El ‘rie$go’ de ser presidente - Daniel Lizárraga - Proceso

Distrito Federal— En los primeros días de su gobierno Felipe Calderón convocó a los medios a Los Pinos para anunciar que reduciría 10 por ciento su salario y el de los integrantes de su gabinete con el fin de ahorrar recursos públicos. Dos años después recuperó 97 por ciento de ese descuento al aceptar un bono retroactivo de 196 mil 32 pesos, por algo que en el lenguaje oficial se denomina “ riesgo de trabajo”.

El lunes 3 de diciembre de 2006 el mandatario le quitó 16 mil 725 pesos a su salario mensual con lo que al cierre de 2007 había ahorrado 200 mil 700 pesos.

En su declaración patrimonial de 2010 Calderón reveló que dos años antes recibió ese bono retroactivo por 196 mil 32 pesos; es decir, apenas unos cuatro mil pesos por debajo de lo ahorrado con la disminución salarial previa.

El mandatario cobró esa prestación aun cuando no tiene gastos de manutención familiar, pues vive en la residencia oficial de Los Pinos; tiene un seguro de separación individualizado que en este momento podría alcanzar 3 millones 467 mil 286 pesos y está protegido por mil 408 soldados, marinos y pilotos del Estado Mayor Presidencial, el cual cuenta con una sección de inteligencia dedicada a la protección del presidente.

Además, desde el momento en el que Felipe Calderón entregue la banda presidencial a su sucesor en diciembre de 2012 tendrá una pensión vitalicia de 215 mil pesos mensuales, un aguinaldo de 43 mil 500 pesos y un seguro de vida de 8 millones de pesos.

En el otro extremo, el Ejército ha compensado con cantidades que van de 150 mil a 153 mil pesos a las familias de las víctimas de los enfrentamientos entre la tropa y los cárteles de las drogas. Hasta el momento oficialmente no hay indicios de que las familias de esas víctimas vayan a recibir algún tipo de pensión permanente o bonos anuales por parte de las Fuerzas Armadas.

En el caso de los heridos, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha puesto en manos de los afectados alrededor de 35 mil pesos en efectivo, de acuerdo con cifras publicadas por el reportero Jorge Carrasco en la Agencia de Noticia Proceso (Apro).

El 1 de junio de 2007 los deudos de Roberto Francisco Valenzuela Loera recibieron 147 mil 664 pesos por los hechos ocurridos en el caso conocido como La Joya, cuando soldados de un retén dispararon contra un auto con saldo de cinco civiles muertos, entre ellos dos menores. En los días siguientes las indemnizaciones a los deudos alcanzaron 849 mil pesos.

En febrero de 2008 –el año en que Calderón recibió la compensación retroactiva por riesgo de trabajo– la Sedena indemnizó con 153 mil 562 pesos a los deudos de Zenón Alberto Medina López, Manuel Medina Araujo, Édgar Araujo Alarcón, Ireneo Medina y Miguel Medina Medina así como con 38 mil pesos a Wilfredo Ernesto Madrid Medina, quienes fueron agredidos a tiros por soldados en la comunidad de Santiago de los Caballeros, Sinaloa.

En su edición del 18 de junio de 2010 el diario La Jornada publicó que el pago más elevado por indemnización médica por parte de la Sedena fue de 153 mil 562 pesos para Marcela Santiago Mauricio por una lesión neurológica.

Esa misma cantidad recibieron los deudos del menor Carlos Iván García Calderón, ametrallado por soldados en la carretera Morelia-Mil Cumbres el 12 de mayo de 2008. En ambos casos no hubo otro tipo de compensación.

En suma, la participación del Ejército en el combate al narcotráfico representó un desembolso de unos 8 millones de pesos correspondientes a la reparación del daño económico por la muerte de 24 civiles inocentes –cinco menores de edad–, lesiones y servicios médicos en 2007, 2008 y 2009.

Las viudas de los civiles que han muerto en la guerra contra el narcotráfico no recibieron pensiones de por vida por parte del gobierno federal. En cambio el marco legal le garantizaba a Margarita Zavala 80 por ciento del sueldo bruto de su marido, Felipe Calderón en caso de que éste falleciera durante el primer año de su gestión. La pensión se reduce paulatinamente hasta llegar a 50 por ciento.

Declaraciones en internet

Los hijos de la familia Calderón Zavala, por ejemplo, estarán incluidos en seguros de vida y de gastos médicos mayores hasta cumplir la mayoría de edad, pero los hijos de quienes perdieron la vida en la guerra contra el narcotráfico no cuentan con esa prestación.

El bono por riesgo de trabajo para Felipe Calderón permaneció alejado del escrutinio de los ciudadanos, organizaciones no gubernamentales y académicos durante más de un año, ya que no fue incluido en la primera declaración patrimonial disponible en internet, correspondiente a 2008 y presentada en el primer trimestre de 2009, de acuerdo con una copia de la misma obtenida por este semanario.

No fue sino hasta el pasado 4 de junio de 2010 cuando la Secretaría de la Función Pública (SFP) puso en internet una nueva versión de esas listas de bienes y propiedades en la que asumieron que la diferencia de percepciones anuales entre 2008 y 2009 se debió al bono referido.

La aparición de esta bolsa de dinero fue manejada por el gobierno como un gesto de buena voluntad; sin embargo fue puesta a disposición de los ciudadanos luego de que Proceso publicó una investigación sobre inconsistencias en las declaraciones patrimoniales del presidente.

El dinero entregado a Calderón fue retroactivo y, en este sentido, correspondió sólo a 2007 y 2008. En el EMP hay un grupo especialmente entrenado –la Sección Séptima– para garantizar la protección del mandatario. Además, en cada gira de trabajo se cuenta con el apoyo de las policías estatales y municipales. La presencia de Calderón en calles y plazas implica que los militares incluso coloquen francotiradores y, sobre todo, controlen los accesos a los actos públicos con al menos 24 horas de anticipación.

El martes 21 de septiembre el reportero de Reforma Jorge Arturo Hidalgo publicó que el gobierno de Felipe Calderón pretende aumentar 34 por ciento el bono por riesgo de trabajo, lo que significará para el erario más de 500 millones de pesos, ya que además del mandatario también serán beneficiados 376 funcionarios de alto nivel así como 623 mandos del Ejército y la Marina.

Calderón tendrá 49 años cuando deje la Presidencia. En su número 1742 Proceso publicó que si el actual mandatario cumpliera con la expectativa de vida promedio de los mexicanos –73 años– su pensión representaría para el erario más de 64 millones de pesos sólo por salarios y aguinaldos.

Los predios descubiertos

Luego de que los Calderón Zavala presuntamente abrieron su lista completa de bienes al escrutinio público pudo saberse que los bienes del Presidente y su esposa aumentaron por esa compensación por riesgo de trabajo y también por cuatro departamentos y un estudio que adquirieron en un predio contiguo a su vivienda en Cóndor 231, en la colonia Las Águilas de la Ciudad de México.

A partir del 14 de mayo de 2010 se publicaron varios reportajes (Proceso 1741, 1742, 1753 y 1754) sobre inconsistencias en las listas de bienes de Felipe Calderón. Aun cuando en el sistema de rendición de cuentas en internet se decía que el mandatario aceptó hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, en ellas no aparecieron terrenos y casas que incrementaron hasta en 11 veces el tamaño original de la vivienda de clase media alta que, hasta ese momento, poseía.

En 2003 la familia Calderón Zavala compró una casa de 174 metros cuadrados, la cual ahora se ubica junto con otras propiedades –sin que Margarita Zavala reciba salario alguno como presidenta del DIF– en un predio que mide mil 940 metros cuadrados.

En la primera versión pública de su declaración patrimonial, correspondiente a 2008, Calderón omitió informar la adquisición de otra casa –de 234 metros cuadrados– contigua a la vieja vivienda familiar y a nombre de Margarita Zavala; tampoco registró la adquisición de un terreno de 776 metros cuadrados en esa misma zona de Las Águilas, con el cual se convirtió en socio de su propia esposa.

Vista desde afuera la casa de los Calderón Zavala, en el número 8 de la Privada de Cóndor 231, no ha cambiado desde 2003; pero puertas adentro se descubrieron nuevas propiedades: una alberca, una cabaña, un amplio jardín y la nueva casa, marcada con el número 9.

Además cuentan con un edificio de tres pisos en el número 227 de la misma calle de Cóndor, asentado en un terreno de mil 532 metros cuadrados, con media cancha de baloncesto y lo que parece ser una pequeña bodega. Estos inmuebles se conectan por dentro formando un conglomerado dispuesto en un área en forma de “L” (Proceso 1741).

Al respecto, el secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, aseguró que Calderón sí reconoció en sus declaraciones patrimoniales los bienes inmuebles a nombre de su esposa, por lo que no habría incurrido en irregularidad alguna.

En entrevista con este semanario en mayo pasado, Vega Casillas, amigo cercano de Calderón, asumió la responsabilidad de haber eliminado de las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales las casas y terrenos para proteger los datos personales de la primera dama.

El sistema Declaranet, explicó entonces, elimina este tipo de información automáticamente aun cuando el propio funcionario haya aceptado hacer pública su declaración patrimonial. Ante esta postura oficial, Proceso hizo varias solicitudes de información a la SFP y la Presidencia. Pidió copias de las listas completas de bienes presentadas por Felipe Calderón, en la cual debieron incluirse –como el propio Vega Casillas lo aseguró– las casas y terrenos a nombre de Margarita Zavala.

El recurso del IFAI

Ante la negativa, Proceso presentó un recurso de revisión ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). La comisionada María Elena Pérez-Jaén Zermeño y su equipo de trabajo se avocaron a analizar si era posible obligar a la SFP a entregar las declaraciones patrimoniales completas de Calderón, ya que él, desde que rindió protesta como Presidente, había autorizado que fueran públicas.

El 10 de junio, mientras se desarrollaba el juicio dentro del IFAI y una semana después de que este semanario publicara que los candados a la transparencia en las declaraciones patrimoniales alejan a México de las políticas aplicadas en Estados Unidos y Canadá (Proceso 1754), la oficina de Margarita Zavala envió a esta revista una carta en la cual informó que había autorizado que se dieran a conocer los bienes comprados a su nombre.

Así, el pasado 7 de junio a partir de las 10 de la noche, la SFP puso en internet más información de la familia Calderón Zavala. Entre las novedades está precisamente el bono por riesgo de trabajo.

Además de lo anterior, en las anotaciones finales también reconocieron que en el edificio de Cóndor 227, descubierto en la investigación de Proceso, dos departamentos corresponden a Margarita Zavala y otros dos, más un estudio, son propiedad de Felipe Calderón.

Ahora se sabe que la familia Calderón Zavala cuenta al menos con dos casas: las de privada de Cóndor 231, así como con cuatro departamentos y un estudio en el número 227 de la misma privada. Luego de una década de alternancia política los mexicanos todavía no pueden saber en qué medida se incrementaron los patrimonios familiares de quienes han ocupado un cargo dentro del gobierno federal, incluido el presidente de la República.

Los funcionarios tienen garantizado el hecho de que los departamentos, los terrenos, las joyas, los autos y las inversiones bancarias que pongan a nombre de sus esposas o hijos no serán revisados por las organizaciones no gubernamentales, los académicos ni los medios.

La opacidad en el acceso a las declaraciones patrimoniales no tiene jerarquías y los ciudadanos sólo pueden abrirlas cuando existe una autorización por parte del servidor público De otra manera, el propio gobierno se encargará de clasificar esa información. El marco legal no permite más interpretaciones en este sentido, según se desprende de la resolución del IFAI.

El pragmatismo de Peña Nieto (y sus miedos)

Arnaldo Córdova
El gobernador del estado de México es el futuro candidato de todos los grupos de poder en México. No es todavía, ni de lejos, el candidato futuro del PRI, por la sencilla razón de que la elección interna todavía está por dirimirse. Pero Peña Nieto se lanzó muy pronto al ruedo (o lo lanzaron) y ya ha hecho su fama pública; es por eso que debemos tomarlo en cuenta. Si por él fuera, no creo que valdría la pena gastar saliva. Pero es el caso que este pequeño espécimen político que parece haber surgido de la nada no representa nada en sí mismo, sino todo lo que se ha fraguado en su derredor y los enormes poderes que parecen haberse conjurado para hacerlo su futuro candidato.

Es un hecho que el mayor monopolio de medios le ha prodigado su más tenaz y obsecuente promoción, aparte de muchos otros que ven en él al candidato más viable, independientemente de lo que sucede o pueda ocurrir en el PRI. Se ha podido ver que esa promoción ha sido tan poderosa que hasta las mismas filas priístas se han venido moviendo en una misma dirección. El tiempo, empero, tiende siempre a poner las cosas en su lugar. Dentro mismo del PRI se ha podido ver que hay, no nuevas, sino viejas aspiraciones que aún no se habían manifestado. Antes no podía hacerse a menos de mencionar a Beltrones, pero se le veía en la lejanía. Ahora suena más fuerte y hasta por ahí anda figurando la señora de los huipiles. Por supuesto que en estas lides nada puede decirse de cierto.

Vale pues la pena ocuparse de Peña. Su enseña principal es que en política se debe actuar con pragmatismo. Su idea de ese concepto es muy primitiva y vaga. Significa volver al pasado priísta que nos gobernó con tanto éxito durante setenta años. Pragmatismo significa, en el ideario de Peña, fortalecer al presidente de la República en su gobierno y restaurar, por ejemplo, las reglas no escritas que en el pasado priísta le permitieron regir al país con mano firme y sin atender a veleidades legislativas que le ponían cuanto freno pueden imaginar los partidos representados en el Congreso. Hizo su tesis en una Universidad patito sobre el presidencialismo y se centró en Álvaro Obregón, según él, un “enérgico jefe del Ejecutivo”. La figura es emblemática a más no poder, pero el fundamento de sus ideas autoritarias está en el discurso de Carranza al presentar en el Constituyente de Querétaro su proyecto de Constitución.

La idea que Peña Nieto tiene de Obregón es de verdad miserable. Él ve sólo a un individuo que ejerce el poder como si se tratara de un titiritero al que sus muñecos no ofrecen mayor resistencia. Yo he escrito sobre Obregón y he puesto de manifiesto la grandeza política del sonorense, que no sólo era un árbitro conciliador formidable, sino, además, un muy buen observador de las reglas escritas y no escritas de la política. En su época, las normas no escritas eran las más numerosas y las que al final prevalecían. Lo que Peña destaca de su actuación es su arbitrariedad, que fue excesiva, no su sabiduría política. El ideal del gobernador mexiquense es un gobernante que actúe sin trabas legislativas, como se imagina, sin ninguna razón, que fue Obregón. Éste era un político que sabía poner a todos de acuerdo antes de que la norma se aplicara y ello evitó en grandísima medida la violencia que entonces era atroz.

El remedio que idea Peña, asesorado por consejeros como Chuayffet Chemor, un auténtico analfabeto político, es disminuir al máximo las facultades controladoras del Legislativo sobre el Ejecutivo. Es una treta antiquísima entre nosotros. Así justificaban los defensores de la dictadura porfirista el poder arbitrario del dictador. La culpa de todas las ineptitudes del presidente es de los legisladores que buscan someter sus actos al derecho. Es que no le dejan hacer nada, clama Peña Nieto. Es el modo más barato de justificar la incapacidad de los presidentes para gobernar. Él cree que si se cuenta con leyes que le permitan a uno hacer lo que considera necesario, entonces se puede hacer un buen gobierno. En consecuencia, si no se cuenta con esas leyes soñadas, la culpa es del Legislativo. Por lo tanto, habrá que maniatar lo más que se pueda al Congreso, que parece tender por naturaleza al más completo desmadre.
Peña se pronuncia en contra del tope del ocho por ciento para la sobrerrepresentación del partido mayoritario. Con un cuarenta por ciento, postula, debería obtener una mayoría absoluta. No puede pedírsele que se apiade de los criterios modernos de la representación de los votos y de la representatividad democrática de los partidos. Es un chico que no entiende nada de las complejidades de la organización del Estado democrático y que sólo mira a lo que él entiende como el pragmatismo en el arte de gobernar, del que tampoco entiende mayor cosa. Para él, pragmatismo quiere decir no atarse a “paradigmas”. Evidentemente, quiere decir, hacer a menos de cualquier regla que impida hacer lo que desde el gobierno se juzga necesario. Eso es de la época de las cavernas. Hoy, gobernar quiere decir consensuar, poner de acuerdo a todos para realizar cualquier acción de gobierno.

A cualquiera de esos merolicos que nos administra la televisión le debe parecer que ese es un modo muy enérgico y eficaz para gobernar a este burdel en que se ha convertido el país. Es la apuesta natural de los medios de comunicación y, junto con ellos, de todos los grupos de poder que nos gobiernan. En la realidad, no es más que una pobrísima propuesta de gobierno hecha por descerebrados ambiciosos e ignorantes que no saben gobernar más que por la fuerza. Llena de miedos y temores que son perfectamente entendibles. Tienen miedo de cualquier clase de control por parte de los representantes del pueblo; tienen miedo de que se les pueda juzgar por sus malos actos mediante la aplicación de la ley; tienen miedo de los partidos de oposición si les hacen montón y los amenazan con una coalición que les gane la mayoría en las urnas.

Fue por eso que Peña Nieto promovió las recientes reformas en materia electoral en su estado. Niega el derecho de los “partidos políticos a presentar candidaturas comunes y los quiere obligar a formar alianzas que son gravosísimas y tremendamente inconvenientes. Una alianza en la legislación electoral del estado de México equivale, prácticamente, a renunciar a las prerrogativas y derechos que cada partido tiene por ley. Las candidaturas comunes permitían conservar la propia identidad y todos los derechos de un partido político. Ahora eso se acaba y en una eventual alianza habrá que perder todos los derechos que como partido se tienen.

El protagonismo del gobernador mexiquense tiene pies de barro y juega apuestas sin respaldo que no tienen ninguna seriedad. Televisa lo hizo su candidato anticipado y le ha dado todos los espacios (sería bueno saber, muy a ciencia cierta, cuánto representa ya el costo de sus promocionales y, sobre todo, quién los está pagando). Eso es signo, para todos, de que Peña Nieto es el prospecto presidencial de la oligarquía mexicana y a eso deberemos atenernos.

SEDENA financia a Gastón Azcárraga :

Én esta imagen se muestra una adjudicación directa para pagar con dinero público, dos elevadores del hotel Fiesta Inn en Mazatlán. Esto es inexplicable de por si.Los hoteles Fiesta Inn pertenecen al grupo Posadas, que adquirió Mexicana de Aviación y que recientemente tomó la decisión de suspender operaciones. El socio mayoritario del grupo Posadas es Gastón Azcárraga, quien como vemos, recibe apoyos y subsidios por todos lados. ¿ Qué más le debe el PAN a este rufián ?

Considera que Gobierno merece desprecio - Luis R. Aveleyra

Como mexicano elevo mi voz para recordar que la libertad de conciencia en esta nación costó mucha sangre. Que la libertad de disentir fue muestra de la madurez de la nación. Que ante el dolor de esta infame guerra la mediocridad, insensatez y ruindad quedan manifiestas.

No es la sangre de los funcionarios del gobierno ni la de sus familiares la que ha sido esparcida, sino la de los humildes trabajadores que purgan condenas infames por el solo delito de su pobreza, de miles de jóvenes que sin trabajo ni esperanza son seducidos por el dinero y las ganancias fáciles.

Se nos pide corresponsabilidad cuando ni siquiera existe la posibilidad de defender la vida propia.

Reciba este gobierno el desprecio que merece, la infamia con que muchas familias inocentes sufren la pérdida de sus seres queridos, pero no se atacan las causas, ni la pobreza infame en que más de 50 millones de mexicanos subsisten.

El Gobierno podrá reclamar, intentará acallar, tapará la boca de muchos, cercenará la pluma de otros más, pero no podrá acallar la conciencia de la injusticia y del dolor que aqueja a este pobre país.

Tampoco podrán acallar el clamor de la sangre que proviene desde el fondo de la tierra.

Justicia fabricada - EL DIARIO Ciudad Juárez, Chihuahua

De nuevo, el Gobierno federal nos ha dado una muestra de que piensa que gobierna para retrasados mentales.

… Y lo peor de todo es que esa ocurrencia la soltó delante de un grupo de las personas que son las mejor informadas y, por ende, las más críticas.

El miércoles, al reunirse en la residencia oficial de Los Pinos con delegaciones de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), entre quienes se hallaban directivos de algunos medios de comunicación del país, el presidente Felipe Calderón les informó que había sido detenido uno de los participantes en el crimen de nuestro compañero Armando Rodríguez Carreón “El Choco”, ocurrido el 13 de noviembre de 2008.

El Ejecutivo federal no dio más datos, pero el procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, también presente en el encuentro, les confirmó que la captura había permitido conocer que el móvil del crimen se debió a su actividad profesional “y que las investigaciones continúan”.

La administración calderonista, que durante casi dos años hizo como que le interesaba el caso de “El Choco” pero en realidad le puso muy poca atención, al grado de que “meses atrás” regresó el expediente a la Procuraduría de Justicia estatal, según palabras textuales del subprocurador Alejandro Pariente, de manera repentina, presionada por el apremio nacional e internacional tras la muerte de nuestro otro colega Luis Carlos Santiago Orozco y ante las reacciones generadas por nuestro editorial de hace una semana “¿Qué quieren de nosotros?”, decidió sacar un conejo –o, en este caso, un chivo– de la chistera para impresionar a los periodistas con los que se reunía.

Pese a los constantes reclamos de justicia de este medio y de sus comunicadores durante los pasados 22 meses, así como de la familia de Armando, el presidente Calderón ni se preocupó por hacernos llegar la “primicia” que sí adelantó a las organizaciones internacionales de periodistas, con el fin de aprovechar los reflectores para tratar de legitimar su maltrecha imagen precisamente ante quienes pueden darle ese despliegue.

El problema es que se trató tan sólo de un golpe efectista, mediático, porque al dar a conocer al día siguiente detalles de la supuesta investigación la PGR puso en evidencia las burdas costuras con que el caso fue fabricado.

Al mostrar las pifias de su presunta indagación, el Gobierno federal no sólo se burló de los periodistas que atendió en Los Pinos el miércoles, sino de quienes hemos estado exigiendo el efectivo esclarecimiento del crimen desde esta frontera, así como de la familia de Armando.

Entendemos que fue por ese motivo que los funcionarios federales nos hicieron a un lado al no enterarnos primero a los más interesados, porque sabían que, por un lado, íbamos a recibir con desconfianza esa información, pero, sobre todo, porque ellos conocen que nosotros, que estamos al tanto de lo que acontece en esta ciudad, íbamos a detectar con inmediatez los errores, la fabricación de un caso al vapor, como lo hemos estado haciendo en nuestras ediciones después del jueves.

Por supuesto que lo sabían. Hace una semana, en nuestro editorial que le dio la vuelta al mundo, lo anticipamos. Tras poner en entredicho la autoridad de quienes están sentados en las oficinas gubernamentales, una realidad que muy pocos apuestan a la discusión en Ciudad Juárez, enfatizamos que “a la vuelta de casi dos años del asesinato de nuestro compañero Armando Rodríguez Carreón, nos hallamos demasiado escépticos de que las supuestas autoridades de justicia que están por terminar su mandato (es decir, las estatales) nos entreguen un esclarecimiento confiable”.

Si bien no fue la fiscalía estatal la que se anticipó a “develar” a los dizque presuntos autores del crimen de “El Choco”, tampoco fue para que la procuradora Patricia González, en rueda de prensa un día después de la PGR, disipara las dudas en torno a las pifias demostradas sino que generó más.

El domingo pasado expresamos: “Han sido tantos los ofrecimientos, tantas las promesas de que el caso se aclararía sin que ninguno resultara cierto, que si a estas alturas nos presentaran a un presunto responsable del crimen lo primero que haríamos sería pasarlo por el tamiz de la duda.

“El periódico no se va a conformar de buenas a primeras con el primer indiciado que le aseguren se trata del autor del atentado contra ‘El Choco’, porque contamos con información de que se anda buscando un ‘chivo” expiatorio para cargarle la culpabilidad de este crimen que para nosotros es tan delicado.

“Si con ello pretendieran bajarle la presión al asunto, resultaría contraproducente porque lo único que conseguirían sería atraer una desconfianza mayor de la que, de hecho, ya mantienen entre el grueso de la ciudadanía ante los altos índices de impunidad que se registran.

“En todo caso, para que El Diario aceptara un resultado a estas alturas tendría que ser avalado asimismo por organismos internacionales de periodistas, así como de derechohumanistas”.

En vista de que las instancias federal y estatal actuaron tal como lo habíamos pronosticado, desde esta tribuna periodística lanzamos un llamado a la SIP, al CPJ, a Reporteros sin Fronteras, al Centro de Periodismo y Ética Pública (Cepet), así como a todas las organizaciones de comunicadores tanto del país como del extranjero, además de los grupos derechohumanistas que quieran adherirse, para que supervisen la información proporcionada por la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia en el Estado en torno al caso de Armando y la confronten con la que hemos estado manejando en este medio, en la que damos cuenta de las inconsistencias que hemos detectado.

Nuestro propósito es que desde sus ámbitos, desde sus trincheras, nos apoyen para exigir a los procuradores de ambos niveles que se apeguen a la ley –no sólo en el caso de Armando sino en el de todos los periodistas asesinados o desaparecidos–, para que sigan presionando con el fin de que estos funcionarios no nos quieran presentar responsables “coyunturales”, al modo en que lo pretenden para legitimar una función que no han sabido sustentar con efectividad.

Los convocamos a que se nos unan para demandar una justicia verdadera, no fabricada.

En su primer comunicado del jueves pasado, publicado en su sitio electrónico, la PGR estableció que la causa por la que victimaron a nuestro compañero Armando fue “por hacer muchas notas periodísticas en contra de La Línea”.

Unos minutos después, la dependencia sustituyó esa información por otro boletín en el que omitió el nombre del grupo “La Línea” para indicar que “cuenta con información que vincula a una de las organizaciones delictivas que se disputan el control de la plaza” con este homicidio.

Tal como lo indica una de las notas publicadas en este medio, la única amenaza documentada por Rodríguez Carreón, la cual denunció de manera personal a la fiscal estatal Patricia González, es la que recibió vía mensaje de texto a través de su teléfono celular, en la que se le acusaba, paradójicamente, de favorecer con sus notas al entonces líder de “La Línea”, lo que contrasta con la información divulgada temprano por la PGR.

En sus comunicados, la Procuraduría federal enumeró al menos a cuatro personas como presuntamente involucradas en el crimen de “El Choco”. De uno de ellos, José Antonio Acosta Hernández “El Diego”, de quien asegura fue el autor intelectual, dijo que murió en una ejecución registrada en 2009, aun cuando la misma PGR ofreció apenas en mayo del presente año una recompensa de 15 millones de pesos por su captura.

Además, en pintas dirigidas al líder del cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, plasmadas en muros de esta ciudad los días 9 y 10 de septiembre pasados, aparece la firma de “El Diego”. ¿Está vivo o está muerto para la PGR? La procuradora González confirmó al día siguiente que sigue vivo.

El dato de que la muerte del periodista fue concebida por “El Diego” lo atribuyó la Procuraduría federal a dos hombres que aseguró se hallan detenidos e identificó como “El 7” y Hugo Valenzuela Castañeda.

El hombre apodado como “El 7” corresponde a Juan Alfredo Soto Arias, quien fue detenido por el Ejército mexicano como presunto autor de la masacre de estudiantes en Villas de Salvárcar.

Ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos obra una denuncia interpuesta el 29 de junio pasado, en la cual se asienta que presuntamente Soto Arias fue sometido a diversas torturas –algunas que tal vez envidiaría la Inquisición– para que se inculpara de diversos delitos.

Un ejemplo de esas supuestas atrocidades quedó asentada en el documento recibido por la CNDH: “Al entrevistarme con él (Soto Arias) me platicó que los militares se lo habían llevado a la guarnición militar y que los cuatro días lo estuvieron golpeando mucho, y como se negaba a aceptar los delitos que los soldados le imputaban, llegaron al extremo de desnudarlo para introducirle por el ano una espada a la que le daban vueltas, causándole graves lesiones”.

Si sucedió de ese modo, no lo sabemos. Corresponde a la CNDH investigar su autenticidad. Nosotros lo transcribimos para que quede constancia de lo que puede haber detrás del apresurado caso que dio a conocer la PGR.

Y aun cuando esta dependencia exhibió a “El Diego” y a Soto Arias como presuntos culpables del crimen de “El Choco”, no se ha liberado alguna orden de aprehensión en su contra por parte de ninguna de las dos fiscalías.

Sobre el otro presunto, Hugo Valenzuela Castañeda, que para la Procuraduría federal se encuentra detenido y a disposición del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, resulta que fue estrangulado en su celda del Cereso estatal, en donde amaneció muerto el pasado 8 de julio, es decir, hace más de dos meses y medio. Esta pifia no es sólo de la dependencia central, sino también de la Procuraduría estatal, que omitió la elaboración del correspondiente protocolo de comunicación sobre el caso, el cual inicialmente fue considerado como suicidio pero la autopsia confirmó que fue asesinado.

El cuarto hombre presuntamente involucrado por la PGR, fue el autor material a quien identifica como “El 6” o “El Junior”, llamado Julio, a quien le faltaría la oreja izquierda. Sobre éste no se aventuró a precisar si está vivo o muerto.

Sin embargo, en el expediente que ha llevado la Procuraduría estatal está asentado que quien accionó el arma que le quitó la vida a Armando Rodríguez es un ex agente policiaco llamado Juan Gabriel Dávila “El Gaby”, cuya identidad fue dada a conocer por la fiscal González desde el año pasado a El Diario, y que por cuestiones de seguridad y por petición de la corporación su nombre había sido omitido hasta ahora.

¿A quién le creemos, a la Procuraduría federal o a la estatal? ¿Puede proporcionarnos confianza el resultado de las indagaciones cuando entre ambas dependencias se contraponen los datos y abundan las inconsistencias?

Desde el jueves este medio ha estado tratando de conseguir una explicación a estas contradicciones por parte de la PGR, pero ningún funcionario ni el área de comunicación social han atendido nuestras llamadas, lo cual le agrega aún más ruido a nuestras sospechas. Si no hubiera nada qué esconder, seguramente la dependencia hubiera reaccionado con una actitud transparente que no se ha visto hasta hoy.

Esta comedia de enredos en que se ha convertido el caso de “El Choco” en manos de las autoridades de ambas instancias, es tan sólo la punta del iceberg de la situación general en que se halla la procuración de justicia en Ciudad Juárez, en el estado y en el país todo. Este asunto tan emblemático para quienes laboramos en El Diario es la expresión del estado de cosas en que nos encontramos, de la devastación que la violencia sin oposición ha infligido sobre nuestra frontera, de la errática y fracasada política de enfrentar al crimen organizado sin un rumbo fijo.

En este espacio no creímos que lo afirmaríamos algún día, pero nunca tuvo tanta razón Vicente Fox al cuestionar la guerra contra las drogas que emprendió su correligionario Calderón, al advertir que “no puedes combatir el crimen violando los derechos humanos y el proceso jurídico”, en la entrevista de El Universal publicada ayer sábado.

El mismo secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora lo secundó durante su comparencia del viernes ante la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, al asumir que se deben establecer nuevas acciones para enfrentar los retos del crimen organizado, puesto que “se ha generado un clima de violencia que vulnera el ejercicio democrático”.

El vacío de poder es tal, el hartazgo de la ciudadanía es tan enorme como lo expresábamos la semana pasada, que ya se están multiplicando las manifestaciones de aplicar justicia por propia mano, como sucedió esta semana con el caso más significativo que se registró en la cabecera del municipio de Ascensión, al poniente de Ciudad Juárez, en donde la población enardecida por la sucesión de delitos sin castigo linchó y dio muerte a dos secuestradores que acababan de plagiar a una adolescente.

No es que aplaudamos esta acción que rivaliza con la obra maestra de Lope de Vega, pero la ausencia de autoridad lo único que está propiciando es la repetición de numerosos fuenteovejunas que tratan de conseguir a su modo la justicia que se les niega desde las instancias que tienen ese cometido.

Y no es que pretendamos hacer apología del narco cuando aseguramos que se ha convertido en la autoridad de facto, al menos en esta frontera, mas sus advertencias que aparecen plasmadas en pintas o mantas las cumplen, lo que no sucede con las numerosas ofertas que nos han hecho los gobiernos de los tres niveles para rescatarnos de la desolación en que, al paso de casi tres años de violencia, ha devenido la vida global en esta frontera, que da sus últimos estertores si no hay un golpe de mando que la venga a sacar de su devastación.

Así pues, reiteramos nuestro llamado a las organizaciones de periodistas y derechohumanistas para que se unan a nosotros en la exigencia de una verdadera justicia para Armando y el resto de los comunicadores caídos en el desempeño de su actividad.

A los gobiernos federal y estatal les demandamos que dejen de mentirnos, pero, ante todo, les pedimos que no insulten nuestra inteligencia –la de los grupos de periodistas, la de los trabajadores de El Diario, la de la familia de “El Choco” y, en general, la de los mexicanos–, porque lo único que consiguen es acrecentar la falta de credibilidad en sus mandatos. Les recordamos que no gobiernan para discapacitados mentales…

Se van a quedar solos los dirigentes del PRD: AMLO

Gobierno Legítimo de México/SDP | 25 de Septiembre, 2010 - 21:43
Envía .Debido a las alianzas con el PAN, los dirigentes del PRD se van a quedar solos, señaló Andrés Manuel López Obrador. .

Mitin de AMLO en Ecatzingo, EdoMex. Foto: Gobierno Legítimo Ecatzingo - Andrés Manuel López Obrador advirtió que "se van a quedar solos" los dirigentes del PRD en el Estado de México y "van a dejar nada más como un cascarón" a su partido, si deciden aliarse con el PAN para contender en los comicios del próximo año donde se elegirá al nuevo gobernador.

El presidente legítimo de México informó que mañana dará a conocer su postura ante la posible decisión de los dirigentes perredistas de ir con Acción Nacional en las elecciones del julio de 2011.

Adelantó que si es necesario regresará pronto a recorrer pueblo por pueblo de la entidad para hacer una alianza desde abajo, "entre todos, mujeres y hombres de buena voluntad, con los dirigentes municipales del PRD, PT y Convergencia, para postular a un candidato que represente a la izquierda" en el estado.

Explicó que es interesante que se tenga un buen candidato de los tres partidos políticos y no con el PAN, porque así habrá un proyecto en beneficio del pueblo, para que ya se deje de utilizar el dinero del presupuesto del estado en publicidad, como lo hace actualmente el gobernador Enrique Peña.

Comentó que sí "vamos a ir a la elección del gobernador del Estado de México, porque hay mucha pobreza, desempleo, abandono, porque no ha hecho nada el gobernador del estado, Enrique Peña Nieto, todo ha sido pura publicidad, puros mensajes de televisión".

López Obrador pidió a la gente a estar pendientes, porque el Movimiento de Transformación que encabeza participará en las elecciones del estado de México y propuso que tienen que ir juntos el PRD, PT y Convergencia en los comicios de julio de 2011, porque "no tendríamos vergüenza si hay una alianza con el PAN que hace cuatro años nos robó la Presidencia de la República y hay que tener dignidad.

"Si no la tienen, la dignidad, los dirigentes del PRD, nosotros le vamos a enseñar que los de abajo, los militantes, los simpatizantes del PRD no quieren esa alianza con el PAN", manifestó.

Y lanzó una pregunta a los asistentes: ¿ustedes consideran que la alianza entre el PRD y el PAN es conveniente? A lo que la gente contestó con una sola palabra ¡No!.

Señaló que la mafia del poder y del dinero como ya no le sirve el PAN, ni el presidente pelele, Felipe Calderón, ahora los potentados están apostando a que gane el PRI y Peña Nieto los comicios presidenciales del 2012.

Mencionó que si el PRI gana el 2012 equivaldría al retorno del dictador Antonio López de Santa Anna, quien entregó más de la mitad de nuestro territorio a manos extranjeras.

"A los 30 grandes caciques de México le da igual que gane el PRI o el PAN, porque eso significa mantener la misma corrupción, que siga la misma opresión, y que ellos se sigan beneficiando", expresó al decir que Peña Nieto es el candidato de la mafia para 2012.

Los potentados, prosiguió, lo están impulsando con la televisión como una telenovela, sale todos los días, lo cuidan en su imagen "y a nosotros no nos sacan en la televisión y cuando nos sacan algo de nosotros es para atacarnos, porque la televisión y los medios de comunicación están controlados por la mafia".

Afirmó que Salinas está detrás del candidato de los potentados, Enrique Peña Nieto, aunque me decían que el gobernador mexiquense fue alumno y secretario de administración del ex mandatario priista Arturo Montiel

En efecto, "Montiel lo apoyó, lo hizo gobernador, pero realmente quien está detrás del candidato de los potentados es Carlos Salinas y voy a mostrar una foto reciente, donde están vestidos de pingüinos Salinas y Peña Nieto, tal para cual, Salinas es el padrino de Peña", resaltó.

Explicó que Salinas también está con el presidente pelele, Felipe Calderón y prueba de ello es que el pasado 15 de septiembre; comieron en el mismo plato Fox, Salinas y Calderón en un banquete en Palacio Nacional.

Apenas, continuó, se dio a conocer que los festejos del bicentenario de la Independencia costaron 650 millones de pesos, ahora imagínense cuánto costó el banquete donde se reunió toda la mafia.

En Atlautla, López Obrador se comprometió que si gana los comicios presidenciales del 2012, reconocerá el trabajo de los 40 mil empleados de Luz y Fuerza que fueron despedidos por Felipe Calderón.

Tanto en Ecatzingo, Atlautla, Ozumba y Tepetlixpa, el presidente legítimo de los mexicanos invitó a la gente a ser un protagonista de cambio, que tendrá como tarea convencer a las personas que viven en pueblos, ejidos, colonias de que es necesario una transformación del país, para lograr que haya un gobierno para el pueblo.

Para mañana, Andrés Manuel López Obrador se reunirá con los habitantes de Tultepec, Tultitlán, Ecatepec de Morelos y Tecámac.

Insólitos visitantes en san Lázaro - Miguel Ángel Granados Chapa

El palacio legislativo de san Lázaro tuvo esta semana insólitos visitantes. Unos fueron bienvenidos: los universitarios que encabezados por el rector de la UNAM participaron en una sesión solemne el miércoles 22. Otros repudiados o temidos: agentes de la Policía Federal que merodearon por las inmediaciones del recinto y aun pretendieron entrar en él. Y uno más, que ingreso (quizá subrepticiamente) como invitados y salió convertido en legislador.

Hubo igualmente una convidada indeseable: la aspereza verbal virulenta entre bancadas, que estuvo a punto de transformarse en violencia. En esos días de hecho inusitados se vio a diputados del PT y del PRD: habitualmente protagonistas de incidentes agrios, hacerla esta vez de conciliadores, si bien no fueron neutrales..

El martes 21 de septiembre, en la primera sesión después del puente legislativo motivad por las fiestas patrias, se rompió el orden y ante la imposibilidad de restaurarlo el presidente Jorge Carlos Ramírez Marín ordenó primero un receso y luego, de plano, dio por concluida la fragorosa sesión. Diputados panistas colocaron en la tribuna dos mantas, alusivas a las enmiendas constitucional y legislativa en materia electoral en el estado de México que, mandadas hacer por el gobernador, han merecido por eso el nombre simplificador de “ley Peña Nieto”. Se trata de reformas destinadas a dificultar la unión de los partidos que exploran la integración de una alianza para los comicios de julio próximo, con la mira de obtener un resultado semejante al conseguido, con ese instrumento, en Oaxaca, Puebla y Sinaloa.

Las modificaciones consisten en la eliminación de una fórmula cómoda para los opositores en trance de unirse, las candidaturas comunes. Si bien es cierto, como alegan los autores de la enmienda, que subsiste la posibilidad de construir coaliciones, también lo es que las dificultades legales y prácticas para consumarlas pone en riesgo a la oposición de no concretar su proyecto aliancista, hasta ahora en ciernes.

Tan importante como la supresión de las candidaturas comunes fue el refuerzo de la autoridad del secretario ejecutivo del órgano electoral, que significa un retroceso al tiempo en que la autoridad del ramo era manejada desde el palacio de gobierno. El secretario ejecutivo no es nombrad por los consejeros electorales, sino por la legislatura, dominada por el PRI y su patiño el Verde, lo que en último término significa que depende del gobernador. Por intermedio de ese funcionario electoral, Peña Nieto tendrá clara injerencia en el proceso para reemplazarlo. También se redujo el tiempo de campaña, reforma que perjudica a los partidos que deban hacer, en una entidad extensísima, proselitismo pie a tierra y no a los que, como el gobernador mismo, pueden pactar subrepticiamente el apoyo de las televisoras.

Contra eso protestaron los panistas. Y por eso legisladores del PRI, con insolencia impune, las quitaron de la tribuna y las robaron, pues no otra cosa es haberse quedado con ella. El doble lance dio lugar a un agrio, variado y agresivo intercambio de acusaciones entre las fracciones involucradas, que hizo llegar casi a las manos a algunos de los participantes. También dio lugar a manifestaciones proselitistas como la del ex procurador mexiquense Alfonso Navarrete, que a punto estuvo de lanzar una porra en honor de su gobernador. El episodio terminó el martes con la clausura de la sesión, después de que falló un intento priísta de pedir disculpas sin hacerlo expresamente. Cuarenta y ocho horas después, ya sin los ánimos exaltados, el priísta José Ramón Martel esbozo una excusa que fue aceptada por el panista Carlos Alberto Pérez Cuevas ante la paternal expresión conciliatoria del petista Gerardo Fernández Noroña, más a menudo situado en la contienda que en la pacificación.

Al día siguiente de la gresca verbal la palabra se utilizó en san Lázaro con fines más loables, aunque fueran en alguna medida protocolarios. El poder legislativo decidió en buena hora honrar a la Universidad Nacional por su primer siglo de existencia, y organizó una sesión solemne de Congreso general. Abundó en ella la retórica de segunda clase, especialmente en los oradores no concernidos directamente por el fasto republicano. Pero también fue escenario para que el rector José Narro Robles se irguiera como expresión de una profunda conciencia nacional y urgiera a los diputados y senadores a emprender una vasta reforma social, a delinear un nuevo proyecto nacional, pues el vigente sólo ha producido estragos en la sociedad.

Significativamente, siete de los diez oradores se formaron en la UNAM: el propio rector, por supuesto; el presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones, y los representantes de los grupos parlamentarios: Jaime Cárdenas, del PT; Luis Maldonado, de Convergencia; Alejandro Encinas, del PRD; Santiago Creel, del PAN, y Francisco Labastida, del PRI.

El rector Narro se refirió a asuntos propios, de la Universidad, y a otros que no le son ajenos, los de la nación. Y los presentó unidos: urgió a sus oyentes, las fuerzas políticas allí representadas, a establecer “un gran acuerdo a favor del rescate social que México demanda”, que comprenda una política de Estado que a su vez “incluya la duplicación de la cobertura en la educación superior y el cumplimiento de la Ley general de educación que desde hace más de cinco años establece el compromiso de asignar el uno por ciento del PIB a la investigación científica y desarrollo tecnológico”. Antes había hecho una arenga que habrá incomodado a los muchos neoliberales allí presentes: “Es hora de reconocer que muchos de nuestros problemas, de los históricos y los derivados del propio proceso de modernización, no tienen solución si seguimos por el mismo camino, si no se efectúan reformas de fondo, si no se ponen en práctica políticas alternativas, si no se imagina y traza un nuevo proyecto nacional”.

Salvo que se hayan conducido con falsedad, inducidos a ser generosos por el clima de exaltación de los méritos de la UNAM, los legisladores parecieron ser sensibles a los reclamos del rector. Al menos así lo expresaron al oírlo, con su entusiasta aplauso, y también en sus intervenciones en tribuna y en sus opiniones a la prensa. De consumarse los acuerdos demandados por el doctor Narro, se habrá celebrado de manera digna y eficaz el centenario de la Universidad en el recinto legislativo.

Es de esperar que los agentes de la Policía federal que desde la víspera circundaban el palacio legislativo no hayan estorbado el paso de la comitiva del rector, pretendiendo revisar sus vehículos, como hicieron con decenas de camionetas y automóviles. Los uniformados de la PF --¿no debiera cumplir ese papel la Policía federal ministerial, auxiliar directo del ministerio público?—realizaban esa enojosa operación en busca de Julio César Godoy, contra quien se han expedido varias órdenes de aprehensión, invalidadas casi todas por amparos dictados ante la falta de fundamento de la acusación.

Se trata del hermano del gobernador de Michoacán, Leonel Godoy. La PGR quiso detenerlo desde junio del año pasado, antes de que resultara elegido diputado por el distrito michoacano cuya cabecera es Lázaro Cárdenas, de donde fue presidente municipal. Se ordenó inicialmente su aprehensión sólo unos días después (y como parte de esa misma operación), de que se efectuara una redada contra decenas de funcionarios municipales y estatales, los más de ellos alcaldes en funciones, que a la postre sumaron 35. En vísperas electorales el caso se presentó como un gran golpe a la delincuencia organizada, pues se ponía presos a enlaces del gobierno con La Familia Michoacana. Tan endeble fue la acusación, tan manifiesta quedó la intención política, no jurídica de esa batida, que de los 35 detenidos (llevados lejos, a una prisión nayarita inmediatamente después de su aprehensión), quedan solo seis recluidos. A todos los demás la justicia federal los ha liberado pues no hay siquiera indicios en su contra, sino pura arbitrariedad.

Godoy Toscano burló la vigilancia policiaca y rindió protesta, pues así lo posibilitó un juez federal, que le restituyó sus derechos políticos, mientras que otro juzgador emitió una nueva orden de aprehensión. En esa situación ambigua se halla el nuevo diputado, al que la PGR pretende ya desaforar, en su insistencia por juzgarlo.

Barrer las galas

El Despertar


José Agustín Ortiz Pinchetti
Lo más significativo de los festejos del bicentenario fue el contraste entre la pesadumbre general por la difícil situación en el país y lo vistoso de las ceremonias oficiales. Los festejos fueron brillantes y muy costosos. La noche del Grito, el show (organizado por un australiano experto en festivales) duró 20 minutos y costó mil millones de pesos. El importe total de los festejos en números oficiales llega a 3 mil millones; hay indicios de que se que se desviaron recursos. En noviembre vendrá otra conmemoración patética.

Las fiestas terminaron y hay que barrer las galas. Lo que sigue es la lucha por la Presidencia. Tendrá que pasar un año para que se inicie formalmente el proceso, pero el ambiente de fin de sexenio se empezará a vivir de inmediato. Los comicios serán un plebiscito, continuar por el camino actual o afrontar el cambio al que se refirió el rector José Narro en la celebración de la UNAM.

Las elecciones presidenciales en México están cargadas de símbolos, temores y expectativas. Pero hoy el escenario es insólito. Se juntarán: recesión económica, pobreza y violencia en aumento. Y la inconformidad. Los órganos encargados de administrar y arbitrar en el conflicto político están desprestigiados. La abrumadora propaganda del gobierno basada en mentiras se agota. Si observamos las trayectorias de los peores problemas reconoceremos que tras cuatro años se han agravado y que es casi imposible remitan los dos últimos del sexenio. Además puede haber rupturas. La guerrilla puede aprovechar el escenario de los aniversarios. Las manifestaciones contra desempleo, abusos e inseguridad pueden dejar de ser pacíficos. Puede haber graves atentados.
¿Habrá recursos políticos suficientes para mantener la gobernabilidad? No es de creerse que los grupos de interés y el narco se refrenen. Parecen muy difíciles reformas para crear, garantizar la eliminación de la compra o coacción del voto. Habría que legitimar a las autoridades electorales. Es decir, reorganizarlas. Este es el primer paso. Hoy no son creíbles ni legítimas. Si el resultado es apretado y las partes se niegan a aceptarlo se desencadenará una ola de insurgencia cívica. El IFE y el TEPJF no pueden seguir controlados por personajes siniestros y por las burocracias de los partidos. Si se quiere evitar una ruptura social hay que garantizar elecciones justas y equitativas. Tal se hizo en 1994 y en 1996. No se puede afrontar simultáneamente una gran crisis económica y social sin abrir los canales de la política.

No creo que Calderón tenga la valentía y la visión necesarias para administrar bien su propia sucesión. Me temo que intentará utilizar los órganos, recursos, palancas a las que tiene acceso y mantener su estrategia de ganar tiempo con la esperanza de que no haya un desbordamiento para 2012. Ojalá me equivoque.

joseaorpin@hotmail.com

¿Y LOS CIUDADANOS? - Víctor Orozco

El 1 de septiembre de este año se inició en la ciudad de Monterrey el Foro Nacional Participación Ciudadana en el Proyecto de Nación. Las preguntas formuladas por los asistentes en esta primera sesión, en la cual participamos como ponentes Enrique Semo y quien esto escribe, mostraron muy bien la generalizada inquietud e inconformidad que crecen en el país a medida que se advierte el agravamiento de problemas cuyas soluciones parecen más lejanas cada día. Igual sucedió una semana después, con los mismos conferencistas en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Quizá puedan sintetizarse un buen número de cuestiones en la gran duda que asalta a millones de ciudadanos: ¿Puede el gobierno actual con la responsabilidad de conducir a la nación?

Desde hace mucho tiempo en México no se había planteado este cuestionamiento a la actuación de un gobierno nacional. Hoy gruesos sectores de ciudadanos comparten la idea de que el poder real y de facto está siendo ejercido por bandas armadas de criminales en muchas regiones del país. La desesperada y contundente pregunta lanzada por el editorial del El Diario de Juárez hace una semana a estas bandas: ¿Que quieren de nosotros?, fue comprendida y asumida nacionalmente porque respondió a un estado de ánimo presente en ciudades enteras. Tocó la llaga que nos lastima a todos: el Estado y la ley rigen sólo a medias y en áreas donde no encuentran resistencia como el cobro de los impuestos y exacciones diversas, sobre todo entre los colocados en la base de la pirámide social. Entre tanto, la población se encuentra a merced de extorsionadores, ladrones, secuestradores y asesinos que hacen su agosto casi a la vista de las policías.

En Monterrey, una universitaria se inquiría: en 1810 nos enfrentamos a los extranjeros buscando nuestra independencia, en 1910 el enfrentamiento fue entre el pueblo y el gobierno para liberarnos del yugo de la tiranía, en la época actual ¿A quién nos enfrentamos? ¿Cuál va a ser el resultado? Pensando en las viejas batallas que libró el país en contra de las intervenciones extranjeras, sobre todo la francesa. Otro estudiante interrogaba: ¿Si hoy tuviéramos que enfrentarnos a una invasión extranjera, el gobierno actual estaría en condiciones de llevarnos al triunfo? En ambos casos, se advierte en las preguntas el monumental desconcierto que aqueja al México de nuestros días, pero sobre todo a las nuevas generaciones, colocadas en medio de una guerra que no reconoce enemigos identificables y menos aún visibles. Y también la percepción o certeza de que el gobierno es incapaz de brindar un mínimo de seguridad personal y colectiva a la sociedad. Esta apreciación desde luego no se reduce a los jóvenes, sino abarca incluso a grupos que han gozado de múltiples privilegios. Unos amigos me comentaban las paradojas de la historia: hace cuatro años, miembros de estas élites pagaron la campaña que exhibía a la candidatura de Andrés Manuel López Obrador como un gran peligro para México. Fuera de sí lo creían con sinceridad o no, muchos de ellos han sufrido lo indecible con secuestros o muertes de familiares y el grueso ya se ha ido del país, huyendo del peligro. Este sí real, inevitable y devastador.

El siguiente nivel de los cuestionamientos se refiere a la participación ciudadana. Alguno preguntó, con seguridad tratando de recuperar enseñanzas del pasado: ¿Qué tan relevante ha sido la participación ciudadana en los procesos fundacionales de la nación mexicana? En lo personal, respondería que ninguno de los tres grandes movimientos que han influido decisivamente en la transformación nacional, (la independencia, la reforma liberal y la revolución de 1910) hubiera sido posible sin la participación de porciones importantes de los habitantes. La primera se distinguió en Latinoamérica porque constituyó una verdadera insurrección de los más desposeídos. Por eso fue igualitaria desde el principio y marcó los rumbos de la futura nación. A su vez, la guerra de reforma pudo ser ganada por los progresistas gracias a la participación de amplísimos sectores emergentes en la sociedad. Lo mismo puede decirse de la revolución de 1910, que trascendió y se mantiene hasta nuestros días como uno de los referentes para entender el presente mexicano, gracias a que constituyó un movimiento brotado de las capas profundas de la sociedad. Igual podemos decir de todos y cada uno de los acontecimientos que han jalonado a México: han sido posibles porque han contado con la participación de numerosos ciudadanos. De esta suerte, ningún cambio que nos lleve a la salida de este agujero, puede realizarse sin este ingrediente.

Y tocando el quid de la cuestión de hoy, un estudiante planteaba: ¿Qué tipo de participación ciudadana es necesario construir para hacer frente a los desafíos actuales? Puede acudirse en primera instancia a una respuesta general: una sociedad y una nación son tanto más fuertes como organismos civiles existan y actúen en su seno. Allí donde se han entronizado las tiranías y el despotismo puede constatarse cómo el individuo ha quedado sólo y aislado frente al Estado y su diversidad de agencias o ramificaciones. En la otra perspectiva, aquellas colectividades que muestran una diversidad o gamas de agrupaciones civiles ocupados en la atención de productores, consumidores, profesionales de distintas disciplinas, defensores de los derechos humanos y las libertades civiles, genuinos partidos políticos entre muchas otras, usualmente se corresponden con situaciones de prosperidad y paz públicas.

Una colectividad fragmentada en sus últimos componentes que son los individuos es presa fácil de cualquier agente destructor, con tal de que éste mantenga un cierto nivel de estructuración y sea lo suficientemente agresivo como para provocar el temor o el pánico entre los habitantes. Si éstos forman agrupaciones de toda índole, están hilando una red que es tan eficaz para fortalecer a los pueblos o ciudades y proteger a los vecinos, como fino es su tejido. Cuando organismos concebidos para provocar y fecundar a la participación ciudadana, como lo son los partidos políticos, devienen en instrumentos inútiles y hasta perjudiciales llega el tiempo de sustituirlos o hacerlos a un lado. En cada barrio, colonia, fraccionamiento, fábrica, escuela es indispensable construir ahora estos organismos que den cuenta quienes son sus miembros y que promuevan actividades comunes de índole diversa. Con vistas a la agresión de la que somos objeto, es evidente que ha sonado la hora de la organización ciudadana. Hay que escuchar sus campanazos y actuar en consecuencia. Es muy probable que en las zonas más golpeadas por la violencia surjan nuevas acciones de autodefensa como las de Galeana y Ascensión en el noroeste del estado de Chihuahua, o bien respuestas armadas de vecinos agredidos como ha sucedido en la ciudad de Chihuahua. Lo mejor sería que estas legítimas medidas defensivas, se encauzaran en un gran movimiento regional primero y nacional después, que tomara en sus manos lo que el Estado no ha podido hacer: impartir justicia y garantizar la seguridad de las personas.

El Foro Nacional Participación Ciudadana en el Proyecto de Nación convocado por la Universidad Autónoma de Nuevo León y al que se han sumado otras instituciones, continuará en los próximos meses. Contribuirá sin duda a poner de pie a la ciudadanía.

O viceversa. Hernández.

Caso Godoy, muestra de ineptitud e incongruencia

Jesusa Cervantes



MÉXICO, DF, 24 de septiembre (apro).- El jueves pasado, la ineptitud, incongruencia y falta de solidez del gobierno de Felipe Calderón, así como de todas sus policías, fue exhibida públicamente por un hombre, El Godoy, como llama la Procuraduría General de la República (PGR) a Julio César Godoy Toscano, el diputado número 500 que después de un año rindió protesta como el representante de los ciudadanos del distrito de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Pero más grave que eso --el posible montaje de la Policía Federal (PF) a las afueras del Congreso de la Unión o las pugnas al interior del PAN-gobierno--, resulta el cinismo y abuso con que las autoridades federales utilizan las figuras del “arraigo”, “testigo protegido” o las “denuncias anónimas” que fueron concedidas por los propios legisladores, precisamente como herramientas para enfrentar el crimen organizado, y hoy, paradójicamente, se echa mano de ellas con fines electoreros o publicitarios.

La reaparición de Godoy Toscano en la vida pública sintetiza el fracaso del conocido michoacanazo, aquel operativo de limpia que el gobierno de Calderón Hinojosa emprendió el 26 de mayo de 2009 para detener a 12 alcaldes, 29 funcionarios y un candidato a diputado federal por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, en particular con el cártel de La Familia michoacana.

Un año y medio después, 11 presidentes municipales están libres, así como 23 funcionarios, por falta de pruebas. De todos los inculpados por la PGR, el único que se encontraba prófugo era Godoy Toscano, medio hermano del actual gobernador perredista de Michoacán, Leonel Godoy Rangel.

La reaparición de El Godoy resulta emblemática porque detrás del hecho hay un ir y venir de su expediente.

Cabe destacar que para respaldar sus acusaciones, la PGR --la de ayer de Eduardo Medina Mora y la de hoy de Arturo Chávez Chávez-- se basó primero en una acusación “de oídas”; luego, en que su nombre apareció en una “narcolista” extraída de una USB de computadora y, finalmente, la dependencia federal echó mano de una “denuncia anónima”.

Así las cosas, la PGR recurrió primero a una orden de aprehensión del juez primero de distrito con sede en Tepic, Nayarit, quien la otorgó el 14 de julio de 2009; luego Godoy Toscano interpuso la suspensión provisional ante el juez segundo de distrito de Morelia, el 3 de septiembre de 2009, la cual se le concedió en definitiva el 22 de marzo pasado.

Para revertir la decisión del juez de Morelia, la PGR presentó el 16 de abril un recurso de revisión, y por ello acudió al XX Tribunal Colegiado de Zacatecas, instancia que por unanimidad le dio la razón a Godoy Toscano.

Por esa razón quedó sin efecto la orden de aprehensión y las tres acusaciones que sobre él pesaban: delincuencia organizada, delitos contra la salud y operaciones con recursos ilícitos.

Irritada por la virtual exoneración de Godoy Toscano, la PGR solicitó una nueva orden de aprehensión el 28 de agosto pasado, pero ahora ante el juez primero de distrito de Tamaulipas quien, dos días después, es decir, el 30 de agosto, negó la petición de la dependencia federal por considerar insuficientes las pruebas en contra del hoy diputado federal.

El 1 de septiembre, ante el mismo juzgado, la PGR solicitó una nueva orden de captura, la cual se le negó por segunda ocasión, ya que las pruebas del Ministerio Público federal eran insuficientes.

Días después, el 6 de ese mismo mes, y en cumplimiento de la resolución del Tribunal Colegiado, el juez primero de distrito de Moreloa, Michoacán, ordenó al Instituto Federal Electoral (IFE) que restituyera la totalidad de los derechos civiles y políticos de Godoy Toscano, por lo que el 7 de septiembre el entonces diputado electo figuró nuevamente en el padrón federal electoral.

Al día siguiente, para sorpresa de las propias autoridades federales, éstas recibieron una notificación, pero no de un juez, sino de la PGR, de que existe otra orden de aprehensión que fue liberada por el juzgado noveno de distrito de Guadalajara, Jalisco.

Efectivamente, luego de que el juez de Tamaulipas negó a la PGR en dos ocasiones la nueva orden de aprehensión, las autoridades federales recurrieron al juez de Jalisco, quien aceptó girar la orden de captura.

Y en esta ocasión la PGR ya no argumentó tres delitos contra Godoy, sino sólo dos: delincuencia organizada y delitos contra la salud. Aunque por este segundo delito el mismo juez de Jalisco le negó a la dependencia federal la orden de aprehensión, pero aceptó otra por delincuencia organizada.

Lo grave del caso es que la prueba que presentó el MP federal fue sólo “la constancia de una denuncia anónima”.

Llama la atención que luego de ser absuelto por el Tribunal Colegiado el 25 de agosto, dos días después la PGR recibió una “denuncia anónima” contra Godoy Toscano.

Para contrarrestar la nueva denuncia en su contra, el ahora diputado federal recurrió a la solicitud de un amparo, ahora ante el juez primero de distrito de Michoacán.

El amparo definitivo se le concedió a Godoy el 20 de septiembre y fue únicamente para salvaguardar sus derechos civiles y políticos, y es por esta razón que pudo rendir protesta como legislador, pues el resolutivo fue notificado a la Cámara de Diputados el día siguiente.

Sin embargo, las figuras a las que recurrió el gobierno federal --“arraigo”, “testigos protegidos” y “denuncia anónima”-- es lo que resulta criticable en este caso. Aquí no se está defendiendo a Godoy Toscano.

Si tiene vínculos o no con la delincuencia organizada, no le corresponde a los medios de información determinarlo, pero sí hacer hincapié en los yerros en los que incurre la autoridad, pero sobre todo su inconsistencia al fundamentar sus señalamientos.

En un país en donde cualquier ciudadano puede ser acusado por una “denuncia anónima” sólo evidencia que, cuando ese recurso se utiliza de manera equívoca, el autoritarismo asoma de manera temeraria.

Ahora se anuncia que se solicitará el desafuero para que Godoy enfrente a la autoridad por el único delito que hoy se le atribuye: delincuencia organizada, pues los demás ya “se le cayeron” a la PGR.

Si a todo esto se suma la exoneración que recibió más de 75% de los inculpados en el michoacanazo, y luego de ver la forma en que fueron exhibidos cuando se les trasladó la penal de Tepic, Nayarit, sólo queda la incredulidad ante las acciones del gobierno federal, sobre todo cuando se tiene conocimiento de que una hermana de Felipe Calderón quiere ser gobernadora de Michoacán, entidad que por cierto celebrará elecciones el próximo año.

Entonces uno se pregunta si este gobierno utiliza las herramientas que el Congreso le dio para enfrentar al crimen organizado o sólo pretende obtener triunfos electorales. La realidad parece apuntar a lo último, algo de por sí grave cuando en el país existen 6 millones de jóvenes que no estudian ni tienen trabajo y cuando 60 millones de mexicanos se encuentran sumidos en la pobreza.

Este gobierno de Calderón, que centra su actuar contra unos cuantos en lugar de poner un alto a la violencia que se da en la mayor parte del país, o en casos tan evidentes y graves como el de San Juan Copala, Oaxaca, es también lo que preocupa, pues abre la puerta para que la gente empiece a tomar la justicia por su propia mano, como ahora mismo ocurre en el municipio de Ascensión, Chihuahua, en donde los pobladores, cansados de padecer tres secuestros por semana y luego de haber linchado a dos presuntos delincuentes, presionó al presidente municipal para que suprimiera a la policía local.

Estos mexicanos decidieron tomar la justicia por propia mano; la ayuda federal no les ha llegado para hacer frente al crimen y determinaron formar una red de vigilancia vecinal. Y este cuerpo de seguridad que ellos mismos formarán, ya lo anunciaron, actuará con una clara consigna: cualquier delincuente será linchado por la multitud.

Si el gobierno de Calderón sigue errando el rumbo, no nos sorprendamos cuando otras poblaciones del país decidan seguir el ejemplo de los ciudadanos de Ascensión, Chihuahua.



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