El palacio legislativo de san Lázaro tuvo esta semana insólitos visitantes. Unos fueron bienvenidos: los universitarios que encabezados por el rector de la UNAM participaron en una sesión solemne el miércoles 22. Otros repudiados o temidos: agentes de la Policía Federal que merodearon por las inmediaciones del recinto y aun pretendieron entrar en él. Y uno más, que ingreso (quizá subrepticiamente) como invitados y salió convertido en legislador.
Hubo igualmente una convidada indeseable: la aspereza verbal virulenta entre bancadas, que estuvo a punto de transformarse en violencia. En esos días de hecho inusitados se vio a diputados del PT y del PRD: habitualmente protagonistas de incidentes agrios, hacerla esta vez de conciliadores, si bien no fueron neutrales..
El martes 21 de septiembre, en la primera sesión después del puente legislativo motivad por las fiestas patrias, se rompió el orden y ante la imposibilidad de restaurarlo el presidente Jorge Carlos Ramírez Marín ordenó primero un receso y luego, de plano, dio por concluida la fragorosa sesión. Diputados panistas colocaron en la tribuna dos mantas, alusivas a las enmiendas constitucional y legislativa en materia electoral en el estado de México que, mandadas hacer por el gobernador, han merecido por eso el nombre simplificador de “ley Peña Nieto”. Se trata de reformas destinadas a dificultar la unión de los partidos que exploran la integración de una alianza para los comicios de julio próximo, con la mira de obtener un resultado semejante al conseguido, con ese instrumento, en Oaxaca, Puebla y Sinaloa.
Las modificaciones consisten en la eliminación de una fórmula cómoda para los opositores en trance de unirse, las candidaturas comunes. Si bien es cierto, como alegan los autores de la enmienda, que subsiste la posibilidad de construir coaliciones, también lo es que las dificultades legales y prácticas para consumarlas pone en riesgo a la oposición de no concretar su proyecto aliancista, hasta ahora en ciernes.
Tan importante como la supresión de las candidaturas comunes fue el refuerzo de la autoridad del secretario ejecutivo del órgano electoral, que significa un retroceso al tiempo en que la autoridad del ramo era manejada desde el palacio de gobierno. El secretario ejecutivo no es nombrad por los consejeros electorales, sino por la legislatura, dominada por el PRI y su patiño el Verde, lo que en último término significa que depende del gobernador. Por intermedio de ese funcionario electoral, Peña Nieto tendrá clara injerencia en el proceso para reemplazarlo. También se redujo el tiempo de campaña, reforma que perjudica a los partidos que deban hacer, en una entidad extensísima, proselitismo pie a tierra y no a los que, como el gobernador mismo, pueden pactar subrepticiamente el apoyo de las televisoras.
Contra eso protestaron los panistas. Y por eso legisladores del PRI, con insolencia impune, las quitaron de la tribuna y las robaron, pues no otra cosa es haberse quedado con ella. El doble lance dio lugar a un agrio, variado y agresivo intercambio de acusaciones entre las fracciones involucradas, que hizo llegar casi a las manos a algunos de los participantes. También dio lugar a manifestaciones proselitistas como la del ex procurador mexiquense Alfonso Navarrete, que a punto estuvo de lanzar una porra en honor de su gobernador. El episodio terminó el martes con la clausura de la sesión, después de que falló un intento priísta de pedir disculpas sin hacerlo expresamente. Cuarenta y ocho horas después, ya sin los ánimos exaltados, el priísta José Ramón Martel esbozo una excusa que fue aceptada por el panista Carlos Alberto Pérez Cuevas ante la paternal expresión conciliatoria del petista Gerardo Fernández Noroña, más a menudo situado en la contienda que en la pacificación.
Al día siguiente de la gresca verbal la palabra se utilizó en san Lázaro con fines más loables, aunque fueran en alguna medida protocolarios. El poder legislativo decidió en buena hora honrar a la Universidad Nacional por su primer siglo de existencia, y organizó una sesión solemne de Congreso general. Abundó en ella la retórica de segunda clase, especialmente en los oradores no concernidos directamente por el fasto republicano. Pero también fue escenario para que el rector José Narro Robles se irguiera como expresión de una profunda conciencia nacional y urgiera a los diputados y senadores a emprender una vasta reforma social, a delinear un nuevo proyecto nacional, pues el vigente sólo ha producido estragos en la sociedad.
Significativamente, siete de los diez oradores se formaron en la UNAM: el propio rector, por supuesto; el presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones, y los representantes de los grupos parlamentarios: Jaime Cárdenas, del PT; Luis Maldonado, de Convergencia; Alejandro Encinas, del PRD; Santiago Creel, del PAN, y Francisco Labastida, del PRI.
El rector Narro se refirió a asuntos propios, de la Universidad, y a otros que no le son ajenos, los de la nación. Y los presentó unidos: urgió a sus oyentes, las fuerzas políticas allí representadas, a establecer “un gran acuerdo a favor del rescate social que México demanda”, que comprenda una política de Estado que a su vez “incluya la duplicación de la cobertura en la educación superior y el cumplimiento de la Ley general de educación que desde hace más de cinco años establece el compromiso de asignar el uno por ciento del PIB a la investigación científica y desarrollo tecnológico”. Antes había hecho una arenga que habrá incomodado a los muchos neoliberales allí presentes: “Es hora de reconocer que muchos de nuestros problemas, de los históricos y los derivados del propio proceso de modernización, no tienen solución si seguimos por el mismo camino, si no se efectúan reformas de fondo, si no se ponen en práctica políticas alternativas, si no se imagina y traza un nuevo proyecto nacional”.
Salvo que se hayan conducido con falsedad, inducidos a ser generosos por el clima de exaltación de los méritos de la UNAM, los legisladores parecieron ser sensibles a los reclamos del rector. Al menos así lo expresaron al oírlo, con su entusiasta aplauso, y también en sus intervenciones en tribuna y en sus opiniones a la prensa. De consumarse los acuerdos demandados por el doctor Narro, se habrá celebrado de manera digna y eficaz el centenario de la Universidad en el recinto legislativo.
Es de esperar que los agentes de la Policía federal que desde la víspera circundaban el palacio legislativo no hayan estorbado el paso de la comitiva del rector, pretendiendo revisar sus vehículos, como hicieron con decenas de camionetas y automóviles. Los uniformados de la PF --¿no debiera cumplir ese papel la Policía federal ministerial, auxiliar directo del ministerio público?—realizaban esa enojosa operación en busca de Julio César Godoy, contra quien se han expedido varias órdenes de aprehensión, invalidadas casi todas por amparos dictados ante la falta de fundamento de la acusación.
Se trata del hermano del gobernador de Michoacán, Leonel Godoy. La PGR quiso detenerlo desde junio del año pasado, antes de que resultara elegido diputado por el distrito michoacano cuya cabecera es Lázaro Cárdenas, de donde fue presidente municipal. Se ordenó inicialmente su aprehensión sólo unos días después (y como parte de esa misma operación), de que se efectuara una redada contra decenas de funcionarios municipales y estatales, los más de ellos alcaldes en funciones, que a la postre sumaron 35. En vísperas electorales el caso se presentó como un gran golpe a la delincuencia organizada, pues se ponía presos a enlaces del gobierno con La Familia Michoacana. Tan endeble fue la acusación, tan manifiesta quedó la intención política, no jurídica de esa batida, que de los 35 detenidos (llevados lejos, a una prisión nayarita inmediatamente después de su aprehensión), quedan solo seis recluidos. A todos los demás la justicia federal los ha liberado pues no hay siquiera indicios en su contra, sino pura arbitrariedad.
Godoy Toscano burló la vigilancia policiaca y rindió protesta, pues así lo posibilitó un juez federal, que le restituyó sus derechos políticos, mientras que otro juzgador emitió una nueva orden de aprehensión. En esa situación ambigua se halla el nuevo diputado, al que la PGR pretende ya desaforar, en su insistencia por juzgarlo.
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