Jesusa Cervantes
La inopinada solicitud de licencia de Javier Duarte desequilibró a las bancadas del PRD y del PAN en San Lázaro, al presidente Enrique Peña Nieto y los priistas, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y al propio gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares. La causa-efecto de ello es una cadena de oportunismos y chantajes que nada tienen que ver con la voluntad de justicia para el pueblo veracruzano. Pura pirotecnia política, pues.
El priista Javier Duarte se separó del gobierno de Veracruz dejando al estado inmerso en una crisis política cuyos efectos muy probablemente se reflejarán en las elecciones de 2017 y en las presidenciales de 2018, además de que podrían generar una crisis de gobernabilidad.
El vacío de poder que vive la entidad caldea los ánimos en los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional. Faltan seis semanas para que el panista Miguel Ángel Yunes Linares tome las riendas, y en el seno de ambas organizaciones sus militantes piden las cabezas de uno y otro político.
La sorpresiva solicitud de licencia de Duarte, hecha el lunes 10, afectó a Yunes Linares, quien dijo tener datos sobre la corrupción de su predecesor, aunque ofreció revelarla en diciembre, cuando tome posesión como gobernador. También se quejó de que los priistas pretenden impedir que asuma el cargo, programado para el 1 de ese mes.
Y fue más allá. Un par de semanas antes de la solicitud de licencia de Duarte hizo llegar a Enrique Peña Nieto un informe que alcanza a la empresa Evercore, de Pedro Aspe Armella, según informes internos de Los Pinos obtenidos por Proceso.
La decisión de la salida de Duarte también impactó la actuación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que de manera inesperada decidió suspender la discusión sobre la ratificación o anulación de la elección del pasado 5 de junio, en la cual Yunes Linares se impuso a su rival priista.
Duarte anunció su solicitud de licencia en una emisión de Televisa en la Ciudad de México, en la que también emplazó a debatir a Yunes Linares, quien días después desestimó la propuesta en ese mismo espacio y aprovechó para anunciar que revelará información que “cimbrará al país”.
El panista tampoco aceptó sentarse a dialogar con el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, quien pidió una investigación contra el gobernador electo por presunto enriquecimiento ilícito.
Horas después del arrebato de Duarte, Yunes insistió: “El régimen quiso y quiere impedir que tome posesión como gobernador”. De inmediato en los pasillos de San Lázaro corrió la versión de que ya se negociaba la llegada de Yunes Linares a Veracruz a cambio de aprobar, con modificaciones mínimas, el paquete económico enviado por el presidente Peña Nieto al Congreso.
Jesús Zambrano, vicecoordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática en San Lázaro, comentó: “Hay quienes han alertado o advertido que ante la crítica de liderazgos del PAN al paquete económico 2017, se pretenda utilizar como suerte de moneda de cambio. Yo no tengo elementos para decirlo”.
Y agregó: “El quid pro quo (una cosa por otra) pudiera ser en términos de que se le abra formalmente un proceso a Duarte (y se le consigne, porque hasta el momento sólo se le abrió una averiguación previa pero no se le ha llevado ante un juez) y, al mismo tiempo, para equilibrar la balanza, al exgobernador de Sonora, el panista Guillermo Padrés”.
Zambrano no descartó la anulación de la elección por parte del TEPJF: “No dejo de pensar en que la tentación de que ante presiones internas, amenazas de ve tú a saber de qué tamaño, o qué compromisos habrían adquirido antes, digan (en el gobierno): vamos a la nulidad de la elección. Eso sería, creo, el grado extremo… Yo creo que pueden estar en la tentación de incurrir en esa decisión”.
El miércoles 12, día de la solicitud de licencia de Duarte y de la advertencia de Yunes de que revelará información “que cimbrará al país”, el TEPJF tenía programado discutir en torno al proceso electoral que llevó a la gubernatura de Veracruz al candidato de la alianza PAN-PRD.
Sin embargo, el tribunal sólo resolvió la impugnación del PRI sobre el triunfo de un diputado local del candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en un distrito Cosoleacaque, y lo ratificó.
Del triunfo de Yunes, impugnado en forma separada por el PRI y Morena, la diputada federal veracruzana Rocío Nahle, coordinadora de la fracción de Morena en San Lázaro, declaró que en el tribunal no les dieron fecha para discutirlo, pero tampoco explicaron las razones que llevaron a cancelar la discusión.
De insensatez política a
crisis nacional
Los diferendos entre Duarte y Yunes Linares se intensificaron en las últimas semanas por las acusaciones mutuas de enriquecimiento ilícito. El 5 de julio pasado el panista denunció a Duarte y, cuando éste pidió licencia y lo retó a debatir, Yunes dijo:
“Quieren impedir que tome posesión como gobernador en Veracruz”. Según Yunes, en el resumen que entregó al presidente Peña Nieto hay información que demuestra que él llegó “a la médula de la corrupción”, por lo que “no quieren que llegue a gobernador porque saben que tengo información que cimbrará a México”.
El diputado perredista Guadalupe Acosta Naranjo, quien apoyó la candidatura de Yunes, habla sobre la forma en que podrían impedirle tomar posesión el próximo 1 de diciembre.
El 1 de agosto, relata, Duarte demandó por enriquecimiento ilícito a Yunes Linares ante la Fiscalía Especial del Estado. Hoy, Flavino Ríos, quien fue secretario de Gobierno de Duarte y es el gobernador interino, tiene el control de los órganos del estado, al menos hasta la medianoche del 30 de noviembre.
“Bajo la teoría de emparejar los cohetones, la fiscalía podría pedir su arraigo para investigarlo. Recordemos que Duarte ya lo denunció. Es posible que el interino diga: ‘¡Aquí hay elementos para apresarlo!’.
“Sería algo truculento y un despropósito, pero sólo así lo impediría… Sería un despropósito violentar la voluntad popular que lo eligió. Pero conociendo a mis amigos, no me chupo el dedo.”
Pero si ello ocurre, dice, se incendiaría el país. “La irritación de la oposición de los que ganamos sería mayúscula porque se estaría yendo en contra del voto popular. Ahora resulta que los derrotados quieren encarcelar a los ganadores”.
Acosta Naranjo advierte que por lo menos el PRD, que llevó a Yunes como candidato a la gubernatura en alianza con el PAN, provocaría una ola de protestas en las calles, aunque todo se haría “dentro del marco de la ley”.
La probable detención del gobernador electo para impedir que tome posesión y amplíe su investigación sobre la corrupción del duartismo “sería un golpe de Estado técnico en Veracruz”.
Eso provocaría una crisis política igualable sólo a la pretensión de desafuero contra Andrés Manuel López Obrador en 2005, cuando los priistas intentaron alejarlo de la contienda por la Presidencia de la República.
En el caso de Yunes, “ni siquiera llegaría a ser una crisis política como la ocurrida con Roberto Madrazo en Tabasco, cuando desde el centro Ernesto Zedillo acordó con él dejar la gubernatura una semana después de haber asumido el cargo”, sostiene el perredista.
E insiste: “Anular la elección convertiría la crisis política que se vive en Veracruz en una crisis de gobernabilidad. Ahí es donde entraría la enorme responsabilidad del gobierno federal para evitarla.
“Esto que vemos en Veracruz, el tercer estado poblacional, no es cualquier cosa. Cimbra intereses, círculos de amigos y complicidades en la entidad, le da señales a la delincuencia organizada para decir ‘ahora es cuando’. El gobierno federal debe hacerse presente y dejar claro que, si bien hay crisis política, no va a dejar que se convierta en crisis de gobernabilidad.”
Para su correligionario Zambrano, anular la elección “sería una verdadera insensatez. Decir que Duarte y Yunes son iguales provocaría una lectura confusa y daría pie a problemas mayores”.
Por eso recomienda evitar esa situación porque, dice, enturbiaría los procesos electorales de 2017 y la presidencial de 2018. “Hay que tener la cabeza fría; todos, especialmente desde el gobierno de la República, (deben) meterle tranquilidad. ¡No está el horno para bollos!”.
El PAN, por medio de su coordinador parlamentario en San Lázaro, el diputado Marko Cortés, declaró que la gubernatura de Duarte era insostenible. “Espero que el gobierno federal y las instituciones correspondientes sean de verdad contundentes y firmes para juzgarlo como amerita el caso”.
La PGR, dijo, debe ser eficiente en las investigaciones. “No vaya a ser que, pasado el tiempo, nos digan que las averiguaciones no estuvieron bien integradas, que el procedimiento fue indebido o que no tuvieron las pruebas suficientes y que finalmente Duarte se vaya sin pagar lo que hizo en Veracruz”.
Y aunque Cortés no habló de moneda de cambio ni de negociación alguna entre su partido y los priistas, dijo que en el caso de las acusaciones de Yunes contra Duarte y en el del exmandatario de Sonora, su correligionario Guillermo Padrés, el PAN sostiene que “independientemente de los colores partidistas, quien haya cometido un acto de ilegalidad debe pagar por ello”.
¿Cimbrar a Pedro Aspe?
Ante la solicitud de licencia enviada por Duarte al Congreso veracruzano, el TEPJF no atinó a resolver la impugnación de la elección que ganó Yunes. Y así como el PRI retó a las instituciones judiciales para llevar a juicio al panista, éste sorprendió a todos cuando anunció que tenía información comprometedora, ante la sospecha de que pudieran impedirle tomar posesión el 1 de diciembre.
Para Acosta Naranjo, el as que tiene el gobernador electo bajo la manga de ninguna manera es “un chantaje” al gobierno federal. “No sé si estén negociando las fichas el PAN y el gobierno… Con respecto a Peña Nieto, no sé si el PRI lo está chantajeando, pero debería dejar que se lleve a la justicia a Duarte y que todo se dé bajo el debido proceso”.
Yunes insistió: “Tratan de evitar que asuma el cargo porque el régimen sabe que he llegado a la médula de la corrupción. No quieren que llegue a gobernador porque saben que tengo información que cimbrará a México. A partir del 1 de diciembre tendré los instrumentos para profundizar aún más en el conocimiento del destino final de los recursos robados a Veracruz”.
Cuando tome posesión como gobernador, añadió, “daré a conocer la realidad de la corrupción en Veracruz… En cinco meses he dedicado a desentrañar toda esta red de corrupción y he logrado penetrarla en lo más profundo.
“Aquí en esta memoria –dijo en alusión a la información que entregó al presidente Peña Nieto– hay tres ejemplares de la misma. Contiene elementos que van a cimbrar al país. Están seguros, protegidos. Los tienen personas de absoluta confianza y están en bóvedas donde será imposible que alguien se apodere de ellos.”
Dijo que tiene los recibos donde se acredita que cada mes Enrique Jackson recibía 2 millones de pesos del gobierno de Duarte por asesoría. Proceso buscó a Jackson, pero el exsenador priista no contestó en su celular.
Semanas antes de esta revelación, Yunes le hizo llegar al presidente Peña Nieto y al jefe de la Oficina de la Presidencia, Francisco Guzmán, una carpeta con información sobre la situación económica y de criminalidad en Veracruz, así como de la “red de complicidad empresarial” que creció al amparo de Duarte.
De acuerdo con informes de Los Pinos, de los cuales Proceso tiene copia, parte de la información entregada por Yunes presuntamente incluye los nombres de algunos de los beneficiados, entre ellos Pedro Aspe, propietario de la empresa Evercore, antes Protego, especializada en la solución de las deudas de los estados.
Por lo general, la firma suele recomendar a sus clientes recurrir al endeudamiento con base en las participaciones que el gobierno federal tiene comprometidas con las entidades.
Hacia la 1:19 horas del sábado 15, la reportera le preguntó formalmente a Aspe en torno a la información que circula en Los Pinos. Hasta el cierre de la edición, Proceso no recibió respuesta del exsecretario de Hacienda, quien tuvo conocimiento de que recibiría las preguntas.
Presuntamente existen varios pagos “cuestionables” que consideran el pago de comisiones de hasta 33%, según los informes consultados, luego de que Yunes habló de la existencia de esa carpeta en Los Pinos.
De acuerdo con el informe que circuló en Los Pinos, Francisco Guzmán le comunicó a la titular de la PGR, Arely Gómez, que era deseo del presidente Peña Nieto evitar una posible fuga de Duarte. La procuradora le respondió que ejecutaría todo lo necesario para que ello no sucediera.
Gómez también le comunicó que el caso estaba en manos “del mejor subprocurador”, José Guadalupe Medina, y que estaba en conclusión de la indagatoria. Sólo se esperaban los resultados de la Unidad de Inteligencia Financiera, le dijo a Guzmán, pues “sí hay elementos para iniciar acciones contra Duarte”.
Cuando Peña Nieto recibió el informe de la procuradora, Guzmán le envió a Gómez la carpeta de las indagaciones que el panista elaboró “trabajando, investigando, cruzando datos, haciendo uso de mi experiencia en el tema, a través de contactos, viajes a México y otros lugares”.
Rocío Nahle, coordinadora de Morena en San Lázaro, demandó que sea el gobierno federal el encargado de intervenir en Veracruz, en particular el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para garantizar la seguridad y resolver la crisis política que se vive en la entidad.
