El Universal | 15-08-2010 | 20:12 | Nacional | ||||
Colima, Col.— Durante el próximo ciclo escolar en el estado, únicamente se permitirá la venta de alimentos saludables y se evitará la de productos chatarra, confirmaron las autoridades educativas y de salud de la entidad. Las secretarías de Salud y de Educación darán a conocer en los próximos días los "Lineamientos generales para el expendio o distribución de alimentos y bebidas azucaradas en establecimientos de consumo escolar en planteles de educación básica", que fueron acordados a nivel central por las autoridades educativas y sanitarias. De acuerdo a un comunicado conjunto de las Secretarías de Salud y de Educación Pública federal, la aplicación de tales lineamientos será obligatoria para todas las escuelas de educación básica del país a partir del 1 de enero del 2011. Antes de esta fecha, podrán aplicarse en las escuelas que así lo determinen. Con este instrumento se promoverá el consumo de frutas, verduras y agua simple potable y se regulará también el expendio de alimentos preparados y procesados en todas las escuelas de educación básica. Con el propósito de iniciar la implementación de dichos lineamientos, en los próximos meses se impartirá la capacitación del personal docente, preparadores de alimentos y personal directivo, así como padres de familia y actores clave para apoyar la disminución del grave problema de la obesidad y la mala nutrición en la niñez colimense. Para este proceso, las secretarías de Educación y de Salud informaron que trabajan en la elaboración de materiales educativos, recetarios y guías. Asimismo, las dependencias elaborarán de manera conjunta recetarios para la preparación del refrigerio escolar y para que los padres cuenten con insumos que los guíen en este proceso de reconfiguración de hábitos alimenticios en los hogares. Las combinaciones de alimentos sugeridos en los lineamientos están basadas en una Norma Mexicana ampliamente aplicada, conocida como el ''Plato del bien comer''. Como resultado del análisis de los comentarios emitidos por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria en su dictamen preliminar, así como de los más de 800 comentarios que personas físicas, empresas, cámaras industriales y asociaciones civiles realizaron en el proceso de consulta pública que se llevó a cabo en la COFEMER, las Secretarías de Educación y de Salud federal enriquecieron los lineamientos y su anexo técnico, buscando minimizar los costos de la política pública sin sacrificar su efectividad. |
na buena noticia: Marcelo Ebrard envió a la Asamblea Legislativa un proyecto de reforma del régimen jurídico del Distrito Federal. Es una oportunidad para que todos los partidos liberen a la capital de la capitis diminutio en la que ha vivido desde la fundación de la República, en 1824.
En 2001 participé junto a un grupo donde estaban representados todos los partidos en el impulso de un proyecto semejante que, aprobado por unanimidad por la asamblea y por 96 por ciento en la Cámara de Diputados, naufragó en la de Senadores. Estos proyectos de reforma intentan completar la de 1996, que permitió a los capitalinos elegir a nuestro mandatario (jefe de Gobierno) y a los jefes delegacionales.
¿Qué es lo que falta? Definir con precisión que el Distrito Federal tiene un régimen autónomo de ciudad capital y otorgarle una Constitución local que nunca ha tenido. Hay que terminar con las facultades que tiene el Ejecutivo federal para interferir en la vida interna de la capital y agredir a sus autoridades, como lo hizo Vicente Fox en el periodo de AMLO. Por supuesto, hay que garantizar los intereses legítimos y bienes de la Federación.
Una Constitución del Distrito Federal sería un modelo que incorporaría un catálogo de nuevos derechos ciudadanos y que establecería las bases para modernizar la administración pública, con grandes beneficios para sus habitantes y también para la zona conurbada del estado de México. Todos los partidos quedarían beneficiados y el mérito sería colectivo, no sólo del jefe de Gobierno. Al fin lograríamos una reforma del Estado importante, en contraste con la parálisis de la reforma federal.
¿Y qué puede impedirla? Los intereses mezquinos que bloquearon el proyecto de 2001. Entonces el gobierno del estado de México pudo con éxito frenar la reforma en el Senado, porque pretendía, a cambio de ella, ventajas financieras en disminución de los recursos del Distrito Federal para solventar los déficits de la pésima administración del tristemente célebre gobernador Arturo Montiel. Lo que era inaceptable. Éste u otro interés oscuro puede impedir que fluya un proyecto tan saludable. Puede haber la voluntad de bloquear una reforma por el solo propósito de no permitirle un logro al gobierno capitalino. Por desgracia, este propósito perverso es un vicio reiterado en nuestra clase política.