Jesusa Cervantes
MÉXICO, DF, 24 de septiembre (apro).- El jueves pasado, la ineptitud, incongruencia y falta de solidez del gobierno de Felipe Calderón, así como de todas sus policías, fue exhibida públicamente por un hombre, El Godoy, como llama la Procuraduría General de la República (PGR) a Julio César Godoy Toscano, el diputado número 500 que después de un año rindió protesta como el representante de los ciudadanos del distrito de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
Pero más grave que eso --el posible montaje de la Policía Federal (PF) a las afueras del Congreso de la Unión o las pugnas al interior del PAN-gobierno--, resulta el cinismo y abuso con que las autoridades federales utilizan las figuras del “arraigo”, “testigo protegido” o las “denuncias anónimas” que fueron concedidas por los propios legisladores, precisamente como herramientas para enfrentar el crimen organizado, y hoy, paradójicamente, se echa mano de ellas con fines electoreros o publicitarios.
La reaparición de Godoy Toscano en la vida pública sintetiza el fracaso del conocido michoacanazo, aquel operativo de limpia que el gobierno de Calderón Hinojosa emprendió el 26 de mayo de 2009 para detener a 12 alcaldes, 29 funcionarios y un candidato a diputado federal por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, en particular con el cártel de La Familia michoacana.
Un año y medio después, 11 presidentes municipales están libres, así como 23 funcionarios, por falta de pruebas. De todos los inculpados por la PGR, el único que se encontraba prófugo era Godoy Toscano, medio hermano del actual gobernador perredista de Michoacán, Leonel Godoy Rangel.
La reaparición de El Godoy resulta emblemática porque detrás del hecho hay un ir y venir de su expediente.
Cabe destacar que para respaldar sus acusaciones, la PGR --la de ayer de Eduardo Medina Mora y la de hoy de Arturo Chávez Chávez-- se basó primero en una acusación “de oídas”; luego, en que su nombre apareció en una “narcolista” extraída de una USB de computadora y, finalmente, la dependencia federal echó mano de una “denuncia anónima”.
Así las cosas, la PGR recurrió primero a una orden de aprehensión del juez primero de distrito con sede en Tepic, Nayarit, quien la otorgó el 14 de julio de 2009; luego Godoy Toscano interpuso la suspensión provisional ante el juez segundo de distrito de Morelia, el 3 de septiembre de 2009, la cual se le concedió en definitiva el 22 de marzo pasado.
Para revertir la decisión del juez de Morelia, la PGR presentó el 16 de abril un recurso de revisión, y por ello acudió al XX Tribunal Colegiado de Zacatecas, instancia que por unanimidad le dio la razón a Godoy Toscano.
Por esa razón quedó sin efecto la orden de aprehensión y las tres acusaciones que sobre él pesaban: delincuencia organizada, delitos contra la salud y operaciones con recursos ilícitos.
Irritada por la virtual exoneración de Godoy Toscano, la PGR solicitó una nueva orden de aprehensión el 28 de agosto pasado, pero ahora ante el juez primero de distrito de Tamaulipas quien, dos días después, es decir, el 30 de agosto, negó la petición de la dependencia federal por considerar insuficientes las pruebas en contra del hoy diputado federal.
El 1 de septiembre, ante el mismo juzgado, la PGR solicitó una nueva orden de captura, la cual se le negó por segunda ocasión, ya que las pruebas del Ministerio Público federal eran insuficientes.
Días después, el 6 de ese mismo mes, y en cumplimiento de la resolución del Tribunal Colegiado, el juez primero de distrito de Moreloa, Michoacán, ordenó al Instituto Federal Electoral (IFE) que restituyera la totalidad de los derechos civiles y políticos de Godoy Toscano, por lo que el 7 de septiembre el entonces diputado electo figuró nuevamente en el padrón federal electoral.
Al día siguiente, para sorpresa de las propias autoridades federales, éstas recibieron una notificación, pero no de un juez, sino de la PGR, de que existe otra orden de aprehensión que fue liberada por el juzgado noveno de distrito de Guadalajara, Jalisco.
Efectivamente, luego de que el juez de Tamaulipas negó a la PGR en dos ocasiones la nueva orden de aprehensión, las autoridades federales recurrieron al juez de Jalisco, quien aceptó girar la orden de captura.
Y en esta ocasión la PGR ya no argumentó tres delitos contra Godoy, sino sólo dos: delincuencia organizada y delitos contra la salud. Aunque por este segundo delito el mismo juez de Jalisco le negó a la dependencia federal la orden de aprehensión, pero aceptó otra por delincuencia organizada.
Lo grave del caso es que la prueba que presentó el MP federal fue sólo “la constancia de una denuncia anónima”.
Llama la atención que luego de ser absuelto por el Tribunal Colegiado el 25 de agosto, dos días después la PGR recibió una “denuncia anónima” contra Godoy Toscano.
Para contrarrestar la nueva denuncia en su contra, el ahora diputado federal recurrió a la solicitud de un amparo, ahora ante el juez primero de distrito de Michoacán.
El amparo definitivo se le concedió a Godoy el 20 de septiembre y fue únicamente para salvaguardar sus derechos civiles y políticos, y es por esta razón que pudo rendir protesta como legislador, pues el resolutivo fue notificado a la Cámara de Diputados el día siguiente.
Sin embargo, las figuras a las que recurrió el gobierno federal --“arraigo”, “testigos protegidos” y “denuncia anónima”-- es lo que resulta criticable en este caso. Aquí no se está defendiendo a Godoy Toscano.
Si tiene vínculos o no con la delincuencia organizada, no le corresponde a los medios de información determinarlo, pero sí hacer hincapié en los yerros en los que incurre la autoridad, pero sobre todo su inconsistencia al fundamentar sus señalamientos.
En un país en donde cualquier ciudadano puede ser acusado por una “denuncia anónima” sólo evidencia que, cuando ese recurso se utiliza de manera equívoca, el autoritarismo asoma de manera temeraria.
Ahora se anuncia que se solicitará el desafuero para que Godoy enfrente a la autoridad por el único delito que hoy se le atribuye: delincuencia organizada, pues los demás ya “se le cayeron” a la PGR.
Si a todo esto se suma la exoneración que recibió más de 75% de los inculpados en el michoacanazo, y luego de ver la forma en que fueron exhibidos cuando se les trasladó la penal de Tepic, Nayarit, sólo queda la incredulidad ante las acciones del gobierno federal, sobre todo cuando se tiene conocimiento de que una hermana de Felipe Calderón quiere ser gobernadora de Michoacán, entidad que por cierto celebrará elecciones el próximo año.
Entonces uno se pregunta si este gobierno utiliza las herramientas que el Congreso le dio para enfrentar al crimen organizado o sólo pretende obtener triunfos electorales. La realidad parece apuntar a lo último, algo de por sí grave cuando en el país existen 6 millones de jóvenes que no estudian ni tienen trabajo y cuando 60 millones de mexicanos se encuentran sumidos en la pobreza.
Este gobierno de Calderón, que centra su actuar contra unos cuantos en lugar de poner un alto a la violencia que se da en la mayor parte del país, o en casos tan evidentes y graves como el de San Juan Copala, Oaxaca, es también lo que preocupa, pues abre la puerta para que la gente empiece a tomar la justicia por su propia mano, como ahora mismo ocurre en el municipio de Ascensión, Chihuahua, en donde los pobladores, cansados de padecer tres secuestros por semana y luego de haber linchado a dos presuntos delincuentes, presionó al presidente municipal para que suprimiera a la policía local.
Estos mexicanos decidieron tomar la justicia por propia mano; la ayuda federal no les ha llegado para hacer frente al crimen y determinaron formar una red de vigilancia vecinal. Y este cuerpo de seguridad que ellos mismos formarán, ya lo anunciaron, actuará con una clara consigna: cualquier delincuente será linchado por la multitud.
Si el gobierno de Calderón sigue errando el rumbo, no nos sorprendamos cuando otras poblaciones del país decidan seguir el ejemplo de los ciudadanos de Ascensión, Chihuahua.
Comentarios: mjcervantes@proceso.com.mx
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