Cassez. .Con la cancelación de más de 250 actividades para celebrar a México en Francia y la llamada de los embajadores de ambos países a consultas por las cancillerías respectivas se recrudeció el conflicto diplomático entre México y Estados Unidos por el caso Florence Cassez.

A su vez, la ministra de Asuntos Exteriores y Europeos, Michele Alliot-Marie, reiteró su opinión de que la "justicia mexicana maltrató tanto el Estado de derecho", que afectó las relaciones bilaterales, anunciando un boicot a más de 250 actividades programadas en ese país para honrar a México en 2011.

Para mostrar su desacuerdo con la justicia mexicana, la canciller dijo que no asistiría a ninguno de los eventos organizados en el marco del Año de México en Francia. Aunque aclaró que no se trataba "en sí de cancelarlos".

A la cargada contra México se unió la alcaldesa de Lille y dirigente del Partido Socialista francés, Martine Aubry, quien anuló una exposición del artista José Guadalupe Posadas y pidió boicotear todas las actividades previstas en honor de México.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores pidió no "sobredimensionar el caso" Cassez, quien de acuerdo a medios franceses se encuentra "hundida" por el dictamen de las leyes mexicanas.

Con información de El Universal y Le Monde.

Aristegui y el wikidescontento en México. Jaime Avilés

Desfiladero

La periodista Carmen Aristegui habló el miércoles de su salida de MVS Carlos CisnerosFoto Foto

 

Hoy, a las 12 horas, habrá un multitudinario mitin en Mariano Escobedo 532, frente a MVS Radio, para exigir la reinstalación de Carmen Aristegui como conductora del noticiario matutino de ese espacio, propiedad de la nación, concesionado a una familia. ¿Por qué la reprimen y censuran?, se pregunta, en un artículo que circula por la red, el activista Pablo Moctezuma. Su respuesta es múltiple.

Aristegui, recuerda, denunció la ley Televisa, las aberraciones de Marcial Maciel y el asesinato de Ernestina Ascención, violada por soldados, en Zongolica, Veracruz; además, reprodujo, de viva voz, las conversaciones del góber precioso, Mario Marín, con el “rey de la mezclilla”, Kamel Nacif, para proteger a otro pederasta, y dio a conocer, en una entrevista con Miguel de la Madrid, las ligas de la familia Salinas con los narcos, pero salió del aire por preguntar, desde su tribuna, si Felipe Calderón tiene problemas con el alcoholismo.
El puntual recuento de Pablo Moctezuma podría ampliarse. Aristegui fue también amordazada porque abrió sus micrófonos a las denuncias del experto de la ONU en tráfico de drogas, Edgardo Buscaglia, y de la periodista Anabel Hernández, acerca de los grandes empresarios, políticos, policías y propagandísticas electrónicos del gobierno de Calderón que trabajan para el crimen organizado.
Pero Carmen Aristegui fue acallada también no sólo por lo que ha revelado, sino a la vez para que ya no hable de lo que está por ocurrir. Verbigracia, el inminente descubrimiento de la identidad de los dueños de PC Capital, grupo que según Javier Lozano, “por órdenes de arriba”, se quedará con Mexicana de Aviación. Los ex trabajadores de la aerolínea sospechan que quienes tienen todo planchado para apoderarse de la empresa son un secretario y un ex secretario de Calderón, que si algo tienen en común es que ambos usan lentes, aunque sólo uno se deje crecer el bigote (?). Desfiladero no logra descifrar el acertijo, pero acepta propuestas.
El otro asunto del que Aristegui no podrá informar es la toma de la ciudad de México por las fuerzas armadas, un proceso que hace dos semanas inició la Marina. Al respecto, la edición más reciente de Tu manzana, vocero oficioso de la delegación Benito Juárez, que encabeza el panista Mario Palacios, acaba de publicar un instructivo sobre lo que se debe hacer “ante la movilización militar en la demarcación”. Y en un recuadro titulado “participa”, aconseja lo siguiente:
“Atiende las indicaciones de los efectivos militares en retenes que se implementan/ No estés cerca de puertas y ventanas en el momento de un operativo/ En caso de una balacera, tírate al suelo o resguárdate debajo de la cama/ Evita llamadas y gritos de pánico, pues suelen alterar a los demás/ Tú haces la diferencia”.
Dirigido por el periodista Alejandro Envila Fisher y la diputada panista y feroz antiabortista Paula Soto Maldonado, Tu manzana dedica dos páginas, de un total de ocho, al tema de la presencia militar en Benito Juárez, con la finalidad de anticiparnos que marinos y soldados pronto formarán parte del paisaje cotidiano en la ciudad. En ese trabajo, la publicación entrevista a Javier Oliva, “especialista en seguridad nacional y académico de la UNAM”, quien “sugiere medidas precautorias previas a un enfrentamiento armado. Una de ellas es suspender citas o reuniones. ‘Si ves que elementos de seguridad han cerrado calles o acordonan la zona cercana a tu destino, procura cancelar el plan. Resguárdate en otro lugar alejado del operativo y espera hasta que pase’”.
El texto, sin embargo, también cita el testimonio anónimo de un vecino acerca de lo que vivió “alrededor de las cinco de la mañana del lunes 24 de enero”, cuando un grupo de marinos se desplegó en el número 21-A de la calle de Miguel Laurent, entre Fresas y Tejocotes. Tres individuos, cuenta, “se bajaron de un taxi porque no había paso. Inmediatamente fueron jalados y empujados por los militares para que no caminaran por donde ellos se encontraban”. Según esta versión, “los tres pasajeros habrían sido tratados con violencia, cuando ni siquiera se encontraban próximos al lugar”.

¿A qué vienen los militares a las calles de la ciudad de México? ¿A intensificar la guerra de Calderón contra el pueblo, no contra el narcotráfico, una industria que se encuentra más fortalecida que nunca, en todos los sentidos, gracias a la disparatada y horrorosa carnicería provocada por el hombrecito que desde hace 50 meses vive gratis en Los Pinos? Esto no es una especulación: hay abundantes pruebas del avance económico, político y militar de los cárteles, pero también acerca del riego que implica usar a la Marina o al Ejército en una urbe.
Según el cable número 233709, entregado por Wikileaks a nuestro diario, “a fines de 2009, el consulado de Estados Unidos en Monterrey observa que en la medida en que militares en activo o retirados se incorporan como jefes de unidades policiacas, los cárteles dirigen sus ataques contra las fuerzas armadas” (La Jornada, 10/02/11). Lo que no dice es que, para que esto suceda, se necesita que las fuerzas armadas estén en la vía pública.
Si esta es la moraleja, ¿para qué quiere Calderón poner a las fuerzas armadas en las calles de la capital del país? ¿Para exacerbar la violencia e implantar el estado de excepción indefinido? ¿Para liquidar de una vez las posibilidades de un cambio de gobierno por la vía electoral el año próximo? ¿Para colocarse al frente de una dictadura militar? ¿Para acelerar la intervención de las tropas de Estados Unidos, que ya empiezan a hablar descaradamente de lo que en este y en otros espacios, desde el año pasado, se dijo que pretendían hacer, esto es, invadirnos?
En julio de 1976, cuando Luis Echeverría quitó a Julio Scherer de la dirección de Excélsior, los malpensados sospechamos que se trataba de una medida preventiva. El gobierno enfrentaba la revuelta de los electricistas de Rafael Galván, que luchaban contra el cacicazgo de Fidel Velázquez en la CTM. Sin embargo, tras la caída de Scherer, Echeverría no reprimió a los electricistas, pero hizo algo peor: devaluó el peso, que mantenía una relación de 12.50 frente al dólar desde 1954.
Meses más tarde, Echeverría se fue y surgió una nueva generación de periódicos y revistas críticos al régimen, que al paso del tiempo obligaron al sistema a permitir una mínima apertura de los medios electrónicos en los años 90, impulsada desde Televisa por Ricardo Rocha, que pronto fue sacado de cuadro, y en radio, sobre todo, por Carmen Aristegui.
Perseguida por la empresa de Emilio Azcárraga, reprimida por la olinarquía a la que sirve Calderón, pero agigantada moral y profesionalmente por quienes acaban de correrla, Aristegui no debe olvidar que –si no nos invade Estados Unidos y sacamos del poder a la mafia que nos robó el país, objetivos que únicamente lograremos si nos movilizamos– pronto habrá una tercera cadena de televisión y desde ahora Carmen está llamada a dirigirla. Esa cadena será un instrumento esencial para el rescate y la transformación profunda de México.
Por lo pronto hoy, a partir de las 16 horas, ante el Monumento a la Revolución, habrá un encuentro “sin líderes ni protagonistas”, convocado a lo largo de la semana por usuarios de las redes sociales de Internet, inspirados en el ejemplo de las rebeliones que derrocaron a los dictadores de Túnez y de Egipto, en este caso, para insistir en la reinstalación de Aristegui en su cabina, rechazar la presencia de las fuerzas armadas en las calles de la ciudad de México y exigir el regreso de la Marina y el Ejército a sus cuarteles al grito de “no más sangre”, entre otras cosas...

jamastu@gmail.com

Tragedia-Ahumada

Preciso precioso-Helguera

Estela egipcia-Fisgón

México, entregado por su propia clase política a la intervención de EU

Nadie resiste el llamado: gobernantes y opositores, funcionarios y empresarios, jefes de policía y cabezas de ONG, periodistas y encuestadores, todos por igual, acuden ante diplomáticos de Estados Unidos para contarles lo que deseen saber sobre los asuntos de México. La embajada y los consulados de Washington son confesionario, diván, ventanilla de gestiones y paño de lágrimas, para la clase política y para los notables.

Por: Pedro Miguel

Nadie resiste el llamado: gobernantes y opositores, funcionarios y empresarios, jefes de policía y cabezas de ONG, periodistas y encuestadores, todos por igual, acuden ante diplomáticos de Estados Unidos para contarles lo que deseen saber sobre los asuntos de México. La embajada y los consulados de Washington son confesionario, diván, ventanilla de gestiones y paño de lágrimas, para la clase política y para los notables. En no pocas ocasiones, políticos y altos funcionarios comunican a los diplomáticos estadunidenses cosas que no se atreverían a sostener en público; les adelantan, además, intenciones legislativas, les consultan esbozos de programas oficiales o les exponen situaciones de las que la sociedad mexicana no tiene conocimiento. Los representantes de Estados Unidos acreditados en México son, en conjunto, el más importante interlocutor en la vida institucional de este país. Posiblemente no sea una revelación, pero resulta, en todo caso, una confirmación de lo que siempre se ha sospechado y dicho, y que ahora se documenta en un paquete de dos mil 995 cables informativos, redactados por diplomáticos estadunidenses de diverso rango. y que fueron enviados al Departamento de Estado desde México o desde terceros países.

Este material informativo fue proporcionado a La Jornada por Sunshine Press Productions, que preside Julian Assange, portavoz y fundador de Wikileaks, y abarca cables fechados desde 1989 hasta 2010. 24 de ellos están clasificados como secretos; 461 se consideran confidenciales; 870 son clasificados y mil 588 han sido desclasificados. Es razonable suponer que se trata de un segmento de algo más amplio; así lo deja ver la disparidad numérica por años de emisión (un solo cable de 1989, 38 de 2005 y mil 206 de 2009, por ejemplo) y las referencias a documentos que no están en el conjunto. El material recibido consiste, en su gran mayoría, de reportes sobre pláticas con personalidades políticas, administrativas, mediáticas, policiales y militares, informes de reuniones, análisis regionales o temáticos de distinto calado y extensión, apuntes sobre pequeñas gestiones o bien simples reseñas insípidas de los medios nacionales. Lo que los documentos revelan, en forma aislada o leídos en conjunto, es lo siguiente:

Clase política de informantes

Existe una casi absoluta disposición de políticos, legisladores y funcionarios mexicanos para informar extensamente a los diplomáticos del gobierno estadunidense, así como una generalizada obsecuencia para con sus interlocutores de esa nacionalidad; resulta un tanto sorprendente que ninguno de los cables consigne, por parte de los informantes mexicanos, una sola crítica hacia Estados Unidos, prácticamente ningún reclamo y ni una sola expresión de hostilidad. En varios casos, los connacionales citados comparten con sus interlocutores extranjeros la preocupación por eventuales reacciones adversas de la opinión pública local hacia el gobierno del país vecino, y se esfuerzan por presentarse como socios confiables. En ocasiones, y con tono de disculpa, advierten de antemano a sus entrevistadores que tendrán que formular, en público, alguna divergencia con respecto a Washington, a fin de no parecer demasiado proestadunidenses ante la sociedad.

En no pocos de los cables se consigna la sorpresa de los autores por la inesperada expresividad y el espíritu de colaboración de sus entrevistados, quienes por lo general responden a cuanta pregunta se les haga, pero no formulan ninguna. La masa de documentos proporcionados a este diario por Sunshine Press Productions no incluye comunicaciones relativas al espionaje propiamente dicho, pero queda claro que la locuacidad de políticos, funcionarios y comunicadores mexicanos casi podría ahorrarles el trabajo a los espías procedentes de la otra orilla del río Bravo.
De la lectura del material se desprende que en México, por lo que toca a la clase política, el tan citado sentimiento antiestadunidense es un mito urbano. Hace medio siglo, las izquierdas, el centro y hasta las derechas convergían en una animadversión variopinta hacia Estados Unidos que se originaba, respectivamente, en el antimperialismo, en el nacionalismo revolucionario y en el rechazo católico y castizo al protestantismo anglosajón. Bajo esas expresiones ideológicas subyacía una constante incuestionable de la realidad: a lo largo de la historia de México como nación independiente, las más graves y abundantes amenazas a su seguridad, integridad y soberanía han provenido del vecino del norte.
A lo que puede verse, la era del Tratado de Libre Comercio ha producido en México una casta dominante que, o bien se quedó sin memoria histórica, o bien perdió el sentido de pertenencia a su propio país. Los entrevistados hablan mal unos de otros; los funcionarios estatales y municipales acuden directamente a los representantes de Washington para pedir ayuda ante la inseguridad y el acoso de la delincuencia, y se brincan olímpicamente a la Federación; los empleados federales se quejan de los estatales y municipales; en el curso de los contactos, cada cual vela por sus propios intereses –nadie invoca la defensa o la promoción del interés nacional– y la vista de conjunto podría describirse con la expresión cada quien para su santo.

El proconsulado, al desnudo

En contraste, los representantes diplomáticos estadunidenses operan, casi invariablemente, con un sentido de Estado y con una cohesión que sólo se rompe en lo estilístico. Una expresión recurrente: en beneficio de nuestros intereses. Más allá de eso, el material informativo pone de manifiesto la insaciable curiosidad de los personeros de Washington, su avidez –casi podría decirse: su morbo– por conocer a detalle los asuntos mexicanos, y su obsesión por armar visiones de conjunto de los temas de nuestro país. Paradójicamente, el rigor empeñado en la recopilación de información no necesariamente se traduce en agudeza de entendimiento: con frecuencia, los diplomáticos dejan de ver el bosque por observar los árboles. Dan por sentado que los fenómenos delictivos se corregirán mediante acciones meramente policiales y militares; se empeñan en hurgar en el desempeño en materia de derechos humanos de miles de policías, militares y funcionarios, aunque olvidan averiguar sus antecedentes penales; en primera intención, suelen observar a sus interlocutores con distancia y escepticismo, pero acaban por creer lo que éstos les platican y, con una inocencia casi conmovedora, informan a Washington que los problemas están en vías de solución gracias al programa fulano, que hay voluntad política para enfrentar los obstáculos y terminan, de esa forma, por convertirse en creyentes casi únicos de un credo dudoso: el discurso oficial.

Otra inconsecuencia notable es el prurito de los diplomáticos del norte por mostrarse neutrales en materia de política partidista mientras que, al mismo tiempo, exhiben una insistencia monolítica en promover, en lo económico, las reformas que preconiza la doctrina neoliberal. De los documentos se infiere que sus redactores realmente creen que el Consenso de Washington es consenso, y no alcanzan a ver que las tomas de posición en favor o en contra del neoliberalismo se traducen en programas partidistas; en consecuencia, ellos, los diplomáticos, se convierten en instrumentos de una flagrante intervención de su gobierno en asuntos políticos de México.
A la embajada de Estados Unidos en México, es decir, a la representación del Departamento de Estado, no parece importarle que el poder público se tiña de azul, de tricolor o de amarillo, siempre y cuando la autoridad resultante se conduzca con apego a las tendencias privatizadoras, desreguladoras y depredadoras vigentes en forma declarada desde 1988. En ese punto, la injerencia es descarnada y abierta, y los funcionarios estadunidenses actúan como procónsules y, en no pocas situaciones, como gestores de los intereses empresariales de su país en un territorio intervenido desde hace lustros, no mediante el despliegue de fuerzas militares, sino por medio de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
En los días que corren, la intervención extranjera resulta particularmente inocultable en materia de seguridad y de combate a la delincuencia y al tráfico de drogas. En este terreno, los estadunidenses no se cuidan de guardar las formas y se revelan, una y otra vez, como los verdaderos conductores de la guerra contra la criminalidad organizada. Esa guerra es el más reciente conducto para la injerencia y el creciente control de Estados Unidos sobre México. Muy anterior a ella es el sometimiento voluntario a Washington por parte de políticos representantes populares, funcionarios, mandos policiales y castrenses, así como de algunos comentaristas y directivos de medios. Eso se ha dicho muchas veces y en muchos tonos, y se ha evidenciado, una vez más, en las declaraciones formuladas el lunes por el subsecretario de la Defensa del país vecino, Joseph Westphal, y complementadas el martes por la secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano, sobre perspectivas de ocupación militar masiva. Los casi tres mil cables diplomáticos que Sunshine Press Productions facilitó a La Jornada permiten corroborar que la intervención política y económica se adelantó, por mucho, a tales escenarios.

Ganar la elección en 2000, “único” logro de Fox: EU

México en Wikileaks

Dejó intactas las viejas estructuras, crítica en cables
Los documentos analizan defectos del ex presidente

Blanche Petrich

Periódico La Jornada
Sábado 12 de febrero de 2011, p. 2

La embajada de Estados Unidos despidió el sexenio de Vicente Fox describiéndolo como “lejos de la perfección”, en el cable 83079 de Wikileaks. Se trata de un amplio documento de evaluación, en el que además de las opiniones de los funcionarios de la representación diplomática se citan las de observadores políticos mexicanos y estadunidenses. Algunos coinciden en señalar que el “mayor y único logro” de Fox fue ganar la elección de 2000.

A pesar de que durante su gobierno no logró reformas legales importantes, la historia tratará “amablemente” al primer presidente panista, gracias a “su prestigio como hombre bien intencionado”, observa el análisis, que enumera diversos “defectos” del ex mandatario.
El sexenio de Fox marca el inicio de un periodo de transformación que rompió la vieja liga entre la Presidencia y el PRI; sin embargo, el gobernante de la alternancia “dejó intactas las viejas estructuras” y no consiguió impulsar las modificaciones necesarias en instituciones políticas y judiciales obsoletas para hacerlas más eficaces.
Según la embajada, el Instituto Federal Electoral, el Banco de México y la Suprema Corte de Justicia de la Nación son las únicas instituciones que parecen “estar listas para esta etapa de la joven democracia mexicana”. Pero Fox debilitó el poder presidencial a tal grado, que a final de cuentas puso un candado a su gestión.
Electo como un reformador, muchas de sus propuestas –las iniciativas de reforma laboral y fiscal, entre otras– fueron derrotadas ante la falta de cooperación entre el Ejecutivo y las fuerzas políticas.
Fox no tuvo estrategia de gobierno ni visión, experiencia o habilidad política. “Ni el país ni sus políticos estuvieron a la altura de la apertura que produjo la derrota del PRI, partido que percibió la debilidad del nuevo presidente y lo desafió en cada oportunidad”.
En sus seis años en el poder, Fox encabezó pocas iniciativas propias. No propuso nuevas políticas económica, energética o social. Logros como la ley de transparencia, el mantenimiento de la estabilidad económica o la implementación de programas sociales como Oportunidades fueron iniciativas externas y con frecuencia continuación de políticas anteriores.
El meollo de la animadversión que reflejan los analistas políticos de la embajada estadunidense parece originarse en “la indecisión del gobierno mexicano a la hora de respaldar a Estados Unidos a raíz de los ataques del 11 de septiembre de 2001”, aunque reconocen que sí hubo respuesta inmediata a las solicitudes de Washington para dar prioridad a la cooperación contraterrorista, con énfasis en la seguridad fronteriza y el tráfico de “extranjeros”.
El análisis ubica el mayor fiasco de la política exterior mexicana en una de las líneas que impulsó Jorge Castañeda Gutman como secretario de Relaciones Exteriores.
“México abrió la caja de Pandora al centrarse en el tema de la migración en lugar de mantenerlo de bajo perfil”, según expresó un “conocido analista político” a los funcionarios de la sección política.
Castañeda también erró al insistir en que el país asumiera un puesto en el Consejo de Seguridad de la ONU en un momento en el que “México no tenía bien definidos sus intereses nacionales”, lo que llevó a la representación mexicana a tener desacuerdos con Washington.

La decepción

El desacuerdo más importante que se tuvo en esa etapa en Washington fue el voto del gobierno mexicano en el Consejo de Seguridad en contra de la acción militar unilateral de Estados Unidos en Irak en 2003. El texto incluye la opinión del propio Castañeda Gutman. “Cree que ya era tiempo que México asumiera un perfil más alto, pero el gobierno de Fox tenía que comprender mejor lo que estaba en juego en el escenario global”.

 

En conclusión, la misión diplomática consideró que si bien bajo el gobierno foxista México “se acercó” a Estados Unidos, “las exageradas expectativas de las dos partes sufrieron una decepción” cuando Fox vaciló ante “el cambio del clima global” después del 11 de septiembre.
A pesar de la baja calificación otorgada al sexenio foxista, la evaluación de la embajada reconoce que se lograron sistematizar varios rubros de cooperación de las autoridades mexicanas con instituciones estadunidenses en áreas de seguridad.
Por ejemplo, como resultado de la “cooperación” de la Procuraduría General de la República, la Agencia Federal de Investigaciones y la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada con agencias estadunidenses, fueron detenidas 19 personas definidas como “objetivos de la DEA” de primer y segundo nivel.
Registra también las acciones que se implementaron bajo el acuerdo bilateral de asociación fronteriza firmado en 2002 (que más adelante se incorporó en la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte). Una de ellas fue el establecimiento de un sistema de monitoreo de pasajeros (Advance Passenger Information System, APIS) en 2004, que permite intercambiar información “en tiempo real” a los dos gobiernos sobre viajeros percibidos como “amenazas potenciales”. Esto permitió la captura de cerca de 50 “fugitivos”.
También se implementó en 2005 un operativo contra traficantes de personas (Operation Against Smugglers Initiative on Safety and Security, OASSIS). Estados Unidos entregó a México 497 “casos”; el gobierno mexicano aceptó persecuciones contra 300 de ellos.
En la evaluación se destaca la buena relación de las instancias policiacas estadunidenses con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y el Instituto Nacional de Migración, y el incremento en los indicadores de acciones antinarcóticos (erradicación de cultivos y captura de cargamentos) en el periodo foxista, mayor en comparación con el de Ernesto Zedillo.
El lavado de dinero, sin embargo, es un campo en el que debería haber más avances –dice el cable–; “específicamente nos gustaría ver cambios en los marcos legales para que la Secretaría de Hacienda pueda perseguir estos delitos”.
A pesar del promisorio arranque del sexenio, el resultado en materia de respeto de derechos humanos “fue modesto”, concluyen los analistas de la embajada. En cuanto a los avances democráticos, estiman que los comicios de 2006, controvertidos y sujetos a numerosas acusaciones de irregularidades, erosionaron la imagen de credibilidad de las instituciones electorales que en 2000 fueron consideradas modelo mundial.
Finalmente lamentan que el buen arranque del sexenio, con la firma y adopción de varios tratados internacionales en materia de derechos humanos y combate al tráfico de personas, no se reflejara en una mejor situación interna. Sobre todo, especifican, prevalece el contrabando de inmigrantes que, según se denuncia, involucra a funcionarios de todos los niveles de gobierno.

Legislatura con mordaza

Jesusa Cervantes



MÉXICO, DF, 11 de febrero (apro).- Felipe Calderón Hinojosa arrancó su mandato en medio de una Legislatura, la LX, convulsionada, en donde diputados del PRD y del PAN se liaban a golpes y los primeros tomaban la tribuna; poco faltó para que Calderón no ingresara al recinto de San Lázaro y protestara como presidente de la República, y lo logró gracias al respaldo y acuerdo con los priistas.

El encono entre perredistas, que reclamaban el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, y los panistas, que se decían ganadores y respetuosos de la legalidad, se mantuvo a lo largo de los tres primeros años del gobierno calderonista. De 2006 a 2009, los enfrentamientos y reclamos se hicieron presentes en todo momento y no hubo nunca poder que lograra coartar las expresiones de uno y otro bando.

Hoy, a mitad de la segunda legislatura que enfrenta Calderón, los panistas hallaron eco en el PRI para cerrar el paso a las tomas de tribuna, así como a las críticas y reclamos vía exposición de mantas, cartulinas o altavoces.

En la actual legislatura el número de legisladores afines a López Obrador disminuyó y algunos, los más fieles, llegaron bajo las siglas del Partido del Trabajo (PT), ocho para ser exactos, suficientes para poner de cabeza al resto de panistas, priistas, a los de Nueva Alianza (Panal) o del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que no han podido ganarles un solo debate pero sí fulminarlos a la hora de las votaciones.

Después de un año y medio de tomas de tribuna y exhibición de mantas, en donde se le he dicho de todo a Calderón, desde espurio hasta borracho, la dupla PAN-PRI encontró una nueva forma de parar en seco a los ocho “rijosos petistas”: confeccionando un nuevo “reglamento-mordaza”.

Efectivamente, las limitaciones a la libertad de expresión y el atropello del gobierno contra la periodista Carmen Aristegui fueron aplicadas en sintonía con el nuevo reglamento que ambos partidos aprobaron el pasado 15 de diciembre e hicieron entrar en vigor el 1 de enero.

El objetivo del nuevo reglamento, que limita drásticamente la “libertad” de cada legislador a expresarse como mejor le parezca y de acuerdo con su estrategia política, tiene como centro que las sesiones en el pleno se conduzcan sin sobresaltos, sin tomas de tribuna, sin suspensiones momentáneas, sin reclamos, sin crítica desde una manta, sin reclamos desde una cartulina; en síntesis, sin que se exponga al Poder Ejecutivo.

Eso fue lo que sucedió el 4 de febrero, cuando los petistas Gerardo Fernández Noroña, Mario Di Costanzo y Jaime Cárdenas desplegaron una enorme manta que condenaba un supuesto alcoholismo de Felipe Calderón.

A los legisladores se les aplicó el nuevo reglamento para acallarlos, aunque finalmente la sesión se suspendió, no por la entrada en vigor de las nuevas reglas, sino porque los panistas se dejaron llevar por el impulso, el enojo y olvidaron la serenidad que todo político debe aprender, yéndose a los insultos y jaloneos contra los petistas. Un acto que también descontroló a los priistas quienes, divididos, acudieron en ayuda de uno y otro bando.

Uno de los daños colaterales por la presencia de Calderón en el poder es este nuevo reglamento, a través del cual se quiere acallar las voces críticas e incluso se pretende meter en orden a los diputados, aun en contra de la propia Constitución, la cual establece que ningún legislador podrá ser reconvenido por sus dichos.

En su artículo 8º, fracción XVIII del reglamento de marras, se obliga a diputados y diputadas a “retirar cualquier expresión material que hayan utilizado para su intervención en el pleno, una vez que éste haya concluido”; es decir, nadie podrá dejar expuesta manta, muñeco, cartulina o los objetos en los que se apoye para manifestar sus cuestionamientos.

Pero todavía peor, si el presidente de la Mesa Directiva lo conmnina a hacerlo, o algún legislador que se sienta ofendido exige el retiro de la manta y esto no se hace, al diputado que se esté manifestando se le ¡¡cerrará el micrófono!! y, si continúa con su actitud, se le descontará entonces un día de dieta.

Y si persiste en su manifestación, el presidente de la Mesa Directiva, como si fuera un acto dictatorial, “ordenará” el retiro de “las expresiones”.

El mismo artículo establece en su fracción XVII que los legisladores están obligados a “permitir la libre discusión y decisión parlamentaria en las sesiones, así como en las reuniones”. Esto implica que si un diputado siente que con alguna acción o expresión que realice otro en su contra se le está impidiendo hablar, entonces se podrá callar a quien le reclama.

La violación a la libertad de expresión de los legisladores no es sólo el único acto de autoritarismo fijado en el nuevo reglamento, existe otro no menos grave: la permisividad de “reuniones secretas” y, por supuesto, la obligación de la “secrecía” de los legisladores.

Desde cuándo, se podrá preguntar cualquier ciudadano, los actos de los diputados federales, que llegaron ahí con el voto de los ciudadanos, pueden realizar “reuniones secretas” como si fueran una hermandad. Se les olvida a los legisladores de PRI y PAN, autores de este nuevo reglamento, que sus actos deben ser “públicos” y no a “escondidas”.

¿Dónde quedó la esencia del Parlamento, que tiene su origen en los debates públicos del Senado romano? Olvidan que los Congresos son justamente para eso, para parlar, acordar a vista de todos y no para hacer leyes en privado, acuerdos en corto.

Estas “sesiones secretas” reconocidas y aceptadas en el nuevo reglamento no son sino una manifestación cínica de los acuerdos y modificaciones que, en privado, se hacen a las leyes.

Es el reconocimiento legal a reuniones como las ocurridas al inicio del sexenio, cuando se acordó la ley del ISSSTE sin que nadie se hubiera enterado cómo, cuándo y dónde se confeccionó para luego llevarse al pleno y ser votada con el pacto previo entre panistas y priistas.

“Sesiones secretas” es la nueva sección que tiene el reglamento, las cuales --según el artículo 8-- así las deben mantener los legisladores que en ella participen. Es decir, no pueden ni deben hablar sobre lo que ahí se discute, se acuerde o se firme.

Nada más absurdo y bárbaro para un Parlamento.

Y ni qué decir de los documentos que de ahí salgan, serán considerados “confidenciales” o “reservados”; ¡la transparencia de un Congreso tirada al cesto de la basura!

El embate contra la periodista Carmen Aristegui no fue un asunto aislado, que tenga que ver únicamente con una presión del gobierno hacia un particular para negociar su concesión; no, va más allá, se trató de una política de Estado que permea a otros poderes como el Legislativo.

Operada por el PAN y aceptada por el PRI, la conducción de las próximas legislaturas, de mantenerse este nuevo reglamento, serán recordadas por la represión y opacidad que en ellas prive.

Cuando algún diputado se sienta ofendido o considere que el Presidente en turno, que el secretario en turno o cualquier funcionario está siendo ofendido, puede invocar el artículo 115 y exigir una moción de orden, con el argumento de que se está “faltando el respeto al orador”, o que se está generando “alteración del desarrollo de una sesión”; con ello logrará acallar cualquier señalamiento incómodo o que lo exhiba.

Aunque el nuevo reglamento es a todas luces violatorio de la libertad de expresión, será difícil que los ocho diputados del PT y algunos del PRD lo echen abajo, a pesar de que existen 89 “observaciones”.

El nuevo reglamento no sólo pretende que las sesiones del pleno se realicen sin sobresaltos, esto también incluye las reuniones de comisiones y comités. En una palabra, se está proponiendo un Parlamento sumiso, sin posibilidad de reclamo, y en donde a las minorías se les aniquile su libertad a disentir de las mayorías y expresarlo como mejor lo consideren.

¿Fascista, dictatorial, presidencialista, castrante? Sí, eso podría llegar a ser el nuevo reglamento si estos aspectos no se modifican.

Comentarios: mjcervantes@proceso.com.mx

Balean a estudiante en pleno salón de clases en Culiacán

La redacción



MÉXICO, D.F., 11 de febrero (apro).- Un estudiante de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en Culiacán, fue atacado a balazos esta mañana en pleno salón de clases de la escuela de filosofía y letras.
Los hechos se registraron alrededor de las 09:00 horas, cuando un desconocido irrumpió en el aula y, frente a alumnos y profesor, disparó en varias ocasiones contra el estudiante, que fue identificado como Bernardo Romero Cabanillas, de 19 años de edad.
De acuerdo con un informe de la Policía Ministerial, el agresor ingresó al salón y preguntó por la víctima. Al ubicarlo, disparó a mansalva. Huyó en un automóvil Tsuro verde.
Algunos testigos informaron que el agresor, es un hombre de aproximadamente 35 años de edad. Vestía pantalón de mezclilla y chaleco gris.
El joven baleado fue trasladado, por personal de la Cruz Roja, a un hospital para que recibiera atención médica. Los reportes indican que su estado de salud es grave.
Romero Cabanillas estudia el primer año de la carrera de sociología en la escuela de filosofía y letras de la Universidad Autónoma de Sinaloa ubicada frente a ciudad universitaria.

Felipe y su caballito