na buena noticia: Marcelo Ebrard envió a la Asamblea Legislativa un proyecto de reforma del régimen jurídico del Distrito Federal. Es una oportunidad para que todos los partidos liberen a la capital de la capitis diminutio en la que ha vivido desde la fundación de la República, en 1824.
En 2001 participé junto a un grupo donde estaban representados todos los partidos en el impulso de un proyecto semejante que, aprobado por unanimidad por la asamblea y por 96 por ciento en la Cámara de Diputados, naufragó en la de Senadores. Estos proyectos de reforma intentan completar la de 1996, que permitió a los capitalinos elegir a nuestro mandatario (jefe de Gobierno) y a los jefes delegacionales.
¿Qué es lo que falta? Definir con precisión que el Distrito Federal tiene un régimen autónomo de ciudad capital y otorgarle una Constitución local que nunca ha tenido. Hay que terminar con las facultades que tiene el Ejecutivo federal para interferir en la vida interna de la capital y agredir a sus autoridades, como lo hizo Vicente Fox en el periodo de AMLO. Por supuesto, hay que garantizar los intereses legítimos y bienes de la Federación.
Una Constitución del Distrito Federal sería un modelo que incorporaría un catálogo de nuevos derechos ciudadanos y que establecería las bases para modernizar la administración pública, con grandes beneficios para sus habitantes y también para la zona conurbada del estado de México. Todos los partidos quedarían beneficiados y el mérito sería colectivo, no sólo del jefe de Gobierno. Al fin lograríamos una reforma del Estado importante, en contraste con la parálisis de la reforma federal.
¿Y qué puede impedirla? Los intereses mezquinos que bloquearon el proyecto de 2001. Entonces el gobierno del estado de México pudo con éxito frenar la reforma en el Senado, porque pretendía, a cambio de ella, ventajas financieras en disminución de los recursos del Distrito Federal para solventar los déficits de la pésima administración del tristemente célebre gobernador Arturo Montiel. Lo que era inaceptable. Éste u otro interés oscuro puede impedir que fluya un proyecto tan saludable. Puede haber la voluntad de bloquear una reforma por el solo propósito de no permitirle un logro al gobierno capitalino. Por desgracia, este propósito perverso es un vicio reiterado en nuestra clase política.
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