En lo que respecta a las reformas energética y política, las negociaciones en el Senado las realizaron sólo el PRI (con un equipo enviado desde Los Pinos) y el PAN. Como ya había adelantado la senadora perredista Dolores Padierna, se trató de un “golpe legislativo”. Ambos partidos cocinaron los pormenores de dichas reformas; en el caso de la primera, con la apertura hacia el sector privado muy al gusto del blanquiazul, que a su vez impuso condiciones en algunos aspectos político-electorales.
El regalo de Navidad se adelantó en la sede del Senado la noche del 26 de noviembre. Emilio Gamboa Patrón, coordinador de la bancada priista, recibió la “visita especial” de los tres enviados de Los Pinos para destrabar las negociaciones con el PAN en materia de reforma político-electoral.
Con un dispositivo especial de seguridad, el jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño, subió desde el sótano 1 del Senado a las oficinas de la Junta de Coordinación Política, presidida por Gamboa, y sostuvo una reunión a puerta cerrada con legisladores del PAN, del PRI y del Partido Verde.
A Nuño lo acompañaban Humberto Castillejos Cervantes, consejero jurídico de Los Pinos, y Andrés Massieu Fernández, coordinador de Estrategia y Mensaje Gubernamental. Previamente el subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Felipe Solís Acero, ya había negociado con los senadores de las comisiones dictaminadoras.
Mientras los enviados de Los Pinos cabildeaban en privado, en el pleno los senadores aprobaban el paquete de reforma financiera, un dictamen de más de mil 800 páginas que modificó una treintena de ordenamientos, escasamente analizados por los senadores, pero bajo presión de los asesores del secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Prácticamente le dieron línea a los legisladores del PRI para que aprobaran sin discusión este complejo paquete proveniente de la Cámara de Diputados.
Así el Ejecutivo federal “invadió” y comenzó a presionar directamente a los senadores para que, en vísperas de cumplirse el primer año del Pacto por México, se completara el ciclo de reformas que se comprometieron a aprobar.
Ya habían sacado en menos de un año las reformas educativa, de telecomunicaciones y radiodifusión (cuyas leyes reglamentarias ya no estarán listas para el lunes 9 y se pospusieron para marzo o abril de 2014), la fiscal-hacendaria, la de transparencia, la financiera y venía “la joya de la corona”, la energética que necesita librar la aduana de la político-electoral impuesta como condición por el PAN para votar cambios constitucionales en materia petrolera.
El senador perredista Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, una de las cinco que dictamina la reforma política, confirmó que entre los panistas y priistas había 10 temas “encorchetados” que evitaban el avance.
El PRI insistía en incorporar el concepto de “determinancia” para aceptar que el rebase de topes de gastos de campaña y el uso de dinero de procedencia ilícita fueran causales de nulidad de la elección. El PAN defendió que la reelección legislativa se iniciara en 2018 y no en 2024 como propuso el PRI. El tema del Instituto Nacional Electoral y la desaparición de los organismos electorales estatales ya había quedado en una opción “mixta” (Proceso 1934).
Los panistas, a decir de varios senadores del PRI consultados, encarecieron su voto a la reforma político-electoral a sabiendas de la urgencia de aprobar este paquete y comenzar a dictaminar la energética en los términos también planteados por el blanquiazul: abrir más la posibilidad de la inversión privada a través de otras figuras, como las concesiones.
El mismo 26 de noviembre comenzaron los acercamientos entre el priista David Penchyna, presidente de la Comisión de Energía, y los panistas Salvador Vega Casillas y Jorge Luis Lavalle para adelantar un posible predictamen de reforma constitucional en materia petrolera que incluyera la figura de las licencias, similares a las concesiones, que durante los foros de debate propusieron varios ponentes, especialmente Adrián Lajous, exdirector de Pemex.
En todo este juego de cabildeos y presiones el PRD comenzó a estar marginado. Su coordinador, Miguel Barbosa, tuvo una repentina dolencia física que lo ausentó esos días. Y la dirigencia nacional, encabezada por Jesús Zambrano, fue olímpicamente hecha a un lado.
Astuto, al ser cuestionado por la prensa sobre el cabildeo de los enviados de Los Pinos, Gamboa admitió la presencia de Nuño, Castillejos y Massieu pero aclaró: “Aquí el gobierno no vota, aquí votamos 128 senadores. No hay ninguna presión”.
Al pacto lo dieron por finiquitado, días antes de que el 2 de diciembre cumpliera su primer año, los propios enviados de Peña Nieto al Senado para acelerar las negociaciones con el PAN.
Predictamen de madrugada
La tarde del 27 de noviembre el coordinador de la bancada del PT, Manuel Bartlett, recibió, como otros legisladores de la Comisión de Puntos Constitucionales, un citatorio de Enrique Burgos, senador priista y presidente de dicha comisión, “para la presentación del proyecto de dictamen de las diversas iniciativas de reformas constitucionales en materia político-electoral”.
El oficio CPC/ST/369-2013 señalaba en los siguientes términos la convocatoria: “Me permito solicitarle su amable disposición para la eventual convocatoria (sic) a reunión extraordinaria de dichas comisiones unidas esta misma noche a las 21 horas, en las salas 5 y 6 de la planta baja del Senado de la República.
“Lo anterior en virtud de que los presidentes de las comisiones dictaminadoras se encuentran trabajando en la construcción de consensos y en la elaboración del documento que habrá de ponerse a su consideración.”
Firmaba el secretario técnico de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Morelos Canseco Gómez.
Por reglamento del Senado las reuniones de comisiones sólo pueden ser ordinarias o extraordinarias. De acuerdo con el artículo 139, las reuniones ordinaras deben convocarse con 48 horas de anticipación, pero las extraordinarias se convocan “con la anticipación que se requiera, previo acuerdo de la Junta Directiva, a través de comunicación directa a los integrantes de la comisión”.
Sin embargo, a las nueve de la noche, en las salas 5 y 6 de la planta baja del Senado no había ningún legislador. La reunión de comisiones se había cancelado.
Para sorpresa del petista Bartlett y de los legisladores perredistas, no fue así. A las cuatro de la madrugada del 28 de noviembre las comisiones emitieron un predictamen que dejó al margen todos los temas defendidos por el PRD, especialmente los relacionados con los mecanismos de consulta popular para reglamentar el artículo 35 constitucional, elemento clave para dar legalidad a la consulta que quieren solicitar en relación con la reforma energética.
El predictamen, de 231 cuartillas, mantiene aún varios temas “encorchetados”, pero establece dos ejes: la reforma política y la reforma electoral. La primera consiste en la figura del gobierno de coalición, ratificación de nombramientos hechos por el presidente de la República, la creación de una Fiscalía General de la Federación, la reelección legislativa y el cambio de fecha para adelantar la toma de posesión del titular del Ejecutivo federal, entre los principales asuntos.
En materia de reforma electoral se habla del “fortalecimiento” del Instituto Federal Electoral y sus atribuciones mediante su transformación en Instituto Nacional Electoral y aumento “en el umbral” para mantener el registro como partido político, entre otros asuntos. El tema de la anulación de la elección por rebase de topes de gasto de campaña aún estaba “encorchetado”.
La desaparición de los institutos estatales electorales no se concretó. En las páginas 122 y 123 del predictamen se estableció: “Se retirarán las funciones más controvertidas a los órganos locales que han puesto en duda su imparcialidad” pero se acordó que “no es pertinente” la desaparición de los órganos locales, “sino establecer en la Constitución Política la homologación de algunos aspectos para el cumplimiento de este fin, como son: el procedimiento de nombramiento de los consejeros electorales, su duración y el sistema de garantías para su cabal desempeño”.
Para el PRD, especialmente para su dirigente nacional Jesús Zambrano, impulsor de la figura del INE junto con el PAN, se trató de un modelo “descafeinado” de organismo electoral. “Triunfaron los gobernadores”, declaró.
La huella de los intereses del PAN quedó manifiesta en la página 110 del predictamen donde se establece que los diputados federales “podrán reelegirse hasta tres periodos más, para sumar 12 años en ejercicio del encargo y los senadores hasta por un periodo adicional, también para sumar 12 años de servicio ininterrumpido en esa calidad”.
Los del blanquiazul demandan que esta reforma entre en vigor desde 2018 –con los actuales senadores como posibles candidatos a reelegirse– y no hasta 2024 como demandan el PRI y su coordinador Emilio Gamboa, quien por cierto ha cambiado de una cámara a otra en los últimos 12 años.
Ninguno de los mecanismos de participación y consulta ciudadana, considerados por el PRD como sus “cartas ciudadanas”, se incorpora en el predictamen aprobado esa madrugada. La reforma política del Distrito Federal queda en el limbo.
Prácticamente ignoraron en la negociación una iniciativa impulsada por varios organismos no gubernamentales, encabezados por el sacerdote Miguel Concha y el exrector de la UNAM Pablo González Casanova, quienes proponen incorporar en los artículos 35 y 36 de la Constitución las figuras del plebiscito y el referéndum, además de las consultas populares.
También se incorporó un mecanismo nuevo de subrepresentación y sobrerrepresentación en las cámaras que le permitirán a un partido tener un número de diputados por mayoría y por representación proporcional con un margen de ocho puntos porcentuales de su votación. También se incrementó de dos a tres el porcentaje mínimo para que un nuevo partido pueda tener representación y registro definitivo, sin ir en coalición con otros en su primera contienda.
Ruptura del PRD
La mañana del 28 de noviembre, cuando se conoció la existencia de este predictamen, el PRD convocó a una conferencia de prensa en el Senado para anunciar su salida del Pacto por México, su ruptura de las negociaciones en la reforma político-electoral y denunciar un “pacto en lo oscurito” entre el PAN y el PRI para avanzar en la reforma energética sin incorporar el mecanismo de la consulta popular.
Horas antes de la conferencia de la cúpula de legisladores y dirigentes del PRD, en entrevista radiofónica con Carmen Aristegui, el senador panista Javier Corral deslizó la versión de que su partido estaba ya negociando con el gobierno federal la incorporación de la figura de licencias en el proyecto de reforma energética, como semanas antes anunciaron The Wall Street Journal y la agencia Bloomberg citando fuentes oficiales.
El comunicado, leído por la senadora Dolores Padierna, vicecoordinadora del PRD, denunció que el PRI, el PAN y el Partido Verde preparaban un “golpe legislativo” para “redactar el dictamen de reforma energética sin cubrir los procedimientos parlamentarios, sin incluir al PRD en sus convocatorias, en forma apresurada”.
El PRD solicitó que se suspendiera la reunión de las comisiones unidas de reforma político-electoral, citadas para el mismo 28 de noviembre por la tarde, y no hubiera sesión ordinaria el 29 de noviembre, pues “no está discutida, analizada ni completa esa iniciativa y porque no vamos a legitimar la reforma política porque implica avalar la estrategia para privatizar el petróleo”.
“No podemos aceptar una reforma política sin las cartas ciudadanas, en particular con la Ley de Participación Ciudadana para que haya consulta revocatoria”, afirmó Padierna. “Tampoco podemos aceptar que con maniobras legislativas se pretenda convertir al tema energético en un tema fiscal que no esté sujeto a la consulta popular, como se pretende”, abundó.
La perredista hacía referencia al condicionamiento que impuso el PRI a la aprobación de una ley reglamentaria de la fracción VIII del artículo 35 constitucional donde se incorpora la figura de la consulta popular.
Los negociadores oficiales querían vincular este tema a la misma prohibición de llevar a consulta los asuntos fiscales. En el paquete hacendario se crea en el título V de la Ley de Hidrocarburos un nuevo régimen fiscal para Pemex que en esencia permite la apertura de contratos privados.
Zambrano oficializó en ese momento la salida del PRD del Pacto por México. Acusó al PRI y al PAN de violar lo firmado en el pacto y convocó a un plan de acción conjunta con “otras fuerzas políticas” para frenar la reforma energética.
Encinas expuso los puntos de diferencia con el predictamen del PAN y del PRI en materia de reforma político-electoral. “Quieren hacer una restricción para que no se autoricen consultas populares revocatorias sobre reformas ya aprobadas”, dijo.
“No vamos a legitimar ni convalidar un condicionamiento del PAN para la reforma energética”, sentenció Encinas, quien también acusó a los panistas de legislar en su propio beneficio al defender la posibilidad de que la reelección inmediata aplique a favor de los actuales senadores del blanquiazul.
La salida del PRD del Pacto por México le hizo ganar tiempo a este partido en medio de una acelerada negociación entre PRI y PAN para sacar la reforma político-electoral y de la movilización convocada por Andrés Manuel López Obrador para este domingo 1.
El PRD prepara otras movilizaciones para el martes 2 mientras la dictaminación y votación final de la reforma político-electoral se prevé que ocurran el lunes 2 y el martes 3, al tiempo que desde el miércoles 4 y el jueves 5 se acelerará el proceso de aprobación de la reforma energética, aun sin el voto de la izquierda.
“Va a haber reforma energética. Nunca nos vamos a dejar presionar ni chantajear por nadie”, sentenció Gamboa Patrón tras la salida del PRD.
