Ejército, obstáculo a la democracia

Jorge Carrasco Araizaga



MÉXICO, D.F. 23 de octubre (Apro).- La reforma al Código de Justicia Militar propuesta al Congreso por Felipe Calderón es una vergüenza internacional.

Y lo es por partida doble. Primero, porque pretende hacer creer al sistema interamericano de justicia que el Estado mexicano se encamina a cumplir con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición forzada de Rosendo Radilla cometida por efectivos militares en 1974, como una de las prácticas de agentes estatales durante la guerra sucia de los años sesenta y setenta.

Segundo, porque expone a nivel internacional el fracaso de la llamada transición a la democracia, luego de siete décadas del régimen autoritario priista definido y echado a andar, precisamente, por los militares al término de la Revolución Mexicana.

Por casi tres décadas, los militares controlaron la presidencia de México. Hasta 1946, con la llegada de Miguel Alemán Valdés, comenzó la sucesión de civiles en la presidencia del país.

Pero los generales dejaron la presidencia de la República reservándose grandes espacios de poder: el control del Partido Revolucionario Institucional (PRI), gubernaturas, posiciones en el Congreso y otros cargos en la administración pública. Incluso se dieron instituciones para administrar sus propios recursos como si fueran un ente aparte.

La existencia del Banco del Ejército (Banjército) sorprende a los propios militares de otros países, incluso de aquellos que estuvieron bajo el control de los militares.

En ese sistema político mexicano la presencia de los militares en la vida civil era considerada como algo normal, sobre todo en momentos en que abundaban los regímenes castrenses en Asia, África y América Latina.

El mundo se democratizó y la mayoría de los militares regresaron a sus cuarteles. Pero en muchos países, las Fuerzas Armadas fueron sometidas a escrutinio por los actos abusivos que sus efectivos cometieron contra la población civil mientras estuvieron en el poder.

La transición de las dictaduras militares a la democracia pasó por la revisión de los casos más graves de violaciones a los derechos humanos.

En México, ese imperativo moral sencillamente no existió. La simulación de Vicente Fox sobre la investigación de los delitos de lesa humanidad cometidos por el Ejército se quedó corta con lo que ha hecho Felipe Calderón.

El Código de Justicia Militar (CJM), que ha sido criticado por la comunidad internacional no sólo en el sistema interamericano, sino en la Organización de las Naciones Unidas, fue concebido como parte de la institucionalidad que se dieron los militares para gobernar en México. Data de 1931, en pleno ejercicio del poder político por parte del Ejército.

Casi un siglo después, se sigue aplicando para casos de delitos cometidos por militares en los que hay civiles involucrados. Eso es lo que cuestiona la comunidad internacional y lo que tiene a México en deuda con la democratización del mundo.

La propuesta de Calderón, que en realidad es de los militares, de reformar el CJM está concebida para seguir protegiendo a los efectivos de las Fuerzas Armadas que cometen delitos graves como el homicidio, que ha sido una práctica presente en la llamada guerra de Calderón contra el narcotráfico.

La reforma, centrada en el artículo 57 del CJM, sólo da paso a la intervención de la justicia civil en los casos de tortura, desaparición forzada y violación sexual. Deliberadamente, la cúpula castrense y Calderón dejaron fuera los casos de ejecuciones extrajudiciales y de tratos crueles e inhumanos que agravian la dignidad de las personas.

El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es muy claro: México debe reformar el código de justicia castrense para evitar que los tribunales militares investiguen a sus propios elementos, lo que además de una “justicia” previsible ha estado marcado por la opacidad, pues el proceso judicial sólo lo conocen ellos mismos.

La resolución de la Corte nada tiene que ver con la disciplina militar, como de forma manipuladora muchos han querido hacer ver a la población. En ese sentido, el código debe existir porque es necesaria para la vida al interior de los cuarteles.

Pero su jurisdicción debe ser dentro de los campos militares y no como ahora sucede, no sólo en el caso del famoso artículo 57, sino en otros de franca intimidación a la población civil.

Afuera de los campos militares en los que hay un constante ingreso de civiles, el Ejército tiene colocados letreros, en plena jurisdicción civil, con el artículo 281 del CJM, según el cual, “el que injurie o maltrate a un policía (militar, obviamente) que esté en ejercicio de sus funciones, será castigado con nueve meses de prisión. O si lo desobedece o resiste a la orden que le haya dado en uso de sus facultades o ejerza violencia contra él, la pena será de un año y seis meses de prisión”.

Es claro que la advertencia está puesta para los civiles, a pesar de que está concebida para la vida castrense. Es claro, también, que Calderón responde al esquema diseñado hace casi un siglo por los militares para México. Habría sido un buen presidente de ese viejo priismo autoritario.

jcarrasco@proceso.com.mx