miércoles, 9 de diciembre de 2009
Su majestad Televisa
Jenaro Villamil
MÉXICO, D.F., 8 de diciembre (apro).- Una llamada altanera de un alto funcionario de Televisa, el pasado fin de semana, provocó que el pasado lunes 7 la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión pagara sendos desplegados en la prensa para condenar al senador perredista Carlos Sotelo, presidente de la comisión dictaminadora, por pretender impulsar una “reforma chavista” en materia de medios electrónicos.
El jalón de orejas de los “televisos” dejó desconcertados a los propios industriales de la radio que ya habían avalado, ante representantes del PRI y del PRD, una “minirreforma” en esta materia. Y si alguien saldría beneficiado con estos cambios legislativos –que incluían la figura de la prórroga administrativa, una especie de refrendo automático a las concesiones– eran los más de 300 concesionarios de radio que verán vencidas sus frecuencias de aquí al 2012.
Sin embargo, no fue esa la única sorpresa que se produjo en torno del dictamen. Los senadores del PAN, enterados del acuerdo entre el PRI y el PRD para sacar la reforma, y molestos porque se buscaba dictaminar y aprobar de manera fast track, advirtieron que irían a la Suprema Corte de Justicia para litigar en contra de los refrendos automáticos que violan la sentencia de la Ley Televisa.
La contradictoria operación política ante los sectores involucrados –no únicamente los concesionarios– y el intento de aprobar de manera apresurada un asunto tan delicado, provocó la desconfianza de distintos sectores y especialistas.
No es para menos. Desde el albazo de la Ley Televisa en la Cámara de Diputados –cuando se aprobó el 1 de diciembre de 2005, por unanimidad de todas las bancadas–, han colocado sus antenas para evitar una nueva contrarreforma que beneficie a los actores dominantes del sector.
El contexto es propicio también para la desconfianza. Apenas hace un mes se generó un agrio debate en el Congreso por la insistencia de una mayoría de legisladores del PRI y del PAN para aprobar un transitorio al artículo 244-E de la Ley Federal de Derechos, que autorizó el privilegio de la exención fiscal a los próximos inversionistas en materia de telefonía móvil con triple play.
La exención generó una fractura entre los senadores del PAN y el gobierno federal, y demostró el poder de presión y de chantaje que ejercen los ejecutivos de Televisa –empresa que busca licitar en la banda 1.7Ghz– para imponerle sus condiciones a los legisladores.
Este es el problema fundamental que se ha generado, una y otra vez, desde que en 2001 el gobierno de Vicente Fox prometió e intentó impulsar una reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión.
Televisa expresó su desacuerdo con esta reforma; presionó al gobierno de Fox y obtuvo, a través de la primera dama Martha Sahagún, el privilegio del decretazo que hizo desaparecer el 12.5% del tiempo-aire. En 2004 y 2005, cuando se volvió a discutir una reforma integral en medios, Televisa y los grupos, así como legisladores aliados al consorcio, frenaron el dictamen en el Senado.
Y en el 2006, al calor de las elecciones, se impuso de manera escandalosa un paquete de cambios conocidos como la Ley Televisa, que en realidad significaron una clara contrarreforma.
Desde ese año a la fecha, la clase política se ha arrodillado aún más a los requerimientos de las televisoras. Los gobernadores de todos los signos partidistas han seguido el modelo Peña Nieto para destinarle carretadas de dinero público, no fiscalizado, a las televisoras, a cambio de ganar impunidad en la pantalla.
El gobierno federal ha cedido en todo ante la demanda de Televisa. Los legisladores perdieron el impulso de la reforma electoral lograda en 2007, y sus principales coordinadores han acabado como correas de transmisión y brokers de los intereses de Su Majestad Televisa.
Durante todo 2009 ha habido un intento por revivir los puntos más polémicos de la Ley Televisa, a través de reformas parciales, decretos presidenciales o medidas administrativas que, en los hechos, acreditan el acaparamiento de la industria televisiva, ya no sólo del espectro radioeléctrico, sino también de las redes de telecomunicaciones.
Ahora, lograron presionar y confundir. Al parecer, el gobierno de Felipe Calderón estuvo involucrado en la operación para reventar la minirreforma del Senado.
El desplegado de la CIRT quizá fue un error muy grave para los concesionarios de radio. Sin embargo, el problema principal es querer legislar para darle gusto a los intereses creados en los medios electrónicos y olvidarse que una reforma auténtica no se hace con parches, sino con una cirugía mayor.
Email: jenarovi@yahoo.com.mx
Rima para Juanito
Acompañando el cartón del monero Hernández sobre el caso Rafael Acosta y Marcelo Ebrad ponemos la rima de Lerolico.
LECHÓN, JUANITO, GUANITO
‘Juanito’ nació en porqueriza,
a la vista están las pruebas
no hay por tal noticias nuevas.
La madre fue taravisa
tiene su sello y divisa.
Lo amamantó y lo hizo grande
porque esa imagen si vende
pa usarlo cual golpeador
contra López Obrador.
Cualquiera lo ve y lo entiende.
Taravisa, mamá puerca,
a ‘Juanito‘ echo a la vida
en ceremonia lucida
con la corrupción su marca,
y los enredos que abarca
llegan hasta los pinos.
Todos estos son los quinos
padres del lechón ‘Juanito’,
de buen apodo ‘Guanito’
que lo describe con tino.
‘Juanito’ nació en porqueriza,
a la vista están las pruebas
no hay por tal noticias nuevas.
La madre fue taravisa
tiene su sello y divisa.
Lo amamantó y lo hizo grande
porque esa imagen si vende
pa usarlo cual golpeador
contra López Obrador.
Cualquiera lo ve y lo entiende.
Taravisa, mamá puerca,
a ‘Juanito‘ echo a la vida
en ceremonia lucida
con la corrupción su marca,
y los enredos que abarca
llegan hasta los pinos.
Todos estos son los quinos
padres del lechón ‘Juanito’,
de buen apodo ‘Guanito’
que lo describe con tino.
Astillero
Teletón y terrorismo
Vincular crítica con delitos
Amnistía llama a protesta
Julio Hernández López
CEREMONIA EN LOS PINOS. El presidente Felipe Calderón, acompañado del secretario de Seguridad, Genaro García Luna, y del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, escuchan el discurso de Enrique Morones, ganador del Premio Nacional de Derechos Humanos 2009Foto Marco Pelaez
Carlos Loret de Mola publicó ayer, en El Universal, una Historia de reportero denominada Una bomba en el Teletón. En ella narra reprobables amenazas anónimas, hechas por Internet, de colocar artefactos explosivos en los Centros de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) de Tlalnepantla y Guadalajara, y lo sucedido la mañana de este lunes, cuando una llamada telefónica anunciando un estallido “en dos horas”, provocó el desalojo preventivo de niños, familiares, trabajadores y médicos en el centro de rehabilitación de Tlalnepantla.
“El plan estaba hecho”, menciona el periodista de Televisa en una de sus líneas. Lo malo (¿el plan?) es que, a partir de esos datos, el conductor de televisión ha tratado de vincular, sin pruebas, las críticas en Internet al Teletón con amenazas de poner bombas en centros de rehabilitación. Según esas graves acusaciones, el Teletón consiguió este año “de panzazo” sus metas de recaudación, en parte por la crisis económica pero, además, porque hubo de “enfrentar” la “sistemática y organizada campaña –manifestada en Internet pero que mereció difusión y respuesta en televisión abierta– de intento de desprestigio”.
Aún así, en esa batalla que ha de suponerse equilibrada y pareja (internautas contra televisoras), “los anti-Teletón sufrieron una derrota descomunal”, pues en la colecta electrónica se habrían conseguido más dinero y más donantes individuales. Esa lectura bélica (¿de la guerra contra el narco, a la guerra contra los antiteletones?) cerró con un párrafo que constituye una peligrosa acusación contra quienes ejercen su derecho a la crítica y se oponen a los poderes desde Internet, particularmente en las cuentas de tuiter, donde el tema del rechazo al Teletón fue frecuentemente abordado. Dijo Loret de Mola: “su discurso intolerante, sin matices, violento, pero derrotado, derrotado por millones de mexicanos, intentó un día más tarde una nueva ruta de expresión: la amenaza de hacer explotar un Centro de Rehabilitación Infantil Teletón tratando de manchar el triunfo social que representó la posibilidad de fundar dos nuevos CRIT’s, sostener los existentes y abrazar ahora la causa de los niños con cáncer. Está claro quiénes están detrás. Ni buscarle”.
La relación que hace Loret de Mola es inequívoca: quienes criticaron en Internet, derrotados porque el Teletón tuvo más gente y más dinero, “intentaron una nueva ruta de expresión: la amenaza de hacer explotar” etcétera. Pero, ¿quiénes, Carlos? ¿Quiénes pasaron de críticar el Teletón al terrorismo telefónico?, ¿quiénes, derrotados, quisieron vengarse de esa despiadada manera?, ¿quiénes deben ser buscados (aunque, todo está tan “claro”, que “ni buscarle”) y llevados a declarar por la policía cibernética?
Porque, vincular sin pruebas la crítica con el terrorismo es abrir las puertas a la represión; vincular la libre expresión por Internet a la comisión de hechos delictivos como los relatados es una irresponsabilidad. A menos que se den pruebas. Carlos Loret de Mola ha sido un periodista de gran profesionalismo y sensibilidad política, sobre todo en la etapa en que colaboró con Ricardo Rocha en radio. De no poder sustentar lo que ha escrito, debería corregir sus letras y ofrecer disculpas a quienes legítimamente critican al Teletón pero no por ello son terroristas. De contar con pruebas, debería presentarlas de inmediato ante las autoridades correspondientes para que se inicie un proceso de indagación y eventual castigo. De otra manera, parecerá un amago preventivo de Televisa, una treta sentimentalista más para defender el espectáculo anual de caridades deducibles de impuestos, una guillotina judicial sobre Internet o un berrinche en las alturas televisivas al que un redactor cercano da acomedida transcripción pública. ¿Cuál es el plan ya hecho?
Astillas
Lo que los mexicanos no hemos sido capaces de hacer en nuestro país, Amnistía Internacional convoca a realizar en las embajadas de México en el extranjero: protestar abiertamente contra las violaciones y los excesos que cotidianamente realizan las fuerzas armadas mexicanas contra civiles a causa de la presunta guerra contra el narcotráfico. AI, por voz de su representante en México, Alberto Herrera, informó que en los últimos dos años las violaciones a los derechos humanos, como la desaparición forzada y el uso de la tortura, ha llegado a “niveles escandalosos”... Y, ¿en México? Nada, porque la sociedad está bajo anestesia (gracias, Televisa y Televisión Azteca, entre otros), porque los líderes políticos sólo piensan en elecciones (oh, sí, el FAP ahora se llamará DIA, ¡qué bonito!: Diálogo para la Reconstrucción de México, con su Enrique Ramírez y Ramírez en la persona de Manuel Camacho) y porque Calderón el más que Breve sigue aferrado a su discurso neroniano, advirtiendo que no escuchará a quien le hable de dejar la dizque guerra contra el narco: los desoirá y los desverá (perdón por la licencia óptica tomada para encajar en el espíritu salinista), dijo ni más ni menos que frente a quien debería ser el principal impulsor de que el ocupante de Los Pinos oiga y vea, el paniaguado presidente de la CNDH, Raúl Plascencia llevado a esa silla por maniobras y apoyos de Jorge Hank Rhon, según dice el Proceso de esta semana... Para quienes no sepan de Enrique Ramírez y Ramírez: fue director del periódico El Día, que fue una especie de órgano informativo de la izquierda moderada que convivía redituablemente con el gobierno. Una de sus directoras fue Socorro Díaz, priísta de larga carrera que pasó al lopezobradorismo en años recientes... Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela han desconocido legitimidad a la “elección” hondureña reciente. ¿Qué hará México? ¿Sumarse a las maniobras obamistas o a la tendencia latinoamericana?... Y, mientras los franceses se organizan para desplegar una campaña de reconocimiento a las virtudes de recreación fílmica de García Luna Productions, en especial en el documental sobre Florence Cassez, ¡hasta mañana, en esta columna que ya no alcanzó a comentar las imágenes nocturnas de Otumba!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
Felipe y la reunión de los desencuentros
A Puerta Cerrada
Marcela Gómez Zalce
• Los ases de la baraja
• ¿Michoacán = Sinaloa?
• ¿Michoacán = Sinaloa?
Hay hombres que dan vueltas alrededor de su pequeño círculo, mi estimado, como el gato que juega con su cola. Delicado el mar de señalamientos y denuncias que se han acumulado en fechas recientes alrededor de la mal llamada guerra contra el narcotráfico. No sólo está lo suficientemente acreditado —más de 16,000 muertos— el rotundo fracaso de la cacareada estrategia federal, encabezada por Genaro García Luna, sino que ya son varios los informes de organizaciones internacionales, como AI, que además de convocar a una marcha, colocan en el epicentro a nuestras fuerzas armadas por el abuso en violaciones a los derechos humanos que seguirá derivando en delicadas consecuencias para la institución que paga los platos rotos de la vajilla civil donde realidad mata discursos.
El quid radica en que la incertidumbre es cada vez mayor, my friend, porque los índices de violencia se han disparado generando una fatal espiral en absoluto descontrol y una peligrosa impunidad en territorios disputados y que, con elecciones en puerta, el contexto da síntomas de vertiginosa descomposición.
Felipe Calderón está desgastado con la magia de su discurso justificando el desmadre integral mientras el barco de gran calado y su tripulación navegan emocionados entre el desastre del tiradero político, económico y social.
Y para documentar el colmo del talento en el oficio político, Felipe & his squad of dorks desarrollan tenebras legislativas a espaldas de su partido, lo que ya origina malestar, inquietud y confusión. Sobre todo cuando la ilustre intriga presidencial termina, como mucho de lo que traman en Los Pinos: desacertadamente mal y con una secuela de divertidos agravios.
El simpático botón del naufragio de la nueva ley de medios (mejor conocida como ley Televisa) es muestra de que los arreglones con la oposición sin el consenso del partido en el poder (del no poder) son aventuras con un alto costo político.
Así que corra por su drink navideño porque ahí le va. ¿Listo?
Turns out que los genios del gymboree (con minúsculas) con Felipe decidieron darle un atractivo obsequio al PRI, PVEM y a una parte del PRD (ya sabe que la división es área de expertise en esas lacritas) por haber sacado al engendro fiscal y al presupuesto de la barranca, o por lo menos así lo leyeron. Luego entonces, la señal fue que en cuestión de esta sugestiva ley de medios, el presumido equipo presidencial no metería las manos (limpias, of course) dejando la maravillosa cancha para que la agraciada fauna legislativa hiciera sus pininos, cumpliera sus compromisos, protegieran sus intereses, sonrieran a la cámara y le pusieran listón… con el inocente detalle de que en la acalorada Comisión de Radio y TV, el PAN no fue, digamos, actualizado del encantador arreglón. O sea, los dejaron fuera de la fiesta.
Y previo al aldeano desplegado de la CIRT —que sirvió para medio lavar el cochinero político— hubo reunión en Los Pinos, donde estuvieron Javier Corral, Santiago Creel, Ricardo García Cervantes —léase como la lista de los predilectos de Felipe, yes?—, Juan Molinar Horcasitas, Fernando Gómez Mont y la consen…Patricia Flores.
¿Se imagina la tersa, cortés y considerada reunión…?
Exacto. El jaloneo y la molestia del dream team presidencial era porque los metrosexuales panistas estaban regando el tepache del simpático pacto… que finalmente naufragó hasta febrero por la falta de consensos… azules. Quizá Calderón pensó que con los amarillos, verdes y tricolores sería suficiente para barnizar la mentada ley que dejaba intocable a las televisoras pero trastocaba el espacio de radio, pero entonces¡¡puuummm!!, estalló la conocida histeria de tirios y troyanos que terminó complicando el reventón que fue dinamitado desde el inicio por la excelente estrategia presidencial de la... exclusión.
Esa que le sale naturalita. La que se activa por la mecha corta de la mezquindad y, en Los Pinos, Corral,Creel y García Cervantes no son bienvenidos. Y lo saben. Así que por lo pronto el jueguito de la simulación valió madre. Mientras tanto los agravios blanquiazules están sembrados y, aunque no lo parezca, falta el segundo capítulo en esta llamativa ley donde este antecedente enseñó ya algunas cartas sobre la mesa.
Lo interesante, my friend, es que aún faltan los ases…
Por la mirilla
¿Aplicará el (des)gobierno de Calderón la misma medicina en Sinaloa que en Michoacán después de estupendas fotografías que merecen una puntual explicación…?
Como dicen enfrente, es pregunta.
Nueva ronda de despidos en Correos de México deja en la calle a mil trabajadores
Fueron notificados de manera verbal por sus jefes; “los cheques ya están elaborados”
Miriam Posada García
Periódico La Jornada
Wednesday 9 de December de 2009, p. 27
Trabajadores de Correos de México denunciaron que ayer empezó una nueva ronda de despidos, que se estima llegará a mil trabajadores, con lo que al cierre del 2009 serían alrededor de 3 mil los que habrían perdido su fuente de ingresos.
Los afectados, quienes pidieron omitir su nombre por temor a represalias, explicaron que ayer al terminar sus turnos de trabajo fueron notificados por sus superiores, sólo de manera verbal, que ya no deberían presentarse a trabajar a partir de este miércoles, sino que deberían acudir a las oficinas de Venustiano Carranza para recoger su cheque de liquidación.
“Los cheques ya están elaborados, nos van a obligar a aceptar una liquidación en las condiciones que el gobierno quiera porque saben que necesitamos el dinero, que debemos llevar dinero para cumplir las obligaciones con nuestras familias”.
Anoche no fue posible obtener la postura del Sindicato Nacional de Trabajadores del Servicio Postal Mexicano, que encabeza Manuel Acevedo, y tampoco de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), de la cual depende Correos de México, nuevo nombre del servicio postal.
Si bien la cifra de nuevos despidos que se manejan entre los trabajadores ascienden a mil, entre los que se cuenta personal de confianza, eventual y de base, estos se suman a los 2 mil trabajadores más que perdieron su empleo entre este año y el pasado.
Entre las áreas donde se registraron las primeras bajas está la de Depósitos Masivos, que se ubica en Pantaco, y donde se acumularon 50 toneladas de correspondencia que en su mayor parte son los recibos de cobro de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que llegarán vencidos a sus destinatarios.
Asimismo se encuentra rezagada correspondencia de HSBC, Nextel, Megacable y Bancomer, entre otros clientes de Correos de México.
Miriam Posada García
Periódico La Jornada
Wednesday 9 de December de 2009, p. 27
Trabajadores de Correos de México denunciaron que ayer empezó una nueva ronda de despidos, que se estima llegará a mil trabajadores, con lo que al cierre del 2009 serían alrededor de 3 mil los que habrían perdido su fuente de ingresos.
Los afectados, quienes pidieron omitir su nombre por temor a represalias, explicaron que ayer al terminar sus turnos de trabajo fueron notificados por sus superiores, sólo de manera verbal, que ya no deberían presentarse a trabajar a partir de este miércoles, sino que deberían acudir a las oficinas de Venustiano Carranza para recoger su cheque de liquidación.
“Los cheques ya están elaborados, nos van a obligar a aceptar una liquidación en las condiciones que el gobierno quiera porque saben que necesitamos el dinero, que debemos llevar dinero para cumplir las obligaciones con nuestras familias”.
Anoche no fue posible obtener la postura del Sindicato Nacional de Trabajadores del Servicio Postal Mexicano, que encabeza Manuel Acevedo, y tampoco de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), de la cual depende Correos de México, nuevo nombre del servicio postal.
Si bien la cifra de nuevos despidos que se manejan entre los trabajadores ascienden a mil, entre los que se cuenta personal de confianza, eventual y de base, estos se suman a los 2 mil trabajadores más que perdieron su empleo entre este año y el pasado.
Entre las áreas donde se registraron las primeras bajas está la de Depósitos Masivos, que se ubica en Pantaco, y donde se acumularon 50 toneladas de correspondencia que en su mayor parte son los recibos de cobro de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que llegarán vencidos a sus destinatarios.
Asimismo se encuentra rezagada correspondencia de HSBC, Nextel, Megacable y Bancomer, entre otros clientes de Correos de México.
Por fin se va Guanito y esperamos que la voluntad del pueblo de Iztapalapa sea respetada.
En el transcurso del día se reunirá con Ebrard; anunció que renunciaría como jefe delegacional
Rafael Acosta acude a la PGJDF por el asunto del acta apócrifa
Se le notificó de los delitos en que habría incurrido por la alteración de documentos oficiales
Brugada marcha del Zócalo a la ALDF para demandar la destitución del titular de Iztapalapa
Clara Brugada y vecinos de Iztapalapa marcharon ayer del Zócalo a la Asamblea Legislativa para demandar se inicie el procedimiento para la destitución del jefe delegacional , Rafael Acosta, alias JuanitoFoto Guillermo Sologuren
Alejandro Cruz, Josefina Quintero, Rocío González y Agustín Salgado
Periódico La Jornada
Wednesday 9 de December de 2009, p. 38
El jefe delegacional de Iztapalapa, Rafael Acosta Ángeles, alias Juanito, estuvo durante más de dos horas en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal conocidas como el búnker, donde se le informó de los delitos que cometió al falsificar documentos oficiales, específicamente su acta de nacimiento, informaron fuentes de la dependencia.
Pasadas las 21 horas, Acosta abandonó las instalaciones de la representación social, donde aseguró que dadas las circunstancias en breve presentaría su renuncia al cargo. Asimismo se informó que en el transcurso de hoy tendrá una reunión con el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, en la que se espera se resuelva el conflicto que se vive en Iztapalapa.
Por la mañana, Clara Brugada, acompañada por simpatizantes, acudió a la Asamblea Legislativa para entregar un oficio a los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), para que a su vez lo entreguen a la Comisión Jurisdiccional, en el cual solicita sean incluidos los documentos públicos que presuntamente falsificó Acosta.
La perredista y sus simpatizantes se congregaron en el Zócalo para después marchar hacia la sede de la Asamblea Legislativa, en Donceles y Allende. Antes de ingresar al recinto señaló: “Este martes nos enteramos de que Rafael Acosta tiene dos actas de nacimiento, con lo que incurre en varios delitos, y venimos a entregar un documento a la Asamblea para que se integre a su expediente”.
El oficio que se entregó a la Comisión Jurisdiccional señala, entre otros puntos: “Este hecho no puede ser soslayado por la comisión que analiza la remoción del citado servidor público, ya que tiene consecuencias jurídicas que inhabilitan al señor Acosta como servidor público. Es una persona que en forma sistemática y de manera reiterada comete violaciones a la Constitución, al Estatuto de Gobierno y a las leyes federales y locales”.
La diputada del PRD Aleida Alavez precisó que de acuerdo con el artículo 108 del Estatuto de Gobierno, cualquier funcionario que cometa una falta grave será sujeto de remoción, lo que tendrá que ser valorado por la comisión en cuestión.
Dijo que pedirán a dicha instancia que acuda al Registro Civil para corroborar esta información, y al Ministerio Público para conocer si existe ya una averiguación previa por este delito, pues de no haber tal procederían a presentar la denuncia correspondiente.
“No descarto que se hayan falsificado”
Josefina Quintero M.
Periódico La Jornada
Wednesday 9 de December de 2009, p. 38
El jefe delegacional de Iztapalapa, Rafael Acosta, Juanito, negó que haya falsificado documentos oficiales. Aseguró que la única acta de nacimiento que tiene es la que señala que nació en 1958.
Sin embargo, en dicho documento está registrado su abuelo paterno, Moisés Ángeles, pero en el que fue alterado aparece Felipe Ángeles, con domicilio en Zaragoza 140.
Comentó que Felipe Ángeles era su tío abuelo, al cual recuerda como un gran revolucionario de México.
Visiblemente desconcertado por los cuestionamientos, afirmó: “Yo no he hecho ningún cambio, ahí están las actas de nacimiento. Los documentos que presenté ante el IFE son los mismos”. Añadió que revisará los documentos. No descartó que se hayan falsificado: “Todo es posible, pero hay que ver esos documentos.
“Yo estoy diciendo que no he falsificado nada. Mi nombre es Rafael Acosta Ángeles, mejor conocido como Juanito, y los documentos son los que me pidieron en el partido para registrarme para la jefatura delegacional, y gané”, apuntó.
La Contraloría General del Distrito Federal llamó a Acosta Ángeles para que presente su declaración patrimonial a más tardar el viernes 11 de diciembre. Juanito dijo que la entregará, “pues todos saben lo que tengo: una casa, una paletería y cinco puestos”.
Informó que se reunirá el próximo miércoles con el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, para tratar asuntos inherentes a la delegación.
El Estado, cómplice de violaciones cometidas por militares, asegura AI
Llama a representaciones del organismo en otros países a protestar por la situación en México
“El delito no se combate con más delito; la crisis no justifica el uso de métodos ilegales”
Ángeles Cruz Martínez
Periódico La Jornada
Wednesday 9 de December de 2009, p. 3
El gobierno mexicano es cómplice de las graves violaciones a derechos humanos cometidas por integrantes del Ejército mexicano. Su respuesta a todos los niveles es ineficaz. Además, con su aparente incapacidad para investigar y procesar a los responsables, contribuye a crear un clima de abusos e impunidad, afirmó Amnistía Internacional (AI).
En un nuevo informe sobre violaciones a derechos humanos a manos del Ejército, el organismo resaltó, con base en el número de quejas presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que estos ilícitos se triplicaron en sólo dos años. El problema se agudizó a partir de que el gobierno de Felipe Calderón incorporó a la milicia en actividades de combate a la delincuencia.
Ante esto, Alberto Herrera, representante de la organización en México, convocó a las representaciones de AI en otras naciones a que realicen manifestaciones en las embajadas mexicanas, con el propósito de expresar su consternación por la situación que se vive en el país.
Aunque en el informe se reconocen las dificultades de seguridad pública y de cumplimiento de la ley que existen en el país, el organismo internacional advirtió que “el delito no se combate con más delito, y la gravedad de una crisis no puede convertirse en una justificación del uso de métodos ilegales, ni en un pretexto para cerrar los ojos ante la comisión de abusos”.
El reporte presentado ayer por Alberto Herrera da cuenta del incremento de la falta de respeto a los derechos humanos y, sobre todo, de la ineficaz respuesta de las autoridades civiles y militares para prevenir y castigar a los responsables.
Con esta actitud, dice el organismo, el Estado es cómplice de los delitos. Además, la falta de cooperación con los familiares u otras autoridades competentes, como la CNDH, “que tratan de establecer la verdad y hacer justicia, puede equivaler incluso a una ocultación”.
También menciona la dificultad de contar con información detallada de las violaciones de derechos humanos cometidas por militares, debido a las restricciones en el acceso a los datos y, principalmente, la intimidación y amenazas contra algunas víctimas y sus familiares. Una organización no gubernamental de Nuevo Laredo informó que había recibido 70 denuncias de detención arbitraria, tortura y otros malos tratos, pero sólo 21 particulares presentaron querella ante las autoridades.
En la CNDH se refleja mejor el incremento de la problemática, pues de 182 quejas recibidas por este organismo en 2006, se pasó a 367 en 2007, mientras que para 2008 la cifra llegó a mil 230. En los primeros seis meses de este año se tenía un registro de 559 inconformidades. En esos tres años, las recomendaciones pasaron de cero a seis y 14 en 2006, 2007 y 2008, respectivamente, mientras que en 2009 ha emitido 25 recomendaciones.
AI destaca la situación de Chihuahua, en particular Ciudad Juárez, donde de marzo de 2008 a septiembre de 2009 la Comisión Estatal de Derechos Humanos y una oficina municipal recibieron más de mil 300 quejas de abusos del Ejército, que incluían al menos 14 denuncias de desaparición forzada y ocho de ejecución extrajudicial.
El informe de AI da cuenta de cinco casos graves y emblemáticos de atropello a las garantías fundamentales de 35 personas ocurridos entre octubre de 2008 y agosto de 2009.
En todos ellos los responsables son miembros del Ejército, y lo más grave, indica el documento, es que estos hechos no son excepcionales, sino frecuentes, y en algunas zonas habituales. Incluyen desaparición forzada, homicidios extrajudiciales o ilegítimos, tortura y detención arbitraria, entre otros.
Durante la conferencia de prensa en que Herrera presentó el informe, el investigador Miguel Sarre advirtió que la violencia del aparato del Estado es indecible y da cuenta de un problema de gobernabilidad. No es posible que ocurran las violaciones a derechos humanos sin que estén enterados los mandos superiores del Ejército o el presidente Felipe Calderón. De lo contrario, dijo, significaría que los militares actúan al margen de la ley, lo que a su vez supondría que el país se encuentra en un estado de excepción.
En relación con la CNDH, el informe de AI reconoce que ante la falta de interés de las autoridades civiles y militares por indagar las denuncias en contra de los soldados, el ombudsman ha asumido una función central del proceso judicial. Sin embargo, carece de autoridad legal y competencia para llevar a cabo investigaciones criminales, además de que sus indagaciones son limitadas y lentas; tarda muchos meses en llegar a una conclusión, y aunque formule una recomendación, no hay garantía de que su consecuencia sea una investigación criminal eficaz, pronta e imparcial.
Para AI, el primer paso para corregir el rumbo es que el gobierno y las autoridades militares reconozcan la magnitud y gravedad de las violaciones de garantías fundamentales cometidas por la milicia en el desempeño de sus operaciones de seguridad pública en los años recientes, y que actúen para revertir esa tendencia.
“El delito no se combate con más delito; la crisis no justifica el uso de métodos ilegales”
Ángeles Cruz Martínez
Periódico La Jornada
Wednesday 9 de December de 2009, p. 3
El gobierno mexicano es cómplice de las graves violaciones a derechos humanos cometidas por integrantes del Ejército mexicano. Su respuesta a todos los niveles es ineficaz. Además, con su aparente incapacidad para investigar y procesar a los responsables, contribuye a crear un clima de abusos e impunidad, afirmó Amnistía Internacional (AI).
En un nuevo informe sobre violaciones a derechos humanos a manos del Ejército, el organismo resaltó, con base en el número de quejas presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que estos ilícitos se triplicaron en sólo dos años. El problema se agudizó a partir de que el gobierno de Felipe Calderón incorporó a la milicia en actividades de combate a la delincuencia.
Ante esto, Alberto Herrera, representante de la organización en México, convocó a las representaciones de AI en otras naciones a que realicen manifestaciones en las embajadas mexicanas, con el propósito de expresar su consternación por la situación que se vive en el país.
Aunque en el informe se reconocen las dificultades de seguridad pública y de cumplimiento de la ley que existen en el país, el organismo internacional advirtió que “el delito no se combate con más delito, y la gravedad de una crisis no puede convertirse en una justificación del uso de métodos ilegales, ni en un pretexto para cerrar los ojos ante la comisión de abusos”.
El reporte presentado ayer por Alberto Herrera da cuenta del incremento de la falta de respeto a los derechos humanos y, sobre todo, de la ineficaz respuesta de las autoridades civiles y militares para prevenir y castigar a los responsables.
Con esta actitud, dice el organismo, el Estado es cómplice de los delitos. Además, la falta de cooperación con los familiares u otras autoridades competentes, como la CNDH, “que tratan de establecer la verdad y hacer justicia, puede equivaler incluso a una ocultación”.
También menciona la dificultad de contar con información detallada de las violaciones de derechos humanos cometidas por militares, debido a las restricciones en el acceso a los datos y, principalmente, la intimidación y amenazas contra algunas víctimas y sus familiares. Una organización no gubernamental de Nuevo Laredo informó que había recibido 70 denuncias de detención arbitraria, tortura y otros malos tratos, pero sólo 21 particulares presentaron querella ante las autoridades.
En la CNDH se refleja mejor el incremento de la problemática, pues de 182 quejas recibidas por este organismo en 2006, se pasó a 367 en 2007, mientras que para 2008 la cifra llegó a mil 230. En los primeros seis meses de este año se tenía un registro de 559 inconformidades. En esos tres años, las recomendaciones pasaron de cero a seis y 14 en 2006, 2007 y 2008, respectivamente, mientras que en 2009 ha emitido 25 recomendaciones.
AI destaca la situación de Chihuahua, en particular Ciudad Juárez, donde de marzo de 2008 a septiembre de 2009 la Comisión Estatal de Derechos Humanos y una oficina municipal recibieron más de mil 300 quejas de abusos del Ejército, que incluían al menos 14 denuncias de desaparición forzada y ocho de ejecución extrajudicial.
El informe de AI da cuenta de cinco casos graves y emblemáticos de atropello a las garantías fundamentales de 35 personas ocurridos entre octubre de 2008 y agosto de 2009.
En todos ellos los responsables son miembros del Ejército, y lo más grave, indica el documento, es que estos hechos no son excepcionales, sino frecuentes, y en algunas zonas habituales. Incluyen desaparición forzada, homicidios extrajudiciales o ilegítimos, tortura y detención arbitraria, entre otros.
Durante la conferencia de prensa en que Herrera presentó el informe, el investigador Miguel Sarre advirtió que la violencia del aparato del Estado es indecible y da cuenta de un problema de gobernabilidad. No es posible que ocurran las violaciones a derechos humanos sin que estén enterados los mandos superiores del Ejército o el presidente Felipe Calderón. De lo contrario, dijo, significaría que los militares actúan al margen de la ley, lo que a su vez supondría que el país se encuentra en un estado de excepción.
En relación con la CNDH, el informe de AI reconoce que ante la falta de interés de las autoridades civiles y militares por indagar las denuncias en contra de los soldados, el ombudsman ha asumido una función central del proceso judicial. Sin embargo, carece de autoridad legal y competencia para llevar a cabo investigaciones criminales, además de que sus indagaciones son limitadas y lentas; tarda muchos meses en llegar a una conclusión, y aunque formule una recomendación, no hay garantía de que su consecuencia sea una investigación criminal eficaz, pronta e imparcial.
Para AI, el primer paso para corregir el rumbo es que el gobierno y las autoridades militares reconozcan la magnitud y gravedad de las violaciones de garantías fundamentales cometidas por la milicia en el desempeño de sus operaciones de seguridad pública en los años recientes, y que actúen para revertir esa tendencia.
En el registro civil no se han encontrado documentos que acrediten a Rafael Acosta
Descubre GDF que Juanito falsificó su acta de nacimiento para ser candidato
Tiene dos: en una, su fecha de nacimiento es 1960; en la apócrifa, nació en 1958
Si me llegan a remover, me sustituirá mi “mano derecha”, Alejandra Núñez, advierte
Claudia Álvarez Laris
Periódico La Jornada
Tuesday 8 de December de 2009, p. 32
Las autoridades del Gobierno del Distrito Federal hallaron que el acta de nacimiento de Rafael Acosta Ángeles, mejor conocido como Juanito, fue falsificada para obtener su registro como candidato del Partido del Trabajo para la jefatura delegacional de Iztapalapa, durante el proceso electoral del pasado 5 de julio.
La información dada a conocer asegura que existen, cuando menos, dos actas de nacimiento del personaje que hoy gobierna Iztapalapa. La primera señala que en 1960 nació en la ciudad de México Rafael Ponfilio Acosta Ángeles, y tiene como testigo a su abuelo Moisés Ángeles. El acta se suscribió en el Distrito Federal.
El otro documento que las autoridades encontraron y que consideran falso es un acta de nacimiento según la cual Rafael Acosta Ángeles nació en 1958 y su abuelo, a quien ponen como testigo en ese año, es el revolucionario Felipe Ángeles. En este escrito oficial desapareció tanto el segundo nombre del actual delegado, Ponfilio, como la identidad de su abuelo.
Las pesquisas de la autoridad llegaron al punto de no hallar en el Registro Civil de la ciudad ningún documento que acredite la personalidad de Rafael Acosta Ángeles, como dice esta segunda acta de nacimiento.
Este último documento fue usado para obtener, por parte de Acosta, tanto su credencial del Instituto Federal Electoral como su Registro Federal de Causantes y también su Clave Única de Registro Poblacional, todos de carácter oficial.
Acta de Rafael Acosta, original en la que aparece su segundo nombre y en la que se especifica que su año de nacimiento fue 1960Foto La Jornada
Acta de Rafael Acosta, falsificada, en la que cambia el año de nacimiento y señala que su abuelo fue el revolucionario Felipe ÁngelesFoto La Jornada
Hasta seis años de cárcel
Según la ley vigente en el Distrito Federal, la falsificación de documentos oficiales está penada. Según el artículo 339 del Código Penal para el Distrito Federal, “al que para obtener un beneficio o causar algún daño falsifique o altere un documento público o privado, se le impondrá de tres a seis años de prisión, y de cien a mil días multa, tratándose de documentos públicos; y de seis meses a tres años de prisión, y de cincuenta a quinientos días multa, tratándose de documentos privados”.
De toda esta situación ya fue enterado el propio jefe delegacional, aunque de manera informal.
Durante sus actividades realizadas ayer, Juanito expresó que si llegan a removerlo de su cargo, la persona que lo sustituirá habrá de ser su “mano derecha”, Alejandra Núñez, quien fue designada por el ex petista como directora general de Jurídico y de Gobierno, y de quien aseguró “ya no es panista”.
Rechaza "Juanito" falsificación de documentos
Gloria Leticia Díaz
MÉXICO, DF, 8 de diciembre (apro).- El delegado en Iztapalapa, Rafael Acosta Ángeles, Juanito, rechazó las acusaciones de Clara Brugada en el sentido de que falsificara documentos oficiales, como su acta de nacimiento.
Según información difundida este martes, Acosta Ángeles habría sido registrado oficialmente como “Rafael Bonfilio”, en 1958, y el nombre de su abuelo sería Moisés Ángeles.
Sin embargo, una segunda acta con la que se registró como candidato del Partido del Trabajo (PT) eliminó su segundo nombre, se quitó dos años de edad y declaró que su abuelo materno era el revolucionario Felipe Ángeles, quien murió en 1914.
Luego de revelarse esos detalles, Juanito declaró que su tío abuelo era Felipe Ángeles y admitió que su abuelo efectivamente se llamaba Moisés Ángeles, pero negó haber falsificado su documentación.
Por otra parte, luego de asegurar que los servicios delegacionales se encuentran trabajando al 100%, señaló que el próximo viernes es la fecha límite para que Brugada formalice el procedimiento de entrega-recepción, y anunció que el miércoles 16 se reunirá con el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard.
Al mediodía, la exencargada de despacho en Iztapalapa, Clara Brugada, acudió con decenas de sus simpatizantes a la Asamblea Legislativa para interponer una queja contra Acosta Ángeles por presunta falsificación de documentos.
Según Brugada, de confirmarse que Acosta Ángeles falseó sus datos para registrarse como candidato a jefe delegacional por el PT, podría ser inhabilitado, y por tanto no podría asumir sus funciones constitucionales.
Ejército constitucional y derechos ciudadanos
09 de diciembre de 2009
2009-12-09
La crisis de las instituciones mexicanas encargadas de dar seguridad a la población ha llegado a extremos en diversas zonas del territorio nacional, fundamentalmente en la frontera norte, en el triángulo que forman Sinaloa, Durango y Chihuahua, así como en las costas de Michoacán y Guerrero. Lo que caracteriza a estas regiones, donde la violencia se ha desbordado y las ejecuciones no dejan de crecer, es la virtual inexistencia de policías federales, estatales o municipales capaces de garantizar mínimos de seguridad para la ciudadanía. Estos cuerpos hace ya tiempo que fueron vulnerados por los intereses del crimen organizado, sin que el Estado haya podido rescatarles hasta ahora.
Frente a esta realidad, el jefe del Estado mexicano tomó la decisión de enviar al Ejército y a la Armada para suplir a las instancias civiles del orden público en las regiones donde los cárteles se habían convertido en la autoridad más elevada entre la sociedad. Al hacerlo así, eligió a una institución cuya naturaleza es el uso desproporcionado de la fuerza, a diferencia de las instituciones policiales cuya esencia es el uso equilibrado de la violencia. (Si un ciudadano se pasa un alto, la policía debe detenerlo. Si otro se sigue de largo frente a una orden militar, los militares tendrían facultades para ir más lejos).
El gobierno federal ha argumentado que el ingreso del Ejército fue un recurso de última instancia. Una decisión que conllevaba efectos indeseables pero que se justificó por el bien del país. Con los cuerpos policiales desvanecidos, era obligación del Estado recuperar los territorios tomados, aunque se escalara en el uso de la violencia, se sometiera al Ejército a un eventual desgaste en la opinión pública y se pusieran en riesgo los derechos y las garantías de ciudadanos inocentes.
A tres años de los operativos, comienza la corrosión sobre la imagen castrense. Para evitar ingenuidades ha llegado el momento de asumir que las Fuerzas Armadas viven hoy entre dos fuegos: el del crimen organizado que no se sabe detener frente a un uniforme militar y el lanzado por una población que se resiente cada día más inquieta y menos tolerante ante la presencia, sin límite temporal, del Ejército en las calles.
Esta paradoja pareciera no encontrar solución y sin embargo debe resolverse. Una pista para ello sería que ahí donde el Estado haga funciones de seguridad pública —indistintamente de las instituciones responsables— se cumplan rigurosamente las garantías individuales, los criterios de protección a los derechos humanos y el debido proceso judicial. El mexicano es un Ejército que lleva en el nombre el adjetivo “constitucional” y por tanto debe poner en el centro de su actuación el primero de los capítulos de la Carta Magna; en ella se encuentran las bases irrenunciables de nuestra democracia. Para enfrentar a los criminales y a la vez cuidar el prestigio de las Fuerzas Armadas, habrían de velarse hasta la obsesión los mandatos constitucionales. También sería deseable que el Ejército trabaje muy de cerca con las organizaciones de derechos humanos, las que realmente existen y que llevan sello de ser genuinas. Y por último, sería conveniente que se establezcan plazos en que los militares mexicanos dejarán la seguridad pública en manos de las nuevas y reconstruidas policías democráticas.
2009-12-09
La crisis de las instituciones mexicanas encargadas de dar seguridad a la población ha llegado a extremos en diversas zonas del territorio nacional, fundamentalmente en la frontera norte, en el triángulo que forman Sinaloa, Durango y Chihuahua, así como en las costas de Michoacán y Guerrero. Lo que caracteriza a estas regiones, donde la violencia se ha desbordado y las ejecuciones no dejan de crecer, es la virtual inexistencia de policías federales, estatales o municipales capaces de garantizar mínimos de seguridad para la ciudadanía. Estos cuerpos hace ya tiempo que fueron vulnerados por los intereses del crimen organizado, sin que el Estado haya podido rescatarles hasta ahora.
Frente a esta realidad, el jefe del Estado mexicano tomó la decisión de enviar al Ejército y a la Armada para suplir a las instancias civiles del orden público en las regiones donde los cárteles se habían convertido en la autoridad más elevada entre la sociedad. Al hacerlo así, eligió a una institución cuya naturaleza es el uso desproporcionado de la fuerza, a diferencia de las instituciones policiales cuya esencia es el uso equilibrado de la violencia. (Si un ciudadano se pasa un alto, la policía debe detenerlo. Si otro se sigue de largo frente a una orden militar, los militares tendrían facultades para ir más lejos).
El gobierno federal ha argumentado que el ingreso del Ejército fue un recurso de última instancia. Una decisión que conllevaba efectos indeseables pero que se justificó por el bien del país. Con los cuerpos policiales desvanecidos, era obligación del Estado recuperar los territorios tomados, aunque se escalara en el uso de la violencia, se sometiera al Ejército a un eventual desgaste en la opinión pública y se pusieran en riesgo los derechos y las garantías de ciudadanos inocentes.
A tres años de los operativos, comienza la corrosión sobre la imagen castrense. Para evitar ingenuidades ha llegado el momento de asumir que las Fuerzas Armadas viven hoy entre dos fuegos: el del crimen organizado que no se sabe detener frente a un uniforme militar y el lanzado por una población que se resiente cada día más inquieta y menos tolerante ante la presencia, sin límite temporal, del Ejército en las calles.
Esta paradoja pareciera no encontrar solución y sin embargo debe resolverse. Una pista para ello sería que ahí donde el Estado haga funciones de seguridad pública —indistintamente de las instituciones responsables— se cumplan rigurosamente las garantías individuales, los criterios de protección a los derechos humanos y el debido proceso judicial. El mexicano es un Ejército que lleva en el nombre el adjetivo “constitucional” y por tanto debe poner en el centro de su actuación el primero de los capítulos de la Carta Magna; en ella se encuentran las bases irrenunciables de nuestra democracia. Para enfrentar a los criminales y a la vez cuidar el prestigio de las Fuerzas Armadas, habrían de velarse hasta la obsesión los mandatos constitucionales. También sería deseable que el Ejército trabaje muy de cerca con las organizaciones de derechos humanos, las que realmente existen y que llevan sello de ser genuinas. Y por último, sería conveniente que se establezcan plazos en que los militares mexicanos dejarán la seguridad pública en manos de las nuevas y reconstruidas policías democráticas.
Asegura René Arce que sí se va del PRD, "es lo más saludable"
El senador por el Distrito Federal dijo que hasta ahora desconoce cuántos perredistas junto a él dejarán las filas del sol azteca pero comentó que compañeros suyos, “prácticamente todos de la expresión de Nueva Izquierda”, realizan una “reflexión muy seria” sobre el tema.
Mar, 08/12/2009 - 21:34
René Arce aseguró que su salida del PRD es lo más saludable. Foto: Especial Ciudad de México.- El senador del PRD por el Distrito Federal, René Arce, aseguró que en los próximos días anunciará su salida del sol azteca, “es lo más saludable”, y negó que con ello busque alguna negociación que lo mantenga dentro del partido.
En entrevista con MILENIO TELEVISIÓN, el también líder de Nueva Izquierda en el DF, señaló que “difícilmente podríamos continuar en el PRD” y descartó que cualquiera de las dos partes vaya a perder con esta separación, “vamos a iniciar seguramente una organización política que en este momento no puede ser partido”.
Arce dijo que hasta ahora desconoce cuántos perredistas junto a él dejarán las filas del sol azteca pero comentó que compañeros suyos, “prácticamente todos de la expresión de Nueva Izquierda”, corriente que encabeza el presidente nacional del PRD, Jesús Ortega; realizan una “reflexión muy seria” sobre el tema.
El senador indicó que entre los perredistas que también analizan su salida están el diputado federal Víctor Hugo Círigo, Fernando Belauzarán, y el diputado local, Horacio Martínez, entre otros.
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