El Distrito Federal muestra hoy su verdadero rostro: el de la delincuencia organizada que las autoridades locales se empeñan en negar. Ismael Rivera Cruces, presidente de la Asociación Nacional de la Industria de Discotecas, Bares y Centros de Espectáculos (Anidice), sostiene que desde 2010 le comunicaron al gobierno capitalino acerca de la irrupción de jóvenes en bares y centros nocturnos de la Zona Rosa y otras colonias que encararon a los propietarios de los establecimientos y les dijeron que iban a vender droga. Pero las autoridades no tomaron el guante. Hoy, ante la desaparición de los 12 jóvenes en el bar Heaven, no hay duda de que el crimen organizado está en nuestra ciudad, secunda el dirigente de la Coparmex en el Distrito Federal, Fernando Óscar García Chávez.
Desde septiembre de 2010, decenas de jóvenes comenzaron a frecuentar bares y centros de espectáculos de la Zona Rosa y la Condesa. Iban en grupos de 20 o 30. Desde el principio advirtieron a los gerentes de los establecimientos que estaban ahí para vender estupefacientes; les dijeron que si no les permitían el acceso los matarían. Ante las amenazas, terminaron por abrirles las puertas de sus negocios.
Además de violentos, los adolescentes portaban armas largas. Solían arribar a la zona en automóviles viejos, no en camionetas. Y así, de repente, se adueñaron del entorno, según relata Ismael Rivera Cruces, presidente de la Asociación Nacional de la Industria de Discotecas, Bares y Centros de Espectáculos (Anidice).
“Atemorizados, acudimos a solicitar ayuda de las autoridades del gobierno del Distrito Federal. Nos entrevistamos con José Ávila, entonces secretario general de Gobierno –hoy es diputado local por el PRD– y Héctor Serrano, su sucesor.
“También lo hicimos con el actual titular de Seguridad Pública, Jesús Rodríguez Almeida, quien se desempeñaba como subprocurador de la PGJDF (Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal) y después encargado del despacho del titular de esta dependencia”.
Rivera Cruz afirma que él y sus compañeros se reunieron con Rodolfo Ríos Garza, quien por esas fechas era secretario particular del procurador (hoy es el titular de la PGJDF), así como con Manuel Mondragón y Kalb, quien se desempeñaba como titular de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina (actualmente es el Comisionado de la Policía Federal).
Esos son los antecedentes de la violencia de alto impacto que se ha exacerbado en las últimas semanas en zonas de la Ciudad de México, incluido el barrio de Tepito, considerada hoy como una zona generadora de crímenes similares a los cometidos por las organizaciones delincuenciales de 2008 a la fecha.
Esa violencia contradice al jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, quien insiste en que no existen cárteles de la droga en la Ciudad de México; incluso considera que la muerte de Horacio Vite Ángel en las inmediaciones del bar Black el pasado 24 de mayo, así como la desaparición de 12 jóvenes tepiteños ocurrida dos días después en el Heaven, propiedad del empresario Ernesto Espinoza Lobo, son atípicos (Proceso1909).
La noche del jueves 6, un par de horas después de que un comando armado ingresara al gimnasio Body Extreme –en la calle Panaderos 43, colonia Morelos, colindante con Tepito– a ejecutar a cuatro hombres y pese a que aún no iniciaba la investigación, Mancera se apresuró a decir que ese atentado no tenía relación con el del Heaven, pues se trató de una venganza directa.
También omitió hablar sobre Antonio Ortega Márquez, quien desapareció de ese mismo bar en 2011. El martes 4, su hermano Pablo Antonio Ortega presentó un escrito de inconformidad ante la agente del Ministerio Público Reyna Lozada Bernal, porque, arguyó, la Fiscalía a Especial de Investigación para Secuestros regresó el expediente DGAVD/CAPE/1012/11-08 al Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA).
Las contradicciones
El cúmulo de declaraciones apresuradas y contradictorias de Mancera y del procurador Ríos Garza abonan más incertidumbre a las familias de los jóvenes desaparecidos, afirma Eugenia Ponce, tía de Jerzy, hijo de Jorge Ortiz Reyes, El Tanque, condenado en 2004 a 23 años en prisión por liderar la banda de narcomenudistas de Tepito.
“El procurador es contradictorio, en reunión sostenida la tarde del martes 4 nos mostró un video en el que se ve un vehículo color vino y un taxi que llegan al bar Heaven. La imagen muestra que siete de los jóvenes bajan del taxi e ingresan al bar, sus padres los identificaron. Sin embargo, nunca vemos que del otro vehículo baje alguien. Por lo tanto, no hay nada que nos confirme que los otros cinco muchachos estuvieron ahí”, dice Eugenia Ponce.
No es verdad, agrega, que les mostraron los resultados de la práctica de diligencias como el análisis de 12 videograbaciones obtenidas, según el procurador Ríos, tanto de las cámaras de gobierno como de distintos establecimientos y tampoco abordaron el análisis telefónico de las llamadas que hicieron los desaparecidos.
También hay confusión porque el 31 de mayo, después de que las familias de los jóvenes tepiteños bloquearon el Eje 1-Norte, el gobierno del DF los envió a la PGR para que solicitaran la atracción del caso: “Ahí solicitamos hablar con Jesús Murillo Karam, pero nos recibió (la exdiputada perredista) Eliana García Laguna, coordinadora general de Políticas Públicas de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, quien incluso se disculpó y declaró que no tenía competencia para atender el caso”, agrega.
El viernes 7, el procurador Ríos sostuvo una tercera reunión con los padres de los jóvenes. Les mostró un segundo video en el cual se observa el momento en que fueron subidos en varios automóviles, pero no se ve a ningún integrante del comando ni a personas encapuchadas. El funcionario afirmó que en los hechos están involucrados 17 personas que se ven caminando frente al bar y a bordo de vehículos minutos antes de la salida de los jóvenes.
Josefina García, madre de Said Sánchez –hijo de El Papis, otro de los delincuentes presos–, refuta: “Era un video borroso, con imágenes lejanas en las que se ve a hombres que llegan, estacionan vehículos y caminan por la calle; pero no se ve que suban a los muchachos. No veo a mi hijo y si estaba ahí, quiero ver que salga. Juegan con la vida de ellos. Es una burla. No entiendo por qué lo hacen…”
Otra declaración que “desvanece” la versión de Mancera, según publicó Reforma el jueves 6, es la de Gabriel Carrasco, El Diablo, jefe de seguridad del Heaven. Él reveló que Marco Ledesma Rodríguez, El Mosquito, su hermano Dartx, así como Ernesto Lobo y el encargado del bar Heaven –conocido como Polo–, le ordenaron apoyar un levantón que “se realizaría por esos días”.
De acuerdo con el expediente DGAVD/CAPE/ T2/891/13-05, el levantón se realizaría cuando los jóvenes acudieran al Heaven. Quien iba a dar el pitazo era Polo. El Diablo se enteró de que la acción se iba a realizar el 26 de mayo en ese bar, por lo que salió del establecimiento a las ocho de la mañana y regresó en el momento en que se realizaba el levantón.
“Espera a Mario (Ledesma Rodríguez) para darle seguridad, el cual sale del bar y se retira del mismo con una amiga, al parecer española, y con Andrés Estuard Henonet González, chofer de Rodríguez Ledesma y su esposa, Brenda Angélica Casas Figueroa”. De acuerdo con El Diablo, ese día Henonet González se quedó afuera del bar como apoyo.
En sus primeras declaraciones, El Diablo dijo que el secuestro estaba dirigido contra Jerzy Ortiz, hijo del Tanque.
Ese día también fueron detenidos Henonet González y Casas Figueroa. Ella declaró que su esposo se escondió luego de la desaparición de los jóvenes y aseguró que él estaba consciente de que en el Heaven se vendían sustancias prohibidas. Al día siguiente El Mosquino se entregó a la PGJDF.
“Cuando se registran los hechos del bar Haven, ya habíamos advertido esta problemática a las autoridades capitalinas. Sabían que desde 2010 ciertos lugares estaban siendo presionados por grupos desconocidos que entraban a vender sustancias prohibidas en los establecimientos”, insiste el representante de la Anidice.
Los orígenes
¿En dónde empezó todo?, se le pregunta a Ismael Rivera Cruces.
“En septiembre de 2010 (los distribuidores de droga) sometieron alrededor de 150 de los 250 negocios de la Zona Rosa y La Condesa. Llegaban a las 11 o 12 de la noche a los establecimientos y comenzaban a operar. De muchos lugares tuvieron que irse porque no encontraron mercado. Curiosamente se retiraron por un tiempo y el espacio quedó tranquilo durante 2011”, relata.
Sin embargo, agrega, en noviembre de 2012 regresaron más violentos, “Iban armados y decían a los dueños de los negocios que si no los dejaban trabajar los matarían o quemarían el lugar. Algunos establecimientos incluso recibieron coronas fúnebres con el nombre del propietario; a otros llegaron cabezas de perro como advertencia”.
Eso sucedió en la Zona Rosa, y colonias como Condesa, Roma, Acoxpan, Juárez y el Centro Histórico, principalmente las ubicados en la delegación Cuauhtémoc donde se concentran mil 500 de 3 mil 600 centros nocturnos del DF.
Los delincuentes, describe Rivera Cruces, no suelen divertirse como la mayoría de los parroquianos; permanecen de pie y se limitan a observar. Los que se quedan afuera vigilan la llegada de los clientes y observan con qué pagan, si llevan reloj. Aunque, dice, no hay un patrón de conducta especial.
Insiste en que en esa época la Anidice presentó denuncias ante funcionarios del gobierno capitalino como José Ávila, Jesús Rodríguez Almeida, Manuel Mondragón y Kalb, quien incluso “nos dijo que iban a hacer trabajos de inteligencia para dar con estos grupos”.
También, dice, informaron a Marcelo Ebrard, aunque “no avanzamos porque llegó el cambio de gobierno. Con la nueva administración retomamos el punto, pero aún es tema de agenda”.
Rivera Cruces asegura que hace mes y medio se volvió a abordar el tema con el secretario de gobierno, Héctor Serrano; incluso hubo una reunión con integrantes de la Comisión Nacional de Seguridad para hablar sobre la forma de blindar a los negocios de las zonas conflictivas en la Ciudad de México y del resto del país para evitar la venta de sustancias prohibidas.
“Cuando le preguntamos al procurador Rodolfo Ríos qué hacer, nos dijo: Denuncien, porque si autorizan la entrada a los narcomenudistas, automáticamente se convierten en cómplices y entonces nosotros aplicaremos la Ley de Extensión de Dominio. Le dije, si… vamos a denunciar con nuestras vidas. Esto fue dos semanas antes de que sucediera lo del Haven”, comenta el dirigente de la Anidice.
–¿Hay vigilancia?
–No con la consigna de combatir la venta de droga porque se acaba de instalar la Fiscalía de narcomenudeo y ni la PGJDF ni la SSP estaban capacitadas para actuar. A Héctor Serrano le entregue el ABC de cómo regularizar la vida nocturna en la ciudad para transparentarla: le propuse que en internet se verifiquen todos los documentos que avalan la existencia del establecimiento.
Los fines de semana las discotecas, bares y centros nocturnos afiliados a la Anidice reciben a millón 100 mil personas, en su mayoría jóvenes, afirma Rivera Cruces. Es a ellos a quien los delincuentes intentan venderles psicotrópicos.
–¿Se identifican con algún cártel?
–No los tenemos identificados; tampoco sabemos de dónde son.
–¿Conoce a los dueños del Crystal y del Heaven?
–No, porque son lugares no afiliados y carecen de licencia de funcionamiento y otros requisitos para operar legalmente; son giros negros. En la Ciudad de México deben existir unos 300, la mayoría se concentran en la delegación Cuauhtémoc. A ellos, se suman 20 Afters –donde la gente suele terminar después de la fiesta–. Son demasiados, si tomamos en cuenta que embriagan a los jóvenes con bebidas adulteradas hasta desmayarlos.
Según datos proporcionados por funcionarios de la demarcación, en la Zona Rosa hay siete Afters. Tras la desaparición de los tepiteños, cerraron sus puertas. Hoy sólo abren de día el Foster, El Suit y El Roma.
–Resulta increíble que el gobierno no los detecte…
–Hay impunidad y corrupción en las delegaciones. Su departamento jurídico es autónomo; y para que haya una revisión formal se debe aprobar una orden de verificación. El problema es que, aun sabiendo de la existencia de los lugares que operan de manera ilegal, el jurídico no genera una orden de verificación.
“Pedimos a la Secretaría de Gobierno y a la Asamblea Legislativa que se legisle para que el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) tenga todas las facultades para la emisión de licencias de funcionamiento, porque existe un vínculo histórico de corrupción entre las delegaciones y los establecimientos mercantiles, desde una tintorería hasta giros negros”, afirma Rivera Cruces.
Desde que se creó el Invea, dice, “seguimos las verificaciones que realiza en materia de impacto zonal en centros nocturnos y no hemos encontrado un solo caso de corrupción. Por intereses económicos, las delegaciones no quieren soltar ese poder. Me refiero a la Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Tlalpan y Coyoacán.
Cotos de poder delegacional
Cuando se le piden nombres responde de inmediato: “Víctor Hugo Romo, quien fue diputado y ahora es delegado de la Miguel Hidalgo; Eduardo Santillán, es titular en Álvaro Obregón hoy es diputado; Leonel Luna, ex titular en esa misma demarcación, luego fue legislador y de nuevo titular en Álvaro Obregón. Ellos legislan y acotan el poder. No quieren soltar la parte administrativa de las verificaciones al Invea.
–¿Por qué no quieren?
–Porque hay intereses económicos de los delegados y los diputados.
–¿Se refiere a que reciben dinero por proteger esos establecimientos?
–¡Claro! Si multiplicamos 15 mil pesos mensuales –que cada uno le puede dar como “cuota a las delegaciones”– por 3 mil 600 negocios, ese es el monto del interés económico que tienen; por eso no lo sueltan. Es la única forma en que lo interpreto.
–¿Qué argumentos les dieron?
–El secretario de Gobierno nos dijo que hay resistencia de los delegados y que les está costando mucho trabajo integrarlos. Pero se tiene que hacer porque está en la ley.
–¿Tienen un padrón de giros negros?
–Vamos a censar nosotros –verificadores, vecinos y los cuerpos de seguridad del GDF– para detectar lugares que operen después de las cinco de la mañana. El año pasado, la exsubsecretaria de Participación Ciudadana de la SSPDF (Secretaría de Seguridad Pública del DF), Nora Frías Melgoza, tenía uno. Nunca lo emplearon.
“Si me preguntas si hay forma de regular la vida nocturna la respuesta es sí. Si me preguntas por qué no lo han hecho, te digo que por falta de voluntad y por intereses económicos. Corrupción e impunidad.”
Acerca de si las autoridades capitalinas se sienten impunes ante el narcotráfico, Rivera Cruces, entrega a Proceso una relación de casos y señala: Antes de que la delincuencia organizada generara desbandada de empresarios, quemara negocios y matara gente, empezaron a intimidar en Guerrero, Morelos, Sonora, Tamaulipas, Monterrey, Tabasco, Quintana Roo y Playa del Carmen. No visualizaban lo que les decíamos como algo que realmente sucedía.
–¿Lo sabían desde 2010?
–Sí. Se los dijimos.
Sobre este punto, Fernando Óscar García Chávez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la Ciudad de México, dice: “Que se denuncie y que haya discrecionalidad por parte del gobierno. Porque con los 12 jóvenes desaparecidos no hay duda de que el crimen organizado está en nuestra ciudad. Las autoridades afirman que no. Pero si se registran este tipo de situaciones, el Distrito Federal puede convertirse en un caos”.
Y remata: “Que desde este momento las autoridades entren a investigar, a cuidar a los empleados y a los negocios… porque así se desbordó el crimen en otras ciudades”.
