Círculos de Estudio

Hola compañeros:

Les envío la invitación para nuestra próxima conferencia, para que nos ayuden a difundirla.

Gracias y los espero el jueves.

Saludos

Maru

 

EL CÍRCULO DE ESTUDIOS

 COAPA
invita a la conferencia

"ESTADO DE BIENESTAR Y

 DERECHO A LA FELICIDAD"

impartida por la

DRA. RAQUEL SOSA

Socióloga, doctora en Historia, Mtra. en estudios

 Latinoamericanos y Secretaria de Educación,

Ciencia y Cultura del Gobierno Legítimo

Jueves 28 de Octubre

a las 19:00 hrs.

Auditorio "JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN"

Av. Canal de Miramontes # 3755 esq. Cárcamo,

Subdelegación de Tlalpan en Coapa, antes de la

Glorieta deVaqueritos, (junto al Registro Civil).

entrada libre

circulocoapa@gmail.com

http://www.circulodeestudioscoapa.blogspot.com

Transmitida en vivo por www.radioamlo.org.

--
Visita:
http://www.astillero.tv
http://www.mndp2008.blogspot.com/
http://mx.youtube.com/tvciudadana

Círculos de Estudio

 

  CIRCULO DE ESTUDIO JAIME SABINES

   PRESENTA A:

ARIOSTO OTERO

MAESTRO MURALISTA

El Arte y la Cultura en el Centenario de la Revolución Mexicana

 Miércoles 29 de Septiembre  - 19 horas

  Av. Revolución 1747, San Angel,

  frente al museo-iglesia Del Carmen

  Delegación Álvaro Obregón

  Cerca del metro Barranca del muerto - Metrobus La Bombilla

  ENTRADA LIBRE

 

Casa del Movimiento en Álvaro Obregón 

Gobierno Legítimo 

Tel. 56 16 54 49  

Mensaje AMLO 25 de octubre del 2010

Andrés Manuel López Obrador: "Cuando se trata de mantener la política de privilegios, de corrupcion y de opresión el PRI y el PAN siempre se ponen de acuerdo."

Álvarez, Barros Sierra - Miguel Ángel Granados Chapa Periodista

Distrito Federal– Pasado mañana será entregada la medalla Belisario Domínguez en el Senado de la República. Este año ha sido otorgada por partida doble, a Luis H. Álvarez y a Javier Barros Sierra, in memoriam. Ya una vez, en el momento mismo de instituir esta presea que se confiere a quienes con su ciencia o virtud han prestado servicios a México en grado eminente, fue concedida a dos personas, doña Rosaura Zapata y el maestro Erasmo Castellanos Quinto. Se ha otorgado post mortem, de modo excepcional porque sus destinatarios deben serlo en vida, a José María Pino Suárez, Heberto Castillo, Carlos Castillo Peraza y Antonio Ortiz Mena.

Aunque Barros Sierra desplegó una activa carrera docente y de servicio público, la culminación de sus días, el momento más elevado de su virtud cívica ejercida de modo enaltecido ocurrió en los cuatro años de su rectorado en la Universidad Nacional. Ya había sido secretario de Estado cuando aceptó la alta responsabilidad de ser el jefe nato de una institución sumida en una crisis a la que no fue ajeno el Gobierno de la República. El doctor Ignacio Chávez había sido destituido –a eso equivalió su renuncia forzada por la vulgaridad agresiva– y el desprestigio y el desorden golpeaban a la UNAM, cuya misión requiere los valores contrarios a esa situación.

Barros Sierra encabezó el esfuerzo universitario par salir de esa crisis. Fue un trabajo de fondo, basado en la formación de profesores y la planeación de nuevas carreras y modos de enseñarlas, incluidas las lenguas extranjeras como instrumento del aprendizaje. Su tarea comprendió iniciativas de comunicación con los estudiantes, para reafirmar o crear el sentido comunitario, mismo que impulsó también en el ámbito de las autoridades, que empezaron entonces a abandonar la noción de escuelas, facultades, centros e institutos dispersos, apenas unidos por una suerte de federación, y arribar a la noción claramente presente de Universidad.

Pero la gran reforma de Barros Sierra se produjo con su ejemplo en el fragor del año en que vivimos en peligro, el aciago 1968. Es probable que su pertenencia al sistema, su formación institucional, hicieran que el gobierno esperara de él una reacción distinta de la que experimentó ante el embate violento de la fuerza pública a la UNAM y a sus estudiantes y profesores. Gustavo Díaz Ordaz y don Javier habían sido compañeros de gabinete, secretarios de estado bajo la presidencia de Adolfo López Mateos. Pero el secretario de Gobernación no llegó a conocer al hombre que era secretario de Obras Públicas, miembro de la estirpe de quien hace un siglo dio carácter nacional a la enseñanza superior. La herencia de don Justo resplandeció en Barros Sierra cuando la institución fue injustamente atacada. Por eso, cuando el Ejército destrozó una de las puertas de San Ildefonso, donde el rector había cursado la preparatoria, le quedó claro que era la institución la agraviada por el exceso autoritario y encabezó la defensa de la autonomía y de las libertades universitarias.

Ante la gallardía del rector –inesperada desde un gobierno basado en la sumisión aun de los más dignos–, el gobierno incrementó su violencia. Fuerzas militares ocuparon la Ciudad Universitaria como si fuera un cuartel enemigo y luego asesinaron a cientos de muchachos que, como el rector de la Universidad, reivindicaban el ejercicio de las libertades como un derecho propio de los habitantes de esta república. La condena de Barros Sierra al autoritarismo, su lealtad a los valores de la Universidad, expresada en la prestancia de su carta de renuncia y en la decisión de retirarla ante el pedido de los universitarios, contrastó con la mezquindad y pequeñez de quienes pretendieron agraviarlo para bienquistarse con el poderoso sanguinario.

También su lucha contra el autoritarismo marcó la vida de Luis H Álvarez. Su largo desempeño como presidente de Acción Nacional (papel que también ejercieron otros recipiendarios de la Belisario Domínguez; José Ángel Conchello y Castillo Peraza) ha sido causa para que se le asigne esta distinción, desde el punto de vista de sus correligionarios. Pero es más dilatado el campo de sus batallas contra el régimen de partido autoritario casi único. Primero, como candidato a gobernador de Chihuahua, cuando la búsqueda del gobierno local era vista como una ingenuidad o un acto apostólico, según el mirador. Y después y sobre todo como segundo candidato del PAN a la Presidencia de la República, en 1958. El primero lo había sido, seis años atrás, don Efraín González Morfín.

Cuando contendió por la presidencia contra Adolfo López Mateos con gran precariedad de recursos pero con celo democrático, don Luis conoció los amagos, la incomprensión, la hostilidad que ya sabían conocido otros opositores. La disidencia era, en aquellos tiempos, contra natura, delincuencial, vitanda. Por eso el PAN desconoció formalmente el resultado de aquella elección, considerada ilegítima y llamó a sus diputados triunfadores a ausentarse del Congreso en señal de protesta.

Muchos años después, elegido presidente municipal de Chihuahua, dio Álvarez una nueva batalla por la democracia. Mediante una huelga de hambre impugnó la imposición de un candidato al gobierno estatal que no pudo ser derrotado entonces, pero que históricamente lo ha sido pues, miembro del Senado ahora, cuenta entre quienes votaron otorgar la distinción al viejo demócrata. Sirvió también, en otro tiempo y en otra tesitura, a la faena democrática como miembro de la Comisión de Concordia y Pacificación.

Difunden video sobre hermano levantado de ex procuradora de Chihuahua

Redacción/SDP | 25 de Octubre, 2010 - 10:36
En la videograbación subida al portal YouTube, Mario González, quien fue “levantado” en días pasados por un grupo armado, revela que Patricia González era la más sanguinaria operadora del cártel de Juárez. .
En el video subido a YouTube, Mario González está fuertemente custodiado por sujetos armados. Foto/EspecialMéxico.- Un video que fue subido al portal YouTube Mario González, hermano del la ex procuradora Patricia González, revela actuaciones nebulosas de la pasada administración en Chihuahua, encabezada por Reyes Baeza.

En la videograbación, Mario González, quien fue "levantado" en días pasados por un grupo de sujetos armados, revela que Patricia González era la más sanguinaria operadora del cártel de Juárez.

Mario González, sentado en una silla y custodiado por varios hombres fuertemente armados, detalla que él operaba como encargado de llevar los maletines de dinero a su hermana, para que a su vez los enviara a Reyes Baeza.

Eran 200 mil dólares mensuales recolectados por las comandancias en Juárez, cien mil en Chihuahua y 50 y 50 en Parral y Cuauhtémoc, dice el sujeto.

Además agrega que fue Patricia González quien mandó matar a los periodistas Enrique Perea en Chihuahua y Armando "Choco" Rodríguez en Juárez.


"(Pertenezco) al grupo denominado 'La Línea' o el 'Cártel de Juárez'. Mis funciones son de enlace con la Procuradora Patricia González, quien es mi hermana, enlace para recoger las distintas comandancias o zonas el pago por los servicios de protección a esta organización criminal", confiesa González Rodríguez.

El hermano de la ex procuradora liga al ex gobernador José Reyes Baeza y al Secretario de Seguridad Pública durante su sexenio, Raúl Grajeda, con Vicente Carrillo Fuentes, líder de la organización criminal a través de un licenciado que vive en la ciudad de México, a quien le nombre por De la Madrid.

"Es un abogado de la Ciudad de México, esta persona prácticamente era en enlace de Vicente Carrillo con el Gobierno del Estado de Chihuahua, es decir con el Gobernador José Reyes Baeza, con la Procuradora Patricia González Rodríguez y con el Secretario de Seguridad Pública, el Licenciado Raúl Grajeda Domínguez", dijo.


El video dice Parte 1. Las autoridades indicaron que podrían haber cinco partes más.

El video fue divulgado por el ex subsecretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Gabriel Regino, en su cuenta de Twitter.

El video ya ha sido retirado del portal.

Narcos PRI o PAN. Pedro Echeverría V.

Ni narco, ni “delincuencia organizada”, menos los “terroristas” secuestraron mi Cartel; sólo pudo ser el PRI o el PAN
25 octubre 2010
pedroe@cablered.net.mx

1. En Yucatán el narco, la delincuencia organizada y el terrorismo, no existen entre los sectores pobres y miserables porque los yucatecos trabajadores –se sabe- viven en otro mundo: en el mundo de las ideas, de la paciencia, de la calma, del “nada pasa” y del “sólo hay que esperar”. Lo probable es que el narco y la delincuencia sólo exista entre las clases altas y muy poderosas con gigantescas inversiones que incluso nunca logran recuperar porque la población yucateca: campesinos, obreros, empleados de salario mínimo, no tiene dinero para comprar. Si está probado que Yucatán es uno de los cuatro estados más pobres de la República, sobre todo después que se desplomó el cultivo y la producción henequenera en 1970, ¿quién consume en esas gigantescas plazas y tiendas de lujo? ¿Quién ocupa las lujosas clínicas y hospitales privados que se han multiplicado a partir de los noventa? Tendré que recibir seguramente algunas clases de finanzas; pero ¿Por qué secuestraron mi cartel?

2. Estos señores de los negocios no saben ni nunca les ha importado el Cartel de la Plaza grande de Mérida con 16 años de existencia. A ellos más que el Cartel les interesa cómo andan los cárteles. Pero a los gobiernos del PRI y del PAN parece preocuparles que un cartelito de 150 por 200 centímetros esté como un mosquito todos los días jodiéndolos, aunque sea semanal. En el cartel que secuestraron sólo hablaba de que las elecciones son una farsa; que el PRI, el PAN y el PRD sólo engañan a la gente; que los políticos sólo buscan el poder; que los precios del transporte son los más caros de la República en el estado más miserable y que Obama es tan guerrerista como Bush. A Calderón nunca le digo Fecal ni tampoco a la Gobernadora le he dicho que gasta mucho en su arreglo personal. Lo más fuerte que he escrito de ésta ha sido que está muy clavada con Televisa y Peña Nieto y de Calderón que está al servicio de los EEUU. ¿Por qué secuestraron mi cartel?

Alarma-Hernández

Archivo muerto-Rocha

Política de alianzas-Helguera

Astillero

Operación Cocoa

Cargada PAN-gobierno

Hermana (casi) candidata

Familia contra Familia

Julio Hernández López

El ejecutivo hermano de Luisa María Calderón Hinojosa, llamada Cocoa, no ha tenido cuidado en evitar que parezca motivada por aspiraciones panistas y fraternas la peculiar campaña federal contra el narcotráfico en Michoacán (y, por sus presuntas vinculaciones, contra la estructura local dominante, la del perredismo-cardenista).

Por el contrario, el hermano Felipe ha tomado su entidad natal como plataforma de lanzamiento de sus proyectos guerreros: apenas 11 días después de haber tomado posesión, el 11 de diciembre de 2006, anunció con aires de improvisación la Operación Conjunta Michoacán, que con cinco mil soldados sería el arranque de la pesadilla de sangre y violaciones a los derechos humanos que se ha vivido hasta hoy en todo el país, y en Apatzingán apareció el 3 de enero de 2007 vistiendo una holgada casaca militar y una gorra con las estrellas de su máximo mando formal, en un muy caricaturizado intento indumentario de mostrar poder y autoridad a partir de las armas.

Ese planteamiento de riguroso combate al narcotráfico en una entidad marcadamente perredista, mientras en otras entidades se mantenía una laxitud que ha sido incapaz de tocar a personajes locales de primer nivel, desembocó en la máxima apuesta felipista de castigo a políticos supuestamente metidos en el negocio de las drogas, el llamado Michoacanazo que el 26 de mayo de 2009 inició una escandalosa recolección con destino carcelario de presidentes municipales y funcionarios estatales que, sometidos a proceso en 35 casos, acabaron siendo liberados sin demostración jurídica de culpabilidad en 34, lo cual ha sido tomado como inequívoca demostración de que el calderonismo retorció mecanismos judiciales para dar golpes políticos pensados en términos electorales. También ha dado pie a que la estructura perredista de gobierno haya ido subiendo de tono su rechazo y crítica al calderonismo, al grado de pelear los ámbitos estatal y federal por el uso del micrófono en ceremonias históricas o de hacerle escuchar al jefe de Los Pinos discursos de clara descalificación, como el que pronunció el diputado local perredista Raúl Morón este viernes 22, denunciando la “politización de la justicia” (léase en http://bit.ly/aya7e9 la nota de Alonso Urrutia en La Jornada), al que Calderón respondió allí mismo valiéndose de José María Morelos, el que no habría pactado nunca con el “enemigo”, y agregando más tarde, ya en reunión en zona más propicia, con la organización patronal llamada Coparmex, y muy motivado por la presencia de su “querido” amigo, el ex presidente colombiano Álvaro Uribe, que hay gobernadores –sin mencionar a Leonel Godoy– que ante las evidencias del narcotráfico actúan como en la canción interpretada por Pedro Infante, agachándose y yéndose de lado.

El ostentoso acento federal en contra del tráfico de drogas en Michoacán ha tenido como más reciente protagonista al políticamente indefendible Julio César Godoy, medio hermano del gobernador del estado, en una especie de obsesión judicial que plausible sería si tuviera como objetivo el castigo fundado de políticos relacionados con el narcotráfico que en Michoacán abundan desde que Lázaro Cárdenas júnior permitió la consolidación de ese imperio. Pero los últimos forcejeos del licenciado Felipe con sus paisanos pertenecientes al sol azteca han tenido como desenlace la opacada pretensión de destapar de manera multitudinaria a la hermana Luisa María, llamada Cocoa, como una especie de candidata oficial al gobierno de Michoacán.

Este sábado reciente, en una comida masiva en la hacienda Tzintzimeo, ubicada en la carretera Morelia-Zinapécuaro, se produjo una “cargada” oficial digna de los mejores momentos del PRI-gobierno. Centenares de líderes panistas de los municipios y las regiones, legisladores locales y federales, dos gobernadores (los de Morelos y Guanajuato) y tres secretarios de Estado (los de Salud, el Medio Ambiente y la Economía) en torno a quien fue presentada por el maestro de ceremonias como “futura gobernadora de Michoacán” y a quien los presentes halagaban coreando “Cocoa/gobernadora”. Llama la atención la presencia de personajes relacionados con la ultraderecha y El Yunque, como Marco Antonio Adame, con más méritos que muchos otros políticos para ser tratado con rigor judicial en asuntos de narcotráfico en el Morelos asiento de capos, y Juan Manuel Oliva, del Guanajuato de un Yunque dividido pero reconciliable.

El programado festejo feliz del cumpleaños 54 de Cocoa convertido en destape (La Familia panista contra La Familia perredista) tuvo, sin embargo, una nota luctuosa accidental. El diputado local priísta Eduardo Villaseñor (hijo del ex gobernador del mismo nombre, muerto también en un accidente de tránsito), fue atropellado por un tráiler cuando salía de la comida de Cocoa y cruzaba la carretera, casi a la misma hora que era asesinado un coordinador de la policía estatal en otra vía de alta velocidad. La muerte del priísta precipitó el final de la comida e incluso impidió saber si, como se rumoraba en la reunión, estaría por llegar el hermano Felipe para apuntalar a la hermana Cocoa. Una nota de El Sol de Morelia señaló que “La gran cantidad de elementos del Ejército Mexicano, del Estado Mayor Presidencial y de la Policía Federal hizo pensar que en cualquier momento el presidente Felipe Calderón Hinojosa se sumaría a la lista de los mil 500 invitados, sin embargo no fue así”. Operación Cocoa.

Y, mientras se han dado dos reapariciones polémicas en torno a Roberto Gil, el diputado federal que fue subsecretario de Gobernación, regresó a San Lázaro y ahora es mencionado como el “caballo negro” de Calderón para presidir el PAN, con Germán Martínez diciendo que Gil tejería el “poscalderonismo” y Fernando Gómez Mont anunciando que podría regresar al blanquiazul si el mencionado legislador queda como dirigente del partido que formalmente está en el poder, ¡hasta mañana, con la nueva masacre de jóvenes en Ciudad Juárez y con la violencia en aumento en cada vez más lugares!

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx • http://twitter.com/julioastillero

Ejército, obstáculo a la democracia

Jorge Carrasco Araizaga



MÉXICO, D.F. 23 de octubre (Apro).- La reforma al Código de Justicia Militar propuesta al Congreso por Felipe Calderón es una vergüenza internacional.

Y lo es por partida doble. Primero, porque pretende hacer creer al sistema interamericano de justicia que el Estado mexicano se encamina a cumplir con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición forzada de Rosendo Radilla cometida por efectivos militares en 1974, como una de las prácticas de agentes estatales durante la guerra sucia de los años sesenta y setenta.

Segundo, porque expone a nivel internacional el fracaso de la llamada transición a la democracia, luego de siete décadas del régimen autoritario priista definido y echado a andar, precisamente, por los militares al término de la Revolución Mexicana.

Por casi tres décadas, los militares controlaron la presidencia de México. Hasta 1946, con la llegada de Miguel Alemán Valdés, comenzó la sucesión de civiles en la presidencia del país.

Pero los generales dejaron la presidencia de la República reservándose grandes espacios de poder: el control del Partido Revolucionario Institucional (PRI), gubernaturas, posiciones en el Congreso y otros cargos en la administración pública. Incluso se dieron instituciones para administrar sus propios recursos como si fueran un ente aparte.

La existencia del Banco del Ejército (Banjército) sorprende a los propios militares de otros países, incluso de aquellos que estuvieron bajo el control de los militares.

En ese sistema político mexicano la presencia de los militares en la vida civil era considerada como algo normal, sobre todo en momentos en que abundaban los regímenes castrenses en Asia, África y América Latina.

El mundo se democratizó y la mayoría de los militares regresaron a sus cuarteles. Pero en muchos países, las Fuerzas Armadas fueron sometidas a escrutinio por los actos abusivos que sus efectivos cometieron contra la población civil mientras estuvieron en el poder.

La transición de las dictaduras militares a la democracia pasó por la revisión de los casos más graves de violaciones a los derechos humanos.

En México, ese imperativo moral sencillamente no existió. La simulación de Vicente Fox sobre la investigación de los delitos de lesa humanidad cometidos por el Ejército se quedó corta con lo que ha hecho Felipe Calderón.

El Código de Justicia Militar (CJM), que ha sido criticado por la comunidad internacional no sólo en el sistema interamericano, sino en la Organización de las Naciones Unidas, fue concebido como parte de la institucionalidad que se dieron los militares para gobernar en México. Data de 1931, en pleno ejercicio del poder político por parte del Ejército.

Casi un siglo después, se sigue aplicando para casos de delitos cometidos por militares en los que hay civiles involucrados. Eso es lo que cuestiona la comunidad internacional y lo que tiene a México en deuda con la democratización del mundo.

La propuesta de Calderón, que en realidad es de los militares, de reformar el CJM está concebida para seguir protegiendo a los efectivos de las Fuerzas Armadas que cometen delitos graves como el homicidio, que ha sido una práctica presente en la llamada guerra de Calderón contra el narcotráfico.

La reforma, centrada en el artículo 57 del CJM, sólo da paso a la intervención de la justicia civil en los casos de tortura, desaparición forzada y violación sexual. Deliberadamente, la cúpula castrense y Calderón dejaron fuera los casos de ejecuciones extrajudiciales y de tratos crueles e inhumanos que agravian la dignidad de las personas.

El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es muy claro: México debe reformar el código de justicia castrense para evitar que los tribunales militares investiguen a sus propios elementos, lo que además de una “justicia” previsible ha estado marcado por la opacidad, pues el proceso judicial sólo lo conocen ellos mismos.

La resolución de la Corte nada tiene que ver con la disciplina militar, como de forma manipuladora muchos han querido hacer ver a la población. En ese sentido, el código debe existir porque es necesaria para la vida al interior de los cuarteles.

Pero su jurisdicción debe ser dentro de los campos militares y no como ahora sucede, no sólo en el caso del famoso artículo 57, sino en otros de franca intimidación a la población civil.

Afuera de los campos militares en los que hay un constante ingreso de civiles, el Ejército tiene colocados letreros, en plena jurisdicción civil, con el artículo 281 del CJM, según el cual, “el que injurie o maltrate a un policía (militar, obviamente) que esté en ejercicio de sus funciones, será castigado con nueve meses de prisión. O si lo desobedece o resiste a la orden que le haya dado en uso de sus facultades o ejerza violencia contra él, la pena será de un año y seis meses de prisión”.

Es claro que la advertencia está puesta para los civiles, a pesar de que está concebida para la vida castrense. Es claro, también, que Calderón responde al esquema diseñado hace casi un siglo por los militares para México. Habría sido un buen presidente de ese viejo priismo autoritario.

jcarrasco@proceso.com.mx

Asesinan en Tijuana a 13 personas en un centro de rehabilitación de adictos

Policías de Saltillo matan a tres miembros de una familia
De la Redacción

Periódico La Jornada
Lunes 25 de octubre de 2010, p. 9
Hombres fuertemente armados irrumpieron anoche al centro de rehabilitación para adictos El Camino, de la colonia Buenos Aires Sur de Tijuana, donde asesinaron a 13 personas, informó la Procuraduría de Justicia de Baja California. Estas muertes se suman a otras 45, para un total de 58 en nueve entidades.

Aproximadamente a las 21 horas locales el teléfono 066 de emergencias recibió el reporte del ataque a balazos, que confirmó el Centro de Control, Comando y Comunicación (C4). Policías estatales y municipales de Tijuana acordonaron el área y antes de la medianoche aguardaban la llegada del Ejército.

En Coahuila, tres miembros de una familia y tres presuntos delincuentes fueron muertos por cuerpos de seguridad. En el primer caso, policías federales o estatales dispararon más de 200 balazos contra la camioneta Chevrolet Avalanche en que viajaban las víctimas por calles de Saltillo, y asesinaron a María Angélica Galindo Sánchez, de 47 años de edad, y a sus hijos Karen Alejandra y Ricardo Siller, de 18 y 14 años, respectivamente, informó el fiscal general del estado, Jesús Torres Charles.

El funcionario dijo en conferencia de prensa que los casquillos de bala encontrados en el vehículo y los cadáveres son calibre 223, que usan los policías federales y estatales, pero luego la Secretaría de Gobernación –en un comunicado de dos párrafos– lamentó los fallecimientos de las tres personas y los atribuyó a elementos de la Fiscalía estatal que buscaban a presuntos delincuentes.

Torres Charles dio a conocer que el incidente en que perecieron la hija y nietos del priísta Eleazar Galindo Vara, alcalde de Saltillo en el periodo 1988-1990, se produjo cuando 50 policías estatales, 16 federales y 30 militares del Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE) fueron tiroteados a las 2 horas del domingo por la avenida Antonio Cárdenas, en el cruce con Gustavo Espinoza Mireles, y buscaban a los atacantes en calles del sur de Saltillo.

El menor de edad falleció en el lugar del tiroteo y su hermana cuando era subida a una ambulancia, cada uno con seis balazos. La madre recibió 10 impactos y murió al llegar al hospital, mientras otra mujer adulta que los acompañaba resultó ilesa.

También durante la noche del sábado y la madrugada del domingo, guardianes y pistoleros libraron otros tres enfrentamientos en distintos sectores de Saltillo; asimismo, en la colonia Zacatecas, de Torreón, policías estatales abatieron a tres presuntos delincuentes.
En Chihuahua se cometieron 14 asesinatos, entre ellos los de dos policías en Ciudad Juárez, y en Guerrero 11. Estos últimos incluyen siete perpetrados en Acapulco, entre ellos los de seis hombres cuyos cadáveres aparecieron ayer por la tarde en la colonia Guadalupe, El Treinta.

En la capital de San Luis Potosí tres personas murieron alrededor de las 5 horas del domingo, cuando civiles armados a quienes perseguían fuerzas federales lanzaron una granada de fragmentación al interior del Bar Greko, donde se hallaban los ahora occisos entre una treintena de personas.

La persecución terminó a espaldas del palacio de gobierno, y tras el estallido los militares acordonaron el área, interrogaron a los parroquianos atacados y detuvieron a 10. Notimex reportó que seis estaban en posesión de cinco fusiles AR-15, cuatro AK-47, un AR-15 calibre 30, un AG-3, un lanzagranadas, una subametralladora, 10 pistolas 4 mil 225 cartuchos, entre otros pertrechos e implementos.

Entre las demás ejecuciones al menos cinco se cometieron en Morelos, tres en Colima, que incluyen la de Marco Iván Aldana Castolo, inspector de seguridad de la empresa Ferromex, así como dos más en Sinaloa.

En el restante asesinato la víctima apareció descuartizada dentro de cinco bolsas plásticas arrojadas en la colonia Huerta del Cupatitzio, de la cabecera municipal de Uruapan, con un narcomensaje emitido por La Familia Michoacana.

Además, el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, general retirado Manuel García Ruiz, dijo en Morelia durante las exequias del coordinador de la policía estatal preventiva, Alfredo Yáñez, que ese asesinato nada tiene que ver con el crimen organizado, y señaló que los sicarios pudieron ser elementos de esa corporación.

En Monterrey, el secretario de Gobierno de Nuevo León, Javier Treviño Cantú, dijo que el ataque con granadas contra el cuartel de la policía, donde dos civiles resultaron heridas, y el perpetrado el sábado en la colonia Aztlán, son la respuesta criminal al refuerzo de seguridad